El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, fue quien llevó a cabo el nombramiento y le encomendó a Justiniano la tarea de “sanear desde adentro una institución que debe recuperar la confianza”.

Problemas de avasallamientos

Santa Cruz es el departamento más afectado por los avasallamientos en los últimos años. La nueva administración de Rodrigo Paz se ha comprometido a erradicar estas prácticas en las áreas más impactadas y a asegurar que el INRA se convierta en un bastión de seguridad jurídica.

Esto implica garantizar el derecho a la propiedad y facilitar el retorno de la inversión a Bolivia. Vaca Díez instó a Justiniano a resolver los conflictos “en mesas técnicas y nunca bajo la presión de la ilegalidad”.

Conflictos de alta intensidad

El objetivo es asegurar la “eternidad de la riqueza de Santa Cruz” y cumplir con la labor encomendada a la nueva directora.

La situación de los avasallamientos en Santa Cruz ha escalado a conflictos de alta intensidad. A principios de febrero de 2026, este departamento sigue siendo el epicentro de la disputa por la tierra en el país, con más de 494 predios afectados en la última década.

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Esta acción tiene como objetivo “devolver transparencia institucional” al departamento, tras recibir numerosas denuncias sobre dotaciones irregulares, avasallamientos y la paralización de títulos de propiedad.

Cadena de transferencias ilegales

Barrientos explicó que el tráfico de tierras funciona como una “cadena de transferencias ilegales” que está altamente organizada. Según su descripción, este esquema implica que se entrega tierra de forma irregular a un individuo, quien luego la lotea y la vende, generando una situación “muy complicada” en la manera en que se han manejado las cosas en el INRA.

Documentación interna solicitada

La inspección incluyó la solicitud inmediata de documentación interna para desentrañar estas presuntas redes de corrupción que están siendo investigadas a nivel nacional.

Problemas burocráticos

Otro aspecto que se abordó durante la inspección es la crítica burocracia que afecta a los beneficiarios. La viceministra reveló que hay más de 363 títulos de propiedad que están estancados en el Consejo de la Magistratura, y más de la mitad de estos casos corresponden únicamente al departamento de Santa Cruz.

Existen casos de documentos que han estado paralizados por períodos que oscilan entre 8 y 10 años, lo que impide a los beneficiarios regularizar la posesión de sus predios.

Coordinación e inspección

La acción de Barrientos, junto a representantes de la Brigada Parlamentaria, fue una “coordinación e inspección” que se diferencia de la intervención formal realizada semanas atrás en La Paz, la cual sigue en curso.

Visita inesperada

La viceministra confirmó que el personal del INRA no tenía conocimiento de la visita, asegurando: “Ellos no saben que venimos, pero vamos a ver en qué andan”. Además, reiteró que no se proporcionarán cifras de irregularidades detectadas hasta contar con “certezas absolutas” que permitan iniciar procesos penales formales.

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Inasistencia y consecuencias

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, ha afirmado que la falta de asistencia de Panduro es un acto deliberado que afecta el funcionamiento de esta instancia legalmente constituida. La CAD tenía en su agenda discutir temas importantes como el avasallamiento de tierras, la seguridad jurídica, el uso de la tierra y el suelo, así como los incendios.

Camacho también indicó que se han seguido todos los pasos formales para garantizar la presencia del INRA en la reunión. El 7 de octubre, se realizó una convocatoria oficial a la directora del INRA para que participara en la sesión, según lo informado por El Deber.

Responsabilidad de la directora

De acuerdo con la Gobernación, la servidora pública no se presentó a la CAD, pero envió una carta evadiendo su responsabilidad. En la carta, mencionó que había recibido instrucciones de “alguien” para no asistir, lo que, según la Gobernación, constituye una ilegalidad.

Camacho ha asegurado que presentará una denuncia formal al INRA y ha responsabilizado a esta institución de ser cómplice en los avasallamientos de tierras en Santa Cruz. Además, ha relacionado al INRA con el Gobierno nacional, que está bajo la administración de Luis Arce, así como con la gestión anterior de Evo Morales.

Expectativas sobre la justicia

El gobernador ha expresado su confianza en que esta vez se obtendrá una respuesta adecuada de la justicia. Aseguró que la justicia ha logrado su independencia y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no podrá continuar avasallando las tierras cruceñas.

A pesar de que la CAD no pudo ser instalada, Camacho mantuvo un diálogo con los sectores privados y sociales que habían sido invitados a este encuentro. Esto demuestra su compromiso con la defensa de los intereses del pueblo cruceño.

Reacciones sobre la inasistencia

Por otro lado, Red Uno ha reportado que la directora del INRA no desea asistir a la sesión porque considera que durante 20 años el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha avasallado las tierras del pueblo cruceño. La ausencia de la directora del INRA impidió que la sesión de la Comisión Agraria Departamental se llevara a cabo, a pesar de la presencia del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otras autoridades de la Gobernación cruceña.

La Gobernación de Santa Cruz considera que esta situación es una burla hacia el pueblo cruceño y representa un obstáculo significativo para avanzar en temas cruciales relacionados con el uso y la defensa de las tierras en el departamento.

