El objetivo fue “evidenciar cuál es la situación y la condición de las mujeres y sus derechos económicos”, bajo una metodología “feminista”, que recoja sus vivencias y tenga en cuenta una “interseccionalidad” entre aspectos como la condición económica, identidad cultural y orientación sexual. Esto fue explicado a EFE América por Maceda, una de las investigadoras.

Para la investigación fueron encuestadas 317 mujeres, tanto heterosexuales como de la diversidad. Además, se realizaron siete grupos focales y tres entrevistas con expertas en derechos económicos y políticas públicas.

Hallazgos principales

El documento señala entre sus principales hallazgos que “más del 70% de las mujeres trabaja en la informalidad, constituyendo esta la principal forma de inserción económica de las mujeres en Bolivia, con bajos ingresos y escaso acceso a seguridad social”. En declaraciones a EFE, Tania Sánchez recordó que, en el país, 8 de cada 10 personas en edad de trabajar “están en el mercado informal”. Afirmó que “de esas 8 personas, alrededor de 6 son mujeres”.

Sánchez mencionó que la investigación permite “visibilizar” la realidad de millones de mujeres de áreas urbanas, rurales y también las que integran los colectivos LGTBI, quienes enfrentan “muchísimas más barreras” para emprender y para acceder a políticas públicas que las ayuden a desarrollarse a ellas y sus familias. Esto ocurre en un contexto de crisis económica que se agravó en los últimos 2 años.

Brecha salarial y protección social

Según Maceda, otro hallazgo del estudio es que “más del 70% de las mujeres, tanto emprendedoras como asalariadas, gana menos de 2,700 bolivianos” (unos 387 dólares), cifra correspondiente al salario mínimo nacional hasta 2025. Con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), se menciona que las mujeres ganan en promedio entre 25% y 30% menos que los hombres. Esta brecha puede superar el 40% en áreas rurales, afectando principalmente a indígenas y jóvenes.

Además, el informe rescata información del Instituto Nacional de Estadística (INE) que señala que apenas 3 de cada 10 mujeres cuentan con seguro de salud o aportes para jubilación. En el sector informal, “la protección social es prácticamente inexistente”. Más del 60% se concentra en sectores considerados de “baja productividad”, como comercio informal, manufactura artesanal, agricultura familiar y servicios personales.

Emprendimientos liderados por mujeres

El informe también alerta sobre los emprendimientos liderados por mujeres: “son pequeños, no cuentan con acceso a crédito formal y utilizan capital propio o crédito informal de alto interés”. La investigación menciona que las mujeres dedican un promedio de 39 horas semanales a tareas de cuidado, mientras que los hombres solo dedican 14 horas. El 70% de las mujeres que no busca un empleo remunerado señala como motivo principal para esto la responsabilidad del cuidado familiar.

Propuestas para el futuro

Sánchez señaló que con la información obtenida se puede plantear a las autoridades locales elegidas en marzo “qué políticas van a desarrollar para apoyar” estos sectores. También se puede plantear al Gobierno nacional qué políticas incluirá en un nuevo plan nacional de desarrollo para apoyar a “estas personas que son las que mueven la economía del país”.

Fuente: EFE.

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Los países de la región se caracterizan por ser economías pequeñas y abiertas, lo que hace que su crecimiento esté fuertemente condicionado por el nivel de actividad económica global, en particular por Estados Unidos, China y la Unión Europea, que concentran cerca del 70% del comercio total de la región. Algunos estudios demuestran que, si el mundo crece 1%, la región lo hace de forma proporcional. Esta particularidad plantea múltiples desafíos para gestionar los acontecimientos externos, al tiempo que evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y productiva de la región.

La respuesta de los países de América Latina a los cambios en el entorno internacional tiende a ser desigual o asimétrica. Cuando factores externos impulsan el crecimiento regional —como el aumento en los precios de los commodities— se observan mejoras en las condiciones económicas de la población. Sin embargo, cuando estos factores externos inducen una recesión, sus efectos suelen ser más profundos y prolongados que los de los períodos de bonanza, lo que refleja una mayor vulnerabilidad.

