Juez de EE.UU. ordena indemnización a Nicolás Maduro

Un juez federal en Estados Unidos ordenó al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros “chavistas” pagar 314 millones de dólares como indemnización. Esta decisión surge tras una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses que denunciaron secuestro, tortura y terrorismo. Sin embargo, el juez excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Responsables del fallo

La Corte del Distrito Sur de Florida también responsabilizó a varios funcionarios del gobierno venezolano. Entre ellos se encuentran:

• Diosdado Cabello, ministro del Interior.
• Vladimir Padrino, ministro de Agricultura.
• Alex Saab, empresario y exministro, actualmente detenido en Miami.
• Miembros del grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles.
• Maikel José Moreno Pérez.
• Néstor Luis Reverol.
• Tarek William Saab.

No obstante, el juez Darrin P. Gayles excluyó a otros demandados como la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, así como a las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

Demandantes y contexto del caso

Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval. Estos individuos formaron parte de un intercambio de prisioneros en 2023 durante la presidencia de Joe Biden, que resultó en la liberación de Alex Saab. Este último enfrenta actualmente una audiencia preliminar en EE.UU. por un caso de lavado de dinero.

La demanda original fue presentada en agosto de 2025, pero se reactivó en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero en Caracas. El exgobernante fue trasladado a Nueva York, donde permanece preso y afronta cargos por narcoterrorismo.

Alegaciones contra el chavismo

El recurso acusa a los líderes “chavistas” de violar varias leyes estadounidenses. Entre ellas se encuentran:

• La Ley Federal Antiterrorismo (ATA).
• La Ley Antiterrorismo de Florida.
• La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

El fallo del juez argumentó que Maduro ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en EE.UU. Además, concluyó que Maduro cometió actos de terrorismo internacional.

Cargos adicionales contra Maduro

El juez también acusó al líder venezolano de “narcoterrorismo” con el aparente objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil estadounidense. Este recurso civil es paralelo al proceso penal que enfrenta Maduro por narcotráfico en Nueva York, donde también está detenida su esposa Cilia Flores, según reportes de EFE.

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Morales ha recordado los antecedentes de su inhabilitación en 2020 y ha basado sus argumentos en la sentencia constitucional 987/2021 del 18 de marzo de 2021, que declaró inconstitucional su inhabilitación e instruyó un resarcimiento económico. Sin embargo, en respuesta a esa sentencia, Morales ha rechazado el pago de dinero por daño económico.

Objeciones por parte del Tribunal Supremo Electoral

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han objetado la intención de Morales de cobrar ese daño económico, argumentando que él ya recibe una renta mensual de 25.000 bolivianos como exmandatario. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, ha criticado esta situación y ha mencionado que Morales no puede recibir dos ingresos del Estado. Por su parte, Morales ha explicado que con su renta vitalicia costea dos ítems para su sindicato San Francisco.

Proyecto de ley para reducir la renta vitalicia de los expresidentes

En otro contexto, la diputada Deysi Choque ha presentado un proyecto de ley para reducir la renta vitalicia de los expresidentes a un salario mínimo. Si este proyecto se aprueba este año, los exmandatarios bolivianos tendrían una renta mensual de 2.500 bolivianos. Cabe mencionar que este proyecto forma parte de una lista de más de 150 proyectos presentados en la gestión iniciada en noviembre de 2023 por el diputado Israel Huaytari.

Morales busca evitar futuras inhabilitaciones y limitar la renta vitalicia

El expresidente Evo Morales también ha expresado su intención de evitar que el TSE vuelva a inhabilitar a un candidato en el futuro y persigue procesar y sancionar a los “cinco vocales” responsables de su inhabilitación en 2020. Además, ha manifestado su intención de limitar la renta vitalicia a dos salarios mínimos si llega nuevamente a la presidencia.

/ APC /

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El procurador César Siles ha anunciado este miércoles 19 de junio que esta decisión es un gran triunfo para el país.

Jindal demandaba 100 millones de dólares en indemnización

La empresa india Jindal había presentado una demanda de 100 millones de dólares en indemnización ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Argumentaban que habían sufrido perjuicios debido a la ejecución de las boletas de garantía, ya que no cumplieron con las inversiones prometidas en el proyecto Mutún.

Sin embargo, el tribunal arbitral ha determinado que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y ha actuado de buena fe, desestimando así el reclamo de Jindal.

Jindal deberá pagar costos del arbitraje y a ESM

Además de rechazar la indemnización reclamada por Jindal, el tribunal ha ordenado a la empresa india pagar 740.000 dólares en costos anticipados del arbitraje. Asimismo, Jindal deberá pagar a ESM la suma de 1.957.287 dólares por costos y gastos, más intereses.

