Juicio oral por la asonada militar

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, reiteró su postura de ser una “víctima” de un montaje orquestado por el entonces gobierno de Luis Arce. Esto ocurrió tras abandonar una nueva audiencia en el juicio oral por la asonada militar de la plaza Murillo en junio de 2024.

Acusaciones de trampa y montaje político

Zúñiga sostuvo ante los medios que el despliegue de tropas fue una “trampa” diseñada para crear el “fantasma del golpe” de Estado. Según el exjefe militar, al llegar a la plaza Murillo, los movimientos sociales y las autoridades del gobierno ya estaban en el lugar esperando con carteles. A su juicio, esto demostraría una planificación anticipada por parte de la administración de Arce.

Declaraciones contundentes

Zúñiga afirmó: “Nos han metido en una trampa, en una emboscada del Gobierno (de Luis Arce) para crear un fantasma del golpe”. Además, agregó: “O sea que ellos ya sabían con anticipación (todo lo que iba a acontecer), nos estaban montando una trampa”.

Responsabilidades señaladas

El acusado apuntó directamente a exmiembros del anterior Órgano Ejecutivo. Afirmó que el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tenían pleno conocimiento de los hechos. Asimismo, acusó al Alto Mando Militar de la época de haberlo traicionado y entregado a cambio de recompensas, ascensos y la ratificación en sus puestos de mando. Calificó la situación como un acto vergonzoso.

Defensa y continuidad del juicio

Por su parte, su abogado defensor, Eduardo León, ratificó que el movimiento de las tropas respondió a una instrucción directa emitida por Luis Arce en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Próximas fechas del juicio oral

La audiencia judicial de esta jornada ingresó en un nuevo cuarto intermedio debido a la carga procesal del tribunal.

Se programó el reinicio y continuidad de las sesiones presenciales del juicio oral para los días 24, 25 y 26 de agosto. Hasta el momento, el proceso registra la declaración de cinco personas, quedando pendientes las intervenciones de otros 18 individuos involucrados en el caso.

Situación actual de Zúñiga

Finalmente, la defensa técnica confirmó que, mientras se tramitan y completan formalmente los requisitos exigidos por el juez para viabilizar su detención domiciliaria, Zúñiga permanecerá recluido en el sector Grulla del penal de San Pedro en la sede de Gobierno.

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Defensa de Evo Morales se niega a asistir al juicio oral

Los abogados del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), anunciaron que su defendido no se presentará a la audiencia de juicio oral convocada por un tribunal de justicia. Este juicio, relacionado con el caso de trata agravada de personas, está programado para el lunes 11 de mayo a las 08:20 horas en la ciudad de Tarija.

Cuestionamientos legales sobre el proceso

El abogado de Morales, Nelson Cox, cuestionó la legalidad del proceso y afirmó ante los medios locales que el caso se basa en “una acusación forzada” con fines mediáticos. Por su parte, el exprocurador del Estado y abogado de Morales, Wilfredo Chávez, calificó el juicio como “ilegal”, argumentando que la causa fue abierta por segunda vez “quebrantando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento”.

Situación actual de Evo Morales

Evo Morales permanece desde hace más de un año y medio en su bastión sindical del Trópico de Cochabamba, bajo custodia permanente de sus seguidores para evitar su captura por esta denuncia. Tras conocer la citación mediante edictos, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de lawfare (guerra jurídica).

Pruebas presentadas por la Fiscalía

La Fiscalía ha presentado pruebas materiales contundentes, que incluyen:

• Un certificado de nacimiento de 2016 donde Evo Morales figura como el padre de una niña nacida de una menor de 15 años.
• Registros que detallan más de 60 viajes oficiales financiados con fondos públicos para la adolescente durante su mandato.

Consecuencias legales del caso

Este caso marca un precedente histórico al ser la primera vez que un exmandatario boliviano enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión por delitos como trata agravada y estupro. Además, ha llevado al país a un punto crítico institucional, con un mandamiento vigente para capturarlo en su bastión del Chapare.

Alegaciones sobre la vinculación con una menor

El líder cocalero está acusado por presunta vinculación con una menor en 2016. Según la investigación, él y la adolescente tuvieron una hija inscripta en un registro civil en Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina. Esta partida forma parte de las más de 170 pruebas recolectadas en el pliego acusatorio.

Medidas preventivas ordenadas por la justicia

En cuanto a las medidas preventivas, la justicia ha ordenado:

• Arraigo.
• Congelamiento de cuentas bancarias.

Estas medidas buscan asegurar su sometimiento al proceso judicial, aunque la defensa las cuestiona y el Estado las defiende como necesarias ante el riesgo de fuga.

Punto de vista del gobierno sobre el proceso judicial

El gobierno sostiene que este proceso es un caso ordinario y rechaza cualquier intento de impunidad. Argumentan que las más de 200 pruebas acumuladas por la Fiscalía son contundentes y deben ser juzgadas sin privilegios políticos.

Notificación mediante edictos

Finalmente, ante el argumento defensivo sobre no haber recibido notificación personal, la Fiscalía procedió a notificar mediante edictos. Este recurso se utiliza cuando no se puede ubicar al acusado para garantizar que el proceso no se detenga por su ausencia física.

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Juicio oral contra Evo Morales: un caso que conmueve a Bolivia

El 11 de mayo de 2026 marcará un hito en la historia judicial de Bolivia, ya que el exmandatario Evo Morales se enfrenta a un juicio oral por trata de personas agravado. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, Luis Esteban Ortiz, advirtió que si Morales no asiste, se ratificará su rebeldía.

Expectativas para el inicio del juicio

Ortiz confirmó que se espera la presencia del ex presidente en la causa judicial, tal como lo estableció el Tribunal Primero de Sentencia Penal de la capital. Sin embargo, el abogado de Morales, Nelson Cox, argumentó que no hay justificación para iniciar el juicio en Tarija. Según Cox, no se tomó en cuenta el testimonio de la supuesta víctima ante la Fiscalía Departamental y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Eventos previos al juicio

• Septiembre de 2024: Se emitió una primera orden de captura, revocada posteriormente por un recurso judicial.
• Diciembre de 2024: Se reactivaron las órdenes de aprehensión tras la inasistencia de Morales a declarar.
• Refugio en Chapare: El exmandatario se ocultó en su bastión, protegido por sus bases cocaleras.
• Fase de acusación formal (2025-2026): En abril de 2026, la Fiscalía confirmó contar con más de 170 pruebas en su contra.
• Apertura del juicio: El proceso avanzó a esta fase tras agotarse los plazos para presentar pruebas de descargo.

Citas relevantes sobre el caso

El presidente del TDJ expresó: “De acuerdo al informe que tengo, él aún se encuentra rebelde. Entonces si él no comparecería, esa rebeldía va a ser ratificada”. Además, Ortiz aclaró que “la audiencia es presencial en los ambientes de la sala de oralidad”. Por su parte, Cox defendió a su clienta al afirmar que “como víctima no ha dado derecho a nadie a que hablen a nombre de ella y que no ha sufrido ningún tipo de delito”.

Este caso genera gran expectativa y polariza opiniones entre los bolivianos. La atención se centra ahora en lo que sucederá el próximo lunes y las repercusiones que este juicio podría tener en la política nacional.

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Inicia juicio oral por caso de desaparición de Odalys Vaquiata

Este lunes, luego de más de dos años desde la desaparición de Odalys Vaquiata en los Yungas de La Paz, se instaló formalmente el juicio oral contra cinco personas involucradas. Entre los acusados se encuentra su expareja, Joel P., quien enfrenta cargos por feminicidio.

Contexto del caso

Según informó Unitel, el proceso judicial comienza en un contexto crítico. La joven fue reportada como desaparecida en marzo de 2024 y hasta la fecha, las autoridades no han logrado localizarla.

Incidentes en la audiencia

Durante la sesión de apertura, el abogado de la familia de Odalys, Jhovanny Gonzales, reportó un incidente que obstaculizó el inicio fluido de la audiencia. Uno de los acusados se presentó sin su defensa legal, alegando falta de notificación formal. Sin embargo, Gonzales desestimó esta justificación, indicando que la fecha del juicio se conocía con más de un mes y medio de anticipación.

Acusaciones y delitos tipificados

La Fiscalía ha estructurado la acusación contra cinco personas que actualmente cumplen detención preventiva en distintos centros penitenciarios del país. De los implicados, tres enfrentan cargos directos por feminicidio:

• Joel P.: procesado como autor principal.
• Padres de Joel P.: señalados por complicidad.

Los otros dos procesados enfrentan cargos por encubrimiento debido a sus acciones tras la desaparición de Odalys.

Penas solicitadas por la familia

La familia de Odalys Vaquiata ha sido enfática en su pedido de justicia. El abogado Gonzales confirmó que solicitarán la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Joel P. Además, pedirán una condena de 15 años para los padres del principal sospechoso, argumentando que su participación fue determinante para obstaculizar la verdad.

Detalles sobre la desaparición

El caso se remonta al 30 de marzo de 2024, cuando Odalys desapareció durante un viaje recreativo a Tocaña, en los Yungas paceños, junto a su entonces novio. A pesar de las diversas versiones ofrecidas por Joel P., la investigación ha derivado en un juicio por feminicidio ante la acumulación de indicios. Hasta abril de 2026, el paradero de sus restos sigue siendo un misterio.

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Suspendido juicio oral contra Evo Morales

El juicio oral contra Evo Morales Ayma por el presunto delito de trata de personas agravada se encuentra oficialmente suspendido. Esta decisión proviene del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, Luis Esteban Ortiz.

