“Queremos pedirle al Ministerio Público, señor Roger Mariaca (Fiscal General), así como se ocupa de los temas de violencia sexual, que es ponderable, de lo que es la política criminal respecto a avasallamientos y organizaciones criminales (la acción) es prácticamente nula. Entonces, por favor, sacúdase del yugo político”, expresó el jurista.

La Torre indicó que la Fiscalía de Guarayos se negó a recibir la denuncia de los propietarios de El Encanto, argumentando que debía ser presentada en Santa Cruz. Esto ha generado una gran aflicción en la familia afectada, que ha visto paralizadas sus labores agrícolas debido a esta situación, según lo reportado por Unitel.

Agresiones en el predio

Recientemente, los trabajadores del predio han denunciado agresiones y daños en el canal de drenaje del terreno, el cual fue bloqueado para facilitar el acceso del grupo irregular que se ha asentado en la zona.

Ante el aumento de avasallamientos, la Gobernación cruceña estableció una mesa interinstitucional en semanas pasadas, que incluye al Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía y la Policía. El resultado de esta mesa fue un compromiso de llevar a cabo una “lucha implacable, sin privilegios ni impunidad”.

Compromiso del sistema de justicia

“El sistema de justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios”, advirtió el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ismael Quezada. Por su parte, el fiscal departamental Alberto Zeballos aseguró que “se aplicará todo el rigor de la ley” para detener la ocupación ilegal de tierras en Santa Cruz.

Reincidencia de los avasalladores

La familia recordó que este grupo ya había sido desalojado en 2023, pero ha vuelto a irrumpir en el lugar, incluso amenazando con tomar represalias. La Torre identificó a los presuntos cabecillas como Martín A., Felipe P. (alias el Tuco), Osmar P. y el asambleísta Cirilo D.

El abogado advirtió que “esta gente lucra con la aspiración de tener un predio” y que actúan con total impunidad.

/KMMN

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La propietaria del predio agrícola “El Cielo”, acudió este lunes a la Fiscalía junto a su abogado para presentar una denuncia formal por avasallamiento, luego de que un grupo de personas ingresara de manera violenta al terreno durante el fin de semana.

Según el testimonio de la dueña, tanto ella como sus trabajadores fueron atacados con piedras y palos, e incluso habrían sido retenidos contra su voluntad, lo que calificó como un “secuestro” por parte de los ocupantes.

“Hay que ir en resguardo, persecución y captura de estos delincuentes”, expresó el abogado Álvaro Latorre, quien acompaña a la víctima en el proceso legal.

El jurista denunció además que los avasalladores no solo permanecen en el predio tomado, sino que también se concentran en la zona del kilómetro 1.382 de la carretera, donde estarían reunidas entre 200 y 300 personas. “No son originarios de la región, sino gente llegada del interior. La gran mayoría no es de la zona”, afirmó.

Latorre advirtió que el conflicto no se limita al predio “El Cielo”, sino que se extiende a otras propiedades de la región. “El predio JR con la comunidad Cerro Chico II, y el predio Río Negro están avasallados. Santa Eliza tenía reuniones en la puerta, no sabemos si ya la tomaron. Estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 hectáreas tomadas en este momento”, sostuvo.

El ministro de Gobierno informó que la misión de la Policía en el lugar será realizar el registro del lugar del hecho, restablecer el orden público y también para realizar todos los trabajos que permitan garantizar la seguridad de los propietarios del predio avasallado.

Un helicóptero será desplazado al lugar para realizar el patrullaje en el lugar, añadió Ríos quien por el momento informó que no existen personas heridas ni retenidas.

/KMMN

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Ríos señaló que detrás de estas acusaciones hay una clara intención de distorsionar el trabajo de concertación que se realiza con diferentes sectores sociales. Según su opinión, se busca desacreditar los procesos técnicos que coordina el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), utilizando la estigmatización sin fundamentos de organizaciones que participan en espacios de diálogo.

Reacción ante la polémica

La posición oficial se dio a conocer después de que Melissa Barba, esposa del propietario del terreno, compartiera una fotografía en la que supuestos avasalladores aparecen junto al exministro de Gobierno y actual candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo. Esta imagen fue ampliamente difundida en redes sociales y generó controversia entre varios actores políticos.

Intervención policial

El ministro de Gobierno enfatizó que las reuniones que las autoridades mantienen con diferentes sectores son parte de procesos institucionales. Durante estos encuentros, se revisa documentación, se presenta el estado de situación de los terrenos y se busca alcanzar acuerdos que eviten conflictos, como el que ocurrió recientemente en Santa Rita.

Respecto a este incidente, Ríos informó que la Policía actuó de inmediato. Durante el operativo, se liberó a trabajadores que estaban retenidos, se ayudó a una persona herida por un impacto de bala y se recuperó el control total del predio. Desde ese momento, efectivos policiales permanecen en la zona para garantizar la seguridad y continuar con las investigaciones pertinentes.

Importancia de la información responsable

Finalmente, el ministro advirtió que desinformar sobre este tipo de casos solo debilita los mecanismos de diálogo y complica las soluciones pacíficas a problemas estructurales, como los relacionados con el acceso a la tierra. Por esta razón, pidió responsabilidad en el tratamiento del tema y reiteró que el Gobierno seguirá trabajando bajo marcos técnicos y legales.