/KMMN

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Núñez explicó que la falta de aprobación de estos recursos ha mantenido paralizadas tareas fundamentales para la regularización de la propiedad agraria y la creación de un catastro rural en los 9 departamentos del país. Además, indicó que el INRA está trabajando con un equipo técnico reducido, lo que limita la atención a las comunidades y productores que desean formalizar su situación legal.

Objetivos del crédito rechazado

El crédito, que fue rechazado en 2024, tenía como finalidad finalizar el proceso de saneamiento, resolver conflictos de tierras y fortalecer la gestión territorial. Sin embargo, al no concretarse, el INRA enfrenta serias dificultades para continuar con la titulación y la actualización de registros rurales. Esto retrasa los avances que se han logrado en las últimas décadas.

“Tenemos 18 meses de un bloqueo injusto que ha perjudicado el trabajo de regularización de derechos y saneamiento de la propiedad sobre la tierra”, expresó Núñez en una entrevista con Bolivia Tv.

Consecuencias en el desarrollo rural

En este contexto, Núñez manifestó su preocupación por las repercusiones que esta situación genera en el desarrollo rural del país. La paralización no solo limita el trabajo institucional, sino que también afecta a las comunidades y productores que intentan regularizar su derecho a la propiedad.

Datos sobre la titulación de tierras

Datos institucionales indican que, desde 1996 hasta 2024, se han titulado más de 95 millones de hectáreas, lo que representa el 93% del territorio que está sujeto a saneamiento. Sin embargo, aún queda una parte significativa sin regularizar, y la falta de recursos impide avanzar en esta labor, generando incertidumbre en las zonas rurales.

Proyectos de ley pendientes

Según información oficial citada por la agencia de noticias ABI, en la Asamblea Legislativa hay 16 proyectos de ley de créditos externos pendientes, que suman un total de 1.660 millones de dólares. Estos recursos estaban destinados a fortalecer sectores estratégicos del país, pero su demora mantiene en pausa varios programas que dependen directamente de este apoyo financiero.

LDVY

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Rechazo al crédito

Rek ha argumentado que estas instituciones no han logrado garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural ni han protegido el medioambiente. “Adelanto mi rechazo a este crédito mientras no se concrete una reestructuración profunda de la ABT y del INRA. Aprobar la adquisición de nuevos créditos no servirá para ese propósito que dicen rimbombante de mejorar el bienestar de la agricultura familiar y la conservación de bosques en Bolivia”, sentenció la legisladora.

La senadora agregó que las instituciones responsables de gestionar dicho crédito, el INRA y la ABT, han contribuido al daño ambiental que sufre el país. Según ella, las políticas que han implementado han destruido la flora, la fauna y la producción agropecuaria.

Impacto ambiental negativo

Rek también ha señalado que estas políticas han facilitado desmontes ilegales y han llevado a una serie de atropellos contra la propiedad de la tierra, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas originarios. En este contexto, la senadora considera que es necesario realizar una reestructuración profunda en ambas instituciones antes de considerar nuevos créditos.

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Raúl Villegas, funcionario del INRA, señaló que aunque los incendios de gran magnitud han ido disminuyendo poco a poco, aún persisten focos activos en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz. Actualmente, se han identificado 32 comunidades con fuego activo en estas regiones.

Incendios por departamentos

Según el monitoreo realizado, hasta la tarde del domingo, en el departamento de Beni se reportaron 3 localidades afectadas por el fuego. En La Paz, se registraron 2 localidades, mientras que el departamento de Santa Cruz concentra 27 fuegos activos en 14 municipios.

A nivel nacional, se contabilizan un total de 32 fuegos activos. Esta información ha sido proporcionada por la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal. Para hacer frente a estos incendios, se han destacado 2,700 efectivos, que incluyen bomberos voluntarios y otros colaboradores.

Preocupación por Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz es donde se concentran la mayoría de los incendios activos, lo que representa una preocupación significativa tanto para las autoridades locales como para las nacionales. La situación requiere atención urgente para mitigar los efectos de estos incendios en las comunidades afectadas.

/SHA

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Raúl Villegas, funcionario del INRA, señaló que aunque los incendios de gran magnitud han ido disminuyendo poco a poco, aún persisten focos activos en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz. Actualmente, se han identificado 32 comunidades con fuego activo en estas regiones.

Incendios por departamentos

Según el monitoreo realizado, hasta la tarde del domingo, en el departamento de Beni se reportaron 3 localidades afectadas por el fuego. En La Paz, se registraron 2 localidades, mientras que el departamento de Santa Cruz concentra 27 fuegos activos en 14 municipios.

A nivel nacional, se contabilizan un total de 32 fuegos activos. Esta información ha sido proporcionada por la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal. Para hacer frente a estos incendios, se han destacado 2,700 efectivos, que incluyen bomberos voluntarios y otros colaboradores.

Preocupación por Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz es donde se concentran la mayoría de los incendios activos, lo que representa una preocupación significativa tanto para las autoridades locales como para las nacionales. La situación requiere atención urgente para mitigar los efectos de estos incendios en las comunidades afectadas.

