Durante la audiencia, el juez Cristhian Chumpitaz, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, evaluó el pedido de la Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición de Valverde por el homicidio agravado de tres jóvenes mujeres en Argentina.

El magistrado determinó que existe peligro de fuga y de obstaculización en el proceso porque las pruebas presentadas por su defensa no son suficientes ni idóneas para desvirtuar los presupuestos de falta de arraigo laboral, domiciliario y familiar.

En tal sentido, el detenido será recluido en el penal de Cañete, al Sur de Lima, en las próximas horas.

El abogado del “Pequeño J”, Marcos Sandoval, dijo que su patrocinado es “inocente” y que “nada tiene que ver con el triple asesinato en Argentina”.

“Esta defensa sostiene que es inocente de todos los cargos que la justicia argentina está planteando”, remarcó ante el juez en una audiencia virtual desarrollada desde la comisaría del distrito de Chilca, al Sur de Lima.

El letrado añadió que Valverde, de 20 años, al ver su nombre vinculado al triple asesinato en Argentina, optó por regresar a Perú porque en ese país “no tiene familia” ni quien le vaya “a poner un abogado” para defenderlo.

Sandoval declaró que la había sugerido a Valverde que no se someta al proceso de extradición, sino que “siga su curso normal”, porque “en Argentina está caliente esta situación y pretenden meterlo preso sin llevar adelante una clara investigación de los hechos”.

Ante el reclamo de la Fiscalía de que no había fundamentado el arraigo laboral, domiciliario y familiar de Valverde en Perú, el letrado respondió que el “Pequeño J” ha trabajado podando arándanos, en la venta ambulatoria de medias y en construcción.

Asimismo, que vive en la casa de sus padres en la ciudad norteña de Trujillo con sus hermanas, alguna de las cuales estaba presente en Chilca para asistirlo desde su detención en el cercano balneario de Pucusana, a unos 60 kilómetros del centro de Lima.

El abogado pidió al juez que aplique un principio de humanidad con su cliente porque “goza de minoría relativa de edad” y que se le dicte una medida de libertad con comparecencia o libertad restringida.

Tanto el “Pequeño J” como su presunto cómplice en el triple feminicidio, Matías Ozorio, de nacionalidad argentina, fueron detenidos el martes en Lima, en distintos lugares de la capital peruana.

El Inspector General de la PNP, Jhonny Veliz, informó ese día que Valverde es considerado “el líder de una red criminal dedicada principalmente al trafico ilícito de drogas y también al sicariato”. “Él sería una tercera generación, porque su abuelo y el padre también estarían referidos por esos mismos delitos”, manidestó.

Las autoridades argentinas han señalado que Valverde es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

El crimen fue trasmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social, algo que, según dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, tuvo como objetivo “fortalecer el liderazgo” de la cabeza de la banda, “que va más allá de los límites de la Argentina”.

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Las tres jóvenes desaparecieron el 19 de septiembre y sus cuerpos fueron hallados el miércoles 24, enterrados en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela.

De acuerdo con los reportes de la Policía y la fiscalía argentina, las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas. El brutal hecho fue ordenado por un líder narco y transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado de supuestamente 45 personas.

“El capo del grupo, en esa sesión, dice: Esto le pasa al que me roba droga “, declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al canal de noticias local TN.

El caso generó gran conmoción en Argentina y, según las autoridades, está vinculado a una organización dedicada al narcotráfico que opera desde un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires. Alonso señaló que las jóvenes aparentemente fueron engañadas y captadas mediante una “trampa organizada” por esta banda criminal.

Detalló que, a una de las víctimas, Lara Gutiérrez, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla. A las otras dos las golpearon con crueldad antes de asesinarlas. A Brenda, además, le cortaron parte del cuerpo después de muerta. “La autopsia demuestra que hay dos chicas que sufrieron mucho”, añadió Alonso a CNN de Argentina.

El jefe de esa banda tiene 23 años y es conocido como “Pequeño J” o “Julito”, indicó la autoridad. Hasta la fecha, seis personas fueron capturadas por su presunta participación en el crimen. Entre ellas se encuentra el ciudadano peruano Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, quien fue capturado en Bolivia y entregado el sábado a las autoridades argentinas bajo un procedimiento de expulsión migratoria. Según la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, el hombre sería propietario de la camioneta en la que se vio a las víctimas por última vez.

