La calificadora de riesgo Moody’s subió la nota de Bolivia de CA a CAA3, lo que mejoró la percepción sobre los riesgos de impago crediticio. Sin embargo, el senador José Manuel Ormachea expresó el jueves 19 de marzo que este cambio no implica que Bolivia esté en el “paraíso” o que su economía haya experimentado una mejora sustancial.

Ormachea afirmó: “No significa que estemos en una utopía, o que los bolivianos estemos viendo una mejora económica sustantiva. Más bien hay una lentitud que no esperábamos nosotros de este gobierno y que debe ser obviamente corregida”.

Expectativas sobre leyes económicas

El senador recordó que el gobierno había prometido un paquete de leyes económicas hace semanas, pero hasta ahora no han sido presentadas ni aprobadas. Por lo tanto, espera que pronto sean remitidas al Legislativo para mejorar realmente la calificación crediticia y los estándares que impulsan las economías dinámicas de mercado.

Perspectiva del Ejecutivo

A pesar de las críticas, desde el Ejecutivo tienen otra visión. Tras conocerse la nueva calificación de Moody’s, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, consideró que este cambio no es causal y resulta de las medidas económicas implementadas dentro de un nuevo modelo económico, según informó Visión 360.

Espinoza declaró: “Moody’s anunció una mejora en la calificación de riesgo de Bolivia. Hace algunos años habíamos caído a niveles en los que nuestros bonos eran considerados de carácter especulativo, con una alta percepción de riesgo”.

Deuda externa pública y cumplimiento

El pasado 5 de noviembre, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que cumplió con la totalidad del pago del servicio de la deuda externa pública en los diez primeros meses del año, alcanzando los $us 1.341 millones, lo que representa el 86% del total programado para 2026.

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Ormachea subrayó que la bancada de Libre seguirá esta línea de respaldo institucional sin pedir beneficios a cambio. Aclaró que esta decisión tiene como objetivo facilitar la formación de un bloque mayoritario que permita al Partido Demócrata Cristiano (PDC), la fuerza de Paz, liderar las cámaras legislativas y presidir comisiones clave. Estas comisiones incluyen las de Constitución, Justicia Plural, Autonomías y Planificación Económica.

“Nosotros no vamos a tener la actitud de otros momentos de la historia boliviana donde partidos políticos por ‘transas’ o por este ‘me das y te doy’, han condicionado su apoyo a un gobierno que necesitaba hacer reformas urgentes en su momento”, afirmó el legislador.

Desafíos para la nueva gestión

Enrique Urquidi, otro diputado de CC, también consideró importante la posición de Quiroga para consolidar la gobernabilidad del país. Sin embargo, advirtió que más allá de las declaraciones, es necesario traducir la voluntad política en acciones concretas dentro de la Asamblea Legislativa. “La nueva gestión necesita una agenda clara, tanto económica como institucional. No se trata solo de sumar votos, sino de garantizar una gobernabilidad integral”, señaló.

Urquidi insistió en que los próximos retos del gobierno de Paz incluyen restablecer el Estado de Derecho y hacer cumplir las leyes. Mencionó como ejemplo la ejecución del mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, que ha estado pendiente durante varios meses. Según el parlamentario, la fortaleza institucional será clave para prevenir intentos de desestabilización.

Un voto de confianza

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, pidió otorgar un voto de confianza al nuevo gobierno. Indicó que es el momento de dejar de lado los intereses partidarios y contribuir al éxito del país. No obstante, mostró escepticismo respecto al alcance del respaldo anunciado por Quiroga.

Mercado advirtió que cualquier acuerdo político debe alejarse de las prácticas de los años noventa, cuando se repartían espacios de poder entre partidos. Añadió que el MAS, que tiene una representación reducida en la Asamblea, debería adoptar una postura de “apoyo crítico”, defendiendo los recursos naturales y las conquistas sociales del Estado Plurinacional.

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Durante una conferencia de prensa en La Paz, ambos legisladores calificaron esta iniciativa como “inconstitucional”, “ilegítima” y “una maniobra política desesperada” del masismo. Aseguran que su objetivo es asegurar el control del futuro proceso electoral. Argumentan que la actual Asamblea Legislativa, en su etapa final, no tiene la autoridad moral ni política para definir la composición del máximo órgano electoral del país.

Ormachea realizó una comparación con lo sucedido en 2020, cuando la anterior Asamblea modificó el reglamento legislativo en el último momento, eliminando la mayoría de dos tercios. Según él, esto marcó un precedente negativo en el funcionamiento del nuevo periodo parlamentario. “No podemos permitir que, saliendo por la puerta de atrás, el MAS quiera dejar vocales puestos a dedo para controlar las próximas elecciones”, advirtió.