LDVY

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Estas declaraciones de Hernández surgen tras un intento de avasalladores de tomar la hacienda Santa Rita, que se encuentra en la provincia Guarayos de Santa Cruz. En este incidente, el propietario, Filipe Barbieri, junto a sus trabajadores, fue retenido por personas armadas.

Situación crítica en Santa Rita

Hernández destacó que la hacienda Santa Rita es estratégica. Desde este lugar, los avasalladores buscan expandirse y tomar control de 70,000 hectáreas adicionales. Además, mencionó que hasta la fecha hay más de 60 predios que han sido avasallados. “La hacienda Santa Rita es el único predio que no han podido tomar todavía y para ellos es estratégico porque a partir de ahí tienen la intención de expandirse a más predios del norte integrado”, explicó.

Operativo policial en marcha

Horas después de estas declaraciones, el Gobierno anunció que se había ordenado un operativo policial. En la mañana del viernes, Melissa Barba, esposa del propietario de la hacienda, confirmó la presencia de la policía en el lugar.

Documentos sobre la repartición de tierras

Por otro lado, Hernández también denunció que existen documentos que detallan cómo los grupos delictivos planean repartir estas tierras entre los avasalladores. En su opinión, “está en manos del Gobierno dar señales claras de que va a actuar con la contundencia de la ley y eso pasa de una vez por detener a los cabecillas de estos actos delictivos”.

Inseguridad jurídica en el sector

El sector agrícola y ganadero se enfrenta a una situación crítica debido a esta inseguridad jurídica. “En el último relevamiento de información que se hizo hace unos meses, eran por lo menos 60 predios que estaban avasallados y que tienen esta situación de inseguridad jurídica para seguir produciendo”, concluyó Hernández.

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Un contingente policial tomó control del área este viernes, tras recibir la denuncia de que un grupo armado había retenido a al menos 25 personas, una de las cuales resultó herida con un arma de fuego. La intervención se llevó a cabo después de que los propietarios del lugar solicitaran ayuda ante la situación de avasallamiento.

El Ministerio de Gobierno había anunciado el jueves el despliegue de un contingente policial y unidades especializadas en esta zona. “Se ha instruido al Comando Departamental de la Policía Santa Cruz el despliegue de unidades especializadas a la comunidad Santa Rita con el fin de restablecer el orden y la tranquilidad de los pobladores, resguardar la integridad física de todas las personas en la zona”, señala parte del comunicado emitido.

Declaraciones de la esposa del propietario

Melissa Barba, esposa del propietario del predio, indicó que con la llegada de la Policía, las personas retenidas pueden salir del lugar; sin embargo, remarcó que no lo harán porque necesitan trabajar en el sitio. “La situación que vivimos es muy preocupante. No podemos hacer nada, hay personas que están involucradas con el Gobierno. El exministro Del Castillo está involucrado. Tengo fotos de él con los cabecillas de los avasalladores, quienes incluso tienen órdenes de aprehensión”, declaró Barba.

La mujer también aseguró que entre los líderes del grupo estaría Esteban Alavi Canaviri, a quien identifica como el jefe de todos los avasalladores.

Reacción del Ministerio de Gobierno

En este contexto, el Ministerio de Gobierno expresó su rechazo ante la toma de esta propiedad, calificándola como un atentado contra la propiedad agraria y la seguridad jurídica. “Condenamos de manera enérgica cualquier toma ilegal de tierras en el Departamento de Santa Cruz o en cualquier otra región del país”, señalaron. Además, anunciaron una investigación sobre este hecho ante las instancias correspondientes.

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Detalles del enfrentamiento

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes antidrogas recibieron información sobre un posible acopio de sustancias controladas en un inmueble de esta región. Por esta razón, se trasladaron al lugar la pasada jornada.

Al llegar, los efectivos fueron sorprendidos y recibidos con disparos por parte de las personas que se encontraban en el interior. Esto provocó una respuesta inmediata de los uniformados, resultando en un cruce de fuego.

Consecuencias del tiroteo

Como resultado de este enfrentamiento, uno de los involucrados perdió la vida, mientras que otros 4 fueron reducidos y capturados por los agentes. Esta información fue confirmada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien compartió los detalles a través de sus redes sociales.

Identificación de los aprehendidos

Los aprehendidos fueron identificados como Cristhian B.A., de 33 años; Wilfredo S.M., de 56 años; José Adrián J.R., de 19 años; y Victoriano M.G., de 22 años. Durante el rastrillaje en el lugar, se encontró un arma de fuego calibre 9 mm y seis bolsas de yute.

Estas bolsas contenían un total de 220 paquetes tipo ladrillo, los cuales estaban forrados con cinta masquin y tenían como contenido clorhidrato de cocaína.

Próximos pasos legales

El caso ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público. Se espera un informe oficial relacionado con este hecho por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

/ APC /

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Sentencia del Juzgado

El Juzgado Público Mixto en lo Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal de Guarayos dictó la sentencia el martes 10 de septiembre. Esto ocurrió después de que se presentaran suficientes elementos de convicción en el caso. Este incidente fue conocido en julio del presente año, y el sospechoso fue enviado a prisión bajo detención preventiva.