Antecedentes del caso

En 2007, Jindal firmó un contrato con la estatal ESM para la explotación conjunta del yacimiento de El Mutún. Sin embargo, en 2010 y 2012, ESM ejecutó las boletas de garantía del contrato, reclamando 36 millones de dólares por supuestos incumplimientos de la empresa india.

En 2014, Jindal demandó a ESM, al Estado boliviano y a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante la CCI. Sin embargo, en 2018, la entidad internacional determinó que el tribunal arbitral no tiene competencia sobre el Estado boliviano, limitando la disputa a un asunto contractual entre Jindal y ESM, excluyendo al Estado y a Comibol de la demanda.

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La solicitud presentada por la defensa de Morales, encabezada por Wilfredo Chávez, detalla los gastos reclamados. Estos incluyen los sueldos que Morales hubiera recibido durante cinco años, equivalentes a más de Bs 1,39 millones. También se reclaman aguinaldos de Navidad durante cinco años, por un total de Bs 116.559,95, y vacaciones computando un total de 80 días, equivalentes a Bs 62.165,31. En total, Morales exige una indemnización de Bs 1.577.444,66 por concepto de haberes, aguinaldos y vacaciones.

Solicitud basada en una sentencia constitucional

Chávez, quien también fue procurador general del Estado, ha solicitado a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de La Paz que ejecute el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021-S4 del 7 de mayo. Esta sentencia ordena la calificación de daño y la consecuente indemnización económica a favor de Morales, quien fue inhabilitado por el TSE en su intento de postularse como senador en 2020.

Gastos judiciales reclamados

Además de los sueldos y beneficios reclamados, Morales también demanda el reembolso de los gastos judiciales. Estos incluyen la redacción de la Acción de Amparo Constitucional, valorada en Bs 20.000, y el 10% de la indemnización como honorarios profesionales y representación de abogado apoderado, cada uno valorado en Bs 157.744,47. En total, Morales exige una suma de Bs 1.912.933,59 por ambos conceptos.

Rechazo de la postulación de Morales en 2020

En 2020, el TSE rechazó la postulación de Morales como senador en las elecciones generales debido a que no cumplía con el requisito de residencia permanente en Bolivia. Esta decisión fue el motivo principal de la solicitud de indemnización presentada por Morales.

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, manifestó que no tenía conocimiento previo de esta petición de Morales. Sin embargo, por responsabilidad política, sugirió que el exmandatario debería renunciar a esa indemnización, lo cual sería un punto a favor en una posible futura campaña política.

Ajpi señaló que esto es una muestra de lo mal asesorado que está Morales por sus abogados, y destacó que durante los últimos diez años de su gobierno se evidenció un deficiente acompañamiento jurídico. No obstante, aclaró que este es un problema exclusivo del exmandatario, ya que uno debe saber con quién aliarse.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, afirmó que este pedido es una total falta de vergüenza por parte de Morales. Después de ser acusado de fraude electoral, ahora pretende victimizarse y obtener una indemnización.

Compensación a los bolivianos y falta de dignidad

En cambio, Urquidi sostuvo que es el expresidente quien debería compensar a todos los bolivianos por los fraudes cometidos durante el referendo del 21F y las elecciones generales de 2019.

Finalmente, Urquidi recalcó que si Morales tiene algo de dignidad, debería renunciar a esta solicitud de indemnización, aunque expresó que esto es muy difícil. Además, enfatizó que el Estado no debe desembolsar ni un centavo al exmandatario, y que desde la Asamblea Legislativa harán lo necesario para evitarlo.

Argumento jurídico y exigencia de pago

En un reciente documento publicado por el equipo jurídico de Morales, se argumenta que si se hubiera actuado de acuerdo a las normas, esta pérdida económica no habría ocurrido, asumiendo que Morales habría ganado el puesto de senador en las elecciones. Por lo tanto, exigen el pago de 1.912.933 bolivianos por sueldos, aguinaldos, vacaciones y otros gastos.

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De acuerdo con el documento “Sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emitido por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida, se establece que Murillo deberá pagar no solo por el daño económico causado en el caso de los gases lacrimógenos, sino también por los costos legales del proceso.

Detalle de la indemnización

La indemnización que Murillo deberá pagar al país se desglosa de la siguiente manera: 2.291.402,00 dólares por daños reales, 443.319,42 dólares por intereses previos al juicio devengados desde abril de 2020 hasta marzo de 2024, 569,09 dólares de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y 1.030.000 dólares por otras fuentes relacionadas con el litigio.

