La alianza Libre declaró este miércoles 12 de agosto que la Ley de Inversiones, enviada por el Ejecutivo, contiene elementos considerados inconstitucionales. En este contexto, anunciaron que no aprobarán la norma sin realizar cambios previos en la Constitución Política del Estado (CPE).

Inconstitucionalidad de la propuesta normativa

El senador José Manuel Ormachea afirmó categóricamente que la propuesta es inconstitucional, ya que establece que, a partir de ahora, se habilitan los arbitrajes internacionales para Bolivia. Sin embargo, este mecanismo está prohibido por la CPE.

“La Constitución dice específicamente que los arbitrajes se dan en Bolivia, entre las empresas y el Estado Boliviano. Cualquier intento de resolución de controversia debe resolverse aquí. No estamos de acuerdo con eso, pero para ello hay que cambiar la Constitución, no aprobar una ley de inversiones”, declaró el senador.

Consecuencias del rechazo legislativo

Ormachea enfatizó que, debido a esta contradicción, la normativa no pasaría ningún control constitucional y sería rápidamente sometida a amparos. En este sentido, afirmó que si el texto de la propuesta normativa no se corrige, no contará con el apoyo de los legisladores de su bancada.

Opiniones desde la Cámara de Diputados

Por su parte, la diputada Cecilia Vargas ratificó que cualquier proyecto de ley presentado debe ser constitucional. Debido a la contradicción sobre los arbitrajes internacionales, la propuesta enviada por el Ejecutivo no cumple con este requisito y es necesario realizar un cambio en la Constitución.

“Es importante entender que la Constitución es magna, es la ley más grande e importante. Esto va a demorar y se declarará que la ley no es viable. En Cámara de Diputados se tiene la Comisión de Constitución que seguramente hará esta observación”, declaró la diputada.

Objetivo de la Ley de Inversiones

La Ley de Inversiones fue remitida ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional desde el Ejecutivo con el objetivo de incentivar el ingreso de divisas al país y regular gradualmente la cotización del dólar en Bolivia.

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La oposición ha anunciado su intención de llevar a cabo acciones que busquen reconducir estos decretos al marco constitucional vigente. Libre ha advertido que las decisiones del mandatario podrían resultar en prácticas autoritarias que son incompatibles con el sistema democrático.

Decreto 5503 y su análisis

En relación al Decreto 5503, que trata sobre el ajuste económico, la alianza considera que carece de un análisis técnico, económico y social responsable. Esto es especialmente relevante en lo que respecta a varios de sus artículos, en particular aquellos que están vinculados a la administración de empresas estatales y a la gestión de créditos sin el control del Legislativo.

Decreto 5515 y su interpretación

Respecto al Decreto 5515, que permite al presidente Paz gobernar desde el exterior, recortando así el margen de acción del Vicepresidente, la alianza opositora ha enfatizado que la Constitución establece el mecanismo de suplencia temporal de la presidencia. Este mecanismo no puede ser interpretado para justificar conflictos o diferencias personales.

Iniciativas de la alianza

Libre ha considerado que ambos decretos presentan vicios de inconstitucionalidad. Como alianza, se comprometen a impulsar las acciones e iniciativas necesarias para reconducir estos decretos al marco constitucional vigente.

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La Sala Plena del TCP analizó un recurso de inconstitucionalidad que está relacionado con la reelección presidencial. El debate comenzó la noche del 13 de mayo de 2025 y, tras varias horas de deliberación, se logró un preacuerdo. Este acuerdo fue respaldado por cinco de los nueve magistrados, aunque parece que el resto también terminó apoyándolo.

Consecuencias del fallo

Si se oficializa este fallo, se confirmaría que Evo Morales queda inhabilitado para postular nuevamente a la presidencia del país. Este escenario podría tener un impacto significativo en el panorama político boliviano.

Recurso de inconstitucionalidad

El recurso que se está analizando fue presentado por los diputados Leonardo Fabián Ayala Soria y José Carlos Gutiérrez Vargas, quienes son disidentes de la alianza Creemos. Ambos legisladores solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de artículos específicos de la Ley 381 de Aplicación Normativa y la Ley 026 de Régimen Electoral, que permiten una reelección continua por una sola vez.

Opinión de la Corte IDH

Además, los legisladores pidieron que se considere vinculante la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta corte estableció que la reelección presidencial no constituye un derecho humano. Esta información fue compartida al diario Correo del Sur.

