Los periódicos bolivianos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y organizaciones de periodistas denunciaron la agresión al cronista del rotativo cruceño El Deber, Guider Arancibia, y demandaron la actuación de la Fiscalía ante la comisión de, al menos, seis delitos contra el comunicador.

En un mensaje emitido por la ANP, se denuncia que los delitos cometidos contra Arancibia son de orden público y están tipificados en el Código Penal: atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la libertad de prensa, amenazas, daño simple; y los delitos de acción privada que incluyen la calumnia e injuria.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) condenaron la acción del capitán de aviación Jaime Rodríguez, al que se responsabiliza de agresión y destrucción de equipos de trabajo del periodista el día sábado 25 de agosto de 2025, en el aeropuerto de El Trompillo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Los periódicos asociados exigieron la actuación de la Fiscalía y la apertura de proceso por el caso denunciado porque esta acción violenta representa una vulneración a las garantías otorgadas por la Constitución Política del Estado (CPE) a los trabajadores de la prensa y está señalado en el parágrafo tercero del artículo 106 de la Carta Magna.

Guider Arancibia es un reconocido periodista y abogado que realiza la cobertura e investigación de temas de seguridad para el periódico El Deber, y su labor fue reconocida por organizaciones periodísticas, señala la ANP.

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Detalles de la agresión

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el capitán Rodríguez confrontó y agredió al periodista cuando este mostró su credencial. Durante el altercado, el agresor amenazó a Arancibia y lo expulsó de la terminal aérea. En presencia de efectivos de la Policía antinarcóticos, Rodríguez le quitó y destruyó su teléfono celular con la intención de evitar que se registrara lo sucedido.

Violencia contra el periodismo

El comunicado de las asociaciones de periodistas subraya que la obstrucción al trabajo periodístico, así como las amenazas y el amedrentamiento, son actos de violencia que buscan silenciar y censurar la labor informativa. La destrucción de equipos de trabajo se considera una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de libertad de expresión.

Obligaciones del estado boliviano

Las organizaciones enfatizan que el estado boliviano tiene la responsabilidad de investigar cualquier denuncia de agresión a periodistas, sancionar a los responsables y adoptar medidas que garanticen que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o hostigamientos.

Exigencias a la Fiscalía

Se exige a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y a las instancias competentes que inicien de inmediato una investigación sobre los hechos denunciados. También se solicita la identificación completa de los responsables y la aplicación de sanciones contra el agresor de acuerdo con la ley. Además, se requieren garantías efectivas para que los periodistas puedan ejercer su labor sin sufrir hostigamientos o violencia.

Implementación de protocolos

El comunicado reitera la necesidad de implementar protocolos que obliguen a los efectivos militares y policiales a respetar y garantizar la labor periodística en espacios públicos. Las instituciones estatales deben proteger el derecho a la información de la ciudadanía, que se ve afectado cuando se agrede a los periodistas.

Finalmente, se concluye que “ningún acto de violencia ni amenaza podrá coartar la libertad de expresión ni el derecho del pueblo boliviano a estar informado”. La impunidad frente a estas agresiones solo contribuye a su repetición.

/KMMN

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En este sentido, exigieron que se brinden todas las garantías efectivas y protección especial para que Arancibia pueda seguir desempeñando sus funciones como dirigente y trabajando sin temor. Además, recalcaron la gravedad del caso y consideraron insuficientes las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Recordaron que no se trata simplemente de cualquier persona amenazada, sino un periodista expuesto a riesgos extraordinarios.

Asimismo, resaltaron la importancia del periodismo como un servicio que garantiza el derecho de la sociedad a acceder a información veraz y oportuna. En este sentido, recordaron que los estándares interamericanos obligan al Estado a brindar protección extraordinaria a los profesionales cuyas vidas o integridad física están en riesgo.

Por otro lado, denunciaron el patrón recurrente e impune de violencia contra periodistas y señalaron que hasta ahora el Gobierno no ha tomado medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. En este contexto, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, también instó a intervenir lo antes posible para proteger al periodista e investigar las amenazas en su contra.

Arancibia relató que recibió amenazas el miércoles 26 de julio a través de una llamada telefónica de Douglas Lima Lobo, quien presuntamente está relacionado con la familia Lima Lobo, vinculada al narcotráfico según autoridades policiales de Bolivia y Argentina. Además, informó que este individuo se presentó en las oficinas del periódico El Deber buscando a los jefes de redacción para expresar su descontento.

