En una carta, Zúñiga describió a Arce como un “verdugo” que encarceló a militares sin seguir el debido proceso. Además, solicitó que sus colaboradores también enfrenten la justicia por sus acciones.

Zúñiga afirmó que Arce, al estar detenido, “empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”. En su misiva, expresó: “Bienvenido a las cárceles del pueblo, señor Luis Arce Catacora. Aquí, donde no existe poder que lo proteja. Aquí, donde no hay discurso que lo salve. Aquí, donde uno se enfrenta consigo mismo, sin escoltas, sin poder, sin privilegios”.

Reflexiones sobre la cárcel

El exgeneral también mencionó: “Aquí, donde la noche no cubre culpas y el amanecer obliga a mirar la verdad de frente. Y es aquí, señor Arce Catacora, donde empiezan las cuentas que la vida inevitablemente cobra”.

Zúñiga hizo un llamado para que los colaboradores de Arce, como los exministros Eduardo Del Castillo, María Nela Prada, Jhonny Aguilera, Edmundo Novillo, Armin Dorgathen, así como los asesores Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez, también respondan ante la justicia, según reporta Erbol.

Motivación de Zúñiga

El exgeneral aclaró que su lucha no es personal, sino que se trata de una defensa de la patria y de cada familia que ha llorado por un soldado encarcelado de manera injusta. Zúñiga fue un cercano colaborador de Arce, con quien incluso solía jugar baloncesto. Sin embargo, lideró un movimiento militar y fue acusado de haber intentado un golpe de Estado el 26 de junio de 2024.

Denuncias recientes

Recientemente, Zúñiga denunció que los eventos de 2024 fueron en realidad una “trampa” de Arce y sus colaboradores, diseñada para provocar un enfrentamiento entre la policía y los militares.

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Zúñiga, quien se encontraba detenido en la cárcel de El Abra, regresará a Cochabamba el mismo día tras cumplir con su diligencia. Esta situación ha generado gran interés en los medios y la opinión pública.

Detalles del traslado

El Deber tuvo acceso a los boletos aéreos de Zúñiga, donde se indica que arribó a La Paz en el vuelo 600, programado para las 06:45 horas. Su regreso a Cochabamba está previsto para el mismo día en el vuelo 617, que tiene como horario de salida las 17:00 horas. Durante todo el trayecto, Zúñiga estuvo acompañado por dos personas que lo escoltaron.

Autorización judicial

Un juez autorizó su salida el 18 de noviembre de 2025, bajo la “estricta responsabilidad del régimen penitenciario”. Esta autorización establece que, una vez que Zúñiga concluya su diligencia en La Paz, debe regresar a la cárcel de El Abra para continuar cumpliendo con su medida cautelar.

Declaraciones de Zúñiga

El excomandante habló con los medios y aseguró que es inocente por el “intento de golpe de Estado” que ocurrió el 26 de junio de 2024. Además, lamentó que aquellos que “cometieron delitos” estén en libertad, lo que ha generado controversia en el ámbito político y social.

Cargos en su contra

Zúñiga enfrenta cargos por el “intento de golpe de Estado”, un hecho que él mismo calificó como un “show montado”. Esta declaración ha suscitado diversas reacciones en el país, donde la situación política sigue siendo un tema candente.

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A pesar de la reciente aprobación por unanimidad del informe final del Senado sobre los sucesos del 26 de junio de 2024, las declaraciones de militares y testigos directos han reavivado la controversia sobre la naturaleza de la asonada que estremeció al país.

Informe del Senado

El informe del Senado, aprobado el 27 de octubre, concluyó que no se trató de un golpe de Estado ni de un autogolpe, sino de una “insubordinación militar” liderada por el entonces comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga Macías, junto a un grupo de oficiales de inteligencia conocidos como “Los Pachajchos”.

Sin embargo, los testimonios recopilados por la Comisión Especial del Senado y las declaraciones públicas de los implicados han introducido nuevas dudas sobre la actuación del gobierno saliente de Luis Arce. Varios exoficiales señalan que el gobierno pudo haber participado o al menos haber tenido conocimiento previo del operativo.

Pruebas omitidas en la investigación

Según información publicada por El Deber, la controversia se centra en las pruebas que fueron omitidas en la investigación fiscal original. La Comisión Especial del Senado destaca una omisión crucial: “El teléfono de Zúñiga, que contenía información sensible sobre comunicaciones y órdenes, no fue incorporado como evidencia.”

El sargento Alan Condori, conductor del vehículo blindado que impactó la puerta del Palacio Quemado, declaró que actuó siguiendo órdenes. Confirmó que el dispositivo del general Zúñiga no fue presentado en la audiencia de apertura de celulares, a pesar de haber sido utilizado durante la toma de la plaza.

Testimonios contradictorios

Varios testimonios de militares recogidos por el Senado, que ahora son centro del debate público, contradicen la versión oficial de un “golpe fallido”. Estos testimonios insinúan que hubo una operación conocida o permitida por autoridades civiles.

Por otro lado, el suboficial Demetrio Mamani, quien fue obligado a conducir el vehículo donde se encontraba Zúñiga, declaró haber visto al entonces Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, golpear el blindado. También mencionó que el Comandante de la Policía, Álvaro Álvarez Griffiths, subió al vehículo y habló al oído con Zúñiga. El capitán Miguel Ángel Burgos Daza también aseguró haber sido testigo de un intercambio entre Zúñiga y Del Castillo.

Presencia de periodistas y funcionarios

El coronel Juan Carlos Delgadillo Guzmán, comandante del regimiento Ayacucho, afirmó que antes de la irrupción notó la presencia de periodistas, funcionarios con banderas y policías de la UTOP “sin intervenir”. Escuchó gritos de “Lucho no está solo”, lo que refuerza la hipótesis de que la movilización fue conocida.

La publicación del informe, que se da en vísperas de la transmisión de mando presidencial del 8 de noviembre, ha provocado que los propios implicados reaparezcan ante la prensa para acusar al Ejecutivo de haber armado la trama.

Declaraciones desde la cárcel

El general Zúñiga, desde la cárcel, afirmó que la operación fue una puesta en escena para “justificar detenciones de opositores y lanzar la campaña `Lucho Presidente`”, justo un año antes de las elecciones.

El mayor Miguel Iriarte, otro de los “Pachajchos” (miembros del círculo de inteligencia de Zúñiga), reforzó esa versión: “El Gobierno tenía todo planificado; nosotros solo cumplimos órdenes.”

Recomendaciones del informe

El informe del Senado, aprobado con votos de distintas bancadas, recomienda ampliar la investigación a autoridades del Ejecutivo. Además, cuestiona la omisión del Ministerio Público al no revisar pruebas fundamentales.

El tratamiento desigual en la justicia también es observado, pues de los cinco “Pachajchos” identificados como el círculo de confianza de Zúñiga, solo él y Balanza continúan recluidos. Los demás fueron liberados tras acogerse a procesos abreviados.

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En su carta, Zúñiga afirmó que él, junto a otros militares y civiles que están siendo procesados, son inocentes. Además, responsabilizó a las autoridades políticas por el movimiento de tanques y equipos militares que se registró en esa fecha.

“Ese material bélico, esos tanques y vehículos, no se mueven sin autorización del más alto nivel político. Culpar a soldados y oficiales es encubrir a los verdaderos responsables que hoy se esconden tras el poder”, aseguró el exjefe militar.

Defensa de la patria

Zúñiga explicó que su único acto fue alzar la voz en defensa de la patria y de los recursos naturales. En este contexto, cuestionó que el tribunal lo considere un riesgo para la sociedad. Se preguntó si resulta más peligroso un soldado que pide libertad para los llamados presos políticos o un gobierno que, según él, entrega los recursos del país a intereses extranjeros.

Motivos políticos de la detención

El excomandante aseguró que su detención está motivada por razones políticas y no por delitos. También criticó que la justicia no le permitiera ampliar su declaración. En su carta, planteó la pregunta: “¿A qué le temen?”.

Incumplimiento de la justicia

Finalmente, Zúñiga observó que no se cumplió la disposición del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena la liberación de las personas que han estado más de 1 año en detención preventiva sin una sentencia. Mientras tanto, el excomandante permanece recluido en El Abra, junto a otros militares vinculados a los hechos del 26 de junio de 2024.

LDVY

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Estado actual de Zúñiga

En este momento, Zúñiga se encuentra recluido en el penal de El Abra, ubicado en Cochabamba, a la espera de que se defina la fecha de inicio de su juicio oral.

Argumentos del fiscal

Durante la audiencia virtual, el fiscal Omar Mejillones expuso que los nuevos argumentos presentados por la defensa no lograron desvirtuar los riesgos procesales que justifican la detención. Entre estos riesgos se incluyen la posibilidad de fuga, la influencia sobre testigos y la posible destrucción de pruebas. Según Mejillones, estos riesgos están establecidos en los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal y siguen vigentes.

Defensa del excomandante

La defensa del militar, quien lleva más de un año detenido sin que se haya iniciado el juicio, argumentó que su cliente debería poder enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, el tribunal consideró que el tiempo transcurrido no elimina los fundamentos que motivaron su detención, por lo que se mantiene la medida cautelar.

Detalles de la aprehensión

Zúñiga fue aprehendido el 29 de junio de 2024, solo tres días después de liderar el fallido ingreso militar a la Plaza Murillo. Actualmente, enfrenta cargos por alzamiento armado contra la seguridad del Estado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, junto a más de 30 militares y civiles que están vinculados al caso.

Reacciones de la defensa

La abogada del excomandante criticó la decisión del tribunal y afirmó que esta medida afecta emocionalmente a su defendido. “Se ha creado una expectativa de ver que él pudiese salir y pudiese defenderse en libertad tal cual lo han hecho otras personas que ya gozan de su libertad”, declaró.

Acusaciones formales

La Fiscalía señala a Zúñiga como uno de los principales responsables del denominado “Golpe Fallido”. El 12 de mayo de 2025, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra 22 personas, que incluyen oficiales en retiro, militares en servicio pasivo y civiles, mientras el proceso continúa en etapa preparatoria a la espera del inicio del juicio oral.

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Detalles del caso

El caso involucra al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, junto a otras 21 personas que fueron detenidas desde junio de 2024 por un presunto intento de golpe de Estado. Actualmente, al menos diez de los acusados permanecen en prisión.

