Investigación del Banco Central Bolivia

El Ministerio Público avanzó en la investigación contra el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y tres exdirectores de la entidad. Estos fueron aprehendidos por su presunta participación en operaciones financieras que habrían generado un daño económico superior a los $us 124 millones.

Detalles de la investigación

El fiscal Miguel Cardozo informó que la denuncia fue presentada por el propio Banco Central tras una auditoría interna que detectó irregularidades en transacciones realizadas entre junio y agosto de 2024. Según la investigación, durante ese periodo se concretaron siete operaciones con distintas entidades financieras. Estas transacciones habrían causado un perjuicio económico millonario debido a la compra de bonos soberanos por encima de su valor de mercado.

Operaciones bajo el Comité de Operaciones de Mercado Abierto

Las operaciones se realizaron a través del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), instancia presidida por Rojas, quien junto a los exdirectores ahora investigados, participó en el proceso. El Ministerio Público prevé imputar a los involucrados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta económica, considerando que todos formaban parte del proceso de aprobación de estas operaciones.

Convocatoria a representantes financieros

La investigación busca establecer si existieron terceros beneficiados, por lo que se convocará a declarar a representantes de las entidades financieras que participaron en las transacciones. El fiscal señaló que los informes de auditoría y la documentación recopilada constituyen elementos suficientes para sustentar la aprehensión y avanzar hacia una imputación formal.

Fase preparatoria del proceso

Actualmente, el proceso se encuentra en fase preparatoria y se prevé un plazo de hasta seis meses para el desarrollo de la investigación. Durante este tiempo, se recogerán más pruebas, declaraciones y posibles descargos de los implicados.

Impacto en las finanzas del Estado

Este caso pone en la mira la gestión de exautoridades del ente emisor y el manejo de operaciones financieras que impactan directamente en los recursos del Estado. El daño económico superior a los $us 124 millones es significativo, presentando un golpe considerable a las finanzas del Estado y afectando la confianza pública.

Aprehensiones y acusaciones graves

La aprehensión del expresidente Edwin Rojas y tres exdirectores subraya la gravedad de las acusaciones y la presunta implicación de alto nivel. Este caso resalta la importancia de una gestión transparente y responsable dentro del Banco Central Bolivia.

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Allanamiento en La Paz vinculado al expresidente Luis Arce

Este lunes, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó un allanamiento en un inmueble vinculado al expresidente Luis Arce en la ciudad de La Paz. El fiscal Néstor Torres Tapia informó que esta medida forma parte de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas que se desarrolla en Santa Cruz y que alcanza a miembros de la familia Arce Mosqueira.

Investigación sobre movimientos financieros

Las autoridades indagan movimientos financieros sospechosos y la adquisición de bienes que no corresponderían con los ingresos declarados. Actualmente, el exmandatario se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro por otro proceso vinculado al caso del Fondo Indígena que data del 2009.

Recursos obtenidos mediante contrataciones irregulares

Los recursos presuntamente obtenidos mediante contrataciones irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habrían sido canalizados hacia distintos negocios, incluidos emprendimientos en el sector agroindustrial. Este caso se sustenta en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que identificó transacciones y movimientos económicos que superan la capacidad financiera declarada de la familia.

Secuencia de eventos del allanamiento

• El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó el allanamiento de un inmueble vinculado al expresidente Luis Arce en La Paz.
• Se lleva a cabo una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas que se desarrolla en Santa Cruz y alcanza a miembros de la familia Arce Mosqueira.
• Se indagan movimientos financieros sospechosos y la adquisición de bienes que no corresponderían con los ingresos declarados.

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Los dos ocupantes del vehículo no pudieron explicar el origen del dinero. Esto llevó a la Fiscalía a ordenar el secuestro tanto del auto como del dinero, para realizar un análisis mediante microaspirado y dar inicio a la investigación correspondiente.

Operación 200 en acción

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que esta acción se llevó a cabo en el marco de la Operación 200, titulada “Por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”. La intervención fue realizada por efectivos del Grupo de Análisis e Investigación Financiera (Giaef) Occidente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Detalles de la intervención

Durante la revisión del vehículo, los efectivos encontraron ocho bolsas negras que contenían fajos de billetes en moneda nacional. Este hallazgo es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Controles en puntos estratégicos

Las autoridades han intensificado sus acciones en puntos estratégicos como Achica Arriba. Allí se realizan controles regulares para detectar actividades ilegales relacionadas con las finanzas. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad y la legalidad en el país.

