Propuesta para la reactivación económica

En la Cámara de Comercio de Oruro, se presentó este jueves 2 de julio de 2026, la “Propuesta de Acciones para la Reactivación Económica Post Bloqueos 2026”. Este esfuerzo conjunto busca enfrentar la severa crisis económica generada por 50 días continuos de conflictos sociales y bloqueos de carreteras.

Las instituciones empresariales más representativas de la región, como la Cámara de Comercio de Oruro, la Cámara Departamental de Industrias de Oruro y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Oruro, impulsaron esta iniciativa. El objetivo es trazar una hoja de ruta inmediata para evitar un estancamiento sistémico irreversible en el país y mitigar los devastadores efectos financieros que han asfixiado al sector productivo.

Impacto económico alarmante

La urgencia de esta propuesta radica en las alarmantes cifras que ha dejado la inestabilidad social: a nivel nacional, el daño provocado por la interrupción de las vías de comunicación representa una afectación del 6.6% al Producto Interno Bruto (PIB). Las pérdidas diarias ascienden a 60 millones de dólares, y el déficit acumulado supera los 3.000 millones de dólares. En Oruro, el impacto golpea el 8.3% del PIB regional, con mermas de 3.8 millones de dólares al día. La pérdida total irrecuperable asciende a más de 190 millones de dólares.

Propuestas estructurales

Para revertir este oscuro panorama, los gremios han articulado un conjunto de soluciones estructurales enfocadas en reorientar la economía local y nacional. Exigen, como pilar fundamental, la garantía de la seguridad jurídica para atraer futuras inversiones y el respeto al derecho constitucional a la libre transitabilidad. Instan al Estado a proteger los corredores estratégicos y establecer responsabilidades claras ante daños por bloqueos ilegales.

• Consolidación del “Centro Logístico Integral de Oruro” que integrará el Puerto Seco, la Zona Franca de Oruro (ZOFRO) y la Zona Franca Comercial (ZOFRACOM).
• Dinamización del turismo masivo.
• Creación de un “Fondo de Reconversión Productiva” por 190 millones de dólares.

Reformas tributarias necesarias

La propuesta fiscal incluye una profunda reforma tributaria que contempla:

• Eliminación definitiva del Impuesto a las Transacciones (IT).
• Reducción del IVA al 10%.
• Reducción del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) al 10%, con incentivos para la reinversión.

Durante la presentación a las autoridades departamentales y municipales, el Lic. José Peñaranda Villa Gómez, gerente general de la Cámara Departamental de Industrias de Oruro, enfatizó que estas propuestas están sustentadas en leyes vigentes y solo requieren voluntad política para ejecutarse.

Advertencias sobre estanflación

Peñaranda advirtió sobre el periodo de “estanflación” (estancamiento sumado a inflación) que atraviesa el país, derivado de múltiples tipos de cambio y transacciones basadas en un “dólar referencial”, lo que ha anclado la inflación entre el 20% y el 28%. Estimó que la recuperación económica tardará entre 6 y 18 meses, aunque destacó una reciente y leve estabilización en los precios de la canasta familiar.

Importancia del turismo

La MSc. Sonia Rocha de Urquieta, presidenta de la Cámara de Comercio de Oruro, ratificó que el documento consensuado exige imperativamente una reorientación estratégica. Reafirmó la importancia del centro logístico integral y lamentó que el turismo esté subexplotado. Recordó que el Carnaval de Oruro generó 130 millones de dólares este 2026 gracias a visitantes internacionales.

Afectaciones al comercio exterior

Respecto al impacto inminente en el comercio exterior, la Lic. Jilca Herbas Huayllas, presidenta de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Oruro, analizó las modificaciones cambiarias aplicables desde el 6 de julio. Explicó que una reciente normativa reduce porcentualmente ciertos aranceles en un 5% para intentar compensar el panorama; sin embargo, advirtió que el consumidor final será el principal afectado por la inflación en los precios.

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Inflación en Bolivia podría alcanzar el 20% en junio

El gerente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Oruro, José Peñaranda, alertó sobre un deterioro económico en Oruro y advirtió que la inflación acumulada en Bolivia durante 2026 podría acercarse al 20% al finalizar el primer semestre del año. Esta situación surge como consecuencia de los conflictos, la paralización productiva y la caída de exportaciones.

Impacto de los bloqueos en la economía

Según el análisis del representante empresarial, las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos y la interrupción de actividades productivas son “irreversibles”. Estimó que el departamento de Oruro pierde alrededor de seis millones de dólares por día, mientras que el sector industrial registra un perjuicio cercano a los dos millones diarios.

Proyecciones inflacionarias

Peñaranda sostuvo: “Lo que va a ocurrir al final del año es que vas a tener productos con precios inflacionados. Si ya tenías una inflación acumulada del 14,6% en el primer trimestre, al finalizar el primer semestre vas a acercarte al 20%”. Este aumento se produce en un momento clave para la industria nacional, cuando las empresas suelen abastecerse de materia prima para encarar la segunda mitad del año.

Paralización de exportaciones de minerales

A ello se suma la paralización de exportaciones de minerales estratégicos como estaño, zinc, plomo y plata. Estos minerales presentan precios internacionales que atraviesan uno de sus mejores momentos en las últimas dos décadas. Peñaranda afirmó: “Tienes precios excepcionales y el país no está aprovechando ese escenario. Las exportaciones están paralizadas y los departamentos productores, como Oruro y Potosí, son los más perjudicados”.

Consecuencias económicas

El ejecutivo también advirtió sobre la caída de ingresos por regalías y divisas, además de un posible deterioro mayor del Producto Interno Bruto (PIB). Según indicó, las previsiones internacionales que apuntaban a una contracción económica del 2,5% podrían quedarse cortas frente al actual escenario. “Con este parón, la caída del PIB podría aproximarse al 4%. Bolivia está perdiendo entre 50 y 60 millones de dólares por día y esa pérdida es irreversible”, señaló.

Conflictos sociales y su impacto

En relación con las demandas del transporte y otros sectores movilizados, Peñaranda consideró que el conflicto por el combustible fue utilizado como una “bandera” de protesta. Sin embargo, aseguró que actualmente el país importa gasolina especial de alto octanaje dentro de parámetros aceptables de calidad.

Decisiones cautelosas ante la crisis

El representante empresarial remarcó que el contexto económico obliga a tomar decisiones con cautela. Esto es especialmente relevante ante pedidos de incremento salarial en un escenario marcado por desaceleración, inflación y pérdida de competitividad.

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Bolivia atraviesa una crisis monetaria que trasciende las cifras oficiales y se instala en la mesa de cada familia. Mientras el Instituto Nacional de Estadística reporta una inflación de 18,09 % hasta agosto de 2025, pero esa cifra es apenas un indicio de lo que ocurre en los mercados y en los bolsillos de los ciudadanos. Entre julio de 2024 y julio de 2025, los 14 productos más consumidos subieron 65 %. Detrás de cada porcentaje hay familias que debaten si alcanza para carne, aceite o, en el peor de los casos, solo arroz. La economía no se reduce a estadísticas; se vive, se siente, se sufre.

Las causas son conocidas: déficit fiscal crónico, reservas internacionales al límite, caída de las exportaciones de gas, emisión de dinero sin respaldo y un clima político que genera incertidumbre. Pero hay un catalizador que potencia todos estos problemas: el tipo de cambio fijo, sostenido por decreto, desconectado de la realidad económica. Un precio artificial crea distorsiones, fomenta la especulación y erosiona la credibilidad institucional. Los controles rígidos rara vez resuelven los problemas de fondo y casi siempre castigan a los más vulnerables.

El Banco Central de Bolivia ha perdido la capacidad de garantizar estabilidad. Sin reservas suficientes para intervenir, el precio del dólar dejó de responder a la autoridad monetaria y empezó a moverse al ritmo de la especulación, generando burbujas y crisis recurrentes. Desde marzo de 2023 se registraron al menos dos episodios devastadores para la economía.