Becker explicó que Murillo perdió el caso debido a su falta de participación y respuesta al juicio. Además, aclaró que este proceso civil es independiente de la causa criminal que resultó en una condena para Murillo en enero de este año, donde fue sentenciado a 70 meses de cárcel por soborno internacional y lavado de dinero proveniente de la corrupción.

Reacciones y solicitud de extradición

Ante la noticia de la sentencia, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, consideró que el monto económico es insuficiente y propuso que, en caso de que Murillo no pueda pagar la indemnización, se le confisquen sus bienes y los de sus familiares.

Por su parte, los Ponchos Rojos de Omasuyos solicitaron la pronta extradición de Murillo para que sea juzgado por la justicia comunitaria en Bolivia.

El caso de los gases lacrimógenos

El caso investiga el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante la gestión de Murillo en el gobierno de Jeanine Añez. Según las investigaciones, Murillo y empresarios amigos adquirieron con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) de Estados Unidos.

El gobierno de Añez desembolsó 5,6 millones de dólares para pagar el equipamiento antidisturbios, de los cuales aproximadamente 2,3 millones de dólares se pagaron a la empresa intermediaria. Parte de ese dinero fue ingresado en Estados Unidos sin justificación.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar el dinero y, tras varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024.

En relación al caso, Sergio Méndez, jefe de gabinete de Murillo, fue deportado desde Estados Unidos y se encuentra en el penal de San Pedro en La Paz con detención preventiva por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

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El Tribunal Superior de Londres dio hoy la razón al duque de Sussex, de 39 años, en 15 de los 33 artículos periodísticos que Enrique había dicho habían sido elaborados a partir de información obtenida ilegalmente entre 2003 y 2009.

Indemnización otorgada al príncipe

Aunque se trató de una victoria parcial, ya que se le dio la razón a menos de la mitad de los artículos, el príncipe debe recibir una indemnización de 140.600 libras (163.096 euros), según dictaminó el juez Timothy Fancourt, del citado tribunal civil.

Acusaciones contra Mirror Group Newspapers

El duque, que vive en Estados Unidos con su esposa Meghan y sus dos hijos, inició el proceso legal contra el Mirror Group Newspapers (MGN) que publica los periódicos “Sunday Mirror”, “Daily Mirror” y “Sunday People”, al que acusó de haber utilizado prácticas dudosas como pinchar teléfonos para obtener información y vender periódicos.

Declaración histórica ante el tribunal

El hijo del monarca había prestado declaración ante el tribunal en junio pasado, siendo esta la primera vez en más de cien años que un miembro de la familia real lo hacía ante una corte.

Según el juez, los artículos fueron resultado del pinchazo del teléfono o producto de otra recopilación ilegal de información. Aunque la compensación es modesta, refleja el daño experimentado por el príncipe a causa de las acciones del Mirror, agregó.

Comunicado del príncipe tras fallo favorable

“Observé que 15 de los 33 artículos juzgados fueron producto del pirateo de su teléfono móvil o de los teléfonos móviles de sus asociados, o el resultado de otra recopilación ilegal de información. Creo que su teléfono fue pirateado solo en cierta medida y probablemente fue controlado cuidadosamente por ciertas personas en cada periódico”, indicó el juez al leer el fallo.

MGN asume responsabilidad y pide disculpas

Tras conocerse el fallo, a las puertas del tribunal, el abogado David Sherbourne leyó un comunicado del príncipe, quien no estuvo presente hoy en la corte. “Hoy es un gran día para la verdad y para la rendición de cuentas”, dijo el duque de Sussex a través de su letrado. La medida legal se basó en la necesidad de contar con una prensa libre y honesta, que sea debidamente responsable cuando sea necesario, agregó el comunicado del duque, quien admitió que el camino hacia la justicia puede ser lento y doloroso. Por su parte, un portavoz de MGN dijo que reciben con satisfacción el fallo actual ya que proporciona claridad necesaria para avanzar respecto a eventos que tuvieron lugar hace muchos años. En ese sentido, pidieron disculpas sin reservas, asumieron toda la responsabilidad y pagarán la compensación adecuada.

Impacto en la vida del príncipe

En su comparecencia ante el tribunal en junio pasado, el príncipe admitió que las acciones de los tabloides para obtener exclusivas le generaron paranoia, desconfianza y tuvieron un impacto en su vida, desde la seguridad hasta las relaciones.

