La pregunta que se formuló sobre la posible renuncia del fiscal ante las acusaciones en el contexto de una grave denuncia de corrupción judicial es parte del ejercicio legítimo del periodismo. Además, es un derecho de la ciudadanía recibir información oportuna, veraz y contrastada sobre las acciones de las autoridades nacionales.

Reacción del fiscal Mariaca

La respuesta del fiscal Mariaca incluyó acusaciones directas contra el medio de comunicación y amenazas de iniciar “las quejas correspondientes” contra la periodista. Esta conducta se considera un acto de amedrentamiento inaceptable y va en contra de los principios democráticos y del Estado de derecho.

El comunicado emitido por la Asociación Nacional de Periodistas subraya que toda autoridad, especialmente alguien en una posición tan importante como el Fiscal General del Estado, debe someterse al escrutinio público. También deben rendir cuentas de sus actos y mantener un trato respetuoso y transparente con los periodistas, reconociendo la legitimidad de su labor, incluso si esta resulta crítica o incómoda para sus intereses.

Descalificación y victimización

En lugar de ofrecer respuestas claras a una pregunta relevante sobre su presunta vinculación con una red de corrupción que busca alterar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal Mariaca eligió descalificar al medio. Además, distorsionó el sentido de la pregunta y se presentó como víctima, sugiriendo que existía una conspiración en su contra por parte de la Red Unitel.

Este comportamiento no solo es inapropiado para una autoridad estatal, sino que también socava la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia. Por ello, el comunicado exige que el Fiscal General del Estado se retracte públicamente de sus declaraciones intimidatorias y garantice condiciones adecuadas para el ejercicio libre y seguro del periodismo, sin represalias.

Hostilidad contra la prensa

La conducta del fiscal Mariaca representa un patrón preocupante de hostilidad hacia la prensa y se considera un acto de violencia inaceptable. El comunicado concluye afirmando que “la democracia requiere autoridades que rindan cuentas, medios que pregunten sin temor y periodistas que informen sin ser hostigados”. En defensa de estos principios, se reitera la solidaridad con la periodista de Unitel y con todos los trabajadores de la prensa que realizan su labor a pesar de las amenazas, descalificaciones y presiones indebidas.

Exigencias de la Asociación Nacional de Periodistas

La Asociación Nacional de Periodistas también enfatiza que este tipo de actitudes erosionan la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia. Por lo tanto, exigen garantías para un ejercicio periodístico libre y sin represalias.

/KMMN

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