Confirmación de la información

La información fue confirmada por el director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Mauricio Romero. Esta confirmación se dio tras una reunión de coordinación que tuvo lugar este martes 6 de enero de 2026, con autoridades judiciales en la ciudad de Sucre.

Decreto presidencial 5460

Según Romero, la entrega de estas certificaciones permitirá iniciar los trámites inmediatos para los primeros beneficiarios del decreto presidencial 5460, que fue emitido en octubre de 2025 y tiene una vigencia de un año.

En este contexto, la autoridad mencionó que se estima que aproximadamente 3 millones de privados de libertad a nivel nacional podrían acogerse al indulto hasta octubre de 2026, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Verificación de procedimientos

El director de Régimen Penitenciario explicó que en los próximos meses se continuará con la verificación de los procedimientos y la identificación de las personas que cumplen las condiciones para acceder al beneficio. Este proceso incluye la revisión individual de cada caso, considerando el tipo de delito y la conducta mostrada durante el tiempo de reclusión.

Criterios para el indulto

Entre los criterios definidos para la aplicación del indulto se encuentran la exclusión de delitos relacionados con la Ley 1008, así como delitos contra la vida y delitos sexuales. También se tendrá en cuenta que los privados de libertad hayan demostrado buena conducta durante su permanencia en los centros penitenciarios.

Procedimientos abreviados

Romero añadió que las personas que se acojan a procedimientos abreviados y tengan condenas menores a 10 años también podrán beneficiarse del indulto dentro del plazo de vigencia del decreto. Esto se llevará a cabo conforme avancen las evaluaciones y trámites administrativos correspondientes.

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Durante su intervención, Arce explicó que el 25 de septiembre, el Presidente Luis Arce emitió el Decreto Presidencial 5460. Este decreto establece un indulto para miles de personas que se encuentran en prisión, especialmente aquellas que tienen penas de 10 años o menos.

“Este decreto busca descongestionar las cárceles del país, que están gravemente afectadas por el hacinamiento y las malas condiciones de salud de muchos internos”, afirmó la senadora. Los beneficiarios del indulto deberán cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, aquellos con una condena de 12 años deben haber cumplido al menos un tercio de su pena, mientras que los que tienen 15 años de condena deben haber cumplido la mitad.

No se beneficiarán del indulto aquellas personas condenadas por delitos graves, como genocidio, feminicidio, trata de personas y otros delitos violentos.

Problemas en el sistema de detención

Además, Arce destacó la problemática existente en el sistema de detención preventiva. Muchos privados de libertad permanecen en prisión durante largos períodos sin haber recibido una sentencia definitiva. La senadora hizo hincapié en la necesidad de revisar la situación de las personas que siguen en detención preventiva, a pesar de haber cumplido sus condenas.

Arce pidió a las autoridades judiciales que tomen acciones para garantizar un trato justo para todos los internos.

Otros proyectos de ley

En otro tema, la senadora Arce se refirió al proyecto de ley que propone la suspensión temporal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También habló sobre los debates en torno a un posible juicio de responsabilidades contra los magistrados constitucionales.

Arce expresó su desacuerdo con una iniciativa legislativa que sugiere prolongar el mandato de algunos magistrados, considerándola inapropiada en el contexto de los principios constitucionales del país. Afirmó que, aunque los magistrados han sido clave en el ejercicio de sus funciones, aquellos que han incumplido la Constitución deben ser juzgados por la vía ordinaria, como cualquier ciudadano, y no a través de un juicio de responsabilidades.

Investigación sobre fraude electoral

Respecto a la creación de una comisión mixta para investigar el fraude electoral, Arce mostró su postura de respeto hacia los resultados de las urnas. Esto es a pesar de las denuncias de irregularidades en los últimos comicios. Aseguró que la voluntad popular debe prevalecer y que, en su opinión, cualquier investigación de fraude debe basarse en pruebas claras y no en politiquería.

La senadora aclaró que no será ella quien decida sobre la conformación de la comisión, ya que esta es una decisión que corresponde a la Asamblea Legislativa, compuesta por senadores y diputados.