Durante el proceso legal, los abogados del grupo Mirror llegaron a calificar las denuncias de exageradas y argumentaron que las pruebas presentadas no habían podido demostrar ni un solo ejemplo de piratería.

Fuente: EFE

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Su reacción se produjo después del anuncio de un acuerdo judicial en Estados Unidos, donde Gonzalo Sánchez de Lozada aceptó pagar indemnizaciones a algunas familias de fallecidos que lo demandaron en ese país. Durante la manifestación, los heridos rechazaron que se hable en nombre de todas las víctimas o que se convoque un Cabildo en representación del octubre de 2003. Argumentan que entre ellos hay personas discapacitadas que no reciben atención alguna.

Denuncia contra explotación

“Las víctimas aquí vivimos con discapacidad total y arruinados. Miren, no podemos hacer nada, no tenemos nada, no recibimos nada; al contrario, ellos se aprovechan del sufrimiento causado por la masacre del 2003 para llenarse los bolsillos”, reclamó uno de los manifestantes.

Críticas hacia abogado y diputado

El representante también criticó al abogado Thomas Becker y le advirtió que no hable en nombre de todas las víctimas de octubre del 2003 asegurando que recibirán indemnización. “Para qué hemos derramado sangre. Para que otras personas hablen sobre el 2003 y se conviertan en nuevos millonarios”, agregó. Además, hubo críticas hacia el diputado Renán Cabezas del ala “evista”, acusándolo de parecer más un diputado del Chapare que uno de El Alto, donde ocurrieron las luchas en 2003.

Desempleo y precariedad

Durante la protesta, se lamentó que muchos de los heridos busquen empleo y terminen pidiendo limosna para poder sobrevivir. Por ejemplo, mencionaron el caso de un manifestante que antes era conductor, pero debido a sus lesiones ahora debe trabajar en actividades precarias. “En el caso de Goni tampoco se nos está tomando en cuenta. Los heridos están con sus familias y no tienen trabajo. Según su discapacidad, al menos el gobierno debería ofrecerles empleo, si no puede hacerlo directamente, debería proporcionar trabajo a un familiar. Pero ellos solo se aprovechan de nosotros”, agregó otra persona durante la protesta.

Critica a Evo Morales

La misma manifestante también reclamó al exdirigente Roberto De la Cruz, quien sigue presente afirmando haber luchado en 2003, y lo desafió a mostrar sus propias heridas. Además, se criticó a Evo Morales acusándolo de olvidarse de ellos mientras fue presidente.

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De acuerdo con un trabajador de la planta en Caracollo, que se identificó las iniciales E.T.C., la empresa se negó a reconocer la muerte de Florencio Mamani Padilla como accidente laboral, pese a que, preliminarmente, se presume que varias bolsas de cemento cayeron sobre él ocasionándole la muerte.

La información fue corroborada por otro empleado de Ecebol que también se comunicó con este medio.

“Lamentablemente la gerencia y subgerencia de operaciones que tenemos en planta hicieron oídos sordos, hace varias gestiones exigimos que se contrate el personal de acuerdo al organigrama, pero faltan al menos 70 trabajadores. En distintas áreas tampoco tenemos un ingeniero de seguridad”, declaró el trabajador a LA PATRIA.

En su pliego petitorio exigieron que la familia de Mamani reciba una indemnización, y que su hija sea beneficiada con una renta mensual hasta que concluya sus estudios superiores.

Son varias las peticiones para los trabajadores de la planta, entre ellas: seguro de vida y garantías laborales, médicos y chofer de ambulancia las 24 horas; alimento, vacaciones y mejora de los ambientes, además de incremento salarial y la contratación de un asesor jurídico de planta.

Contraparte

De momento, periodistas de LA PATRIA intentan comunicarse con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como con ejecutivos de Ecebol.

/ LMPT

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Tras escuchar el relato de la joven de 23 años y las cambiantes declaraciones de Alves, el Juzgado número 15 de Barcelona decidió mandar al futbolista a prisión y sin fianza a espera de que se celebre su juicio. Una decisión para la que Martell ha presentado un recurso cuyo fin es sacar de la cárcel a su representado, ya sea con la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento o la imposición de una pulsera telemática, asegurando además que el brasileño no escapará de la justicia.

Pero, a todo ello, se le sumó el despido del jugador en el que era su equipo, los Pumas (México). Un club que ahora pide a Alves una millonaria indemnización al haber violado los términos de comportamiento que figuraban en su contrato firmado en julio de 2022.