Razones para la suspensión

Ortiz aclaró que, según la normativa, el proceso no puede iniciar mientras no se ejecute la orden de aprehensión contra el imputado. Esta información fue confirmada a El Deber.

Responsabilidad del Ministerio Público y la Policía Nacional

El magistrado subrayó que la responsabilidad de ejecutar dicha orden recae exclusivamente en el Ministerio Público y la Policía Nacional. Estas instituciones deben analizar las circunstancias por las cuales no se ha hecho efectivo el arresto hasta la fecha.

Contexto electoral y detenciones

La declaración surge tras una jornada electoral en la que Morales asistió a emitir su voto en Villa 14 de Septiembre (Cochabamba) sin que las autoridades procedieran a su detención.

Este hecho contrasta con otros casos registrados en el país, como en Tarija, donde ciudadanos con deudas de asistencia familiar sí fueron aprehendidos en sus centros de sufragio.

Posible dilación en el proceso

Al ser consultado sobre una posible dilación o incumplimiento de deberes por parte de las instituciones encargadas, Ortiz se excusó de emitir juicios de valor. Argumentó que, en su calidad de vocal en materia penal, cualquier opinión previa podría inhabilitarlo ante futuras apelaciones del caso.

Origen del proceso penal

El proceso penal tiene su origen en una investigación abierta en 2024 por la Fiscalía de Tarija. Esta investigación se refiere a una supuesta relación del exmandatario con una adolescente de 15 años en el año 2015.

Órdenes de aprehensión y situación actual

En 2024, se emitieron las primeras órdenes de aprehensión ante la incomparecencia de Morales para declarar. En el caso también está involucrada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la víctima, quien actualmente cuenta con refugio diplomático en Argentina.

En abril de 2025, una jueza en Santa Cruz anuló temporalmente la orden de captura y los cargos. Sin embargo, la justicia ordinaria restituye posteriormente la orden y declara a Morales en rebeldía. A principios de 2026, la Policía Nacional ratificó que las órdenes de aprehensión continúan vigentes.

Declaración testimonial relevante

Aaron Uciel Cerles, quien se desempeñó como policía y chófer de Evo Morales durante su asilo en Argentina (2019-2020), brindó una declaración testimonial el pasado 17 de marzo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2.

Cerles reveló que el exmandatario no tenía un domicilio fijo, sino que alternaba entre al menos tres propiedades ubicadas en zonas como Liniers y Olivos.

El testigo detalló que Morales era acompañado frecuentemente por una adolescente de entre 16 y 17 años, a quien el entorno presentaba como su “hija”.

Según la descripción del custodio, la joven era de baja estatura y cabello largo, y lo acompañaba a diversos eventos públicos. Cerles aclaró que, aunque no presenció actos irregulares, la presencia de la menor era constante durante el periodo de asilo otorgado por el gobierno de Alberto Fernández.

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Investigación concluye en el caso Evo Morales

La Fiscalía Departamental de Tarija concluyó la etapa investigativa en el caso que se sigue por trata de personas contra Evo Morales. Por lo tanto, ya se inició la carga del pliego acusatorio ante el Tribunal Primero de Sentencia.

Declaraciones del fiscal departamental

Según declaraciones recogidas por Red Uno, el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó desde Sucre que el proceso continúa avanzando. Además, indicó que las autoridades judiciales deberán citar al acusado para que pueda ejercer su defensa y fijar el inicio del juicio.

Expectativas del Ministerio Público

Mogro mencionó: “El caso del señor Evo Morales continúa, el Ministerio Público ya ha realizado toda la investigación correspondiente. Estamos a la espera de que el Poder Judicial pueda realizar las citaciones correspondientes al ahora acusado para que este pueda asumir defensa, presentar su prueba de descargo y fijar día y hora para el juicio oral”, según publicación de Red Uno.

Posibles consecuencias por inasistencia

El fiscal también indicó que si Morales no se presentase a declarar, solicitarán que se lo declare en rebeldía. Esto obligaría al juez a emitir un segundo mandamiento de aprehensión.

Mandamiento de captura vigente

Actualmente, está vigente un mandamiento de captura contra el líder cocalero, que solo puede ser cumplido por la Policía Boliviana. Evo Morales se encuentra desde octubre de 2024 en la región Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. Allí cuenta con el resguardo de seguidores y ha establecido grupos de vigilancia en la sede de las Seis Federaciones para cualquier intervención policial.

Estado de salud y polarización política

Morales volvió a aparecer en público hace cerca de dos meses debido a problemas de salud; confirmó recientemente que había contraído chikungunya. Su regreso fue en su programa radial Kawsachun Coca. El proceso judicial en su contra se relaciona con una presunta relación que mantuvo con una menor durante su periodo presidencial, lo cual ha generado una profunda polarización política y social en el país.

Enfoque del proceso judicial

La Fiscalía limita su enfoque al proceso judicial en contra de Morales, centrado en la presunta relación con una menor durante su mandato. Este caso ha generado una fuerte polarización política y social en Bolivia. El Ministerio Público aguarda que el tribunal fije día y hora para la instalación del juicio oral, una vez se concreten las citaciones.

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Este miércoles 26 de noviembre de 2025, el fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la investigación comenzó cuando el padre de la acusada presentó una denuncia. En ella, alegó que su hija falsificó un documento de compraventa de un bien inmueble, adjudicándose así parte de la casa familiar.

El hombre aseguró que nunca firmó dicho documento ni autorizó la transferencia del inmueble, el cual ya está inscrito a nombre de la mujer, según lo indicado por Morales.

Apertura del caso

El propietario del inmueble formalizó la denuncia, presentando documentos que cuestionan la validez de la supuesta compraventa. Como resultado, la Fiscalía abrió un caso por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Durante la etapa preliminar del proceso, la acusada no se presentó a las citaciones judiciales. Esta inasistencia motivó la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra. Este miércoles 26 de noviembre de 2025, S.V.C. fue finalmente aprehendida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía, donde se espera que sea puesta a disposición del juez cautelar.

Proceso judicial en curso

Morales detalló que el proceso se encuentra en juicio oral y que el Ministerio Público tiene la intención de solicitar la detención preventiva de la acusada. Esto se hace con el fin de asegurar su presencia en el desarrollo de las audiencias.

El fiscal también señaló que la investigación se centra únicamente en la mujer, ya que hasta el momento no se han presentado elementos que involucren a otras personas en la presunta falsificación del documento.

Derechos del propietario

El padre de la acusada sostiene que no firmó ningún acuerdo de venta y que su hija actuó sin su consentimiento, lo que afecta su derecho propietario. El Ministerio Público continúa recopilando pruebas documentales y pericias para establecer la autenticidad de las firmas, así como el procedimiento utilizado para registrar la vivienda a nombre de la acusada.

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Con esta acción procesal, el caso avanza a la siguiente fase, lo que significa que el juez a cargo deberá fijar una fecha para el inicio del juicio oral en contra de Morales.

Detalles de la acusación

La acusación formal fue anunciada por la ahora exfiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, justo antes de ser destituida de su cargo este mismo martes.

Gutiérrez expresó: “Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que, una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”.

Relación con la destitución

Por otro lado, Gutiérrez negó que la acusación contra el expresidente esté vinculada a su salida del cargo de fiscal. Afirmó que su destitución se debe a motivos institucionales y rechazó cualquier presión externa relacionada con su actuación en este caso.

Investigación y antecedentes

La exfiscal destacó que la investigación, que comenzó a finales de septiembre del año pasado, culmina hoy con la acusación formal tras un análisis “minucioso” de todas las pruebas e informes recopilados.

Este caso se remonta a octubre de 2024, cuando la entonces fiscal Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario. Esta orden, que fue refrendada por un juzgado de Tarija, se basó en la denuncia de que Morales supuestamente tuvo un hijo con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia en 2016.

Declaración de rebeldía

A principios de este año, un tribunal judicial declaró a Morales en rebeldía. Esta decisión se tomó después de que el político se ausentara en dos ocasiones, alegando enfermedad, a una audiencia clave que debía resolver la acusación.

Desde octubre del año pasado, Evo Morales no ha dejado el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. El exmandatario se encuentra resguardado en la zona por centenares de sus aliados, quienes, en 2024, incluso bloquearon carreteras para evitar que se concretara su detención.

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Detalles del caso

Lara, que es candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), explicó que este proceso judicial se inició cuando él mismo denunció a un expolicía. Este expolicía supuestamente estafó a 68 familias a través de la venta de terrenos.

“De denunciante pasé a denunciado. Ya me juzgaron y ahora pretenden juzgarme una vez más por el mismo hecho. Si revisan los antecedentes, se trata de un mismo lugar y un mismo hecho”, afirmó Lara en su declaración.

Suspensión de la audiencia

Más de una hora después de su llegada, Lara salió del juzgado al enterarse de que la audiencia se había suspendido por la falta del denunciante. “Me denuncia y no da la cara, ¿por qué no viene a dar la cara?”, expresó Lara sobre la persona que inició este proceso en su contra.

El lunes 25 de agosto de 2025, Lara denunció que había sido citado a una audiencia de juicio oral por hechos relacionados con terrenos que estaban destinados a los uniformados cruceños. Según su versión, ya había sido juzgado y exonerado por estos supuestos delitos.

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Defensa del gobernador

El abogado de la defensa, Martín Camacho, comentó que se cumplieron las condiciones necesarias para el traslado del gobernador, pero que este no se concretó. Informó que la nueva fecha de audiencia ha sido fijada para el viernes 22 de agosto de 2025 a las 8:15 horas. Además, señaló que el traslado a Palmasola debe realizarse cinco días antes de esta fecha.