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La denuncia que ha dado origen a esta investigación involucra a una responsable de servicios al cliente de la entidad financiera. Esta denuncia fue formalmente presentada ante el Ministerio Público, lo que ha llevado a que la funcionaria sea citada para declarar en las instalaciones de la Felcc.

Detalles de la investigación

El comandante departamental de Santa Cruz, Rolando Rojas, comentó que “se presume la participación de una funcionaria de esta entidad que, en base a un trabajo de manipulación de información, estaría haciendo el desvío de recursos”. Esta afirmación resalta la gravedad de la situación y la implicación directa de la funcionaria en el caso.

Según la denuncia, la funcionaria logró desviar montos de cuentas de varios usuarios mediante el manejo del sistema informático de la entidad. El total de los fondos desviados ascendería a 400.000 bolivianos, aunque este monto aún no ha sido confirmado por los investigadores que están a cargo del caso.

Acciones de la Felcc

Gustavo Astillas, un representante de la Felcc, explicó que “se determinará a través de una pericia”. Esto indica que se están llevando a cabo análisis técnicos para esclarecer la situación. Además, Astillas mencionó que “se están coordinando acciones por este caso y no se descarta ampliar la investigación”. Esto sugiere que la investigación podría extenderse a otros aspectos relacionados con el caso.

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La investigación fue solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) luego de un informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial realizado en diciembre de 2023.

Investigación incluye a tres personas más

Además del presidente de Diputados, la investigación también involucra a Raúl C.P., Rolando G.T. A. y Lizeth P.C.P., según confirmó el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

Según la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, se establece que el diputado y su esposa recibieron 193 depósitos por un importe total de Bs. 1.407.429 en una cuenta mancomunada. La entidad financiera no cuenta con la información de los depositantes en su sistema y no se conoce el motivo generador de los recursos.

Presuntos incrementos de bienes y movimientos económicos

El informe de la UIF identificó presuntos incrementos de bienes y movimientos económicos de las cuatro personas investigadas en distintos hechos, circunstancias y momentos.

En detalle, la Fiscalía investiga cómo Huaytari obtuvo un beneficio económico de Bs 89.050 por parte de la empresa Grupo Interdisciplinario de Soluciones Gis S.R.L., con el motivo: “Parque Julio Verne”. También se busca esclarecer por qué el presidente de la Cámara de Diputados realizó cuatro depósitos por un total de Bs 84.483 a favor de Selene Deidania B. V., de quien se desconoce su relación o vínculo parental con Huaytari.

Reacciones del presidente de la Cámara de Diputados

El parlamentario ha calificado el proceso como una guerra sucia y ha asegurado que no ha sido notificado de la investigación judicial. Además, ha negado cualquier hecho de corrupción en su contra.

Huaytari ha destacado que no ocupó anteriormente ningún cargo como autoridad y ha declarado tener diez bienes ante la Contraloría General del Estado, una deuda de Bs 2,7 millones, bienes activos por más de Bs 600 mil y un total de rentas recibidas de Bs. 294.216.

Remisión del caso a Santa Cruz

El proceso de investigación por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas fue remitido al Ministerio Público de Santa Cruz debido a un planteamiento de excepción de incompetencia suscitado por una de las personas investigadas, según puntualizó el fiscal del Estado.

/ APC /

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Estos registros se dan en el marco de dos investigaciones abiertas por la Agencia Francesa Anticorrupción en 2017 y 2022, por sospechas de conflicto de intereses y favoritismo en los contratos públicos adjudicados.

La investigación más reciente, iniciada en 2022, es realizada por la brigada financiera de la Policía Judicial debido a posibles conflictos de intereses en estas adjudicaciones.

La otra investigación remonta a 2017 y es por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y encubrimiento del mismo. Esta última es manejada por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales.

Solideo, empresa encargada de las obras para los juegos olímpicos también confirmó los registros e indicó que está colaborando con los investigadores.

Desde hace meses hay polémica alrededor del evento deportivo; hace unas semanas renunció Brigitte Henriques, presidenta del Comité Olímpico Francés debido a rivalidades internas dentro del organismo. Además, denunciaron casos donde algunas empresas contratistas emplean trabajadores sin papeles para acelerar la obra.

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La funcionaria, quien también fue directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, afirmó que durante su gestión se detectaron irregularidades en el banco en cuestión.

