Impacto del nuevo esquema de cobro del gas industrial

El nuevo esquema de cobro del gas natural para uso industrial en Bolivia, ajustado al tipo de cambio flexible, comenzó a impactar la estructura de costos de las empresas. Este cambio amenaza con trasladarse al precio final de los productos.

Solicitud de pausa por parte de la FEPC

Ante esta situación, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) solicitó al Gobierno una pausa de seis meses en la aplicación de esta medida. El objetivo es negociar un nuevo mecanismo que fije precios en bolivianos y evite un mayor impacto inflacionario.

Preocupaciones sobre la facturación

El vicepresidente de la FEPC, Raúl Solares, explicó que la preocupación del sector no radica en el abastecimiento de gas, sino en la forma de facturación. Los contratos industriales fueron suscritos en dólares bajo un decreto vigente desde 2008. Con la entrada en vigor del régimen de tipo de cambio flexible, las empresas comenzaron a recibir facturas con incrementos de entre el 50% y el 60%.

Consecuencias para la competitividad

Esta situación pone en riesgo la competitividad de la industria nacional. Solares afirmó al programa Dinero: “El problema no es la provisión de gas. El problema es que los contratos están dolarizados y ahora se cobran al tipo de cambio flexible. Eso ha provocado un incremento muy importante en las facturas y, por consecuencia, en los costos de producción”.

Aumento en costos y precios al consumidor

De acuerdo con datos recopilados por la FEPC entre empresas afiliadas, el incremento en la factura del gas representa un aumento del 10% al 16% en la estructura de costos de producción. Se estima que los incrementos en el precio final al consumidor oscilarán entre el 8% y el 17% para diversos productos manufacturados.

Riesgos inflacionarios

Solares advirtió que, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y desaceleración del consumo, trasladar esos costos al mercado podría provocar una mayor contracción de la demanda y alimentar las presiones inflacionarias.

Propuesta para una solución a largo plazo

Como medida inmediata, el empresariado planteó suspender durante seis meses el nuevo esquema de cobro y mantener temporalmente el tipo de cambio utilizado cuando se firmaron los contratos, equivalente a 6,96 bolivianos por dólar. “Lo que buscamos es una fórmula más justa para las empresas y también para el Estado”, sostuvo Solares, a El Deber.

Colaboración con el Gobierno

Durante este período, se propone trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en un nuevo decreto que permita “bolivianizar” el precio del gas industrial. Solares calificó como positiva la primera reunión sostenida con las autoridades.

Impacto en diversas industrias

Solares aseguró que varias industrias ya comenzaron a recibir las primeras facturas con el nuevo cálculo del tipo de cambio. Citó el caso de una empresa cementera cuya factura mensual por consumo de gas pasó de aproximadamente 3 millones a 5 millones de bolivianos tras la aplicación del nuevo esquema.

Tendencias futuras

A su juicio, si el tipo de cambio mantiene la tendencia alcista registrada durante julio, muchas industrias no podrán seguir absorbiendo el incremento y se verán obligadas a trasladarlo al consumidor desde agosto. El impacto alcanza a una amplia gama de actividades industriales que utilizan gas natural como insumo energético.

Preservación de la competitividad

Para Solares, preservar la competitividad será determinante para evitar una escalada adicional de precios en un momento crítico para la economía boliviana. Mientras avanzan las negociaciones, se espera que el Gobierno acepte la pausa solicitada y abra el camino hacia una reforma que sustituya los contratos dolarizados por un esquema más predecible.

Cifras relevantes

• Incremento directo en costo de producción: 17,41% sobre el costo total en empresas electro/termointensivas.
• Alza estimada en precio final al consumidor: proyección entre 10% y 20%.
• Plazo solicitado para pausa: 180 días (6 meses) para congelamiento tarifario y mesas técnicas.

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