La emisión de estas certificaciones se realizó tras una reunión de coordinación interinstitucional que tuvo lugar en Sucre, donde participaron el TSJ y la Dirección General de Régimen Penitenciario. Germán Villasante, abogado de la administración penitenciaria, comentó que se estableció un mecanismo para acelerar la entrega de los documentos y así evitar retrasos en el sistema judicial. Este primer grupo de certificaciones permitirá iniciar la recepción y el procesamiento de las carpetas en los juzgados de ejecución penal.

Solicitudes acumuladas

La publicación de esta nómina responde a las solicitudes que se han ido acumulando desde que se promulgó el decreto en octubre de 2025. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, hasta el 31 de diciembre de 2025, ninguna persona había podido acceder al beneficio, a pesar de que la norma estaba vigente. Además, se registraban más de 3.000 solicitudes pendientes en el Órgano Judicial.

Verificación de requisitos

Por otro lado, el director de Régimen Penitenciario en Santa Cruz, Mauricio Romero, indicó que después de esta primera etapa, se continuará con la verificación de los requisitos durante los meses restantes de vigencia del decreto, que se extiende hasta octubre de 2026. Las proyecciones de las autoridades penitenciarias estiman que entre 2.500 y 3.500 personas podrían beneficiarse con esta medida a nivel nacional.

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El mandatario explicó que la norma establece los criterios, requisitos y pasos necesarios para acceder a este beneficio. Se aplica a quienes tengan una sentencia ejecutoriada al momento de la publicación o la obtengan durante la vigencia de la norma, que se extenderá por un año. Además, Arce destacó que la medida también busca aliviar la presión sobre los internos que aún están a la espera de la revisión de sus procesos judiciales.

Criterios para el indulto

Según lo dispuesto, podrán recibir indulto los reclusos con condenas de hasta diez años sin necesidad de haber cumplido parte de la pena. También podrán acceder quienes tengan sentencias de hasta 12 años y hayan cumplido al menos un tercio de la condena, así como aquellos con penas de hasta 15 años que hayan cumplido la mitad de la sentencia. Esta graduación permite abarcar distintos niveles de condena y favorece la reducción gradual del hacinamiento.

Exclusiones del beneficio

No obstante, quedan excluidos del beneficio los delitos que no admiten indulto, los casos en grado de tentativa y las personas que ya recibieron amnistías o indultos en los últimos 5 años. Tampoco se otorgará a quienes hayan cometido crímenes graves como genocidio, terrorismo, feminicidio, asesinato, parricidio, infanticidio, trata de personas, corrupción, secuestro, tráfico ilícito de armas, acoso o violencia política. Esto incluye los casos donde las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad.

Situación actual en las cárceles

La Defensoría del Pueblo alertó que hasta julio había más de 33.000 privados de libertad en el país, y que más del 55% de ellos se encuentra en detención preventiva sin sentencia. Este uso excesivo de la detención preventiva contribuye de manera significativa al hacinamiento. Por lo tanto, la entidad destacó la necesidad de aplicar medidas urgentes para garantizar derechos, seguridad y un manejo adecuado de los centros penitenciarios.

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