Desbloqueo en Cochabamba: 31 aprehendidos y 9 a prisión

Un total de 31 personas fueron aprehendidas durante los desbloqueos en Cochabamba, específicamente en la carretera al occidente. Estas personas fueron presentadas ante un juez cautelar, quien decidió que nueve de ellas sean enviadas a la cárcel con detención preventiva. La audiencia cautelar se realizó el miércoles y se extendió por alrededor de cuatro horas.

Decisión judicial y apelación

Durante este tiempo, la autoridad jurisdiccional valoró los elementos presentados por el Ministerio Público antes de emitir su resolución. Tras analizar los antecedentes del caso, el juez determinó la reclusión de nueve acusados en el penal de San Pablo de Quillacollo por un lapso de tres meses. Mientras tanto, el resto de los investigados recibió medidas sustitutivas y restricciones que deberán cumplir mientras continúe el proceso.

El abogado defensor de los imputados cuestionó esta determinación y aseguró que apelarán la decisión judicial. “La juez ha hecho una valoración incorrecta de todos los elementos (…), el Ministerio Público ha imputado por el delito de atentados contra la libertad de trabajo y atentados contra la libertad de los servicios públicos. Consideramos que es una resolución totalmente subjetiva, arbitraria, excesiva, pero esta resolución ha sido apelada”, indicó el abogado Johnny Pinto.

Detalles sobre las detenciones

Las detenciones ocurrieron durante el desbloqueo en la avenida Petrolera, cerca del municipio de Vinto, lugar que ahora cuenta con resguardo policial. “Las nueve personas que han participado en los diferentes bloqueos han sido derivados a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, está tomando las medidas necesarias, policiales”, manifestó el coronel Erick Quisbert, comandante de Radio Patrullas.

Además, Quisbert agregó: “Espero que sirva como reflexión a las demás personas que participan en los demás bloqueos, que la Justicia va a aplicarse como se debe ser, y la Policía está resguardando tanto todas las instalaciones públicas como privadas y la transitabilidad en todo el territorio nacional.”

Datos relevantes sobre los desbloqueos

• Total de aprehendidos: 31 personas.
• Personas enviadas a prisión preventiva: 9.
• Duración de la detención preventiva: 3 meses.
• Lugar del desbloqueo: Avenida Petrolera, cerca del municipio de Vinto.
• Resguardo policial establecido en la zona.

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Detención preventiva indefinida por feminicidio en Oruro

La tarde del lunes 8 de junio de 2026, el Juzgado Cautelar de Oruro ordenó la detención preventiva por tiempo indefinido de un hombre acusado del feminicidio de su esposa. Este trágico suceso, que dejó a tres niños huérfanos, revela la alarmante situación de la violencia intrafamiliar en Bolivia.

Detalles del crimen

Los hechos ocurrieron entre el jueves 4 y el sábado 6 de junio en el sector Pumas Andinos. Según informes, el agresor actuó cegado por los celos y trató de encubrir su crimen con una estrategia macabra. La noche del jueves, golpeó fatalmente a su esposa, causándole fracturas en varias costillas, la nariz y severos traumas internos.

Estrategia macabra para encubrir el feminicidio

Tras confirmar el fallecimiento, el imputado intentó simular un accidente fortuito mediante:

• Incendio provocado: Prendió fuego a una habitación para hacer creer que la víctima murió por inhalación de humo.
• Compra de un ataúd: Adquirió un féretro rápidamente para velar y enterrar los restos sin demoras.

Intervención policial y judicial

La alerta se dio a través del personal de Bol 110. Al llegar al lugar, los policías encontraron evidencias visibles de violencia en el cuerpo de la mujer y procedieron a aprehender al sospechoso. Durante la audiencia del lunes 8 de junio, el Ministerio Público presentó suficientes elementos para demostrar la culpabilidad del acusado.

Pena máxima solicitada por el fiscal

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, anunció que solicitarán la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, argumentando que las agresiones eran recurrentes bajo pretextos como supuestas infidelidades. Además, Morales Alconini reveló que la autopsia mostró suturaciones recientes en el rostro de la víctima, indicando que recibió atención médica antes de su muerte.