Acuerdo oscuro

Por su parte, la diputada Lissa Claros denunció un “acuerdo oscuro” entre masistas, arcistas, evistas y androniquistas para avanzar en la aprobación del proyecto. Cuestionó la inacción de algunos parlamentarios de oposición, preguntando: “¿Dónde está Rodrigo Paz? ¿Dónde están los senadores que deberían defender la independencia del TSE? En vez de estar defendiendo la institucionalidad, están haciendo acuerdos con el MAS”.

Ambos parlamentarios advirtieron que podrían iniciar procesos penales contra los diputados y senadores que insistan en aprobar la norma en la Cámara de Diputados. Señalaron que esta ley presenta “fallas severas” y que no fue debidamente consultada ni socializada.

Rechazo de Comunidad Ciudadana

Claros también aclaró que las senadoras Silvia Salame y Daly Santamaría fueron apartadas de la línea institucional de Comunidad Ciudadana. Esto deja claro que sus acciones no representan al bloque opositor. “La línea oficial es el rechazo total a este proyecto que intenta regalar el control del TSE al MAS”, enfatizó.

Plazos para nuevas autoridades

En relación con los plazos para la elección de nuevas autoridades electorales, Ormachea indicó que la nueva Asamblea Legislativa, que tomará posesión en noviembre de 2025, tendrá tiempo suficiente para tratar de manera inmediata un nuevo proyecto de ley que sea “acorde a lo que necesita el pueblo boliviano”. Aseguró que, a diferencia de la actual gestión, la próxima composición parlamentaria no permitirá mayorías absolutas que favorezcan al oficialismo.

Defensa de la independencia

Finalmente, ambos diputados hicieron un llamado a la ciudadanía, así como a las instituciones y organizaciones del país, para “defender la independencia del Tribunal Supremo Electoral” frente a lo que consideran un intento de cooptación partidaria.

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Ormachea afirmó que esta estructura criminal ha sido señalada por varios gobiernos y organismos internacionales. Se sostiene que opera bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con la participación de altos mandos militares venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Vínculos con el narcotráfico

El legislador sostuvo que los vínculos de estas organizaciones con redes de narcotráfico en la región y en Bolivia representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional.

“Estamos presentando este proyecto de declaración camaral que declara al Cartel de los Soles como organización narcoterrorista. (…) Sus cabecillas son buscados por tribunales internacionales y por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece recompensas millonarias por su captura”, expresó Ormachea.

Declaraciones de otros países

Además, el parlamentario recordó que países como Argentina, Ecuador y Paraguay ya han declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Actividades del cartel

El Cartel de los Soles es señalado por presuntamente traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. También se le atribuye el contrabando de combustible, la explotación ilegal de minerales y el lavado de dinero.

Asimismo, se le relaciona con alianzas con grupos armados como las FARC, el ELN y organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Aunque el régimen venezolano niega su existencia, informes internacionales lo consideran una de las principales estructuras del narcotráfico en América Latina.

Próximos pasos del legislador

Ormachea anticipó que, en caso de que el proyecto no sea tratado en la actual legislatura, insistirá en su debate en la siguiente. Esto ocurrirá una vez que se instale la nueva Asamblea en noviembre de 2025.

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Ormachea destacó la importancia de socializar el plan con todas las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea. Aclaró que no se busca cuestionar la estrategia, sino contribuir con insumos y propuestas que garanticen un proceso electoral pacífico, transparente y seguro.

El legislador enfatizó que este gesto de apertura enviará una señal de unidad institucional ante la ciudadanía y frente a los desafíos que podrían amenazar el desarrollo del proceso electoral.

Peticiones tras reunión con el TSE

Este pedido surge después de que Ríos se reuniera el pasado martes 15 de julio con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentar la estrategia “Elecciones en Paz”.

Dicha estrategia contempla el despliegue nacional de efectivos policiales, el monitoreo de zonas de riesgo y la coordinación interinstitucional, todo esto en respuesta a amenazas provenientes de sectores evistas.

Propuestas para un proceso electoral seguro

“No queremos hacer observaciones sin hacer propuestas. Queremos proponer y queremos conocer este plan, que nos lo socialice a los asambleístas para dar una señal al país de que todos queremos un proceso electoral transparente y que todos estamos en contra de estos desafíos totalmente temerarios y arteros de Evo Morales”, reiteró Ormachea.