La primera gran ola especulativa se produjo en 2024, entre finales de junio y la primera semana de agosto. En pocas semanas, el dólar pasó de 8,50 a 15,60 bolivianos. El detonante fue la escasez de diésel, que desató pánico y acaparamiento. El problema se contuvo al restablecerse el suministro, pero irrumpió con fuerza el dólar cripto, cotizado en torno a 10,50 bolivianos, que terminó imponiéndose como referencia frente al dólar físico.

El avance del dólar cripto fue vertiginoso. En el primer semestre de 2024 se movieron 46,5 millones de dólares en criptomonedas; un año después, 294 millones. Solo en junio de 2025, Binance reportó operaciones por 430 millones. Más de 258.000 bolivianos utilizan USDT para pagar, enviar remesas o ahorrar. En la práctica, el dólar cripto se convirtió en un referente de facto que sigue toda la economía: ciudadanos, importadores, cambistas, casas de cambio e incluso bancos.

La paradoja es evidente: mientras el sistema financiero formal mueve más de 27 millones de dólares diarios, el mercado cripto apenas alcanza 250.000 y aun así fija el precio. Es como si una pequeña tienda definiera los precios de todo un supermercado. Esa asimetría abre la puerta a la manipulación: actores con suficiente volumen pueden inflar o deprimir el precio a su conveniencia.

La segunda ola comenzó en marzo de 2025. Tras el anuncio de YPFB de que no había dólares para importar carburantes, el Gobierno autorizó compras con cripto dólares. Fue la señal que esperaban los especuladores: el USDT se disparó y arrastró al dólar físico. La situación se agravó con la caída de la calificación de riesgo país y pronósticos catastróficos que alimentaron el miedo. En mayo, algunos medios reportaron un dólar a 20 bolivianos, aunque solo fue un precio fugaz. Otros aventuraron escenarios aún más alarmantes, con cotizaciones de 30 o incluso 50 bolivianos para fin de año.

La escalada mostró rasgos claros de manipulación en mayo: un crecimiento exponencial sin los retrocesos naturales de cualquier mercado. No sorprende que mayo y junio se convirtieran en los meses más inflacionarios en 40 años. Paradójicamente, un discurso presidencial negando la compra de carburantes con cripto dólares y la derogación del decreto bastaron para que el tipo de cambio se desplomara. Sin embargo, la caída estuvo acompañada de repuntes artificiales, como si alguien intentara sostener la cotización en niveles elevados.

Esta dinámica refleja hasta qué punto la economía boliviana quedó atrapada en volatilidad. Las familias, buscando proteger sus ahorros, corren a comprar dólares, alimentando la presión cambiaria y retroalimentando la espiral especulativa. Aunque en las últimas semanas el tipo de cambio bajó, esa disminución aún no se traduce plenamente en precios. La inercia inflacionaria tiende a perpetuarse porque las expectativas se convierten en un motor tan fuerte como los hechos mismos.

La pregunta es inevitable: ¿a quién le conviene un dólar caro? El mecanismo de fijación basado en el dólar cripto es frágil y vulnerable a la manipulación por el reducido tamaño de ese mercado frente a la magnitud de la economía nacional. Depender de esta referencia equivale a aceptar que un PIB de más de 40.000 millones de dólares quede subordinado a un mercado marginal y especulativo. Sin regulación, los incentivos para manipular son enormes y los costos recaen siempre en la sociedad.

Bolivia necesita con urgencia un mercado cambiario interbancario, transparente y regulado, que reduzca la volatilidad y devuelva certidumbre a los agentes económicos. Pero eso no bastará. Se requieren reformas estructurales profundas: una devaluación ordenada, disciplina fiscal, reglas claras que limiten el peso de mercados paralelos en la formación del tipo de cambio y mecanismos efectivos de control del gasto público.

De lo contrario, seguiremos atrapados en una paradoja insostenible: que el valor de nuestra moneda no lo defina el Banco Central, sino la volatilidad de un mercado cripto que opera en los márgenes de la legalidad y la transparencia. Es inadmisible que una economía entera quede rehén de especuladores que mueven cifras irrisorias comparadas con el tamaño real del país, pero que tienen el poder de desestabilizar millones de vidas con un simple clic.

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“Los bolivianos están asustados porque cuando van al mercado encuentran los precios siempre más altos. La gente en todas partes me dice: ‘la plata no alcanza’. La inflación de alimentos de este año será de más del 40%. Y al mismo tiempo los salarios reales han disminuido. Si antes alguien ganaba 3.500 bolivianos, entonces tenía un sueldo de 500 dólares. Ahora solo gana un salario de 230 dólares. Por tanto, todos los bolivianos se han empobrecido”, señaló Doria Medina.
“Estoy aquí para hablarle directamente a todos los bolivianos y a todas las bolivianas que enfrentan la crisis, la falta de empleo, el alza de precios y la escasez de productos.
Quiero darles la certidumbre que necesitan. Bolivia está sufriendo 20 años de despilfarro, irresponsabilidad y corrupción, pero podemos salir del hueco a donde nos han metido”, dijo en una de sus exposiciones.

El candidato de Unidad aseguró que conoce la ruta para salir de la crisis, pues tiene un plan para “parar la inflación, para traer los dólares de vuelta a la economía. Con ello llegarán los combustibles. También terminaremos la fiesta del despilfarro no en 100 días, sino en las primeras 100 horas de nuestro gobierno”, aseguró.
“‘100 días carajo’ es un compromiso. Sé que la gente no puede esperar más y sé que debemos actuar con un sentido de urgencia, que es el que tiene la gente”, insistió.

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Al grueso de la población boliviana probablemente no le interesa, al menos no de forma consciente, lo que sucede con el tipo de cambio. Sin embargo, aunque muchos lo ignoren, este dato impacta directamente en sus bolsillos: es el principal termómetro de la inflación. Cuando el dólar sube, los precios de alimentos, electrodomésticos, medicamentos y hasta el pan de batalla aumentan. Esto ocurre porque el boliviano pierde fuerza frente al dólar.

Hasta marzo de 2023, un dólar costaba Bs. 6,97. Hoy, en julio de 2025, se cotiza entre Bs. 15,4 y Bs. 16, con picos que superaron los Bs. 18. Se ha más que duplicado. Y con él, los precios de productos esenciales como harina, arroz o aceite. Se trata de una devaluación no reconocida oficialmente, pero evidente en mercados y en la angustia diaria de las familias trabajadoras.

Este fenómeno ha estado acompañado por volatilidad sin precedentes. De marzo a mayo, el dólar físico y digital mostró una tendencia ascendente casi lineal, hasta alcanzar Bs. 18,5 el 15 de mayo. Esto provocó aumentos constantes en productos importados y nacionales cuyos insumos dependen del dólar. Como efecto dominó, la capacidad de compra cayó, la demanda se contrajo y la economía comenzó a frenarse sin que nadie toque el freno de emergencia.

A finales de junio, el dólar cayó abruptamente de Bs. 15,80 a Bs. 14,5, para luego rebotar. Este vaivén sorprendió incluso a analistas técnicos, que lanzaron teorías diversas: desde conspiraciones políticas hasta intervenciones digitales. Lo cierto es que, en Bolivia, el dólar ya no se rige por mecanismos institucionales. El Banco Central no fija el precio ni interviene con seriedad para estabilizarlo. En ese vacío, el valor lo determinan el miedo, los rumores y unos cuantos actores con poder para inducir el precio.

Uno de los factores que alimenta esta distorsión es el desequilibrio fiscal. Desde 2015, Bolivia acumula déficits millonarios —solo en 2023 se estima un déficit de Bs. 32 mil millones— financiados por emisión monetaria del Banco Central. Este flujo de bolivianos sin respaldo ha presionado al alza el tipo de cambio y debilitado la confianza en la moneda nacional. La relación es directa: más emisión, menos valor del boliviano, más demanda por dólares físicos o digitales.

A ello se suma la caída de reservas internacionales, que pasaron de 15.000 millones de dólares en 2014 a poco más de 2.300 millones de dólares en 2025. Sin respaldo externo, el país quedó expuesto a shocks cambiarios y especulación. En ese escenario, el dólar digital (USDT) ganó terreno como refugio. Su cotización, ajustada por algoritmos según la oferta y la demanda en plataformas P2P, llegó a igualar e incluso superar al dólar físico, exacerbando la volatilidad.