Según ella, el crecimiento acelerado y las operaciones con datos aparentemente ficticios fueron algunas de las preocupaciones expresadas por el entonces ministro Arce en reuniones con entidades bajo tuición.

En enero de 2019 se negó un incremento de capital al Banco Fassil para evitar un crecimiento sin un manejo adecuado de riesgos o evaluaciones; posteriormente también prohibieron la apertura de más agencias.

Espinoza denunció que esta entidad financiera siempre trató de apelar las resoluciones emitidas por la ASFI e incluso iniciaron procesos contra los funcionarios del ente regulador.

“Lo que podemos ver es que desde que (Luis Arce) era ministro nos dio tareas para supervisar detalladamente esta institución”, dijo.

Sin embargo, tanto sectores oficialistas como opositores criticaron la falta de intervención oportuna ante todas estas irregularidades conocidas previamente.

La senadora Andrea Barrientos manifestó que será el Órgano Judicial quien determine si es necesario que Luis Arce declare ante la justicia para esclarecer este caso.

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Investigación en curso

El parlamentario señaló que está investigando los nexos de los 80 empresarios y que incluso hizo dos peticiones de informe a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre la relación de estas personas con la exfinanciera que fue usada para el lavado del dinero.

El legislador aseveró que se está recabando más información para formalizar una demanda penal por terrorismo. Empresarios que accedieron a estos préstamos no pudieron justificar su capacidad de pago.

Nombres sobrepasan las 80 personas

“Los nombres que estamos investigando sobrepasan las 80 personas, 50 empresarios están en la UIF certificados con nombres completos. La ASFI también va a dar su informe. Ya hemos presentado dos peticiones”, indicó Cuéllar.

Aval presidencial

Según Cuellar, durante el Gobierno de Morales, el Banco Fassil obtuvo autorización para poder incrementar su capital y lograr un crecimiento exponencial.

“Gracias al presidente Lucho y David se va descubriendo esta organización criminal. La UIF y la ASFI entre 2017 y 2019 durante la gestión de Evo Morales debe responder”, dijo.

Desvío de créditos

Más de 50 empresarios cruceños que accedieron a “créditos vinculados” por Bs 4.000 millones del banco Fassil lo desviaron a Santa Cruz Financial Group, un “imperio de negocios” construido por personas que tenían participación en el directorio de la extinta entidad.

Intervención del Banco Fassil

De ese modo, el banco Fassil fue intervenido el 26 de abril por la ASFI. Se realizó esta medida al detectar malos manejos en la financiera, en especial en la otorgación de millonarios créditos que violaban la Ley del Sistema Financiero.

ASFI se defiende

El director ejecutivo de la ASFI Reynaldo Yujra, afirmó que la institución se caracteriza por su “absoluta responsabilidad y transparencia” y aseguró que un imperio no financiero ocasionó la caída del Banco Fassil.

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La anotación preventiva de los bienes de estos exejecutivos se ejecutará mientras se impulsan las investigaciones tras la denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

De acuerdo con el documento de la denuncia, son ocho los usuarios financieros que se beneficiaron de líneas de crédito rotativas mediante tarjetas de crédito. Estos prestatarios solicitaron sobregiros en sus respectivas tarjetas de crédito, situación que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos que superan su capacidad mensual.

Además, también se está investigando la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En este sentido, se allanó a 16 instituciones entre las que se encuentran sucursales del banco Fassil donde se secuestró documentos con fines investigativos.

El fiscal Julio César Porras manifestó que este miércoles estaba prevista la toma declaración a tres personas: una exgerente financiera y dos constructores que trabajaban con la entidad fueron citados en calidad de testigos. Sin embargo, ninguno pudo declarar ya que no contaban con abogados o estaban fuera del país.

Actualmente hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil recluidos preventivamente en el penal Palmasola. Este caso es ajeno a la intervención ejecutada por ASFI y derivó en la disolución del banco y el traspaso de su cartera a otras instituciones del sistema financiero.

La anotación preventiva de los bienes de estos exejecutivos se ejecutará mientras se impulsan las investigaciones tras la denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

De acuerdo con el documento de la denuncia, son ocho los usuarios financieros que se beneficiaron de líneas de crédito rotativas mediante tarjetas de crédito. Estos prestatarios solicitaron sobregiros en sus respectivas tarjetas de crédito, situación que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos que superan su capacidad mensual.

Además, también se está investigando la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En este sentido, se allanó a 16 instituciones entre las que se encuentran sucursales del banco Fassil donde se secuestró documentos con fines investigativos.