En las últimas horas, durante las jornadas de descongestionamiento, Grover solicitó acogerse a un procedimiento abreviado. El Fiscal asignado al caso, Camilo Velasco, informó que alrededor de las 15:00 horas se realizó un operativo en la reserva forestal de la provincia de Guarayos. En ese lugar, se estaban produciendo incendios forestales que causaban daños al medioambiente, así como a la flora, fauna y a la salud pública.

Aprehensión en flagrancia

Durante el operativo, Grover fue encontrado en flagrancia. Al verse descubierto, arrojó su encendedor y afirmó que había sido contratado para “chaquear” esa parcela. Posteriormente, fue aprehendido y llevado ante el Ministerio Público para que se llevara a cabo la correspondiente investigación.

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Según un comunicado de prensa emitido por la ABT, la audiencia cautelar de los sospechosos, que tuvo lugar el pasado viernes, concluyó con la decisión del juez de desestimar las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público.

Las evidencias incluían un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial (UMIG), que documentaba el origen de la quema y la cicatriz dejada por el fuego, así como la incautación de 4.000 litros de combustible en 17 turriles, en posesión de los acusados Grover Quiñones, Asencio Yraori y Mario Fernández Chincha.

Denuncia por resoluciones contrarias a la ley

El jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la ABT, Robin Justiniano, anunció que se procederá con una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el juez por “Resoluciones Contrarias a la Ley” y “Prevaricato”, argumentando que la justicia no está apoyando la lucha contra los incendios en el país, dado que este es el tercer caso en el que los aprehendidos son liberados.

Acciones de la ABT contra los incendios

En su esfuerzo por combatir las quemas ilegales, la ABT ha activado 274 procesos administrativos y 61 penales en respuesta a los incendios en el país. Las brigadas de fiscalización de la ABT continúan operando en las áreas más afectadas, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

De los procesos administrativos abiertos, 161 se han registrado en Santa Cruz, 41 en Beni y 72 en otras regiones, afectando a 158 propiedades privadas y 116 comunidades campesinas e interculturales. En los procesos penales, la ABT ha iniciado 61 casos, de los cuales 54 están en Santa Cruz y 7 en Beni, resultando en 4 personas en detención preventiva.

Aumento de multas por quemas ilegales

En apoyo a las acciones contra los incendios, el gobierno nacional promulgó el 21 de agosto el Decreto Supremo 5203, que aumenta las multas por quemas ilegales, con sanciones que varían entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). Esta normativa se implementará una vez que la ABT complete la reglamentación correspondiente.

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Gróber C. D. enfrentará cargos por el delito de incendio, el cual puede llevar a una pena de 3 a 8 años de cárcel. Sin embargo, este caso no es el único relacionado con incendios.

Citaciones por quemas sin autorización a nivel nacional

La ABT ha emitido un total de 121 citaciones de comparendo por quemas sin autorización en todo el país. En Santa Cruz se han publicado 63 citaciones, seguido por Cochabamba con 10, Pando con 9, Chuquisaca con 7, Tarija con 7, Beni con 13 y Potosí con 12.

Distribución de citaciones según tipo de propiedad

Según Luis Alberto Flores, director nacional de la ABT, la mayoría de las citaciones se han realizado en propiedades privadas, con un total de 59 situaciones. Le siguen las comunidades campesinas interculturales con 39 citaciones, las comunidades indígenas con 5 y las tierras comunitarias de origen con 1.

Procesos penales en curso

Actualmente, se encuentran en trámite un total de 11 procesos penales relacionados con incendios forestales, 10 de ellos en Beni y uno en Santa Cruz que se encuentra en etapa preliminar. Se espera que Gróber C. D. sea presentado ante la opinión pública este viernes y sea puesto ante un juez cautelar para determinar su situación jurídica.

La entrada Aprehenden a individuo intentando provocar incendio forestal en Guarayos, Santa Cruz se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Según el comandante departamental de la Policía, coronel Erick Holguín, los presuntos avasalladores ingresaron de manera violenta a los predios, privando de libertad a tres trabajadores y causando destrozos. Uno de los detenidos tiene antecedentes por narcotráfico. Además, se destinaron 200 efectivos adicionales para reforzar la seguridad en áreas conflictivas.

Críticas y elogios a la actuación policial

Desde la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), su secretario ejecutivo Esteban Alavi criticó la actuación policial en Santa Cruz al detener a miembros de su sector. Afirmó que si existía una resolución de desalojo, no se ejecutó y acusó a empresarios de provocar violencia en la zona. Por otro lado, Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), elogió la labor policial y expresó su deseo de desarticular a grupos delictivos que amenazan a los productores.

Restableciendo el orden en zonas afectadas por conflictos agrarios

Durante los operativos, se incautaron machetes, cadenas y un sistema de comunicación utilizado por los aprehendidos. La presencia policial busca restablecer el orden en zonas afectadas por conflictos agrarios en Guarayos.