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Lima destacó que la decisión sobre el indulto depende del Presidente y debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Recordó que, según el sistema penal boliviano, la acción penal se extingue a los tres años de iniciado el proceso. Sin embargo, hay casos que se prolongan por más de 27 años, y algunos de ellos han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Postura en redes sociales

La exautoridad se pronunció sobre este tema en sus redes sociales, días después de haber mencionado la posibilidad de indulto para los exlíderes cívicos. “Solo debo precisar que en Bolivia, conforme al artículo 172 numeral 14 de la Constitución, esta atribución del Presidente debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa y que, de acuerdo al informe GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es posible dictar esta medida en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó Lima.

Situación de los privados de libertad

En Bolivia, hay 32.000 personas privadas de libertad, de las cuales el 70% se encuentra en detención preventiva. Lima también expresó: “Esperemos que pronto el sistema interamericano corrija las graves distorsiones al debido proceso que se dan en nuestro país”.

Reconciliación y pacto social

Anteriormente, Lima había señalado que si se busca reconciliarse con un pacto social, como el que planteó el Presidente Luis Arce, lo más adecuado sería otorgar un indulto a Camacho, Pumari y Áñez.

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Lima argumentó que este gesto podría ser un acto de reconciliación. Destacó que en momentos clave de la historia de un país, se deben considerar estas figuras legales para promover la paz y la unidad entre los ciudadanos.

Cierre de enfrentamientos políticos

En una entrevista con la radio Fides, Lima afirmó que un indulto o amnistía sería apropiado para cerrar el capítulo de enfrentamientos políticos. Esto es especialmente relevante después de la crisis de 2019, en la que Áñez, Camacho y Pumari enfrentan procesos judiciales.

Al ser consultado sobre si se refería a los tres, Lima confirmó su respuesta, dejando claro su apoyo a la idea de un indulto o amnistía para estas figuras políticas.

Pacto social por el Bicentenario

Por su parte, el Presidente Luis Arce, el 18 de enero de 2025, propuso un gran pacto social por el Bicentenario. En su discurso, invitó a los bolivianos a dejar atrás las diferencias políticas y trabajar juntos por la unidad y la paz en el país.

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La víctima, madre de dos hijos, rompió la relación hace cinco años debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos que sufrió durante una década. A pesar de que su agresor fue condenado a 15 meses de cárcel, aún no ha cumplido la pena y ha solicitado el indulto al Gobierno.

El agresor ha utilizado su cambio de sexo como una estrategia para seguir acosando a la mujer. Aunque viven separados, él ha logrado acercarse a su casa en varias ocasiones para agredirla, siendo la última vez hace poco más de un mes. La víctima declara que vive con miedo constante y que nadie comprende la angustia que experimenta.

Historia de violencia y denuncias

El abogado de la mujer explica que ella ha denunciado los malos tratos sufridos en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2014, se le concedieron órdenes de protección frente a su agresor, pero él las ha quebrantado en numerosas ocasiones. En 2019, fue condenado a 15 meses de prisión por quebrantamiento de condena y amenazas. Anteriormente, ya había estado 18 meses en la cárcel por maltratos a otra pareja.

A pesar de que una sentencia firme ordenó su ingreso inmediato en prisión el 11 de septiembre de 2023, el agresor ha logrado evitarlo gracias a una petición de indulto. Además, poco antes de recibir esta sentencia, formalizó su cambio de sexo, lo que ha complicado el proceso judicial.

La ley trans y sus implicaciones

La conocida como ley trans en España establece que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la ley contra la violencia de género. Sin embargo, si la agresión se produce después del cambio de sexo, se considerará violencia doméstica.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se perseguirá a quienes utilicen la ley trans para evadir el castigo que establece el ordenamiento jurídico para los maltratadores de la violencia de género. Aunque estos casos representan un porcentaje ínfimo, se tomarán medidas para evitar el fraude de ley.