El fiscal Julio César Porras manifestó que este miércoles estaba prevista la toma declaración a tres personas: una exgerente financiera y dos constructores que trabajaban con la entidad fueron citados en calidad de testigos. Sin embargo, ninguno pudo declarar ya que no contaban con abogados o estaban fuera del país.

Actualmente hay cuatro exejecutivos del Banco Fassil recluidos preventivamente en el penal Palmasola. Este caso es ajeno a la intervención ejecutada por ASFI y derivó en la disolución del banco y el traspaso de su cartera a otras instituciones del sistema financiero.

/NMCC

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“El Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación y ha presentado una imputación (…) Está dentro del Poder Judicial la determinación de la situación jurídica de este diputado”, señaló Lanchipa.

El informe emitido por la Fiscalía establece que Rengel, realizó giros por el valor de 51 millones de dólares a cuatro países: Costa de Marfil, Bélgica, Alemania y Turquía, según detalla El Deber.

La investigación contra Rengel inició en noviembre de 2022. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos esa época y con base en el informe se inició la investigación. Que establece que el legislador realizó 37 giros a los cuatro países, sin especificar los destinatarios.

El 15 de febrero, el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción le otorgó medidas sustitutivas, pero el legislador debía presentarse al sistema biométrico de la Fiscalía cada 15 días. Además, tiene prohibido comunicarse con testigos y debe presentar dos garantes solventes.

El imputado señaló que la denuncia en su contra fue expuesta por una exfuncionaria del Legislativo, en complicidad con un abogado.

“Tengo respaldos del Banco Unión y Mutual La Primera”, alegó el imputado.

Rengel aseguró que, en cuanto termine el proceso que está enfrentando actualmente, iniciará un juicio en contra de las personas que afectaron su dignidad.

/ALSL

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En criterio de expertos y políticos consultados, ese consejo será un órgano de represión y persecución porque podrá investigar las cuentas bancarias y allanar domicilios o empresas de cualquier ciudadano a simple denuncia y sin orden judicial, reportó El Deber.

El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales se estancó en el Senado y crecen las voces que piden la paralización de su tratamiento.

En caso de promulgarse la norma, el Conal estará encargado de la coordinación y representación del Estado para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias de prevención y represión.

Esta organización estará conformada por siete entidades estatales: los ministerios de Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además de la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía.

La secretaría técnica del Conal es la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que depende del Ministerio de Economía. El Conal está avalado en el artículo cinco del proyecto de ley.

Entre las atribuciones del Conal figuran, según el artículo ocho, inciso cuatro del proyecto de ley: coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privados dirigidos a evitar el uso indebido de las actividades económicas y sin fines de lucro, conducentes a cometer delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.

Además, la norma indica que las decisiones que adopte el plenario del Conal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Reacciones ante la dirigencia del Conal

El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que el Conal sea dirigido por personeros del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y calificó a esta instancia, si es que llega a funcionar, como un “órgano de represión” contra opositores y quienes no estén en la misma posición ideológica del masismo.

“¿Usted cree que el mismo MAS investigará al MAS? Muy difícil. Por eso, pedimos que este proyecto de ley (de ganancias ilícitas) sea paralizado para que vaya a un control constitucional. Caso contrario, se viene una persecución financiera para los que no comulgamos con el MAS”, manifestó Paz, quien recordó que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, fue abogado de Evo Morales y delegado del MAS ante el Órgano Electoral.

Mientras que los empresarios privados de Cochabamba también se pronunciaron en contra de esta iniciativa.

Su máximo representante, Luis Laredo, cuestionó que el Gobierno asuma el control total de la investigación financiera, a través del Conal. Pero también criticó que una Fiscalía “totalmente desacreditada” sea parte de esta instancia.

“Este Consejo incrementará sustancialmente sus facultades de acción y control en el país por parte del Gobierno. Eso no es bueno en una democracia, pero además observamos el rol de esta Fiscalía, una institución que está desacreditada y que, incluso, fue observada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, señaló Laredo.

Por su parte el analista experto en finanzas, Jaime Dunn, consideró que de aprobarse la norma como está redactada solo será aplicada para personas que no sean del MAS. El economista afirmó que el Conal no investigará a personeros del Gobierno y menos a militantes.

