Aníbal A. hizo su denuncia a través de un documento que fue leído por su hijo. En este, afirmó que su salud se ha deteriorado de manera grave en los últimos nueve meses. Según sus palabras, su estado de salud se ha visto afectado por diversas enfermedades que requieren atención médica especializada de manera urgente.

Inducción a aceptar culpabilidad

El acusado también aseguró que fue inducido a aceptar un proceso abreviado a través de engaños y amenazas. Afirmó que se le presionó psicológicamente para que se declarara culpable. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, Aníbal A. decidió retirar la solicitud y reafirmar su total inocencia, negando cualquier participación en los hechos que se le imputan.

Participación en el movimiento de tropas

En su solicitud inicial, presentada la semana pasada, Aníbal A. admitía su participación en el movimiento de tropas que tuvo lugar el 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo. Este movimiento fue encabezado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. No obstante, ahora sostiene que fue acusado sin pruebas y que su situación es “irregular y desventajosa”.

Exigencias por seguridad y defensa

Además, Aníbal A. ha exigido garantías para su seguridad y la de su familia. También solicitó acceso a la documentación del caso para poder ejercer una defensa adecuada, así como atención médica especializada que considere necesaria.

LDVY

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Los acusados presentaron sus solicitudes a la comisión de fiscales en diferentes fechas, expresando su disposición a optar por una salida alternativa y renunciar al juicio oral y contradictorio.

Detalles de los implicados

Los exmilitares Waldir M. H. y Román C. C., quienes se encuentran actualmente encarcelados, están imputados por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, así como por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en grado de complicidad. Por otro lado, Anibal A. G., quien es procesado como autor, ha argumentado motivos humanitarios debido a su enfermedad.

Motivos de la solicitud

En su solicitud de juicio abreviado, Anibal explicó que padece cáncer de colon y solicitó que, “por un tema humanitario”, se considere la salida alternativa. En el documento, también menciona: “Renuncio al juicio oral público y contradictorio, este reconocimiento es expreso y sin que medie vicio que invalide el consentimiento, porque mi persona participó en el mismo”.

Contexto político actual

La solicitud de juicio abreviado se presenta en un contexto donde las tensiones políticas han aumentado tras los eventos del 26 de junio de 2024. Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores sobre la estabilidad del país.

Además, ha llevado a un debate sobre cómo debe responder el sistema judicial ante casos relacionados con intentos de desestabilización del orden constitucional.

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Esta solicitud implica que los acusados están dispuestos a aceptar los cargos presentados por la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena que se les impondría.

Procedimiento abreviado no solicitado por Zúñiga

El fiscal departamental William Alave aclaró que el procedimiento abreviado no ha sido solicitado por Juan José Zúñiga, sino por otros mandos inferiores de las Fuerzas Armadas involucrados en la toma militar. Además, anunció que se revisarán las solicitudes para determinar si se acepta el procedimiento abreviado.

Más de 30 personas investigadas por toma militar

El caso en cuestión involucra a más de 30 personas investigadas por la toma de la plaza Murillo y la irrupción en Palacio Quemado, el 26 de junio, bajo el mando de Zúñiga.

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Freddy Jiménez Canaviri, presidente de la Asamblea, expresó su desacuerdo con que una persona deba declararse culpable para evitar penas más severas. Sin embargo, reconoció que la normativa permite esta práctica y por eso algunas personas optan por someterse al proceso abreviado.

Vulneración de derechos humanos en caso Apaza

Según reportes del periodista Iván Ramos desde Sucre para la red Erbol, Cesar Apaza fue detenido en septiembre de 2022 y sufrió vejámenes, torturas físicas y psicológicas, así como una vulneración completa de sus derechos humanos. El Gobierno promovió su detención acusándolo de participar en la quema del mercado paralelo de la coca.