El jurista responsabilizó al Régimen Penitenciario por las “trabas” que impone para el traslado del gobernador y, como consecuencia, para el avance del proceso judicial. Advirtió que, al cumplirse tres años del caso, solicitará su extinción. También añadió que la presencia física de su defendido en el juicio no se verá modificada.

Postergación del juicio

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, y el procurador del Estado, Ricardo Condori, aclararon que la postergación no se debió a la ausencia del gobernador, sino a la falta de resolución de una apelación y de un amparo constitucional, además de otros aspectos legales que aún están pendientes. Según Saravia, estos recursos deben ser resueltos para evitar futuros retrasos en el proceso.

Origen del caso decretazo

El caso “decretazo” se originó en marzo de 2022, cuando Camacho promulgó el Decreto Departamental 373. Este decreto delegó su suplencia a un secretario de la Gobernación en lugar del entonces vicegobernador, Mario Aguilera.

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La Fiscalía ha denominado a este caso “baldosas”, que tuvo lugar en los primeros días de enero de 2024. La intervención fue realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Tambo Quemado, en la frontera con Chile. Esto ocurrió tras la revisión de una carga de madera que debía ser enviada a Bélgica, Europa.

Gracias a la exhaustiva revisión de los agentes antinarcóticos, se logró descubrir que los narcotraficantes habían camuflado la cocaína en baldosas. Esto fue posible debido al trabajo del ciudadano colombiano, quien mezclaba barniz con cocaína y lo impregnaba en la madera.

Las labores de la Felcn y la Fiscalía resultaron en la incautación de un total de 22 toneladas de droga, lo que representa una afectación al patrimonio del narcotráfico de más de 526 millones de dólares. Esta operación se ha convertido en la mayor incautación de cocaína en la historia de Bolivia.

Identificación de los involucrados

Tras el hallazgo de la sustancia, la Felcn y una Comisión de Fiscales llevaron a cabo una serie de operativos que permitieron identificar a 12 ciudadanos bolivianos y un colombiano como parte de esta organización criminal. Según las investigaciones, los 13 acusados se encargaban de diversas tareas, que incluían la compra de la madera, la fabricación de las baldosas, la logística del transporte y la exportación de las baldosas al exterior.

Fuentes de la Fiscalía han indicado que se realizaron varios allanamientos en Santa Cruz, donde se incautó documentación valiosa y se aprehendió a otros involucrados. Las investigaciones revelaron que la producción de la droga se llevó a cabo completamente en Santa Cruz.

Engaño a las autoridades

Durante el operativo, los narcotraficantes intentaron engañar a las autoridades al trasladar inicialmente un contenedor con baldosas que no contenía droga. Sin embargo, en un segundo vehículo se encontraron las sustancias ilegales.

Además, se identificó que una tercera carga había salido del país y fue intervenida en Perú, donde también se inició una investigación detallada para identificar a los responsables.

Delitos y penas solicitadas

Desde el Ministerio Público se informó que se han identificado a 13 personas como autores del delito. Sin embargo, al menos 4 de ellos fueron detenidos y se encuentran recluidos en el penal de San Pedro. Los demás, que tienen órdenes de aprehensión, están siendo buscados por la Policía.

La Fiscalía ha acusado a los implicados por los delitos de tráfico de sustancias controladas con agravante de volúmenes mayores, asociación delictuosa y confabulación. Se tiene programado que el juicio oral, público y contradictorio contra esta banda de narcotraficantes inicie el próximo 28 de abril, donde el Ministerio Público solicitará una pena de 25 años de cárcel para todos los integrantes de la organización.

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La construcción del Centro de Salud Pumas Andinos se llevó a cabo durante la primera ola de la pandemia del Covid-19, bajo la gestión del exalcalde Saúl Aguilar. El proyecto fue entregado formalmente en marzo de 2021 por el entonces alcalde David Choque. Sin embargo, cuando Adhemar Wilcarani asumió el cargo en mayo de 2021, se detectaron diversas irregularidades que impidieron que el centro comenzara a operar.

Se identificó que el proyecto se ubicó en un terreno donde no existía el derecho propietario para un área destinada a equipamiento. Además, no se realizó una programación adecuada para la instalación de un centro de salud, ni se llevó a cabo un proceso de contratación formal. También se omitió la licitación pública y se hicieron pagos parciales mediante órdenes de servicio provenientes de otras partidas presupuestarias.

Proceso penal en curso

Ante esta situación, el GAMO ha iniciado un proceso penal contra el exalcalde Saúl Aguilar, el exalcalde y exconcejal David Choque, así como contra los exconcejales Oswaldo Olivera, Dennis Villca y Mario Rojas, entre otros exfuncionarios. Las acusaciones se basan en incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Víctor Hugo Miranda, secretario de Asuntos Jurídicos del GAMO, indicó que en el caso se encuentran varias órdenes de servicio y compras que se ejecutaron en diferentes períodos, acumulando un total aproximado de 2 millones de bolivianos. “Evidentemente ha habido algunas empresas que han ejecutado trabajos como hacer aceras y algún trabajo pequeño en ese proyecto que han presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia”, explicó Miranda.

Reclamaciones y saldo pendiente

De esos 2 millones, 149 mil bolivianos son reclamados por una empresa que no recibió el pago correspondiente en su momento. Esto ha generado un saldo en contra del GAMO que busca recuperar. “Si deducimos de los 2 millones los 149 mil bolivianos, hay un saldo importante a favor o en contra del municipio que hay que recuperar”, afirmó Miranda.

No es una sola empresa la que ha estado involucrada en la ejecución de este trabajo; han sido varias las empresas que participaron, cada una con montos determinados. Se destacó que la construcción del centro de salud no estaba contemplada en el Plan Operativo Anual (POA) y que el sector donde se emplazó no contaba con derecho propietario, lo que significa que no se debió haber llevado a cabo ningún proyecto en esa ubicación.

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Fallo del Tribunal Supremo

El fallo dejó firme la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado el sobreseimiento de Fernández en esta causa. La investigación se centra en dos empresas relacionadas con la familia de Fernández y su esposo Néstor Kirchner. Se examinan supuestas maniobras para incurrir en lavado de dinero proveniente de obras públicas.

Por esta causa, que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, fue sobreseída en noviembre de 2021 antes de que comenzara el juicio oral.

Recurso rechazado

El recurso que fue rechazado por el Supremo también había sido solicitado por el hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner. Él está acusado de lavado de activos y asociación ilícita. En el fallo se indicó que “la defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real”, lo que justifica la decisión del tribunal.

Otros casos en curso

Esta decisión llega menos de 14 días después de que el Supremo rechazara otro recurso relacionado con una acusación contra Fernández por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En esa causa, también deberá ir a juicio oral y público.

El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández en una causa conocida como Vialidad. Esta investigación se centró en irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Fernández y Néstor Kirchner.

Investigación Hotesur-Los Sauces

La causa Hotesur-Los Sauces investiga cómo las empresas vinculadas a la familia Kirchner habrían recibido fondos derivados de contratos públicos. La situación legal actual podría tener repercusiones significativas tanto para Fernández como para su círculo político.

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La construcción del Centro de Salud Pumas Andinos se inició durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, bajo la gestión del exalcalde Saúl Aguilar. El proyecto se completó en diciembre de 2020, y fue en marzo de 2021 cuando se llevó a cabo una entrega formal por parte del entonces alcalde David Choque.

Irregularidades en el proyecto

No obstante, cuando el alcalde Adhemar Wilcarani asumió el cargo en mayo de 2021, se identificaron numerosas irregularidades desde un enfoque técnico y legal. Como resultado, el proyecto nunca llegó a funcionar.

El secretario de Asuntos Jurídicos del GAMO, Víctor Hugo Miranda, expresó su preocupación por el hecho de que el proyecto se ubicó en un área donde no existe el derecho propietario para un equipamiento de salud. Además, no se realizó una programación adecuada para la construcción de un centro de salud, ni se llevó a cabo un proceso de contratación formal.

También se destacó que no se realizó una licitación pública ni se utilizó otra modalidad de contratación. En cambio, se realizaron pagos parciales mediante órdenes de servicio, utilizando recursos de otras partidas presupuestarias.

Denuncia contra exautoridades

Ante este cúmulo de irregularidades, el GAMO presentó una denuncia en 2021 contra las exautoridades involucradas en el proyecto.

Entre los denunciados se encuentran el exalcalde Saúl Aguilar, el exalcalde y exconcejal David Choque, así como los exconcejales Oswaldo Olivera, Dennis Villca y Mario Rojas. También está implicado el exsecretario de Infraestructura, Walter Zurita Lucero, y una funcionaria adicional.

Los delitos que se les imputan incluyen incumplimiento de deberes, en relación con el daño económico causado al Estado. Esto se debe a que, al haberse llevado a cabo el proyecto sin cumplir con las condiciones técnicas necesarias, se realizaron pagos parciales que suman aproximadamente 2.000.000 bolivianos. Además, se les acusa de conducta antieconómica, según detalló Miranda.

Progreso del juicio oral

Miranda comentó que las exautoridades están involucradas porque no aseguraron el correcto procedimiento y planificación para la ejecución de este tipo de proyectos. La denuncia se presentó en 2021 y, de manera cronológica, se ha formalizado la imputación de estas personas.

En este momento, se está avanzando hacia el juicio oral público y contradictorio, donde se definirá la situación jurídica de los acusados y si son penalmente responsables de los delitos cometidos.