La entrada Operativo policial en Guarayos: 28 detenidos por avasallamiento de predios se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El pasado jueves, alrededor de 50 invasores ingresaron a los terrenos de la hacienda El Encanto con la intención de asentarse y tomar posesión de las tierras. El viernes, la Policía recibió la denuncia y se trasladó al lugar, pero fueron emboscados por el grupo, que estaba fuertemente armado.

Rescate de trabajadores secuestrados y falta de aprehensiones

El sábado, cerca de 200 uniformados llegaron al lugar y lograron rescatar a dos trabajadores de la hacienda que habían sido secuestrados, sin embargo, no se logró la aprehensión de ninguno de los invasores. El comandante Holguín identificó a cuatro dirigentes de la comunidad Monte Verde como los principales responsables de la invasión.

Reincidencia de los invasores y falta de avance en la acusación

El propietario del terreno ha acusado a los cuatro dirigentes identificados por los delitos de invasión y tentativa de asesinato. El comandante Holguín señaló que el problema radica en los jueces del municipio de Guarayos y en la falta de avance en la acusación formal. Aunque los dirigentes han salido en libertad, las investigaciones continúan en curso para dar con los avasalladores.

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A las 14:00 horas, Canaza se presentó ante el Ministerio Público en Guarayos para firmar el cuaderno de investigación correspondiente. Sin embargo, quedó aprehendido inmediatamente después.

Traslado a la Felcc

Posteriormente, fue trasladado desde Guarayos a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la capital cruceña, donde actualmente se encuentra detenido.

Involucrado en múltiples delitos

Sixto Canaza enfrenta un proceso judicial debido al secuestro de periodistas, civiles y policías que realizaban una inspección en el predio Las Londras. Además, estuvo entre los dirigentes que lanzaron amenazas de muerte contra empresarios con propiedades en Guarayos.

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Mientras se llevaba a cabo la posesión presidencial del economista Javier Milei en Argentina, el mandatario del país junto con al menos cinco ministerios llevó adelante una reunión para analizar el conflicto registrado en tierras sucreñas.

Implementación de políticas para soluciones estructurales

“Debido a la delicadeza del tema de tierras y al último conflicto registrado en Santa Cruz (Guarayos), hoy nos reunimos de emergencia en el gabinete de tierras con las autoridades del sector. Coordinamos la implementación de políticas que brinden soluciones estructurales y definitivas a la situación”, pronunció Arce mediante sus redes sociales.

Violento ataque y secuestro marcan inicio del conflicto

El 28 de octubre de 2021, un grupo compuesto por periodistas, policías y civiles fue atacado en el predio Las Londras por sujetos encapuchados y fuertemente armados que habían tomado ilegalmente varios terrenos productivos. Ese día se reportó el secuestro de 17 personas; este acontecimiento marcó el inicio de una serie violenta en Guarayos.

Enfrentamiento deja un fallecido y varios heridos

El pasado fin de semana, específicamente durante la madrugada del 2 de diciembre, se registró un enfrentamiento entre campesinos e interculturales en el sector Pailita, lo cual dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

Promesa de no tolerar actividades al margen de la ley

“No vamos a tolerar ningún tipo actividad que esté al margen de la ley, venga de donde venga”, prometió el Presidente en su tuit.

Tierras forman parte de reserva forestal Guarayos

Horas antes de instalarse el gabinete de tierra y territorio, el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó que esa institución agraria no puede autorizar dotaciones de aquellas tierras porque forman parte de la reserva forestal Guarayos.

Gabinete involucrado en solución del conflicto

Respecto a la reunión, Núñez señaló que en el gabinete participan el presidente, vicepresidente y los ministerios de Gobierno, Presidencia, Justicia, Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua; además del Sernap y la ABT.

Aprehensión del dirigente acusado por homicidio

Las investigaciones policiales y fiscales continúan y hasta ahora se reportó la aprehensión del dirigente de la Subcentral Pailitas, Erick Fuentes, acusado de homicidio, lesiones graves y leves; así como delitos relacionados con tenencia y porte ilícito de armas. Mientras tanto, Fuentes aseguró que no tiene ninguna relación con los interlocutores de San Julián quienes amenazaron con tomar las armas mediante un video.

/WBMC

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El pronunciamiento se produjo luego de una amenaza de lucha armada lanzada hace tres días por el dirigente de la Federación Intercultural de San Julián, Nicolás Ramírez Taboada. Sus declaraciones surgieron tras la muerte de un joven en la comunidad 24 de Septiembre durante un conflicto por tierras en el municipio cruceño.

Condena a cualquier acto violento y llamado a buscar soluciones pacíficas

Ante este escenario, la Defensoría condenó cualquier acto de violencia, independientemente de su origen, y exigió justicia en lugar de pronunciamientos basados en la confrontación, ya que esto perjudica y atenta contra el derecho a la vida e integridad.