Repercusiones personales para Apaza

Jiménez considera que todo lo vivido por Cesar Apaza tendrá un impacto significativo en su vida personal. Al haberse declarado culpable, no podrá iniciar procesos legales contra quienes injustamente lo detuvieron o violaron sus derechos humanos.

Estado de salud de Apaza

Después de salir de la cárcel, Apaza fue internado en un hospital en La Paz, donde se le realizaron estudios médicos. Se determinó que padece una parálisis generalizada en el lado izquierdo del cuerpo y tiene diabetes confirmada. Sin embargo, su estado de salud es estable y no corre riesgo de vida.

Próximo alta médica para Apaza

El centro médico estima que en las próximas horas Cesar Apaza será dado de alta para reintegrarse a sus actividades familiares y personales. Antes deberá recibir tratamiento de fisioterapia y medicamentos para controlar la diabetes.

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Con ellos ya son cuatro los exjefes militares que se acogen a este procedimiento con el objetivo de finalizar su proceso judicial aunque con una sentencia. Los dos primeros fueron el general Jorge Mendieta y el almirante Flavio Gustavo Arce.

Motivos familiares influyen en decisión

En su solicitud ante la Fiscalía, Terceros y Jarjury expresaron que la privación de libertad es difícil y causa mucho dolor a sus familias. “Por lo tanto, razonamos, colegimos y preferimos estar con nuestro núcleo familiar a quienes les debemos protección y sustento incondicional. Estos motivos están por encima de cualquier lucha que pudiésemos sostener en cualquier ámbito”, señala su solicitud.

Delitos admitidos por los exjefes militares

En virtud del acuerdo con la Fiscalía, el almirante Jarjury admite haber cometido los delitos de Encubrimiento y Asociación Delictuosa mientras que Gonzalo Terceros admite los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de bienes y servicios públicos así como asociación delictuosa en calidad de encubrimiento.

Penas solicitadas por la Fiscalía

Como parte del acuerdo alcanzado, la Fiscalía solicitará una pena de dos años de cárcel para Jarjury, teniendo en cuenta que ya estuvo privado de libertad desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022 y que actualmente cumple detención domiciliaria. Asimismo, la condena para Terceros sería de tres años, considerando que ha estado encarcelado por más de dos años desde julio de 2021.

Proceso judicial en el caso Golpe I

En el caso Golpe I también están siendo procesados Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, sus colaboradores y exjefes de las FFAA y Policía declarados en rebeldía. El caso se trata del delito de terrorismo debido a los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019.

Caso Golpe II: Sentencia reducida previa

Jarjury y Terceros ya se han declarado culpables en el caso Golpe II donde ya recibieron una sentencia reducida. En ese caso se investigaron las irregularidades en la proclamación de Añez como presidente.

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Al solicitar juicio abreviado, Terceros y Jarjury reconocieron el grado de complicidad en los hechos y en febrero de este año recibieron una sentencia de tres años de cárcel, reportó la red Erbol.

Terceros cumple detención en el penal de Palmasola, mientras que Jarjury en la cárcel de Patacamaya. Ambos fueron parte del Alto Mando liderado por Willliams Kaliman en 2019.

Requisitos para acceder al beneficioVera recalcó que, previo cumplimiento de los requisitos de carácter administrativo, se permitirá que sus defendidos se constituyan a sus hogares.

“Consecuentemente en el caso golpe II ya estaría dada la orden de que ambos ciudadanos ya no permanezcan en los recintos carcelarios”, añadió.

Detalló que se impuso cinco condiciones para acceder al beneficio, siendo una de ellas, la verificación del domicilio, donde deben permanecer un año sin modificación.

Asimismo, no pueden tener ningún tipo de contacto con los otros involucrados en el caso “golpe II”, tampoco deben concurrir a los lugares que han sido objeto de investigación.

Otra condición para acceder al beneficio es que ambos militares deben permanecer en territorio nacional al menos durante un año.

Caso “golpe II”

En el caso “golpe II”, se acusa a los implicados de supuestos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes tipificadas en los artículos 153 y 154 del código penal.