Declaraciones de los defensores

Eusebio Vera, abogado defensor de uno de los acusados, expresó: “Los acusados que aún están con detención preventiva tienen todo el derecho de plantear que se revise la situación jurídica que tienen; esa resolución alcanza a todos los detenidos, haciendo excepciones y esas excepciones no alcanzan a los acusados”.

El hecho que desató el caso

El 26 de junio de 2024, Juan José Zúñiga, quien era el comandante del Ejército en ese momento, tomó la plaza Murillo durante aproximadamente cuatro horas. Este acto fue calificado por el gobierno como un “golpe de estado fallido”, lo que llevó a que se procesara a todos los involucrados.

Instrucciones del TSJ

El 22 de agosto de 2025, el presidente del TSJ ordenó la revisión de los casos de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez. Como resultado de esta instrucción, el gobernador de Santa Cruz obtuvo detenciones domiciliarias con salida laboral en varios procesos. Sin embargo, esta decisión provocó protestas en la mayoría de los penales, lo que llevó a Saucedo a emitir otra instrucción para atender las medidas cautelares de todos los reos.

Situación de Marco Pumari

Este viernes, Marco Pumari enfrentó la única audiencia que le falta antes de dejar el penal de Cantumarca. Ya había logrado medidas sustitutivas en el caso golpe II y ahora busca obtener lo mismo en el caso quema del TED. En horas de la tarde, la justicia le permitió salir de prisión, donde ha estado desde noviembre de 2021.

Complicaciones para Jeanine Áñez

Para la expresidenta Jeanine Áñez, la situación es complicada, ya que enfrenta un caso golpe II con una sentencia de diez años. Sus abogados están intentando revertir esta situación. Omar Durán, abogado defensor de uno de los acusados, mencionó que su cliente ya cuenta con detención domiciliaria y también ha logrado una salida laboral.

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Denuncia de vulneración

Zúñiga ha enviado una carta manuscrita al Fiscal General en la que afirma que, a pesar de haber sido convocado formalmente en tres oportunidades por la Fiscalía para ampliar su declaración informativa, la diligencia ha sido “sistemáticamente impedida por la misma autoridad y el Régimen Penitenciario”.

En su misiva, el exjefe militar menciona: “La dilación intencional no solo me perjudica legalmente, sino que además revela una actuación incompatible con el principio de objetividad y legalidad que debe guiar la labor del Ministerio Público”.

Cuestionamiento a la Fiscalía

Además, Zúñiga recuerda que el propio Fiscal General, en declaraciones públicas, habría autorizado la toma de su declaración ampliatoria. Cuestiona por qué no se ha cumplido esa instrucción. Asegura que, con el cierre del plazo de la fase investigativa sin haber podido ejercer plenamente su derecho a la defensa, “se configura una vulneración directa al debido proceso y las garantías mínimas de todo ciudadano”.

Solicitud de audiencia

Por esta razón, ha solicitado a Mariaca que “ordene de forma inmediata que se me tome la declaración ampliatoria conforme al Derecho”. También ha pedido una audiencia personal con el Fiscal General, ya sea en su celda o en otro espacio autorizado.

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La denuncia fue realizada el lunes 30 de junio de 2025, a través de allegados, donde Zúñiga expone las difíciles condiciones que enfrenta en el penal. “Mis familiares llegan, tras recorrer largas distancias y sacrificarse, para poder verme una o dos veces por semana. Sin embargo, los policías apostados en el ingreso del penal ocultan sus nombres, les impiden registrarse y me niegan el derecho de verlos”, afirmó Zúñiga. Esto ocurre a pesar de que existe una acción de libertad ganada judicialmente, que prohíbe cualquier tipo de restricción a sus visitas.

Restricciones severas

El exgeneral también mencionó que la “crueldad ha llegado a extremos”, como regular la cantidad de agua que puede beber. “La semana pasada, un familiar me trajo tres bidones de agua potable (de cuatro litros cada uno). La respuesta del régimen carcelario fue que solo podía consumir uno y que el resto no ingresará”, explicó Zúñiga.

Además, relató que un familiar intentó dejarle diez limones para aliviar un resfriado, pero le respondieron que “tres limones son suficientes para el general Zúñiga durante la semana”.

Condiciones inhumanas

“Me tienen encerrado en una caja de ladrillo sin ventanas: esto es una muerte lenta. Lo que están haciendo conmigo no es un encierro: es una forma de tortura y de matarme lentamente”, denunció el exgeneral. Indicó que está confinado 12 horas al día en una celda sin ventanas ni ventilación. “Solo puedo ver el sol una hora al día. No respiro aire fresco. No puedo moverme”, agregó.

Dependencia total de familiares

Por otro lado, Zúñiga aseguró que no tiene acceso a tiendas ni puntos de venta dentro del penal; depende totalmente de sus familiares para alimentación, hidratación y para tratar sus dolencias. “Me restringen el agua, la comida, la fruta, la medicina, la luz, el aire. Están atentando contra mi integridad física, psicológica y moral”, expresó.

“Lo denuncio con firmeza: esto es trato cruel, inhumano y degradante. Exijo trato digno como boliviano y soldado de la patria”, agregó en su denuncia. En este contexto, responsabilizó a las autoridades penitenciarias y a los policías del penal por cualquier deterioro en su salud.

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Intervención militar en La Paz

Un contingente militar liderado por Zuñiga interrumpió la actividad en la Plaza Murillo, donde se concentra el poder Ejecutivo y Legislativo de Bolivia. Durante esta intervención, destruyó con un tanque la puerta principal del Palacio Quemado. Después de que Arce relevó al alto mando militar ese mismo día, Zuñiga y las tropas se replegaron. El excomandante fue detenido y desde entonces está recluido preventivamente.

Acusaciones de Zuñiga

Durante su aprehensión, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para “levantar su popularidad”, justo cuando varios sectores sociales alistaban protestas contra el Gobierno. El exjefe militar ratificó esa versión hace 2 meses desde la cárcel a un medio argentino y otro boliviano, enfatizando que “para nada hubo un intento de golpe de Estado”, sino que se limitó a cumplir “una orden” surgida de una conversación con Arce.

Aislamiento y consecuencias

A raíz de esto, Zuñiga fue aislado por portar un celular dentro del penal. Además, el director de Régimen Penitenciario de Cochabamba fue destituido. Arce, en una reciente entrevista con EFE, dijo que su Gobierno soportó “todo” para “preservar la democracia”, “inclusive un golpe de Estado”, algo que consideró su principal legado cuando en noviembre próximo deba entregar el mando al vencedor de las elecciones generales del 17 de agosto.

Opiniones de expertos

El exmilitar y experto en temas de seguridad, Omar Durán, indicó a EFE que lo ocurrido el 26 de junio fue “un acto de insubordinación” de Zuñiga, quien “se ha sentido traicionado” por Arce. También consideró que la supuesta intención de Zuñiga al decir que cumplió órdenes de Arce es “buscar un indulto” cuando asuma el nuevo Gobierno.

Reacciones políticas

El diputado Renán Cabezas declaró que la acción de Zuñiga “ha sido una farsa que el Gobierno ha querido implementar en el imaginario colectivo para victimizarse y mejorar su popularidad”. Por los hechos ocurridos hace un año, se procesó judicialmente a más de 20 militares y a un civil señalado como supuesto autor intelectual, acusados por terrorismo y alzamiento armado.

La mitad de los acusados fueron detenidos preventivamente; el resto obtuvo detención domiciliaria o se benefició con el sobreseimiento del proceso. Recientemente, algunos militares y el civil fueron sentenciados a 2 años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado en el que aceptaron los cargos. Según la legislación boliviana, esta pena no amerita prisión efectiva al ser menor.

Documental sobre los hechos

A mediados de abril, el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó el documental “Qué pasó el 26J”, que incluye testimonios y audios del proceso judicial instaurado tras el levantamiento militar. El audiovisual mencionaba a varios analistas y sindicalistas críticos del Gobierno, quienes supuestamente iban a ser parte del Gobierno cuando Zuñiga tomara la Presidencia. Esto derivó en citaciones y aprehensiones por parte de la Fiscalía.

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La comisión, que está conformada por parlamentarios de las tres fuerzas políticas que están representadas en el Legislativo, tenía planeado visitar el penal de El Abra en Cochabamba el miércoles reciente. El objetivo era recoger la versión de Zúñiga sobre los eventos ocurridos.

Sin embargo, Torres informó que se emitieron amenazas de trasladar al excomandante a otros recintos carcelarios. Esto se considera parte de una estrategia para evitar que Zúñiga declare ante los legisladores. “No se pudo visitar en atención a que hubo amenazas, como siempre lo hizo el Gobierno, de trasladar a Zúñiga a otro recinto”, afirmó Torres.

Obstaculización del proceso

El senador también mencionó que han enfrentado obstáculos en todo el proceso, incluidos problemas con el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía. “Hemos sufrido obstaculización por todo lado”, sostuvo.

A pesar de estas dificultades, Torres aseguró que continuarán con los trámites judiciales necesarios para obtener la autorización correspondiente. “Nosotros esperamos que los trámites ante la justicia para autorizar la entrevista de Zúñiga no sean sancionados injustamente como lo han venido haciendo y puedan concluir en los siguientes días”, explicó.

La necesidad de esclarecer los hechos

Torres insistió en que el país necesita conocer lo que realmente sucedió el 26 de junio de 2024. Lamentó que se impongan obstáculos al trabajo legislativo. “Esperamos que el Gobierno no vulnere más derechos de los procesados y permita que la comisión cumpla su labor. (…) El pueblo de Bolivia desea y necesita saber qué pasó el 26 de junio”, manifestó.

Contexto del caso Zúñiga

Zúñiga, quien ha estado detenido desde junio del año pasado, fue identificado como el líder del alzamiento militar que tuvo lugar el 26 de junio de 2024. En entrevistas anteriores a medios internacionales, negó que se tratara de un intento de golpe de Estado. Afirmó que el operativo tenía como objetivo reforzar la imagen del Presidente Luis Arce.

Además, Zúñiga señaló que la acción fue planificada por un equipo de inteligencia del Gobierno. Este proceso de investigación se desarrolla en paralelo a la difusión de un documental oficial que reafirma la versión del Ejecutivo sobre un intento de golpe de Estado.

Demandas de una investigación independiente

Esta narrativa ha sido cuestionada por la defensa de los detenidos y por sectores de la oposición, que exigen una indagación independiente. La situación sigue siendo tensa y el desenlace de la investigación es esperado con gran interés por parte de la sociedad boliviana.