La lucha por la protección y la justicia

La víctima ha presentado evidencias en forma de vídeos y audios que demuestran el acoso que sufre por parte de su expareja. Sin embargo, se siente desprotegida y cuestiona por qué debe cambiar su vida para evitar a su agresor, en lugar de contar con una autoridad competente que se encargue del caso.

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“Mi padre y yo hemos decidido que él será el candidato presidencial”. Con ese escueto mensaje a través de su cuenta oficial de X, Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular, confirmó que su padre, el célebre dictador de los noventa en el Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, volverá al ruedo electoral para afrontar la campaña presidencial de 2026.

Alberto Fujimori, extraditado de Chile en 2007 después de renunciar a la presidencia del Perú acorralado por los escándalos de corrupción y derechos humanos de su mandato, estuvo preso 14 de los 25 años que comprendía su condena impuesta en 2009 por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros.

En la Navidad de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió un mensaje a la nación en el que argumentó razones humanitarias y de salud para indultarlo. Aunque se consumó el indulto, en 2018 el Poder Judicial lo declaró inaplicable luego de que los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpusieran un recurso aduciendo un “pacto político” para su liberación, y se procedió a su encarcelamiento.

Cuatro años más tarde, el indulto fue restituido por el Tribunal Constitucional, pero nuevamente se truncó por una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender sus efectos. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó ejecutar el indulto, lo que no fue observado por la actual presidenta, Dina Boluarte.

Desde entonces, el expresidente Alberto Fujimori ha informado de que padece de fibrilación auricular paroxística, fibrosis pulmonar y cáncer en la lengua. Varios de sus voceros indicaron en medios de comunicación que debía recibir libertad porque estaba viviendo sus últimos años.

El anuncio de su candidatura fue acompañado de un video editado, en el que se consigna un pasaje de una entrevista que su hija, Keiko, ofreció en los últimos días a un programa televisivo del canal Willax TV, donde relata palabras de su padre, quien, asegura, le confirmó que quiere “regresar a la arena política”, a pesar de los “riesgos” que ello implica.

“Yo miraba el brillo de sus ojos y decía: «Sí, pues, él va a hacer política toda su vida» […] Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta”, continuó.

El 20 de junio, Alberto Fujimori había comunicado también por intermedio de X su afiliación a Fuerza Popular, el partido fujimorista de la época actual, formado desde el 2010 en reemplazo de Fuerza 2011, que antes fue Alianza Para el Futuro, coalición que agrupó a los movimientos que él creó durante su régimen dictatorial, Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Desde aquel momento comenzó a tomar fuerza el nombre de Alberto y no de Keiko como representante del fujimorismo en el próximo balotaje, ya que la normativa electoral en el Perú exige que el candidato presidencial esté inscrito en la organización política en la cual desea postular. El plazo tope para afiliarse venció el pasado 12 de julio.

En los últimos tres procesos electorales democráticos del país, Fuerza Popular, con Keiko a la cabeza, ha alcanzado la segunda vuelta electoral pero siempre ha perdido. Ocurrió en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 contra Pedro Castillo. El voto antifujimorista, que representa a un importante sector de la izquierda peruana, focalizado sobre todo en el sur andino, ha triunfado por estrecho margen.

En todos esos comicios, tras los cuales el fujimorismo obtuvo una importante mayoría parlamentaria, los sondeos de opinión han concluido que la fuerza del voto fujimorista radica en la recordación de los logros del fujimorato, entre 1990 y 2000, y no en las bases y estructura del partido naranja conseguidas por Keiko.

La confirmación de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori en 2026 ha traído consigo cuestionamientos sobre la legalidad de su postulación, en vista que la Constitución del Perú establece que cualquier persona sentenciada por un delito doloso no puede postular a cargos de elección popular, y él, aunque indultado, mantiene su condena.

Abogados penalistas y constitucionalistas han referido que el indulto no implica amnistía, y que, además, Alberto no ha pagado la reparación civil de S/57 millones que debe al Estado, requisito para que la justicia nacional lo acredite formalmente como rehabilitado y hábil para aspirar a cargos públicos.

