Sin embargo, la Fiscalía General del Estado decidió no imputarlo y dejó su liberación en manos de un juez cautelar. El Fiscal General, Roger Mariaca, informó que una comisión de fiscales evaluó el caso y resolvió no presentar una imputación formal contra el joven, quien fue detenido el martes en Santa Cruz y trasladado a celdas policiales.

Decisión de la Fiscalía

Mariaca señaló que el procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento del artículo 228 del Código de Procedimiento Penal. Al no existir una imputación, corresponde al juez cautelar decidir sobre la libertad del joven. “De conformidad con el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, han puesto a esta persona que se encontraba aprehendida para que el juez cautelar pueda liberarlo. Es decir, no existe imputación formal”, dijo Mariaca.

Contenido alarmista en TikTok

La denuncia de la Asfi fue presentada el 11 de marzo de 2025. En ella, argumenta que el contenido publicado por J.C.V. en TikTok contenía afirmaciones alarmistas como “Peligran los bancos de Bolivia” o “Ya no pueden tener ustedes su dinero guardado en el banco”. Según la entidad, estas afirmaciones pueden provocar retiros masivos de depósitos y dañar la confianza en el sistema financiero nacional.

La autoridad financiera aclaró que actuó en el marco del artículo 491 de la Ley 393 de Servicios Financieros. Este artículo tipifica como delito financiero la difusión de información falsa, tendenciosa o maliciosa que afecte al sistema financiero, con sanciones que pueden alcanzar entre 5 a 10 años de cárcel.

Preocupación por la libertad de expresión

A raíz del caso, diversos sectores han expresado su preocupación por una posible vulneración del derecho a la libertad de expresión. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz calificaron la aprehensión como un “precedente peligroso” para las libertades democráticas. Exigieron la liberación inmediata del joven y cuestionaron el uso de instituciones públicas para judicializar opiniones sobre temas económicos.

Críticas a la denuncia

Candidatos como Juan Pablo Velasco, de Libre, y Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, criticaron la denuncia. La consideran una muestra de represión frente a la crisis financiera y a la incapacidad del Gobierno para generar confianza. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también calificó el caso como un uso desproporcionado del poder punitivo del Estado.

Según indicaron desde la Fiscalía, hasta el momento, el proceso penal continúa abierto. El creador de contenido permanece aprehendido a la espera de una decisión judicial.

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La ASFI sostiene que Villafuerte cometió un delito financiero al difundir información falsa. Sin embargo, su defensa argumenta que el tiktoker simplemente expresó en sus redes sociales que el boliviano perdía valor cada día y recomendó a la gente cambiar sus bolivianos a dólares.

Las asociaciones periodísticas han señalado que Villafuerte fue aprehendido sin citación previa y con la amenaza de un posible traslado forzoso a La Paz, lo que podría vulnerar el debido proceso.

Preocupaciones de las asociaciones

Las instituciones han manifestado que la denuncia penal presentada por la ASFI cuestiona opiniones que circulan entre la ciudadanía, como la recomendación de cambiar bolivianos a dólares o invertir en criptomonedas. En un comunicado, exigen que se investiguen las irregularidades mencionadas por la defensa de Villafuerte. Además, advierten que esta detención establece un ‘precedente peligroso’ para toda la sociedad.

Según el comunicado, la acción del gobierno podría abrir la puerta a la penalización de voces independientes en plataformas digitales. La ley utilizada, la Ley de Delitos Financieros, impone penas de 1 a 10 años de prisión por difundir ‘información falsa’, aunque aclara que no incluye opiniones ni análisis verificables, que están protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Se añade que “este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas”.

Declaraciones del abogado defensor

Andrés Richter, abogado defensor de Villafuerte, ha denunciado que el caso ya contaba con una resolución de rechazo previa. Según él, la aprehensión fue una acción politizada destinada a marcar un ejemplo contra voces críticas en redes sociales. “Lo aprehendieron por un caso que ya había sido rechazado; con esta aprehensión, el mensaje es claro: si opinas sobre el dólar te van a castigar”, declaró el jurista.

Reacciones familiares y sociales

La madre de Villafuerte organizó una vigilia frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y denunció que su hijo fue interceptado por personas de civil y trasladado a las celdas policiales, quedando incomunicado. Calificó el hecho como un secuestro y rechazó su posible traslado a La Paz sin justificación ni notificación previa.