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Entre los delitos que se les atribuyen a los acusados se encuentran el terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, así como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

De las 21 personas acusadas, 17 han sido imputadas como autores de los delitos y cinco como cómplices. La acusación fue firmada por los fiscales Omar Mejillones y José Yujra, y se emitió el 10 de mayo de 2025, en respuesta a una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

Planificación del golpe

Según el documento de la Fiscalía, Zúñiga, junto a los excomandantes de la Armada, Juan Arnez, y de la Fuerza Aérea, Marcelo Zegarra, planificaron una operación que fue denominada “Toma de poder”. Esta operación incluyó el despliegue de tropas, armamento y vehículos hacia el Palacio de Gobierno.

La Fiscalía argumenta que existió una intención clara de instaurar un régimen militar, aprovechando un contexto de conflicto en el país.

Implicados civiles

Uno de los implicados en el caso es Fernando Hamdan, quien ha sido señalado como el ideólogo del movimiento y fue acusado en calidad de cómplice. Además de los mandos militares, la lista de acusados incluye a personal en servicio pasivo y retirado.

Situación legal de Zúñiga

La acusación formal se presenta en un momento crítico, ya que el juez cautelar del caso debía reconsiderar la situación legal de Zúñiga, quien actualmente se encuentra en detención preventiva en el penal de El Abra, en Cochabamba.

El exjefe militar ha sostenido en diversas ocasiones que lo ocurrido en la plaza Murillo no fue un golpe de Estado, sino que se trató del cumplimiento de una orden de “autogolpe”. Aseguró que el objetivo del operativo era mejorar la imagen del Presidente Luis Arce.

Próximos pasos judiciales

La Fiscalía ha solicitado que se inicie el juicio oral y que se emita una sentencia condenatoria. También se pide el pago de costos, daños y perjuicios al Estado. Se espera que en los próximos días, el Tribunal de Sentencia correspondiente defina la fecha para el inicio del proceso judicial.

El 26 de junio de 2024, Zúñiga movilizó a un grupo de militares encapuchados, quienes tomaron la plaza Murillo con tanquetas y efectivos armados con armas de grueso calibre.

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Ajpi ha expresado su confianza en que no habrá inconvenientes como los que se presentaron en ocasiones anteriores. Además, destacó la importancia de contar con la colaboración del gobierno y de sus diputados para que la actividad se desarrolle sin problemas.

Autorización para la visita

Ajpi aseguró que ya cuentan con la autorización necesaria para llevar a cabo esta visita. Cabe recordar que una actividad legislativa anterior había sido frustrada por situaciones imprevistas, lo cual genera un interés adicional en asegurar que esta vez se realice sin contratiempos.

Proceso de esclarecimiento

La visita a la cárcel forma parte de un proceso más amplio que busca esclarecer los hechos relacionados con la gestión del exmilitar. La participación activa de los diputados y otros actores políticos podría tener un impacto significativo en el desarrollo de futuras investigaciones y decisiones legislativas.

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Estas afirmaciones de Novillo se produjeron después de que Zúñiga ofreciera una entrevista a un medio internacional desde su lugar de detención. En esta entrevista, Zúñiga declaró que la responsabilidad de los eventos del 26 de junio recaía en el propio Gobierno.

Estrategia de desvío

Para el ministro, este tipo de declaraciones forman parte de una estrategia destinada a “dilatar el proceso y ocultar la verdad”. Novillo subrayó que estas afirmaciones contradicen lo que Zúñiga había declarado inicialmente ante el Ministerio Público.

Investigaciones basadas en pruebas

Novillo enfatizó que las investigaciones deben fundamentarse en pruebas objetivas. Además, rechazó las “declaraciones ligeras” que, según su opinión, solo buscan confundir a la población y evitar que se sancione lo que él considera un acto “antipatriótico”.

Elementos de prueba del Gobierno

El Gobierno sostiene que posee suficientes elementos que demostrarían que hubo una planificación previa del operativo. Entre estos elementos se incluyen conversaciones de WhatsApp, testimonios de testigos y grabaciones de video.

Detalles de la toma militar

El 26 de junio de 2024, tropas militares bajo el mando de Zúñiga ingresaron a la plaza Murillo utilizando vehículos blindados e intentaron tomar la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del Órgano Ejecutivo. Actualmente, más de 30 personas están bajo investigación por estos hechos.

Citación a Juan José Zúñiga

La Fiscalía General del Estado ha citado a Juan José Zúñiga para que amplíe su declaración el próximo 5 de mayo de 2025 en la ciudad de La Paz, como parte de las diligencias relacionadas con este caso.

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La declaración estaba programada para las 10:00 horas de este martes 22 de abril de 2025, pero ahora se llevará a cabo el jueves. Zúñiga había solicitado previamente ampliar su declaración. Sin embargo, su abogada denunció a principios de abril que la Fiscalía no le permitía realizar este testimonio.

Entrevistas desde la cárcel

Desde su encarcelamiento, el exgeneral ha concedido entrevistas en las que ha negado haber intentado llevar a cabo un “golpe de Estado”, como lo acusa el Gobierno. Además, Zúñiga ha revelado supuestos planes del Gobierno de Luis Arce y sus asesores para dar un “golpe a la Asamblea” o incluso para formar algún grupo paramilitar.

Posibles declaraciones de asesores

En relación con la posibilidad de que se cite a declarar a asesores mencionados por Zúñiga, como Hugo Moldiz, el fiscal departamental indicó que, por responsabilidad, primero se tomará la declaración del excomandante del Ejército. “Primero debemos recepcionar su declaración ampliatoria y la comisión de fiscales analizará, valorará y, hasta incluso los investigadores asignados al caso, van a sugerir actuaciones investigativas”, afirmó Torrez.

Detención preventiva de Zúñiga

El exgeneral se encuentra bajo detención preventiva mientras continúan las investigaciones sobre la asonada del 24 de junio de 2024. Este caso ha generado gran interés mediático y político, dado su impacto en la situación actual del país.

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Mariaca comentó: “Lo invitamos a que vaya, mediante procedimiento y a través de su defensa técnica, y pida que se amplíe. El Ministerio Público, a través de su comisión, verá si corresponde o no volverle a tomar la declaración”. Afirmó que existen medios legales que permiten a Zúñiga, o a cualquier imputado, prestar su declaración informativa ante el fiscal o ante la Policía.

Obligación de la Fiscalía

La autoridad también destacó que la Fiscalía tiene la obligación de llevar a cabo esta investigación de manera objetiva. En tanto, Siles indicó que Zúñiga ya ha declarado en tres oportunidades y que el 22 de abril de 2025 será su cuarta vez.

“Recordar que el señor Zúñiga ya prestó su declaración primero en la etapa preliminar de investigación, luego pidió ampliaciones en la etapa de investigación y recientemente ha solicitado una declaración ampliatoria a la Fiscalía”, agregó Siles.

Entrevista y declaraciones de Zúñiga

Durante esta semana, se hizo pública una entrevista de Zúñiga con un medio argentino, en la que afirmó haber tenido reuniones con Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez, quienes son supuestos miembros de un gabinete de inteligencia de la administración de Luis Arce. El exgeneral sostuvo que estas personas intentaban coordinar no solo la entrega de armas a las organizaciones sociales, sino también orquestar un plan para aumentar la popularidad del Presidente Arce.

Relevancia del testimonio

Zúñiga ha sido una figura central en las investigaciones relacionadas con los eventos que ocurrieron durante la avanzada militar. Su testimonio es considerado crucial para esclarecer los hechos y las acciones que tomaron las autoridades durante ese periodo.

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“Soy hijo de minero de Llallagua, y hoy me dirijo al pueblo boliviano para denunciar la verdad oculta tras la corrupción y la traición de este gobierno. Durante años he servido a Bolivia, pero ya no puedo seguir callando ante el plan maquiavélico de Luis Arce, un plan que pretendía sumir a nuestra nación en caos y violencia para perpetuar su poder” señaló en su carta.

Zúñiga relata que el 26 de junio de 2024 se estaba preparando una avanzada militar hacia la Plaza Murillo, con la intención de desatar un derramamiento de sangre. En su carta, el exgeneral menciona que Arce le había encargado liderar este autogolpe, describiéndolo como “un plan perverso ideado para provocar derramamiento de sangre y pintar al Gobierno como la víctima”.

Críticas a Evo Morales

En una entrevista previa a los eventos del 26 de junio, Zúñiga realizó un “ataque directo” contra Evo Morales, quien es considerado el principal adversario de Arce. Esto, según él, fue una estrategia para aparentar obediencia mientras, en secreto, frustraba el autogolpe. Además, Zúñiga afirmó que se le ordenó entregar 1.000 rifles y entrenar grupos de choque, así como adquirir 5.000 fusiles de asalto AK-47.

Esta es la carta íntegra que envió desde la cárcelDescarga

Estrategia mediática

El exgeneral también menciona que la estrategia incluía atacar a la oposición a través de la televisión. En su carta, Zúñiga menciona a varias figuras políticas como Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina e incluso Evo Morales como objetivos de esta campaña mediática.

Decisión de no actuar

Según Zúñiga, optó por no ordenar ninguna acción violenta para evitar que se produjeran disparos o arrestos que pudieran resultar en derramamiento de sangre. Antes de los eventos del 26 de junio, había mantenido reuniones secretas con Hugo Moldiz y Fernando Rodríguez, quienes forman parte del gabinete de inteligencia del Presidente Luis Arce.

Advertencias sobre hackers

El exgeneral también hizo una advertencia sobre la existencia de un grupo secreto de hackers que llegó a Bolivia con el propósito de vigilar a los opositores y manipular las elecciones. Zúñiga hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos, afirmando: “No permitiré que sigan inventando historias de suicidio o accidentes para callarme”.

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Las declaraciones de Zúñiga fueron compartidas con el medio argentino Data Urgente. En estas reuniones, también participó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca. Zúñiga reveló que durante uno de estos encuentros, un extranjero estuvo presente y se le hizo la solicitud de armamento en un hotel de La Paz.

“Pidieron una cantidad de 5.000 fusiles AK-47 y una buena cantidad de munición. Ese era el pedido. No era para las Fuerzas Armadas, era para sus movimientos sociales”, afirmó Zúñiga, subrayando la intención detrás de esta solicitud.

Detalles de las reuniones secretas

En otra reunión secreta, Zúñiga mencionó que esta tuvo lugar en la casa de Rodríguez, donde también estuvo presente el viceministro Juan Villca. En esta ocasión, se discutió la cantidad de personas que podrían estar disponibles para operar. Villca indicó que tenía “aproximadamente 1.000 operativamente, a la mano”. Otros funcionarios presentes también mencionaron que contaban con alrededor de 500 personas.