Llamado al abandono del belicismo y respeto a los derechos constitucionales

La entidad hizo un llamado a los involucrados en el conflicto para que abandonen las actitudes beligerantes y busquen soluciones mediante mecanismos pacíficos para resolver los problemas relacionados con la tenencia de tierras. Además, se les insta a respetar la propiedad privada y garantizar los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

Recordatorio sobre el derecho a la vida

Finalmente, La Defensoría del Pueblo recordó que el derecho a la vida es superior. El artículo 15.I. de la CPE establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Por tanto, nadie puede ser torturado ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

/LPT

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La primera víctima resultó herida durante el conflicto y fue trasladada a la clínica Hardeman en una ambulancia. Sin embargo, fue atacada por un grupo armado y posteriormente transferida a otro vehículo donde finalmente perdió la vida.

Presunto avasallador fallecido

Uno de los pobladores declaró desconocer al hombre fallecido, lo que lleva a considerar que podría tratarse de uno de los presuntos avasalladores. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Montero para realizar los exámenes correspondientes y determinar con precisión su causa de muerte.

Conflicto por terrenos disputados

Se presume que un grupo de encapuchados agredieron a los comunarios asentados en la Subcentral Pailitas. Estos comunarios portaban armas y cohetes con el objetivo de amedrentarlos para tomar posesión del terreno disputado. Los terrenos objeto de conflicto se encuentran ubicados en la zona de Las Londras, paralela a Santagro.

Múltiples heridos y evacuaciones

Como resultado del enfrentamiento, varias personas sufrieron heridas causadas por impactos de perdigones. Dos de ellas se encontraban en estado crítico y fueron evacuadas por médicos que llegaron al lugar.

Mujer fallece durante traslado

La segunda persona fallecida es una mujer llamada Ariel Núñez. Según un poblador local, ella falleció mientras era trasladada en una ambulancia hacia la comunidad de San Pedro. Al igual que en el primer caso, la ambulancia fue atacada por un grupo de encapuchados.

Dificultades para brindar asistencia

César Menacho, uno de los médicos de la comunidad San Pedro, informó que aparentemente hay muchos más heridos, incluyendo mujeres. Sin embargo, las personas armadas presentes en el lugar impidieron su acceso para brindarles asistencia.

Falta información oficial

Hasta el momento, no se ha recibido información oficial por parte de la Policía o del Ministerio de Gobierno. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre este lamentable hecho.

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Ataque armado durante la madrugada

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado y se prolongaron hasta el amanecer. Un grupo de encapuchados armados con cohetes agredió a los comunarios asentados en la Subcentral Pailitas, con el objetivo aparente de tomar las tierras disputadas ubicadas en la zona de Las Londras, paralela a Santagro.

Más heridos atrapados

Los testimonios brindados por los comunarios describen un violento ataque perpetrado por grupos armados con el propósito de apoderarse de las tierras. Desde San Pedro, donde se han refugiado algunos comunarios, afirman que hay más heridos en la zona del conflicto que no lograron escapar a tiempo.

Frustrado intento de rescate

“Quisimos rescatar a más heridos pero los grupos armados no nos lo permitieron y tuvimos que regresar; sin embargo, aparentemente hay muchos heridos adentro y como está lejos tuvimos que volver”, mencionó el médico que acudió al rescate.

Antecedentes de violencia

Es importante destacar que hace dos años, el 28 de octubre, un grupo armado atacó y secuestró a periodistas y policías que supervisaban los avasallamientos en Las Londras.

Conflictos recurrentes por tierra

Los conflictos por tierra son recurrentes en la zona, donde un grupo autodenominado interculturales, operando desde Pailón, utiliza armas de fuego, machetes, cohetes y amenazas para arremeter contra predios productivos.

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Ocho personas descubiertas durante operativos para sofocar focos de calor

El fiscal del caso, Julio César Canaza, detalló que los individuos fueron descubiertos durante operativos para sofocar focos de calor en el área forestal de Guarayos. Estaban causando desmonte e incendiando la zona.

Intento de escape y captura por parte de la policía

“Intentaron escapar y dispararon sus armas de fuego, pero fueron reducidos por la policía. Se incautaron tres armas de fuego, material inflamable y otros elementos utilizados para desmonte”, señaló Canaza.

Ampliación del caso por delito de incendio

La investigación inicialmente se centraba en los delitos de avasallamiento y tentativa de homicidio pero se amplió para incluir el delito de incendio debido a la evidencia encontrada en las zonas quemadas por los detenidos. El Ministerio Público coordinado con la Policía Boliviana capturó a estas ocho personas que portaban armas de fuego y hostigaban a la población en la comunidad campesina 16 de Julio.

Grupo armado pretendía avasallar predios indígenas

El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo informó que este grupo armado tenía como objetivo avasallar predios indígenas en la provincia Guarayos, sembrando terror y zozobra en la población.

Acciones criminales afectan paz y seguridad en la región

En una publicación en sus redes sociales, Del Castillo expresó que estas acciones criminales afectaban la paz y seguridad en la región y destacó el trabajo de las fuerzas policiales en la lucha contra la comisión de delitos.

Heridos durante enfrentamiento por posesión de tierras fiscales

En el enfrentamiento por posesión de tierras fiscales, dos comunarios resultaron heridos y los avasalladores fueron aprehendidos y sus vehículos secuestrados para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

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La autoridad lamentó este nuevo enfrentamiento por tierras registrado la pasada jornada; en ese sentido, aclaró que tanto empresarios privados como interculturales están en tierras fiscales que no están disponibles, por tanto, ambos son avasalladores de estos predios.