Como principales sindicados están la expresidente, Jeanine Añez; el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del ejército, Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Palmiro Jarjury.

Asimismo, se investiga las acciones de Añez cuando asumió la Presidencia, supuestamente de forma irregular, según reporte de la agencia estatal de noticias ABI.

/JDLF/

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En su carta manuscrita se lee: “En anterior fecha solicité muy respetuosamente a la comisión de fiscales que pueda emitir mi salida alternativa consistente en el procedimiento abreviado dentro del proceso penal. Mi persona reitera que se me pueda optar por esta salida alternativa consistente en el procedimiento abreviado”.

Además, el feminicida indicó que renuncia al juicio oral y que ya no existen testigos ni cómplices de los delitos que cometió.

“De manera voluntaria renuncio al juicio oral público contradictorio solicitando a la comisión de fiscales emita el requerimiento conclusivo del procedimiento abreviado. Cabe aclarar que al momento de la comisión del hecho delictivo, mi persona ha cometido solo este delito. Ya no hay ni cómplices ni testigos de lo que hice”, se lee en la misiva.

En la carta Choque también afirmó nuevamente que asesinó a Iris Maylin Choque y Lucy Maya, según reportó el diario Opinión.

Antecedentes

El caso de Choque salió a la luz en enero de este año, la Policía informó que habría violado a más de 70 mujeres. Él se disfrazaba de policía y extorsionaba a sus víctimas, a quienes captaba por redes sociales, para después abusarlas.

El primer crimen cometido por el feminicida serial fue en 2009 contra su primo. Luego violó y asesinó a una joven en 2013, hecho por el cual fue sentenciado a 30 años, pero salió de la cárcel tras disposición del ahora exjuez Rafael Alcón.

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A través de sus familiares, en días precedentes se conoció que aceptaron someterse a un juicio abreviado, hecho que fue confirmado por el ministro de Justicia, Iván Lima.

Terceros y Jarjuri fueron condenados por los delitos de incumplimientos de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Pese al fallo por este caso (golpe II), los militares también están imputados en el caso “golpe de Estado I” por los supuestos delitos de sedición y terrorismo, según señaló el diario Los Tiempos.

“Los representantes del Ministerio Público aceptaron la solicitud de los dos imputados de someterse a la salida alternativa del juicio oral, proponiendo someterse a procedimiento abreviado, admitiendo la culpabilidad por la comisión de los ilícitos de 153 (Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes) y 154 (incumplimiento de Deberes) en grado de complicidad, con la imposición de condena sancionatoria de tres años de reclusión, de Palmiro Gonzalo Jarjury Rada en el Centro Penitenciario de Patacayama y de Jorge Gonzalo Terceros Lara en el Centro Penitenciario de Palmasola”, señala una parte de la sentencia.

Según el documento, el Ministerio de Gobierno se opuso a la condena y solicitó que se los sancione como autores del hecho y no como cómplices. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado (PGE) no emitió ningún pronunciamiento.

En tanto, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, adelantó que se envió la resolución y confirmó que se iba a realizar la audiencia de procedimiento abreviado.

Anteriormente, una fuente militar afirmó a la agencia ANF que el Gobierno presuntamente presiona a los familiares de los uniformados.

Más procesados

Por este caso también están demandados los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) Williams Kaliman, Flavio Arce, Pastor Mendieta, Jorge Fernández y Carlos Orellana, éste último fue comandante después de Kaliman. También está acusado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

Las familias de ambos sentenciados difundieron una carta en la que piden la comprensión de la población boliviana y disculpas al abogado que los patrocinó. Además, señalaron que a pesar de la negativa de sus padres se tomó esa decisión con la finalidad de tenerlos a su lado.

“Mientras nuestros padres están encarcelados, los verdaderos responsables se encuentran levantando banderas con estos casos y haciendo politiquería a través de sus declaraciones en prensa, sin asumir su verdadera responsabilidad”, dice la carta.