Sin embargo, Moldiz le insistía a Zúñiga sobre la necesidad de armas, preguntándole sobre la posibilidad de que pudiera prestar o proporcionar armas que estaban en sus depósitos. “Nos faltan armas, qué posibilidades hay de que nos puedas prestar o proporcionar armas que están en tus depósitos”, le dijo Moldiz.

Negativa a la entrega de armas

Según el relato de Zúñiga, se buscaba la entrega de fusiles Mauser, pero él se negó a hacerlo para evitar un derramamiento de sangre. “Nunca un comandante se va a prestar a ensangrentar a la población y lo he demostrado en la Plaza Murillo”, aseguró Zúñiga, enfatizando su postura ética en esta situación.

Control de agentes de inteligencia

Además de la solicitud de armas, Zúñiga mencionó que Moldiz también le insistía sobre la posibilidad de tomar el mando directo de los agentes de Inteligencia. Esta revelación añade una capa más de complejidad a las interacciones entre los funcionarios del Gobierno y el excomandante del Ejército.

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Detalles del incidente

El hecho ocurrió el 16 de abril, cuando Zúñiga, quien se encuentra recluido por el presunto intento de golpe de Estado fallido del 26 de junio de 2024, ofreció una entrevista virtual a un medio internacional desde su celda.

Ante esta situación, las autoridades policiales llevaron a cabo una requisa en la cárcel, pero no lograron encontrar el dispositivo móvil. Como resultado, el Gobierno decidió imponer sanciones tanto a la autoridad penitenciaria como al exjefe militar.

Responsabilidad del director

Del Castillo declaró que el director de Régimen Penitenciario no cumplió adecuadamente con su labor de control, lo que permitió que las personas privadas de libertad actuaran con libertad indebida dentro del penal de máxima seguridad.

En este contexto, el ministro ordenó la destitución inmediata de Arze como parte de una medida correctiva debido al uso irregular de teléfonos celulares en el recinto.

“El responsable de que se metan celulares ya va a ser destituido el día de hoy. El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba no está haciendo un buen control y está permitiendo que las personas privadas de libertad hagan lo que quieran en El Abra”, afirmó Del Castillo.

Sanciones a Zúñiga

En relación a Zúñiga, el Ministerio de Gobierno, cumpliendo con las normas internas del régimen penitenciario, decidió suspender todas sus visitas por un periodo de 20 días.

El ministro indicó que esta sanción es ejemplar, ya que los internos no pueden tener acceso a teléfonos y deben cumplir estrictamente con las disposiciones del centro de rehabilitación.

Declaraciones del excomandante

Del Castillo también descartó que el excomandante del Ejército sea trasladado a otro penal, como había denunciado su abogada, Silvia Tapia.

Durante la entrevista con el medio internacional, Zúñiga negó haber intentado liderar un golpe de Estado y afirmó que los hechos del 26 de junio de 2024 tuvieron como objetivo “aumentar la popularidad” del Presidente Luis Arce.

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El ministro de Justicia, César Siles, indicó que Zúñiga ya había declarado en 3 ocasiones ante fiscales. Su defensa ha solicitado una nueva declaración para el 22 de abril de 2025.

Siles consideró que esta nueva declaración ante el Ministerio Público será un elemento de convicción “probatorio, suficiente y no así a una declaración prestada a un medio de comunicación”.

Complicaciones en la defensa

Además, el ministro afirmó que las declaraciones de Zúñiga “complican su misma defensa” en el proceso que se sigue en su contra, debido a las contradicciones que habría presentado anteriormente.

En este contexto, Siles exhortó al Ministerio Público a finalizar la investigación y “de una vez” emitir el requerimiento conclusivo que debe incluir una acusación por los “graves hechos” ocurridos el 26 de junio de 2024.

La iniciativa del “fujimorazo”

Según Zúñiga, surgió una iniciativa con el Gobierno y allegados del mandatario Luis Arce para llevar a cabo un “fujimorazo”. Este término se refiere a dar un “golpe” a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el propósito de aumentar la popularidad del Ejecutivo.

Referencia histórica

El “fujimorazo” hace alusión a los eventos de 1992, cuando el entonces presidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en medio de una confrontación con la oposición.

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Este miércoles 16 de abril, el senador de Creemos y miembro de esta comisión, Henry Montero, confirmó esta información. El legislador mencionó que la comisión ha solicitado formalmente llevar a cabo una sesión presencial con Zúñiga para escuchar su versión directa sobre los hechos que ocurrieron durante la fallida asonada militar, la cual el Gobierno califica como un intento de golpe de Estado.

Expectativas del encuentro

“Esperamos que se viabilice este encuentro con el general Zúñiga para conocer su verdad y contar con información de primera mano que permita esclarecer lo sucedido”, expresó Montero. Esta reunión es considerada crucial para entender mejor los acontecimientos que rodearon la crisis.

Documental del Gobierno

Tras la presentación de un documental del Gobierno que reafirma que el 26 de junio hubo un intento de golpe de Estado fallido, Zúñiga reiteró su versión. Según él, la movilización militar fue orquestada con el fin de mejorar la imagen del Presidente Luis Arce.

El excomandante incluso afirmó que el Ejecutivo contemplaba la posibilidad de aplicar un “fujimorazo”, haciendo referencia al cierre del Congreso que ocurrió en Perú en 1992, como una forma de superar el bloqueo legislativo a créditos y proyectos.

Escenarios probables

“Hoy se plantean 13 escenarios probables que pudieron haber ocurrido, y uno de esos escenarios era el fujimurazo. Creo que hay que dejarlo hablar y ver realmente lo que sucedió en los hechos de junio del año pasado”, comentó Montero. Además, advirtió que emitir juicios anticipados podría afectar el trabajo de la comisión.

Obstáculos en la investigación

El senador también denunció que el avance de la investigación enfrenta varios obstáculos, como el amedrentamiento a testigos clave y dificultades para acceder a información relevante. Sin embargo, indicó que ya se han recopilado al menos 40 cuerpos de documentos, los cuales están siendo sistematizados para la elaboración del informe final.

Informe final de la comisión

El informe final de la comisión aún no tiene una fecha de presentación definida. No obstante, Montero aseguró que el trabajo continuará con imparcialidad. “El país merece un informe serio, objetivo y que esté basado en hechos comprobables”, concluyó el senador.

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Esta decisión se tomó durante una audiencia en la que se reconsideraron las medidas cautelares, tras el vencimiento del plazo inicial de detención de Zúñiga. Aunque tanto la Fiscalía como el Gobierno solicitaron una extensión de dos meses, argumentando que el caso es complejo y que aún quedan diligencias por realizar, el juez optó por conceder solo 30 días adicionales.

Próxima audiencia programada

El juzgado ha programado una nueva audiencia para el 11 de mayo de 2025, en la que se volverá a evaluar la situación legal de los implicados en el caso. Además de Zúñiga, la extensión de la detención también afecta al exjefe de la Armada, Juan Arnez, y a Edison Irahola, excomandante de la División Mecanizada del Ejército.

Las defensas de los involucrados han anunciado que presentarán apelaciones contra esta decisión judicial. Mientras se llevaba a cabo la audiencia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se emitieron cinco nuevas órdenes de aprehensión.

Nuevas órdenes de aprehensión

De estas, una fue ejecutada en Santa Cruz y dos en Cochabamba. Entre los detenidos se encuentra el abogado Jorge Valda, lo que ha generado reacciones en la oposición, que ha calificado estas acciones como una nueva arremetida de persecución política y ha exigido su liberación.

Documental sobre la asonada militar

Estos acontecimientos se desarrollan un día después de que el Gobierno difundiera un documental sobre la asonada militar. En este documental se mencionan a analistas y dirigentes como posibles integrantes de un eventual gabinete que podría ser encabezado por Zúñiga.

LDVY

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La resolución se tomó durante una audiencia que se llevó a cabo el pasado martes. En esta audiencia, el Ministerio Público expuso la complejidad del caso y la necesidad de realizar más actos investigativos para avanzar en la investigación.

Argumentos de la Fiscalía

La solicitud de la Fiscalía para extender la detención preventiva se basa en que el caso presenta una complejidad considerable. Esto se debe a la multiplicidad de imputados, lo que dificulta la obtención de pruebas. Además, se menciona la situación política actual del país como un factor que complica aún más el proceso.

Asimismo, la Fiscalía señala que aún faltan varios actos investigativos por realizar. Entre estos se incluyen peritajes a los celulares, DVRs, imágenes y otros elementos que fueron recolectados durante los primeros seis meses de investigación.

Desplazamientos para la investigación

La investigación también se considera compleja porque requiere desplazamientos a diferentes lugares para llevar a cabo los actos investigativos necesarios. Los militares y las tanquetas involucradas fueron movilizados desde distintas regiones del país. Además, algunas personas fueron aprehendidas en otros departamentos.

La Fiscalía también menciona la necesidad de realizar una inspección técnica ocular, especialmente en el Comando en Jefe del Ejército, ubicado en la Plaza Murillo. Debido al número de personas que están siendo investigadas, esta inspección no se ha podido llevar a cabo hasta el momento.

Situación de los detenidos

Con base en estos elementos, el juez cautelar ha decidido ampliar el encarcelamiento de los tres exjefes militares. Esta medida ha sido apelada por sus defensas legales. Actualmente, Zúñiga se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de El Abra, en Cochabamba. Por su parte, Arnés e Irahola permanecen recluidos en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Todos ellos están detenidos desde el 29 de junio, fecha en la que se realizó su traslado. Los tres están imputados por los delitos de alzamientos armados y terrorismo.

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Declaraciones del abogado

El jurista explicó que durante la toma armada de la sede Ejecutiva y Legislativa en La Paz, no se intentó un golpe de Estado. Según él, Zúñiga logró canalizar una conspiración que había sido planeada desde 2023 por algunos militares. Magne subrayó que oficiales de menor rango, como los mayores Leonel Sanjinés y Miguel Fernando Iriarte, proporcionaron un guion a Zúñiga y le enviaron mensajes para que hablara ante los medios ese día.

“Le enviaron el discurso para cuando se posesione como presidente, pero Zúñiga sabía que no iba a cometer ese acto, solamente iba a ser como un acto de protesta”, afirmó el abogado. Además, Magne indicó que las fuerzas se retiraron de la sede del Ejecutivo por orden de Zúñiga y no debido a un cambio en el Alto Mando Militar.