“Lamentablemente ayer uno de los empresarios acarreó grupos violentos, y disparó sin discreción contra la vida de humanos que estaban en el lugar. Hay dos heridos que están hospitalizados y otras dos personas perdieron la vida”, declaró el ministro según informó LA PATRIA desde la Sede de Gobierno.

Como parte de las medidas para solucionar este problema, Del Castillo precisó que hace dos meses se reunieron con varios de los sectores involucrados, con el fin de trabajar en conjunto, para sacar no solo a los avasalladores, también a los traficantes de tierras.

Tras los hechos recientemente acontecidos, la autoridad dio a conocer que ya se dio el instructivo al Comando Departamental de Policía de Santa Cruz para que desplace a los efectivos que sean necesarios, para controlar los predios avasallados.

“La Policía llegará con toda la indumentaria necesaria para desarmar a estos grupos, tanto los privados como los otros. Estén seguros que los asesinos de ciudadanos bolivianos van a estar tras las rejas los próximos días”, aseguró.

/ LMPT

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El ataque ocurrió entre las 10:00 y 11:00 horas de este miércoles, cuando grupos de supuestos avasalladores dispararon armas de fuego contra los trabajadores de la empresa agrícola que se aprestaban a cosechar soya, según el portal Detrás de la Verdad.

La Policía intervino en el conflicto y arrestó a varias personas, sin embargo, la cifra exacta aún no se conoce. Los heridos fueron llevados al hospital de San Pedro de la ciudad cruceña.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que, los avasalladores ingresaron a tiros e hicieron escapar a los trabajadores del predio.

“Informamos que el personal de la empresa Santagro intentó ingresar a sus predios para cosechar soya, pero fueron violentamente agredidos (incluso con disparos) y desalojados por los invasores, que tienen tomado el predio desde febrero”, señala un comunicado de la Anapo.

En días pasados, los propietarios de los predios invadidos, señalaron que se corre el riesgo de perder toda la cosecha valuada en al menos dos millones de dólares.

Asimismo, exigen a la Policía cumplir con el requerimiento fiscal para desalojar a los avasalladores.

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/ LMPT

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Este incidente ocurrió cuando el periodista, Joaquín Luna y el camarógrafo Edwin Natusch, se trasladaron junto a enviados de otros tres medios televisivos, hasta Guarayos (a 300 km de la ciudad de Santa Cruz), para verificar la denuncia de la ciudadana Grecia Yucra contra un grupo irregular, que unos días antes había reducido con disparos de armas de fuego y machetes a trabajadores y sus familias.

La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de Bolivia, recurrió a diversas fuentes para obtener relatos y testimonios de la nueva agresión que se consignan en el presente informe periodístico.

Al ver la falta de intervención de las autoridades policiales y judiciales, los pobladores de Ascensión de Guarayos participaron el 14 de diciembre en una consulta popular convocada por el Cabildo Indígena de la etnia amazónica guarayos, el Comité Cívico y la Federación de Ganaderos de Guarayos.

En dicha consulta, se aprobó la adopción de medidas en legítima defensa para frenar el avasallamiento de predios fiscales y privados. Tal decisión motivó a los dueños de tierras ocupadas  a invitar a la prensa para que verifiquen las tomas violentas por grupos vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Posteriormente, periodistas de la redes televisiva Bolivisión, PAT, Red Uno y Unitel recorrieron aproximadamente 40 kilómetros por un camino de tierra desde Ascensión de Guarayos hasta la hacienda “Tinku 3 Curichis”, donde encontraron las improvisadas chozas construidas por los avasalladores.

Tras percatarse de la presencia de los periodistas, los invasores de tierras dieron señal de su presencia con el ruido de motocicletas y petardos de alto poder, que lanzaban desde la espesura del bosque que rodea los predios donde no existe mucha señal.

El equipo de Bolivisión decidió retornar por su cuenta al mediodía en una camioneta que llevaba impreso en las puertas el logo de la empresa televisiva, mientras que los enviados de PAT, Unitel y Red Uno permanecieron en el predio para realizar entrevistas. 

A los 10 kilómetros recorridos, en cercanías del predio Laguna Corazón, se dio el primer acto de hostigamiento a los periodistas de la citada red televisiva.

La camioneta de Bolivisión fue retenida por encapuchados que pidieron explicaciones, porque en el viaje de ida el camarógrafo grabó a los delincuentes portando armas de fuego.

El periodista Luna negó que se había realizado tal grabación por temor a represalias y manifestó que se limitaban a cumplir su trabajo, ante una denuncia e incluso ofreció entrevistarlos para que den su versión, y tras un par de minutos se les permitió avanzar.

El segundo incidente ocurrió cuando se aproximaban a la carretera que conecta con Guarayos, donde otro grupo de encapuchados amenazó con quitarles cámaras y celulares, por haberlos filmado sin su consentimiento.