Frente a esta situación, el gobierno ha promovido bonos en UFV y en oro, intentando ofrecer alternativas al dólar. Pero estas medidas han sido marginales, con escaso impacto. En paralelo, el ingreso temporal de divisas por créditos externos o exportaciones generó alivio pasajero en la cotización, sin resolver el problema de fondo.

En un escenario donde los dólares escasean, quienes los poseen concentran poder. Uno de esos grupos son los grandes exportadores, que venden en dólares y pagan en bolivianos. Tienen incentivos claros para mantener un tipo de cambio elevado, ya que se benefician ampliamente de la ganancia cambiaria. Si en 2023 necesitaban Bs. 70 millones para cubrir operaciones por 10 millones de dólares, hoy, con una cotización de Bs. 16, requieren apenas 4,4 millones de dólares. Si el dólar subiera a Bs. 20, solo necesitarían 3,5 millones de dólares. Así de sencillo. Y así de injusto. Esta relación crea incentivos perversos: retrasar la liquidación de divisas, condicionar su ingreso o influir —de forma directa o indirecta— en el tipo de cambio. En un país donde los exportadores son pocos y poderosos, no se puede descartar una colusión silenciosa entre actores que prefieren un dólar caro y una economía empobrecida.

Mientras tanto, la banca privada guarda silencio. A pesar de contar con capacidad técnica y liquidez, y aunque la política cambiaria no sea de su competencia directa, tampoco ha propuesto ni impulsado mecanismos de estabilización como la reactivación del bolsín o esquemas de cobertura cambiaria. ¿Cómo es posible que plataformas descentralizadas, sin regulación ni transparencia, definan hoy la referencia cambiaria de toda la economía?

En las casas de cambio, el escenario es caótico. Hay días en que no venden, solo compran. Las diferencias entre el precio de compra y venta oscilan entre Bs 1 a Bs. 3. Sin regulación clara ni autoridad que fije límites, el mercado informal opera con lógica de especulación pura. Y el Banco Central, lejos de cumplir su rol estabilizador, actúa como un espectador institucional sin voz ni acción.

Por si fuera poco, las redes sociales y algunos medios amplifican la incertidumbre. Tiktokers, youtubers y autodenominados analistas económicos viralizan escenarios apocalípticos —como un dólar a Bs. 30— que siembran miedo y empujan decisiones de compra compulsiva. La prensa tradicional, en lugar de calmar, muchas veces repite sin verificar. El resultado: una profecía autocumplida alimentada por desinformación.

El gobierno no frena esta devaluación no oficial. Mientras firma contratos de litio, la canasta familiar sube y el dólar sigue impredecible. ¿Quién fija el dólar? Una mezcla de intereses económicos, especulación digital, emisión sin respaldo y temor colectivo. Sin una política económica coherente, el precio de la inestabilidad seguirá subiendo. Es una mezcla de intereses económicos, especulación digital, emisión sin respaldo y temor colectivo. Mientras no se imponga una política económica coherente, transparente y creíble, no solo seguirá subiendo el dólar. Subirá también el precio de la inestabilidad.

Miguel Angel Amonzabel Gonzales, investigador y analista socioeconómico.

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Los campesinos y agricultores se movilizaron desde el Sur de La Paz, mientras que los comerciantes de El Alto marcharon hacia el centro histórico. Fredy Choque, un agricultor, declaró: “Protestamos por el desabastecimiento de hidrocarburos, diésel, gasolina y víveres. Se ha elevado mucho (su costo), toda la gente que estamos acá hemos quedado afectados”.

Choque también mencionó que en las poblaciones rurales son escasos el arroz, el azúcar, la carne de pollo y el huevo. Porfirio Luna expresó: “Peleamos por nuestra necesidad, el carburante y todos los productos que están subiendo, no hay caso de confiar en los políticos”.

Protestas con cacerolas vacías

Un bloque de comerciantes minoristas organizó una protesta masiva con cacerolas vacías. Elías Choque indicó que su reclamo “no es político” y protestan por el incremento de precios de alimentos y productos básicos. Dijo que el precio del litro de aceite “se ha duplicado” de 14 bolivianos (2 dólares) a más de 30 bolivianos (4,2 dólares), mientras que el quintal de arroz pasó de 210 a más de 700 bolivianos (de 30 a unos 100 dólares).

Jorge Choque, dirigente de los carniceros, afirmó que el precio de la carne “se ha incrementado a más del 100%” y que la situación es “insostenible”. Esto les lleva a considerar una huelga “escalonada”. En los reclamos se escucharon pedidos esporádicos de renuncia del Presidente Arce.

Datos sobre la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la inflación acumulada entre enero y mayo fue del 9,81%, superando la proyección del Gobierno del 7,5% para todo el año. Las protestas coinciden con bloqueos realizados por sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes demandan su inscripción para las elecciones generales del próximo 17 de agosto y también exigen la renuncia del Presidente Arce.

La situación política actual

Morales insiste en ser candidato pese a no tener partido. El Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección está permitida “por una única vez de forma continua”, sin posibilidad de un tercer mandato.

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Entre el carnaval electoral y la economía en ruinas

Así deberíamos definir la situación política actual: un salto al abismo. Bolivia se acerca a las puertas del próximo carnaval electoral, donde los aspirantes a enamorar a los crédulos buscan su consentimiento, no con propuestas viables, sino con promesas vacías encarnadas en candidatos reciclados.

El telón de fondo es un Estado obeso, mantenido artificialmente por un gobierno desorientado que ha descarrilado por completo los rieles de la economía. Este modelo, construido bajo la bandera del Movimiento al Socialismo (MAS), fue inicialmente sostenido por un ciclo de precios y volúmenes de exportación excepcionalmente favorables. Esa bonanza permitió la expansión del aparato estatal y el desarrollo de una estructura gubernamental hipertrofiada, cuya burocracia e ineficiencia hoy resultan insostenibles.

El país enfrenta un déficit fiscal crónico, una deuda pública en crecimiento constante, y un gasto público desproporcionado que amenaza con arrastrarnos a un despeñadero irreversible. La mentira económica del modelo ya ha sido desnudada: el espejismo se desvaneció y la factura recae hoy sobre toda la sociedad boliviana.

Los salarios de obreros, campesinos, comerciantes e industriales son devorados por la devaluación silenciosa de nuestra moneda, que ya ha perdido más del 50% de su poder adquisitivo. La crisis se manifiesta en la falta de combustibles, paralizando sectores clave y sumiéndonos en una situación operativa inédita en la historia contemporánea del país.

Recordemos la trágica década de los 80, cuando la hiperinflación nos llevó de 31 pesos por dólar a 1.918.000 pesos por dólar en apenas cuatro años. El caos comenzó con la dictadura de García Meza, seguido por el descalabro económico del gobierno de Hernán Siles Suazo y su coalición de izquierda, la UDP. La inflación alcanzó el 20.000% anual. Mientras tanto, los “amigotes” del gobierno se beneficiaban del dólar oficial, pagaban sus deudas en pesos bolivianos y revendían divisas en el mercado negro, empobreciendo a la clase media y enriqueciendo a la banca. El desabastecimiento y la escasez fueron comparables a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Bolivia fue, tristemente, un caso de estudio mundial por la brutalidad de su crisis financiera, alimentada por políticas pseudoizquierdistas que, en nombre del pueblo, vaciaron las arcas del Estado. Luego vino el ajuste estructural: Víctor Paz Estenssoro y el neoliberalismo del MNR entregaron las empresas estatales a precio de remate a transnacionales, manipularon el tipo de cambio y provocaron despidos masivos que empujaron a más de 30.000 familias mineras al exilio interno. El desenlace: desindustrialización y dependencia.

Con la llegada de Evo Morales, se intentó capitalizar el nuevo ciclo de precios del gas. La renegociación de contratos fue vendida como un gran logro, pero escondía errores estructurales: al vincular los precios a los mercados internacionales, se creó una dependencia peligrosa. Cuando se intentó corregir, el conflicto casi termina con su mandato. Desde entonces, los subsidios se han vuelto insostenibles, y el despilfarro, la desinstitucionalización y la subordinación de los poderes del Estado fueron la norma hasta su renuncia y exilio.