Defensa de Zúñiga

El exjefe militar sostiene que nunca tuvo la intención de derrocar al Gobierno. Según su abogado, Zúñiga tomó un plan que “iba a ser suscitado con o sin él” para expresar la insatisfacción de un grupo de militares. Magne aseguró que Zúñiga logró “asegurar al Gobierno democráticamente elegido”.

El abogado también argumentó que las acusaciones de terrorismo y alzamiento armado contra Zúñiga se refieren a hechos que, según él, no ocurrieron el 26 de junio. Estos serán los fundamentos de su defensa durante el juicio.

Acusaciones y consecuencias

Zúñiga enfrenta acusaciones por haber tomado la sede presidencial durante unas horas junto a otros militares bajo su mando. Se reporta que incluso utilizó un tanque para derribar la puerta del antiguo Palacio de Gobierno. En respuesta a estos eventos, Arce destituyó a Zúñiga el mismo día, lo que llevó a que el excomandante y sus tropas se replegaran.

Posteriormente, Zúñiga fue detenido y actualmente se encuentra en prisión preventiva en una cárcel en el centro del país. Durante su arresto, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar con el fin de “elevar su popularidad” en medio de una crisis económica. También mencionó que tenía la intención de liberar a los “presos políticos”, incluyendo a la expresidente Jeanine Áñez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Fuente: EFE

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Detalles de la Sentencia

En la audiencia celebrada el 6 de septiembre, el juzgado impuso una pena de 3 años de privación de libertad. Esta sentencia le permitirá al capitán Caviedes acceder al beneficio de suspensión condicional de la pena.

Eusebio Vera, el abogado del capitán, comunicó que se ha emitido el mandamiento de libertad para su cliente, y estima que la ejecución de este mandamiento se llevará a cabo la próxima semana, una vez que se completen los trámites necesarios.

Condiciones de Libertad

Con esta decisión, el ayudante de Zúñiga podrá abandonar la cárcel de San Pedro, donde actualmente se encuentra en detención preventiva. El capitán Caviedes admitió haber cometido el delito de alzamientos armados contra la seguridad del Estado, en grado de complicidad.

En su solicitud, Caviedes explicó que su decisión se debe a que vive una “pesadilla” al estar privado de su libertad y prefiere salir de la cárcel para reunirse con su familia.

Defensa del Capitán

Según su abogado, el 26 de junio, el capitán Caviedes no estaba al tanto de los planes del general Zúñiga y solo lo asistía llevando su maletín. Vera justificó que su defendido, quien tiene 35 años, no debería estar en prisión, especialmente porque tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijas y a sus padres de la tercera edad.

Implicados en el Caso

Entre las condiciones que debe cumplir Caviedes se encuentran la verificación de su domicilio y la acreditación de una ocupación dentro de un plazo determinado. En este caso, hay más de 30 personas implicadas, la mayoría de ellas militares.

El líder del movimiento militar, Juan José Zúñiga, ya ha sido dado de baja de las Fuerzas Armadas y se encuentra cumpliendo detención preventiva en el penal de El Abra, ubicado en Cochabamba.

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La defensa busca verificar si alguna sustancia química pudo haber alterado el estado del exgeneral, argumentando que su comportamiento no era habitual.

Ministerio Público ordena examen toxicológico a Zúñiga

El Ministerio Público ha ordenado la realización del examen toxicológico a Zúñiga, quien se encuentra detenido preventivamente en el penal de El Abra, en Cochabamba. Esta medida se toma luego de los inusuales movimientos militares reportados el 26 de junio en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde se descubrió un intento de golpe de Estado liderado por el exgeneral.

Defensa niega consumo de hoja de coca por parte de Zúñiga

Algunas personas señalaron que el exgeneral tenía un bolo de coca en la boca durante los eventos en la Plaza Murillo. Sin embargo, el abogado Orellana ha aclarado que Zúñiga no suele masticar hoja de coca, desmintiendo estas afirmaciones.

Demora en la solicitud del examen toxicológico genera interrogantes

El abogado Ricardo Rodríguez ha cuestionado la demora de la Fiscalía en solicitar el examen toxicológico a Zúñiga. Según Rodríguez, esta pericia debería haberse realizado de inmediato, el 27 o 28 de junio, en lugar de esperar dos meses. Esta demora llama poderosamente la atención y podría tener implicaciones en la estrategia legal de la defensa del excomandante.

Posible estrategia legal de Zúñiga

El abogado Rodríguez ha planteado la posibilidad de que Zúñiga alegue estar mentalmente incapacitado como estrategia legal para atenuar su situación jurídica y ser considerado una persona inimputable. Esta estrategia podría ser utilizada para buscar una reducción de los cargos por terrorismo y alzamiento armado que enfrenta el exgeneral.

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Esta solicitud implica que los acusados están dispuestos a aceptar los cargos presentados por la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena que se les impondría.

Procedimiento abreviado no solicitado por Zúñiga

El fiscal departamental William Alave aclaró que el procedimiento abreviado no ha sido solicitado por Juan José Zúñiga, sino por otros mandos inferiores de las Fuerzas Armadas involucrados en la toma militar. Además, anunció que se revisarán las solicitudes para determinar si se acepta el procedimiento abreviado.

Más de 30 personas investigadas por toma militar

El caso en cuestión involucra a más de 30 personas investigadas por la toma de la plaza Murillo y la irrupción en Palacio Quemado, el 26 de junio, bajo el mando de Zúñiga.

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Estos dispositivos móviles, que ahora están en posesión de la Fiscalía Departamental de La Paz, serán abiertos con el objetivo de buscar indicios que ayuden a esclarecer el caso del intento de golpe que tuvo lugar en junio.

Los teléfonos celulares fueron confiscados a varios individuos, entre ellos el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, así como a Juan Arnés, Marcelo Javier Zegarra, Juan Mario Paulsen y Franz Ordóñez, quienes son considerados presuntos militares y civiles involucrados en el caso.

El intento de golpe de estado en Bolivia

El 26 de junio, Juan José Zúñiga lideró a un grupo de militares encapuchados, equipados con tanquetas y armas de alto calibre, quienes tomaron la plaza Murillo, donde se encuentran los dos Órganos del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.

Según los informes, tanto los militares como los civiles involucrados en el caso y que se encuentran detenidos en diferentes cárceles de Bolivia, participarán en esta audiencia de manera virtual. En total, hay 27 personas detenidas por el caso de intento de golpe de estado, de las cuales 25 son militares.

Esperanzas de obtener nueva información

Se espera que la apertura de estos dispositivos móviles arroje nueva luz sobre los eventos ocurridos durante esa jornada en la plaza Murillo. La revisión de los teléfonos celulares podría proporcionar evidencia adicional y ayudar a esclarecer los detalles del presunto intento de golpe de estado en Bolivia.

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Los militares que han sido dados de baja son el general Juan José Zúñiga, quien comandaba el Ejército, el vicealmirante Juan Arnés Salvador de la Armada y el general Marcelo Zegarra Gutiérrez de la Fuerza Aérea. Estos tres excomandantes encabezaron la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio, ingresando al Palacio de Gobierno y manteniendo una conversación con el Presidente del Estado, Luis Arce. Durante esta conversación, Zúñiga y Arnez le dieron la espalda al mandatario, mientras que Zegarra se quedó a su lado.

Castigo a otros militares

Además de los mencionados militares, también recibieron el castigo los generales Juan Mario Paulsen, quien fue inspector general del Ejército, y Franz Ordoñez Menacho, jefe del Departamento Tercero de Operaciones del Ejército. Tras la determinación de la baja, los efectivos fueron remitidos a la Justicia ordinaria para que se lleve a cabo una instancia investigativa sobre el caso. El ministro de Defensa aclaró que el caso de la baja es una medida estrictamente militar.

Próximas determinaciones

El ministro de Defensa también anticipó que en las próximas horas se conocerá la determinación de la justicia militar respecto a mandos menores, oficiales y suboficiales que participaron en los sucesos del pasado 26 de junio. Mencionó que Zúñiga y los otros altos mandos implicados en el caso se sometieron al Tribunal Superior de las FFAA, mientras que existen otras instancias para los otros casos. No se precisó la cantidad de militares que están bajo investigación.

Detención preventiva de los militares dados de baja

Las exautoridades militares que fueron dados de baja actualmente se encuentran detenidos preventivamente en diversos centros penitenciarios del país, acusados de alzamiento armado y otros delitos penales.

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Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, Hamdan asesoraba a Zúñiga en su discurso durante el levantamiento del 26 de junio en La Paz. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que Hamdan viajó desde Santa Cruz a La Paz el 24 de junio para reunirse con Zúñiga en un hotel. Además, se registraron nueve llamadas entre ambos el 26 de junio.

Del Castillo también proporcionó una lista del posible gabinete que Hamdan habría presentado al general Zúñiga. Aunque Hamdan forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, el ministro de Gobierno lo describió como un activista político en lugar de uno de derechos humanos.

Durante su presentación ante los medios, Hamdan denunció que todo este caso es una “charada” y confirmó haberse reunido con Zúñiga, pero para tratar temas relacionados con presos políticos. Aseguró que no tenía poder para llevar a cabo un golpe de Estado y que Zúñiga buscaba garantías por parte de Derechos Humanos. Expresó preocupación por su seguridad debido a amenazas percibidas dentro del gabinete presidencial.

Según Hamdan, Zúñiga le consultó sobre su visión del país y buscaba obtener garantías por parte de Derechos Humanos. Durante su intervención en la Policía, el activista reiteró que no había ningún golpe en marcha y calificó la situación como un montaje.

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La PGE emitió un comunicado de prensa en el que señala que, hasta ahora, se han presentado seis imputaciones formales, lo que ha llevado a la imposición de medidas cautelares personales contra las 24 personas investigadas. Entre los implicados se encuentran el destituido comandante del Ejército Juan José Zúñiga, otros exjefes militares y el supuesto “ideólogo” del alzamiento, Aníbal Aguilar, quien era asesor del Ministerio de Defensa.

Ampliación de los delitos investigados

Además de los delitos de alzamiento armado y terrorismo, se han añadido cargos por “atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado”, “destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional” y “uso indebido de bienes y servicios públicos”. La Procuraduría destaca que este caso enviará un mensaje en contra de la impunidad y la repetición de delitos graves que atentan contra la soberanía popular y la seguridad interna del país.