Responsabilidad compartida y futuro incierto para los niños

Dado que ningún profesional reportó las lesiones ni activó protocolos por violencia intrafamiliar —lo cual podría haber salvado su vida—, la Fiscalía ampliará el caso contra terceros por homicidio culposo. Los hijos de la pareja, tres niños de 5, 4 y 1 año, enfrentan una situación crítica tras este trágico evento.

Cuidado temporal para los huérfanos

La directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Ruth Colque, informó que ya asumieron la custodia temporal de los menores y están gestionando sus documentos de identidad. Se busca localizar a familiares idóneos para cuidar a los hermanos y evitar su separación durante este difícil proceso.

Asegurando un futuro juntos

Desde la Fiscalía se planea establecer convenios con entidades especializadas como Aldeas Infantiles SOS para asegurar que los tres hermanos permanezcan juntos. Este caso marca el quinto feminicidio registrado en Oruro en lo que va del año, subrayando la necesidad urgente de abordar la justicia en Bolivia.

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Caso Fondo Indígena: amplían 5 meses la reclusión de Luis Arce

La justicia boliviana determinó este miércoles 3 de junio de 2026 ampliar por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora.

Esta medida fue dictada por el juez Román Castro durante una audiencia virtual, ratificando que el exmandatario deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, mientras continúa la investigación en su contra, así lo informó Erbol.

Irregularidades en el Fondo Indígena

El caso por el cual se mantiene la medida cautelar está relacionado con presuntas irregularidades cometidas en el Fondo Indígena durante el tiempo en que Arce se desempeñaba como ministro de Economía.

Según la acusación, supuestamente se realizaron desembolsos de dinero a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones sociales para llevar a cabo proyectos que, finalmente, no se concretaron o fueron señalados como inexistentes.

Justificación de la ampliación de la detención

El Ministerio Público solicitó la ampliación del tiempo de detención bajo el argumento de que el caso es complejo y que las labores de investigación se han visto complicadas por los recientes conflictos sociales que afectan a varias regiones del país.

Defensa del expresidente

Durante la audiencia, el expresidente solicitó al juez que se le permitiera defenderse en libertad, asegurando que se sometería al proceso judicial. Además, Arce pidió que se aplique la ley de manera equitativa, expresando que buscaba un trato igualitario frente a cualquier otro ciudadano boliviano.

Decisión final de la justicia

A pesar de estos argumentos, la justicia decidió mantener la medida preventiva para asegurar que el procesado continúe a disposición de las autoridades durante el tiempo que dure la investigación.

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Condenas por feminicidio y trata de personas en Sucre

Recientemente, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, anunció dos condenas significativas emitidas por los Tribunales de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer N.º 1 y N° 2. Estas sentencias abordan delitos graves ocurridos en la ciudad de Sucre, reflejando la lucha por la justicia en Bolivia.

Feminicidio: un caso alarmante

En primer lugar, Wilfredo M. M., de 30 años, recibió una condena de 20 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Este hecho ocurrió el 28 de junio de 2025, cuando agredió a su madre de 53 años con una piedra, manifestando su intención de matarla. Posteriormente, ingresó a otra vivienda y también agredió a su vecina de 61 años.

Trata de personas: un delito inaceptable

Por otro lado, Juan C. E., de 60 años, fue condenado a 13 años por el delito de trata de personas. Entre los años 2023 y 2025, retuvo a una ciudadana hondureña de 38 años en su local ubicado en la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz. La mujer sufrió maltrato físico y psicológico mientras era obligada a trabajar como dama de compañía.

Pruebas contundentes en los juicios

Durante las audiencias del juicio oral, el Fiscal Nava Morales destacó que se presentó “un sólido y contundente desfile probatorio” que acreditó la existencia de los hechos delictivos y la participación directa de los imputados. Los principales elementos probatorios incluyeron:

• Formulario único de denuncias
• Informe circunstancial policial
• Acta de registro del lugar del hecho
• Muestrario fotográfico
• Certificados médico forenses
• Informes psicológico y social
• Declaraciones testificales

Análisis psicológico y recalificación del caso

El Fiscal Daza, encargado del caso de feminicidio, mencionó que las pericias psicológicas desvirtuaron la defensa del imputado, concluyendo que no presentaba alteraciones psicológicas ni trastornos mentales. Por otro lado, Belinda Romero, Fiscal asignada al caso de trata de personas, explicó que el caso se recalificó tras recolectar suficientes elementos probatorios que evidenciaron la gravedad del delito.