El sexto acusado fue capturado en las últimas horas y los otros cuatro implicados fueron detenidos previamente en Argentina y trasladados al penal de Melchor Romero, luego de negarse a declarar. Las investigaciones continúan bajo fuerte resguardo judicial, mientras la Fiscalía argentina busca determinar la responsabilidad individual de cada sospechoso y confirmar la vinculación directa con actividades del narcotráfico.

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La orden de liberación fue emitida a última hora del jueves 21 de agosto por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, ubicada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Detalles de los incidentes

Los graves incidentes comenzaron hacia el final de la primera mitad del encuentro, cuando el marcador estaba empatado 1-1 y el global favorecía a los chilenos 2-1. En ese momento, algunos fanáticos del equipo visitante, que se encontraban en una de las tribunas más altas del estadio de Independiente, empezaron a lanzar butacas y trozos de la grada hacia la parte baja, donde estaban los hinchas del Rojo.

Ante esta situación, aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector donde estaban los hinchas chilenos. Esto llevó a que se reforzara la seguridad con personal de infantería policial, mientras se evacuaba a los aficionados visitantes.

Violencia y heridos

A pesar de los esfuerzos por controlar la violencia, un grupo considerable de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaban algunos aficionados chilenos, quienes fueron atacados de manera violenta.

Como resultado de estos incidentes, se reportaron alrededor de 20 heridos, uno de ellos en estado crítico y en cuidados intensivos. Además, más de 100 personas fueron detenidas, siendo la mayoría de ellos parte de la afición visitante.

Reunión de autoridades

Debido a la gravedad de los incidentes, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó a Buenos Aires el jueves 21 de agosto para reunirse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Durante esta reunión, Bullrich se comprometió a que Argentina trabajaría “con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia”.

La ministra también afirmó: “Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea”.

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De la suma total, a la exmandataria le corresponde 42 mil millones de pesos. Esta cifra fue establecida por el Tribunal Oral Federal Nº2. Es importante señalar que el cálculo del vencimiento tiene en cuenta la vacación judicial de invierno, período durante el cual no corren los plazos procesales. Si no se cumple con el pago, la Justicia podrá avanzar con la ejecución de bienes embargados para cubrir las deudas.

Listado de activos embargados

El listado de activos que se han identificado fue elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes lideraron la acusación en el juicio oral. El patrimonio atribuido a la ex presidenta incluye cuentas bancarias, inversiones bursátiles y propiedades. Se han identificado 7 cajas de ahorro: 4 en pesos y 3 en dólares, una caja de seguridad en el Banco Galicia, 4 plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una cuenta en el Banco Nación y 4 cuentas comitentes en la Caja de Valores.

Además, Cristina Fernández de Kirchner posee acciones en empresas que cotizan en Wall Street, como Apple, Microsoft, Mercado Libre, Visa y Berkshire Hathaway, que suman un total de 170 millones de dólares. En el ámbito inmobiliario, el listado incluye 2 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, situados en la calle Juncal (uno en la esquina con Uruguay y otro entre Azcuénaga y Uriburu), y 24 inmuebles en Santa Cruz. Esto incluye la casa familiar en Río Gallegos, la residencia en El Calafate y el hotel boutique Los Sauces.

Transferencias y embargos

Todos estos bienes fueron transferidos en 2016 a sus hijos mediante cesiones de derechos. Sin embargo, a pesar de esta transferencia, los activos están sujetos a medidas cautelares. También se incluyen las sociedades familiares Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y Comasa, que han sido objeto de otra investigación judicial por lavado de dinero. Estas tres compañías fueron cedidas a sus herederos y actualmente están bajo embargo en el expediente Hotesur-Los Sauces.

En su última declaración jurada, presentada al dejar la vicepresidencia en 2023, Cristina Kirchner no reportó propiedades a su nombre, pero sí declaró un usufructo sobre 2 inmuebles: un departamento de 160 m² en Recoleta y la casa en El Calafate. El crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner durante su tiempo en la función pública ha sido objeto de denuncias por enriquecimiento ilícito y presuntas maniobras fraudulentas.

