La nueva normativa tiene como objetivo ofrecer un apoyo esencial a los pacientes que necesitan trasladarse fuera de su lugar de residencia para recibir tratamientos médicos.

Declaraciones de la diputada Román

Según información proporcionada a LA PATRIA, la diputada Román expresó su satisfacción por la aprobación de la ley. Informó que esta normativa garantizará el acceso gratuito al transporte aéreo tanto a nivel nacional como internacional para los pacientes que sufren de estas graves enfermedades.

“Con alegría debo informar que mi proyecto de ‘Ley Pasajes Aéreos Solidarios para Pacientes con Cáncer y Enfermedades Terminales’ fue aprobado en la Cámara de Diputados. Esta norma va en beneficio de la población que padece de este mal, porque asegurará cupos y el acceso gratuito al transporte aéreo, en rutas nacionales como internacionales”, enfatizó Román.

PL-526-2024-2025 PASAJES AÉREOS SOLIDARIOS PARA PACIENTES CON CÁNCER Y ENFERMEDADES TERMINALESDescarga

Mecanismo de compensación

Un aspecto clave de la ley es el mecanismo de compensación para las aerolíneas que participen en este programa solidario. La normativa establece un incentivo fiscal para garantizar su colaboración.

Las aerolíneas que otorguen el pasaje aéreo gratuito a los pacientes recibirán una compensación del 100% del valor del boleto. Esta compensación se llevará a cabo mediante rebajas en Impuestos Nacionales.

Beneficios para aerolíneas

Román detalló que este enfoque busca que, mientras las aerolíneas ayudan a la población, también se vean “beneficiadas con descuentos en impuestos”.

Aprobación por parte de los colegas

La parlamentaria destacó que el plan normativo fue aprobado en la sesión de ayer con el apoyo de sus colegas, quienes reconocieron la importancia y la gran ayuda que esta ley representará para los pacientes oncológicos.

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Román criticó que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) esté utilizando recursos públicos de manera irresponsable. Según la parlamentaria, el masismo está dilapidando los recursos del pueblo hasta el último momento de su gestión.

Detalles del gasto

El Formulario 200 del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) indica que la ANH firmó contratos con una agencia de viajes el 19 de septiembre de 2025. Este contrato, por un monto de 400.000 bolivianos, es para el “servicio de pasajes aéreos nacionales, segundo semestre”.

“Mientras el país está sin combustible, los burócratas del MAS viajan con plata del pueblo. Denunciamos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es responsable de la provisión de combustible, gastó 400.000 bolivianos en pasajes aéreos nacionales, solo para tres meses de servicio”, afirmó Román en un video que compartió en redes sociales.

Críticas a la gestión del MAS

La diputada agregó: “Es evidente que el asalto a los recursos del pueblo continuará hasta el último día que los masistas estén en funciones. Con seguridad, esos miles de bolivianos son para que los funcionarios corruptos e ineficientes de la ANH se vayan de vacaciones con dinero del pueblo”.

Román también cuestionó la falta de recursos para abastecer a la población con carburante, mientras que sí hay dinero disponible para los pasajes de los funcionarios. Según ella, las prioridades del MAS son la corrupción y el despilfarro de recursos públicos, beneficiando a sus militantes.

Contexto de la denuncia

Esta denuncia se produce en un contexto donde la escasez de combustible ha generado un gran malestar entre la población. La ANH tiene la responsabilidad no solo de controlar y regular el sector hidrocarburífero, sino también de asegurar un abastecimiento adecuado para la ciudadanía.

/KMMN-LA PATRIA

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De acuerdo con el registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el contrato por 9.230.537 dólares está clasificado como “suministro de hidrocarburos líquidos”. Sin embargo, el documento aclara que este monto solo cubre el flete y el traslado del combustible. Esta situación ha generado dudas sobre la verdadera finalidad del contrato y sobre cómo se están priorizando los recursos del país.

Cuestionamientos a la gestión gubernamental

A través de un video que fue difundido en redes sociales, Román cuestionó que, a pesar de la falta de combustible, el Gobierno continúe favoreciendo a Botrading, una empresa que ha sido objeto de investigaciones por presunta corrupción en la importación de hidrocarburos.

“Denunciamos que mientras el país está sin combustible, YPFB adjudicó recientemente a Botrading más de 9 millones de dólares para el supuesto suministro de combustible (…) Este contrato fue firmado en septiembre, pero desde hace más de 1 semana no hay combustible; es evidente que los masistas están saqueando lo que pueden antes de irse”, afirmó la parlamentaria.

Impacto en la población

La legisladora añadió que con ese monto se podría abastecer al país durante 1 día completo, pero en cambio, la población sigue sufriendo por la escasez que persiste desde hace más de 10 días. Además, advirtió que la vigencia del contrato hasta diciembre permitirá que Botrading continúe beneficiándose incluso con la llegada del próximo gobierno, lo que pone de manifiesto la continuidad de manejos irregulares.

