La madrugada del domingo, los cuerpos de 17 jóvenes, algunos de solo 13 años, fueron hallados en un bar informal (conocidos como “shebeens”), del gueto de Scenery Park, en East London, en el sur del país.

Otros cuatro murieron más tarde en el hospital. En total fueron 13 chicos y ocho chicas, sin heridas visibles.

“Yo me desmayé. Me quedé sin aliento, había un fuerte olor, una especie de spray.

Pensamos en gas pimienta”, aseguró a AFP Sinovuyo Monyane, de 19 años, una superviviente que manifestó haber recobrado el conocimiento cuando le echaron agua en la cara.

“Había cuerpos extendidos. Algunos los rociaron con agua, pero no se movieron”, agregó.

Las autoridades afirmaron que investigan si se trató de una intoxicación con alcohol, envenenamiento u otros motivos, hasta que se realicen las autopsias.

Un total de  31 personas fueron llevadas al hospital con vómitos, dolor de cabeza, dolores en la espalda y el tórax.

“Se tomaron varias muestras y se enviaron hoy (lunes) por avión a Ciudad del Cabo”, a 800 km al oeste de East London, dijo Unathi Binqose, un funcionario de seguridad del gobierno. También se envió un equipo especial de investigación desde Pretoria.

Hasta la fecha la Policía de ese país no detuvo a nadie. Al respecto un responsable del departamento de Seguridad y Comunidad de la provincia de Cabo Oriental, Unathi Binqose, descartó la posibilidad de una estampida como causa de las muertes.

Según las autoridades, la mayoría de las víctimas eran estudiantes que celebraban una fiesta tras los exámenes de fin de semestre.

En Sudáfrica, el consumo de alcohol está prohibido a los menores de 18 años. Sin embargo, la legislación no siempre se aplica, sobre todo en los bares informales.  

/ABH

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Las demandas del Comité son parte de las observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado boliviano el 25 y 26 de noviembre en Ginebra, Suiza.

“El Comité urge al Estado asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”, señala parte del informe.

Desde 2016 hasta 2020, las muertes de privados de libertad en las cárceles promedian 50 por año, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Régimen Penitenciario, existen varios motivos como enfermedades, peleas entre internos, abuso policial, entre otros, reportó ANF.

Este año también se registraron muertes en celdas policiales, de las cuales no se conocen las razones ni a los responsables de los hechos.

El Comité insta además al Gobierno a revisar la eficacia de los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas en las cárceles, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio.

A su vez, el Comité lamenta no haber recibido del Gobierno datos estadísticos completos y desglosados por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico y causas de los decesos relativos al período 2014-2020.

Tampoco recibieron información detallada sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes y las medidas concretas adoptadas para evitar que se produzcan casos similares.

El Comité también observa con preocupación que el Estado no proporcionó información suficiente sobre los protocolos que deben seguir las autoridades de la Policía y otros agentes del orden al realizar entrevistas e interrogatorios.

Desde el CAT recomiendan al Estado garantizar que las fuerzas del orden, jueces y fiscales reciban formación obligatoria sobre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones y otra evidencia obtenidas bajo tortura.

/RXVCH/

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El Secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este miércoles que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, instruyó al Fiscal Departamental de La Paz que extreme todos los esfuerzos para actuar de manera inmediata y colectar los elementos probatorios más fehacientes a través de la Comisión de Fiscales para la investigación del hecho.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias por parte de nuestro Fiscal General a las familias que han sufrido la pérdida de sus hijos, de miembros de su familia, nuestra solidaridad y al mismo tiempo ratificar nuestro compromiso como Ministerio Público, por lo que se procederá a una investigación rigurosa para poder establecer la verdad histórica de los hechos”, expresó Quispe.

Añadió que de acuerdo al reporte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), seis personas fallecieron, jóvenes de entre 20 a 22 años, cinco universitarios se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Sin embargo, este miércoles por la mañana se conoció de manera extraoficial, acerca del deceso de una víctima más por lo que los fallecidos de la tragedia, suman siete.

“Cómo es responsabilidad del Ministerio Público a través del IDIF hemos participado en el reconocimiento y levantamiento de los cadáveres que de manera instantánea en la caída fallecieron tres, dos fallecidos en el traslado del lugar de los hechos al hospital correspondiente y uno perdió la vida en la Unidad de Terapia Intensiva y cinco están bajo vigilancia para ver cómo están evolucionando”, dijo Quispe.

Indicó que como parte de los actos de investigación se ha dispuesto la colección de las cámaras de seguridad de la Universidad Pública de El Alto y se están recibiendo las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos.

“Lo que hay que hacer es reconstruir lo histórico para tener y asumir una posición jurídica, por lo que ya se ha conformado una Comisión de Fiscales que está coadyuvando para poder emitir los requerimientos fiscales respectivos”, indicó mediante un boletín oficial de la Fiscalía General del Estado.

Quispe, manifestó que se está tomando, inicialmente, la declaración a tres personas y serán los Fiscales de Materia los que tengan que asumir su situación procesal, ya que se trata de un hecho con muerte de personas.

Añadió, que dentro de este caso, se tienen varias personas que tuvieron que actuar, como el personal de seguridad, personas que han convocado a la movilización de los universitarios y serán las investigaciones las que determinen a quiénes se tiene que convocar.

También existen contradicciones normativas debido a las restricciones de aglomeraciones de personas que deben ser cumplidas y acatadas por todos los ciudadanos de cada municipio de cada región, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

/DEA/

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