Desde la otra orilla, su abogado, Elio Riera, ha respondido que Alberto “no tiene ninguna limitación jurídica” para postular a la presidencia porque “el indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos”. Ha señalado, también, que la ley que impide que un condenado por delito doloso postule a cargos de elección popular se aprobó luego de la condena de Fujimori, y no se puede aplicar de manera retroactiva.

¿Cómo un paciente oncológico de 85 años puede recuperar vitalidad para postular a la máxima magistratura de un país? Riera asegura que, al ser liberado, Fujimori ha experimentado “una mejoría”. En este momento, finalizó, se encuentra “médicamente estable”. ¿Milagro o cuento?

Lo cierto es que, de momento, Alberto Fujimori será uno de los, probablemente, cincuenta candidatos presidenciales que tendrá el Perú en menos de dos años. Se avecina una campaña política en la que existen ya 30 agrupaciones inscritas para participar de la lid, y 20 más en proceso de hacerlo. Con una legislación vigente que no fomenta la formación de alianzas, la polarización podría conducir a que pasen a segunda vuelta aspirantes al Palacio de Gobierno con menos del 10% de votos. A eso apunta el fujimorismo.

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El objetivo del decreto, elaborado con el Ministerio de Gobierno, es evitar que existan menores de edad viviendo en los recintos penitenciarios junto a sus familias. Las posibles beneficiadas con este indulto serían madres quienes no cometieron delitos graves o se encuentren en situación de vulnerabilidad.

“Existen 60 niños en cárceles de mujeres en todo el país y estamos revisando cada caso. Ya se ha identificado más de 20 casos, casi 30, de los cuales va a proceder el indulto, pero queremos ser amplios, revisar todos los casos y eventualmente otorgar un indulto que permita que en las cárceles del país no tengamos niños”, afirmó Lima.

Además señaló que el beneficio será por decreto, y luego deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa y adelantó que en este mes del Niño también se harán cambios importantes en el Código del Niño, Niña y Adolescente.

Lima Recordó que en 2006 había cerca de 1.300 menores en las diferentes cárceles del país y ahora solo hay unos 60.

Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los menores de edad solo pueden permanecer con sus madres desde recién nacidos hasta los seis años, posteriormente salen para convivir con otros familiares o son acogidos en casas hogares.

El decreto sobre indulto se encuentra en etapa de revisión y luego será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se espera pueda ser aprobado hasta fin de mes, manifestó Lima.

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En 2020 se registró un 156%, lo que significa que hubo descenso del 9%. Limpias señaló que fue el resultado de los anteriores años que se reportó una disminución en la población penitenciaria, reportó la red Erbol.

“No quiere decir que las políticas del Gobierno de facto hayan sido positivas”, manifestó, refiriéndose a la gestión de la expresidente, Jeanine Añez.

En 2015, señaló que el hacinamiento fue del 144%, mientras que en 2017 se alcanzó al 254%, con un incremento “notorio”.

Derecho a indulto

Una de las políticas implementadas desde la administración de Evo Morales fue el Decreto Presidencial de amnistía e indulto, por lo que entre 2012 al 2019 se beneficiaron hasta 8.935 privados de libertad en todo el país.

La mayoría de los beneficiarios con los decretos presidenciales de indulto y amnistía estaban recluidos en las cárceles de Palmasola de Santa Cruz, San Pedro de La Paz y San Sebastián varones de Cochabamba.

Asimismo, en la actual gestión de Luis Arce, se aprobó el Decreto Supremo 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, sin embargo, por recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se demandó su abrogación ya que lo consideró que es una medida asociada a la impunidad.

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La Agencia Oficial de la Autoridad Judicial, Mizan Online informó que el líder supremo de la República Islámica, ayatolá Ali Jamenei aceptó conceder el indulto o una reducción de sus sentencias a 1.849 convictos, con motivo de la conmemoración del aniversario del nacimiento del Mahdi, el Imán Oculto.