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Propuesta de comisión mixta

La propuesta de Ormachea busca que la comisión sea mixta, lo que significa que estará integrada por miembros de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, el legislador aclaró que, si no se puede conformar de esta manera, se solicitará que al menos sea formada por la Cámara de Diputados.

Necesidad de intervención legislativa

El legislador sostuvo que es fundamental que el Órgano Legislativo intervenga en este caso, ya que el sistema judicial no puede investigarse a sí mismo. Los hechos denunciados afectan a varias instancias del Órgano Judicial, incluyendo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Renuncia de César Siles

El anuncio de Ormachea se produce tras la renuncia de César Siles al Ministerio de Justicia, presentada el 13 de junio de 2025 y conocida públicamente el 14 de junio. En su carta de renuncia, la exautoridad argumentó que dejaba el cargo debido a “rumores y acusaciones sin fundamento” que estaban dañando su imagen profesional.

Determinación de responsabilidades

El legislador manifestó que la comisión especial deberá investigar si existen responsabilidades más allá del exministro Siles. No descartó la posibilidad de que se solicite una auditoría a las resoluciones judiciales relacionadas con los hechos denunciados.

Además, Ormachea agregó que los ministros no actúan por iniciativa propia, sugiriendo que las acciones de Siles contaban con el respaldo del Presidente Luis Arce.

Detalles del caso consorcio

El caso consorcio involucra una supuesta red de jueces, fiscales y abogados que se dedicaban a influir en decisiones judiciales. En este contexto, fue aprehendido el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien está acusado de intentar destituir a la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira, mediante una acción judicial irregular. También fue detenida la vocal del TSJ, Claudia Castro, quien supuestamente está implicada en esta red.

Contexto del caso “telefonazo”

Por otro lado, el caso “telefonazo” se originó a raíz de la difusión de un audio en el que presuntamente se escucha a Siles coordinando con el fiscal Marcelo Lea Plaza el fallo para suspender a Coaquira. En la grabación, Siles asegura que no habrá consecuencias legales y que contaba con el apoyo del TCP y del Ministerio Público.

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“Esto lo vamos a presentar ante la Cámara de Diputados. Como les digo, va a ser nuevamente un parteaguas para ver quiénes están con Evo Morales y quiénes están definitivamente en contra de Evo Morales Ayma. Llallagua ya lo ha declarado, no solo persona no grata, sino enemigo de Llallagua”, expresó Ormachea.

Riesgo para la democracia

El diputado argumentó que Morales representa un riesgo para la democracia, la paz social y los derechos humanos en Bolivia. En este contexto, exhortó al Ministerio Público y a las fuerzas del orden a ejecutar sin dilación las órdenes de aprehensión que han sido emitidas contra el exmandatario.

Investigaciones urgentes

Además, Ormachea solicitó a las entidades estatales competentes que aceleren las investigaciones relacionadas con las muertes, lesiones y daños que se han registrado durante los bloqueos promovidos por el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Propuesta a organismos internacionales

El legislador también planteó que la resolución sea enviada a organismos internacionales, foros multilaterales y gobiernos democráticos del mundo. Esto con la advertencia de que no se debe otorgar asilo, refugio o protección a Morales. Según Ormachea, esta acción evitará cualquier forma de impunidad o posible reincidencia en actos de desestabilización.

Conflicto social en Llallagua

La propuesta surge tras el conflicto social en Llallagua, Norte de Potosí, donde entre el 10 y el 13 de junio de 2025 se registraron violentos enfrentamientos. Estos enfrentamientos involucraron a vecinos, transportistas, efectivos del orden y sectores movilizados que respaldan a Morales. Al menos 5 personas fallecieron, varios resultaron heridos, hubo vehículos incendiados y un desabastecimiento generalizado.

Ormachea señaló que esta situación requiere una postura institucional clara por parte de la Cámara Baja. Afirmó que mientras el Senado, presidido por Andrónico Rodríguez, apoya a Morales, es responsabilidad de los diputados marcar un límite frente a los actos de violencia y desestabilización que han sido impulsados por el exmandatario.

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Además, Ormachea destacó que varios asambleístas, incluidos miembros de Creemos, están apoyando la campaña de Jorge Tuto Quiroga, en el contexto de las elecciones programadas para noviembre.

Desmentido categórico

“Queremos desmentir categóricamente a algunos voceros de la bancada de Comunidad Ciudadana que a título personal indican que todo CC estaría apoyando al candidato de UN”, afirmó Ormachea.

