En estos días se comentó acerca de la operación que ejecuto la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo con recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) en los mercados internacionales, arribando a conclusiones erróneas sobre sus resultados, por lo que este artículo trata de explicar la compleja ingeniería financiera que se llevó adelante.

Lo primero que hay que comprender es que en esta operación existen varios actores, cada uno de ellos con sus objetivos e intereses particulares, como lo son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Gestora, el Estado, el BCB y una Entidad Financiera Internacional (EFI). Dados los diferentes perfiles existentes, se explicará la operativa desde el punto de vista de la Gestora.

Las AFP, como parte de sus inversiones, adquirieron Bonos soberanos de Bolivia (BSB) en el extranjero en sus diferentes emisiones 2012, 2013, 2017 y 2022, adquisiciones que se hicieron en el marco de su política de inversiones.
En este escenario, la Gestora exploró las oportunidades de inversión a fin de mejorar la rentabilidad de los fondos del SIP. Entre varias opciones analizadas, optó por el mecanismo de reporto, que no es más que operación muy habitual y fundamental para el normal desenvolvimiento de la liquidez en todos los mercados financieros y permite obtener recursos para propósitos como hacer frente a obligaciones financieras o aprovechar oportunidades de inversión.

Se analizó la propuesta de reporto presentada por una Entidad Financiera Internacional (EFI) quién a un plazo de tres años, propuso un monto de USD 250 millones a una tasa del 11.8% teniendo como base a los BSB. Por tanto, para hacer rentable esta operación, se debería invertir en activos con rendimiento superiores a dicha cifra, sin embargo, en el mercado internacional estos rendimientos están ligados a riesgos elevados.

En ese escenario, se analizó la propuesta conjunta de invertir en Bonos del TGN y del BCB, cuyas condiciones fueron invertir USD 200 millones al 6.5% y Bs. 1,715 millones en bonos del TGN al 12.8% con mantenimiento de valor al dólar americano, obteniendo un rendimiento adicional de 1% a favor de la Gestora y los restantes USD50 millones en bonos del tesoro de los EEUU (UST) a un rendimiento del 4,66% (todo a tres años). La operación implica un rendimiento promedio ponderado favorable de 7.1% o un equivalente aproximado de USD53 millones de ganancia en tres años.

En conclusión:
Es una operación que permitió un rendimiento adicional del 7.1%, dando un ingreso extraordinario de USD 53 millones en tan solo 3 años.

Se mantiene los derechos económicos y los ingresos por intereses de los BSB, lo que se considera un plus a la operación.

Se menciona que se debería haber invertido en otros instrumentos internacionales y no en el Estado boliviano, sin embargo, los rendimientos mayores al 12.8% en el exterior exponen a activos muy riesgosos, aun así, el 20% de la inversión se diversificó en bonos en el extranjero, considerando como activo de altísima calidad y libre de riesgo.

Se redujo el riesgo de la inversión, debido a que se utilizaron inversiones emitidas por Bolivia, obteniendo liquidez para reinvertir, una parte en el país y diversificar con inversiones en los bonos del Tesoro Americano, por lo que el riesgo en el peor de los escenarios se mantendría al nivel de las inversiones realizado por las AFP.
No se incurrió en ninguna irregularidad ni ilegalidad, ya que la Ley de Pensiones N°065, en su artículo 142 señala que las inversiones en valores emitidos por el TGN y el BCB no están sujetos a límites.

Asimismo, el artículo 143 de la misma Ley menciona que las inversiones en el extranjero no deberían superar el 50% del Fondo, en este caso solo las inversiones en el exterior no superan el 3% de los Fondos SIP.

En suma la inversión hecha por la Gestora ha logrado que se incremente el rendimiento de una parte de la Cartera además que ha permitido que se brinde una mejor cobertura a la misma pues se han diversificado las monedas.

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La propuesta se basa en cuatro ejes principales. En primer lugar, se busca que el Gobierno reconozca la crisis energética y asuma las medidas necesarias para enfrentarla en los próximos años.

En segundo lugar, se plantea atraer inversiones de empresas internacionales mediante el aplazamiento de impuestos durante siete años mientras trabajen en el país. Posteriormente, se cobrarían los impuestos según lo establecido en la Ley. Además, proponen replantear todo el sistema fiscal del sector hidrocarburífero.

Según Zambrana, “esta ley no funciona y no resulta atractiva para aquellos que desean invertir”.

El tercer punto busca alcanzar una inversión de diez mil millones de dólares durante los próximos diez años para impulsar la exploración y explotación anual de 20 pozos. Zambrana señaló que actualmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está perforando dos pozos que ya no generan los beneficios esperados por el país.

Zambrana expresó su preocupación por la crisis del sector hidrocarburífero y afirmó que el Gobierno evita abordar esta discusión debido al fracaso del modelo plurinacional.

En ese sentido, el equipo técnico de Búnker se presentó en el parlamento para que el proyecto de ley sea programado y discutido de manera inmediata por las autoridades. Desde hace algunas semanas, el partido político propuso modificar la ley y el Gobierno también consideró esta moción. Sin embargo, según Zambrana, los funcionarios no lograron ejecutarla desde las instancias estatales correspondientes.

Estos asuntos relacionados con el sector petrolífero tuvieron repercusiones en la reducción de la venta de gas a Argentina, ya que este país se abastecerá de gas y petróleo mediante sus reservas en Vaca Muerta.

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