Esta asimetría puede explicarse por: estructuras productivas poco diversificadas y, en algunos casos, dependientes de los commodities y de la volatilidad de sus precios; concentración comercial en pocos socios; debilidad institucional; bajo encadenamiento productivo y rezagos en infraestructura y tecnología; y un alto grado de informalidad laboral.

Entre la formalidad y la sobrevivencia laboral

El mercado laboral en la región se caracteriza por una marcada dualidad en la estructura del empleo que se refleja en la coexistencia de dos perfiles opuestos. Por un lado, el empleo formal, que concentra en promedio al 48,7% de los trabajadores y se asocia con mejores condiciones laborales y salariales, así como con mayores niveles de productividad. Y, por otro lado, el empleo informal representa en promedio el 51,3% del total y, en contraste, ofrece condiciones precarias, con ingresos y beneficios laborales inferiores a los del sector formal.

En épocas de expansión, el empleo formal crece mientras disminuye el informal. Por el contrario, en períodos de desaceleración económica ocurre lo contrario: el empleo formal se contrae, aumenta la informalidad y el desempleo. Es decir, el empleo informal opera tanto como un sector de supervivencia —al ofrecer una alternativa inmediata de ingresos ante la pérdida del empleo formal en contextos donde los seguros de desempleo son poco eficaces— como una puerta de acceso al mercado laboral, dado que exige menores requisitos de productividad para quienes inician su vida laboral.

En el caso del desempleo, suele mantenerse prácticamente inalterado independientemente de la fase del ciclo económico, ya que la mayor parte del ajuste se concentra en la dualidad del empleo. Por ejemplo, durante el principal periodo de auge económico de América Latina y el Caribe en lo que va del siglo (2004–2006), con un crecimiento promedio anual del 4,7%, la tasa de desempleo fue del 7,6%. En contraste, en el periodo de menor expansión —sin considerar la pandemia de Covid-19— entre 2014 y 2016, con un crecimiento promedio de apenas 0,46% anual, el desempleo registró una tasa similar (7,7%).

Por ello, no resulta sorprendente que varios países latinoamericanos presenten tasas de desempleo relativamente bajas, incluso inferiores a las de algunas economías desarrolladas. En promedio, entre 2000 y 2024, la tasa de desempleo en América Latina fue del 7,7%, mientras que en la Unión Europea alcanzó el 8,7%. Esta aparente estabilidad no refleja una situación de pleno empleo, sino más bien un escenario de dualidad laboral que requiere un análisis bajo una óptica distinta.

Un estudio realizado por la Universidad de las Américas (UDLA) para 16 países de América Latina encontró que el empleo asalariado —en su mayoría formal— no reaccióna ante los aumentos de la demanda externa. Una posible explicación es la combinación de altas regulaciones y baja eficiencia del mercado laboral: los procesos de contratación son lentos y costosos, lo que lleva a las empresas a evitar incorporar personal en épocas de bonanza y optar, en cambio, por aumentar las horas de trabajo.

Por el contrario, cuando la demanda externa se reduce, sí se observa una caída del empleo asalariado. Esto confirma que los periodos de crisis afectan con mayor fuerza, generando despidos en empleos de calidad y profundizando la precariedad del mercado laboral en la región. Además, el estudio identificó que el empleo por cuenta propia —en su mayoría informal— responde de forma desigual a los ciclos externos: aumenta con mayor fuerza y persistencia durante las crisis que lo que se reduce en los períodos de bonanza.

Una dinámica similar se observa en el desempleo, aunque con menor intensidad y una respuesta más tardía. Esto evidencia que las recesiones externas deterioran las condiciones del mercado laboral en la región con mayor profundidad y duración que los períodos de expansión logran mejorarlas.

Por lo tanto, las buenas condiciones económicas no logran traducirse en mejoras sostenidas del empleo. El trabajo asalariado no aumenta debido a diversos factores estructurales de la región, como la estructura productiva, la normativa laboral, la baja acumulación de capital humano y las estrategias empresariales de contratación, entre otros. Sin embargo, cuando las condiciones empeoran, se produce una marcada precarización laboral, reflejada en la reducción del empleo asalariado y el aumento del trabajo por cuenta propia. Además, esta precarización no solo afecta la calidad del empleo, sino también su cantidad. Con el tiempo, incluso el trabajo por cuenta propia resulta insuficiente para sostener económicamente a los hogares, lo que lleva a que muchos trabajadores terminen atrapados en el desempleo.