Reflexiones finales

Román concluyó que esta situación refleja un patrón en el que los intereses económicos se priorizan sobre las necesidades de la ciudadanía. Las decisiones del Gobierno nacional están afectando directamente a la población.

“El masismo no para con su corrupción y lo único que saben es culpar a otros y pedir créditos”, finalizó Román.

LDVY

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Román cuestionó el uso de recursos públicos para lo que considera un intento de propaganda política en la etapa final de la administración actual. “Luis Arce continúa despilfarrando el dinero del pueblo (…), sin ninguna necesidad el Ministerio de la Presidencia gasta casi un millón de bolivianos para la impresión de material que no se va a usar”, afirmó la legisladora.

Críticas a la gestión actual

Según la parlamentaria, el contenido de las publicaciones hace referencia a una supuesta industrialización que, en sus palabras, no se refleja en la realidad del país. “Todos los bolivianos sabemos que en el gobierno de Arce no hubo ninguna gestión, solo corrupción, despilfarro y crisis económica”, añadió.

Exigencia de anulación del contrato

Román exigió al Ejecutivo la anulación del contrato y calificó el gasto como innecesario, señalando que su único objetivo es mejorar la imagen del mandatario saliente. “Es un gasto insulso (…) exigimos a este gobierno indolente, que ya está de salida, que se retracte de este gasto y robo”, sostuvo.

Contexto de la denuncia

El contrato con la Editorial del Estado fue realizado en el marco de las atribuciones del Ministerio de la Presidencia y contempla exclusivamente la producción de material impreso vinculado a la gestión gubernamental. La denuncia surge en un contexto de críticas crecientes al uso de recursos públicos para fines comunicacionales en la recta final del actual periodo presidencial.

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La confirmación de la admisión de la denuncia y el inicio de las investigaciones fue realizada este lunes 8 de septiembre por Román. Según la denuncia, en julio, la parlamentaria llevó a cabo una fiscalización de los contratos del Ministerio de la Presidencia con el medio de comunicación La Época, que es propiedad de Moldiz.

Durante esta fiscalización, Román identificó un total de 17 adjudicaciones directas que suman más de 2.6 millones de bolivianos. En este contexto, la legisladora ha denunciado posibles delitos de tráfico de influencias y conducta antieconómica, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

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Detalles de la denuncia

“Interpusimos la denuncia al Viceministerio de Transparencia por los delitos de tráfico de influencias y conducta antieconómica, establecidos en el Código Penal”, afirmó la legisladora. A través de una nota oficial emitida el 28 de agosto, el Viceministerio de Transparencia notificó la admisión de la denuncia y confirmó que la investigación ha sido asignada a la Unidad de Investigaciones de Actos de Corrupción en Entidades Públicas (Uiacep).

Seguimiento del proceso

Román ha señalado que estará haciendo un seguimiento al proceso y ha advertido que la investigación no debe limitarse a funcionarios de menor jerarquía. También debe incluir a Moldiz, Prada y Alcón.

Además, la diputada ha añadido que las denuncias realizadas por la oposición buscan establecer precedentes en el tratamiento de casos de presunta corrupción. “Lo dijimos en varias oportunidades, que nuestras denuncias y nuestros hechos de fiscalización iban a dar curso con la caída del MAS (Movimiento Al Socialismo) y que también quedarán como precedentes”, concluyó.

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La denuncia se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, donde se reanudó el debate sobre este convenio. Román expresó su preocupación al afirmar: “El Gobierno ha permitido la legalización de esta empresa que se dedica a temas de seguridad y defensa del Estado ruso, con la atribución de supuestamente organizar actividades para la lucha contra la amenaza del terrorismo nuclear”.

El Testimonio Notarial de la Apertura de Uranium One Group Sucursal Bolivia indica que la empresa tiene como objetivo la actividad nuclear. Este documento fue oficializado el 6 de julio de 2024 por la Dirección del Notario Plurinacional (Dirnoplu).

Actividades de seguridad y defensa

“En el marco de sus competencias, la Sucursal puede organizar actividades para la lucha contra la amenaza del terrorismo nuclear y el tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas”, se menciona en parte del documento.

Román cuestionó que Arce, en la recta final de su gestión, busque aprobar un contrato para la explotación del litio con una empresa que está facultada para realizar actividades de defensa y seguridad para Rusia. “El masismo habla de soberanía, habiendo así, por ejemplo, expulsado a la DEA, pero mediante este contrato (con Uranium) está dando viabilidad a traer bases rusas militares a nuestro país”, enfatizó la legisladora.

Uranium One Group y su enfoque

La diputada también aclaró que Uranium One Group no se dedica a la extracción de litio, ya que su objetivo es el mismo que el de su matriz, Rosatom, que realiza actividades nucleares.

Ayer, en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, se reinstaló la sesión en la que se iba a discutir la aprobación del contrato del litio con la empresa Uranium One Group. Parlamentarios de oposición están realizando vigilia para evitar que se acepte este convenio con los rusos.