“Cien condenados por delitos vinculados a la seguridad del Estado se encuentran en esta lista de indultados, que incluye a varias personas procesadas por los hechos ocurridos en noviembre de 2019”, publicó Mizan, sin brindar mayores detalles.

La autoridad suprema, concede cada año varios indultos colectivos, debido a esta festividad religiosa nacional, propuesta emitida por la máxima autoridad del Poder Judicial.

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“Lo que se quiere es que se libere de todo cargo penal por el que han sido procesados sin ningún motivo (…) Alrededor de 1.000 personas (serán beneficiadas), mañana se va a detallar los pormenores”, indicó el presidente de la Cámara Alta en conferencia de prensa.

El Presidente del Senado remarcó que no se tiene una cifra específica de cuántas personas fueron imputadas durante la gestión del gobierno de facto de Jeanine Añez; no obstante, pidió a los ministerios de Gobierno y Justicia coadyuvar con las listas respectivas.

“No tenemos nombres, pero el Ministerio de Justicia y Gobierno darán los detalles o el día de mañana veremos el número exacto y los nombres”, declaró Rodríguez.

Para el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, el no pensar en una amnistía es totalmente inhumano para aquellas personas que se encuentran detenidas por casos menores o por el sólo hecho de expresar su pensamiento.

En relación a si el expresidente Evo Morales se beneficiará con el Decreto Supremo, el asambleísta indicó que lo único que busca la oposición es seguir injuriando, calumniando, ya que de forma injusta en 2019 las elecciones nacionales fueron anuladas para evitar que se continúe vulnerando los derechos de los bolivianos.

“El hermano Evo no cometió ningún delito, es más, el pueblo boliviano le debe muchas cosas, como la dignidad, el crecimiento económico, dobles vías camineras y donde el país vivió casi 14 años de economía estable y otros proyectos”, aseguró.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobará, con su rodillo parlamentario, un decreto presidencial inconstitucional con el que pretende dar impunidad a violaciones de derechos humanos cometidos durante los conflictos políticos y sociales de 2019 y 2020.

También cuestionó el intento de “encubrir objetivos aviesos bajo pretextos nobles; en este caso, en el decreto, por una parte, se quiere regular la amnistía y el indulto para situaciones de retardo procesal en juicios o en casos ordinarios, pero ése no es el verdadero objetivo del decreto, el verdadero objetivo es generar situaciones de impunidad”, dijo.

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Desde la oposición denunciaron que se pretende beneficiar a exministros del gobierno de Evo Morales.

El parlamentario manifestó que uno de los propósitos de este decreto es beneficiar a los reos que hasta la fecha no tienen sentencia condenatoria y aun así permanecen recluidos, llenando los centros penitenciarios del país. Entre este grupo de la población carcelaria también se encuentran aquellas personas procesadas por delitos cometidos durante jornadas de violencia en la pasada gestión de gobierno.

“En el país tenemos muchos hermanos y hermanas que han sido detenidos en el último gobierno, injustamente por solo haber expresado sus sentimientos y pensamientos pues se han vulnerado sus derechos humanos” señaló el legislador.

Añadió que este decreto alcanzaría a beneficiar a cerca de dos mil reos por considerar que los centros de detención no son lugares aptos para la encerrar a la gente, sino para que se trabaje en su reintegración a la sociedad, este fin no puede ser alcanzado por el nivel de hacinamiento que existe en la actualidad.

A pesar de las buenas intenciones que en los papeles demuestra esta medida, desde la oposición denuncian que existen intereses detrás de la norma, uno de estos es otorgar libertad a ex autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes cumplen reclusión por estar relacionados a casos de corrupción.

“Nosotros creemos que esto es para darle un indulto a los exministros del gobierno del ex presidente Evo Morales, quieren exonerarlos de culpa y pena, de eso se trata”, señaló el diputado de la agrupación Creemos, Erwin Bazán.

Cerca del mediodía del miércoles, mediante una nota se dio a conocer que la sesión que iba a tratar este decreto en el pleno de la Asamblea Legislativa fue suspendida hasta nuevo aviso.