Diversificación y formalización: pilares para un futuro mejor

Estos hallazgos evidencian que América Latina necesita con urgencia repensar su forma de enfrentar los ciclos económicos globales. En el plano de las políticas públicas, resulta esencial avanzar hacia reformas estructurales que acompañen la trayectoria laboral de las personas con educación, estabilidad y protección efectiva. Esto implica fortalecer los sistemas educativos como principal herramienta para mejorar la empleabilidad y las oportunidades a lo largo de la vida laboral; simplificar trámites y modernizar los mecanismos públicos que faciliten la creación de empresas y la contratación; revisar la carga y complejidad tributaria que limita la formalización; y consolidar mecanismos de protección social —como seguros de desempleo más eficientes— que permitan a los trabajadores enfrentar los periodos de crisis sin verse obligados a recurrir a la informalidad.

Además, es indispensable fomentar un entorno de inversión competitivo y potenciar las industrias más productivas, aquellas capaces de diversificar la estructura económica y reducir la dependencia de unos pocos sectores o mercados externos. Sin una institucionalidad más sólida y una estrategia de desarrollo clara y de largo plazo, la región continuará atrapada en esta dinámica de crecimiento efímero y retrocesos profundos.

En este marco, el sector privado debe asumir un rol más activo en la transformación del mercado laboral. Es fundamental que las empresas apuesten por la formalización, no solo como una obligación legal, sino como una inversión estratégica en productividad, estabilidad y bienestar para sus trabajadores. En contextos de crecimiento, resulta igualmente importante que las compañías puedan responder con mayor agilidad al aumento de la demanda, evitando estructuras rígidas que limiten la contratación y la expansión sin descuidar las garantías del trabajador.

Impulsar la capacitación laboral, la digitalización y la innovación empresarial es clave para facilitar esta transición hacia un entorno más competitivo y sostenible. En síntesis, la región debe romper con la inercia de reaccionar tarde y con costos sociales elevados ante las crisis externas. Solo así será posible construir un mercado laboral más resiliente, productivo y capaz de transformar los períodos de bonanza en crecimiento sostenido que mejoren la calidad de vida de la población.

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La magnitud del problema en Bolivia se respalda con cifras nacionales que superan la media regional. Mientras que la OCDE señala que más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos dependen de la informalidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta que la informalidad laboral ha aumentado un 34,5% en las últimas dos décadas. Esta tendencia es evidente en las ciudades, donde las calles de La Paz, Cochabamba y El Alto se convierten casi a diario en mercados.

Un ciclo de baja productividad

El informe de la OCDE revela un patrón preocupante: la informalidad en la región no se presenta como una etapa transitoria hacia mejores empleos, sino como un “estado persistente” con movilidad laboral ascendente limitada. Los trabajadores quedan atrapados en un ciclo de baja productividad y menores ingresos para sus hogares. Esta situación restringe la capacidad del país para mantener una agenda de desarrollo productivo a largo plazo, ya que afecta la financiación de los sistemas de seguridad social.

Desafíos tras la pandemia

A pesar de que la región ha logrado recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia del coronavirus, la alta informalidad y el escaso crecimiento del empleo protegido siguen siendo una realidad. Gilbert F. Houngbo, director de la OIT, ha señalado que aunque hay más personas trabajando, esto subraya que la creación de puestos se ha centrado en el sector informal.

Urgencia de políticas efectivas

Bolivia enfrenta un desafío estructural crítico. Con un 84,2% de su población laboral en la informalidad, el país no solo sufre consecuencias inmediatas, sino que también limita su futuro al restringir la base financiera de su seguridad social. Es urgente implementar políticas efectivas que faciliten la transición del trabajo informal al formal.