Hoy, bajo la gestión de Luis Arce y el continuismo del MAS, Bolivia experimenta nuevamente la inflación monetaria como reflejo de una crisis estructural profunda. La historia parece repetirse, pero con una nueva capa de sofisticación especulativa: ahora el gobierno experimenta con monedas virtuales y mecanismos de manipulación financiera que sólo agravan la distorsión del tipo de cambio.

Se está hipotecando el futuro. La especulación, el desabastecimiento y la pobreza se han instalado en la vida diaria de los bolivianos. Y sin embargo, se nos ofrece el “carnaval electoral” como si fuera una salida. ¿Será esta la puerta hacia el cambio?

Depende de nosotros. Pero no olvidemos que el fraude electoral sigue latente y el padrón continúa contaminado. Las calles pronto serán escenario de una protesta social creciente, que se intensificará con el avance de la crisis económica. Y, como siempre, los oportunistas buscarán pescar en río revuelto. Somos los arquitectos de nuestro destino. La historia nos ofrece sus lecciones, pero dependerá de nuestra conciencia política y nuestra capacidad de organización si aprendemos de ellas o repetimos, una vez más, el salto al abismo.

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La rápida escalada de la crisis económica en Bolivia ha tenido hasta ahora respuestas desordenadas, parciales y poco efectivas por parte del gobierno. Medidas como la comercialización directa de dólares por el Banco Central, la venta de reservas de oro, los límites a las comisiones bancarias, el aumento de las subvenciones alimentarias, la liberación de las importaciones de carburantes, entre otras, han sido insuficientes para impedir que la inflación real supere el 50%, que la brecha cambiaria alcance más del 100% y que la escasez de combustibles sea permanente.

Ante sus constantes fracasos, el gobierno está avanzando de manera progresiva, hacia una política de racionamiento y control de compras de alimentos y combustibles mediante cupos y restricciones en las ventas que, de generalizarse, podrían llevar al país a un proceso de destrucción del aparato productivo y sometimiento indigno de la ciudadanía.

La más regresiva de estas medidas ha sido la prohibición de exportar granos de soya y productos cárnicos, aunque no es la única. En Cochabamba ya se ha instruido la venta limitada de combustibles hasta Bs 100 por usuario, con requisitos arbitrarios, y la carga en bidones es autorizada individualmente por la ANH. Asimismo, en varias ciudades, la venta de aceite se ha restringido a dos litros por persona, previa presentación de la cédula de identidad; la comercialización de arroz subvencionado se realiza en puntos móviles y ya no en supermercados; y se exige una guía de movimiento para exportar alimentos. Además de estas medidas restrictivas, la población debe realizar las largas colas que, en el caso de los automóviles, pueden durar hasta tres días y alcanzar varios kilómetros; y en la compra de ciertos comestibles, prolongarse por centenas de metros y durar hasta 18 horas.

Estas medidas no son nuevas. En contextos de crisis extrema, escasez de bienes esenciales e hiperinflación, se incrementan los delitos como el acaparamiento, el contrabando o la especulación de precios, y los Estados ineficientes, con débil institucionalidad, tienden a intervenir drásticamente en el mercado, aplicando acciones de racionamiento de alimentos, energía, medicamentos, combustibles y otros bienes esenciales, para intentar controlarlos.

En Venezuela, por ejemplo, se implementó una tarjeta de racionamiento biométrica que establecía límites de compra semanales en supermercados, farmacias y otros comercios. Además, se introdujeron cupos para la carga de gasolina y controles por cédula de identidad para adquirir medicinas y productos de higiene. En Nicaragua, se implementaron tarjetas de venta controlada y persisten restricciones en el acceso a electricidad, combustibles y medicinas. En Argentina, antes del gobierno de Javier Milei, se aplicaron controles de precios, se restringieron importaciones de productos esenciales y se fijaron cupos para los importadores. En Cuba, la libreta de abastecimiento —vigente desde hace décadas— asigna mensualmente raciones limitadas de alimentos y productos básicos por persona.

Las medidas de racionamiento no resuelven las causas estructurales de una crisis, ni siquiera la administran correctamente. Funcionan como paliativos momentáneos para ganar tiempo, pero raramente sientan las bases para una solución de fondo. Sin una estrategia de reactivación de la producción, estabilización macroeconómica y reconstrucción de la confianza, el racionamiento, lejos de mejorar la situación, agrava la pobreza, fomenta la corrupción, aumenta el caos y promueve la conflictividad social.

Sin excepción, estas políticas distorsionan los mercados, provocan escasez de productos, generan sobreprecios en el mercado informal, desalientan la inversión privada y aceleran el deterioro de los servicios públicos. Cuando no se abordan las causas estructurales —como el desequilibrio fiscal, la debilidad institucional o el populismo económico—, se impide el acceso a bienes esenciales, se acelera la pérdida de valor de la moneda y se normaliza la precariedad como forma de vida. Sin controles eficaces, los cupos solo empoderan a los burócratas y profundizan la desigualdad que supuestamente buscan reducir.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a bienes esenciales en tiempos difíciles, pero debe hacerlo sin destruir los incentivos a la producción ni asfixiar al sector privado. Lo esencial es generar condiciones para que los mercados funcionen con reglas claras, previsibles y justas, y que los ciudadanos puedan acceder a lo básico sin depender de una tarjeta, una fila interminable o un código QR.

Nadie se opone a combatir el contrabando, el agio y la especulación. Pero hacerlo mediante cupos arbitrarios y racionamientos generalizados perjudica a todos y solo beneficia a quienes los administran. Si permitimos que en Bolivia estas prácticas se normalicen, estaremos caminando a paso firme hacia el mismo modelo de miseria que ya ha fracasado en tantos otros países.

Ronald Nostas Ardaya Industrial y ex Presidente de la Confederaciónde Empresarios Privados de Bolivia

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Este monto es considerado esencial para abordar la escasez de dólares que afecta la compra de medicamentos y combustibles, así como el aumento de la inflación. Los economistas sugieren que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría facilitar el acceso a estos fondos.

Importancia del monto requerido

Jordán indicó que este monto es equivalente a todo un año de importaciones, mientras se generen las condiciones para exportar agresivamente en el tiempo.

El economista Gabriel Gaite declaró que el nuevo gobierno debe recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para generar liquidez, ya que el país enfrenta una falta de dólares y no hay forma de aumentar la divisa estadounidense debido a una balanza comercial negativa.

“Es decir, más importamos que lo que exportamos. Entonces no hay excedentes como para que aumenten las divisas. Además, las Reservas Internacionales Netas (RIN) están en el suelo, que era la cajita de ahorro de donde se podía sacar dinero, y está agravado por un déficit fiscal en el gobierno, que gasta más que sus ingresos”, aseveró Gaite.

Derecho a ayuda financiera

Jordán consideró que Bolivia, como miembro del FMI, tiene derecho a acceder a ayuda financiera en términos favorables. Sin embargo, advirtió que no será suficiente obtener entre 2.000 y 3.000 millones de dólares debido a la gran demanda de divisas por parte de la población.

“Es preferible tener entre 10.000 y 12.000 millones de dólares de entrada para hacer frente a ese requerimiento de la moneda estadounidense en nuestra economía”, insistió Jordán.

Impacto en la población

La situación económica actual ha derivado en una pérdida del valor adquisitivo del boliviano, afectando directamente a los ciudadanos.

La falta de dólares limita no solo la compra de productos esenciales como medicamentos y combustibles, sino también impacta negativamente en la estabilidad económica general del país.

/KMMN

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Denuncias de Jorge Tuto Quiroga

Jorge Tuto Quiroga utilizó su cuenta de X para expresar su preocupación. En su mensaje, afirmó: “La economía de Bolivia colapsó después de 20 años de masismo. El FMI elaboró y presentó al Directorio, el 2 de mayo de 2025, un informe de nuestra tragedia económica. El Gobierno pidió esconder 28 días la publicación de la dura realidad. Arce: no escondan las cifras, muestren la verdad, ahora”.