Las asociaciones han repudiado el uso de la ASFI como un instrumento para silenciar opiniones críticas y exigen la liberación inmediata de Juan Carlos Villafuerte, así como el respeto al debido proceso. “Recordamos que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a opinar, investigar y difundir información sin censura previa ni represalias”, resaltan.

Implicaciones para la libertad de expresión

Las organizaciones enfatizan que penalizar percepciones sobre hechos de dominio público debilita los pilares democráticos y coloca al país al borde de la censura digital. Este caso pone de manifiesto la tensión entre la regulación financiera y los derechos fundamentales en Bolivia.

La denuncia penal promovida por la ASFI también ha suscitado preocupaciones sobre presiones políticas adicionales, especialmente debido a las críticas hacia autoridades locales.

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El abogado defensor, Andrés Richter, explicó que su cliente fue detenido en la mañana por un presunto delito financiero. Según Richter, los problemas surgieron a raíz de publicaciones que el joven realizó en redes sociales, donde afirmaba que el boliviano perdía valor cada día y recomendaba cambiarlo por dólares.

Defensa del joven creador

Richter calificó la aprehensión como un “abuso” y argumentó que esto representa una forma de criminalizar la libertad de expresión. El abogado advirtió que, si hoy el afectado es su defendido, mañana podría ser cualquier persona que decida expresar su opinión. Además, cuestionó la intención de las autoridades de trasladar al joven a La Paz, ya que considera que esta decisión podría agravar la situación legal del tiktoker.

Contenido crítico en redes

El abogado también mencionó que su cliente había compartido recientemente contenido crítico hacia la Alcaldía cruceña. En esos videos, el joven señalaba la existencia de obras inconclusas y en mal estado. Richter considera que estos antecedentes pudieron influir en la “persecución” que enfrenta en la actualidad.

LDVY

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Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el BCB acusó a Lema de difundir datos incorrectos sobre la impresión de billetes nacionales y la posible inflación. Por su parte, Impuestos Nacionales lo denunció por cuestionar públicamente el pago de impuestos.

Denuncia por video en TikTok

En declaraciones a Correo del Sur Radio, Lema explicó que ha sido denunciado por Impuestos Nacionales por un segundo video en TikTok. Según Lema, en el video en cuestión, él no instó a la gente a no pagar impuestos, sino que simplemente preguntó qué opinaban las personas sobre la propuesta de las entidades cívicas de Santa Cruz de no pagar impuestos. Lema considera que la denuncia carece de fundamento y denuncia que en Bolivia, si no pagas impuestos, no vas a la cárcel, pero si dices que no vas a pagar impuestos, entonces sí vas a la cárcel, lo cual considera una locura.

Proceso de contratación para la provisión de billetes

Por su parte, el Banco Central de Bolivia ha informado sobre el proceso de contratación para la provisión de billetes a partir del 2022, el cual se ha llevado a cabo de acuerdo a las normativas vigentes. La empresa francesa Oberthur Fiduciare SAS ha sido adjudicada con un contrato de $25.9 millones para proveer billetes en diferentes denominaciones. El objetivo de esta medida es reemplazar los billetes deteriorados y garantizar transacciones seguras.

Acciones legales para contrarrestar especulaciones e incertidumbre

Ante la difusión de información financiera presuntamente falsa, el presidente del Banco Central de Bolivia ha anunciado que se tomarán acciones legales para contrarrestar las especulaciones e incertidumbre que esto pueda generar en la población.

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Dicha Ley fue aprobada para complementar una previamente adoptada a principios de marzo, que estipuló hasta 15 años de cárcel para quienes difundan “información falsa” sobre el Ejército ruso específicamente.

El texto, adoptado en tercera lectura, sanciona la difusión de información deliberadamente falsa sobre las acciones de órganos del Estado ruso fuera de su territorio, según lo que se lee en un comunicado difundido por el Parlamento de Rusia.

Esta normativa contempla sanciones de tres años de prisión o cinco si es que se trata de una actividad grupal, y condena los siguientes aspectos: “abuso de posición oficial, creación artificial de pruebas, o si el acto está motivado por el odio o la hostilidad política, ideológica, racial, nacional o religiosa”.

La pena puede agravarse y extenderse hasta 15 años de privación de libertad si es que la “información falsa” difundida representó consecuencias graves.