Situación regional de la informalidad

Honduras, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Perú lideran la lista regional con alta dependencia del trabajo no regulado. Esta situación no solo dificulta la recaudación tributaria, sino que también estrangula la financiación de la seguridad social y limita el desarrollo económico sostenible.

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Según el Cedla, la legislación actual ha contribuido a precarizar el trabajo, estancando los ingresos reales y consolidando un sistema en el que la ganancia empresarial crece, pero los derechos laborales se diluyen. Empresarios e industriales coinciden en que el marco normativo actual encarece la formalidad, desalienta la inversión y alimenta un mercado laboral frágil. El boletín Alerta Laboral Nº 93 indica que el 74.4% de los asalariados tienen empleos inestables.

Modelo del MAS y sus efectos

El análisis del Cedla sostiene que el modelo del MAS reproduce vicios del pasado, como la concentración del excedente en manos de unos pocos y la expansión de la informalidad. Entre 2006 y 2022, las utilidades de las empresas privadas superaron consistentemente los 3.000 millones de dólares anuales, alcanzando un récord de 5.605 millones de dólares en 2015. En contraste, el ingreso real promedio de los trabajadores apenas creció un 0.98% anual.

Inflación y pobreza en aumento

El año 2024 cerró con una inflación de aproximadamente el 10%, mientras que los precios de los alimentos subieron un 15.4%. La pobreza multidimensional afecta a más del 61% de la población urbana. Desde las filas oficialistas y opositoras se propone reducir el gasto público y liberalizar el mercado. El informe advierte sobre el riesgo de repetir consecuencias negativas, como la desindustrialización y el desempleo masivo.

Críticas de empresarios

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) ha cuestionado las políticas laborales vigentes desde 2006, argumentando que han deteriorado el empleo y aumentado la informalidad. “Han generado un entorno de incertidumbre que afecta a las empresas”, advirtió la Fepsc. Según ellos, más del 75% de los trabajadores están en la informalidad debido a una carga económica excesiva para el empleador formal.

Propuestas de reforma

Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), también ha criticado estas políticas, afirmando que han favorecido la informalidad. Más del 85% del mercado laboral es informal y el marco normativo actual encarece la formalización. Morales ha propuesto una reforma profunda al sistema laboral para aumentar la productividad y competir frente a las importaciones.

Defensa del Gobierno

En respuesta a las críticas, el viceministro de Empleo, Gonzalo Zambrana, defendió las políticas laborales impulsadas por el Gobierno. Aseguró que “gracias al Modelo Económico Social Comunitario Productivo” los trabajadores han tenido una protección histórica en sus derechos. Destacó que el salario mínimo nacional ha subido de 440 bolivianos en 2005 a 2.750 bolivianos en 2025.

Zambrana también mencionó que “la pobreza moderada bajó del 60.6% en 2005 al 36.5% en 2023”, lo que demuestra una reducción importante de la desigualdad. Rechazó el enfoque de “flexibilidad” promovido por sectores empresariales, argumentando que “es un mito neoliberal que la rigidez laboral impide la competitividad”.

Entorno empresarial adverso

La institución advirtió sobre un entorno adverso para el desarrollo empresarial debido a la inseguridad jurídica, la presión tributaria y la escasez de energía. Todo esto precariza el empleo y desincentiva la inversión privada.

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Peñaranda mencionó que el tipo de cambio está vinculado a esta situación y es urgente fortalecer la producción nacional. Estos son los efectos de la mala política económica que se ha aplicado en los últimos 20 años.

“Lo que hemos podido observar es que a mayor depreciación del tipo de cambio, hay mayor informalidad. En el caso de Chile, esta relación no se presenta, ya que en ese país la informalidad responde a factores institucionales, macroeconómicos y políticos, no directamente a su moneda”, explicó el industrial.

Desafíos económicos en Bolivia

Según su análisis, Bolivia consume más de lo que produce, lo que genera un balance comercial deficitario y un déficit en el sector público. “Bolivia, cuando tenga mayor capacidad de producción de lo que consume, su tipo de cambio dejará de devaluarse. Este es el tema de fondo”, aseguró Peñaranda.