En este contexto, mencionó a los asambleístas Alberto Astorga, Adrián Vega y Óscar Banderas, así como a diputados y senadores de Creemos que también están respaldando a Quiroga.

El verdadero enemigo

Ormachea subrayó que “el enemigo no es Samuel”, refiriéndose a la oposición. Aclaró que el verdadero desafío radica en identificar al “enemigo del pueblo boliviano”, que según él es el Movimiento Al Socialismo en sus diversas versiones.

Además, expresó su confianza en que toda la oposición concentrará el voto en Tuto Quiroga y trabajará conjuntamente para conformar un gobierno eficaz.

Llamado a la unidad

El diputado hizo un llamado a otros voceros para que se enfoquen en trabajar por su candidato y en presentar propuestas concretas. Resaltó la importancia de la Alianza Libre, que incluye al Movimiento Demócrata Social, el FRI y otras 15 organizaciones departamentales con personería jurídica local.

“No se trata de números, se trata de calidad en la Asamblea Legislativa”, indicó Ormachea. Agregó que algunos parlamentarios han sido seleccionados por méritos para apoyar la candidatura de Tuto Quiroga.

Apoyo de Carlos Mesa

También mencionó que Carlos Mesa ha permitido a los miembros de Comunidad Ciudadana elegir a quién apoyar después de consultas internas.

Finalmente, enfatizó que hasta el 8 de noviembre deben trabajar políticamente dentro de la Asamblea Legislativa como bancada opositora y reafirmó su compromiso con la candidatura inscrita mediante la Alianza Libre.

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Desvío de combustible

Según Ormachea, este desvío beneficia a la minería ilegal y se lleva a cabo a través de estaciones de servicio específicas. A pesar de esta situación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) continúan aprobando mensualmente la proyección del suministro de combustibles.

Ormachea destacó que los municipios del Norte de La Paz cuentan con aproximadamente 4.500 vehículos en total. En comparación, solo la ciudad de La Paz tiene medio millón de vehículos registrados, y el consumo total de la ciudad es de 1.800.000 litros de gasolina y diésel al día.

Consumo excesivo en el Norte

El diputado cuestionó por qué en el Norte de La Paz se consumen 750.000 litros diarios, casi un millón, para solo 4.500 vehículos. Considera que esta cifra es imposible para un parque automotor de ese tamaño.

Ormachea afirmó tener pruebas y documentos que demuestran el desvío permanente de gasolina y diésel hacia esta región, lo que está dejando a las ciudades sin combustibles y provocando largas filas en los surtidores todos los días.

Documentación y permisos

El diputado aseguró que posee documentos originales de la ANH donde el director, Germán Jiménez, da la orden expresa para emitir un permiso del Viceministerio de Sustancias Controladas para la carga preferencial hacia el Norte. Además, afirmó que la maquinaria pesada involucrada en la minería ilegal es la que se está beneficiando de este desvío.

Ormachea cuestionó por qué empresas mineras como la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) no reclaman por la falta de gasolina, sugiriendo que probablemente les sobra.

Estaciones de servicio implicadas

El diputado manifestó que todas las cisternas se dirigen a tres estaciones en el Norte: Alba Petrol, Flor de Caña y Yara. Además, indicó que parece que están vendiendo el litro a 12 bolivianos, sugiriendo que hay un negociado detrás del desvío que deja a las ciudades sin gasolina para alimentar la minería ilegal.

Ormachea mostró documentos que indican el traslado de cisternas desde Sencata hacia Caranavi con volúmenes significativos, firmados desde el Viceministerio. “Solo hay 300 cooperativas aprobadas para la minería”, recalcó Ormachea.

Inconsistencias en el registro

El diputado explicó que si se consumen casi un millón de litros al día, alrededor de 3.000 cooperativas tendrían que estar registradas; sin embargo, solo hay 300 desde marzo. Afirmó que hay ciudadanos privilegiados en el acceso al combustible en comparación con otros habitantes.

Finalmente, Ormachea indicó que solicitarán la proyección mensual aprobada por ANH y YPFB para averiguar hacia dónde se lleva la gasolina y el diésel, así como quiénes son priorizados en su distribución. Además, aseveró que hay grabaciones de personas operando retroexcavadoras sin ningún tipo de permiso relacionado con actividades mineras ilegales en diversas zonas afectadas por esta situación.