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Román ha señalado que esta situación evidencia una conducta antieconómica y tráfico de influencias. “Denunciamos que Hugo Moldiz, asesor de Luis Arce, se benefició con más de 2,6 millones de bolivianos en publicidad para su semanario. Nuevamente se evidencia la discrecionalidad en la distribución de pauta publicitaria, en favor de allegados al gobierno de Luis Arce, tal cual pasaba con Evo Morales”, expresó la legisladora.

La diputada agregó que “este medio irrelevante y desconocido como es el semanario La Época, de Hugo Moldiz, se lleva millones en contratos con el Gobierno, mientras el pueblo padece la crisis económica, a causa de este tipo de corrupción. El masismo ha hecho su caja chica de las arcas del Estado”.

Acciones legales en curso

Román manifestó que hay un claro tráfico de influencias y conducta antieconómica en este caso. En este sentido, ha remitido una denuncia al Viceministerio de Transparencia y ha enviado una nota a la Fiscalía para que inicien las investigaciones sobre esta irregularidad. “Ambas acciones quedarán de precedentes y se darán curso pronto, cuando el MAS deje el Gobierno”, complementó la parlamentaria.

El semanario de Moldiz ha sido favorecido con más de 2,6 millones de bolivianos en 17 contratos directos del Ministerio de la Presidencia. Esta información ha sido detallada en la documentación del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la cual fue hecha pública por la parlamentaria.

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La legisladora recordó que en Perú, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se produjeron más de 40 muertes durante protestas tras el intento de “autogolpe” del expresidente Pedro Castillo. En estas manifestaciones participaron sectores vinculados a Runasur. “Es un grupo subversivo”, afirmó Román.

Román cuestionó que Morales haya convocado a un nuevo encuentro de Runasur en el Trópico de Cochabamba, apenas a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Según la parlamentaria, la intención del exmandatario es generar presión y caos para imponer su candidatura.

Acciones solicitadas al Presidente

En su nota, Román exhortó al Presidente a tomar acciones inmediatas en cuatro niveles. Primero, pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores elabore un informe que identifique a los dirigentes y sectores que integran Runasur.

En segundo lugar, solicitó que el Ministerio de Gobierno instruya a Migración para reforzar los controles en aeropuertos y pasos fronterizos. Tercero, pidió que el Ministerio de Defensa movilice a las Fuerzas Armadas para asegurar las zonas de frontera.

Finalmente, la diputada instó al mandatario a hacer cumplir sus atribuciones como Capitán General de las Fuerzas Armadas y garantizar la seguridad del país.

Fundamentación legal de los pedidos

La diputada fundamentó sus solicitudes en normas de la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo 29894, que regula la estructura del Órgano Ejecutivo. Aseguró que el Estado tiene mecanismos legales para impedir el ingreso de organizaciones extranjeras que “representan una amenaza a la soberanía y la paz social”.

Sobre la organización Runasur

Runasur es una organización que fue fundada en abril de 2021 por iniciativa de Evo Morales. Está compuesta por sindicatos y movimientos sociales de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Paraguay y Venezuela. Su objetivo declarado es construir una plataforma de integración regional desde una perspectiva de izquierda y de los pueblos indígenas.

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Román afirmó que “Arce le tiene miedo a su exjefe. (…) Han pasado 9 meses y Arce no ha mostrado interés en arrestar a Morales, y lo que ocurra será responsabilidad de estos dos”. La legisladora destacó que la democracia y la paz del pueblo están nuevamente amenazadas por el evismo.

Violencia y candidatura de Morales

La diputada también señaló que Morales intenta imponer su candidatura a través de la violencia. Observó que la inacción del gobierno permite que el exmandatario actúe con libertad y genere caos en el país.

Mensajera de la muerte

Román calificó a Ruth Nina, exdirigente de Pan-Bol, partido que ha perdido su personalidad jurídica, como “mensajera de la muerte”. En este contexto, enfatizó: “La Fiscalía debería procesar a la mensajera de la muerte de Evo Morales, ya que parece que quieren convulsionar al país”.

Protestas y amenazas de los evistas

Durante el fin de semana, los seguidores de Evo Morales llevaron a cabo un ampliado donde se decidió frenar los comicios generales mediante protestas si no se inscribe y habilita a Morales como candidato. Además, amenazaron con “contar muertos” si su líder no participa en las elecciones del 17 de agosto de 2025.

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Costos del ministerio

Román indicó que el ministerio tiene un costo superior a 84 millones de bolivianos al Estado. En este contexto, afirmó que esos recursos podrían destinarse a áreas urgentes, como la compra de combustible. Además, expresó que el funcionamiento de esta entidad solo responde a los intereses del MAS y no a una verdadera reforma judicial.

Cuestionamientos al Ministerio Público

La diputada también criticó la actitud del Ministerio Público. Esto se debe a que la Fiscalía Departamental de La Paz publicó un comunicado en el que afirma no tener conocimiento del audio. Según Román, esta respuesta demuestra que Siles podría quedar en la impunidad. En este sentido, cuestionó que, a pesar de que el audio ya es de dominio público, las autoridades no hayan iniciado una investigación seria.