Según Miranda, hace dos semanas se presentaron las acusaciones tanto del Ministerio Público como del GAMO, y se convocó al inicio del juicio oral. Sin embargo, debido a cuestiones formales y al receso en el Órgano Judicial, este se ha aplazado para los primeros días de enero de 2025.

Esperanza de solución

Estamos a la espera del juicio oral para definir la situación jurídica y legal de los acusados. Luego de esto, se buscarán alternativas para resolver este conflicto y garantizar una atención adecuada en salud, concluyó Miranda.

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“Hoy estoy aquí presente para demostrar que no cometí ningún delito”, declaró Vizcarra a los periodistas antes de ingresar al juzgado de Lima. Este tribunal tiene programado iniciar un juicio oral en su contra por la supuesta comisión del delito de cohecho, que se refiere a la recepción de sobornos.

El exgobernante aseguró que no ha “salido del país” y que no se ha “corrido” de la Justicia. Inicialmente, la Fiscalía le imputó 4 delitos, pero luego archivó la investigación por presunta asociación ilícita, colusión agravada y abuso de autoridad.

“Ya iba a ser vergonzoso para la Fiscalía que archive todo y dejó uno, cohecho”, agregó Vizcarra. También confirmó que su defensa ha solicitado que se postergue el inicio del juicio oral y que se regrese a la etapa de control de acusación, la cual, según él, no se cerró adecuadamente.

El exmandatario enfatizó que no está pidiendo la anulación del juicio oral, sino que desea que “se regularice el proceso”. Reiteró que va a demostrar que es “absolutamente falso” que haya cometido actos de corrupción.

Detalles del juicio oral

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la magistrada Fernanda Ayasta, ha convocado para iniciar este lunes el juicio oral contra Vizcarra. Esto se debe a la presunta entrega irregular de concesiones para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital en Moquegua.

El Ministerio Público ha solicitado que Vizcarra sea condenado a 15 años de prisión. La Fiscalía sostiene que empresas de construcción entregaron al entonces gobernador de Moquegua pagos por 2,3 millones de soles, lo que equivale a aproximadamente 611,000 dólares o 565,000 euros, para adjudicarse las obras.

Declaraciones del fiscal

El fiscal anticorrupción Germán Juárez afirmó este domingo en el diario El Comercio que están “convencidos del caudal probatorio que se ha obtenido”. Según él, Martín Vizcarra ha cometido los delitos de cohecho pasivo propio y que, por ello, se espera obtener una sentencia condenatoria.

Por su parte, Vizcarra ha interpuesto una acción legal para que el tribunal declare la nulidad de la citación a juicio oral. Argumenta que el auto de acusación debía incluir también la imputación por la presunta comisión del delito de colusión, por el que fue acusado inicialmente por la Fiscalía.

Próximas sesiones del juicio

El tribunal ha programado la segunda sesión del juicio oral para el próximo 4 de noviembre. En esta sesión, deberá pronunciarse sobre el pedido de Vizcarra al inicio de la audiencia de este lunes.

/ VCC /

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Detalles del juicio oral

Este juicio oral es parte de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty. La denuncia está relacionada con los eventos que ocurrieron tras las elecciones presidenciales de 2019. La audiencia se suspendió y se reanudará el martes 29 de octubre.

Observaciones del tribunal

Fernando Vaca, abogado defensor de Camacho, explicó que el tribunal encontró razones válidas en los incidentes que presentó la defensa. Esto llevó a la anulación de la acusación en su forma actual.

Las observaciones más importantes del tribunal se centran en la falta de claridad en la individualización de los hechos que se le atribuyen a Camacho. También se mencionó la necesidad de una descripción precisa de estos eventos y una mejor tipificación de los delitos, que incluyen cohecho activo y seducción de tropas.

Situación de Marco Pumari

En el caso de Pumari, su abogado Diego Gutiérrez indicó que la Fiscalía debe aclarar los detalles sobre el tiempo, modo y lugar en que su cliente supuestamente cometió el delito. Además, destacó una contradicción en la acusación, ya que en algunas partes se menciona a Pumari como autor y en otras como cómplice de los hechos que se investigan.

Aclaraciones del subprocurador

El subprocurador Ricardo Condori aclaró que la decisión del tribunal no significa que la acusación se anule por completo. Se trata de observaciones formales que deben ser corregidas para avanzar en el proceso.

Retorno a los centros penitenciarios

Después de la suspensión de la audiencia, las autoridades del Régimen Penitenciario decidieron que Camacho y Pumari regresen a los centros penitenciarios donde están detenidos. Ambos líderes cívicos están siendo investigados por su papel en los eventos de octubre y noviembre de 2019, que resultaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

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Además de Jeanine Añez, se encuentran implicados en este juicio los exministros de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, y los ministros de Hidrocarburos, López Julio, Víctor y Hugo Zamora Castedo.

Contexto de la masacre de Senkata

La masacre de Senkata tuvo lugar durante las protestas de noviembre de 2019, donde 20 personas perdieron la vida debido a operaciones llevadas a cabo por fuerzas militares y policiales. En ese momento, el Decreto Supremo 4078 eximía a estas fuerzas de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció el 23 de octubre de 2023, cuando los procesados fueron acusados, que se solicitará una pena máxima de 30 años de privación de libertad.

El contexto político y la crisis social

Estos hechos ocurrieron en medio de una crisis social tras la renuncia del presidente Evo Morales y la proclamación de Jeanine Añez como presidenta en un contexto cuestionado por la falta de quorum reglamentario y la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo, que en ese momento tenía dos tercios de los votos.

Esclarecimiento de los hechos y búsqueda de responsabilidades

Este juicio tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos durante esas jornadas de violencia y determinar las responsabilidades de los involucrados en la masacre de Senkata. Se espera que este proceso brinde justicia y contribuya a la verdad y reconciliación en el país.

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El juicio dará comienzo el lunes 1 de julio a las 09:00 horas y se centrará en la investigación de la presunta adquisición de gases lacrimógenos realizada por el Ministerio de Defensa en los primeros meses del gobierno transitorio a través de la empresa Bravo.

Compra con intermediación de la empresa Bravo

En este caso, se está indagando la compra que el Ministerio de Defensa realizó para la Policía, la cual se sospecha que fue efectuada con un sobreprecio. La transacción se llevó a cabo a través de la empresa Bravo, que actuó como intermediaria para obtener los gases de la empresa brasileña Cóndor. Según informes, el propietario de Bravo habría participado en un esquema de sobreprecio.

Exministros procesados en rebeldía

Tanto Arturo Murillo como Luis Fernando López están siendo procesados en rebeldía. Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero proveniente de actos corruptos, mientras que López está tramitando su solicitud de refugio en Paraguay. Además de los exministros, también se enfrentarán a juicio los exfuncionarios involucrados en la compra, así como el empresario Samuel Berkman, quien ya ha sido condenado en Estados Unidos.

Preocupación por la transparencia en las adquisiciones públicas

Esta investigación revela un presunto caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno transitorio de Jeanine Añez, lo cual ha generado preocupación en la ciudadanía en cuanto a la transparencia y legalidad en las adquisiciones públicas.

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Recientemente se cambió al director del penal ubicado en el municipio de Viacha, en La Paz, por lo tanto, están a la espera del informe del nuevo encargado para determinar si existen las condiciones necesarias para cumplir con la determinación judicial.

Camacho citado para juicio oral por el caso “Decretazo”

El gobernador Luis Fernando Camacho está citado para presentarse al inicio del juicio oral en su contra por el caso del decreto 373. La audiencia está programada para el 27 de mayo en la capital cruceña.

El abogado defensor de Camacho, Martin Camacho, considera que no hay excusas para llevar a cabo el traslado y pidió a las autoridades carcelarias que cumplan con la orden judicial. Sin embargo, Limpias reiteró los argumentos expuestos anteriormente sobre los supuestos riesgos que implica el traslado de Camacho y por qué aún no se ha llevado a cabo.

Seis cambios de directores en Chonchocoro en los últimos dos años

En los últimos dos años se han cambiado seis directores en Chonchocoro debido a la rotación del cargo.

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Limpias ha expresado su preocupación por posibles intervenciones de grupos radicales que podrían tomar el aeropuerto por la fuerza. La seguridad tanto de los escoltas como la del propio Camacho es primordial en esta situación.

Desde la primera convocatoria, se han hecho públicas amenazas de sectores que aseguran que no permitirán la salida de Camacho, lo que ha generado claros indicios de riesgo. Limpias ha destacado la importancia de garantizar la seguridad en todo momento y ha solicitado al director del centro penitenciario que actualice los informes pertinentes.

Tensiones y evaluación constante de la situación

El traslado de Luis Fernando Camacho para el inicio de su juicio oral ha generado tensiones debido a las condiciones de seguridad inadecuadas y las amenazas recibidas por parte de grupos radicales. Las autoridades penitenciarias se encuentran evaluando constantemente la situación para evitar posibles incidentes violentos durante el traslado.

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El abogado de Zapata, Brayan Ramírez, ha expresado su esperanza de que el juicio concluya mañana o en la siguiente audiencia y que el resultado sea de conocimiento público. Además, ha señalado que su defendida ha afirmado ser inocente y eso es lo que están buscando demostrar en el Tribunal de Sentencia.

Exmandatarios Morales y García Linera no comparecen como testigos

En la etapa de declaración de testigos de descargo, se esperaba la comparecencia de los exmandatarios Morales y Álvaro García Linera, así como de otras exautoridades. Sin embargo, ninguno acudió y se decidió retirarlos de la lista.