Penas en el Recinto Penitenciario San Roque

Tanto Wilfredo M. M. como Juan C. E. cumplirán sus penas en el Recinto Penitenciario San Roque. Estas condenas representan un paso importante hacia la justicia para las víctimas y un mensaje claro contra la violencia hacia las mujeres y la trata de personas en Bolivia.

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Sentencia impactante en Oruro por tentativa de violación

La tarde del 7 de mayo de 2026, el fiscal Aldo Morales Alconini anunció una sentencia de 14 años de prisión para dos hombres involucrados en un caso de tentativa de violación a una menor de 12 años. Este grave delito ocurrió durante un ritual de Tinku en la zona Este de Oruro en mayo del 2024. La Fiscalía busca una pena más severa debido a la gravedad del crimen.

Detalles del caso y antecedentes

El Ministerio Público confirmó que los sentenciados, de 28 y 29 años, fueron hallados culpables del delito y deberán cumplir su condena en el Penal de San Pedro. El fiscal Morales Alconini informó que la justicia dictó esta sentencia tras un proceso judicial que ha conmovido a la sociedad boliviana.

• El hecho ocurrió durante una tradicional pelea de Tinku.
• La víctima fue interceptada por cuatro sujetos cuando se dirigía a una construcción cercana.
• Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes lograron capturar a dos agresores.
• Estos sujetos fueron entregados a la policía tras ser agredidos por una turba enfurecida.

  

Pese a la sentencia obtenida, el fiscal Morales Alconini manifestó que el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación. La institución considera que la sanción no es proporcional al crimen cometido y busca aumentar los años de reclusión. “Es un caso que ha conmovido a toda la sociedad, no solamente a nivel departamental, sino nacional”, afirmó el fiscal.

Prófugos y proceso pendiente

A medida que dos autores ya enfrentan su sentencia en San Pedro, las autoridades recordaron que aún existen dos personas implicadas que se encuentran prófugas. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) mantiene operativos activos para dar con el paradero de los restantes responsables. En mayo del 2024, la justicia boliviana dictó detención preventiva sin tiempo definido para dos hombres acusados de participar en este crimen. Debido al riesgo de linchamiento y la presencia de familiares de la víctima, la audiencia tuvo que ser trasladada a una carceleta judicial para garantizar la seguridad de los imputados. La Fiscalía Departamental continúa investigando para localizar a los otros dos implicados.

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Familia de Laura Rojas pide celeridad en investigaciones

Este sábado 2 de mayo, familiares y amigos de la exdiputada Laura Rojas solicitaron celeridad en las investigaciones del denominado ‘caso maletas’. Esta solicitud surgió tras la suspensión de una audiencia por una segunda imputación, que tuvo lugar el jueves 30 de abril, debido a la ausencia del juez Hebert Zeballos, uno de los principales involucrados.

El sufrimiento humano detrás del proceso

El comunicado enfatiza el sufrimiento humano que acompaña este proceso: el dolor de una madre, la angustia de una familia y, sobre todo, la distancia que separa a Laura de sus dos hijas menores. Para sus allegados, este es el costo más profundo del proceso.

La valentía de Laura Rojas

La familia destacó la serenidad con la que Rojas enfrentó la jornada. “Laura no escondió su rostro, no bajó la cabeza y no se refugió en el miedo, como sí ocurrió con otros acusados. Se presentó con valentía, con la frente en alto y con una mirada serena, sin rencor, pero firme ante quienes verdaderamente cargan con responsabilidades y hoy continúan en libertad”, afirmaron.

Suspensión de audiencia y frustración familiar

Rojas fue trasladada para comparecer ante una nueva audiencia; sin embargo, la ausencia del principal acusado impidió que esta se desarrollara y derivó en una nueva reprogramación. Para sus familiares y amigos, este episodio dejó una sensación de frustración y reforzó su convicción de seguir acompañándola hasta lograr que su situación sea esclarecida.

Preocupaciones sobre factores externos

Sin apuntar directamente a responsables concretos, la familia expresó su preocupación por factores externos que podrían estar influyendo para prolongar su permanencia en prisión. Aun así, sostienen que mantendrán su confianza en que la justicia y la verdad prevalecerán.