Se supo que en un correo enviado al futbolista, se vuelve a especificar las cláusulas del contrato que tenía, y donde se indican diferentes cláusulas que podrían penalizar a éste. Entre los supuestos destaca la participación del jugador “en cualquier escándalo que se haga público”, y “en cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en el que haya tenido lugar”, siendo éste último caso el que requiere una compensación económica por parte del futbolista.

“Por infracciones muy graves del jugador, en los términos previstos en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del contrato, el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimocuarta del contrato, en la cantidad de cinco millones de dólares americanos (4,5 millones de euros), netos, es decir, libres de todo impuesto o retención”, apuntan.

En dicho correo electrónico, también se especifica que los Pumas se reservan “el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o cualquier otra jurisdicción relevante, competente, para reclamar la compensación pactada y que recoge la cláusula decimoquinta del contrato”.

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La investigación del caso Blas Valencia, es por el atraco que se registró en diciembre de 2001, tiempo en el que registró el atraco a un vehículo de seguridad de la empresa Prosegur, por un grupo delincuencial en la ciudad de La Paz, y en un tiroteo se registró la muerte de tres personas.

Según estableció la Corte IDH, las familias del principal implicado, el expolicía Blas Valencia y otros, fueron sometidos a la vulneración de los derechos de la libertad personal, vida privada, domicilio, protección de la familia, al derecho de la propiedad, integridad personal, derecho de la mujer a vivir libre de violencia, derechos de la niñez, derecho a la vida, a la salud, garantías judiciales, protección judicial, honra y dignidad.

Considerando que los allanamientos que se desarrollaron en altas horas de la noche, además de las detenciones realizadas por las fuerzas del orden, están en contra de las normas vigentes, porque se utilizó la fuerza desmedida y violencia innecesaria. También, se denunció diferentes actos de tortura, a los que fueron sometidos los detenidos.

Ante estos hechos, la Corte IDH determinó que se pague diferentes montos de indemnización a las 26 víctimas, montos que van desde los diez mil hasta los 65 mil dólares.

El monto más alto, de 65 mil dólares, es para una mujer quien sufrió un aborto a causa de la violencia que sufrió por la Policía.

Blas Valencia, el principal implicado en el atraco, debe recibir 20 mil dólares.

En el caso de 12 víctimas, la indemnización es de 40 mil dólares, incluyendo un adicional de mil dólares para una persona cuyas joyas fueron secuestradas y no devueltas.

Hay un total de 11 víctimas, el pago debe ser de 20 mil dólares y dos deben recibir diez mil.

Para las víctimas que ya fallecieron, la indemnización debe pagarse a sus derechohabientes.

Para cubrir gastos solicitados, la Corte fijó un monto de diez mil dólares para cada una de las tres representaciones de las víctimas.

Estableció un plazo de un año para cancelar las indemnizaciones y, en caso de mora, se debe pagar un interés, según publicó Erbol.

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Los hijos de Juan Coarite Yujra fueron los primeros en pedir esa compensación en un contacto con la red Unitel.

“Que nos indemnice la empresa, la que ha construido ese galpón, eso pedimos nosotros, esa justicia. Mi papá estaba haciendo estudiar a mis hermanos menores”, expresó.

Juan fue enterrado la pasada jornada en Tola Tola, junto a Moisés Llojlla, uno de sus sobrinos que también perdió la vida por la caída del tinglado. El primero dejó ocho hijos en la orfandad y el segundo, seis, según informó el diario Página Siete.

Otra de las hijas de Juan pidió que se investigue a profundidad las causas de la caída del tinglado, especialmente a la empresa constructora; también enfatizó que su padre no tenía una avanzada edad y que su madre está enferma.

Entre tanto, los sobrevivientes del accidente y sus familias denunciaron la falta de acción por las autoridades para garantizar la asistencia médica. Como el caso de Vicente Escobar, quien fue traslado del hospital a su casa por la carencia de recursos económicos.

No obstante, el director de salud del municipio de Achacachi, Yeltsin Castañeta, afirmó que la atención de los heridos la cubre por el Seguro Universal de Salud (SUS), por lo que es gratuita; además, informó que se transfirió a cuatro pacientes de gravedad a La Paz.

/ LMPT

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El referendo de 2016 sobre la reforma constitucional para la reelección demandó 165,9 millones de bolivianos en la que el resultado del “NO” fue ignorado.

Se destinó 27 millones para las primarias en las que los partidos solo presentaron un binomio.
La realización de las elecciones generales del año 2019, fueron anuladas por la denuncia de irregularidades por la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual requirió la suma de 217 millones de bolivianos.