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Cargos diplomáticos como premios

Durante su intervención, Ormachea afirmó que los puestos diplomáticos, como cónsules y vicecónsules, son otorgados como un premio a los militantes del partido en el poder, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El legislador destacó que Bolivia podría ser el único país en el mundo que no cuenta con servidores públicos en relaciones exteriores que tengan una formación especializada. Según sus palabras, estos funcionarios carecen de experiencia en el servicio exterior.

Ejemplo de inexperiencia

Un ejemplo que citó Ormachea sobre esta falta de experiencia es el caso de Felipa Huanca, quien es cónsul de Bolivia en Salta, Argentina.

El diputado argumentó que, debido a la inexperiencia en relaciones diplomáticas, se ha producido un aumento del 20% en el costo de los servicios de salud que deben pagar los bolivianos en Argentina.

Impacto en la comunidad boliviana

Ormachea expresó su preocupación al señalar que la falta de experiencia de estas personas hace que los bolivianos en el extranjero vivan en peores condiciones. Se refirió específicamente a la situación en Salta, donde la comunidad boliviana enfrenta tarifas elevadas para acceder a servicios de salud.

Desafíos para la representación diplomática

De acuerdo con el diputado, la situación y los acontecimientos recientes plantean un desafío significativo para la representación diplomática de Bolivia en el exterior. Además, esto afecta el bienestar de sus ciudadanos que residen en otros países.

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Ormachea comparó los acontecimientos de ayer con lo sucedido en Venezuela y Ecuador en años anteriores, sugiriendo que la llegada de estos efectivos podría haber sido para apoyar la organización del evento en la plaza Murillo, al que se refirió como un “show”.

Patrones similares en otros países

El legislador recordó que el expresidente venezolano Hugo Chávez utilizó una estrategia similar en 2002, que luego fue replicada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en 2010, y ahora se habría llevado a cabo en Bolivia. Para respaldar su sospecha, Ormachea señaló que los 80 militares venezolanos abandonaron el país precisamente ayer.

Acusaciones y persecución política

Ormachea advirtió que, tras lograr el primer paso de su plan, el siguiente paso sería acusar a la oposición de estar detrás del supuesto golpe. De hecho, mencionó que la canciller, Celinda Sosa, ya ha afirmado que lo ocurrido ayer fue ideado por la derecha.

En ese sentido, el diputado instó a Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y cualquier otro opositor a prepararse para ser perseguidos por la justicia, tal como sucedió con la expresidente Jeanine Añez, quien actualmente se encuentra en prisión por su supuesta participación en un golpe de Estado.

Preocupaciones sobre el futuro político

Ormachea dejó claro que no permitirá que el presidente Luis Arce, aprovechando lo sucedido, cierre el Parlamento, intente gobernar mediante decretos bajo el argumento de una emergencia nacional o busque suspender las elecciones de 2025.

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El busto fue colocado en el período 2011-2012; el legislador manifestó que representa un atentado contra la separación de poderes y es un culto delirante a la personalidad, pero además carece de legitimidad, porque la Ley de Monumentos establece que es ilegal erigir bustos o estatuas de personas vivas.

Ilegalidad en colocación del busto

Esta habría sido una obra mandada a hacer por un legislador del MAS por Potosí que falleció en 2015, pero Ormachea explicó que quien lo permitió fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, por lo que él también debería responder por esta irregularidad.

“Estamos cumpliendo la ley al mandar a retirar esta aberración; la haremos sacar porque no pertenece a esta Asamblea; si quieren pueden enviarla al despacho de Andrónico Rodríguez o Leonardo Loza para que le recen como si fuera su dios, pero acá no”, declaró el legislador.

No más representaciones dictatoriales populistas

Ante la posibilidad de que los seguidores de Morales argumenten que el busto merece permanecer porque es el primer presidente indígena del país, adelantó que nadie, independientemente de sus características, puede creerse un faraón y que la Asamblea nunca más acogerá representaciones de dictadores populistas.

La solicitud de retiro fue enviada a la cuarta secretaria en Diputados, María René Álvarez, ya que la documentación del busto está archivada en esa instancia, especialmente en materia de costos.

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Según Ormachea, esto podría llevar a la destitución de al menos dos altos ejecutivos, Javier Castro, gerente nacional de Asuntos Legales, Judiciales y Societarios de Entel, y Lilian Maldonado, coordinadora legal de la empresa.

Ormachea argumenta que este comportamiento podría ser juzgado bajo los lineamientos establecidos por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por uso indebido de bienes del Estado.

Reglamento interno prohíbe conductas inapropiadas

El reglamento interno de Entel prohíbe introducir personas no autorizadas en sus instalaciones y consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes en las oficinas. La sanción para estos actos es la destitución sin derecho a pago de beneficios sociales.