Cuestionamientos sobre el proceso judicial

El día de la audiencia suspendida, el exdiputado Jorge Saucedo cuestionó la falta de información clara sobre la suspensión del acto procesal y observó restricciones para el ingreso al juzgado. Además, manifestó preocupación por el estado de salud de Rojas, advirtiendo que su condición podría haberse deteriorado por limitaciones en el acceso a medicamentos y atención médica adecuada.

Acompañamiento inquebrantable

“Laura no está sola. Su familia y sus amigos seguimos firmes, unidos y convencidos de que la verdad prevalecerá”, expresa el comunicado al reafirmar que no desistirán en su acompañamiento.

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“Lo que estoy pidiendo es justicia, que se dé cumplimiento a la ley (…) me encuentro delicada de salud, estoy desempleada, estoy empezando desde cero, he sido perjudicada y traumada por el acoso sexual que he sufrido”, expresó Quiroga. Su defensa ha apelado el proceso para exigir una declaración de inocencia completa y que el Estado boliviano asuma la reparación integral de los daños ocasionados a esta mujer indígena.

Un caso emblemático

“Rosa Quiroga es el ejemplo de todo lo malo de la administración de la justicia en Bolivia”, afirmó su abogada Audalia Zurita. Además, el caso de Rosa Quiroga “es una criminalización de la denuncia de las mujeres víctimas de un espacio laboral machista y misógino, que no tolera que las mujeres levanten la voz”, comentó Susana Saavedra, presidente de la Fundación Construir.

Inicio de la denuncia

Rosa Quiroga, de 34 años, comenzó a trabajar en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja a principios de 2015. Poco después, Quiroga reportó que empezaron las insinuaciones de Paredes, quien le pidió insistentemente que hiciera viajes con él y que lo acompañara a eventos sociales para pasar tiempo a solas. “Me dijo: ‘yo soy el jefe y aquí vas a hacer lo que yo ordene’, pero a pesar de tanta insistencia nunca cedí”, recordó.

Quiroga compartió su situación con López, quien le recomendó que “hiciera su trabajo” y prometió canalizar su reclamo. Rosa decidió denunciar el caso ante la Fiscalía en noviembre de 2015, pero poco después fue despedida. En abril de 2017, cuando asistía a una nueva audiencia judicial por su denuncia, Rosa fue detenida debido a una acusación interpuesta por López.

Injusticia y sufrimiento

La abogada Zurita aseguró que López envió “tres cartas” a la Comisión de Ética denunciando los hechos ocurridos contra Rosa Quiroga. Sin embargo, en 2017 cambió su versión, afirmando que “esos tres papeles ella (López) los firmó en blanco”. “En minutos me han llevado a celdas judiciales y estuve ahí 10 días en el calabozo (…) en la audiencia me han sindicado de terrorista (…) yo no tenía dinero, ni abogado”, relató Quiroga.

La mujer recordó que no contaba con una cama donde dormir en prisión y comenzó a sentir dolores en los huesos debido a las condiciones climáticas del penal. “Estaba desnutrida y desahuciada. Mis cabellos eran blancos”, rememoró. Por recomendación médica, Rosa se cortó las largas trenzas y dejó de usar la vestimenta tradicional debido a la anemia.

Condiciones de detención

Después de 4 años en prisión, Rosa fue liberada para cumplir detención domiciliaria. Los jueces insistieron en que “se declarara culpable” para evitar los trámites legales. La jurista Elena Attard señaló que esta situación “cuestiona los pilares de la independencia judicial”. Para ella, Rosa es una “sobreviviente” de un caso en el que existió “tortura, tratos crueles y degradantes”.

Problemas en el sistema judicial

El proceso judicial de Rosa tuvo constantes suspensiones desde su inicio hasta su absolución. Esta situación refleja problemas estructurales dentro del sistema judicial boliviano en cuanto al tratamiento de las denuncias por acoso sexual y violencia contra las mujeres.

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Los imputados fueron detenidos en la zona de la Apacheta, donde supuestamente se encontraban preparando el bloqueo de la vía.