Esperanza de sentencia absolutoria para las personas procesadas

Manolo Rojas, también abogado de Zapata, ha manifestado que están esperando que el tribunal emita una sentencia absolutoria para todas las personas que están siendo procesadas. Además, ha señalado que este caso obedece a una justificación de la derrota electoral del 21F en 2016, cuando Evo Morales perdió el referendo.

Juicio por trata y tráfico de personas denunciado por expresidente

El juicio contra Zapata y otros por el delito de trata y tráfico de personas fue denunciado por el propio expresidente debido a la presunta suplantación de identidad del hijo que supuestamente tuvieron juntos hace ya 8 años.

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El abogado de Camacho, Martín Camacho, reveló que se ha ordenado nuevamente el traslado del gobernador al juicio el 11 de abril, bajo amenaza de sanción disciplinaria. La falta de condiciones para el traslado desde Chonchocoro hasta el penal de Palmasola en Santa Cruz fue el motivo principal del aplazamiento.

Obstáculos Procesales

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, señaló que el juicio por el caso “decretazo” enfrenta obstáculos debido a deficiencias procesales, como la falta de notificaciones y actuados. Estos problemas han impedido el avance del proceso legal.

Denuncias de Injerencia

La defensa de Camacho denunció una presunta injerencia del gobierno en la justicia para evitar su traslado a Santa Cruz. Familiares y allegados esperaron en vano su llegada al juzgado, mientras que desde la Dirección General de Régimen Penitenciario se argumentó que los informes de seguridad y logística justificaron la decisión de no trasladarlo.

Preparativos para la Próxima Audiencia

Se espera que en la próxima audiencia programada para el 11 de abril se resuelvan las cuestiones pendientes para garantizar la presencia de Camacho en el juicio. La Dirección General de Régimen Penitenciario deberá asegurar las condiciones necesarias para el traslado del acusado y así evitar nuevos aplazamientos.

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Protocolos de seguridad activados

Martín Camacho, abogado defensor del gobernador electo, confirmó que la Dirección de Régimen Penitenciario ha activado los protocolos de seguridad para cumplir con la orden de traslado. La máxima autoridad del departamento cruceño permanecerá en la cárcel de Palmasola durante todo el desarrollo del juicio oral, según lo establecido en la Ley Nº 2298 y el Código de Procedimiento Penal.

Inicio del juicio el 11 de marzo

El juicio oral está programado para iniciar puntualmente el lunes 11 de marzo, según indicó el jurista Martín Camacho. El proceso puede extenderse varios días debido a la producción de pruebas, habiéndose notificado a todas las partes, incluidos los 17 testigos del caso.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha solicitado información a la unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana con respecto a este asunto.

Orden judicial y controversia

La decisión surge después de que el Tribunal de Sentencia Octavo en Santa Cruz ordenara el traslado del gobernador para su juicio por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Esto se relaciona con el Decreto Departamental 373 emitido en marzo de 2022.

Riesgos y alternativas

El ministro del Castillo destacó que existen otros medios disponibles para llevar a cabo los juicios si no se cumplen las condiciones materiales necesarias para un traslado seguro. “Si eso puede generar conflictividad, evidentemente no lo vamos a hacer”, afirmó.

Sugerencia virtual ante posibles conflictos

Por otro lado, los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) han propuesto que el juicio se realice virtualmente. Advierten que llevar adelante una audiencia presencial podría “generar un caos social” en Santa Cruz.

Situación actual y próxima audiencia

Actualmente, la autoridad cruceña se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro en La Paz y deberá ser trasladado a Santa Cruz para la audiencia de juicio oral.

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Para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, se ha ordenado el traslado de Camacho desde el penal de Chonchocoro, donde ha estado recluido durante más de un año, a Santa Cruz de la Sierra. El abogado defensor Martín Camacho aseguró que esta orden es “inapelable” y requiere que su cliente sea trasladado al penal de Palmasola, donde deberá permanecer durante todo el proceso para preservar los principios de “oralidad y mediación”.

Reasunción inmediata del poder

Efraín Suárez, exasesor principal de Camacho en la Gobernación, afirmó que una vez que pise territorio cruceño, la autoridad reasumirá inmediatamente su poder. Según Suárez, el fallo inconstitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) justificó el golpe dado a la Gobernación debido a la ausencia del gobernador fuera del departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, al estar presente en dicho departamento, debe asumir automáticamente su cargo.

Duración incierta del juicio

Tanto el abogado defensor como Suárez no pueden predecir cuánto tiempo durará este juicio. Suárez explicó que la presencia del gobernador será necesaria mientras se lleve a cabo en Santa Cruz y destacó las numerosas acciones que deben realizarse durante las audiencias. Martín Camacho remarcó que el juicio oral no puede interrumpirse.

Detención preventiva en Chonchocoro

El gobernador Camacho fue detenido preventivamente en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad ubicada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, por el caso Golpe I. En octubre de 2023, la Fiscalía lo acusó formalmente por intentar delegar su cargo de forma interina a un secretario en lugar del vicegobernador Mario Aguilera. El caso conocido como “Decretazo” se refiere a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y el Ministerio Público solicitó una pena de seis años de prisión.

Suplencia ejercida por Aguilera

Durante más de un año, Camacho gobernó desde Chonchocoro, pero una resolución del TCP ordenó que Aguilera ejerza el cargo en suplencia hasta que salga de prisión. Esta decisión se materializó el 26 de enero en medio de una grave ruptura institucional interna en la Gobernación cruceña.

Cumbre para resolver tensiones

Fernando Larach, presidente del Comité pro Santa Cruz, afirmó que siempre han pedido el cumplimiento de la norma y si corresponde que el Gobernador electo asuma sus funciones o esté presente para su juicio oral en Santa Cruz, así debe ser. Larach también ratificó ayer el plan de llevar a cabo una “cumbre de la unidad” en marzo para resolver las tensiones surgidas debido al conflicto entre Aguilera y Camacho dentro de la Gobernación.

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Este jueves, nuevamente se suspendió la audiencia del inicio del juicio oral contra Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, y otras diez personas por el presunto caso de trata y tráfico relacionado con la acusación de suplantación del supuesto hijo del expresidente. La decisión se tomó debido a que uno de los acusados presentó un documento que avala su otra audiencia previamente programada. La nueva fecha se fijó para este viernes a las 12:30.

Zapata llega al juzgado sin declarar

Zapata llegó al Juzgado de La Paz usando un barbijo negro pero no emitió ninguna declaración a la prensa. Sin embargo, estuvo acompañada en esta ocasión por Ximena Fortún, quien señaló que demostrarán la inocencia de las personas acusadas. Fortún también está siendo investigada en relación con el caso y era propietaria de la mansión en la que vivía Zapata cuando estalló la polémica en 2016.

Ausencia continua de Morales y García Linera

Una vez más, ni Morales ni Álvaro García Linera se presentaron este jueves.

Notificaciones cumplidas para el denunciante

“Se ha suspendido por séptima oportunidad y por parte del Juzgado, el Tribunal ha determinado que sí se han cumplido las notificaciones vía edicto para el denunciante Juan Evo Morales Ayma”, indicó Manolo Rojas, abogado y representante de Pilar Guzmán, quien en un momento del caso se presentó como “tía” de Zapata sin tener ningún lazo familiar.

Dificultades para citar a Morales

“Se ha hecho imposible la emisión de los comparendos nuevamente a Evo Morales Ayma. Lo que ha determinado el Tribunal es que primero se resolverán incidentes y excepciones, y cuando sea el momento oportuno para convocar a Evo Morales Ayma, se le llamará vía exhorto suplicatorio”, explicó Rojas.

Morales no está obligado a declarar como denunciante

El jurista también explicó que dado que Morales vive en Cochabamba, será necesario realizar un “trámite burocrático” para notificarlo. “Si no viene, ya lo ha anticipado el Tribunal: si Evo Morales es notificado correctamente y no acude, se aplicará la orden de compulsa”, añadió Rojas. El abogado también señaló que Morales no está obligado a declarar como denunciante, pero sí cuando sea citado como testigo durante el juicio.”

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El principal querellante, Severo Tórrez, lamentó que durante estos años haya pasado por una viacrucis con difamaciones, calumnias y persecución política judicial. Atribuye todo esto a un complot político por parte del exburgomaestre.

Después de seis años desde que se hizo pública la querella del “caso mochilas”, Tórrez informó que ahora el caso se encuentra en la última etapa. Está prevista la continuidad del juicio oral el 13 de septiembre en el Juzgado Sentencia en lo Penal Nº 4.

“Por suerte estamos en la última etapa. Esperemos que las autoridades judiciales esta vez no permitan más suspensiones. Queremos saber quiénes son los autores intelectuales y materiales y deben ser sancionados porque este caso no es un hecho particular ni aislado. Se están investigando hechos de corrupción relacionados con una exautoridad”, aseveró.

Acusaciones falsas contra el querellante

Tórrez es acusado por los vecinos de la Junta Vecinal Comibol Rumy Campana, quienes exigen su retiro del mercado que lleva el mismo nombre. Sostiene que este es un “grupo de choque” creado por Bazán en 2017 como venganza.

“Estas acusaciones y difamaciones siempre han venido o se han armado por Edgar Bazán como venganza y represalia. Todo esto es ejecutado a través de su grupo de choque que ha creado en Rumy Campana desde 2017 hasta la fecha”, refirió.

Delitos relacionados con mochilas chinas

El Ministerio Público acusó a 21 personas, entre exfuncionarios y actuales del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Bazán es el principal sindicado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.