Arancibia había informado el 23 de mayo sobre la caída de una avioneta con matrícula boliviana en territorio argentino, la cual transportaba estupefacientes y pertenecía a un conocido clan del narcotráfico que opera en el país. Ante esta situación, medios argentinos y el Ministerio Público de Bolivia respaldaron dicha información.

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En un pronunciamiento, la organización que representa a los principales diarios de Bolivia, expresó preocupación por la agresión verbal y alertó a las autoridades de la seguridad pública sobre los riesgos para la vida del periodista de investigación que publica noticias basadas en fuentes confiables.

Arancibia Guillen informó haber sufrido una amenaza telefónica, el miércoles 26 de julio, por parte de una persona que se identificó como Douglas Lima Lobo, integrante de la familia Lima Lobo a la que autoridades policiales de Bolivia y Argentina sindican de estar relacionada con el narcotráfico.

“Cerca de las dos y media de la tarde me llamó Douglas Lima Lobo para quejarse. Le expliqué que es información que la Policía antinarcóticos y la Fiscalía de Sustancias Controladas comparten a la prensa. Entonces, me dijo que me iba a demandar para que yo demuestre que la Fiscalía es la fuente de la información. Y agregó que de aquí en adelante yo tenga mucho cuidado; que la familia Lima Lobo está cansada de las burreras que hacen ustedes (los periodistas). Usted va a tener que demostrar que la familia Lima Lobo es dueña de la avioneta (incautada)”, advirtió al periodista.

El periodista informó a la Unidad de Monitoreo de la ANP que Douglas Lima Lobo acudió primero a las oficinas del periódico El Deber en busca de los jefes de redacción para expresar su descontento.

“Al ser informado que no estaban para atenderlo, hizo una llamada; alguien le dio mi número telefónico, y entonces me llamó. Como hablaba a gritos, la secretaria que lo atendió y otro personal administrativo de El Deber atestiguaron (escucharon) lo que me dijo”, agregó Arancibia.

El Deber publicó el 26 de julio una resolución fiscal de orden de aprehensión contra varias personas, entre ellas una mujer de la familia Lima Lobo, a las que considera que han tenido participación en delitos de tráfico de sustancias controladas.

La investigación tiene como antecedente la incautación realizada el 23 de mayo pasado de una avioneta con matrícula boliviana que hizo un viaje de ida y vuelta a Paraguay, sin plan de vuelo; y que posteriormente cayó en territorio argentino transportando droga.

Arancibia Guillén es un periodista y abogado boliviano especializado en la cobertura de información judicial y policial. Con más de tres décadas de experiencia ha recibido varios reconocimientos por sus trabajos periodísticos.

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Arancibia de acuerdo a las citaciones, debía presentarse hoy ante la Fiscalía para declarar en el caso por el presunto uso de vehículos de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) durante los bloqueos contra Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. En su momento, el comunicador informó que los motorizados fueron abandonados en las calles del Plan 3.000.

El martes, el Ministerio Público citó en calidad de denunciado a Arancibia. En horas de la tarde el fiscal de materia Roberto Ruíz dijo que fue un “error de copiado” de forma y que se había dejado sin efecto la citación.

Tras esta situación, Ruíz volvió a citar al trabajador de la prensa, pero en calidad de testigo. La unidad legal del diario El Deber interpuso dos acciones legales para dejar sin efecto estas notificaciones, la primera presentada el martes y la segunda la mañana de este miércoles, según el diario Página Siete.

Arancibia detalló que estos memoriales lograron que quede sin efecto las acciones del Ministerio Público. Además, subrayó que como periodista está amparado bajo la Ley de Imprenta y no corresponde que sea convocado por la justicia.

“Hoy tenía que declarar a las 15:00 horas. El Fiscal de Distrito y de materia me llamó para decirme que todo está anulado y reconocieron que esto no debía llevarse así, porque la Ley de Imprenta no lo permite. La asesoría legal presentó un memorial para que la segunda citación quede anulada y fue así que la segunda citación quedó anulada, en consecuencia, no he ido a declarar”, indicó Arancibia.

Asimismo, explicó que no podía declarar por este caso, puesto que no fue quien autorizó que las camionetas salgan de la Dircabi.

Además, afirmó que tampoco fue parte del grupo de encapuchados que salieron a desbloquear durante el paro en contra de la Ley 1386.

“Las citaciones que mi persona ha recibido es un acto típico de amedrentamiento, no solamente a mi persona, sino al conjunto del periodismo nacional, que realiza su trabajo como obreros de la información, para sacar la verdad y sacarla a luz”, complementó.

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