Decisión judicial

La jueza Stephani Nájera ha determinado que dos de los acusados cumplan prisión preventiva en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses, mientras se lleva a cabo la investigación. Esta información fue proporcionada por el abogado defensor Carlos Salguero.

El jurista ha criticado la decisión de la jueza, argumentando que la imputación corresponde a un delito menor que no justifica la prisión preventiva. Además, ha señalado que la acusación presentada por la Fiscalía es inconsistente, ya que menciona que los sindicados estaban “en aporte”, lo que él considera especulativo.

Apelación presentada

En este contexto, Salguero ha informado que se ha presentado una apelación contra la decisión judicial. Los detenidos permanecen en celdas a la espera de una nueva audiencia.

Protestas en El Alto

Mientras tanto, familiares e integrantes del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) han llevado a cabo protestas en El Alto, exigiendo la libertad de los acusados. La concejal Wilma Alanoca ha denunciado que la jueza actuó motivada por razones políticas y ha solicitado la libertad para los sindicados.

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El diputado señaló que, ya se constató la corrupción millonaria en la ABC y que ahora se debería investigar la muerte del testigo protegido, porque se presume que fue asesinado para sepultar este caso.

Indicó que el ministro de justicia, Iván Lima, violó la Ley 458, a la que se acogió Sandy, que tiene por objeto establecer el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos.

“El Gobierno está buscando una impunidad a los hechos de corrupción que está ocurriendo en la ABC, a estas coimas millonarias, por eso no dan detalles sobre cómo ha muerto”, manifestó a LA PATRIA.

Sobre las declaraciones de Lima, cuando este dijo que el expresidente, Evo Morales, elegía a los magistrados a dedo, Astorga sugirió al ministro de Justicia, procesar con un juicio de responsabilidades al exmandatario.

DIPUTADO HERNÁN HINOJOSA

“En este Gobierno, nadie pone a dedo a los magistrados, se hace en la Asamblea Legislativa de acuerdo a la normativa, en una votación”, señaló el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa.

Asimismo, insistió que en Bolivia la justicia se maneja de manera transparente, sin ninguna persecución y acusó a la derecha de victimizarse para llamar la atención de la comunidad internacional.

/NVY

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Esta información fue proporcionada por el asambleísta departamental Jaime Flores, quien es demandante en este caso y expresó su rechazo al fallo.

La decisión judicial flexibilizó la obligación de firmar un registro que tiene el Gobernador, puesto que antes debía presentarse cada lunes en el Ministerio Público, pero ahora debe hacerlo cada mes.

El querellante lamentó esta situación, porque consideró que las medidas cautelares ya eran favorables para Mamani.

“Hoy por hoy el señor Gobernador definitivamente se ha beneficiado con la justicia que maneja el Movimiento al Socialismo”, agregó.

El caso surge por irregularidades en el proceso de licitación de 41 ambulancias realizada por la Gobernación.

Entre las anomalías, se emitió un acta de recepción de los vehículos cuando los mismos no habían llegado a Bolivia.         

Mamani está imputado por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, debido a que anuló el contrato para la adquisición de las ambulancias, después de denunciarse irregularidades, sin embargo, correspondía que ejecute la boleta de garantía de más de un millón de bolivianos o cobrar multas a la empresa.

/NVY

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La cancelación del traslado se conoció luego de analizar un recurso de apelación incidental presentado por la representación legal del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Policía, además de la defensa de las víctimas.

“Informamos al pueblo boliviano que se dejó sin efecto el traslado del ciudadano, Misael Nallar, al penal de Palmasola, por lo que continuará su detención en el interior del penal de #Chonchocoro”, publicó Del Castillo en redes sociales.

El 27 de septiembre, la defensa judicial de Nallar logró, durante una audiencia, ser trasladado a Santa Cruz para cumplir con la detención preventiva por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip) en el municipio de Porongo.

El representante legal aseguró que sufría amenazas y que incluso señaló que corría en riesgo su vida si permanecía en ese centro penitenciario de La Paz.

“Seguiremos trabajando hasta alcanzar justicia para los sargentos Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip, José David Candia Orozco. (sic)”, señala una parte de una publicación del Ministro de Gobierno en redes sociales.

Anteriormente, la defensa de las víctimas expresó su rechazo a la decisión asumida y demandó evitar su traslado a la capital cruceña.

