“Son más de 143 personas detenidas desde que se han iniciado las movilizaciones, entre arrestadas y aprehendidas, a las cuales se les ha identificado con grandes sumas de dinero”, dijo Ríos.

La autoridad gubernamental reveló que el total del dinero incautado sobrepasa los Bs 3.000.000.

Financiamiento irregular

“Hay un financiamiento a personas que están movilizadas porque además veíamos en las marchas que varios de los marchistas no eran ni siquiera compañeros del campo o militantes, sino era gente contratada que tenía la intencionalidad directa de generar un enfrentamiento con la Policía”, indicó Ríos.

Incitación a la violencia

Entre los aprehendidos se encuentran individuos que, además de portar dinero, incitaban a la violencia o amenazaban directamente a instituciones del Estado.

“Se los sorprendió con mensajes intimidatorios y planes de acción coordinada para cercar instalaciones públicas y generar caos”, dijo.

Hallazgos preocupantes

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la incautación de artefactos explosivos, como guías, mechas y detonadores, que fueron interceptados mientras ingresaban a La Paz desde Yungas, Cochabamba y Oruro.

Investigaciones en curso

Ríos confirmó que todos estos elementos están siendo incluidos en las investigaciones abiertas por el Ministerio Público. El objetivo es identificar a los responsables intelectuales y operativos de estas acciones, que no responden a una movilización social legítima, sino a una estrategia de desestabilización política.

/KMMN

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La institución enfatizó que las diferencias deben ser resueltas a través de un debate respetuoso y utilizando los mecanismos constitucionales. Por ello, instó a la ciudadanía a mantener una actitud crítica, vigilante y pacífica, comprometida con la democracia y los derechos humanos.

Advertencias políticas en Bolivia

El lunes, Ruth Nina, la jefa nacional del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), advirtió que defenderá sus derechos políticos. Además, mencionó que buscará que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) restituya su personalidad jurídica e inscriba a sus candidatos. De no ser así, amenazó con que el Órgano Electoral “arderá”.

Por su parte, el evismo también advirtió que provocará convulsiones en el país si no se inscribe la candidatura de Evo Morales para las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025.

Preocupación de la Defensoría

Ante estas insinuaciones, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las declaraciones de representantes de organizaciones políticas. Afirmó que tales afirmaciones pueden interpretarse como incitaciones a la violencia y como amenazas al normal desarrollo del proceso electoral en curso.

La Defensoría rechazó cualquier manifestación o discurso que fomente acciones violentas o que amenace la institucionalidad democrática, especialmente en relación con las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es un órgano fundamental para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía.

Derechos políticos y convivencia pacífica

La institución también recordó que el ejercicio de los derechos políticos debe llevarse a cabo dentro de un marco de respeto a las normas democráticas, a la libertad de expresión responsable y a la convivencia pacífica. Esto es crucial, ya que el calendario electoral debe desarrollarse en un ambiente libre de presiones, amenazas o acciones que generen temor, desinformación o conflicto.

La Defensoría subrayó que los discursos de odio y las amenazas dirigidas a instituciones públicas pueden resultar en hechos de violencia que vulneren los derechos humanos, afecten la estabilidad del proceso electoral y menoscaben la participación ciudadana.

Compromiso con los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos políticos y electorales de la población. Asimismo, se comprometió a promover y exigir el respeto a los derechos humanos, fortalecer una cultura democrática y garantizar la vigencia del Estado de Derecho.

Desde el lunes, sectores sociales evistas han estado protestando en la ciudad de La Paz, exigiendo la inscripción de la candidatura de Morales. Esto ocurre a pesar de que no cuenta con un partido que tenga personería jurídica y que el periodo de inscripción de candidatos culminó el 19 de mayo de 2025.

/KMMN

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