Afectará a los coimputados

El abogado penalista, Jorge Santistevan, recordó que los exjefes militares Palmiro Jarjuri y Gonzalo Terceros tienen pendiente el supuesto caso “golpe de Estado I”. La imputación es por los delitos de sedición y terrorismo que tienen penas entre 15 a 20 años.

Aclaró que el juicio abreviado por el supuesto caso “golpe de Estado II” es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El procedimiento abreviado implica aceptar responsabilidad y culpabilidad e indirectamente va a perjudicar a los demás militares coacusados y de manera directa a Jeanine Añez, dijo.

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El general Terceros y el almirante Jarjuri, ambos con detención preventiva, decidieron acogerse al juicio abreviado, lo cual implica admitir su culpa en los hechos investigados y les favorecería para una sentencia más benévola.

“En un proceso normal, en un proceso regular, yo estoy seguro que los generales hubieran sido absueltos y ni siquiera hubieran sido acusados, consecuentemente, yo tengo la plena convicción de que, si hubiéramos ido a juicio en condiciones normales y de igualdad, hubieran sido absueltos, eso tengo la plena seguridad”, aseguró Vera según reporte de la red Erbol.

El jurista no estaba al tanto de la decisión de seguir la vía del procedimiento abreviado, hasta que el reciente viernes los familiares de los militares le comunicaron los motivos. Por lo tanto, señaló que, como profesional, sólo le queda aceptar la determinación de sus defendidos, más allá de estar de acuerdo o no.

Asimismo, atribuyó la decisión al dolor de las familias, acentuado porque existen una niña de dos años y un hijo de 31 años, pero con desarrollo mental de un niño, quienes necesitan de los exjefes militares en sus hogares.

De esa manera, Vera señaló también que las familias se cansaron del proceso y sufrieron desgaste a nivel psicológico, anímico y quizás hasta económico, además enfrentando un proceso en condiciones de desigualdad.

“Ellos son conscientes que se enfrentan a todo un aparato estatal compuesto por señores fiscales, jueces, investigadores, auxiliares, secretarios y un conjunto de personas que desarrollan sus actividades en diferentes ámbitos dentro de lo que significa la administración de justicia”, añadió el abogado.

Según Vera, Terceros y Jarjuri siempre le hicieron conocer que son militares de honor y mantienen esa posición, pero ahora prevaleció la decisión de las familias.

Ambos exjefes militares fueron parte del Alto Mando cuando las Fuerzas Armadas (FF.AA.) sugirieron la renuncia de Evo Morales en 2019.

El abogado consideró que ni siquiera debieron ser procesados en la vía ordinaria, sino correspondía un proceso al interior de las FF.AA.

También anunció que, si bien no forma parte de la solicitud de juicio abreviado por el caso “Golpe II”, defenderá a los exjefes militares en el caso “Golpe I”, que se desarrolla por terrorismo, sedición y conspiración.

Vera aseguró finalmente que en el caso “Golpe I” buscará el sobreseimiento de Terceros y Jarjuri.

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Señalaron que este viernes, comunicaron la decisión a su abogado Eusebio Vera, quien no compartió esa posición; sin embargo, afirmó que la respetaría.

“Pedimos todas las disculpas a nuestro abogado defensor y la comprensión a todo el pueblo de Bolivia”, cierra la carta firmada por las dos familias de los excomandantes y que fue difundida a través del Facebook de Lorena Terceros, hija del general Gonzalo Terceros.

Afirmaron que no tuvieron “más camino en esta justicia”, porque a lo largo de este tiempo, según su criterio, estuvieron “abandonados” por las instituciones militares: Fuerza Área Boliviana y a la Armada Boliviana.

“Mientras nuestros padres están encarcelados, los verdaderos responsables se encuentran levantando banderas con estos casos y haciendo politiquería haciendo declaraciones en prensa, sin asumir su verdadera responsabilidad”, manifestaron.