Detalles del informe del FMI

El 2 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la revisión del informe del personal del artículo IV de Bolivia para 2025. Este informe detalla que las autoridades necesitan más tiempo para considerar la publicación del documento que fue preparado para su evaluación por el Directorio. Se espera que la decisión final sobre el informe se tome dentro de los 28 días siguientes a la fecha de consideración del Directorio.

Preocupaciones sobre la economía boliviana

La situación económica en Bolivia ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Las cifras presentadas por el FMI reflejan desafíos significativos que enfrenta el país en términos económicos y sociales. La alta inflación y el bajo crecimiento proyectado pueden tener repercusiones directas en la calidad de vida de los ciudadanos.

Demandas de transparencia

Las declaraciones de Jorge Tuto Quiroga resaltan un sentimiento generalizado sobre la necesidad de mayor transparencia en los datos económicos. La solicitud del Gobierno para retrasar la publicación del informe ha suscitado críticas y llamados a una mayor rendición de cuentas. La población espera que se muestren las cifras reales para poder entender la situación económica del país.

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La CNI ha señalado que esta propuesta podría tener efectos negativos tanto para la industria como para los consumidores en Bolivia. Además, advierte que se desestiman observaciones técnicas y que esto podría resultar en un aumento de la inflación, afectando así la economía y el empleo formal.

Falta de consenso previo

La CNI ha destacado que el proyecto de ley se tratará sin haber sido discutido con los sectores que se verán directamente afectados. También se ignora la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable, que ya está vigente y fue elaborada a través de un proceso concertado entre el Estado y el sector productivo. Cabe mencionar que esta ley cuenta con un Decreto Reglamentario que está pendiente desde 2019.

Impacto en el consumidor

Según la CNI, “la implementación del nuevo etiquetado generará costos adicionales que terminarán trasladándose al consumidor final, incrementando la inflación y afectando la economía y el empleo formal”.

En este contexto, el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, ha enfatizado: “Estamos a favor de una alimentación saludable y de brindar información clara al consumidor, pero toda norma debe ser construida de forma participativa y técnica”.

Propuesta de etiquetado claro

La CNI subraya la importancia de establecer un etiquetado que se base en un perfil nutricional claro y accesible. Esto permitiría a los consumidores tomar decisiones informadas. Al mismo tiempo, se busca mantener el principio de seguridad jurídica para las empresas.

En esta línea, la institución sugiere a las autoridades que retomen la última versión del reglamento de la Ley 775, que se posponga el tratamiento del PL 054-24 CS y que se inicie un proceso de concertación.

Ejemplos de colaboración exitosa

Este proceso debería seguir ejemplos exitosos de países como Brasil, Chile y Paraguay, donde el trabajo conjunto entre el gobierno y la industria ha dado resultados positivos. La CNI también ha manifestado su disposición para colaborar en la creación de normas efectivas que incluyan la participación del sector productivo desde su formulación.

Apoyo de otras organizaciones

Otras entidades, como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), así como la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, han expresado una posición similar.

Estas organizaciones también han advertido sobre las implicaciones que esta normativa podría tener tanto para los consumidores como para la economía nacional.

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En su mensaje, Doria Medina explicó que este aumento rompe una barrera fundamental que protegía a los sectores más vulnerables de la inflación. Aseguró que los más afectados por esta situación serán los niños, las mujeres y los ancianos, quienes recibirán menos alimentación debido al aumento del precio del pan.

El candidato también señaló que el incremento generará mayor estrés en las familias y podría provocar descontento social y político debido a las dificultades económicas que se avecinan.

Críticas al gobierno actual

Doria Medina no dudó en criticar al Gobierno del Presidente Luis Arce, mencionando que, a pesar de las promesas del mandatario de no implementar medidas que perjudiquen a la economía popular, la falta de acciones preventivas ante la inflación ha llevado a Bolivia a una nueva espiral de precios. Afirmó que la ausencia de medidas oportunas ha afectado el poder adquisitivo de las familias más vulnerables.

Propuestas para estabilizar la economía

El candidato, que ha prometido estabilizar la economía en los primeros 100 días de su gobierno, resaltó que solo será posible frenar la inflación cuando se produzca un cambio de gobierno. Dijo que el nuevo gobierno debe aprovechar esta oportunidad con medidas “precisas, bien pensadas y bien ejecutadas”. De lo contrario, advirtió que el precio del pan seguirá aumentando en Santa Cruz y afectará a otros productos en todo el país.

Soluciones a la inflación

Doria Medina subrayó que su propuesta para abordar los problemas de inflación y escasez consiste en devolver los dólares a la economía, lo que, según él, resolverá los problemas de oferta y estabilizará los precios.

Además, se comprometió a reducir los gastos estatales en miles de millones para contener la inflación, asegurando que su gestión implementará estas medidas de manera rápida y efectiva.

LDVY

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El estudio, que fue socializado por Unitel, destaca incrementos notables en alimentos y artículos de higiene personal. Por ejemplo, el café ha registrado un alza del 79,36%, mientras que el arroz ha subido un 57,85% en el mismo periodo.

El economista Carlos Arando explicó que “entre los productos que más han subido se encuentran aquellos imprescindibles para los hogares”. También mencionó aumentos en otros insumos esenciales, como el ajo, que ha subido un 60,03%. Las carnes, tanto de pollo como de res, han evidenciado incrementos que oscilan entre el 39% y el 66%.

Inflación acumulada y proyecciones

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que durante el primer trimestre de 2025, la inflación acumulada se ubicó en torno al 5%. Sin embargo, el análisis de Populi muestra que los precios reales que perciben las familias están alcanzando niveles que representan el 66,6% de lo proyectado por el Gobierno en el Presupuesto General del Estado (PGE), que está fijado en una tasa del 7,5%.

Esta diferencia sugiere que la inflación que afecta la economía diaria es mayor que la reflejada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se sitúa en promedio en un 14,63%.

Impacto en hogares vulnerables

Arando destacó que “los hogares de ingresos bajos y medios, que destinan una gran parte de su presupuesto a alimentos y productos de higiene, están sufriendo alzas mucho mayores en comparación con el promedio”. El informe subraya que las categorías más afectadas son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han subido más del 20% anual.

Reconocimiento del Gobierno

Desde el Gobierno se reconoce que los bienes importados son los más perjudicados debido a la falta de dólares. El director del INE, Humberto Arandia, sostiene que la producción nacional tiene una tendencia a precios más bajos.

Impacto en la canasta básica

El análisis también demuestra que los aumentos impactan la canasta básica y repercuten en el derecho a la alimentación de la población boliviana.

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Según reportes de medios locales, en La Paz, la libra del pejerrey, que anteriormente se vendía entre Bs 20 y Bs 25, ahora se ofrece entre Bs 30 y Bs 35. Por otro lado, la trucha mantiene su precio en Bs 25 por libra, mientras que el ispi se comercializa a Bs 15 por libra.

Una comerciante de un mercado paceño indicó a Unitel que los mayoristas les han informado que los precios seguirán aumentando en los próximos días.

Precios en Santa Cruz

En Santa Cruz, la situación no es diferente. En el mercado Los Bosques, la caja de pescado, que anteriormente costaba Bs 400, ha alcanzado este martes 8 de abril los Bs 900.

Entre las variedades que han experimentado un aumento significativo en Santa Cruz está el sábalo. El precio de la pieza mediana, que antes se vendía a Bs 25, ahora llega a Bs 50, mientras que la más grande ha pasado de Bs 50 a Bs 70.

Además, el surubí, importado desde Argentina, ha subido de Bs 40 a Bs 60, y el pacú proveniente de Yapacaní se vende actualmente a Bs 35, lo que representa un incremento de Bs 10 respecto al año pasado.

Aumentos en Cochabamba

Por su parte, en Cochabamba, el mercado también refleja aumentos en los precios de varios tipos de pescado. El tambaquí, por ejemplo, se comercializa entre Bs 30 y Bs 36, con un aumento de entre Bs 2 y Bs 4 en comparación con el año pasado.

El pacú, que se comercializa en cajas, también ha visto una subida considerable de Bs 400 a Bs 800 por unidad, lo que refleja un aumento de hasta el doble en su precio.