Los tres procesos que se realizaron en la gestión de Morales se destinaron 409 millones. En tanto, el expresidente recibiría una indemnización de 195.112 bolivianos por “su inconstitucional inhabilitación como senador en 2020”. El cual dijo que no cobraría.

Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), dijo que la sentencia es una de las varias irregularidades del TCP, según medios nacionales.

“Hay que recordar que Colombia pidió una opinión consultiva a la Corte IDH y definió que no hay reelección indefinida, pero el TCP en una anterior sentencia ha ratificado la 084, por tanto, no es casual la resolución a favor de Evo Morales”, afirmó el representante del Conade.

Asimismo, dijo que los procesos electorales están guiados por la preclusión. “Entonces, el TCP no puede plantear una indemnización a un posible candidato que nunca ha estado inscrito”, indicó.

Para el legislador, Jorge Komadina, de Comunidad Ciudadana señaló que “debería suceder algo al revés, es el exgobierno de Evo y el TCP, que no observaron la decisión del soberano, quienes deberían resarcir, efectivamente, a los bolivianos por los gastos del referendo. Estamos en un mundo al revés, donde se premia y recompensa a la transgresión de la ley”.

“Estamos nuevamente frente a una aberración jurídica y el TCP muestra servidumbre ante el expresidente y su círculo de poder, es un fallo inaceptable y que encima se tiene que resarcir con dinero de los bolivianos”, detalló Komadina.

Para el legislador Juanito Angulo del MAS, “los vocales del TSE han cometido un grave error de inhabilitar a Evo Morales y eso va en contra de la ley. Este error no puede quedar impune, los vocales deben asumir los errores cometidos”.

Para Luciana Campero diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Morales le debe al país más de 400 millones de bolivianos por su afán de reelegirse de manera inconstitucional. Calificó a los magistrados de Tribunal Constitucional como “serviles” al MAS.

/HNF/

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Asimismo, informó a detalle sobre las personas que recibieron el monto económico.
Por ejemplo, Gloria, la hermana de Antonio Ronald Quispe Ticona, un joven de 23 años que falleció durante un enfrentamiento entre efectivos y manifestantes en la puerta de la planta de Senkata el 19 de noviembre de 2019.

La hermana de la víctima admitió que sus padres, Clemente Quispe Tambo y Eustaquia Virginia Ticona Limachi, recibieron el dinero, sin embargo, aseguró que no fue una indemnización económica.

“El 10 de diciembre la señora Jeanine Añez sacó un decreto, el 4176, en el que decía que iba a resarcir a los familiares de las víctimas, pero ahí se quedó”, indicó Gloria.

Asimismo, explicó que hicieron una protesta en la Plaza Murillo de la ciudad paceña, reportó el diario El Deber.

“Tuvimos una reunión con el entonces ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, y le dijimos que ni un millón de bolivianos nos iba a devolver a nuestros familiares”, manifestó.

Tras esa reunión, el 10 de marzo de 2020 el Ejecutivo emitió el decreto, pero ya no como una indemnización, sino como una ayuda social humanitaria a las familias.

“La muerte no tiene precio. Son 12 familias que recibieron esta ayuda. Mi hermano no era casado ni tenía familia. Esto no nos quita el derecho de buscar justicia. Si aceptamos esa ayuda, fue porque hicimos demasiados gastos, ni para el sepelio nos dieron. Somos gente humilde”, aseguró.

Por otro lado, los familiares de Devi Posto Cusi, Juan Martín Pérez Taco, Milton David Zenteno Gironda y Joel Colque Patty recibieron 50.000 bolivianos, cada uno y otra familiar de Pedro Quisbert Mamani recibió 25.000 bolivianos.

Los herederos de Juan José Tenorio Mamani, Beltrán Paulino Condori Aruni, Rudy Christian Vásquez Condori, Calixto Huanaco Aguilario, Edwin Jamachi Paniagua, Clemente Eloy Mamani Santander y Julio Llano Rojas recibieron 100.000 bolivianos, cada uno.

Se coordinó con el Ministerio de Justicia la lista oficial de 21 herederos de 17 fallecidos de la ciudad de El Alto y La Paz, con la que se inició el proceso de resarcimiento a los familiares.

Este documento establece que en La Paz el pago a los familiares se realizó en un 80 por ciento. Asimismo, según el documento, quedaban cinco personas por recibir distintos montos.

Los familiares de las víctimas de los enfrentamientos en Senkata señalaron que eso no les quita derecho a la Justicia.

/RMMP/

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La ministra afirmó la elaboración de una petición que será presentada a la Reina y la administración británica con el objetivo de indemnizar a los ciudadanos caribeños por la trata transatlántica de esclavos.