Reacciones políticas

Diversos sectores políticos, tanto afines como contrarios a Morales, han expresado opiniones preliminares sobre el posible fallo. Sin embargo, el TCP tiene previsto brindar una conferencia para presentar oficialmente la sentencia.

De acuerdo con información en su página web institucional, el recurso fue admitido por el Tribunal Constitucional el 13 de diciembre de 2024.

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Flores ha señalado que es necesario determinar cuáles de los artículos solicitados, que son aproximadamente 9, son inconstitucionales. Muchos de estos artículos están relacionados con los créditos. En febrero, el senador había informado que había presentado dos recursos de inconstitucionalidad contra el PGE, así como otra acción para que los magistrados autoprorrogados del TCP se excusen de intervenir en la demanda.

Importancia de la autorización legislativa

El senador destacó que el TCP ha admitido uno de los recursos en contra del PGE. Según Flores, la Constitución establece claramente que los créditos externos deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta institución tiene la responsabilidad de evaluar el interés del financiamiento y las formas de pago, entre otros aspectos relevantes.

Infracción a la normativa

“Ellos (el gobierno) han incluido (créditos) en el PGE sin permiso de la Asamblea, incluyendo la autorización de pignoración que consideramos hace 3 meses como inconstitucional”, afirmó Flores. Además, mencionó que uno de los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama es el séptimo, que está relacionado con la confiscación de productos.

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La solicitud se realizó en Cochabamba, donde Tahuichi expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Bolivia debido a este tipo de acciones legales. “En esta coyuntura, yo le pediría a Israel Huaytari que pueda retirar esa acción de inconstitucionalidad abstracta”, comentó Tahuichi.

Además, enfatizó que el Órgano Electoral está comprometido a llevar a cabo las elecciones en la fecha establecida. Sin embargo, también manifestó su inquietud sobre los posibles efectos de los recursos y amparos que se han presentado ante el TCP.

Falta de protección legislativa

Por otro lado, Tahuichi lamentó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no haya aprobado un proyecto de ley que establezca el principio de preclusión, el cual serviría para proteger el proceso electoral.

Inconstitucionalidad de la convocatoria

El diputado Huaytari se dirigió al TCP con la solicitud de declarar inconstitucional la convocatoria a elecciones y exigir la incorporación del requisito de binomio paritario. Esta situación ha generado incertidumbre en el ámbito político y social del país.

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Cusi ha cuestionado las limitaciones que actualmente impiden la participación de los pueblos indígenas en las elecciones generales, las cuales están programadas para el 17 de agosto de 2025. Además, el diputado Israel Huaytari ha planteado otra acción de inconstitucionalidad que está relacionada con la inclusión de la equidad de género entre los candidatos.

Cuestionamientos sobre la participación

El exmagistrado ha declarado: “Sólo los que tienen partido y plata pueden tener candidatos. La Constitución Política del Estado dice que los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas pueden participar en igualdad de condiciones. Este precepto constitucional no se está haciendo cumplir”.

Cusi también ha criticado que las normas vigentes limitan la participación de los pueblos indígenas en los comicios electorales. Ha señalado que este sector solo puede participar en las elecciones subnacionales y no en las generales, lo que considera una injusticia.

Acciones legales en curso

Con la presentación de este recurso, se sumarían dos acciones en contra del proceso electoral. El diputado del ala arcista, Israel Huaytari, ha planteado una acción de inconstitucionalidad que exige que se incluya la equidad de género entre los candidatos que presenten las organizaciones políticas.

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Desde la alianza política Creemos, denuncian que el DS 5143 otorga al Ejecutivo un poder sobre los Derechos Reales, lo cual pone en riesgo el derecho propietario en Bolivia. En respuesta, han enviado cartas a organismos internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar el avance unilateral del Gobierno boliviano en la normativa, que vulnera los derechos en el país.

Declaración de estado de emergencia y movilización

La senadora Centa Rek anunció que, tras una reunión realizada recientemente, se ha determinado la declaración de estado de emergencia para exigir al Ejecutivo la abrogación de este decreto supremo. Además, se ha convocado a marchas de protesta en Santa Cruz y otras ciudades del país a partir del viernes 10 de mayo.

Acusaciones y llamado a la movilización

El senador “evista” Leonardo Loza asegura que el decreto atenta contra la propiedad privada y acusa al Gobierno de abusar de los derechos de los ciudadanos. Hace un llamado a estar alerta, ya que podrían verse afectados. Al igual que la alianza Creemos, pide la abrogación del decreto y llama al pueblo a movilizarse. Destaca que la movilización ha logrado que el Gobierno retroceda en algunas decisiones, pero insta a la población a informarse adecuadamente sobre esta situación.