La aparición de una persona, ordenó dejar pasar a las periodistas porque no querrían otro caso como el de  “Las Londras” y permitió que el equipo de prensa llegara a destino, donde agentes de la Estación Policial de Guarayos tomó declaraciones para elevar el respectivo informe.

“Fueron momentos de incertidumbre, de no saber en qué iba a acabar ese percance. Gracias a Dios salimos sanos y salvos”, declaró Luna según informó la ANP.

Entretanto, los periodistas de PAT, Red Uno y Unitel tuvieron que aguardar hasta horas de la tarde para salir escoltados por dos autos patrulleros y diez uniformados, que custodiaron al inicio y final de una caravana de vehículos para evitar nuevas agresiones.

“Pasamos horas de inquietud y alarmas, porque el hermano de la dueña del predio nos dijo en una entrevista que había sido atacado con petardos por unas 15 personas, cuando retornaba al campamento con víveres. Por eso se pidió la escolta policial”, confirmó el periodista de Unitel, José Elio Alba.

CASO LAS LONDRAS

El caso “Las Londras” hace referencia al secuestro, tortura física y amenazas de muerte sufridos por seis periodistas, tres policías y ocho trabajadores de la propiedad agrícola Las Londras, ubicada en la provincia Guarayos,  el 28 de octubre de 2021.

Los tres únicos aprehendidos, que tienen nexos con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Federación de Interculturales que son afines al gobierno, fueron liberados en un lento proceso judicial que permanece inconcluso.

Por su parte, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, admitió que en Bolivia existen 208 casos de avasallamiento de tierras y que el departamento de Santa Cruz, donde se encuentra la provincia Guarayos, es uno de los más afectados.

Consideró que estos delitos, con penas de tres a ocho años de cárcel, son personales y pidió que el Ministerio Público y la Policía hagan cumplir la ley.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) recibieron información sobre un centenar de predios agrícolas invadidos y la tensión se centra en la provincia Guarayos. También ocurren tomas ilegales de tierras fiscales destinadas para áreas de conservación natural y de reserva de agua dulce.

ANTECEDENTES

Otro caso reciente, es del 8 de diciembre donde invasores identificados como miembros de la Subcentral Sindical Única de Trabajadores Campesinos, incendiaron maquinaria y potreros del fundo “El Trébol”.

El 22 de diciembre, durante un operativo de desalojo en el predio “Las Tojas”, a 50 kilómetros de Guarayos, la Policía detuvo a 17 personas que estaban en posesión de rifles, escopetas, machetes y motosierras para realizar el desmonte.

Los uniformados  tuvieron que salir del lugar por caminos vecinales, debido a que un grupo de 60 personas pretendía interceptarlos.

En ese contexto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) solicitó audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las constantes vulneraciones, abusos y violencia contra los periodistas, la audiencia está prevista para la primera semana de marzo de 2023.

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La jornada anterior, trabajadores de la prensa fueron retenidos y amedrentados por un grupo de avasalladores que semanas atrás tomó los predios Tinku Tres Lagunas, ubicado en Santa María, Ascensión de Guarayos. Para su salida fue necesario la presencia policial para resguardar la salida de los comunicadores de dichos predios.

El comandante policial de Guarayos, Pedro Silva, se constituyó a este lugar y en todo el trayecto se hizo un patrullaje, pero no se pudo encontrar a ninguna persona en el camino, según reporte de la red Uno.

Amedrentamiento a periodistas

Algunos equipos periodísticos estaba realizado una cobertura en los predios avasallados, cuando el vehículo en el que se transportaban fue interceptado por más de 50 personas que los amenazaban con armas y les exigían que borren las imágenes que acababan de grabar.

Mientras que, otro grupo de comunicadores quedó retenido en la propiedad ya que fueron cercados por los mismos avasalladores. Luego de cuatro horas, la Policía se presentó y los escoltó hasta el municipio donde pudieron entablar comunicación con sus familiares.

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El jueves 1 de diciembre, un grupo armado de 200 personas ingresó a la propiedad Las Parabas que es parte del predio El Trébol. Los pobladores denunciaron que los avasalladores destruyeron un campamento completo, quemaron maquinaria agrícola, vehículos, alimentos, robaron bienes y secuestraron a siete personas.

“Dar un plazo de 48 horas para que los avasalladores abandonen los predios avasallados de manera voluntaria, caso contrario el pueblo Guarayo en pleno uso de sus derechos sobre su territorio los desalojará por la fuerza”, señala el primer punto del voto resolutivo.

En la mencionada asamblea participaron diversos sectores, entre ellos, los representantes de las organizaciones territoriales de base, cívicos, pueblos indígenas y propietarios de los bienes que fueron tomados por grupos irregulares.

Asimismo, el presidente de la CIEA, Juan Yomo señaló que otra de las exigencias es que el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, designe hasta el jueves próximo una comisión de fiscales para que investiguen y procesen todos los hechos de avasallamiento.

“Nosotros le estamos dando hasta el jueves para que se investiguen estas irregularidades, que agarren a los cabecillas de estos avasallamientos que están haciendo negocio con nuestro territorio”, reclamó el dirigente, según reporte de la ANF.