Conclusiones de la diputada

Román concluyó que el Ministerio de Justicia no cumple una función útil para la población. A su juicio, esta cartera de Estado solo sirve para encubrir actos irregulares y perpetuar el control del oficialismo sobre el sistema judicial. Por esta razón, demandó al Presidente Luis Arce que tome acciones inmediatas y cierre esa entidad.

Aseguró que existen pruebas suficientes y que no hay justificación para mantener su funcionamiento.

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Román ha señalado que Héctor Ramírez Santiesteban, quien es representante de Entel y fue asesor del vicepresidente Álvaro García Linera, está involucrado en esta situación. Este vínculo ha generado preocupación en la diputada, quien considera que hay un conflicto de intereses.

Accionistas de Entel Dinámica

Un testimonio del 3 de febrero de 2021 revela que Entel Dinámica tiene dos accionistas: Entel S.A., que posee el 99% de la empresa y está representada por el exasesor y Secretario General de la Vicepresidencia durante la gestión de García Linera. El 1% restante pertenece a Datacom.

Críticas a la gestión de García Linera

“Denunciamos que Héctor Ramírez Santiesteban, quien fungió como secretario general de la Vicepresidencia de Álvaro García Linera y también como su asesor, es representante de Entel desde 2021”, indicó Román. Esta afirmación pone de relieve la conexión entre el exvicepresidente y la empresa beneficiada.

Román añadió: “García Linera, como socialista de manual, habla de monopolios; precisamente eso logró con la distribución de la publicidad en redes sociales desde 2021, mediante contrataciones directas”. La parlamentaria ha cuestionado el uso de recursos del Estado por parte de allegados al Movimiento Al Socialismo (MAS), argumentando que estos recursos son del pueblo y no deben ser utilizados para obtener ganancias personales.

Detalles de los contratos

Los contratos que se han mostrado son un total de 12, otorgados a Entel Dinámica por parte del Ministerio de la Presidencia para publicidad en redes sociales desde 2021. El monto total erogado a la subsidiaria suma más de 48,6 millones de bolivianos, lo que ha generado un debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos.

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Crítica a las medidas del gobierno

Román ha destacado que las propuestas presentadas no resolverán los problemas actuales que enfrenta el país, que se encuentra en medio de una escasez de combustible y un aumento descontrolado de precios.

La parlamentaria afirmó: “Las medidas anunciadas por el Gobierno son un nuevo saludo a la bandera. El masismo debe declinar su participación en las elecciones de este año y dedicarse, por primera vez en 20 años, a gobernar y no a hacer política”.

Inacción gubernamental

Román también ha señalado que “las 11 medidas anunciadas por Luis Arce, quien es candidato a senador y jefe de campaña de Eduardo Del Castillo, no paliarán en nada la crisis. El problema radica en el desgobierno y la falta de gestión; ellos están en campaña mientras el pueblo sufre las consecuencias de la inacción gubernamental”.

Repetición de acciones fallidas

La diputada ha indicado que anuncios como combatir el contrabando, ofrecer supuestos incentivos al sector productivo o mantener reuniones con el sector privado ya se han realizado en otras ocasiones. Enfatizó que estas acciones no han dado resultados porque el Gobierno se niega a cambiar su modelo económico, que ha demostrado ser un fracaso.

Crisis económica en aumento

El país atraviesa una crisis económica que se agrava cada día. Actualmente, hay nuevamente escasez de combustible, falta de aceite comestible y el aumento de precios de los productos no parece tener fin.

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Román no dudó en criticar la actitud de Doria Medina, a quien describió como un seudo opositor que solo aparece cada cinco años. La parlamentaria expresó: “Denuncio que desde el bloque de Samuel Doria Medina, ahora recurren a chantajes para tratar de limpiar su imagen, que con esa actitud ha quedado por los suelos”.

La diputada también mencionó que las personas cercanas a Doria Medina le pidieron que se “desdiga” de sus declaraciones a cambio de ofrecerle una supraestatal en el Beni. Esta situación, según Román, revela la creencia de Doria Medina de que todos tienen un precio.

La verdadera oposición

Román subrayó que Doria Medina no representa una verdadera oposición y que solo aparece durante los períodos electorales. La legisladora recordó que en 2020, Doria Medina presentó su candidatura de manera tardía, mientras que su aliado Luis Fernando Camacho continuó en la carrera electoral, lo que resultó en una representación parlamentaria que se le volvió en contra.

Estas acciones, según Román, beneficiaron al Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que contribuyó a su victoria en las elecciones. La diputada enfatizó que su compromiso es con la ciudadanía y no con intereses personales o políticos.

Consecuencias del chantaje político

Además, Román destacó la importancia de mantener una oposición firme frente al MAS. La diputada advirtió sobre las consecuencias negativas que el chantaje político puede tener en el sistema democrático, enfatizando la necesidad de actuar con integridad y responsabilidad en la política.