Controversia sobre el “Sistema Único de Derechos Reales”

Una de las principales preocupaciones es el artículo 17 del DS 5143, que establece la implementación del “Sistema Único de Derechos Reales” en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic). Se argumenta que esto busca modernizar y regularizar el registro de propiedad. Sin embargo, se considera que esta medida va en contra de la Constitución, ya que se estaría poniendo en riesgo la protección de los datos sobre inmuebles que cada ciudadano posee y que solo son custodiados por el Órgano Judicial. Según la Constitución, estos datos no pueden ser transferidos a otras instituciones del Estado sin el consentimiento de los titulares.

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Mamani argumenta que el DS 5143 afecta los principios de reserva legal y el derecho a la propiedad. Esto se debe a que otorga poder a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), dependiente del Ministerio de la Presidencia, para implementar el Sistema Único del Registro de Derechos Reales. Según el diputado, esta disposición debería haber sido tratada como ley para reemplazar la antigua Ley de Derechos Reales de 1887, en lugar de ser aprobada directamente por el Presidente Luis Arce.

Violación a la independencia de los poderes del Estado

Mamani sostiene que la aprobación del DS 5143 por parte del Presidente Arce representa una violación a la independencia de los poderes del Estado. Según él, el Ministerio de la Presidencia no tiene derecho a involucrarse en la propiedad privada y controlar la cantidad de bienes que posee una persona. Además, denuncia que aquellos que no puedan demostrar cómo adquirieron un bien podrían enfrentar un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.

Acción legal contra el DS 5143

Ante esta situación, el diputado Mamani y su equipo legal han preparado una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el DS 5143. Consideran que esta disposición atenta contra la Carta Magna y varias normativas nacionales. Asimismo, invitan a otras plataformas a sumarse a las acciones legales para lograr un mayor impacto y defender los derechos de los bolivianos.

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El senador “evista” Luis Adolfo Flores ha llamado a la reflexión al Presidente Luis Arce y a todos los involucrados en el decreto de designación de un nuevo vocal del TSE. Flores sostiene que cuando se comete un error, lo correcto es reconocerlo y retroceder.

Argumentos constitucionales en juego

Según la Constitución, el Presidente tiene la facultad de designar y destituir miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero solo puede designar vocales del TSE y no tiene el poder para cesar sus funciones. Por lo tanto, Dina Chuquimia sigue ejerciendo legalmente el cargo, ya que no cumple con ninguno de los parámetros para dejarlo.

Chuquimia no ha renunciado, no ha cometido ningún delito ni ha sido condenada, no ha fallecido y no tiene ninguna incapacidad. Además, no ha cumplido con su mandato de seis años. Ante esta situación, el senador del MAS señala que Chuquimia incluso podría presentar un amparo constitucional por esta irregularidad.

Posibles acciones legales y agravamiento del conflicto

Se plantea la posibilidad de que cualquier parlamentario solicite la inconstitucionalidad abstracta de este hecho. Además, se está analizando la posibilidad de considerar este acto como acoso político. Estas acciones podrían agravar aún más el conflicto.

El legislador del MAS considera que se debe reconsiderar la designación inconstitucional del señor Gustavo Ávila, ya que va en contra de las normativas nacionales.

Antecedentes de actuaciones fuera de la norma

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, recuerda que esta no es la primera vez que el Presidente Luis Arce actúa fuera de la norma, ya que también reemplazó a vocales electorales de tribunales departamentales. Alarcón considera que este hecho no solo es ilegal, sino que también degrada la imagen del TSE.

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Unanimidad en la declaración inconstitucional

Por unanimidad, el pleno compuesto por nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.

Fallo expulsa ley del sistema normativo vigente

“Luego de una deliberación unánime, los magistrados y magistradas del pleno hemos decidido declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Esto significa que dicha ley queda expulsada del sistema normativo vigente en el país”, declaró López Arias acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.

Paso siguiente: publicación oficial

López Arias indicó que una vez quede firme la sentencia, se procederá a su publicación en la Gaceta Oficial.

Impacto ambiental y económico de la mina

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares según la empresa, que exporta principalmente a China y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema según los grupos ambientalistas que han luchado contra este proyecto durante años.