“Es decir, los mismos miembros del Conal, con la Fiscalía incluida, pueden ser los primeros corruptos a quienes hay que aplicarles estas leyes. De los cientos de casos de corrupción en Bolivia se ha visto que un alto porcentaje está vinculado a exministros, exviceministros, directores. Entonces, ¿los ratones van a cuidar el queso?”, cuestionó el experto.

Declaraciones del MAS

Desde el MAS dicen que existe una campaña de desinformación impulsada por la oposición, contra el proyecto de ley.

El diputado Omar Yujra descartó que el Conal se convierta en un órgano de persecución contra quienes no son militantes oficialistas.

“No hubiese ocurrido este tipo de susceptibilidades sino hubiese existido esa campaña de desinformación generada por la oposición. De todas maneras, estamos informando porque es importante que la gente no caiga en esa desinformación y recurra a fuentes oficiales”, manifestó Yujra.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados y el MAS anunció que la próxima semana será abordado en el Senado. Al menos una docena de sectores exigen parar el tratamiento de la ley; entre ellos los gremiales, que anunciaron medidas de presión en caso de que la norma sea promulgada.

/AAC/

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Esta demanda, que estima en 100 millones de dólares los daños causados, fue presentada en el condado de Dutchess, en el estado de Nueva York, Estados Unidos.

La denuncia afirma que los reporteros del diario mencionado medio de comunicación, Susanne Craig, David Barstow y Russ Buettner llevaron a cabo una “gran cruzada para obtener los expedientes tributarios confidenciales de Donald J. Trump” y culpa a los acusados de estar motivados por una vendetta personal.

“Un complot insidioso para obtener unos documentos confidenciales y altamente sensibles (…), utilizados como medio para legitimar sus trabajos publicados”, señala el documento, según reporte del portal France24.

La investigación del New York Times fue premiada en 2019 con el Pulitzer, y cuenta cómo hizo fortuna el expromotor inmobiliario.

Asimismo, el artículo asegura que Donald Trump, quien siempre afirmó que es un hombre hecho a sí mismo, recibió de su padre, durante varios años, el equivalente a 413 millones de dólares actuales, dinero que le habrían sido transferidos a través de una empresa pantalla que evitó pagar impuestos.

Este artículo dio lugar a la apertura de una investigación por las autoridades fiscales del estado de Nueva York.

Además, en agosto, la Secretaría de Justicia también pidió al Tesoro las declaraciones de impuestos del expresidente republicano de los seis años anteriores a su llegada al poder, es decir desde 2017, reclamadas por una comisión de la Cámara de Representantes.

La sobrina de la exautoridad, Mary Trump reveló que la principal fuente de la investigación fue el diario en un libro suyo publicado en 2020. Su padre, el hermano mayor de Donald Trump, Fred Trump Jr., falleció en 1981 a los 42 años por un ataque al corazón.

La demanda de Donald Trump afirma que los periodistas de ese medio “persiguieron sin descanso a su sobrina, Mary L. Trump, y la convencieron para que sacara los documentos del despacho de su abogado y se los entregara al ‘Times’”.

La denuncia considera que Mary Trump violó un acuerdo de no divulgación firmado en 2001 después que se resolviera la sucesión del padre de Donald Trump, Fred Trump Sr.

/MDCB

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La revelación fue hecha en el marco de las investigaciones del caso Fondo Indígena, que establece movimientos financieros sospechosos en las cuentas financieras del exministro y de su esposa quien era subgerente del Banco Unión.

El periodo de investigación es del 2006 al 31 de enero del 2020, con la conclusión de varios indicios irregulares como movimientos económicos anómalos irregulares y sin justificación legítima, traspaso de dinero de fuentes ilícitas flujos de dinero incrementos patrimoniales entre otros.

El procurador mencionó algunos de los casos del exministro Arce, indicando que del 2011 al 2019 recibía depósitos del personal del Ministerio de Economía por valor de más de 300 mil bolivianos.

El otro caso es de la cuenta bancaria que registra depósitos de 20 mil bolivianos por concepto de actividad ganadera, manifestando que esta declaración es falsa por que la Unidad de Investigaciones Financiaras (UIF), investigó y verificó el registro de actividad ganadera y tanto el exministro y su esposa no tienen una granja.

También manifestó que en los últimos cinco años Arce retiró más de un millón de bolivianos a la cuenta de quién era la secretaria personal del exministro Arce.

Este martes la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó por decisión de al menos 2/3 una resolución que objeta la designación de Alberto Javier Morales como nuevo procurador General del Estado.

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