Estos datos evidencian los desafíos estructurales que enfrenta la economía nacional. La informalidad no solo debilita el sistema laboral, sino que también afecta la base tributaria, la seguridad social y el crecimiento económico a largo plazo.

Innovación en tiempos difíciles

A pesar de la situación complicada, Peñaranda destacó que los bolivianos tienen la capacidad de salir adelante en momentos difíciles. Además, han encontrado formas de innovar con negocios que ahora son virtuales a través de las redes sociales, incluso en las largas filas por combustible.

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Modelo económico y su impacto

Julio Linares, especialista en el tema, sostiene que la creciente informalidad es el resultado directo de un modelo económico centrado en el “capitalismo de Estado”, promovido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante los últimos 19 años. Linares enfatiza que, en lugar de incentivar la iniciativa privada, se ha apostado por crear industrias estatales que no solo han fracasado en su objetivo productivo, sino que también han generado competencia desleal para los pequeños emprendedores. “Hay inseguridad jurídica y un clima hostil para el emprendimiento. Hacer empresa en Bolivia es solo para héroes”, afirma Linares.

En la actualidad, casi la mitad de los trabajadores formales se encuentra en el sector estatal. El sector privado sigue siendo pequeño y debilitado, con escasa inversión nacional y prácticamente nula inversión extranjera.

Datos sobre la informalidad laboral

En 2005, justo antes del ascenso del MAS, un 62,4% de los trabajadores estaba en la informalidad. Ese año, el análisis por categoría ocupacional muestra que entre asalariados y empleados, el empleo formal representaba más del 30% en todos los años, alcanzando el 35,8% en 2005.

Bolivia se posiciona como el país con el mayor porcentaje de empleo informal en América Latina y el Caribe, con un preocupante 84,9%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este estudio revela que Bolivia supera ampliamente el promedio regional, seguida por Honduras (82,6%) y Nicaragua (81,8%). En contraste, Uruguay (22,1%) y Chile (27,4%) registran los niveles más bajos de informalidad laboral. Otros países con cifras intermedias incluyen a Argentina (51,2%), México (56,0%) y Colombia (55,9%).

Desafíos para la formalización

René Salomón, director de la Fundación Trabajo Empresa, explica que “ser formal en Bolivia es muy complejo. El sistema desincentiva”. Añade que existen demasiadas trabas burocráticas, fiscales y técnicas para formalizar un emprendimiento. Desde la Fundación, promueven que los emprendedores formalicen sus negocios; sin embargo, muchos desisten por el temor al pago de impuestos y a los múltiples requisitos legales.

Salomón recuerda el caso de una emprendedora que producía champús artesanales: “Tuvo que montar un laboratorio completo… y aún así, para sacar un nuevo tipo de champú, tenía que repetir casi todo el proceso”. Estas exigencias desincentivan el espíritu emprendedor. Otro factor que alimenta la informalidad es el contrabando. “Hay una competencia desleal permanente”, señala Salomón.

Experiencias de emprendedores

Tommy Wende es un emprendedor con experiencia en franquicias internacionales. Hasta hace poco, estaba al frente de La Chapu, una cadena de comida. La Chapu cerró no solo por el incremento de costos, sino también por las regulaciones sobre los negocios formales. “En lugar de ayudar al emprendedor formal, el sistema lo castiga”, señala Wende. Como resultado, muchos optan por operar en negro. “Mirá lo que pasa en El Alto… galpones llenos de mercadería pero una tiendita fachada”, afirma Wende.

A pesar de este panorama, Wende no se da por vencido y planea abrir una nueva franquicia a fin de mes. Para este reporte realizado por El Deber, se consultó al Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, hasta el cierre no hubo respuesta desde esta cartera estatal. Mientras tanto, los emprendedores continúan buscando alternativas ante las dificultades impuestas por el sistema actual.

Dificultades para abrir un negocio

Según datos del Doing Business Report del Banco Mundial (2020), abrir un negocio en Bolivia puede tardar más de 40 días y requiere alrededor de 14 trámites. Esto resalta las dificultades adicionales que enfrentan aquellos que buscan formalizar sus actividades económicas dentro del país.