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La revocación se fundamenta en el hecho de que ambos partidos no lograron obtener ni el 3% de los votos en las elecciones de 2020. Román expresó: “Evo Morales queda completamente fuera de la carrera electoral. Es una buena noticia la anulación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria y Pan-Bol, taxipartidos con los cuales Morales pensaba inscribirse como candidato”.

Implicaciones para Evo Morales

La diputada también comentó que, aunque Morales ya estaba impedido de ser candidato, sus abogados intentaban utilizar estrategias legales para habilitarlo. Con la decisión del TSE, la aspiración de Morales de postularse queda totalmente sepultada. Román subrayó que este tipo de partidos políticos suelen hacer negocios con sus siglas en cada proceso electoral.

Un precedente importante

Román concluyó que esta decisión del TSE establecerá un precedente significativo. “Este tipo de partidos, como el FPV y Pan-Bol, ven en cada elección el negocio para que sus dirigentes se beneficien económicamente. Estamos seguros de que esta decisión marcará un precedente”, afirmó.

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Román planteó varias interrogantes sobre la viabilidad de esta importación. Se preguntó: “¿Con qué dólares van a importar carne, si apenas pueden conseguir para combustible?” Además, destacó que el Estado pagará por la importación al precio del dólar del mercado paralelo, que actualmente supera los 15 bolivianos.

Costos de la carne importada

La legisladora también mencionó que los sectores productivos han indicado que importar carne de Argentina costará más del doble de lo que cuesta la carne nacional, es decir, más de 120 bolivianos por kilo. En este contexto, Román advirtió que esta nueva subvención podría dejar al país en una situación económica aún más complicada.

Consecuencias de la subvención

Román indicó que la subvención a la carne de res será un “círculo del cual no se podrá salir”, similar a lo que ocurre actualmente con los carburantes. Criticó la medida del Ejecutivo, afirmando que afectará negativamente al productor boliviano y tendrá repercusiones adversas para la población.

Advertencias sobre la crisis

“En plena crisis, esta nueva subvención que quiere aplicar el Gobierno dejará un país aún más quebrado. Será un círculo del que no se podrá salir, como es la subvención a la gasolina”, complementó Román. La legisladora recordó que el mismo Gobierno ha admitido que las subvenciones son insostenibles.

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Román cuestionó que los ciudadanos bolivianos tengan que financiar la campaña del gobernante. “Los bolivianos pagamos la campaña de Luis Arce. Recientemente, el Ministerio de la Presidencia gastó 3.000.000 para las transmisiones de los eventos de Arce por Bolivia TV. Con este contrato, suman 65.500.000 bolivianos que se despilfarraron en las transmisiones de los eventos de Arce desde la gestión 2021 hasta la fecha, por el canal estatal”, observó.

La diputada también añadió: “A esto se suma otro gasto absurdo: 600.000 bolivianos para imprimir la papelería de su campaña. La orden de compra detalla que son para afiches y revistas de la falsa industrialización, que es uno de los eslóganes de campaña de Luis Arce”.

Detalles de los contratos

Según la parlamentaria, el primer contrato para las transmisiones fue firmado el 30 de enero de 2025 entre la Presidencia y BTV, con vigencia hasta el 30 de abril de 2025. Asimismo, indicó que durante la gestión 2021, se pagaron 17.000.000 bolivianos al canal estatal por las transmisiones; en 2022, 16.000.000; en 2023, 15.000.000; en 2024, 14.500.000; y en lo que va del 2025, 3.000.000. Estos datos provienen de los contratos suscritos con el canal estatal.

Compra de material promocional

Román también agregó que la compra del material promocional fue suscrita el 17 de abril de 2025. En este documento se detalla la elaboración de afiches y revistas sobre la “industrialización”. La Editorial del Estado se adjudicó este contrato por un monto total de 600.000 bolivianos.

Denuncia de cinismo

Román criticó: “Es el colmo del cinismo que Arce se gaste millones de bolivianos del dinero del pueblo para limpiar su imagen y tratar de conseguir su reelección. Sabe que no ganará, pero despilfarra el dinero del pueblo”.

Material ArceDescarga

La entrada Gobierno eroga Bs. 3 millones para promocionar campaña de Luis Arce a través de Bolivia TV, denuncia diputada Román se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Román ha criticado esta acción, señalando que se trata de un despilfarro en medio de una crisis económica que afecta al país. El gasto total se divide en dos partes: 4,5 millones de bolivianos se destinarán a publicidad en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Display y Adwords, mientras que 500.000 bolivianos se asignarán a TikTok.

Este monto es solo para tres meses de servicio, lo que significa que el gobierno gastará más de 55.000 bolivianos por día. Esta cifra equivale a 22 salarios mínimos en Bolivia.

Beneficios a empresas

Román también ha observado que la empresa favorecida con el contrato es Entel Dinámica, una subsidiaria de Entel. La legisladora afirmó que el gobierno ha monopolizado la publicidad en redes sociales al trabajar exclusivamente con esta empresa.