Historia de enriquecimiento

En 2003, al asumir la presidencia, declararon 7 millones de dólares. Doce años después, Cristina Kirchner informó un patrimonio que superaba los 72 millones de dólares. Con la condena firme y la intimación judicial, la expresidenta ahora enfrenta la posibilidad concreta de que sus bienes sean liquidados para cubrir la millonaria reparación impuesta por corrupción.

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En la resolución emitida por el juez Jorge Gorini se establece que, a partir de esta fecha, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Esto implica que cumple la pena firme de 6 años de prisión, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, junto con las costas del proceso que le fueron impuestas en esta causa.

Reacción de la Fiscalía

La Fiscalía, en un escrito que fue difundido este martes, solicitó el rechazo del pedido de prisión domiciliaria que había presentado la defensa de Fernández. Esta solicitud deberá ser analizada y resuelta por los jueces del Tribunal Oral 2.

Contexto de la condena

La condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua se debe a irregularidades en la concesión de obras públicas durante su gobierno, que se extendió desde 2003 hasta 2015. Los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola señalaron que conceder la prisión domiciliaria es una potestad y no una obligación. Además, enfatizaron que no debe ser aceptada automáticamente solo porque la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que menciona la ley.

Plazo para cumplir la condena

Este dictamen se da a conocer un día antes de que se cumpla el plazo de 5 días que la Justicia le otorgó a Fernández para que se pusiera a disposición y comenzara a cumplir su condena. Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado Carlos Beraldi había solicitado el beneficio del arresto domiciliario.

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Fernández ha sido citado por orden del juez Julián Ercolini y a petición del fiscal Ramiro González. La declaración se llevará a cabo después de varias citaciones anteriores que fueron postergadas. En un documento judicial publicado el 21 de noviembre de 2024, el fiscal indicó que “se le imputa el haberle causado en al menos 2 ocasiones lesiones a su (entonces) pareja Fabiola Andrea Yáñez, a quien habría agredido físicamente en su brazo y ojo derechos”.

Imputaciones graves

La Fiscalía le atribuye al exjefe de Estado 8 años de “violencia psicológica, física y económica” hacia la exprimera dama. Las imputaciones incluyen “lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y amenazas coactivas”. Estas acusaciones podrían conllevar una pena de entre 3 y 18 años de prisión.

Denuncia de Fabiola Yáñez

Fabiola Yáñez, de 43 años, denunció al expresidente, de 65 años, después de que la Justicia argentina, en una investigación sobre supuesto tráfico de influencias que involucra a Fernández, encontrara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar la comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género”.

Testigos y declaraciones

Después de recabar declaraciones de una veintena de testigos, que incluyen a la propia Yáñez, personas cercanas a la pareja y personal de la residencia presidencial, Fernández se presentará este martes ante la Justicia. Su objetivo es responder a las acusaciones de violencia machista que pesan en su contra.

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Rechazo de la denuncia en Argentina

Morales expresó sentirse “muy alentado” por el rechazo de la demanda en su contra en Argentina. Afirmó que “la Justicia ya ha rechazado, entonces no hay ninguna demanda (…) Ya ganamos otra batalla jurídica a nivel internacional”. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre el caso. En noviembre, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había informado sobre la denuncia contra Morales por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual en ese país.

Investigación en Tarija

El exlíder del Movimiento Al Socialismo (MAS) también se pronunció sobre la investigación en su contra por presunta trata agravada de personas que lleva la Fiscalía Departamental de Tarija. Según Morales, este proceso debería cerrarse “después de las últimas declaraciones”. Se refería a una entrevista que una joven, quien se identificó como la presunta víctima, ofreció a un medio internacional.

La joven afirmó que quienes cometieron el delito de trata con ella y su hija son el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Morales manifestó que “este proceso en Tarija ya debería estar cerrado, parado, porque no hay víctima. Tiene que derrumbarse en cualquier momento”. La fiscal Gutiérrez, por su parte, defendió la investigación, asegurando que es “transparente” y rechazó las acusaciones de la supuesta víctima, considerándolas como “maniobras” de la defensa del exmandatario para frenar su audiencia cautelar.

Según la denuncia, Morales habría cometido delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con la que supuestamente tuvo un hijo. Además, se alega que los padres de la supuesta víctima “lucraron” con ella al entregarla al exmandatario a cambio de “favores”. La Fiscalía ha solicitado una alerta migratoria para Morales y la madre de la joven, y prevé pedir la detención preventiva del político por un período de 6 meses.