Inflación en el país

El aumento de productos se suma al reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que afirmó que el país está atravesando un complicado proceso inflacionario.

De acuerdo a las perspectivas de expertos, en el primer trimestre de 2025, el país llegó casi al 70% de la cifra de inflación proyectada por el Gobierno para todo el año. Esto alimenta la tendencia de que los productos en el mercado sigan subiendo.

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Según Romero, el crecimiento económico será limitado, como lo corroboran las proyecciones de organismos internacionales. El experto señaló que la escasez de combustible y dólares continuará, lo que generará presión inflacionaria y dificultades para los sectores público y privado.

Escasez de combustible y dólares

“Es un hecho que continuará la escasez de carburantes y de dólares; el proceso inflacionario persistirá, mientras no existan los dólares suficientes para todos los agentes económicos. Esto, por ende, significa que la divisa americana estará cara”, afirmó a ANF.

Falta de medidas estructurales

Romero indicó que el Estado no implementará las medidas estructurales necesarias para afrontar la crisis económica. Esto se debe a la prioridad de mantener una imagen popular en un año electoral. Afirmó que el enfoque seguirá siendo el endeudamiento público y el gasto social, sin ajustes profundos que estabilicen la economía.

De acuerdo con el último informe del Fondo Monetario Internacional, Bolivia tendrá un crecimiento proyectado del 2,2% en 2025. Esta cifra es inferior al promedio regional de 2,5%. La inflación, por su parte, alcanzará un 4,2%, lo que profundizará las dificultades económicas del país.

El experto enfatizó que, sin un cambio drástico en la estrategia económica, más personas podrían caer en la pobreza. Esto haría más difícil y costosa la recuperación económica.

Sinergia entre sectores

En ese marco, el analista instó a establecer una sinergia entre el sector público y privado para superar los desafíos actuales. Destacó que continuar con las políticas económicas de la última década agravará la situación.

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Precios excesivos del arroz

“El arroz, hoy (domingo) debería estar costando máximo Bs 300, porque Emapa te vende en Bs 220, es un precio sin generar ganancia. Si ahí le sumas el transporte y las utilidades, el arroz de mejor calidad debería estar en Bs 300, pero está en más de Bs 500. En algunos lugares ha llegado hasta Bs750”, sostuvo el viceministro.

La escasez de arroz, atribuida a factores climáticos que afectan la producción, obligó al país a cubrir la demanda mediante importaciones. Esto se complica por la limitada disponibilidad de dólares, que son necesarios para estos procedimientos.

Medidas del Gobierno

Además, para evitar un mayor impacto en la inflación, el Gobierno implementó medidas como la venta del grano a precio subsidiado a través de Emapa. Sin embargo, la alta demanda agotó rápidamente las existencias, llevando a racionar el producto en cuartillas (4,6 kg) por persona a Bs 55.

Distribución y críticas

Aunque Emapa anunció la distribución directa del arroz en camiones a barrios del país, la falta de un cronograma transparente generó críticas. Vecinos de La Paz denunciaron que muchos barrios no recibieron el grano ni tienen información sobre cuándo llegará.

En respuesta a las irregularidades, la Policía y la Fiscalía intervinieron un depósito arrocero en Montero, Santa Cruz, por presunto agio, tras una denuncia del Viceministerio de Defensa del Consumidor. No obstante, los productores arroceros rechazaron estas acusaciones.

Al respecto, Silva responsabilizó al sector privado del incremento de precios, argumentando que estos priorizan sus intereses económicos sobre el bienestar de la población.

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“El modelo es sólido, pero no se aplicó de forma estricta en el pasado, especialmente en el sector de hidrocarburos. Esto provocó una disminución en la producción de gas y petróleo, lo que ahora intentamos corregir con un plan que dará resultados a mediano plazo”, explicó Montenegro.

Desafíos económicos en 2024

Bolivia enfrenta un escenario complejo en 2024. La inflación ha crecido, impulsada por factores externos e internos como los bloqueos sociales y la inestabilidad en los precios internacionales. Además, la escasez de dólares ha afectado el comercio y las importaciones, mientras que el suministro de combustibles presenta problemas que no se han resuelto del todo.

Montenegro insistió en que el modelo económico boliviano sigue siendo sólido y eficiente. Sin embargo, reconoció que su implementación no ha sido estricta en el pasado, especialmente en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos. En cuanto al aumento de precios, argumentó que no puede atribuirse al fracaso del modelo económico, sino a factores externos y situaciones específicas como los bloqueos sociales que afectaron la distribución de alimentos y productos.

Medidas para garantizar combustibles

Sobre la escasez de combustibles, aseguró que el gobierno ha tomado medidas para garantizar su provisión. Cada semana se destinan 58 millones de dólares a la importación de diésel y gasolina, lo que representa un gasto que asciende a 2.900 millones de dólares para 2025.

“Los analistas dicen que no hay dinero, pero seguimos importando combustibles. Esto no es casualidad, es gestión del gobierno”, afirmó Montenegro. También destacó que se están llevando a cabo operaciones financieras en el marco de la Ley Financiera 2024 para asegurar los recursos necesarios y mantener la estabilidad en la provisión de combustibles.

Participación del sector privado

En un contexto de escasez, el gobierno permitió que el sector privado participe en la importación y comercialización de hidrocarburos. Sin embargo, advirtió que esta medida no sustituye el papel central de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la logística y distribución de combustibles. “La experiencia acumulada por YPFB en la importación y manejo de hidrocarburos es clave. El sector privado tendrá que demostrar si está a la altura de cumplir con las necesidades del país”, afirmó.

Críticas al modelo económico

Montenegro defendió nuevamente el modelo económico social comunitario productivo implementado por el Gobierno ante las críticas sobre su agotamiento o ruptura. Argumentó que no se puede echar la culpa al modelo por la baja en la producción de hidrocarburos porque anteriormente no fue implementado en su integridad.

“El modelo económico social comunitario productivo tenía un esquema muy sencillo, pero potente para reproducir el sistema: que los excedentes se reinviertan en la industrialización y, obviamente, en seguir buscando mayores reservas. ¿Eso se ha aplicado? No. ¿Es falla del modelo? No. Es falla de la aplicación”, dijo.

Fallas en la aplicación del modelo

Aseveró que no se ha seguido el plan marcado por Carlos Villegas para la exploración de hidrocarburos; esto ha llevado al deterioro de los campos y a una baja producción. “No podemos decir que ha fallado algo si no se ha aplicado estrictamente en su integridad; por lo tanto, si ha habido aquí una falla humana o un fallo de las autoridades, no le podemos echar la culpa al modelo económico”, recalcó.

Aseveró también que con Luis Arce en la presidencia se retomó el plan del modelo económico y existen resultados positivos como el pozo Mayaya. Respecto a la apertura de la importación de combustibles, manifestó que YPFB ya tiene esa experticia y “debería ser nomás” quien esté encargada de esta logística.

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La reunión está programada en Lauca Ñ, una población del Trópico de Cochabamba, que es considerada el bastión político y sindical de Morales. A este encuentro asistirán legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que son afines al exmandatario, así como alcaldes, dirigentes y exdirigentes del partido. El objetivo es acordar acciones frente al Gobierno actual.

Contexto de inhabilitación

El dirigente campesino Omar Ramírez comentó este jueves a EFE que el encuentro servirá “para que se tome un rumbo hacia las próximas contiendas electorales”. Esto ocurre después de que un fallo constitucional ratificó la inhabilitación de la candidatura presidencial de Morales y otro que lo apartó del liderazgo del MAS, tras casi 30 años en el cargo.

A pesar de estas decisiones, Morales sostiene que está habilitado para ser candidato y continúa considerándose líder del MAS. Él argumenta que las sentencias fueron emitidas por magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que él considera “ilegales”, ya que se prorrogaron un año en sus funciones.

Errores políticos y movilización

Ramírez también mencionó que en los últimos meses se cometieron “algunos errores políticos”. Por ello, considera necesario que el nuevo escenario de “lucha” se establezca a partir de las sugerencias que los sectores sociales propongan en la reunión del viernes. El dirigente opinó que un “error grave” fue “seguir el juego” de Arce durante el reciente bloqueo de caminos que duró 24 días. Este bloqueo se levantó a cambio del diálogo que ofreció el Gobierno, pero que finalmente no prosperó.