Revocación de la detención domiciliaria de Aníbal Aguilar

En una decisión reciente, la Justicia revocó la detención domiciliaria de Aníbal Aguilar, de 71 años, y lo envió con detención preventiva por cinco meses a la cárcel de San Pedro en La Paz.

El intento de golpe de Estado y sus consecuencias

La semana pasada, militares liderados por el destituido comandante del Ejército tomaron la sede presidencial de La Paz durante unas horas, lo que el Gobierno de Luis Arce calificó como un “intento de golpe de Estado”. Tras la destitución del alto mando militar, Zúñiga y las tropas se retiraron, y el excomandante fue detenido y ahora se encuentra en prisión preventiva en el centro del país.

En medio de su detención, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para “aumentar su popularidad”. La oposición en Bolivia ha afirmado que la operación de Zúñiga y la confrontación con Arce fueron un “montaje” y un “autogolpe” para mejorar la popularidad del Gobierno, una opinión compartida por el exmandatario y líder del oficialismo Evo Morales (2006-2019), quien se encuentra distanciado del presidente.

Declaraciones del presidente Arce

En una entrevista con EFE, Arce aseguró que nunca tuvo una relación cercana con Zúñiga y que alguien le hizo creer al exjefe militar que “podía ser presidente”.

Esta investigación continúa y se espera que se haga justicia en relación con los delitos cometidos durante la toma militar en Bolivia, enviando un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada y que se protegerá la soberanía y la seguridad del país.

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Al ser cuestionado sobre si experimentó temor al ver los tanques comandados por Zúñiga en la Plaza Murillo, Arce respondió afirmativamente, destacando que todos somos humanos y que los acontecimientos los tomaron por sorpresa. Además, señaló que la presencia de armas de fuego en manos de los involucrados dejaba claro que no se trataba de un juego.

El mandatario boliviano compara la situación con la crisis del 2019

Arce resaltó que las acciones de Zúñiga evocaron los momentos críticos vividos durante la crisis del 2019 en Bolivia. La situación generó preocupación entre la población boliviana, quienes temen por la estabilidad política del país y han comenzado a debatir sobre las posibles implicaciones a largo plazo.

Las intenciones de Zúñiga y las medidas de seguridad adicionales

El presidente Arce destacó que Zúñiga tenía la intención de ingresar a la Casa Grande del Pueblo y convertirse en presidente. Ante este intento de golpe, se implementaron medidas adicionales para fortalecer la seguridad en La Paz y otras regiones del país. Estos eventos recientes han generado preocupación y han despertado debates sobre el futuro de Bolivia.

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La Justicia determinó enviar a los tres exmandos militares a la cárcel de máxima seguridad del municipio de Viacha por 6 meses, argumentando el riesgo de fuga y obstaculización de la investigación del mismo día del intento de golpe.

Detención preventiva por delitos de terrorismo y rebelión armada

Después de una audiencia de medidas cautelares realizada de forma virtual, se determinó enviarlos a la cárcel de Chonchocoro por los delitos de terrorismo y rebelión armada contra la seguridad y soberanía del Estado. Pasadas las 13:20 horas de este sábado, los primeros cautelados fueron trasladados en un convoy de vehículos policiales hasta Chonchocoro, con fuertes medidas de seguridad.

En puertas de la Felcc se concentraron decenas de personas exigiendo justicia y castigo para los involucrados en el fallido golpe.

Zúñiga, señalado como el principal responsable del intento de golpe

Zúñiga es señalado como el principal responsable del intento de golpe y se le atribuye haber estado al frente del movimiento militar que implicó el desplazamiento de un fuerte contingente armado y tanquetas blindadas en la plaza Murillo.

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La historia comienza hace escasos días cuando se produce un encuentro entre Arce Catacora y Zúñiga, ambos graban un video propagandístico de un campeonato de basquetbol en el que se muestran como un equipo victorioso sobre otros contendores, este era el guion que supuestamente le habían sugerido a Arce Catacora sus publicistas buscando frenar los efectos de su caída de popularidad, que dicen que es estruendosa; esto lo confirmó Zúñiga en sus declaraciones.

Es evidente que sí había un plan armado entre Luis Arce y Juan José Zúñiga (encuestas internacionales nos indican que Arce Catacora hace unos días tenía un rechazó del 82 por ciento de la población) y que ante esta situación el Gral. Zúñiga, muy cercano colaborador del gobernante, aceptó dar una entrevista extensa en un medio de comunicación; entrevista en la que pretendía aparecer como guardián y defensor, brazo armado, del gobierno arcista (confundiendo gobierno con democracia y con Estado). En ese programa, Zúñiga profirió amenazas  contra todos los sectores que intenten hacer un paro o generar medidas de protesta en reacción a la alarmante situación económica que se está padeciendo en Bolivia; el guion se dirigió de manera más exclusiva a amedrentar a Evo Morales (enemigo  más temido de Arce), el mensaje fue directo y planteaba que, en su calidad de Comandante del Ejército no permitiría que se desestabilizara la gestión del Gobierno, no permitiría bloqueos, protestas, actos de convulsión, etcétera, y además tildo a Evo de mentiroso, mitómano, a quien amenazó con  tomarlo preso si se atreviese a declarar un paro o bloqueo.

Arce Catacora sí autorizó que Zúñiga conceda esta entrevista, lo que no midió fue el impacto de las aseveraciones del entonces Comandante del Ejército de Bolivia y también amigo o cuate de andanzas; sobre todo no midió la reacción que estas amenazas provocarían en el “Grupo de Puebla” tremendamente vigilante del alcance que pueda tomar la contienda fratricida al interior del MAS.

Morales de inmediato demandó el apoyo del “Grupo de Puebla”, que es la única organización internacional a la que obedecen tanto Arce como Evo. El Grupo de Puebla tomó inmediata posición exigiendo a Arce que destituya al Gral. Zúñiga para evitar que la sangre llegue al río. Arce ya no podía sostener su lealtad a Zúñiga y decidió salvarse y sacarse de encima el problema del quiebre con el Grupo de Puebla, grupo al que no le preocupa que en Bolivia haya democracia, puede aceptar un gobierno paramilitar o anti democrático pero sólido y no fracturado, quiere un gobierno populista sólido.

Zúñiga montó en cólera cuando tomó conocimiento de que había sido destituido de su cargo de Comandante del Ejercito, en ese momento buscó una venganza y reaccionó generando toda la escena de la que fuimos testigos: llegó hasta la plaza Murillo con tanques, soldados, pertrechos, etc.

La conducta de Zúñiga no es justificable desde ningún punto de vista y menos desde un marco o estamento democrático, pero debemos observar que Zúñiga se sintió en libertad de actuar con todos los excesos de los que fuimos testigos en la medida que se condujo guiado por el despecho y el sentimiento de haber sido traicionado (eso le reclamo a Arce al interior de la Casa de Gobierno, cuando después de haber entrado rompiendo la puerta a golpe de tanqueta expresó: así me pagas tanta lealtad). Lo cierto es que Zúñiga actuó como cómplice y no como Comandante del Ejército, porque nunca fue Comandante del Ejército sino cómplice y esto por obra y gracia de todas las mañas y patrañas con las que Arce lo puso al mando de las FFAA, por obra y gracia de esa suerte de confra en la que el gobierna del MAS ha convertido a la institucionalidad boliviana, arreciada por el complot que ha generado Arce para destruir la democracia, las instituciones y al pueblo boliviano en su conjunto.

Lastimosamente, toda esa trama es parte de un proceso de destrucción de la democracia en Bolivia, la economía está totalmente hundida sin que esta situación sea tomada con la seriedad y responsabilidad que corresponde, Arce no está generando gestiones y por el contrario deja que nos hundamos, nos quiere pobres, sin relación con el comercio internacional, está cumpliendo a rajatablas el plan de hundirnos en la pobreza comunitaria.

Como parte de este libreto el gobierno también ha perdido todo respeto a la institucionalidad y desde la Presidencia del Estado se están generando acciones atentatorias contra las instituciones y su independencia.

El hecho que uno de los militares prácticamente sin méritos haya ascendido al grado de  general en una oscura maniobra realizada en el Senado por el oficialismo – sin importar si eran arcistas o evistas-  nos muestra el grado de control sometimiento y desinstitucionalización de las FFAA al gobierno de Arce; lo mismo sucede con el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional y otras instituciones que hoy están dirigidas por los peores de sus clase, y que van a continuar de esa manera por la forma en la que el gobierno protege a los magistrados auto prorrogados. 

Urge en Bolivia restablecer la independencia y separación de poderes, urge frenar y revertir la desinstitucionalización generada por el gobierno del MAS; entre todos debemos trabajar para reconstruir una institucionalidad fortalecida, que garantice a todos los bolivianos una democracia plena y con respecto a las libertades en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado.

La actual gestión de gobierno ha quedado totalmente fuera de la Constitución y por ello es necesario que la oposición reflexione sobre estos hechos y el futuro del país. Es importante convocar con urgencia a una Cumbre Política que decida la implementación de un cambio del modelo económico, político y social con pleno respeto a las leyes y normas.

No es corriente que un ex vocero del Presidente cuestione lo sucedido el 26 de junio en el supuesto golpe de Estado, destacando que lo ocurrido sucedió a plena luz del día y con la transmisión en vivo de medios de comunicación.  El 26 de junio se puso en evidencia que el gobierno es débil, que vive en medio de conflictos y atropellos intestinos, que Bolivia debe sacudirse del yugo populista. Ellos se juntan, son cómplices, socios, después enemigos mortales. Nosotros, el pueblo, somos los que pagamos los platos rotos.

Centa Rek es Senadora por Santa Cruz

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Orden de acuartelamiento y encuentro tenso en Palacio Quemado

Zegarra admitió que ordenó a sus hombres acuartelarse en las unidades ante cualquier suceso y relató el tenso encuentro en Palacio Quemado, donde Arce detuvo la acometida militar. El Presidente consultó a Zúñiga y Arnez sobre la posibilidad de mantener la asonada militar, y finalmente se dirigió a Zegarra, quien se negó a llevar a cabo el ataque. Los ministros Del Castillo y Prada intentaron separarlo de Zúñiga para resolver la situación.

Reuniones con el Presidente y reconocimiento oficial

Posteriormente, Zegarra tuvo una reunión con Arce en la Casa Grande del Pueblo y participó en la posesión del nuevo Alto Mando Militar. Tras el repliegue de los militares movilizados, sostuvo otra reunión con Arce antes de regresar a su hogar en La Paz. En su declaración oficial, reconoció haber ordenado que sus tropas permanecieran en “situación de apronte” para mantener la operatividad en los aeropuertos ante la tensión nacional.