Además, ha aseverado que Arce está repitiendo las acciones de Evo Morales al utilizar recursos del pueblo para fines proselitistas. “Arce, como su exjefe Evo Morales, usa los recursos del pueblo para su campaña”, afirmó Román.

Rechazo y ambiciones personales

La diputada complementó su declaración indicando que Luis Arce no tiene posibilidades de ganar, ya que enfrenta un rechazo de más del 90%. Sin embargo, decidió despilfarrar el dinero del pueblo en plena crisis económica para satisfacer sus ambiciones personales.

Contexto de la denuncia

Esta denuncia se produce en un contexto en el que la oposición critica el uso de recursos públicos para campañas políticas, mientras que persisten problemas económicos en el país. La situación genera un clima de descontento entre la población, que observa cómo se utilizan los fondos estatales en actividades proselitistas.

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“Solo haciendo un megafraude, Luis Arce podría ganar las elecciones en agosto. El `Tilín` en diversas encuestas solo tiene el 1% de intención de voto, lo que hace imposible que pueda ser reelecto”, afirmó Román. La parlamentaria también añadió que Arce tiene la intención de ganar en primera vuelta y obtener una mayoría parlamentaria, algo que considera inviable.

Crítica a la gestión del MAS

Román hizo hincapié en la importancia de estar atentos para prevenir un megafraude que, según su opinión, ya podría estar planificado y próximo a ejecutarse. Además, criticó al Movimiento al Socialismo (MAS) y a Arce por haber llevado al país a una crisis económica sin precedentes.

Consecuencias de la reelección

La diputada también advirtió que si Arce continúa en el poder, la situación financiera actual se agravará. Según Román, esto podría resultar en un aumento de la corrupción y en la posibilidad de una hiperinflación.

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Esta denuncia se realizó el 26 de marzo de 2025, en un contexto de crisis económica que afecta a la población boliviana. Román criticó que se pague más de 35.000 bolivianos por día para este servicio.

Crítica a la gestión del gobierno

“Solo la población tiene que amarrarse los cinturones, hacer inmensas colas por combustible y alimento, pero para paliar las necesidades del pueblo no hay con qué”, observó Román.

El “contrato administrativo de servicio de difusión de publicidad vial en vallas”, que fue suscrito el 4 de marzo de 2025, especifica que en 34 días calendario de servicio de colocación de gigantografías, la Presidencia erogará 1.193.332 bolivianos. El detalle por día es de 35.098 bolivianos.

Uso de recursos públicos

En este contexto, Román criticó que el Presidente Luis Arce utilice los recursos del pueblo boliviano para su campaña electoral, especialmente cuando la crisis económica se agudiza. Además, añadió que buscan créditos para la propaganda del mandatario y que estos gastos son una clara prueba de ello.

“Para eso quieren los créditos, para la campaña de Luis Arce y este gasto es la gran prueba. Creen que le limpiarán la imagen al economista fracasado”, complementó Román.

La entrada Gobierno gasta 1,2 millones en vallas publicitarias durante crisis económica, denuncia diputada Román se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En el PGE se detalla que los sueldos y jornales para los funcionarios del Ejecutivo tienen una asignación de 12.148.419.770 bolivianos. Esto implica un gasto mensual de 1.012.368.314 bolivianos. El documento también especifica que los egresos de las empresas estatales alcanzan los 84.051.190.267 bolivianos, lo que representa un gasto mensual de 7.004.265.855 bolivianos.

Críticas a la gestión gubernamental

“En el PGE, los gastos para sueldos de funcionarios del Ejecutivo ascienden a más de 1.000.000.000 de bolivianos por mes, 1.000.000.000 de bolivianos del dinero del pueblo para pagar a sus militantes”, afirmó Román.

La diputada añadió: “El PGE también detalla un gasto de 7.000.000.000 de bolivianos por mes para mantener las empresas estatales deficitarias, donde también se paga a militantes”. Román mencionó que entre las empresas deficitarias se encuentra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que es responsable de la falta de combustible en el país.

Propuestas para reducir gastos

“Si el masismo quisiera paliar un poco esta crisis, reduciría esos gastos al 50%. Pero no lo harán porque prefieren ahogar al pueblo que reducir el gasto público, que está destinado para su campaña”, concluyó la parlamentaria.

Impacto en la economía

Román observó que estos gastos se producen en un contexto de crisis económica, lo que genera preocupación sobre la gestión financiera del Gobierno y su impacto en la ciudadanía. La situación actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas públicas y su efecto en la vida diaria de los bolivianos.

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Román realizó estas declaraciones tras la firma de un contrato entre Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la empresa rusa el 11 de septiembre de 2024. Este acuerdo es para el desarrollo de una planta destinada a la extracción de litio.

Detalles sobre la empresa

La diputada enfatizó que el registro del Seprec y el testimonio notarial indican que la sucursal rusa se dedica a trabajos geofísicos, exploración y extracción de minerales que contienen sustancias nucleares y radiactivas. También se involucra en la extracción y tratamiento de metales de tierras raras, así como de minerales auríferos, diamantes y otros minerales no ferrosos.