Fallo invalida contrato minero

Con este fallo, el contrato deja de tener validez, tal como habían adelantado la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño. En consecuencia, se espera que el Ejecutivo ordene en un corto plazo el cese de operaciones de la mina, aunque esto no significa su cierre definitivo ya que tomará años llevar a cabo dicho proceso según los expertos.

Presidente acata decisión judicial

El presidente panameño reaccionó al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden. “Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de poderes del Estado y nuestra Constitución, recibo y acato la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia hoy sobre la Ley 406 del contrato minero”, afirmó Cortizo en un breve comunicado.

Demandas internacionales por parte de Minera Panamá

Minera Panamá ya ha anunciado su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el Gobierno panameño el pasado 26 de noviembre. El gobierno aseguró estar listo para defender al Estado.

Fin de la crisis y levantamiento de bloqueos

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, lo cual ha dejado cuatro muertos, un paro docente que ha afectado a cerca de 800.000 estudiantes en el último mes, y un deterioro económico debido a los bloqueos liderados por grupos indígenas y sindicatos. Estos bloqueos ya han comenzado a levantarse.

Protestas pacíficas con respuesta policial excesiva

El rechazo al contrato minero también generó las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, lideradas por jóvenes, pero malogradas por infiltrados que causaron disturbios. La respuesta policial fue considerada excesiva según la Defensoría del Pueblo.

Fuente EFE

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Por unanimidad, el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidente María Eugenia López declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406 que contiene el contrato, aprobada el 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del Presidente Laurentino Cortizo.

Fallo expulsa ley del sistema normativo

“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo vigente en el país”, declaró la presidente, acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.

Efectos sobre explotación minera

López indicó que una vez quede firme la sentencia, se procederá a su publicación en la Gaceta Oficial. La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares según la empresa, que exporta principalmente a China y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema según los grupos ambientalistas que lucharon durante años contra el proyecto.

Contrato pierde validez

Con este fallo, el contrato deja de tener validez y en consecuencia, se espera que el Ejecutivo ordene en un corto plazo el cese de operaciones de la mina, lo cual no es lo mismo que su cierre. Según los expertos, este proceso tomará años.

Minera Panamá presenta demandas internacionales

Minera Panamá ya anunció su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Así lo informó el Gobierno panameño el 26 de noviembre.

Diálogo entre las partes por 90 días

Anoche, la compañía minera respondió al comunicado del Gobierno panameño asegurando que su notificación tenía como objetivo cumplir con las formalidades para abrir un período mínimo de diálogo entre las partes por 90 días.

Crisis nacional llega a su fin

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno. Esta situación dejó cuatro muertos, un paro docente que afectó a cerca de 800.000 estudiantes en el último mes y un deterioro económico debido a los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos.

Protestas pacíficas interrumpidas por disturbios

El rechazo al contrato minero también generó las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, lideradas por jóvenes, pero que fueron interrumpidas por infiltrados que causaron disturbios. La respuesta policial fue considerada excesiva por la Defensoría del Pueblo.

Fuente: EFE

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El recurso de inconstitucionalidad abstracto fue presentado por el diputado de Creemos, Fabián Ayala, pero no fue el primer recurso presentado. Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional debe iniciar el proceso de preselección desde fojas cero.

“La Sala Plena del TCP resolvió declarar la Inconstitucionalidad de la R.A.L.P, 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023; y en consecuencia, del Reglamento de Preselección de Candidatos y Candidatas para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura y de la Convocatoria Pública emitida para tal efecto, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional”, establece el documento.

El presidente del TCP, Paul Franco, señaló que el proceso de preselección debe ser mediante una ley, la cual tiene que ser aprobada por los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), además que queda sin efecto la ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos.

Asimismo, el diputado Froilan Mamani, afirmó que están a la espera de la convocatoria para que la Comisión Mixta de Constitución inicie la redacción de la nueva convocatoria y reglamento para la preselección de autoridades judiciales.

“Bueno yo creo que nos van a notificar hasta el día de mañana (hoy) y de manera oficial nos tienen que hacer la convocatoria la compañera presidenta (Patricia Arce), así de esa manera trabajar o hacer el trabajo de manera inmediata, así de esa manera garantizar el trabajo de la Asamblea Legislativa tomando ya en cuenta el fallo la sentencia constitucional, que ya tenemos conocimiento hasta el momento”, dijo.

Mamani mencionó que el Órgano Legislativo está con el deber de garantizar el proceso de presentación de autoridades judiciales y con ello el Órgano Electoral llevará adelante la organización de los próximos comicios electorales.