Desvinculación de la FAB de los sucesos en Plaza Murillo

En su testimonio, Zegarra enfatizó que ningún militar de la FAB estuvo involucrado en los sucesos de Plaza Murillo y reiteró su compromiso de no movilizar dichas tropas según lo dialogado con otros militares durante esos eventos.

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A pesar de la conmoción inicial, la Plaza Murillo muestra un ambiente tranquilo y sereno en contraste con los acontecimientos recientes. Tanto visitantes como lugareños continúan con sus actividades habituales bajo un cielo despejado que resalta la arquitectura clásica que la rodea.

Testimonios de los presentes

Álvaro Escobar, un fotógrafo habitual en la plaza, relató los momentos de tensión vividos el miércoles: “Fue algo extraño, muy raro… alrededor de las 14:30 horas comenzaron a llegar las tanquetas. Eran entre 8 y 10 tanquetas que llegaron haciendo mucho ruido con sus sirenas”. A pesar del nerviosismo inicial, esta vez no se desencadenó una convulsión social como en episodios anteriores.

María Ramírez, vendedora en la plaza, expresó su temor ante la posibilidad de un cambio repentino en la tranquilidad actual. Por otro lado, Orlando, antiguo vinculado a las fuerzas militares, considera que lo ocurrido fue más un ensayo que un verdadero golpe de Estado.

Tensión latente y medidas de seguridad

En medio de la incertidumbre y el escepticismo sobre los eventos del pasado miércoles, persiste una sensación de tensión entre los ciudadanos bolivianos. Las autoridades mantienen una vigilancia constante en la zona para prevenir cualquier altercado futuro y garantizar la seguridad en la emblemática Plaza Murillo.

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De pronto a las 17:40 de la tarde del 26 de junio de 2024 dos hombres se encontraron cara a cara a raíz de un intento de golpe de Estado: el presidente electo del Estado boliviano Luis Arce y el general golpista Juan José Zúñiga. El primero, economista, curtido en los pupitres universitarios y experto en hacer balances contables y proyecciones econométricas; el segundo, militar de carrera, curtido en la rígida disciplina de los cuarteles y experto en el ejercicio diario de dar órdenes a obedientes y delgados conscriptos. Ambos, de alguna manera eran el rostro de un país llevado al límite de su capacidad de desinstitucionalización, el irrespeto a las normas y el franco desprecio por las formas. Arce ocupaba un cargo con el cual nunca había soñado y quizá para el cual quizá no estaba preparado. Por su lado, Zúñiga había llegado a ocupar el más alto puesto del Ejército Boliviano, a pesar de haber estado preso por sospecha de embolsillarse Bs. 2,5 millones destinados a la ayuda social, además de haber sido un mediocre cadete.

En ese instante breve en que Arce y Zúñiga se encuentran en Palacio Quemado se vieron dos personas que, por igual, carecen de proyecto político. Ambos quieren o están en el poder, pero no saben qué hacer con él. No conocemos qué propone como horizonte político Arce al país, más allá de  profundizar el evismo sin evo, que consiste en manipular los poderes estatales y ponerlos al servicio de sus ambiciones de poder. Tampoco se sabe del objetivo de Zúniga, que no sea el mostrar su rabieta ante su destitución como capitán general de las Fuerzas Armadas.

En el breve momento en que Luis Arce ataviado con un jean y una chamarrita ploma, le grita a Zuñiga que retire sus tropas “inmediatamente”, recibe como respuesta una queja, le dice el general rebelde: “no puede haber tanto desprecio, tanta ingratitud”. Se refiere obviamente a su destitución y sobre todo a su causa, que fue el haber opinado de política frente a una conocida presentadora de televisión cuando no le correspondía hacerlo.

Muy probablemente, Zúñiga, al expresar de forma pública y sin remilgos su postura sobre Evo Morales, creía que lo estaba haciendo bien, pensaba que lo que merecía era una felicitación, un abrazo, un apretón de manos. El razonamiento de Zuñiga era elemental pero finalmente certero: si los jueces, que debían mostrar equidad y transparencia, se vestían de polera azul en las campañas del MAS y podían tener sentencias para condenar opositores ¿por qué Zúñiga no podía hacerlo también? Si un vocal del Tribunal Supremo Electoral se atrevía a atacar a los políticos enemigos de Arce sin poner en juego su cargo ¿por qué Zúñiga no podía hacer algo parecido?  Algo no cuadraba en la cabeza militar de Zúñiga y así se lo hizo conocer a Arce.

Es el instante en que Arce y Zuñiga se miran a los ojos, allí, en un palacio de gobierno que ya no sirve sino como un museo de la democracia, ambos están huérfanos de respaldo político. Si bien tanto Arce como el vicepresidente Choquehuanca minutos antes lanzaron mensajes por la red social X llamando a la resistencia al golpe, la gente no salió a las calles armados de piedras para la defensa de un gobierno en el cual cada vez cree menos. Por el contrario, las personas dejaron sus domicilios espantados y llenaron los mercados para abastecerse de lo necesario en un momento que parecía ser el inicio de la eternidad.

Por su parte, Zúñiga tampoco tenía respaldo alguno. No se dan pronunciamientos de organizaciones ciudadanas ni de personajes civiles anunciando y aprobando el nuevo tiempo político. Todo golpe necesita un cierto grado de aprobación de la ciudadanía, un mínimo nivel de legitimidad del que la movida de Zúñiga carece. Ante este extremo el general, ya instalado plenamente en su laberinto, suelta un globo de ensayo: anuncia la liberación presos políticos como el gobernador Luis. F. Camacho y la expresidenta Jeanine Añez, a la espera de apoyos del mundo conservador boliviano y de las elites económicas. Pero nada sucede, ni la nueva derecha ni los empresarios muerden el anzuelo.

Finalmente Arce y Zúñiga ( la A y la Z de la política boliviana) se separan sin despedirse. Zuñiga sale de Palacio Quemado perplejo, enfadado y frustrado, pero finalmente tranquilo porque ningún policía se anima a detenerlo como correspondía. Sale de plaza Murillo en medio de silbidos e insultos, pero también de uno que otro aplauso. Por su parte, Arce vuelve a la Casa Grande del Pueblo para posesionar al nuevo mando militar. Los juramenta y luego se dirige al micrófono para decir las palabras de rigor. Arce está en situación de máxima audiencia, todas las cámaras de todos los canales de los medios de comunicación nacionales e internacionales aguardan sus palabras, su discurso esperanzador. Pero Arce desperdicia la oportunidad de oro, brinda un discurso breve, anodino, lleno de saludos, que no transmite indignación ni emoción alguna, ni lógicamente genera certidumbre ni popularidad.

Finalmente, los funcionarios públicos corren a plaza Murillo a festejar el renacimiento de Luis Arce, alegres de que su mundo y sus cargos se encuentren, por el momento, intactos.

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Morales reveló que recibió llamadas de algunos comandantes que le advirtieron sobre un plan en su contra: “Me dijeron: cuídese Evo, el plan era Evo Morales”. Además, denunció que él era el objetivo principal de la acción militar llevada a cabo en la sede de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Dudas sobre la versión de un “golpe de Estado” y señalamientos al general Juan José Zúñiga

Ante estos acontecimientos, Morales expresó sus dudas sobre la versión de un “golpe de Estado” y señaló al general Juan José Zúñiga como el principal responsable, solicitando una investigación para esclarecer los hechos.

En su relato, Morales mencionó que le transmitió a Arce que la culpa recaía en el Gobierno por la confianza depositada en el uniformado, y le sugirió: “En este momento, nombre al primero del curso de su promoción”.

En opinión de Morales, Arce debería haber destituido a Zúñiga el martes, después de sus declaraciones en una red de televisión. “Eso levanta muchas sospechas”, afirmó.

Cuestionamiento a la versión del golpe y llamado a esclarecer los hechos

Morales cuestionó la versión del golpe, planteando interrogantes sobre la situación: “Qué clase de golpe será, ministros paseando, sin heridos ni muertos”. Expresó sus sospechas sobre la relación entre Zúñiga y el presidente, instando a una investigación para llegar a la verdad.

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Según Samuel Montaño, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad, la acción no puede ser considerada un golpe, ya que las autoridades no fueron detenidas. Sin embargo, el analista Jorge Santistevan señaló que la operación de Zúñiga fue altamente improvisada. Tanques y militares armados irrumpieron en el Palacio Quemado bajo su mando, lo que generó preocupación entre los ciudadanos.

Montaño cuestionó la presencia de Zúñiga dentro de una tanqueta sin llevar a cabo el supuesto golpe. Además, destacó que para ejecutar un golpe de Estado se requiere planificación logística y coordinación entre las fuerzas militares. Santistevan criticó la falta de principios fundamentales en la conducción militar de Zúñiga y la ausencia de otras ramas militares en la operación.

Detenciones y justificaciones

Después de salir del Palacio, Zúñiga fue capturado y mencionó retrasos en unidades clave para concretar el golpe. Montaño desestimó esta justificación al señalar que había recursos disponibles en La Paz para llevar a cabo la acción. Otros 16 militares fueron detenidos por su presunta participación en el intento de golpe denunciado por el Presidente Arce.

Opiniones divididas y falta de coordinación

Grupos afines a Evo Morales consideraron el incidente como un “autogolpe”, mientras que el diputado José Huanca respaldó al Presidente Arce ante estas afirmaciones. Huanca destacó la valentía del Presidente frente a lo que calificó como un intento de golpe de Estado.

En declaraciones posteriores, se reveló que las fuerzas aéreas y navales no participaron en la operación liderada por Zúñiga, lo cual refuerza las críticas sobre la falta de coordinación y planificación adecuada para llevar a cabo un golpe efectivo.

Fuente: EFE

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Zúñiga asegura que fue un “autogolpe”

Durante su aprehensión, Zúñiga implicó al Presidente Luis Arce en un presunto “autogolpe” para levantar su popularidad. “El domingo en el colegio La Salle me reuní con el Presidente y el Presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad”, declaró Zúñiga, según cita Erbol. Dijo que preguntó al presidente si “¿sacamos los blindados?” y el mandatario le respondió “sacá”. “Entonces el domingo en la noche, los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutús, más 14 z del Regimiento de Achacachi”, explayó el general.

Acciones legales iniciadas contra el general Zúñiga

En un comunicado, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce ha ordenado el inicio de acciones legales contra el general Juan José Zúñiga y otros implicados tras los hechos suscitados desde el mediodía en La Paz.

