Por Lizett K. Gutierrez L.

Es común ver, casi a diario que nuestra población acude a diferentes redes sociales con el propósito de hacer conocer diferentes tipos de denuncias, desde infidelidades, incumplimiento de obligaciones, agresiones, etc.; unos buscando una respuesta rápida a sus denuncias, otros con el propósito de ejercer una presión pública y otros más simplemente para dañar la reputación de quienes consideran sus verdugos. Muchas de estas denuncias pasan desapercibidas y otras se convierten en casos mediáticos que se viralizan en muy corto tiempo, abriendo la puerta a diferentes tipos de comentarios donde algunos te apoyan, otros te juzgan y otros más te culpan; lo que podría generar un desgaste emocional.

El fácil acceso a las redes sociales ha hecho que deje de ser un foro de debate para convertirse en un foro inmenso de opiniones que genera una comunicación persuasiva, instigando emociones y conductas que la mayoría de las veces van orientadas a buscar el apoyo de una u otra versión, donde el público evalúa una información fragmentada, construyendo una narrativa sin datos y hechos reales, convirtiéndola una verdad inapelable. Lo que en muchas ocasiones ha generado que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales otorguen una respuesta inmediata debido a la presión social que se ejerce.

Sin embargo, lo preocupante de este hecho no es la construcción de narrativas, lo verdaderamente preocupante es que al consolidarse en verdades inapelables pasan a convertirse en un tribunal de justicia, donde los usuarios de estas redes sociales a menudo emiten veredictos de inocencia o culpabilidad inmediata, en un juicio social donde simplemente se evalúan mensajes persuasivos; explicado así, hace un poco más de 60 años por el Psicólogo Muzafer Sherif reconocido como uno de los fundadores de la psicología social. Estos veredictos sociales deberían causarnos gran preocupación, porque ante un poder judicial vulnerable y operadores de justicia que buscan la aprobación social ante la desconfianza de la población en estos, se corre el riesgo que en búsqueda de esta aprobación, sumado a la presión mediática que se ejerce en las redes sociales, debiliten la postura y el raciocinio de los operadores de justicia en casos mediáticos y se corre el riesgo que simplemente se ratifiquen los veredictos sociales en total violación del debido proceso y pisoteando la Constitución Política del Estado.

En un país donde se ha visto debilitado a nuestro sistema de justicia por la injerencia política que en algún momento existió, se corre el riesgo que se debilite aún más con la injerencia digital mediática.

Entre tanto, lo único cierto es que mientras el sistema judicial no recupere la confianza de la población continuaran recurriendo a las redes sociales como un mecanismo de defensa y protección de sus derechos.

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