La investigación penal se inició luego de la entrega de más de 91 mil mochilas chinas a estudiantes en la gestión 2016. Estas debían ser confeccionadas en Oruro, pero aparentemente fueron compradas en el país asiático. Se presume que hubo un sobreprecio al adquirirlas.

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El 24 de septiembre del 2021, durante los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho, suspendió los actos centrales donde participaba el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

“Esta audiencia del juicio oral se llevará a cabo el 22 de febrero a las 09:00 horas, para el cual hemos sido notificados recientemente. Esto es importante aclarar a la población. Nosotros no pactamos jamás con la derecha, es más, estamos haciendo seguimiento a todos los procesos que existen en contra del señor Rómulo Calvo, en el caso de la Caja Petrolera, este otro delito, y también por lo que ha pasado en los 36 días del paro”, indicó Morales, según reporte de la agencia estatal ABI.

Calvo calificó en esa oportunidad como trapo sin representación a la Wiphala y pidió no ser cuervos a la gente de Occidente en Santa Cruz que apoya el “wiphalazo” convocado por el partido de Gobierno.

“Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, expresó el cívico en ese entonces a los periodistas, sobre el símbolo patrio, horas previas a la realización de un acto de protesta por el desagravio a la Wiphala y en defensa del Gobierno de Luis Arce.

La diputada añadió que en el mencionado juicio oral será el juez quien determinará cuántos años corresponde sancionar, ya que el ultraje a los símbolos patrios está establecido de cuatro a ocho.

El artículo 129 del Código Penal, referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que el que ultrajare públicamente la Bandera, el Escudo o el Himno, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.

/MDCB

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El juicio oral se instalará en Sucre a las 09:00 horas y será vía virtual, sin embargo, la defensa de los acusados pedirá que sea presencial para que puedan defenderse.

Entre tanto, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó este lunes que en septiembre está señalada la audiencia y esperan que se desarrolle sin ninguna dificultad y en el marco de la celeridad.

“Vamos a estar a la espera del desarrollo de la audiencia (…). El Ministerio Público irá a fundamentar y aprobar justamente los cimientos que tiene esta acusación para poder buscar una sentencia”, argumentó Nava.

Por su parte, la mamá de Yassir M. señaló que los 20 años que la Fiscalía pretende pedir no amerita a las acusaciones que se les impuso.

Sin embargo, su equipo jurídico está trabajando para asumir defensa y está por presentar una cesación para que su hijo pueda defenderse en libertad.

“El 21 de agosto tenemos una movilización para pedir la libertad de todos los presos políticos (…). El 15 de septiembre en el juicio si hay sentencia, caerá sobre mi hijo, ya que supuestamente es el cabecilla de la RJC”, añadió.

ANTECEDENTES

Yassir M. es acusado por la comisión de los delitos de organización criminal; tenencia, portación y uso de armas de fuego no convencionales; atentado contra bienes públicos; privación de libertad; impedir y estorbar el ejercicio de funciones; destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado.

Está recluido en la cárcel San Pedro de Oruro, mientras que los hermanos B. están en la cárcel de Sucre. Melisa S. fue beneficiada con detención domiciliaria en Cochabamba.

/SVL

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“En el mes de septiembre está señalada esta audiencia donde estamos a la espera, justamente, de que se pueda desarrollar sin ninguna dificultad y en el marco de la celeridad”, informó en recientes horas el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.

A fines de junio se emitió la acusación formal en contra de Molina, Mario Antonio Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, todos ellos detenidos preventivamente en diferentes cárceles, mientras que Milena Sotto, tiene detención domiciliaria en Cochabamba.

“Vamos a estar a la espera del desarrollo (de la audiencia), el Ministerio Público va a ir a fundamentar y a probar justamente los cimientos que tiene esta acusación para poder buscar una sentencia”, añadió Nava, según reporte de la red Erbol.

Desde el Ministerio de Gobierno, parte acusadora en el caso, señalaron que la RJC operó durante 2019 y 2020 como un grupo armado para “atentar” contra la seguridad interna del Estado y cometer una serie de delitos, así como incurrir en la tenencia, fabricación y ensamblado de armas artesanales como bazukas.

En la audiencia se adelantó que solicitarán la pena máxima de 20 años de presidio.

/MDCB

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Asimismo, el abogado no descartó que los nuevos involucrados sean los mismos compañeros con quienes estudiaba Anakin.

“En el juicio vamos a demostrar quienes son los responsables, no son ni Luz, ni Álvaro, son otras dos personas que participaron en el hecho, vamos a ver en el juicio quienes son los actores mediatos de este hecho”, detalló Carrillo.

Por otro lado, señaló que este dato fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

“Se sabe quiénes son los autores, solamente que el Ministerio Público no tuvo la voluntad de investigar quienes son los autores”, aseveró Carrillo.

De ese modo también revelo que tienen muchos testigos, entre ellos, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y también Policías.

“Nosotros tenemos una lista de testigos, con lo cual vamos a demostrar no solamente que mi cliente no participó en el hecho, sino que es inocente, vamos a demostrar aparte más de 100 vulneraciones de derechos en los cuales se incurrió en contra de mis clientes”, agregó Carrillo.

El juicio oral de sentencia continuará el próximo 20 de mayo en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto.

En agosto de 2021, se suscitó el lamentable asesinato y descuartizamiento del joven universitario que estudiaba Derecho en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Anakin Tancara y días después hallaron partes de su cuerpo en la urbanización Bella Vista de El Alto el 1 de septiembre, su torso fue encontrado en el cuarto de su exenamorada Luz P.

/ABH

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“Ustedes y yo sabemos todo lo que pasó y no hicimos nada ilegal, actuamos de acuerdo a las circunstancias, pero si no quieren declarar, no lo hagan, cada quien con su conciencia”, escribió Áñez en la misiva dirigida a su excolega parlamentaria y exministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco.

Sin embargo, “de mi parte, no hubo ninguna mala fe de buscar testigos en algo en el que nos pusimos de acuerdo todos y que no los puede perjudicar en nada, a no ser por el miedo que no sé a qué será, (pero) ser testigo no los compromete”, señala parte del escrito.

Además, aseguró que entiende el “temor” de Capobianco, aunque no lo comparte. Añez afirmó que puso como testigos a los parlamentarios que estaban con ella durante la crisis de 2019.

Pues, “este fraudulento caso se trata de los momentos previos a que yo asuma (como mandataria) y ¿quiénes eran los que estaban conmigo? Obviamente mis colegas parlamentarios que, así como vos, (…) eran los que más aportaban para ver cómo salíamos de ese entuerto en el que nos encontrábamos”, afirmó.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Tras los conflictos de 2019 y la renuncia del expresidente Evo Morales a su cargo, Jeanine Áñez, asumió la presidencia del órgano camaral y luego la sucesión, en actos que se desarrollaron en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ese hecho es calificado como un golpe de Estado y es investigado en dos procesos: los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.

Este último ya se encuentra en la etapa de juicio oral, en el que Áñez y otras ocho personas son procesadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes.

/HNF/

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El 10 de septiembre de ese año, el entonces Ministro de Gobierno presentó ante los medios de comunicación la fotografía de Pacheco como la supuesta responsable del rapto de la menor Samantha. Horas después, la mujer se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para negar y desmentir la acusación en su contra, tras comparecer, se determinó su libertad.

“Murillo fue notificado por edictos a nivel internacional y eso nos da pie a que podamos encausar el juicio que se inició hace dos años. Ahora estamos a la espera de que se nos señale día y hora de la audiencia del juicio”, señaló Frank Campero, abogado de Pacheco.

En mayo del pasado año, el Ministerio Público declaró en rebeldía al exministro de Gobierno ya que se encontraba fuera del país. Pese a esa situación, la institución decidió continuar con el proceso de investigación.

Campero manifestó que las declaraciones públicas de Murillo son pruebas suficientes para continuar con la demanda. Además, recordó que la exautoridad fue imputada por calumnia, difamación e injuria.

La parte demandante está a la espera de que se determine hora y día para el inicio del juicio oral. El jurista indicó que otra solicitud de la víctima es la reparación de daños, ya que tras ser acusada por la exautoridad fue sindicada como una delincuente.

“El delito ya está comprobado, solo vamos a cumplir las formalidades procesales de sentencia condenatoria contra Arturo Murillo. También vamos a solicitar la reparación de los daños causados a mi cliente”, afirmó el abogado.

Actualmente, Murillo está recluido en una cárcel de Estados Unidos acusado por lavado de dinero y pago de sobornos con el sobreprecio de la compra de gases lacrimógenos en el Gobierno de la expresidente Jeanine Áñez. El juicio, en ese caso, se postergó hasta noviembre de este año.

/HNF/

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“El juicio contra Añez es una farsa: No la juzgan jueces sino títeres que no respetan ni siquiera su derecho a estar presente en el proceso y que deciden qué argumentos puede presentar. Encabezará la historia de las peores vergüenzas del sistema judicial”, señaló Medina en sus redes sociales.

Además se refirió sobre el tema en el marco del juicio oral y contradictorio que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción lleva adelante en contra de la exmandataria, instancia que resolvió excluir 35 de las 41 pruebas de descargo que presentó la defensa de Añez.

El abogado Luis Guillén por su parte criticó la conducta de los jueces, que en su criterio actúan de oficio “que escogen los hechos que van a juzgar, sin considerar ni un antes ni un después de lo sucedido entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, y pretenden borrar el contexto social, de violencia que vivía el país generado por el vacío de poder”, aseveró, según informó el medio Página Siete.