El diputado exhortó a sus colegas de los tres partidos políticos que forman la ALP, llegar a concensos para aprobar la futura ley y la votación para la preselección de candidatos.

Asimismo, el parlamentario de Creemos, Erwin Bazán, nuevamente acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de no querer que haya elecciones judiciales y nombrar a las autoridades “a dedo”.

Bazán cuestionó el trabajo del TCP ya que el fallo fue conocido después de los 45 días que establece la normativa, pero estaban a la espera que el mismo salga antes de la fecha límite.

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El 27 de abril, el TCP suspendió por segunda vez y de manera provisional el proceso de preselección de candidatos al TSE debido a una presunta inconstitucionalidad en el reglamento y la convocatoria, presentada por la bancada de Creemos.

Estas acusaciones generaron tensiones entre oficialismo y oposición, quienes se culpan mutuamente por obstaculizar el proceso electoral. El diputado del MAS, Hilarión Mamani, instó a las organizaciones sociales y ciudadanos a pronunciarse para exigir una mayor agilización del proceso electoral.

Por otro lado, el diputado Carlos Alarcón señaló que el oficialismo liderado por la presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Patrizia Arce, creó un “show” para acusar a la oposición de entorpecer el proceso electoral. Afirmó que lo único que les interesa es mantener a los magistrados interinos del MAS, como responsables violadores de derechos humanos y encubridores de corrupción.

En respuesta a esta situación, el diputado Renán Cabezas anunció que presentará un proyecto de ley para elegir nuevos magistrados interinos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acusando al ejecutivo de querer prorrogar en el cargo a los actuales magistrados mediante un pacto oscuro.

A pesar de estas discrepancias, aún existe la posibilidad de que la ALP ajuste los plazos para la selección, aunque el ente ingresará a un receso de dos semanas desde el 17 de julio hasta el 1 de agosto.

La incertidumbre persiste sobre si las elecciones judiciales se realizarán este año y quiénes serán las autoridades judiciales elegidas por los ciudadanos.

/ASL

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La diputada de esa alianza política, Luisa Nayar, explicó que un decreto no puede ir sobre una ley, y mucho menos por encima de la Constitución Política del Estado (CPE), por tanto, remarcó que mientras se analice el recurso abstracto de inconstitucionalidad que se presentó, esta normativa no puede entrar en vigencia.

En ese sentido, Nayar manifestó que esta petición la hicieron junto a las familias de los polarizadores, quienes ahora enfrenten una difícil situación debido a que su única fuente de ingreso era la colocación de estos vidrios.

“Solamente en el departamento de La Paz hay 2.500 familias que están siendo afectadas por esta situación, ahora multipliquemos esto hacia el resto del país. Están dañando no solo la economía de las familias bolivianas, sino que buscan llevar adelante la promoción de este Decreto de la extorsión, que para lo único que va a servir es para sacarle plata a los bolivianos”, declaró la legisladora según informó LA PATRIA desde la Sede de Gobierno.

Junto a la petición al Ministro de Gobierno, Nayar presentó una carta a la ciudadanía motivando a iniciar un proceso de impugnación a todas las multas que se den por motivo de uso de vidrios polarizados pues, según explicó previamente, el Decreto Supremo no debería estar vigente todavía.

Por su parte, el vocero de los polarizadores manifestó que la gente de su sector ya no trabaja desde la implementación de esta normativa, y aclaró que su pedido de anular esta prohibición no está fuera de regla, porque su trabajo es honesto.

/ LMPT

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Durante la sesión 198, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro expuso el mencionado proyecto de ley, en el que se aprobó el presupuesto adicional de recursos y gastos para las entidades del sector público, por un importe total agregado de 1.909.546.715 bolivianos y consolidado de 1.720.875.073 bolivianos.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez, informó que existe el compromiso con el Ministerio de Economía de garantizar la estabilidad de los tributos y las actividades del sector industrial del país.

El asambleísta sostuvo que el PGE reformulado contempla un agregado de casi dos mil millones de bolivianos.

Asimismo, el presidente de los Industriales del país, Pablo Camacho, confirmó acercamientos con la cartera de Economía por lo cual se establecieron compromisos para que no se afecte a la producción nacional.

En la misma sesión, el senador Rodrigo Paz Pereira en tono de ironía cuestionó que la ley en uno de sus artículos autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un crédito extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nacional, por un monto de hasta 3.000.000.000 (tres mil millones de bolivianos), en condiciones concesionales, destinados a la reconstrucción de la economía nacional, sin contar con los dos tercios del directorio del ente emisor.