/MDCB

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“Se deberá convocar a Evo Morales como autor intelectual de las quemas que han existido en la ciudad de La Paz y todo eso que ha ocurrido”, manifestó el diputado uninominal de Comunidad Ciudadana (CC) por La Paz, Alberto Astorga.

Asimismo, el diputado de CC, Alejandro Reyes, aseveró que Morales buscó el “derramamiento de sangre” antes de salir del país.

“Se jugó las últimas cartas mientras estuvo de Presidente para salir y dejar ardiendo el país, como Nerón lo hizo en la antigüedad. Morales, en su rabia, en su despecho, intentó quemar la ciudad de La Paz, confrontar a los bolivianos y así él después de tanta confrontación (decide) volver como el salvador”, añadió el legislador.

Reyes subrayó que las delaciones de Terceros son “evidencia concreta” de que Evo Morales fue el presunto autor intelectual “de toda la violencia, la confrontación y en este caso de la quema también de los PumaKataris”; por lo que solicitó que tanto el expresidente como el exvicepresidente respondan ante la justicia por estos hechos.

Asimismo, el diputado Astorga consideró que con esas revelaciones, “Morales se constituye en enemigo de La Paz”, como presunto autor intelectual de las quemas que hubo.

Ambos diputados de CC coincidieron que el caso del supuesto “golpe de Estado” no tiene sustento, por lo que se “debería investigar” los hechos de violencia de 2019.

En tanto, desde Creemos el senador Erick Morón solicitó que se convoque a declarar a Morales y García Linera.

“Se quiere jugar de que era un mandatario, pero un mandatario que renunció, no lo olvidemos que después de renunciar como ciudadano siguió amenazando, siguió confrontando y dando órdenes”, señaló Morón.

Postura de Andrónico Rodríguez

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez sostuvo que las solicitudes de investigación a Morales y García Linera, corresponden a la justicia.

“Eso lo verá la justicia, es tarea de la justicia, no corresponde desde el Senado emitir ninguna declaración afirmativa, si es necesario, pues por supuesto y si no corresponde pues tendrá que resolver”, manifestó el senador.

Sin embargo, Andrónico subrayó que el Alto Mando Militar en 2019 supuestamente “se puso bajo órdenes de civiles”, que no correspondía, por lo que ahora “deben asumir la consecuencia de sus actos”.

Asimismo, señaló que Terceros pretende ser una “víctima”, después de que presuntamente incurrió en recibir órdenes de quienes no corresponde.

/JDLF/

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El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, indicó que la decisión de imputar formalmente a las exautoridades del Gobierno de Jeanine Áñez se tomó después que el 24 de diciembre, Interpol informó oficialmente al Ministerio Público que Murillo y López se encontraban en Estados Unidos, según reportó la red Erbol.

“Como ya conocemos su paradero, nosotros vamos a emitir la imputación formal contra estas dos personas hasta el día viernes. Emitida la imputación formal, vamos a cumplir los requisitos que la ley nos establece a objeto de poder solicitar ya activar la notificación roja y poderlos traer a Bolivia para que puedan responder por este caso”, explicó Cossío.

Murillo y López serán imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias entre otros. El fiscal adelantó que en la imputación se solicitará la detención preventiva de los exministros, para asegurar que se sometan al proceso.

CASO GASES LACRIMÓGENOS

Murillo junto a López tienen una orden de aprehensión por la presunta compra irregular y con sobreprecio de gases lacrimógenos, durante la gestión de Áñez.

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Días atrás, la jefa de Estado, ya se habría referido a las denuncias contra Morales, calificando el hecho como “abominable” además de afirmar que las mismas avergüenzan a Bolivia en ámbitos internacionales.

“Yo me siento tan indignada con esos hechos, y que tengan que salir ahora a la luz pública, uno (un caso) tras otro. Es que (Morales) tenía una pandilla de encubridores de semejantes actos de un depredador que teníamos como presidente, según las acusaciones”, expresó la mandataria en contacto con el canal estatal Bolivia TV.

Luego que saliera a la luz la supuesta relación que tuvo el político cuando fue mandatario de Bolivia, con una adolescente de nombre Noemí de ahora 19 años, el Gobierno anunció la denuncia ante la Justicia contra Morales, por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas, entre otras.

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