Ante la posibilidad de que el exgobernante sea detenido, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre para defenderlo. Además del caso en Tarija, en Cochabamba existen otras siete denuncias por presuntos abusos a menores en contra del expresidente.

Situación actual de Morales

Desde octubre, Morales no ha salido del trópico de Cochabamba, su bastión en el centro del país, donde cuenta con la protección de centenares de cocaleros. El exgobernante agradeció a los productores de hoja de coca por la “seguridad” que le brindan y a los sectores sociales que lo han visitado para expresarle su apoyo. También mencionó que consideró entregarse, como lo hizo en 2018 el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuando fue condenado por corrupción.

Pugna política en el MAS

Estas investigaciones en contra de Morales se producen en medio de su conflicto con el Presidente Luis Arce por el control del MAS y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.

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Denuncia ante la Justicia

Gallego ha llevado el caso ante el juez Julián Ercolini, acusando a Fernández de haber utilizado el teléfono celular de su hijo para enviarle a Yáñez dos mensajes de texto. Según la abogada, estos mensajes tendrían la intención de afectar la estabilidad emocional de su cliente.

Se alega que el exmandatario envió a Yáñez, el pasado jueves, dos enlaces a un artículo titulado: “Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez”. Esta información fue citada por el portal de noticias TN el 9 de noviembre.

Prohibiciones impuestas por la Justicia

Alberto Fernández ya enfrenta un pedido de declaración indagatoria por parte del fiscal Ramiro González. La Justicia le había impuesto la prohibición de comunicarse con la ex primera dama y de salir del país.

Luego de la denuncia presentada, el juez Ercolini exigió al expresidente que cesara cualquier tipo de contacto con Yáñez o sus familiares. Además, se le ordenó que detuviera “todo acto de intimidación directa o indirecta”.

Condiciones de comunicación

El juez también aclaró que cualquier comunicación que se realice deberá ser únicamente con la familia de Yáñez y en relación a la crianza de su hijo. Se advirtió que cualquier futura transgresión a esta orden podría ser considerada como “obstrucción a la Justicia”, un delito que podría conllevar prisión preventiva.

Imputaciones graves

Fernández enfrenta serias imputaciones, incluyendo dos lesiones leves que están agravadas por tratarse de violencia de género, así como una lesión grave que ha causado un debilitamiento permanente en la salud de Yáñez, también agravada.

Además, el expresidente está acusado de coacción, con el objetivo de que Yáñez no denunciara las supuestas agresiones. Este delito podría llevar a una condena de hasta 18 años de prisión.

Fuente: EFE.

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La joven denunciante afirmó haber sido violada en una fiesta organizada en la madrugada del 1° de enero de 2019 en la casa familiar de Montiel, ubicada en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. El jugador fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Declaración testimonial del jugador no altera el caso

Durante su declaración y representado por los abogados Nicolás Payarola y Matías Aquino, Montiel reveló que conocía a la denunciante “desde hace algunos meses” y que tuvo un único encuentro consensuado con ella en su apartamento en la ciudad de Buenos Aires.

Según relató, volvió a su casa entre las 7 y las 8 de la mañana después de dejar a un amigo allí, y se encontró con los invitados fuera del hogar.

El Sevilla mantiene tranquilidad al respecto

La declaración testimonial del jugador no altera el caso reabierto tras la denuncia realizada por la abogada de la víctima. El Sevilla se mostró tranquilo al respecto.

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Pena excarcelable para el jugador

La pena es excarcelable según el Código Penal argentino, lo que significa que el jugador no irá a prisión. La juez Claudia Dávalos dictaminó la condena “por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves calificadas por el vínculo mediando violencia de género”.

Villa disputó todo el encuentro al día siguiente

A pesar del fallo, Villa disputó todo el encuentro que Boca Juniors perdió ante Arsenal de Sarandí al día siguiente. Sin embargo, deberá cumplir ciertas condiciones como fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato; abstenerse de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas personas; y abstenerse del uso estupefacientes y abuso del alcohol.

Fiscalía pidió una condena mayor para Villa

La fiscalía pidió una condena mayor para Villa: dos años y tres meses. Por otro lado, su defensa solicitó la absolución. El futbolista fue imputado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, con amenazas coactivas”.