/SHA

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Desde el 10 de agosto, los comunarios de Tacana-Pacahuara han iniciado bloqueos carreteros exigiendo al INRA que cumpla con la sentencia constitucional 0969/2023 S2, la cual ordena el saneamiento de sus tierras. A pesar de contar con dos sentencias constitucionales, una de 2009 y otra de 2023, el Estado aún no ha brindado una respuesta efectiva.

Preocupación de la Defensoría del Pueblo por la falta de solución

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, ha expresado su preocupación por la situación, destacando la necesidad de que el INRA resuelva este problema y proceda con el saneamiento de las tierras. A pesar de más de una década de esta problemática, el Estado no ha brindado una solución efectiva.

Comisión de la Defensoría del Pueblo busca mediar en el conflicto

Para abordar esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha enviado una comisión de la Delegación Departamental de Pando al punto de bloqueo, ubicado en la Comunidad Indígena Tacana Costa Rica (Nanagua), con el objetivo de mediar entre las partes en conflicto y facilitar un diálogo que conduzca a la resolución del problema territorial.

Llamado al INRA para cumplir con la sentencia constitucional

La Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamado al INRA para que cumpla de manera inmediata con la sentencia constitucional y proceda con el saneamiento de las tierras, reconociendo el derecho de la comunidad Tacana-Pacahuara a su territorio. La sentencia constitucional 0969/2023-S2 ordena al INRA llevar a cabo un nuevo proceso de saneamiento que incluya a todos los miembros de la comunidad de San Martín Tacana Pacahuara.

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia constitucional

El Defensor del Pueblo ha asegurado que la institución continuará monitoreando el cumplimiento de la sentencia constitucional por parte del INRA. Es fundamental que se respete y se garantice el derecho de la comunidad Tacana-Pacahuara a su territorio, y que se brinde una solución efectiva a esta problemática que lleva más de una década sin resolverse.

La entrada Defensoría del Pueblo exige al INRA cumplir sentencia para saneamiento de tierras en Tacana-Pacahuara se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Desde el 10 de agosto, los comunarios de Tacana-Pacahuara han iniciado bloqueos carreteros exigiendo al INRA que cumpla con la sentencia constitucional 0969/2023 S2, la cual ordena el saneamiento de sus tierras. A pesar de contar con dos sentencias constitucionales, una de 2009 y otra de 2023, el Estado aún no ha brindado una respuesta efectiva.

Preocupación de la Defensoría del Pueblo por la falta de solución

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, ha expresado su preocupación por la situación, destacando la necesidad de que el INRA resuelva este problema y proceda con el saneamiento de las tierras. A pesar de más de una década de esta problemática, el Estado no ha brindado una solución efectiva.

Comisión de la Defensoría del Pueblo busca mediar en el conflicto

Para abordar esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha enviado una comisión de la Delegación Departamental de Pando al punto de bloqueo, ubicado en la Comunidad Indígena Tacana Costa Rica (Nanagua), con el objetivo de mediar entre las partes en conflicto y facilitar un diálogo que conduzca a la resolución del problema territorial.

Llamado al INRA para cumplir con la sentencia constitucional

La Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamado al INRA para que cumpla de manera inmediata con la sentencia constitucional y proceda con el saneamiento de las tierras, reconociendo el derecho de la comunidad Tacana-Pacahuara a su territorio. La sentencia constitucional 0969/2023-S2 ordena al INRA llevar a cabo un nuevo proceso de saneamiento que incluya a todos los miembros de la comunidad de San Martín Tacana Pacahuara.

Seguimiento al cumplimiento de la sentencia constitucional

El Defensor del Pueblo ha asegurado que la institución continuará monitoreando el cumplimiento de la sentencia constitucional por parte del INRA. Es fundamental que se respete y se garantice el derecho de la comunidad Tacana-Pacahuara a su territorio, y que se brinde una solución efectiva a esta problemática que lleva más de una década sin resolverse.

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En la gestión del presidente Luis Arce, se ha logrado avanzar significativamente en el saneamiento y titulación de tierras, alcanzando un progreso del 93%. Esta tarea es crucial debido al considerable retraso que existía en el proceso. “Nuestro Gobierno ha tomado la decisión de avanzar y queremos llegar al 100% para el Bicentenario”, afirmó Núñez.

Entrega masiva de títulos de tierra

En cada aniversario de los departamentos, se lleva a cabo una entrega masiva de títulos de tierra, beneficiando a pequeños productores, comunidades y territorios indígenas. Hasta la fecha, se han otorgado 207.000 documentos de este tipo. En total, se han beneficiado a 356.000 personas, lo que representa aproximadamente 7,3 millones de hectáreas regularizadas en los nueve departamentos del país”, destacó Núñez.

Equidad de género en la distribución de tierras

El 45% de las tierras tituladas en áreas rurales corresponden a mujeres, evidenciando la correcta aplicación de la política de equidad de género en la distribución de tierras.

Según Núñez, en un período de 24 años que abarca desde la Reforma Agraria hasta la gestión de Evo Morales, solo se había logrado avanzar un 86% en el saneamiento y titulación de tierras en el territorio nacional.

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