Precautelando la salud

Indicaron que “la historia no se puede cambiar” con estos procesos judiciales, resaltando que como familia “están en la obligación” de preservar la salud de sus padres.

“Como hijos y familiares no podemos permitir que se siga abusando de nuestros padres y preferimos resguardarlos tomando sus delicados estados de salud (que se deteriora día a día) y su edad”, añadieron.

Asimismo, mencionaron que lo hacen por la salud psicológica de una niña de dos años y de un miembro de su familia con discapacidad.

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“Han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado, esto es una noticia importante para el país, hay dos personas, Jarjury y Terceros, que le han pedido a la Fiscalía que se dicte una sentencia en la vía del procedimiento abreviado, esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, señaló Lima.

Terceros fue Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y Jarjury fue Comandante de la Armada en el 2019, cuando se suscitó la crisis política y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) sugirieron la renuncia de Evo Morales.

En este caso se investigaron los hechos que llevaron a que Jeanine Añez asuma la presidencia en el 2019. Además de la exmandataria, están acusados exjefes militares y de la Policía por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Un procedimiento abreviado implica que los acusados acepten su responsabilidad y reciban una sentencia de manera acelerada, según reportó el diario Los Tiempos.

Lima dijo que a mediados de marzo se retomaría la audiencia para el juicio y que probablemente ahí Jarjury y Terceros tendrán sentencia condenatoria, en el marco del procedimiento abreviado.

Jarjury actualmente tiene detención preventiva en la cárcel de Patacamaya de La Paz y Terceros esta en el penal de Palmasola de Santa Cruz.

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El 26 de septiembre 2017 se capturó a Juan Pari Mamani por el desfalco al Banco Unión y fue enviando a la cárcel de Chonchocoro en La Paz, junto a otras 18 personas implicadas, las cuales son familiares, amigos, funcionarios de la entidad bancaria quienes sustrajeron el dinero de manera ilícita, según el diario Opinión.

Pari fue denunciado por su chofer, quien llegó hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde fue capturado y realizó la demanda en contra de su jefe y la suma de dinero que había transferido a las distintas cuentas de bancos extranjeros, de acuerdo al diario Correo del Sur.

El 28 de diciembre del 2018, la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia dijo que el desfalco ocasionado por Pari al Banco Unión no fue el único, sino que los fraudes internos surgieron desde el 2010, en ese mismo año, hubo un fraude de 415.000 bolivianos, en el 2014 con 45 mil dólares, en el 2015 con 573.000 dólares.

Valdivia mencionó que Pari realizó tres desfalcos que fueron registrados en el año 2017 con una suma de 160.000 bolivianos, 30.000 bolivianos y 195 mil bolivianos, según el diario Opinión.

Carolina del Coral Jerez Larrea la esposa, es la primera en solicitar el juicio abreviado en septiembre del 2020, implicada en la compra de bienes inmuebles, y cinco vehículos de lujo, además fue sentenciada a seis años de cárcel.

En el caso del chofer que se encuentra detenido en el penal de San Pedro, fue sentenciado por cinco años y dos meses de cárcel, por el depósito bancario de 210 mil bolivianos y otro por entregar a la novia de su jefe 53.000 bolivianos.

Alexis Daniel Calderón amigo y socio de Pari en febrero del 2021 presentó su solicitud para un juicio abreviado, además en la gestión 2018 dio una suma de cinco mil dólares al fiscal suspendido Erland Alanza para tener un favorecimiento judicial, según el diario El País.

La novia de Pari, Luciana Cagnola de ciudadanía argentina, en el 2019 pidió la condena mínima de cuatro años, además afirmó su participación en el desfalco de la entidad bancaria, también pidió el juicio abreviado, de acuerdo al periódico Brújula Digital.
Tras varios años de estar recluidos en la cárcel, los tres admitieron sus delitos por los cuales se les acusa por enriquecimiento ilícito, y pidieron perdón judicial para ser liberados en los próximos días.

/LDEQ

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