Bloqueos y persecución política

Los partidarios de Morales llevaron a cabo bloqueos de caminos durante 24 días para exigir al Ejecutivo que retirara los procesos judiciales por estupro y trata de personas en contra del exmandatario. Ellos consideran que estas acciones son parte de una persecución política.

Ante esta situación, el Gobierno ha denunciado intentos de desestabilización por parte de los seguidores de Morales. La Policía desbloqueó las carreteras, lo que resultó en la captura de un centenar de personas durante enfrentamientos que dejaron heridos tanto entre policías como entre periodistas.

Diferencias entre líderes oficialistas

Además, Arce y varios de sus ministros han señalado que Morales intenta acortar el mandato del presidente con la intención de regresar al poder. Ramírez también expresó que “tenemos que movilizarnos” debido a los problemas económicos que enfrenta Bolivia.El dirigente remarcó que “ante tanta opresión, ante tanta devastación de la economía, ante tantos hechos de corrupción, el pueblo boliviano está obligado a movilizarse”.

Protestas en La Paz

En esta jornada, cientos de gremiales se movilizaron en La Paz para exigir al Gobierno medidas efectivas contra el aumento de precios de los alimentos y la falta de dólares. Estas protestas han sido constantes en varias ciudades de Bolivia. Las diferencias entre Arce y Morales, quienes se han distanciado desde finales de 2021, se han agudizado en las últimas semanas. Esto se debe a las pugnas internas entre ambos líderes oficialistas respecto a las decisiones de Gobierno, el control del MAS y la candidatura presidencial de ese partido.

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Defensa de la gestión económica

“No hay una inflación así galopante, eso ustedes lo saben bien”, enfatizó Torrico. Calificó de “exageración” las afirmaciones de los manifestantes que sostienen que gastar 1.000 bolivianos hoy es equivalente a haber gastado 100 bolivianos en el pasado, debido al encarecimiento de la canasta familiar.

Torrico denunció que hay intenciones de difundir la idea de que el alza de precios está “galopando”, pero considera que eso no es cierto. Afirmó que, como corredor de bolsa, suele visitar el mercado y ha podido observar que, aunque algunos productos suben de precio, otros bajan. Atribuyó la situación de los precios a problemas como fenómenos naturales, sequía e inundaciones.

Factores externos en el alza de precios

En relación con el aumento de productos importados, el viceministro señaló que esos precios ya vienen incrementados desde el exterior. Torrico aseguró que el modelo económico que implementa el Gobierno no se ha agotado, sino que está vigente y hasta fortalecido, aunque reconoció que los beneficios tardarán en materializarse.

“El modelo está fortalecido. El tema es que son tiempos de adecuación, son tiempos para que nosotros podamos tener la ganancia de lo que hemos construido. Por eso hablamos de un tiempo de cosecha. Hemos venido sembrando y ahora tenemos que recoger los frutos, pero los frutos todavía van a tardar”, explicó.

Transición hacia la industrialización

Torrico detalló que el modelo comenzó con la nacionalización y se está dando un salto hacia la industrialización, con iniciativas como el impulso a las plantas de química básica. Sin embargo, reconoció que hay plazos que no se han cumplido a tiempo.

Como ejemplo, mencionó que las ventas del mutún se realizarán a finales de diciembre y que, en el caso del litio, si la Asamblea aprueba el contrato enviado, se espera la primera venta en marzo.

Impacto en la población

En sus declaraciones, Torrico también abordó cómo estos cambios económicos están relacionados con procesos históricos del país y cómo afectan directamente a la población en términos del costo de vida y acceso a productos básicos.

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Militarización de fronteras

“Hemos instruido a las Fuerzas Armadas a militarizar las fronteras, a que no dejemos que salgan productos nacionales; todavía hay normativas que estamos sacando gradualmente para endurecer el control en las fronteras”, dijo el jefe de Estado.

El anuncio se dio durante los 73 años de aniversario de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (Cgtfb). Arce señaló que Bolivia en la actualidad está pagando las consecuencias de haber tenido una buena estabilidad de precios durante los últimos años.

Solicitan militarización

Más temprano, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, informó que el Comité de Seguridad Alimentaria solicitó la militarización en fronteras con Perú, Brasil y Argentina para contrarrestar el contrabando a la inversa.

Desde hace varias semanas, varios productos como el arroz, el huevo, el fideo, la carne de res o de pollo comenzaron a incrementar sus costos en los centros de abastecimiento, lo que está afectando la economía de la población.

Productos en contrabando

El arroz, el fideo, el aceite, la carne de res, de pollo o el ganado en pie son algunos de los productos más frecuentados del contrabando a la inversa. En Bolivia, estos son comprados a precios bajos y luego vendidos en países vecinos como Perú, Brasil y Argentina a precios más elevados.

Consecuencias para Bolivia

“Tenemos que endurecerlos como bolivianos porque, hoy por hoy, gracias a nuestra producción de alimentos, muchos países vecinos están aprovechando y están viviendo de ese costo de producción bajo”, añadió el Presidente.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a septiembre de este año, Bolivia acumuló una inflación de 5,53%, una de las cifras más altas de los últimos años, mientras que la proyección del Gobierno era terminar este año con el 3,6%.

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Según la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, hasta julio de 2024, los aportes de los trabajadores y sus rendimientos han experimentado una reducción del 41,9% en dólares estadounidenses.

Preocupación por la pérdida de valor de los ahorros

Gonzalo Melgar, quien caminó desde Santa Cruz a La Paz en 2021 para promover una ley que permita la devolución de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lamenta que a medida que el boliviano se devalúa frente al dólar, los ahorros pierden valor.

Inflación y salarios insuficientes

Sócimo Paniagua, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, señala que con una inflación de la canasta básica superior al 10%, los salarios no son suficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores.

Incremento de recursos y rentabilidad en la Gestora

Moisés Murillo, gerente Nacional de Inversiones de la Gestora, informa que los Fondos de Pensiones transferidos a la Gestora alcanzaron un monto de 164,9 mil millones de bolivianos y un rendimiento del 2,76%. A julio de 2024, los recursos se han incrementado tanto por los rendimientos de las inversiones como por los aportes de los trabajadores, llegando a un total de 184,6 mil millones de bolivianos y una rentabilidad del 4,2%.

Recomendaciones de expertos en finanzas

Jaime Dunn, economista y experto en finanzas, destaca la importancia de mantener la rentabilidad de los ahorros por encima de la inflación. Recomienda invertir al menos el 50% en mercados financieros internacionales para proteger el poder adquisitivo.

Criticas a la falta de medidas para estabilizar el precio del dólar

Roger Banegas, economista, critica la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno para estabilizar el precio del dólar en el país. Además, señala que el mercado cambiario paralelo se ha vuelto inestable.

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El arzobispo ha manifestado su preocupación por la situación económica del país, indicando que los signos de crisis son evidentes en el día a día de los ciudadanos. Además, ha cuestionado el déficit fiscal estimado por el Gobierno para este año, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad financiera tanto a nivel familiar como estatal, según reportó Erbol.

Indicios de una economía en problemas

“Si alguien ha ahorrado en dólares, que le devuelvan bolivianos es una estafa. Y creo que estos son indicios de que nuestra economía no está bien”, enfatizó Centellas. El arzobispo ha hecho hincapié en la importancia de una visión objetiva y realista por parte del Gobierno para abordar los problemas económicos de Bolivia.

Medidas correctivas necesarias

El arzobispo Centellas ha instado a tomar las medidas correctivas necesarias para evitar un empeoramiento de la situación actual y detener el crecimiento de la crisis económica que afecta al país. Es fundamental que se tomen acciones para garantizar la estabilidad financiera tanto a nivel familiar como estatal y evitar un mayor impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos bolivianos.

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A pesar de los informes de desabastecimiento de carburante y el aumento en el precio de los productos de la canasta familiar en algunas regiones de Bolivia, el Presidente Arce afirmó que el Estado no se encuentra en crisis en comparación con otros países de la región. Según él, esta nueva edificación del BDP es un ejemplo del avance y desarrollo que está experimentando Bolivia.