Diputado exige separación inmediata y solicitará informes

“Señor gerente general de Entel (Roque Roy), está obligado a separar del cargo a Javier Castro y Lilian Maldonado. Por mucho menos se ha retirado del cargo a personas que utilizan las oficinas estatales como su cabaret”, manifestó el legislador. Ormachea también anunció que solicitará informes al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y al gerente general de Entel, Roque Roy, sobre el comportamiento de estos dos funcionarios.

Amenaza con revelar identidad de otros funcionarios

En caso de que no se tome acción contra Castro y Maldonado, Ormachea advirtió que revelará la identidad de los otros funcionarios presentes en la fiesta. En las fotografías mostradas, sus rostros fueron ocultados para proteger su identidad.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, destacó que la voluntad soberana del pueblo argentino se reflejó en las urnas y consideró positivo que el kirchnerismo haya perdido fuerza frente a otras opciones políticas.

“Es probable que esta tendencia se mantenga en los próximos comicios tanto en la primera como en la segunda vuelta. Estamos satisfechos de que el socialismo del siglo XXI haya perdido terreno tanto en estas elecciones como en otros países latinoamericanos debido a casos de corrupción”.

Diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea

Importancia de respetar principios democráticos y derechos humanos

Ormachea señaló que actualmente las personas optan por opciones políticas que respeten plenamente la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales. No obstante, también mencionó la importancia de verificar si Milei cumplirá con estos principios en caso de ganar las elecciones.

Acusaciones hacia medios argentinos por apoyar a Milei

Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, afirmó que los buenos resultados obtenidos por Milei no son sorprendentes debido al arduo trabajo realizado durante su campaña y al apoyo recibido por parte de ciertos medios argentinos a los cuales calificó como tendenciosos y politizados.

Ante la posibilidad de un regreso de la derecha al poder en Argentina, Ajpi mencionó de forma irónica que se verá el “exquisito” trabajo de la oligarquía y el imperialismo capitalista.

Resultados electorales en las PASO

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas recientemente en Argentina, Milei obtuvo el 30,06% de los votos. Patricia Bullrich ganó las internas frente a Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), mientras que Sergio Massa fue el segundo candidato más votado con un 21,41%. Unión por la Patria (UP) quedó como la tercera fuerza política.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, anunció este lunes 14 de agosto que cuestionará al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la contratación de personal no calificado para la elaboración cartográfica del Censo 2024.

Según las informaciones recibidas, se habría contratado arquitectos, agrónomos e incluso sociólogos para actualizar la información cartográfica. Ormachea considera esto como una gran irresponsabilidad, ya que el Censo de Población y Vivienda podría ser el más importante del país en los últimos años.

“Una organización seria no contrata arquitectos, sociólogos o agrónomos para esta tarea; cualquier proceso censal serio contrata geólogos, geógrafos y profesionales especializados en cartografía porque no todos los profesionales tienen el conocimiento necesario. Sin embargo, esto es exactamente lo que está ocurriendo en el INE”, declaró Ormachea.

UMSA solicitó profesionales adecuados para el Censo

Además, afirmó que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) había solicitado que se contrataran a los profesionales adecuados para esta tarea. Sin embargo, se incluyeron personas cuyos conocimientos no son apropiados para preparar la cartografía o cualquier etapa del Censo.

Ormachea advierte consecuencias legales si no se responden preguntas

Ante la gravedad del caso y su alto nivel de interés para la ciudadanía, Ormachea recordó a los encargados del INE que no responder a las preguntas de la Asamblea Legislativa puede resultar en procesos penales.

Director ejecutivo del INE asegura avance según lo previsto

Por su parte, el director ejecutivo del INE, Humberto Arandia, informó a principios del mes pasado que la actualización cartográfica estaba casi completa, faltando solo algunos datos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Aseguró que todo estaba avanzando según lo previsto.

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Ormachea sugirió que el interventor fue asesinado para silenciarlo, al igual que otras personas relacionadas con casos de corrupción en Bolivia. El legislador pidió más protección para aquellos que denuncian o investigan estos casos, como la informante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el periodista Junior Arias.

Por su parte, el diputado oficialista Sandro Ramírez lamentó la falta de claridad sobre la muerte de Colodro y pidió dejar a las autoridades competentes hacer su trabajo para esclarecer los hechos.

Además, no descartó la posibilidad de formar una comisión en la Asamblea Legislativa para seguir este caso y otros relacionados con el Banco Fassil.