Preocupaciones sobre actividades nucleares

Román expresó su preocupación al señalar que la empresa rusa, bajo el pretexto de supuestas amenazas nucleares, está autorizada para organizar actividades relacionadas con la lucha contra el terrorismo nuclear, tal como se detalla en su registro.

El testimonio notarial que establece la constitución de Uranium One Group Sucursal Bolivia menciona que su objetivo es el mismo que el de su entidad matriz. Esto incluye la colocación y construcción de instalaciones nucleares, fuentes de radiación, así como instalaciones para el depósito de materiales nucleares y sustancias radiactivas. También se menciona la gestión de residuos radiactivos.

Solicitudes al Gobierno

Ante esta situación, la parlamentaria ha solicitado al Gobierno que aclare cuál será la actividad real de la transnacional rusa y cómo se llevará a cabo el control del personal extranjero. Además, cuestionó el motivo detrás de la firma de un contrato con una empresa que se dedica a labores nucleares y a la lucha contra el terrorismo nuclear.

Información sobre la empresa matriz

Román añadió que la empresa matriz, Uranium One Group, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica Rosatom, tampoco se dedica a la extracción o producción de litio. Esta información es fácil de verificar, ya que está claramente especificada en su sitio web.

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La parlamentaria pudo comprobar que en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), Hong Kong no tiene registrada la actividad de extracción y producción de litio. Además, en el testimonio notarial que permitió su constitución en el país, tampoco se menciona este rubro.

Denuncia de ilegalidad

Román afirmó: “El contrato con la empresa china Hong Kong CBC Sucursal Bolivia es ilegal e inconstitucional. Constatamos que en el Seprec y en el documento notarial, esta empresa no se dedica al rubro de la ‘producción de carbonato de litio’, como especifica el tenor del contrato”.

La diputada cuestionó: “Entonces, ¿cómo se firmó un contrato con una empresa que no se dedica a la producción de carbonato de litio?”. En el documento notarial se detalla que la transnacional fue establecida en Bolivia el 10 de julio de 2023.

Proceso de contratación cuestionado

Román también mencionó que en una sesión de la Comisión de Economía Plural, donde se discutió el contrato con CBC, el ministro de Hidrocarburos y el presidente de YLB afirmaron que el acercamiento con la empresa china comenzó en 2021.

“Todo esto nos hace notar que el proceso de contratación fue direccionado para favorecer a la empresa china”, observó la legisladora.

Acciones legales

La diputada ha remitido esta documentación a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Viceministerio de Transparencia. Su intención es que se inicie una investigación de oficio, ya que, al menos, se habrían cometido dos delitos: incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“Como parlamentaria, remití a la Fiscalía y al Viceministerio de Transparencia las pruebas de mi denuncia pública, para que se inicie una investigación de oficio. Esperemos que estas instancias actúen con celeridad y sin ningún encubrimiento”, concluyó.

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Román argumentó que “el pacto social al que llama Luis Arce es una trampa: primero, busca un compromiso del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Legislativa para realizar unas nuevas elecciones judiciales. Arce sabe que no se pueden realizar 2 procesos electorales en un año y ahí tiene una excusa para frenar las elecciones”.

Además, la diputada mencionó que el presidente habla de los créditos en el Legislativo y de los contratos del litio, lo que, según ella, solo busca la disposición de más de 2.500 millones de dólares para el beneficio de su Gobierno. Esto, a su juicio, endeuda al pueblo y pone en riesgo los recursos naturales como el litio.

Cuestionamientos a la gestión

Román también cuestionó que Arce intente que otros eviten medidas de presión por su gestión. Aclaró que no fue la oposición la que dispuso la confiscación de productos en la Ley del Presupuesto General del Estado, sino el propio Gobierno.

La parlamentaria complementó su crítica diciendo: “el pacto social al que llama Luis Arce es solo una estrategia del masismo para trabar las elecciones, disponer de recursos económicos a manos llenas y lograr una aparente paz social, mientras ellos hacen de las suyas”.

Contexto de preocupación

La crítica hacia el pacto social se da en un contexto donde han surgido preocupaciones sobre la gestión económica del Gobierno actual. La diputada enfatiza que esta situación podría tener repercusiones directas sobre la ciudadanía, especialmente en términos de deuda pública y manejo de recursos naturales.

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La diputada Román expresó que, como parte de Comunidad Ciudadana, han estado exigiendo de manera constante al expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, que realice esta elección de una vez por todas. Sin embargo, Huaytari no atendió estas solicitudes y continuó dilatando el proceso.

Según Román, Huaytari utilizó a una de las candidatas como parte de su estrategia para retrasar la elección, provocando que esta renunciara y generando un vacío en las ternas preseleccionadas. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre respecto a la transparencia del proceso electoral.

Argumentos del presidente Arce

Román también mencionó que el presidente Luis Arce justificó que no se podía llevar a cabo la elección a través de la Cámara de Diputados mientras existiera una acefalía en la terna indígena campesina originaria. A pesar de esta justificación, el proceso continuó dilatándose, lo que ha suscitado dudas sobre la legitimidad de la candidata observada, quien fue designada de manera directa.

