Por: Kathy Zegarra/Latinoamérica21

El 17 de febrero, Perú volvió a quedarse sin presidente. Lo que en cualquier democracia supondría una crisis política excepcional, en el caso peruano se ha convertido en un episodio recurrente. Desde 2016, ningún presidente ha logrado completar su mandato. La inestabilidad ya no es un accidente del sistema político: es su rasgo dominante.

José Jerí, quien era presidente de la Mesa Directiva del Congreso hasta que Boluarte fue reemplazada, asumió la presidencia conforme al orden constitucional por un período de 130 días. Jerí había ingresado al Congreso como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. Durante su breve gestión intentó proyectar una imagen de liderazgo firme, visitando centros penitenciarios y con una retórica centrada en el orden y la seguridad. Sin embargo, su popularidad se erosionó rápidamente.

La encuestadora Ipsos registró un 60% de desaprobación, en un contexto marcado por cuestionamientos públicos, como las reuniones con empresarios chinos, denuncias de violación y el deterioro en los indicadores de seguridad ciudadana. Si bien las razones esgrimidas por los congresistas para su destitución se vincularon a estos episodios, su destitución forma parte de una estrategia política de los partidos con miras a las próximas elecciones. Tras su salida, José María Balcázar, un congresista de izquierda de 83 años, tristemente conocido por su apoyo al matrimonio infantil se ha convertido en el nuevo presidente de Perú.

Uno tras otro

El último jefe de Estado que culminó su período fue Ollanta Humala (2011-2016). A partir de entonces, la sucesión ha sido acelerada. Pedro Pablo Kuczynski renunció tras poco más de año y medio de gestión, acosado por un Congreso controlado mayoritariamente por el fujimorismo. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien asumió tras la renuncia, fue destituido mediante la figura de la “vacancia presidencial”. Manuel Merino, entonces presidente del Congreso, asumió el cargo conforme al orden constitucional, pero renunció cinco días después, tras intensas protestas sociales en las que murieron dos jóvenes. Francisco Sagasti completó la transición hasta las elecciones de 2021. Pedro Castillo, elegido ese año, fue destituido luego de intentar disolver el Congreso. Y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia, y tras débiles pactos con los congresistas, fue vacada.

Más allá de los nombres y los días que cada uno permaneció en el poder, lo relevante es que Perú se enfrenta a una fragilidad institucional que permite la destitución frecuente del jefe de Estado. La Constitución peruana contempla la figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, que faculta al Congreso a declarar la destitución del presidente con dos tercios de los votos (mayoría simple en caso de censura al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso).

Se trata de un mecanismo excepcional, pensado para situaciones extremas; sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una herramienta de presión política. La expresión “incapacidad moral permanente” es lo suficientemente ambigua como para permitir diversas interpretaciones. En los últimos años, ha sido invocada por motivos diversos, desde acusaciones de corrupción hasta cuestionamientos políticos, sin que exista un estándar jurídico claramente delimitado.

Esta inestabilidad tiene consecuencias concretas. Las políticas públicas requieren continuidad, planificación y coordinación interinstitucional. Cuando los gobiernos se suceden con rapidez, los equipos ministeriales cambian, las prioridades se redefinen y las reformas estructurales pierden impulso. Problemas complejos como la inseguridad ciudadana, la informalidad económica o la precariedad de los servicios públicos difícilmente pueden abordarse con eficacia en un entorno donde la supervivencia política es el objetivo inmediato.

Por otro lado, es importante indicar que no hubo una reforma constitucional que alterara formalmente el equilibrio de poderes tras 2016.

Lo que cambió fue la manera en que los actores políticos decidieron utilizar los instrumentos disponibles. La vacancia pasó de ser un recurso extraordinario a convertirse en una amenaza constante contra presidentes sin mayoría. En este contexto, la estabilidad del Ejecutivo depende menos de criterios jurídicos que de una aritmética legislativa. A ello se suma que, tras la disolución del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra, el Legislativo ha buscado reforzar sus atribuciones, limitando, por ejemplo, la posibilidad de que el Senado pueda ser disuelto.

Lo que realmente necesita el país

Una reforma política de fondo resulta, por tanto, indispensable. Fortalecer el sistema de gobierno y el sistema de partidos es condición necesaria para reducir la fragmentación y la confrontación permanente. Sin embargo, modificar las reglas no es suficiente. La experiencia reciente demuestra que es fundamental el compromiso genuino de las élites políticas con la estabilidad democrática. En 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra impulsó un paquete de reformas que fue sometido a referéndum. Aunque contó con participación ciudadana, parte de su contenido se diluyó en el proceso legislativo posterior y no logró generar los cambios estructurales esperados.