Este proyecto de ley entrará en vigencia cundo el Presidente ruso, Vladimir Putin, lo ratifique. La normativa incluye también sancionar con cinco años de prisión a quienes desacrediten el poder de los órganos del Estado Ruso fuera de su territorio.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero, Rusia vetó a numerosos medios de comunicación locales y extranjeros; también restringió el uso de Facebook, Instagram y Twitter en su territorio.

El grupo Meta, un conglomerado estadounidense de tecnologías y redes sociales, fue catalogado por el gobierno ruso como “extremista”. Al menos tres personas que publicaron en sus redes sociales sobre el conflicto entre los países europeos están siendo procesadas por ese motivo.

/ LMPT

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Por lo que la información divulgada por la autoridad es falsa, según el reporte del portal Bolivia Verifica.

“La campaña de vacunación masiva avanza. Con un promedio de 60.000 personas vacunadas diariamente a nivel nacional, y un total que supera los 2 millones de dosis aplicadas, aceleramos la protección de la población y la normalización de las actividades”, señala el tuit de la autoridad según reporte del medio verificador de noticias.

El tuit de la viceministra fue publicado el 16 de junio, aparentemente fue eliminado, pero existe una copia digital en el portal Archive Today.

El Ministerio de Salud inició la emisión de reportes de vacunación contra el coronavirus, el 4 de febrero, hasta el 16 de junio la cantidad más elevada de vacunados en un día fue de 61.393 personas, registrado el 8 de junio, según el portal Boligrafía.

La cantidad de personas vacunadas con la primera y la segunda dosis fue de 2.151.088 personas hasta el miércoles 16 de junio.

Por lo tanto, el promedio de vacunados sobre la base de 133 días, hasta el 16 de junio, da como resultado un promedio de 16.173 personas inmunizadas por día y no de 60 mil, según las verificaciones del portal nacional mencionado.

/MDCB

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“Es una información incorrecta (que Arturo Murillo esté libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, señaló Vega en contacto con Urgente.bo.

El sistema de localización de presos de la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos (FBP por sus siglas en inglés) aún tiene registrado como preso al exministro de Gobierno.

El localizador señala a Murillo bajo el registro 02358-506, detenido en el Federal Detention Center (FDC) de Miami, reportó Unitel.

En tanto el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez se referirá a este tema en los próximos minutos confirmando la situación legal de Murillo, acusado de conspiración para el lavado de dinero.

La reciente información oficial sobre Murillo señala que su defensa logró aplazar una audiencia judicial, que debía celebrarse a inicios de junio, para el próximo mes de julio cuando la justicia decida si espera su juicio en la cárcel.

/RXVCH/

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En el video un orador que se identifica como “médico” realizaba afirmaciones dudosas, como “no necesitas mascarilla (barbijo)” para evitar la propagación del coronavirus y que “el virus tiene una cura, se llama hidroxicloroquina, zinc y Zithromax”, reporta CNN.

Un portavoz de Facebook le dijo a CNN “Hemos eliminado este video por compartir información falsa sobre curas y tratamientos para el Covid-19”. “Estamos tomando medidas en línea con nuestra política de información errónea del Covid”, dijo un representante de Twitter. En YouTube el video fue sacado de la plataforma y tiene un mensaje de que ha sido eliminado por “violar las normas de la comunidad” de esa red social.

/ES/

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“Lamentablemente es así como se manejan las redes sociales, debo desmentir todo lo que se ha ido manejando porque, debía de hacer una denuncia a los familiares, pero no son los familiares sino lo vecinos los que han difundido esta información, tenemos conocimiento”, comentó Tapia.

El director del Sedes dijo que la paciente no tenía el virus, y que “en su momento se ha hecho la toma de muestra y se ha descartado”.

La autoridad en salud añadió que a la paciente se le atendió en el hospital General San Juan de Dios, y se tiene información de que la misma no quiso internarse, a pesar de su estado de salud.

Este miércoles, según una publicación de Página Siete, la señora pidió auxilio durante siete días y presentaba varios síntomas de portar coronavirus, por lo que murió sentada en su cocina.

“Llamó por teléfono a uno de los amigos y reveló los malestares que tenía. Dijo que pidió ayuda a todas partes, pero nadie le hizo caso. Llamó a la Alcaldía y el teléfono sonaba y sonaba sin respuesta. Pidió auxilio al Hospital General, que se encuentra a dos cuadras del lugar donde vivía ella y nada. Reclamó una ambulancia para su traslado y tampoco”, dice una parte de la publicación.

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