Indicios de fraude electoral

La diputada considera que esta situación es un “indicio gravísimo” y un “indicio clarísimo” de que el Movimiento al Socialismo está tramando nuevamente un fraude electoral. Además, se han reportado irregularidades relacionadas con el amparo constitucional en Tarija, que debió permitir la elección, pero que no se realizó en el plazo correspondiente.

Designaciones cuestionadas

Se llevó a cabo la posesión de los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Beni, quienes debieron ser elegidos mediante la Asamblea Legislativa a través de la Cámara de Diputados. Román señaló que el expresidente Huaytari estuvo dilatando este proceso, argumentando una acefalía en una terna. Ahora, estos vocales fueron designados por el presidente Arce, gracias al apoyo que recibe de la justicia masista.

Preocupaciones sobre el futuro electoral

La diputada también destacó que Rodolfo Coímbra Suárez es otro de los elegidos a dedo por el presidente Arce. Coímbra ya había sido vocal del Tribunal Electoral Departamental de Beni y fue aprehendido en 2019 por el delito de fraude electoral. Esta situación genera inquietud sobre cómo se manejarán los procesos electorales en el futuro cercano.

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La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, en un contexto de preocupaciones sobre posibles irregularidades en las licitaciones y el uso de estos recursos para financiar campañas políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Detalles de la impresión de billetes

Román comentó: “¿esto por qué? porque se estaría imprimiendo en el gobierno de Luis Arce, durante los años 2023 y 2024, un total de más de 1.200 millones de cortes de billetes, el doble de lo que se pudo imprimir para toda una renovación de billetes que fue entre los años 2016 y 2019, por un monto de más de 600 millones de billetes”.

La diputada también cuestionó la necesidad real detrás del aumento en la impresión, señalando que “podemos ver todos los días en los billetes grandes que no existe ningún deterioro”. Además, destacó un excedente deficitario en empresas públicas y el aumento en la cantidad de funcionarios públicos, mencionando que “durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se incrementó siete veces más la cantidad de funcionarios públicos”.

Preocupaciones sobre financiamiento

Román añadió que: “estamos seguros de que, así como no hay dinero para comprar hidrocarburos, tampoco lo hay para pagar estos sueldos”. Se refería a los salarios destinados a militantes del MAS para la campaña electoral del 2024. La diputada espera que esta comisión pueda detener la última licitación e investigar las irregularidades detectadas en licitaciones anteriores.

Irregularidades en licitaciones

En cuanto a las irregularidades mencionadas, Román indicó que “en la primera del año 2016 existieron dos empresas proponentes a la licitación; sin embargo, se contrató a la empresa del precio más alto y ésta tampoco contaba con el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)”. En 2023, se evidenció un posible direccionamiento en el proceso debido a especificaciones técnicas restrictivas.

Para este 2024, se han notado las mismas especificaciones en curso para direccionar hacia la misma empresa contratada anteriormente. El tipo de cambio oficial manejado en 2016 fue a 6,96 y actualmente es aproximadamente 6,86.

Repercusiones de las irregularidades

La diputada también indicó que las irregularidades observadas podrían tener repercusiones significativas tanto económicas como sociales si no son abordadas adecuadamente por las autoridades competentes.

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Román advierte que esta acción podría empeorar aún más la inflación en el país. Por ello, ha solicitado que se detenga la reciente licitación para la compra de 967,8 millones de piezas de billetes.

Contratos con Oberthur Fiduciaire

La diputada ha publicado las actas de entrega de las compras de billetes. En 2016, el BCB firmó un contrato con la empresa francesa Oberthur Fiduciaire SAS para la adquisición de 671 millones de piezas para la renovación total de los billetes de diferentes denominaciones. En 2023, el Banco Central también suscribió un contrato con Oberthur Fiduciaire SAS, pero esta vez para la compra de 321,5 millones de piezas de distintos cortes.

En noviembre de 2024, la entidad bancaria planea licitar un total de 1.289,3 millones de piezas. Esta cifra representa el doble de lo que se necesitó para la renovación completa en 2016. Román enfatiza: “¿Por qué el Gobierno de Arce ahora requiere un total de 1.289,3 millones de piezas, dos veces más de lo que se requería para la renovación completa?”.

Cuestionamientos al Gobierno

La parlamentaria cuestiona cómo el Banco Central y el Gobierno pueden argumentar que esta situación no es una reposición. Complementa su crítica diciendo: “Parece que están imprimiendo billetes ante la falta de dólares, para maquillar la realidad y cubrir sus gastos”.

Consecuencias de la impresión de billetes

Además, Román advierte sobre las posibles consecuencias de esta medida: “¿Acaso no pueden ver que agravarán aún más la inflación? Esta última licitación debe ser frenada”. La diputada compara esta situación con lo que ocurrió en Argentina, donde se imprimieron billetes sin un respaldo adecuado.

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