“Nos complace especialmente anunciar que hemos dado más pasos en el avance hacia la búsqueda de una justicia reparadora para las víctimas y los descendientes de la trata transatlántica de esclavos”, expresó la ministra.

Se descartó que la petición fuera respaldada por el Consejo Nacional de Reparaciones de Jamaica y la Fiscalía General de ese país será responsable de este tema.

En 1655 Jamaica formó parte de la colonia británica. A partir de ese año hasta 1838 que más de tres millones de personas fueron transportadas desde África cruzando el Océano Atlántico hasta el nuevo continente como parte de la trata transatlántica de esclavos.

En el 2015, el Reino Unido finalizó los pagos de indemnización a los esclavistas, sin embargo el país aún enfrenta a demandas de reparaciones por la trata de esclavos, en este caso de los descendientes de los esclavos.

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Desde el Colegio Médico de Bolivia se indicó que el Gobierno no pagó ese seguro a sus afiliados que perecieron durante la primera ola de la enfermedad y solo dos personas de la caja privada de la banca cobraron el beneficio mediante la empresa Univida.

El 15 de abril del 2020 durante el Gobierno de Jeanine Añez, el exministro de Salud y Deportes, Marcelo Navajas anunció la vigencia del Decreto Supremo 4270 que establecía un Seguro de Vida anual de 100.000 bolivianos al personal de salud, en caso de invalidez y fallecimiento. Si el médico perdía la vida, los beneficiarios son los herederos legales.

Navajas afirmó en la pasada gestión que este seguro estará cubierto por gestoras de seguridad social de corto plazo para sus asegurados y se realizaría el cobro mediante Univida, según publicación del Ministerio de Salud y Deportes en su página web.

El 9 de septiembre del 2020 el exsecretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero denunció que después de seis meses el Gobierno no canceló la indemnización al personal de salud.

Romero mencionó que los familiares de sus colegas pasan por necesidades económicas muy difíciles, además hay 600 fallecidos del personal del área de salud a nivel nacional, según Pagina Siete.

El 8 de febrero del 2021, los familiares de los médicos no pudieron acceder a la indemnización por falta de desembolso y solicitaron al Gobierno el cumplimiento de esta norma, que estaría vigente desde el 15 de abril del 2020 hasta el 15 de abril de la presente gestión.

La doctora Gloria Agramont quien intentaba cobrar este beneficio por el fallecimiento de su padre el doctor Jaime Agramont, a través de Univida, los cuales manifestaron que no existe un seguro contratado para profesionales de salud que hayan fallecido por Covid-19. Asimismo señalaron que el Gobierno no les dio dinero para realizar este pago a favor de los profesionales.

El expresidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, afirmó que se hicieron gestiones para el pago de este beneficio con el Gobierno anterior, pero la actual administración informó al sector que no se tiene recursos económicos para pagar la indemnización y que la norma estaba mal elaborada.

Hasta la fecha no se realizó el pago de esta indemnización, pese a que existe un decreto que avala esta norma, de acuerdo al secretario general del Colegio de Médicos de Bolivia, Freddy Fernández y lamentó afirmó que este hecho no tenga respuesta. En las próximas horas se analizará este conflicto para asumir medidas de presión.

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El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, informó que hasta la fecha la reparación integral había sido entregada a 11 familias con Bs 100 mil a cada una y se estableció que llegue a 35 familias.

“Ya se está realizando el pago correspondiente de la ayuda social humanitaria a los beneficiarios de los familiares de las víctimas, sean estas heridas o fallecidas, dentro de la crisis postelectoral que se acarreó dentro de las fechas del 21 de octubre al 24 de noviembre”, informó Vargas según el portal digital Página Siete.

El dinero fue depositado en las cuentas bancarias que suministraron los familiares, también se hará la devolución de los gastos médicos que realizaron ya sean servicios públicos o privados.

Son alrededor de 500 personas que resultaron heridas, la norma establece que se cancelará hasta un máximo de 50.000 bolivianos y un mínimo de 10.000 Bs.

Además los familiares de las victimas accederán a partir del próximo año a becas de estudio tanto para escuelas, colegios y universidades.

El pago se inició principalmente a los familiares de las víctimas de Senkata y posteriormente se cancelará a las familias de Sacaba, en Cochabamba.

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El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres informó que “todos (los trabajadores en salud) fallecieron en primera línea, mientras cumplían con su labor, salvar vidas.

Cáceres afirmó que su preocupación es que “las familias aún no han recibido su indemnización” por una lucha que en otros países es premiada.