Durante la deliberación en la que asambleístas del MAS levantaron la mano sin mayor objeción, la senadora Silvia Salame se retiró del tratamiento en detalle, luego de no ser escuchada sobre sus advertencias sobre la necesidad de incorporar el número de ley que se estaba modificando, y no solo la aprobación del presupuesto complementario.

Finalmente, la senadora Cecilia Requena lamentó que no haya habido mayor análisis y reflexión en el oficialismo sobre las negativas consecuencias sobre la industria nacional que tendrá la norma.

/MDCB

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Esta sala envió al TCP una acción de inconstitucionalidad de la exmandataria, la cual objetaba la competencia del tribunal paceño para juzgarla en su calidad de expresidente.

“El ministerio Público presentó una acción de amparo constitucional en contra de la Resolución que emitió la Sala Penal Cuarta (…) Esta acción ha sido resuelta en favor del Ministerio Público, pero no resuelve que el proceso vaya a la vía ordinaria, lo que está resolviendo es que se emita una nueva resolución”, indicó Luis Guillén, abogado de la exautoridad.

El TCP anuló la resolución que beneficiaba a la expresidente en el caso EBA por lo que se ordenó que el Tribunal de La Paz emita una nueva resolución, según reporte de la agencia estatal ABI.

En abril, la Sala Penal Cuarta decidió que Áñez sea procesada en juicio de responsabilidades. Sin embargo, ahora el amparo constitucional cambia esta decisión.

CASO EBA

La Fiscalía investiga la denuncia de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en el la cual Jeanine Áñez es acusada de nombrar de manera irregular a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA, sin cumplir con los requisitos que demanda el cargo.

Asimismo, la empresa estatal pidió que el caso sea investigado en un proceso ordinario por la presunta comisión de al menos cinco delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

/NVY

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“Se ha declarado inconstitucionalidad del delito de sedición. A partir de la notificación de la Sentencia Constitucional, el delito de sedición queda expulsado del ordenamiento jurídico boliviano, nadie puede ser perseguido con relación a este delito”, afirmó el presidente del TCP, Paúl Franco, en conferencia de prensa.

Añadió que la misma sentencia declaró la improcedencia de inconstitucionalidad del delito de terrorismo, ya que la modificación está incorporada en la Ley 260, Orgánica del Ministerio Público.

DATOS

El delito de sedición estaba incorporado en el Código Penal, en el artículo 123, y tiene una pena privativa con cárcel de uno a tres años. En noviembre de 2021, el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas afirmó que los delitos de sedición y terrorismo son “vagos y abstractos” pese a que fueron “actualizados” en el gobierno de Evo Morales.

/ SVL

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“Ningún decreto puede modificar una ley. Eso es inconstitucional. Ningún ministro puede decir que está sacando un decreto y que después nosotros (la Asamblea Legislativa Plurinacional) se lo vamos a sacar una ley. Nosotros no estamos al servicio del Órgano Ejecutivo”, advirtió Salame.

El 1 de diciembre, los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) que se aprestaban a iniciar un paro indefinido se vieron sorprendido con la decisión del Gobierno de Luis Arce, que resolvió cerrar esta entidad y crear mediante decreto supremo la institución denominada Naabol, según reportó ANF.

La senadora protestó que el Gobierno a través del Movimiento Al Socialismo (MAS) intente que el Legislativo tenga que legalizar una norma desde su punto de vista “ilegal”.

“Nosotros somos un Órgano independiente, aunque el MAS tenga mayoría es importante que los ciudadanos sepan que se tiene que debatir en Diputados y Senado. Ese decreto está al margen de la ley”, sostuvo.

Asimismo, precisó que los trabajadores están sujetos a la Ley General del Trabajo, dijo que si una empresa quiere cerrar de la noche a la mañana con seguridad el Ministerio de Trabajo procederá a sanciones, porque “nadie puede cerrar una empresa dejando en la calle a los trabajadores”.

Planteó que una ley de cierre de Aasana debiera ser debatido en el Legislativo, para evaluar verdaderamente las falencias y problemas que según el Gobierno existen.

La legisladora dijo que no se trata de defender a la extinta Aasana ni a los trabajadores, sino que también se está poniendo en riesgo las operaciones aéreas.

Antecedentes

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño informó que Aasana se encontraba en quiebra, que tenía una deuda de más de 1.300 millones de bolivianos.

El Gobierno tomó la decisión de cerrar la entidad al no lograr un acuerdo con los trabajadores que exigían el pago de horas extras, además de un pliego petitorio de diez puntos.