/MVSG/

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El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán, indicó que la norma para los indultos y amnistías fue presentada a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas para que sea puesta en consideración del gabinete de ministros.

“Hemos trabajado un decreto de amnistía e indulto que genera protección para todas estas personas procesadas injusta e ilegalmente, esperemos sea aprobado en el gabinete. Un segundo decreto que estamos trabajando, abrogando el Decreto Supremo 4100, es de reparación integral”, dijo Siles en una entrevista en Radio Illimani, según reportó Los Tiempos.

El instrumento legal de reparación integral, servirá para brindar asistencia económica, seguro de salud y atención psicológica para los perseguidos y procesados en el Gobierno de Áñez, quienes incluso perdieron su trabajo y tienen hijos discriminados en las unidades educativas.

La cantidad de personas que se pretende beneficiar con el indulto, indicó Siles que es “una cifra, que todavía es variable, de 1.500 personas en cuanto a los perseguidos y procesados políticos“.

”Es complicado atender uno por uno los casos. Cada vez se habla de más casos, ya no solamente hablamos de Sacaba, Senkata, Pedregal, zona Sur (de La Paz). Está vez están Santa Cruz, Santa Rosa y otros“, aseveró.

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Esta mujer, recibió el beneficio, ya que cumple ciertos requisitos que pide el Decreto de Amnistía e Indulto; entre estos el tener un hijo que se encuentra en la etapa lactante.

La mujer, que en el día de la madre fue beneficiada con el dictamen del mandato de libertad, agradeció al Ministerio de Justicia y a todos los funcionarios que realizaron las gestiones para que se pueda cumplir el indulto.

“Agradezco mucho por la noticia que me han dado hoy, estoy muy emocionada no tengo palabras para agradecerles”, comentó.

El Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por razones Humanitarias y de Emergencia Sanitaria Nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el Contagio y Propagación del coronavirus ( Covid-19), indica en su artículo dos , parágrafo b, que  el indulto será concedido a las personas de cincuenta y ocho años o más de edad; a personas con enfermedad crónica avanzada o terminal; a personas con discapacidad grave o muy grave; a mujeres embarazadas o con niños lactantes; así como a aquellas personas que tuvieran bajo su cuidado único y exclusivo a uno o varios hijos o hijas; o bajo su tutela o custodia única y exclusiva a niñas o niños menores de seis años; que se encuentren en los recintos penitenciarios con sentencia condenatoria ejecutoriada, o cuenten con los beneficios de extramuro o libertad condicional.

Es así que en Oruro, hasta ahora son 30 las solicitudes  de privados de libertad  de las cáreceles de San Pedro y La Merced, que se están analizando. Por ahora esta madre fue la primera en acceder a este beneficio.

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Asimismo, a raíz de la muerte de uno de los internos la noche anterior por presuntamente dolores de estómago, fue que los reclusos decidieron amotinarse, prendiendo fuego a muñecos al interior del régimen penitenciario y lanzando medicamentos caducos desde el techo del penal, además de piedras y tejas.

“¿Dónde están los barbijos que ha dotado la presidenta? (Jeanine Áñez)” era uno de los gritos que exclaman los internos que se encontraban en el techo del penal.
Según manifestaron algunos de los privados de libertad, desde que inició la pandemia por el Covid-19 en el país, no han recibido ningún apoyo del régimen penitenciario.

“Ni barbijos, ni implementos de aseo ni de seguridad, solamente nos han dado una tela que nosotros hemos tenido que mandar a confeccionar para cada uno de los internos”, señaló uno de los privados de libertad.

“Hemos venido a cumplir la sentencia no a perder la vida”, indicó otro recluso.

Asimismo, la directora del régimen penitenciario, Madai Ahern Rojas, manifestó que el médico que estaba cumpliendo servicios en el centro penitenciario presentará su renuncia en las siguientes horas y a petición de los internos se está gestionando una reunión interinstitucional.

/DRS/TCS/

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