“En Bolivia tenemos un sistema de salud tan precario que no tenemos ni las condiciones para los médicos que están atendiendo esta emergencia”, agregó a la agencia de noticias.

COCHABAMBA

El jueves en el departamento de Cochabamba, enfermeras de Pediatría del Hospital Viedma despidieron a su compañera Josefina Casano, de 63 años, con globos blancos en las puertas del centro de salud. Casano murió por complicaciones del Covid-19.

“Ella amaba a los niños y murió por cuidarlos”, dijo una enfermera a la cadena de televisión Bolivisión.

POSTCONFINAMIENTO

Mientras tanto, el Gobierno anunció en horas precedentes que desde el primer día de septiembre el país “abrirá sus fronteras aéreas” con previo control para evitar contagios, informó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

También manifestó que cada gobierno regional tiene la autoridad de decidir qué medida asume según “la gravedad” de la situación sanitaria.

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La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) determinó, a través de un instructivo, que los trabajadores que se contagien de Covid-19 en el ejercicio de sus funciones deberán ser considerados como víctimas de un accidente de trabajo y por lo tanto ser indemnizados con 24 sueldos por sus empleadores, en caso de morir o quedar inválidos.

“Realmente la normativa que sacó el Gobierno mediante una de sus instancias, que afecta al sector privado, que indica que, si existe un trabajador de cualquier rubro, ya sea construcción, comercio, industria y otros, es el empleador que debe pagar 24 salarios, algo que es insostenible para muchos emprendimientos que en muchos casos van a determinar no volver a operar y van a terminar cerrando sus negocios”, sostuvo.

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Con relación a la situación en Oruro, Rioja manifestó que en su mayoría los empresarios son dueños de micro y medianas empresas, por lo cual su capacidad para asumir esta obligación no estaría acorde a lo que fija el Gobierno, considerando que, si bien se aplican las medidas de bioseguridad correspondiente dentro de la empresa, el empleado podría contraer el virus al salir de su jornada de trabajo.

Asimismo, pidió a las autoridades departamentales y municipales, asumir esta situación con seriedad pues a su vez implica que, si las empresas van a cerrar o no reactivarse por estas condicionantes, lo que implicará que decenas de personas se queden sin fuentes de empleo, algo que ya está sucediendo y que se agravaría.

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Según las personas que se pronunciaron, aseguranque existe un artículo en el que prohíbe a las víctimas o familias defallecidos, denunciar a instancias internacionales una vez los heridos esténcurados o se haya entregado los 50 mil bolivianos.

“Hay un artículo que realmente nos llama laatención, donde dice de que en el momento de que esté curado o se le dé los 50 mil(bolivianos) (al herido o familiar de un fallecido), no tienen derecho laspersonas a reclamar a instancias internacionales”, dice uno de los familiaresen un video publicado por Abya Yala en las redes sociales.

El familiar asegura que se dirigirán a lasNaciones Unidas para que convoquen a una reunión con el Gobierno boliviano.

“Eso ya es chantaje y por lo tanto vamos apresentar por escrito punto por punto, el rechazo de este decreto supremo, yvamos a pedir a los mediadores de Naciones Unidas de que por intermedio suyonos convoquen al Gobierno y las víctimas, en un diálogo para debatir y mejorareste Decreto Supremo porque consideramos que viola los derechos humanos de cadauno de los heridos y fallecidos”, concluyó.

La Presidente Jeanine Áñez promulgó ayer elDecreto Supremo 4100 que establece la indemnización a las víctimas o familiaresde los fallecidos en el conflicto político tras los comicios del 20 de octubre.

En el caso de los fallecidos, se entregará 50 milbolivianos a los familiares, mientras que a los heridos se correrá con todos losgastos hasta su recuperación.

Esta norma consta de cinco artículos, en los queademás de la indemnización señala: la asistencia médica, social y psicológica alas personas heridas.

FALLECIDOS Y HERIDOS

Hasta el momento se tiene un registro de33 personas heridas que habrían sido reportadas por el Ministerio Público y 29fallecidos, sin embargo, la mayor cantidad de fallecidos, se dio en Senkata– El Alto y en Sacaba – Cochabamba.

En Sacaba se registraron ocho muertes, cuando los cocaleros afines a Evo Morales pretendían pasar un puente rumbo a Cochabamba, en Senkata hubo 10 muertos, luego del desbloqueo por efectivos policiales para evacuar un convoy de cisterna con combustible, los bloqueadores intentaron atentar contra la planta de YPFB en este sector.

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