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Manifestó su acompañamiento a la política argentina como senador del Estado Plurinacional de Bolivia y como dirigente de la región del trópico de Cochabamba.

“Toda nuestra solidaridad, respaldo y apoyo a la hermana Cristina Fernández de Kirchner (…). Rechazamos y denunciamos contundentemente el accionar de la justicia argentina de perseguir a nuestros líderes, hombres y mujeres, que representan a nuestros pueblos”, manifestó Loza según el reporte de LA PATRIA Radio en la Sede de Gobierno.

El senador del MAS manifestó que no entiende cómo la justicia puede darse el lujo de dar castigos políticos, solo para opacar el protagonismo que tiene Cristina Fernández en su país.

Además, de acuerdo al criterio de Loza, la sentencia de Fernández es solo por convicciones políticas y siguió la misma lógica del caso de Lula da Silva en Brasil, quien en el transcurso del proceso fue hallado inocente de todas las acusaciones en su contra.

/ LMPT

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Se trata de Brenda Uliarte, de 23 años, quien fue aprehendida en días precedentes, tras vincularla con el presunto atentado.

La jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, detalló que se acusa a Uliarte de presuntamente planificar el intento de magnicidio con Fernando Sabag.

Asimismo, señaló que la acusada estaba en inmediaciones del lugar de los hechos, donde llegó con su pareja y de acuerdo con medios argentinos, detentaban el arma de fuego secuestrada con sus municiones, días antes del suceso.

En días precedentes, cuando Fernández estaba en medio de una multitud, Sabag la apuntó con un arma a su rostro, de acuerdo a imágenes viralizadas en redes sociales; sin embargo, no se registraron disparos.

/JDLF/

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La primera en mostrar su apoyo fue la exsenadora Adriana Salvatierra, quien mediante su cuenta de Twitter manifestó que no pudieron enfrentar “democráticamente” a Fernández, y por eso recurrieron a la vía judicial.

Por su lado, el líder del MAS, Evo Morales, tildó la solicitud de la Fiscalía argentina como un “lawfare” (guerra de leyes) contra la expresidente.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que América Latina encara un nuevo “golpe”, como a otros mandatarios que se pusieron de lado del pueblo “humilde y trabajador”.

Acusación

Fernández de Kirchner fue acusada, junto a otras 12 personas, por supuestamente orientar licitaciones a favor del empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz al Sur de Argentina.

El fiscal Diego Luciani aseguró que ese presunto delito representó el mayor acto de corrupción en el país, además que perjudicó al Estado argentino con más de 1.000 millones de dólares.

/ LMPT

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El juez de instrucción, Osvaldo Rappa, procesó a Alperovich por tres casos de abuso sexual y seis de abuso sexual agravado. El procesamiento fue fundamentado en más de 400 páginas y dictado sin prisión preventiva, por lo que el exgobernador seguirá en libertad, según informa Infobae.

“Abuso de poder y autoridad; todo lo cual por sus circunstancias, y tiempo de duración le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”, señaló el magistrado en su resolución.
Alperovich también recibió un embargo de 2.500.000 de pesos sobre sus bienes.
La denuncia fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y excolaboradora, lo acusó de abuso sexual ocurrido durante el 2017.
La denuncia se tramitó en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana.

Tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador general interino, Eduardo Casal.

Los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.

Alperovich terminó su gestión en la Cámara alta haciendo uso de licencia por la denuncia en su contra y, al no haber renovado su banca en las últimas elecciones legislativas, dejó de ser parte del Congreso de la Nación. Es por esta razón que, al perder los fueros, el colectivo “Ni Una Menos Tucumán” emitió entonces un duro comunicado en el que exige su pronta indagatoria en la denuncia por abuso sexual que recae sobre él.
El exgobernador fue entrevistado a través de una videoconferencia el pasado 20 de abril, negó todas las acusaciones en su contra y no quiso contestar preguntas.

“Esta mañana cumplí con la orden judicial, y me presenté a declarar ante el juez Osvaldo Rappa, en el marco de la denuncia en mi contra”, expresó Alperovich a través de su cuenta de Twitter.

Luego añadió un comentario en un hilo de la red social.
“Declaré durante más de una hora y media, y realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”, añadió.

/NVY

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