En medio de esta situación incierta y complicada, Ormachea hizo un llamado a esclarecer todos los hechos relacionados con casos de corrupción en Bolivia “de manera rigurosa”.

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El diputado José Manuel Ormachea lamentó que la realización de estos comicios en realidad depende del ministro de Justicia, Iván Lima, quien ya habría evaluado qué le conviene en este escenario.

También criticó que el oficialismo quiere hacer creer a la población que la Ley corta fue aprobada por dos tercios en la Asamblea Legislativa, cuando la oposición estaba en contra y reclamaron por un conteo de votos supuestamente fraudulento.

“Lo denunciamos en muchas oportunidades, el decretazo está más cerca que cualquier otra opción para ejercer estas elecciones judiciales el 2023 (…)”, declaró Ormachea a LA PATRIA en la sede de Gobierno.

Por su parte, el senador Rodrigo Paz ratificó la postura de Ormachea y aseguró que las elecciones judiciales no se desarrollarán este año porque lo único que se cambiaron son fechas y el Tribunal Constitucional aún no emitió su fallo.

Pese a eso, manifestó que Ley 363 para ajustar plazos será aprobada en el Senado por el peso del Movimiento Al Socialismo (MAS), a quienes acusó de actuar su división ante los medios pero unirse por intereses políticos y económicos.

“La justicia es la misma y no cambiará por esta norma corta que se pretende aprobar en Senadores (…). No garantiza transparencia y ese es el problema, el cambio de fechas no significa nada”, declaró a este medio de comunicación.

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El legislador explicó que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares estipula que, en caso de tener un pasaporte de ese tipo, solo puede ser utilizado para misiones de representación de un país, en el caso exclusivo de excancilleres.

“Huanacuni ya admitió que utiliza el pasaporte sin ser autoridad en misión diplomática, lo admitió aquí en la Asamblea. Si él está utilizando el pasaporte para lobbies personales con su esposa, lo averiguaremos”, afirmó Ormachea según informó LA PATRIA desde la sede de Gobierno.

En ese sentido, enfatizó en que la Dirección Nacional de Migración tiene que revelar qué países visitó la exuatoridad desde que dejó de ser canciller; además, si se descubre que entró a esos territorios mintiendo sobre la razón de sus visitas, se tratará de un delito de orden internacional.

Por protocolo internacional, los expresidentes y exvicepresidentes sí pueden usar ese documento, no obstante, excancilleres no gozan del mismo beneficio, por lo que se investigará todos los movimientos que hizo Huanacuni.

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El legislador explicó que la razón de esta solicitud es la reciente participación del comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, en un acto de desagravio a estos exvocales, yendo en contra de la postura que manifestó el organismo internacional respecto a ese conflicto.

Según Ormachea, Hernández es un enviado del Presidente de México, Andrés López Obrador, para hacer creer que toda la OEA retrocedió en su postura, no obstante, aseguró que eso es totalmente falso.

“Me permito solicitar a su autoridad, en mi calidad de diputado nacional de Bolivia, que pueda considerar un pronunciamiento público de contraste a la acción del comisionado Hernández, para sentar un precedente de que sus actos, no necesariamente reflejan la postura oficial de la secretaría general de la OEA”, leyó el legislador, según informó LA PATRIA desde la sede de Gobierno.

Tras lo acontecido la pasada jornada, Ormachea manifestó que salieron a relucir indicios de parcialidad en los comisionados, no obstante, pidió a la población entender que el criterio de estas personas no responde a la postura oficial emitida por la secretaría general de la OEA; en ese sentido, enfatizó en la importancia de que Almagro la ratifique.

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El diputado de CC, José Manuel Ormachea pidió que el Presidente Luis Arce Catacora se pronuncie acerca de la economía, sobre todo, en la supuesta restricción del dólar en el país.

“Le pedimos con todo respeto que comunique al país lo que está ocurriendo, que brinde algo de claridad, a los mercados, a las familias a los inversionistas, a la economía boliviana; (…) y que tengamos algo de información transparente de lo que está ocurriendo con los dólares, porque las quejas vienen de todas partes”, expresó a LA PATRIA.

También, refirió que la especulación en la compra y venta del dólar comprueba la crisis económica en el país.

Por otra parte, propuso la formación de una comisión mixta de investigación, entre diputados y senadores, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, pidió al Gobierno que deje cumplir la función fiscalizadora de los legisladores.