Tres fiscales asignados para la investigación

La Fiscalía Departamental de La Paz anunció la comisión de tres fiscales para investigar todos los hechos. Zúñiga encabezó la toma militar de la plaza Murillo en horas de la tarde y anunció la posesión de un nuevo gabinete, incluso ingresó a Palacio y fue increpado por el Presidente Arce, que le había ordenado replegarse.

El Presidente Arce posesionó un nuevo Alto Mando que ordenó el repliegue de los efectivos. Así Zúñiga se retiró al interior de un vehículo militar.

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El diputado Rolando Cuéllar manifestó que Zúñiga no es partidario del MAS ni está en campaña, por lo tanto, no hay motivo para que sea alejado del cargo y considera esa idea es solo politiquería barata. Además, anticipó que pedirán al Presidente Luis Arce que el Comandante del Ejército continúe ejerciendo sus funciones.

Asimismo, descartó la posibilidad de que Zúñiga se ponga en contra del Gobierno en el futuro, como lo hizo Willams Kaliman con Evo Morales en 2019, ya que considera que la lealtad se paga con lealtad. Afirmó que no se puede comparar a los militares de esa gestión con los actuales y anunció que la Cámara de Diputados prepara una condecoración para el actual Comandante del Ejército, la cual será entregada la próxima semana.

Declaraciones del Comandante del Ejército generan controversia

El senador Félix Ajpi manifestó que la autoridad militar solo estaba respondiendo preguntas durante una entrevista y no deliberó políticamente. Sin embargo, reconoció que tuvo algunos exabruptos en sus declaraciones que debió evitar, considerando su cargo.

Durante dicha entrevista en el programa “No Mentirás”, el jefe de las Fuerzas Armadas declaró que defendería la Constitución del país y anticipó la posible aprehensión de Evo Morales en caso de que insista en postularse a las elecciones de 2025, ya que está inhabilitado por una resolución constitucional y un referéndum que rechazó su repostulación años atrás.

Además, aclaró que no puede ser juzgado por la justicia ordinaria, como piden algunas personas, ya que los militares responden ante su propio tribunal, el cual será el encargado de juzgar a Zúñiga en caso de considerarse necesario apartarlo del cargo o darlo de baja.

Apoyo al Comandante del Ejército por supuestas amenazas

Finalmente, el legislador respaldó al militar afirmando que sus declaraciones podrían haber sido en defensa de las Fuerzas Armadas, ya que Evo Morales y sus seguidores han atacado en varias ocasiones a los militares, acusándolos sin pruebas de supuestos planes para acabar con su vida.

Varios medios de comunicación informaron sobre un supuesto alejamiento del cargo; sin embargo, Zúñiga declaró a Erbol que hoy iría temprano a su oficina para cumplir con su agenda, ya que seguía desempeñando sus funciones con normalidad. A pesar de eso, manifestó que su futuro sería definido por autoridades superiores.

/LPT

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En el programa “No Mentirás”, Zúñiga destacó que Morales no está habilitado para postularse debido a que ya ocupó la presidencia en dos ocasiones. Según las declaraciones del comandante, el Ejército está comprometido en proteger la Constitución Política del Estado y los intereses de la patria.

La defensa de la Constitución y la estabilidad del Estado

Zúñiga enfatizó que su posición se basa en lo establecido por la Constitución Política del Estado, y afirmó que la defensa de la estabilidad del Estado y la Constitución no es una posición personal, sino una responsabilidad de toda la institución militar. “Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la patria y vamos a defender a toda costa la Constitución Política del Estado y los altos intereses de la patria”, declaró el comandante.

La respuesta de Evo Morales

Por su parte, Juan Evo Morales Ayma expresó su desacuerdo con las declaraciones de Zúñiga a través de sus redes sociales. El expresidente exigió que las máximas autoridades militares y políticas del país desautoricen las declaraciones del comandante. En caso contrario, Morales advirtió sobre posibles acciones que podrían interpretarse como un intento de autogolpe.

/VCC

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La exautoridad respondió a las declaraciones de Zúñiga, quien señaló que Morales está mal asesorado y que le hacen meter la pata con el denominado grupo “Pachajcho” destinado a hacerle seguimiento para montarle pruebas.

“Jefe militar con sumario ejecutoriado por desvío de dinero de los bonos Juancito Pinto y Renta Dignidad, a cargo del seguimiento para intentar defenestrarnos, trata de desacreditarnos. Meter la pata es deshonrar el uniforme y no respetar la carrera militar ni la institucionalidad”, indicó Morales.

Este año, el exmandatario denunció un supuesto “plan negro” que se hubiera gestado en las Fuerzas Armadas y con apoyo del Ministerio de Defensa, el extremo fue negado por el ministro Edmundo Novillo.

“Alguien le intriga (a Morales), alguien le asesora mal, tal vez con otras intenciones. Es su versión del señor y él tendrá que explicar. Yo desconozco por qué habrá dicho eso, pero yo creo que alguien le intriga, alguien le informa con algún propósito y alguien le hace, como dicen vulgarmente, meter la pata”, dijo el jefe militar.

Por su parte, el jefe del MAS aludió al tema del desvío de fondos porque en febrero de 2022 se conoció que el militar fue señalado en un informe oficial como el principal responsable de un supuesto desfalco de al menos Bs 2,7 millones, recursos destinados para el bono Juancito Pinto, Renta dignidad y viático.

Dicho dato se conoció después que el Presidente, Luis Arce, entregó sables e impuso los grados de generales de las tres fuerzas entre los que se encontraba Zúñiga.

/NVY

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“Nunca fue el primer cadete ni el primer oficial de su promoción. Nunca estuvo ni en la antigüedad para ascender. Si no me equivoco, cuando tocaba a la promoción 90 ascender a generales, él estaba en el puesto 48”, manifestó Peña y Lilo, durante una entrevista con “La Mañana en Directo” de Erbol.

El exmilitar explicó que delante de Zúñiga había 47 oficiales que tenían mejores méritos para asumir posteriormente el mando de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Bolivia.

Además, señaló que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que la manera de ascender es según méritos y por competencias, por lo que el actual comandante, no cumplió con esos requisitos.

“Sí se elige al 48 mediante una artimaña, y por necesidades del servicio se lo asciende a Jefe de Estado Mayor y luego de Comandante del Ejército, se está atropellando todas las leyes y reglamento militar; las consecuencias son todas estas que estamos viviendo”, expresó Peña y Lillo.

Zúñiga amenazó el lunes con neutralizar los presuntos intentos de desestabilización de pequeñas logias oligárquicas en el país; y haciendo referencia al federalismo, aseguró que ese intento de separatismo fracasará.

Desde la oposición cuestionaron las declaraciones del jefe militar y demandaron al Presidente Luis Arce su destitución, debido a que vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al expresar su inclinación política.

/ LMPT

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Mediante una carta, los parlamentarios de Creemos enviaron al Presidente del Estado, Luis Arce sus inquietudes y la petición de destitución de la autoridad militar.

“Nos dirigimos a usted en su calidad de Presidente Constitucional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas con la finalidad de exigir a su autoridad la destitución inmediata del Comandante del Ejército Juan José Zúñiga con base en los argumentos que se esgrimen a continuación”, señala una parte de la carta.

Al respecto, la senadora por Santa Cruz, Centa Rek durante declaraciones a un diario de La Paz señaló que, el general Zúñiga es un peligro para el país, demandando que sea alejado del cargo. Afirmó que es más masista que los del Movimiento Al Socialismo (MAS), además lo calificó como mercenario de ese partido.

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“Al amparo de la CPE, en su calidad de Presidente Constitucional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas, en relación al artículo 172 núm. 17, exigimos la destitución inmediata del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, por vulnerar de forma flagrante preceptos constitucionales al manifestar de forma expresa su inclinación política al deliberar y ejercer acción política a través de las Fuerzas Armadas amenazando y coaccionando a la población boliviana de cualquier intento de hacer prevalecer nuestros derechos y garantías constitucionales”, indica parte de la misiva dirigida al mandatario del Estado.

Asimismo, se pide instruir una investigación inmediata sobre los hechos ocurridos, actuales y pasados, del general Zuñiga hasta la sanción respectiva a través de la justicia ordinaria del país.

/MDCB

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Minutos antes del discurso de Zúñiga, en el acto de homenaje a los 212 años de la Batalla de Aroma, el mandatario llamó al Ejército a luchar contra el enemigo interno que, según señaló, se expresa en intentos de división y separatismo.

Luego de las advertencias del comandante militar, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó que el federalismo será una política histórica en un futuro cercano.

Los cívicos cruceños mantuvieron un paro de 36 días pidiendo Censo de Población y Vivienda para 2023, luego de un cabildo del que también salió como mandato revisar las relaciones de Santa Cruz con el Estado.

Camacho aseguró que la unidad de la Patria no se logra con discursos, sino con democracia, con libertad y con gobiernos que respeten las leyes y no aspiren a perpetuarse en el poder a toda costa, utilizando la justicia y persiguiendo a la oposición.

“Desde hace ya medio siglo, Santa Cruz aporta a la unidad de la patria dando seguridad alimentaria, aportando el 30 por ciento del PIB y contribuyendo con medidas políticas históricas como la autonomía y como también lo será el federalismo, en un futuro cercano”, publicó Camacho en sus redes sociales en recientes horas.

Durante su discurso, Zúñiga no mencionó a ninguna persona en específico; sin embargo, las denominó logias oligárquicas vende patrias.

“Tenga la plena seguridad (refiriéndose al Presidente Arce) de que vamos a neutralizar todo intento de desestabilización a la patria y a la democracia. Esta patria no se toca… A todos ellos, (quiero) decirles que fracasarán en sus intentos separatistas. Los militares de la patria y este general pondrán sus vidas si es necesario ante las amenazas de intentos separatistas y de ruptura del orden constitucional”, finalizó la autoridad militar.

Sin embargo, el jefe de Estado afirmó que, como sucedió en la lucha por la independencia contra la corona española, en la colonia, y contra el imperialismo estadounidense, en la República, el pueblo uniformado no vacila, ni vacilará en defender la heredad nacional, en combatir con energía y patriotismo cualquier intento, interno y externo, de poner en peligro la obra de creación de nuestros libertadores.

“Junto a los movimientos sociales y a los millones de patriotas de Bolivia, hoy renovamos nuestro compromiso con la patria, decididos a no claudicar jamás y hacer realidad las sagradas notas de nuestro Himno”, afirmó Arce.

/MDCB

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