Asimismo, tiene previsto pagar el finiquito a los casi 800 trabajadores que son parte de la planilla de personal. Las autoridades señalaron que la situación ya era insostenible.

/RXVCH/

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El Estatuto del MAS categoriza como “autoridades designadas” a todo funcionario, desde ministros hasta servidores públicos, que sean parte de periodos en que el partido azul gobierna, incluso en gobernaciones y alcaldías.

El documento indica que “no existe la figura de autoridades neutrales, ni independientes en los cargos de designación, departamental, regional y municipal, todos y todas deben ser militantes”.

La exvocal Rosario Baptista había advertido este tema en su carta de renuncia, en la cual señaló que el Estatuto del MAS obliga a las autoridades públicas a responder al partido de Gobierno.

El vocal Vargas, en entrevista con ERBOL, explicó que el TSE registra los estatutos de organizaciones políticas revisando que cumpla con sus propias normas y procedimientos.

Respecto al Estatuto del MAS, Vargas señaló que en la resolución de registro se dejó establecido que solamente pueden regular a los militantes que están registrados ante el Órgano Electoral Plurinacional.

“Un estatuto no puede estar por encima de ninguna normativa y obviamente corresponderá, porque si alguno de los militantes no está de acuerdo, haga las acciones que corresponden para declarar su inconstitucionalidad”, dijo.

Vargas afirmó que el Estatuto del MAS está en vigencia, pero recalcó que militantes o ciudadanos que se sientan afectados por la disposición sobre funcionarios públicos, puede iniciar las acciones respectivas.

/ERBOL/

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El jefe de la bancada de diputados de CC, Marcelo Pedraza aseveró que la ley aprobada la semana anterior por la Cámara baja es una norma “inconstitucional”.

“Esta normativa viola el secreto profesional, bancario, derecho a la defensa, a la intimidad (…) esta ley lo que busca es perseguir a los disidentes, a los que están en contra del Gobierno autoritario del MAS (Movimiento Al Socialismo)”, aseveró el diputado.

El líder de CC, Carlos Mesa publicó mediante su cuenta en Twitter que el Gobierno utiliza entidades públicas como instrumento de represión y persecución.

“La Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, Ministerio de Justicia y Procuraduría como aparatos de represión y persecución”, escribió Mesa.

Dicho recurso de inconstitucionalidad será presentado en próximos días ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con sede en la Capital de Bolivia, para que se pronuncie en torno a este tema, asimismo, en caso que esta instancia no aplique la norma se acudirá a las vías internacionales.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta, la madrugada del viernes 17 de septiembre, el proyecto de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.

Esta normativa tiene la finalidad de establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

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“Con lo que ganamos hoy (ayer), tenemos un respaldo adicional para pelear, para demandar la Ley de Emergencia Sanitaria y buscar su inconstitucionalidad. Veremos alguna forma jurídica de presión” dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Médicos y Ramas Afines (Fesimras), Fernando Romero, según Página Siete.

“Este tema será analizado por los colegas abogados que lucharon y ganaron esta batalla”, añadió Romero, después de conocer la resolución.

El Presidente del Estado, Luis Arce promulgó, sin ningún tipo de acto público, la Ley 135 de Emergencia Sanitaria, dicha norma establece que durante la pandemia no se podrán interrumpir los servicios de salud. Los médicos rechazaron de inmediato esta medida y declararon un paro nacional. Desde el 18 de febrero sólo atienden emergencias y casos de Covid-19

El lunes 1 de marzo, el diputado por el MAS, Héctor Arce presentó ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba una Acción Popular contra Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia, y Bernardo Orgaz, representante del Consejo Nacional de Salud para dejar sin efecto el paro médico porque va en contra la Ley de Emergencia Sanitaria.

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, confirmó la tarde del martes que la acción fue denegada por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

“Por tanto, nuestro derecho a la protesta sigue. Era lo principal para representar las necesidades que tenemos y la falta de atención por parte de las autoridades, en especial del Gobierno central que se olvidó de la salud y de sus profesionales”, sostuvo.

Asimismo, Fernández afirmó que la decisión judicial respeta el derecho fundamental que tienen los humanos y sobre todos los trabajadores de reclamar por sus necesidades y por sus requerimientos. “Eso es fundamental para nosotros”, añadió.

El secretario General del Colegio Médico de La Paz, Óscar Oliden, manifestó que la Acción Popular fue rechazada porque “no hay justificativo”.