Jeanine Áñez es juzgada en un tribunal ordinario por haber asumido la presidencia ese año, para la Fiscalía General del Estado (FGE), Añez se autoproclamó y asumió el cargo de manera inconstitucional, porque no asumió el mando en cumplimiento de las leyes y de la Carta Magna.

“Es el hecho de que no se haya sujetado a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, toda vez que para algunos se trataría de una exmandataria. Los casos golpe I y golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Añez antes de que sea autoproclamada presidenta”, afirmó el secretario de la FGE, Edwin Quispe.

/HNF/

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Asimismo, la hija de la exmandataria, Carolina Ribera denunció que, tras el periodo de la audiencia, la salud de su madre empeoró y que presentaba síntomas de hipertensión.

“Se cumplen 12 horas. de audiencia y continúa el ilegal juicio contra Jeanine Añez, sigue la tortura sistemática contra la expresidenta, presa política, detenida hace 387 días y a expensas del tribunal inhumano que abusa del delicado estado de salud de una mujer enferma e indefensa”, publicó la exautoridad en su cuenta de Twitter a las 21:09 horas.

El juicio oral de la exsenadora se reinstaló el lunes precedente a las 09:00 horas, en el caso denominado “Golpe de Estado 2”, el acto judicial fue virtual y prosiguió hasta la medianoche por la resolución de incidentes.

“Bueno, no porque yo lo quiera, sino porque es hora de dejar constancia de la vulneración de DD.HH. 1ro. – No se deja que las audiencias sean presenciales, lo que atenta al principio de ‘Inmediación’, que significa que todas las partes deben estar físicamente presentes”, publicó también en Twitter el abogado de Añez, Alain De Canedo.

Además, De Canedo añadió una segunda vulneración a los DD.HH. Señaló que no se permite la participación de medios de comunicación, lo que vulnera el Art. 116 del CPP y Art. 8 de la Convención Americana sobre DD. HH., que prescriben que los procesos y juicios son públicos.

También, el jurista mencionó una tercera: el Auto de Apertura de Juicio manda que, si los testigos no están presentes, se considerarán por no presentados.
“Bueno, no asistieron los de cargo, así que a los presentes (de descargo) los tuvieron horas en la nebulosa, para después desconectarlos, sin previo aviso“, declaró.

Y, la cuarta vulneración a derechos humanos que alertó el jurista tiene que ver con que después de la interposición de excepciones e incidentes, declaran cuarto intermedio para resolverlos.

“Van 5 horas en ese trámite. ¿Querrán hacerlo en madrugada para evitar apelación?”, manifestó el abogado.

De esa manera la audiencia fue restringida a medios de comunicación, pese a que tenía carácter público y fue compartido el link de acceso. Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa manifestó su protesta ante lo sucedido.

De esa manera, en el “Golpe de Estado 2” también están acusados seis exjefes policiales y militares, dos de ellos fueron declarados en rebeldía y tienen defensa pública asignada para culminar el proceso.

El caso hace referencia a supuestos actos irregulares que hizo Añez entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, cuando fue senadora y luego Presidente interina de Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales.

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“Entiendo que Edwin Blanco es juez pero debido a esta acusación cesaría de sus funciones de juez, eso establece la Ley 025 que es la Ley del Órgano Judicial y tendría que responder a la acusación, no puede seguir siendo juez a partir de una acusación“, afirmó Alave durante una entrevista con Red Uno.

Ambos responderán a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes por lo que se exigirá una condena de diez años de cárcel.

Blanco asumió el cargo de juez del Tribunal de Sentencia 13º de la ciudad de La Paz, el 1 de junio de 2021, luego de obtener una buena calificación y quedar cuarto en calificación en la compulsa de seis candidatos quien fue designado por el Consejo de la Magistratura. Por su lado, Boyan ejerce la profesión libre de abogada.

Sin embargo, Edwin Blanco dejó sus funciones como Fiscal Departamental de La Paz en octubre de 2018 y asumió el cargo Williams Alave mediante un interinato. Para aquella vez el caso de Alexander ya generó cuestionamientos y dudas contra las autoridades del Ministerio Publico.

El proceso penal es por el caso del bebé Alexander, que murió aún por causas sin determinar en 2014, y aquella vez se presumió que fue violado por el médico Jhery Fernández a quien en 2018 lo condenaron con 20 años de cárcel.

Alave dijo que entre este martes y miércoles el Juzgado de la causa debe ordenar la radicatoria de la acusación y hasta en 45 días convocar a la audiencia de apertura de juicio oral que es la última fase para emitir una condena.

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Añez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en la ciudad de Trinidad, luego fue imputada por los casos golpe I, en el que se la acusa de presunto terrorismo, sedición y conspiración; y por el golpe II, que es imputada por asumir la Presidencia de manera presuntamente inconstitucional en noviembre de 2019, después de la renuncia del entonces Presidente Evo Morales, que escapó a México después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo acusara de incurrir en fraude en los comicios de ese año.

La exmandataria fue enviada a la cárcel inicialmente por cuatro meses, luego se ampliaron a seis y, recientemente, por otros tres más.

En ese tiempo sus familiares denunciaron supuesta persecución política, abuso de la detención preventiva y otras irregularidades que habría cometido la justicia “servil al partido oficialista”. Asimismo, se emitieron varias alertas por el estado de salud de Añez, quien incluso intentó atentar contra su vida.

“Le aplicaron de una forma amañada las medidas cautelares. En todos los procesos han ido ampliándole la detención preventiva. Por eso ya es un año del secuestro que vive Jeanine Añez por parte de la justicia masista”, denunció Jorge Valda, uno de los cuatro abogados que integran la defensa de Añez.

El juicio oral por el caso donde se la acusa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, e incumplimiento de deberes, que habrían sido cometidos previamente a la posesión como jefa de Estado en noviembre de 2019, iniciará el 28 de marzo.

Los querellantes en este proceso son el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su par de Justicia, Iván Lima, además del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, todos ellos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Argumentos del Gobierno

Los argumentos del Gobierno para enjuiciar a Añez son: Que ella en su calidad de senadora se habría autoproclamado presidenta sin quórum en la Asamblea Legislativa y sin respetar los procedimientos constitucionales para asumir el cargo.

Los días previos al 12 de noviembre de 2019, fecha del inicio del interinato, los directivos de la Asamblea Legislativa, miembros del oficialismo, renunciaron a sus cargos y denunciaron que fueron obligados a hacerlo para proteger su integridad y la de sus familias. Más tarde algunos admitieron que siguieron órdenes de su propio partido para renunciar.

Asimismo, el Gobierno arguye que el expresidente Evo Morales renunció por la presión y la convulsión social propiciada por los dirigentes cívicos, además que ya no tenía la protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que se habían amotinado e incluso sugirieron dimitir de su cargo al entonces mandatario.

“Yo creo que Añez es la prueba de todo el proceso de sedición. Ella peca de tonta porque nadie la respalda y ninguno de esos que la utilizaron no la respalda. Ella termina siendo la prueba de todo el proceso de sedición y golpe de Estado”, aseguró el exsenador del MAS, Omar Aguilar.

Una de las críticas a este juicio y denunciado por las mismas víctimas es el manejo de la imagen de los afectados en las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani para impulsar esta demanda.

Los familiares de las víctimas denunciaron que están a la espera de un juicio específico para encontrar a los responsables e identificar a quienes dispararon, hirieron y detuvieron en la ciudad de El Alto.

“Lo que sí debería hacer el Gobierno actual es esclarecer y pensar en las víctimas de la masacre. ¿Qué han hecho por nosotros, quién se preocupa por nosotros?, nadie. Bien nos usan cuando les conviene, para cualquier actividad, nos usan como banderas”, reclamó la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle.

Al respecto, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez explicó que la denuncia tiene una relación de causa y efecto. Por tanto, las masacres serían consecuencia de la presunta autoproclamación. Señaló que no pueden interpretarse de manera aislada.

Defensa de Añez

Para la defensa de Jeanine Añez, el Gobierno no ha demostrado de forma efectiva y creíble la presunta autoproclamación. Alegan que su defendida sufre de supuesta persecución política y está a merced de una justicia “servil” al partido de Gobierno.

Sobre los procesos, el jurista Jorge Valda indicó que el caso golpe II fue abierto para subsanar los errores del caso golpe I. Denunció que Añez nunca declaró para el segundo caso y solo utilizaron la primera declaración en la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS, Lidia Paty.

También afirmó que los argumentos del Gobierno son los mismos en ambos casos y, pese a ello, no se reduce a un solo proceso y se le amplía de manera irregular la detención preventiva, según reportó el diario El Deber.

Las pruebas presentadas por Añez en el proceso por resoluciones contrarias a la ley son el reconocimiento del Tribunal Constitucional, cuando a solo minutos de su proclamación dio su respaldo legal a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2000, que se sustenta en la “vacancia” del Presidente.

La defensa menciona que también, mediante la promulgación de la Ley de Elecciones 2020 con la venia de la Asamblea Legislativa, se constata el reconocimiento de su mandato.

Valda afirmó que tanto el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como el mismo Fiscal General del Estado admitieron a Añez como Presidente. En el caso de Juan Lanchipa, este habría presentado un informe el 8 de octubre al Legislativo reconociendo a Jeanine como mandataria.

“Todas esas autoridades el TCP, OEP, Asamblea, Fiscalía reconocieron la legalidad y la institucionalidad de la asunción de mando de Añez. El mismo Luis Arce dijo en una entrevista pública, cuando le preguntan si la asunción era constitucional o ilegal, el respondió que fue constitucional. Luego lo niega, pero esa es la hipocresía del masismo”, detalló Valda.