En los próximos meses, Perú volverá a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes, así como a los miembros del Senado y la Cámara de Diputados. Ante la debilidad institucional que caracteriza al país, surge una pregunta inevitable: ¿es determinante quién ocupe la presidencia, si las reglas del juego permiten que su mandato sea interrumpido con relativa facilidad?

El contexto sugiere que la estabilidad del sistema no depende únicamente de la figura presidencial, sino del diseño y funcionamiento del conjunto institucional. Sin ajustes en ese marco, el riesgo de que la historia vuelva a repetirse seguirá presente.

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El Congreso de Perú escoge nuevo presidente

El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 horas (23:00 GMT), al nuevo presidente interino del país andino después de que este martes haya destituido al derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales.

“Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú”, indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Agregó que la elección del nuevo presidente se realizará en pleno del Congreso el miércoles y detalló que el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las propuestas de candidatos venció este martes 17 de febrero, a las 18:00 horas (23:00 GMT).

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

Candidatos para la presidencia interina

Así, durante las próximas horas, las bancadas del Congreso tendrán que ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos, para que este miércoles se debatan las opciones. Sin embargo, al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas.

• De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado
• 29 a la Cámara de Diputados
• 2 al Parlamento Andino
• 42 congresistas elegibles, muchos con investigaciones o cuestionamientos por diversos temas.

Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.

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La moción fue presentada por el congresista de izquierda Pasión Dávila después de que Jerí llegara a la sede del Parlamento peruano acompañado de su primer ministro, Ernesto Álvarez, para anticipar que no se plantea dimitir.

La censura contra Jerí requiere únicamente 66 votos de los 130 congresista que componen el hemiciclo peruano, a diferencia de los al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios de la cámara, que hacía falta para destituir a su predecesora, Dina Boluarte, quien fue sacada del poder de manera casi unánime, con 123 votos.

Esto se debe a que Jerí ascendió al sillón presidencial en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso, la misma que puede ser censurada con la mitad más uno de los votos de la cámara.

Sin embargo, hasta el momento la moción no parece contar con los votos necesarios para tener éxito, pues Jerí mantiene todavía el apoyo del conjunto de fuerzas de derecha que hasta la pasada semana sostenían en el sillón presidencial a Boluarte.

Perú vivió en la noche del miércoles una de las manifestaciones más grandes de los últimos años, con movilizaciones en varias ciudades.

La marcha más grande se dio en el centro de Lima, donde la protesta se saldó con un manifestante fallecido por arma de fuego, más de 100 heridos, entre ellos unos 80 policías, y alrededor de una decenas de detenidos.

La muerte de Eduardo Ruiz ha causado conmoción al haber recibido un disparo que, de acuerdo a testigos, provino de un “terna”, un policía encubierto de civil y sin ninguna identificación que aparentemente estaba infiltrado entre los protestantes, algo que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha negado.

La protesta seguía con las reivindicaciones de otras movilizaciones realizadas en semanas anteriores a iniciativa de la llamada “Generación Z” que se manifiestan en contra de la corrupción y de la creciente inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado.

Fuente: EFE

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Esta acción representa una de las primeras medidas que tomó su gobierno tras asumir el cargo, luego de la destitución de Dina Boluarte. La decisión se tomó en respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en el país.

Operativo en cárceles

Según la información divulgada por la Presidencia peruana, el operativo se inició en el penal de Ancón I, ubicado en Lima. Allí, Jerí supervisó las intervenciones junto al viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baldeón, y al director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.

De manera paralela, se realizaron intervenciones en los penales de Lurigancho, Trujillo y Challapalca. El propósito de estas acciones fue desarticular redes de extorsión y sicariato que se coordinaban desde estos establecimientos penitenciarios.

Incautaciones y nuevas divisiones

El INPE informó que estas acciones se replicarían en otros penales del país para detener delitos que se gestaban dentro de los centros penitenciarios. Durante los operativos, se incautaron equipos electrónicos que supuestamente se utilizaban para coordinar extorsiones.

Esto permitió a las autoridades avanzar en investigaciones más efectivas. Además, se anunció la creación de una División Especializada en Investigación de Extorsiones, que trabajará en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Coordinación institucional

Jerí también llevó a cabo reuniones con autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. El objetivo de estos encuentros fue fortalecer la coordinación institucional frente a la inseguridad que afecta al país.

En estas reuniones participaron también los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Juntos, planificaron acciones conjuntas que garanticen el orden y la protección de la población.

Compromiso del gobierno

Estas medidas se implementaron después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, lo que llevó a Jerí a asumir el liderazgo del Ejecutivo de manera interina.

El mandatario aseguró que estas acciones reflejan un compromiso firme del gobierno para enfrentar la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

LDVY

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