Reacción del presidente del TSJ

El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, calificó este hecho como un ataque directo a la institucionalidad judicial. Además, señaló que provocó una rápida reacción de las autoridades. Gómez informó que el juez Fernando Marcelo Lea Plaza fue aprehendido en flagrancia por emitir una resolución considerada prevaricadora, que intentaba anular el mandato legítimo de Coaquira.

Coordinación entre autoridades

La acción fue ejecutada por la Fiscalía y la Policía, en coordinación con la Unidad Anticorrupción del Órgano Judicial. Este caso surgió a raíz de una acción de cumplimiento presentada por el ciudadano Antonio de la Fuente Amelunge. Él denunció que la magistrada Coaquira afirmó haber ejercido la docencia en una universidad. Sin embargo, la universidad mencionada negó que Coaquira hubiera enseñado en sus aulas.

El denunciante indicó que este dato no fue eliminado cuando se difundieron los méritos de Coaquira, lo que, según él, le benefició para obtener más votos. El juez Fernando Marcelo Lea determinó suspender temporalmente la credencial de la magistrada y ordenó que se convoque al magistrado suplente para asumir su cargo en el TSJ de La Paz.

Indicios de interferencia institucional

Tras este fallo, Saucedo reveló que existen indicios que vinculan a otras autoridades del Tribunal Departamental de Justicia en este intento de interferencia institucional. En respuesta, el TSJ ha enviado a su Unidad de Transparencia al departamento de La Paz para realizar un seguimiento riguroso del caso.

Investigaciones a fondo

“Vamos a pedir al Ministerio Público que profundice las investigaciones para identificar a todos los autores, partícipes inmediatos o intelectuales de este atentado contra la justicia”, declaró Saucedo. Según el presidente del TSJ, la resolución del juez de Coroico intentaba desconocer la legitimidad del mandato otorgado a Coaquira por el voto mayoritario de los paceños.

Calificación del hecho

Este hecho ha sido calificado como una usurpación de funciones y un atentado contra el sistema democrático de elección judicial vigente en Bolivia.

/KMMN

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El director de la Felcv de Tupiza, Marcelo Núñez, informó que el juez intentó escapar antes de ser aprehendido. Ahora se espera la decisión de las autoridades judiciales sobre su situación.

Los hechos denunciados

Según el reporte policial, la niña fue abordada por el juez en los pasillos del juzgado. Posteriormente, él la llevó a su hogar con la excusa de que debía realizar trabajos de limpieza. Los delitos se cometieron en la residencia del juez, según lo declarado por Núñez.

“Esta persona (el juez) le ofrece 20 bolivianos para ir a limpiar su domicilio. Ahí (en la casa) la niña recibe una bebida con unas bolitas blancas y, al despertar, refiere que no se acuerda de nada”, explicó Núñez. La denuncia por estos dos delitos fue presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tupiza, quienes tomaron la primera declaración de la pequeña víctima.

Situación actual del juez

En este momento, el juez se encuentra en celdas policiales. En las próximas horas, será llevado a una audiencia para determinar las medidas cautelares que se tomarán en su contra.

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El operador del Juzgado Primero de Instrucción Penal de la Ciudad de El Alto, Marco A.A.F., fue aprehendido por las fuerzas del orden por el presunto delito de prevaricato de juez o fiscal y consorcio entre responsables del servicio de justicia, según informó El Deber.

La petición de detención domiciliaria se basó en certificados médicos que afirmaban que el acusado padecía una enfermedad terminal con expectativa de vida de seis a ocho meses, según el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.

“Ante los suficientes elementos de convicción colectados en la etapa preliminar de la investigación se determinó que el juez aprehendido habría emitido una resolución por la cual dispone la tutela a favor de Eliot M.G., quien presentó certificados médicos sobre una enfermedad terminal, sin considerar que el investigado enfrenta un proceso por delito de feminicidio”, dijo la autoridad judicial.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción de la ciudad de El Alto, Wilson Medrano, informó que el 26 de diciembre de 2021, este juez emitió la resolución judicial que concedía la tutela a una Acción de Libertad a Eliot M.G., para que en un plazo de 24 horas se le concediera a su excliente detención domiciliaria por padecimiento de una enfermedad terminal.

Ante esta tutela la autoridad judicial del Juzgado Tercero Anticorrupción decidió no otorgar ese beneficio al acusado de feminicido porque los certificados médicos presentados no eran suficientes, ya que no fueron valorados objetivamente por la autoridad de justicia que concedió la tutela.

“Según las respuestas a requerimientos, los médicos que firman no habrían trabajado en el nosocomio donde supuestamente le valoraron al imputado, ni tampoco hay registros de la valoración médica. También existe un certificado médico forense que establece la misma enfermedad de un médico forense que no ejercía funciones en la fecha, mes y año consignados en el certificado”, explicó Medrano.

/ LMPT

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