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“Nos encontramos en estado de emergencia, molestos por lo que ha sucedido. Esperábamos con ansias el inicio del juicio oral y se ha suspendido sin ningún argumento legal”, afirmó la ejecutiva.

Prado pidió a las autoridades que actúen conforme a la ley ya que, según su criterio la justicia está “prorrogándose”.

“Nos genera malestar, pedimos al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a los jueces que actúen conforme a la ley. Nosotros somos la parte más afectada, hasta este momento no vemos que la justicia avance, tenemos muertos, heridos y huérfanos y no es posible que la justicia siga prorrogándose. Cuando nosotros pedimos justicia, la justicia no avanza”, cuestionó la representante de las Bartolinas.

Asimismo, lamentó que no se haya fijado una nueva fecha para el inicio del juicio oral contra la expresidente, según reportó ANF.

“Se suspende sin argumento legal y no hay una fecha que diga que la persona que ha hecho tanto daño responda por esos hechos. Nos vamos a reunir todas las organizaciones de Cercado, además de nuestra organización matriz a nivel nacional porque la justicia retarda y deja mucho que desear, nos pone susceptibles”, argumentó Prado.

Antecedentes

La mañana de este jueves el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz resolvió dejar sin efecto la apertura del juicio oral virtual contra la expresidente Añez y ocho exjefes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía por el caso denominado “golpe de Estado II” y se dispuso que se emita un nuevo auto de apertura, por lo que la nueva fecha para el inicio del juicio es aún desconocida.

El auto de apertura había sido impugnado por la defensa, debido a que fue emitido por un tribunal en suplencia durante la vacación judicial y que, además, uno de los jueces emitió su voto disidente.

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Este miércoles, el juez Octavo de Sentencia en lo Penal, Franklin Siñani, ratificó la detención preventiva en la cárcel de Miraflores, indicando que supuestamente continúan los riesgos procesales como obstaculización y fuga.

La decisión de la autoridad judicial se dio en medio de una huelga de hambre que la exmandataria inició en horas precedentes, reportó la red Erbol.

“Tengo derecho a un proceso justo con un tribunal competente como es el Tribunal Supremo de Justicia si la Asamblea Legislativa Plurinacional lo aprueba con dos tercios de los votos”, aseveró.

Por su parte, el abogado de la exmandataria, Luis Guillén, cuestionó la decisión judicial, lamentando que no se evaluaron los elementos presentados por la defensa.

Juicio oral de Añez

El juicio oral contra Añez está previsto para el 10 de febrero a las 09:00 por el caso del supuesto “golpe de estado II”.

Por su parte, Guillén reiteró su pedido para que el proceso sea de forma presencial y no virtual.

Los delitos que se investigan son: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

“Esperemos que mañana se pueda llevar de forma presencial, es importante que este juicio no sea llevado de manera virtual como pretenden (…) este sería el único juicio que se pretende llevar de manera virtual bajo el pretexto de la pandemia”, indicó el jurista , de acuerdo al reporte de la agencia ANF.

Añez cumple detención preventiva desde el 13 de marzo de 2021, luego de que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión por los supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política en 2019.

En el proceso se investiga la sucesión supuestamente irregular de la Presidencia del Senado y posterior Presidencia de Bolivia de Añez, tras la renuncia de Evo Morales y otras autoridades, por los conflictos postelectorales de 2019, luego de denunciarse fraude en los comicios.

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El juicio oral por el presunto golpe de Estado del 2019 se iniciará la mañana del 10 de febrero.

Por este caso, están implicados también el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury; además del excomandante de la Policía, Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos.

“Este 10 de febrero comienza el juicio oral para sentenciar a Jeanine Áñez y otros ocho presos y perseguidos políticos por cumplir con la Patria y la Constitución ¡Quieren borrar de la historia el fraude de Evo Morales y su renuncia!”, señala la publicación en el Twitter de la exmandataria.

Áñez permanece detenida preventivamente hace más de diez meses. Primero fue encarcelada por la causa “Golpe I”, acusada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo.

Posteriormente, ese proceso se paralizó hasta conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto a si Áñez debe ser juzgada vía ordinaria o mediante juicio de responsabilidades, además de que si es legal juzgar a alguien por esos delitos.

Asimismo, el 3 de agosto de 2021, un juez segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva contra Áñez por seis meses, en el “Caso Golpe II”, por los delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución e incumplimiento de deberes debido a la toma de la Presidencia del Senado sin cumplir los mandatos constitucionales.

En noviembre de 2019 y tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, en medio de protestas cívicas y tras perder el apoyo de la policopia y las Fuerzas Armadas, Áñez asumió la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, cuando el Reglamento de Debates deja ese cargo a la mayoría, en este caso el partido oficialista.

Después se convocó a sesión del Legislativo, donde se proclamó presidente de Bolivia. Todo aquello ocurrió luego de reuniones de políticos y cívicos en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en las cuales definieron el curso de la sucesión.

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En el recado, Añez señala que es un “mensaje” para la comunidad internacional y advierte que esas personas deberán responder en “estrados mundiales”.

“Mensaje a la Comunidad Internacional: Aquí están! Los que me sentenciarán, a la 2da. Presidente constitucional mujer de Bolivia. Me juzgan sin valorar verdades sino obedecer a la élite masista. Comunidad Internacional, recuérdenlos, ellos deben responder ante estrados mundiales (sic)”, señala la publicación de Añez

El miércoles precedente el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que la etapa de juicio oral contra la exmandataria Jeanine Añez, el ex alto mando Militar, Williams Kalimán, y el ex Comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón iniciará la siguiente semana.

Del Castillo también desestimó la lista de testigos que presentó la defensa de Añez. Alegó que tales pruebas no corresponderían al caso o harían referencia al caso de fraude electoral, según reportó el diario Los Tiempos.

“Es importante mencionar que la señora Añez ha ofrecido como pruebas testificales de descargo a políticos, parlamentarios, autoridades, religiosos, opinadores, analistas, escritores, el comunicado del Tribunal Constitucional y documentación que corresponde a otros procesos judiciales como el de fraude electoral (caso hoy cerrado con autoridades sobreseídas) o el caso por terrorismo, sedición y conspiración (conocido como Golpe I), lo cual no corresponde en el presente proceso”, afirmó la autoridad estatal.

El 3 de agosto de 2021, el juez segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva contra Añez por seis meses, en el caso “golpe de Estado II”, donde está acusada por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución e incumplimiento de deberes debido a la toma de la Presidencia del Senado sin cumplir los mandatos constitucionales, lo que luego le permitió hacerse del poder tras la dimisión del expresidente Evo Morales en la crisis de 2019.

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La madre de uno de los fallecidos y representante de familiares de víctimas, María Calcina indicó que la audiencia fue fijada por el Tribunal de Sentencia Octavo.

El ente determinó que el juicio se lleve delante de forma virtual, debido a la pandemia, desde las 09:00 horas del martes 24 de agosto, reportó la red Erbol.

Calcina señaló que en este caso 19 personas están acusadas en el juicio, entre militares, policías y civiles.

Asimismo, aseveró que “se tardaron todos esto años” en comenzar el juicio, debido a que los acusados apelaban a chicanas jurídicas, como cambios de abogados y de domicilios, bajo el argumento de su actividad como uniformados.

Febrero y octubre negro

En febrero de 2003 se desataron protestas por el impuesto a los salarios, anunciado por el entonces Presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni).

Los policías se amotinaron y se generó enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, mientras surgieron hechos de saqueo y vandalismo en las calles, que luego fueron reprimidos.

En los enfrentamientos se contabilizaron 31 fallecidos, según Calcina, posteriormente más personas perdieron la vida a consecuencia de las heridas.

Sin embargo, aclaró que “Goni” y sus exministros están siendo procesados en la vía de juicio de responsabilidades.

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En tanto, la defensa de la exautoridad aseguró que no fueron notificados con ninguna orden de salida para acudir a testificar en dicha audiencia.

Los jueces Ruth Karina Suzaño Cortez y Daniel Tito Atahuichi instalaron audiencia de juicio oral en contra del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, a las 09:00 horas de este miércoles, y la exministra debía presentarse en la misma a comparecer, sin embargo, no acudió al llamado de las autoridades judiciales, reportó la Agencia de Noticias Fides.

En tal razón, los jueces establecieron la aprehensión de Achacollo en celdas del municipio de Montero del departamento de Santa Cruz, lugar en el que la exautoridad gubernamental cumple arresto domiciliario.

La orden judicial debe ejecutarse para que Nemesia Achacollo se presente a declarar en juicio oral, mismo que fue reprogramado para este viernes a las 11:00 horas.

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“Ya están concluidas prácticamente en su estado final todas las pruebas de los casos de fraude electoral (…), ya vamos más de ocho meses en investigaciones, se han recopilado ya los más importantes elementos de prueba”, dijo Cabrera, en una entrevista concedida a la red de televisión nacional ATB.

En ese contexto, subrayó que es muy importante que el Ministerio Público en las próximas semanas “presente su requerimiento acusatorio para ingresar de una vez a la fase de juicio oral, público y contradictorio”, reportó ABI.

“El pueblo de Bolivia necesita una sentencia que dé certidumbre y zanje esta historia tan amarga de la historia reciente de Bolivia. La Procuraduría cumplirá con su función establecida en el Artículo 229 de la Constitución de defender los altos interés del Estado boliviano y de los bolivianos”, manifestó el Procurador.

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