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Urquidi expresó: “Está claro que no habrá una celebración completa mientras sigamos teniendo un 85% de informalidad en nuestro mercado laboral”. Esta afirmación pone de relieve la preocupación por la dignidad laboral y el compromiso de los trabajadores con su presente y futuro.

Falta de acciones del gobierno

Asimismo, el diputado criticó las políticas implementadas en las casi últimas 20 años por el MAS. “El gobierno del MAS durante estos 20 años no ha hecho absolutamente nada para dignificar al trabajador boliviano”, enfatizó Urquidi.

Un futuro digno para los trabajadores

El diputado concluyó: “Solamente el momento y el día en el que los trabajadores bolivianos, la gran mayoría de los bolivianos, tengan un trabajo digno, tengan un sustento y tengan la posibilidad de crecer y de desarrollarse, podremos celebrar como se merecen todos los trabajadores bolivianos”.

Desafíos para el desarrollo del país

La situación actual plantea un desafío significativo para el desarrollo económico y social de Bolivia. La alta tasa de informalidad limita las oportunidades laborales y afecta directamente a las familias bolivianas.

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Querido José María,

Espero que estés bien. Me preocupa lo que me has contado sobre la situación laboral de tus hijos. Tu hijo recién graduado de la universidad y tu hija que pronto será madre soltera, no pueden encontrar trabajo. Quiero explicarte cómo ellos son víctimas de las normas laborales en Bolivia.

En un mercado laboral libre, el salario se negocia entre el empleador y el empleado, como el precio de una manzana en el mercado. Los empleadores ofrecen pagar según las habilidades y experiencia necesarias, y los trabajadores aceptan lo que consideran justo. Esto asegura que cada persona encuentre un trabajo que corresponda con lo que produce.

También es importante entender que las empresas pagan los salarios con los ingresos de la venta de sus productos. Si las ventas van bien y los consumidores compran más, las empresas pueden pagar salarios. Sin embargo, en tiempos de crisis económica como la actual, contratar personal se vuelve difícil. Si te das cuenta, quien paga realmente el salario no es la empresa, es el consumidor que le compra a la empresa.

El problema se agrava con el salario mínimo impuesto por el gobierno, actualmente de Bs2.500. Aunque se establece para proteger a los trabajadores, en realidad los perjudica. Pues este salario mínimo al ser mayor que la productividad de algunos trabajadores, las empresas con dificultades para pagarlo optarán por contratar solo a aquellos con más experiencia o habilidades técnicas avanzadas, dejando fuera a los jóvenes como tus hijos, que tienen menos experiencia.

Esto también afecta a las pequeñas empresas y los nuevos emprendimientos, que tienen pérdidas o muy pocas ganancias y no pueden pagar el salario mínimo. Esto limita la contratación de gente y desanima a los emprendedores que toman riesgos. Otros empleadores van más lejos, y se vuelven informales para evitar los costos de ser formales, dejando a los trabajadores sin seguridad social ni derechos laborales. Hoy en días ocho de cada diez trabajadores están en la informalidad ganando menos que el salario mínimo.

José María, además, este gobierno que se dice defender a los pobres no entiende que históricamente el salario mínimo se ha utilizado para excluir a los menos experimentados y a los más pobres. Por ejemplo, a fines del siglo XIX en Estados Unidos, el salario mínimo, promovido por personas blancas con mayor educación y habilidades en comparación con los trabajadores de color menos calificados, prohibía que estos últimos fueran contratados por salarios más bajos, lo que los condenaba a vivir en la pobreza.

Las normas laborales también afectan especialmente a las mujeres jóvenes, como tu hija. Si se convierte en madre, las empresas pueden preferir contratar a un hombre en lugar de ella, debido a los costos adicionales de licencias y subsidios que implica contratar a una madre.

Todo esto contribuye a la informalidad laboral en Bolivia, donde la mayoría de las personas ganan menos del salario mínimo, y a pesar de los aumentos en las últimas dos décadas, el salario real ajustado por inflación ha disminuido por que se paga sin importar la productividad.