“Salimos airosos de esta acción popular. Una vez más, la justicia nos da la razón, el médico no está peleando por intereses personales, sino por todos”, aseveró el dirigente.

Al mismo tiempo, Oliden explicó que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución.

“Ya son dos acciones populares y hemos ganado en La Paz y otra en Cochabamba. Eso significa que los profesionales en salud tenemos razón en nuestra lucha. No es una pelea por un interés personal”, señaló Oliden.

El senador por el MAS, Félix Ajpi declaró que buscarán la resolución del Tribunal de Justicia cochabambino para realizar este miércoles un análisis en una comisión.

“De repente, el planteamiento de la acción no estuvo bien dirigido y eso no significa que se reconozca la protesta. Tendríamos que conocer qué dice la fundamentación de rechazo. Ahora sólo conocemos el resultado y, por lo tanto, continuará la movilización de los médicos. Primero debemos conocer la acción y su contenido”, afirmó el Ajpi.

El representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero agregó que el fallo implica que el derecho a la lucha es “legítimo”.

“Cualquier Presidente con sentido común daría un paso atrás y construiría otra ley con nosotros”, mantuvo e indicó que el sector espera la atención de las autoridades.

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La responsable de prensa de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, Ruth Rivero, sumó a esta noticia el anuncio de nuevas y masivas movilizaciones desde este miércoles 24 de febrero.

“Tenemos una asamblea convocada en el Hospital San Juan de Dios y posterior a eso vamos a salir en movilización con los profesionales y trabajadores en salud (…) vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad”, explicó la representante del sector durante una entrevista en Radio Fides.

Tras una reunión llevada adelante la jornada pasada, el Comité Departamental de Salud definió socializar las demandas del sector con todas las instituciones cruceñas con el fin de consolidar un “bloque de unidad” contra la Ley.

Esta jornada se realizó una ruidosa y multitudinaria marcha en Potosí

El presidente del Colegio Médico Departamental de Potosí, Fernando Acebey, informó que mantienen las protestas convocadas por la Comisión Departamental de Salud formada por los colegios de profesionales en salud y sindicatos médicos que se unieron en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria.

Acebey afirmó que lo único que busca es amordazar al sector. El pedido nacional busca la abrogación de la norma y anuncian que no participarán de la reglamentación porque observan la inconstitucionalidad de la norma, reportó el diario El Potosí.

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“Ante esto, vamos a mandar al Tribunal Constitucional un recurso abstracto de inconstitucionalidad para que revise esta ley promulgada y prevalezca la Constitución Política del Estado (CPE)”, informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, en una entrevista con Unitel.

El anuncio se registra luego que la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, promulgó el miércoles dicha norma, que dispone el pago de un bono para las personas que no perciben ningún salario.

Ante esto, Alanoca anunció que se presentará una denuncia por la vía penal contra la senadora Copa por “malversación”, por usar fondos para pagar un bono cuando estaban destinados para otro ítem de gastos.

El Gobierno observa que el financiamiento para hacer el pago del bono señalado en la Ley plantea el uso de los créditos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando ambos préstamos fueron tramitados para otro fin.

“Los organismos financiadores nos dicen que ellos no nos pueden dar el préstamo para el bono Contra el Hambre porque ya hay un objeto determinado por el que se ha negociado, entonces es un proyecto inviable”, sostuvo.

Asimismo, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, aseguró que no existe financiamiento para el pago del Bono Hambre, “es decir es otra mentira. ¡No se puede engañar así a la gente!”.

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“Ha habido una colusión muy clara entre el TCP y el Órgano Legislativo, el Tribunal tenía dos días para contestar; sin embargo, ha dejado pasar casi 30 días para notificar con su rechazo (…). Quiero denunciar esa colusión que ha existido clara, franca y abierta entre el Órgano Legislativo y el Tribunal Constitucional”, indicó Poppe en una entrevista con la red de televisión ATB.

Poppe indicó que se encuentran en “estado de emergencia” y a la espera del recurso abstracto de inconstitucional que la Presidente Jeanine Áñez, presentará ante el TCP.

Además, Aprobin mencionó que con la aprobación de “Ley de Alquileres”, que se incurre en al menos tres delitos penales: resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes y negación o retardo de justicia, reporta Página Siete.

El pasado viernes, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, promulgó la Ley de reducción excepcional de alquileres, que dispone una condonación del 50% en el pago de alquileres para aquellos inquilinos que no cuenten con un salario.

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