Factores que afectan la economía boliviana

El mandatario atribuyó los problemas económicos del país a la crisis internacional, la cual considera que es muy complicada para todos los países. Además, mencionó un “boicot económico” por parte del Legislativo al no aprobar leyes crediticias que podrían impulsar el crecimiento económico.

Compromiso del gobierno y el BDP

A pesar de los desafíos, el Presidente Arce aseguró que el gobierno y el BDP no se rendirán y seguirán trabajando para generar el crecimiento económico necesario para el pueblo boliviano. Destacó que Bolivia está siendo observada por el mundo, ya que los efectos de la crisis internacional no están teniendo un impacto significativo en el bolsillo de los ciudadanos.

Bolivia y la inflación

El mandatario resaltó que Bolivia tiene una baja inflación en comparación con otros países de la región. Según datos del primer trimestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el país alcanzó el 0,74%. Esto posiciona a Bolivia como el segundo país con menos inflación en toda la región.

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De acuerdo al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, el Gobierno boliviano tiene perspectivas propias y después de experimentar una disminución económica del 9% en 2020, se registró un crecimiento del 6.1% en 2021 y se espera un crecimiento del 3.2% en 2022.

Además, este año se prevé un crecimiento del 4.86%, según varios indicadores económicos establecidos en el Programa Fiscal Financiero firmado con el Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con los datos publicados por el Gobierno, recogidos por el Banco Mundial, se estima que Paraguay tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.8%, Ecuador del 2.6% y Bolivia del 2.5%.

Por otro lado, Perú tendrá un crecimiento estimado de 2.2%, Uruguay de 1.8%, Colombia de 1.7%, Brasil de 1.2%, Argentina una disminución económica estimada en -2% y Chile una disminución económica estimada en -0.4%.

Mamani mencionó que Bolivia tiene la tasa más baja de inflación acumulada al mes de mayo (0.65%) frente a otros países como Venezuela con una inflación alta (86.7%), Argentina con un registro inflacionario alto también (32%), Colombia con una inflación acumulada al mes de mayo registrada en el informe internacional de 5.4% y Uruguay con una inflación acumulada al mes de mayo del 4.3%.

El viceministro explicó que estos datos demuestran claramente que Bolivia tiene estabilidad de precios y una economía estable, lo cual se debe a aspectos relacionados con la inversión pública.

Para este año, se prevé una inversión de 4.6 millones de dólares, destinando el 4.2% al fortalecimiento del sector productivo.

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“La economía está mejorando, pero los medios de comunicación locales no reconocen ese crecimiento y lo que estamos haciendo, pero sí quienes reconocen son los medios de comunicación internacionales”, señaló el mandatario boliviano.

Varios medios estatales afirmaron que cadenas internacionales como la BBC, “The Economist Intelligence Unit”, “Trading Economics”, “Lumberth” y otros ratificaron que el país tiene menos inflación en toda la región, ante los efectos mundiales por la guerra entre Rusia y Ucrania, también con la pandemia a causa del coronavirus.

El Jefe de Estado reiteró que el país vuelve a los principales sitiales del mundo, donde ahora se habla de la economía debido a las políticas implementadas de manera urgente desde noviembre de 2020, según indicó Eju.

“Cuando llegamos al Gobierno no teníamos plata, estábamos endeudados, pero hicimos lo que sabemos hacer, como ustedes, desde jóvenes y niños, trabajar. Hoy, la economía tiene avances positivos, estamos avanzando poco a poco y gradualmente lo van sintiendo los bolivianos”, destacó.

También mencionó las manifestaciones de los sectores sociales durante el 2020 para exigir la realización de las elecciones generales y en contra del Gobierno de transición de Jeanine Áñez.

“Gracias a todo lo que hicimos, vemos en el horizonte un futuro más prometedor, y eso es gracias a ustedes, a la lucha del pueblo boliviano, por eso la economía mejora, hermanos, hermanas”, exclamó Arce.

Obras color azul

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció también que el Gobierno nacional entregará más obras y no traicionará los principios, ni el mandato del pueblo.
“Todos los días estamos entregando obras (…) el Gobierno sigue entregando obras color azul, como el corazón del pueblo es azul y eso quedó claro no solamente en las calles, sino en las urnas”, afirmó María refiriéndose al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Asimismo, aseguró que aunque algunos sectores y autoridades les pese, el Gobierno nacional seguirá entregando obras color azul, reflejado en las elecciones de 2020.

“Estamos firmes flameando nuestras banderas azules, blanco y negro, orgullosos y orgullosas de ser masistas, de militar en el instrumento político más grande de la historia del país. Nosotros no vamos a traicionar los principios del pueblo”, manifestó la Ministra en su discurso.

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Además, el informe proyectó un crecimiento de la economía boliviana del 2,8 % en 2023 y un 2,7% en 2024, mientras que a nivel regional la entidad bancaria estima una mejora del 2,3% en 2022 y un 2,2% en 2023.

El organismo internacional manifestó que el crecimiento económico de la región permite de alguna manera a la mayoría de los países revertir aquellas pérdidas registradas en la pandemia, sin embargo, advirtió que las proyecciones del crecimiento están entre las más bajas del mundo y en medio de incertidumbres.

Entre los factores negativos para recuperar la economía mundial está la aparición de nuevas variantes de coronavirus, el conflicto de Rusia con Ucrania y el aumento de la presión inflacionaria.

“Nos encontramos en un entorno mundial de gran incertidumbre, que podría impactar en la recuperación pos pandemia”, afirmó el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo según publicación de Correo del Sur.

Asimismo, el economista Germán Molina manifestó estar de acuerdo con la proyección de crecimiento del 3,9 por ciento para 2022 que hizo el Banco Mundial; por otro lado, el especialista consideró que es poco probable que el PIB crezca al 5,1 por ciento como lo prevé el Gobierno nacional en el Presupuesto General del Estado y el Programa Fiscal Financiero.

Molina indicó que los últimos datos oficiales muestran que en el tercer trimestre de 2021 crecieron solo siete de los 11 sectores que formaron la economía nacional; también afirmó que Bolivia tiene una constante reducción en sus exportaciones de gas y las de minerales sólo suben en valor.

En este contexto, el analista consideró que el país no podría alcanzar un crecimiento económico superior al cuatro por ciento.

De esa manera, el economista también añadió que otro factor que resta posibilidades de alcanzar una mayor tasa de crecimiento, es la falta de financiamiento para inversión pública, porque el Gobierno proyectó destinar en 2022 más de 5.000 millones de dólares para este fin, pero no logró conseguir la totalidad del financiamiento.

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El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Ibo Blazicevic, dijo que Bolivia importa láminas de aluminio como latas en diferentes tamaños en relación a las necesidades de cada industria.

Añadió que este insumo se utiliza para envasar refrescos gaseosas, cerveza y diferentes alimentos enlatados jugo frutas y todo tipo de conservas. El precio alto del aluminio tendrá un impacto directo sobre los bienes de capital, equipos, maquinaria y automóviles, que se encarecerán.

“Dependemos de la importación de láminas y latas elaboradas y el precio que está en niveles máximos afecta los costos y va a encarecer el proceso productivo, va a tener su impacto y de eso no hay duda”, puntualizó.

Debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se prevé problemas en toda la cadena logística de suministros, demora en los embarques de materias primas, bienes intermedios y se teme que esto provoque un colapso.

Bolivia importa aluminio en bruto de China, Hong Kong, Estados Unidos y Brasil. En 2020 las compras llegaron a 359.439 dólares, el año pasado a 131.191 dólares y este año a 7.457 dólares, de acuerdo con datos oficiales elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Para el presidente de la CNI, el alza de precios de estos productos o el trigo y la harina pueden generar un proceso inflacionario.

Según BBC Mundo, Rusia es uno de los mayores proveedores mundiales de metales que se utilizan en todo tipo de productos, desde latas de aluminio hasta cables de cobre y componentes de automóviles. Es el cuarto exportador global de aluminio y es uno de los cinco principales productores mundiales de acero, níquel, paladio y cobre.

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