José María, hay que cambiar estas normas laborales que causan desempleo y se ensañan contra las mujeres. Empezando por la eliminación del Ministerio de Trabajo, la simplificación de los trámites para crear nuevos negocios, la flexibilización del despido, la reducción de impuestos a las empresas, la eliminación de beneficios laborales que frenan la contratación y hay que permitir el trabajo a tiempo parcial y por horas. Así tus hijos si no consiguen trabajo a tiempo completo, pueden conseguir trabajo a tiempo parcial en varios lugares hasta ganar experiencia.

También es importante que las normas laborales sean iguales para todos, tanto para las instituciones del Estado como para las empresas privadas. Eso garantizaría que el gobierno no imponga normas más duras a las empresas que a sí mismo y tendrá más cuidado al implementar políticas laborales dañinas. Igualdad ante la ley se llama, y nos hace mucha falta.

Jaime Dunn es Analista Financiero 

Twitter: JaimeDunn_

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México: el desafío de la informalidad laboral

En México, casi la mitad de la población activa se encuentra en la informalidad laboral, lo cual refleja la complejidad del sistema de pensiones en el país. Con una pensión mínima que apenas supera los 6,000 pesos mensuales (unos 350 dólares), muchos mexicanos se ven obligados a prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable. El salario mínimo en México es de 7,468 pesos (unos 435 dólares).

Argentina: la crisis económica y la vulnerabilidad de los jubilados

En Argentina, el 65% de los jubilados cobra la jubilación mínima, que en abril fue de 171,217 pesos (192 dólares). Este ingreso representa un 82% del salario mínimo legal en el país, que es de 202,800 pesos (232 dólares). La alta inflación y la crisis económica han dejado a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad, obligándolos a seguir trabajando incluso después de alcanzar la edad de retiro.

Brasil: el desafío de garantizar una jubilación digna

En Brasil, el salario mínimo es de 1,412 reales (unos 274 dólares), y la pensión mínima se sitúa en ese mismo valor, siendo percibida por el 64% de los pensionistas. Aunque no hay estadísticas exactas sobre el número de pensionistas que trabajan, en 2023 había 7.4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que representa el doble que hace una década.

Chile: críticas al sistema de pensiones basado en la capitalización individual

En Chile, el sistema de pensiones establecido durante el régimen de Augusto Pinochet enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, donde los trabajadores aportan un 10% de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, las pensiones resultantes suelen ser insuficientes y se sitúan por debajo del salario mínimo del país, que es de 470,000 pesos (531 dólares).

Bolivia: desafíos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos

En Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70% del salario referencial, solo 220,000 jubilados reciben una pensión, de los cuales el 68% recibe una prestación menor a 6,000 bolivianos (862 dólares). El 80% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual representa un desafío significativo en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.

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Según un reporte del organismo autónomo, un total de 58,5 millones de personas estaban ocupadas, lo que representa un aumento de 1,1 millones respecto al segundo trimestre de 2022. La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 60,2 millones de personas, con un incremento de 878.000 comparado con el mismo período del año anterior.

Sectores con mayores aumentos interanuales

Los sectores que experimentaron mayores aumentos interanuales fueron el comercio con una subida de 374.000 personas; servicios financieros, profesionales y corporativos con 267.000; e industria manufacturera con 237.000.

Persisten desocupados y subocupados en México

Sin embargo, aún había aproximadamente 1,7 millones de personas desocupadas y otras 4,7 millones subocupadas que manifestaron la necesidad y voluntad para trabajar más horas.

Aumenta la informalidad laboral en México

El Inegi también reportó un aumento interanual de 284.000 trabajadores en el sector informal que concentra a un total de 32,3 millones. Esto representa una tasa de informalidad laboral del 55,2%.

Brecha de género en la actividad laboral

En cuanto al género laboralmente activo: los hombres representan aproximadamente el 76.1%, lo cual supone una disminución del 0.4 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior; mientras que solo el 46,1% de las mujeres están activas laboralmente, lo cual implica un aumento interanual de 1 punto.