“Déjennos trabajar, déjennos laburar, nosotros vamos a investigar y nosotros vamos a esclarecer el tema y los hechos, como corresponda. Vamos a conseguir información esclarecedora y reveladora que corresponda para poder establecer (…) quiénes están implicados, quiénes son los autores materiales e intelectuales”, expresó.

También, aseguró que la red de corrupción en YPFB es la herencia del gobierno de Evo Morales, y que en su momento, también adoptó Jeanine Áñez.

CONTRAPARTE DE LA REPRESENTACIÓN DEL MAS

“Es nuestra obligación que todos los actos irregulares y de corrupción puedan esclarecerse”, alegó el diputado por el MAS, Freddy López, según reporte de LA PATRIA.

Expuso que la denuncia del exministro Carlos Romero debe ser tomada en cuenta e informó que desde la Asamblea Legislativa interpelarán Petición de Informe Oral (PIO) y Petición de Informe Escrito (PIE), para que servidores públicos esclarezcan los supuestos desvíos económicos del Estado.

“Hoy, los ministros y viceministros no están cumpliendo el cargo y la designación (…) Están haciendo quedar mal a la gestión de nuestro Presidente Lucho”, añadió, para referirse a la acusación contra la Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, con relación a los pagos destinados a los “guerreros digitales”.

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El diputado de CC, José Manuel Ormachea, explicó que la propuesta es conformar una comisión especial mixta en la Asamblea, con participación equitativa entre oficialismo y oposición, con el propósito de garantizar la “transparencia” del proceso.

Detalló que se debe investigar el nivel de “penetración del narcotráfico” en los Gobiernos desde el año 2006 hasta 2022.

Asimismo, resaltó que el coronel Maximiliano Dávila, recientemente detenido preventivamente en la investigación de legitimación de ganancias ilícitas, pero también acusado de estar vinculado con el narcotráfico, ejerció como jefe de inteligencia y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico durante el Gobierno de Morales.

Dávila en anteriores Gobiernos

Ormachea recordó que en el Gobierno de la expresidente, Jeanine Añez, no se investigó a Dávila, pese a las denuncias que había en su contra, resaltando que surgió la información de que el coronel presuntamente protegió a la familia de Arturo Murillo.

Finalmente, indicó que, en el periodo de Luis Arce, Dávila fue designado como Comandante Departamental en Cochabamba, por lo que también se debe realizar una investigación.

Aseveró que Dávila no es el único policía involucrado con el narcotráfico, sino son cinco exjefes que “cayeron” por ese delito en los últimos 10 años.

Subrayó que se debe investigar este caso desde la Asamblea, considerando que jueces y fiscales, según su criterio están a la orden del poder político y muy probablemente hagan omisiones o manipulen las indagaciones.

Finalmente, sostuvo que Dávila debería ser extraditado a Estados Unidos, porque existe la sospecha de que lo harían quedarse en Bolivia por “proteger a Evo Morales”.

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“Andrea tomó una decisión personal, presentó su renuncia a la jefatura de bancada al Senado de CC, aceptando que esto ha sido una equivocación, desafortunada. Conozco su lucha, venimos de la misma plataforma. No creo que se bueno lapidar a una mujer que se enfrenta con el MAS todos los días y lo demostró en ingentes cantidades”, señaló Ormachea.

Asimismo, resaltó que la legisladora “aceptó con hidalguía su equivocación”, por lo que considera que no es bueno por ello someterla a un “linchamiento” mediático ni político.

“Se tomó una decisión. La senadora Barrientos presentó su renuncia a la jefatura de CC y eso demuestra por supuesto su buena voluntad…Todo mi respeto por encarar asumiendo una equivocación”, sostuvo en contacto con el programa de redes sociales Asuntos Centrales.

Declaraciones de Andrea Barrientos

Ormachea afirmó que lamenta que los medios difundieron presuntamente “solo una parte” de todo el discurso de Barrientos y asegura que fue malinterpretada.

“Se ha malinterpretado y descontextualizado mucho”, finalizó.

En días precedentes, Barrientos señaló que en CC tienen “más coincidencias con el MAS que con Creemos”, situación que fue cuestionada y criticada. Se refirió también al Presidente Luis Arce, de quien dijo no tener nada en su contra, y dijo esperar “que le vaya súper bien” en su gestión.

Renuncia de la jefatura de CC

Mediante un comunicado, desde CC, afirmaron que las declaraciones de la legisladora fueron “sacadas de contexto, pero acepta que no representan” a la alianza CC.

Asimismo, subrayaron que la posición de Barrientos “no refleja la posición política de Comunidad Ciudadana ni la de sus militantes”.

/JDLF/

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