Distribución sectorial y regional del empleo

Por sector, el Inegi detalló que el 11,3% del total de trabajadores se encuentran en actividades primarias; el 24,9% en sectores secundarios o industriales; y el 63,1% están en sectores terciarios o servicios. El restante 0.7% no especificó su actividad económica.

En cuanto a las regiones con tasas de desocupación más altas durante el segundo trimestre de 2023 fueron Ciudad de México (4.4%), Tabasco (4.1%) y Coahuila (3.7%).

Estos datos reflejan el comportamiento económico de México que registró un crecimiento anual del 3,7% en el segundo trimestre de 2023 y un incremento trimestral del 0,9%.

Fuente: EFE

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El informe, basado en una encuesta nacional de hogares realizada entre mayo y julio de este año por el Cedla, sostiene que el acceso desigual que tiene la población a recursos, a oportunidades (salud, educación, empleo, hábitat adecuado), al ejercicio de poder y voz para participar e influir en decisiones que les afectan y a la seguridad humana (física y alimentaria) se ha profundizado.

Antes de la crisis sanitaria, el 62% de la población era pobre considerando todas estas dimensiones de la vida. Los efectos acumulados de la pandemia dejan ver que esta situación no habría cambiado hasta el año 2021.

Considerando la dimensión de oportunidades, en el segundo trimestre de este año, la mayor parte de los hogares (60%) todavía no tenía un ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar.

Campesinos, obreros, trabajadores por cuenta propia, empleados en puestos de trabajo, menos calificados, que trabajan sin seguridad en los ingresos, sin protección de sus derechos laborales y sin protección social, seguían, y siguen, afectados por la crisis.

Trabajadores con peores condiciones laborales: la informalidad llegó al 71%

El aumento de la inestabilidad laboral, la disminución de ingresos laborales y la falta de cobertura de los sistemas de salud y de pensiones −característicos del trabajo precario−, junto al desempleo y la inactividad forzada, muestra que el ritmo de reactivación económica en el país y su composición por sectores de actividad son insuficientes para la recuperación del empleo y para frenar el deterioro de su calidad.

Mientras la pérdida de empleos asalariados formales todavía no se logra revertir −ahora solo hay un trabajador(a) asalariado(a) por cada dos independientes y familiares no remunerados−, la ocupación informal o sin derechos laborales aumentó hasta el 71%, abarcando a la mitad de los asalariados y a casi todos los independientes.

Por otra parte, los ingresos no se recuperaron. El 70% de los trabajadores gana menos que antes y seis de cada 10 tienen un ingreso igual o menor al salario mínimo nacional (Bs 2.164). Mientras unos vieron reducir y otros aumentar su jornada laboral, son las mujeres las que dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado, lo que para muchas ha significado menos empleo y pérdida de autonomía económica.

Más de la mitad de los hogares son pobres

En consecuencia, los hogares vieron perder sus ingresos. Al 80% ya no les alcanza para llegar a fin de mes o les alcanza justo. Como sucedió al inicio de la pandemia, para cubrir sus gastos los hogares recurren a sus ahorros, a la venta de activos, a un menor consumo (alimentos, educación y salud) o, a nuevos préstamos en dinero y en especie.

En julio de 2021, el 48% de los hogares estaba endeudado y, en la mitad de éstos, se informaba que no estaban pudiendo pagar sus deudas.

A un año y medio de la pandemia: incertidumbre y pesimismo

A tiempo de valorar los cambios en aspectos importantes de su vida económica y laboral durante la pandemia, la mayoría de los(as) entrevistados(as) señala que su situación empeoró o que permanece igual: seis de cada diez vieron afectados su empleo y sus condiciones de trabajo, y siete de cada diez, su economía.

Tomando en cuenta el contexto económico, sanitario y político en el país, no sorprende que el 70% de la población vea el futuro con incertidumbre y pesimismo.

Este escenario, según el informe del Cedla, plantea grandes desafíos para la política pública y las acciones gubernamentales, así como para la participación efectiva de la población en las decisiones que les afectan. Una condición para avanzar en esta perspectiva pasa por la democratización de los espacios para la deliberación e influencia de la sociedad en la construcción de caminos hacia la igualdad, la equidad y la integración social.

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