Además, pidieron al Tribunal Departamental de Justicia que elija al juez natural de Guarayos, un auxiliar de turno para ver exclusivamente los casos de avasallamiento. Asimismo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) envíe personal a esa región para resolver esas denuncias.

Yomo advirtió que asumirán otras medidas de presión si no se atienden sus demandas hasta hacer respetar sus derechos y evitar que ingresen a sus territorios de forma violenta. Está previsto convocar a los siete pueblos que forman la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag).

Finalmente, instruyeron al Concejo Municipal de Ascensión de Guarayos crear una ley municipal para que no se apruebe ninguna nueva comunidad que sea fruto del avasallamiento y el tráfico de tierra. Por lo cual, exigen la presencia de la Policía Boliviana para resguardar las propiedades.

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El jueves anterior, aproximadamente 200 interculturales ingresaron de forma violenta a un predio privado en la región de Las Parabas, ubicado a 75 kilómetros de Ascensión de Guarayos y sobre la ruta que conecta con la ciudad de Trinidad.

“Se convoca a todas las instituciones vivas y comunidades indígenas de la capital de la provincia Guarayos a una gran asamblea, para tratar temas de avasallamientos y atropellos a nuestro territorio Guarayo por la gente del interior”, señala parte del comunicado.

El documento está suscrito por diferentes representantes de instituciones, entre ellos el presidente de la CIEA, Juan Yomo Tatan, según reporte de la ANF.

El hecho fue denunciado por el propietario del terreno afectado, Rudiger Trepp, quien además indicó que los avasalladores quemaron el campamento de tres galpones, un tractor y una oruga alquilada a un menonita. También, golpearon a los trabajadores.

Asimismo, aseguró que es difícil acercarse a los grupos violentos para demostrar que las tierras están registradas y avaladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Resaltó que tienen todos los documentos y cumplen con las funciones de producir y dar trabajo a los pobladores del lugar.
A través de un comunicado, el INRA ratificó que el predio está debidamente registrado. Además, señaló que los funcionarios de esa instancia coadyuvarán con la investigación que lleven adelante las autoridades correspondientes.

Sin aprehendidos
Hasta el momento no existe ningún aprehendido por el hecho violento, el ministro de Gobierno, Eduardo Del castillo, señaló que luego de llegar al lugar no se halló a ninguna persona en flagrancia.

“Nuestro Viceministro de Régimen Interior y Policía, el compañero Ismael (Téllez) se ha comunicado con las y los propietarios de estos predios en el departamento de Santa Cruz, se ha desplegado un contingente policial al lugar y se ha logrado evidenciar que no se encontraría ninguna persona en flagrancia cometiendo delitos al interior de estos predios privados”, indicó la autoridad.

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“Hace cuatro años que me dedico a la panadería y necesitaba crecer en mi negocio, por eso me acerqué al Banco para que me apoyen con un crédito. He podido construir parcialmente un galpón para ampliarme pero aún me falta. En este tiempo han mejorado mis ventas con el apoyo de mi esposa y de mi hermano”, dijo el Sr. Rocha que tiene su negocio en el barrio Evo en Guarayos.

Santa Cruz es un mercado muy importante para el Banco. A la fecha tiene un total de 17.245 clientes en su cartera de créditos y 84.224 clientes en su cartera de captaciones. En cuanto al volumen de créditos otorgados ha superado los $us 101 millones.

“Para aumentar mi producción necesito terminar mi galpón y también quiero comprarme una máquina amasadora, por eso voy a tramitar un segundo crédito”, añadió.

En la visión de Gustavo García, gerente general del Banco, se superó los cien millones de dólares en créditos producto de la convicción que se tiene sobre el potencial de mercado que hay en Santa Cruz. El trabajo en esta región se enfocó en mejorar la experiencia del cliente, a través de procesos ágiles, con ofertas de valor significativas, buen asesoramiento y predisposición extrema en atender los requerimientos de los clientes.

“Nuestros clientes en Santa Cruz tienen un perfil orientado a actividades productivas y comerciales. Nuestros datos evidencian que una gran mayoría de nuestros clientes son varones, jóvenes que se encuentran en un rango de 31 a 40 años de edad y que están interesados además en el microcrédito, todos ellos lograron dinamizar sus economías con un préstamo”, dijo Gustavo García, gerente general del Banco.

El Banco cuenta con 20 puntos de atención: 16 Agencias (de las cuales 8 son urbanas), 3 Oficina externas y 1 Caja externa, además de la oficina central. La mayoría de los puntos de atención se encuentran en el área rural y provincias, todos ellos atendidos por 247 colaboradores.

“La otorgación de capital está dirigido al sector microempresarial comercial y productivo. Este último sector se ha dinamizado mucho en el departamento, mostrando una pujanza importante por lo que somos el mejor aliado financiero”, agregó el ejecutivo.

Además de los créditos, también se dinamizaron las captaciones. Los depósitos suman $us 26 millones con un total de 84.224 clientes.

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En la trifulca se evidenció el uso de palos, piedras y cohetes. El dirigente de los bloqueadores, Francisco Moremochi, fue trasladado hasta un centro de salud por la gravedad de las heridas, reportó el diario El Deber.

Asimismo, algunos testigos mencionaron que hubo un fallecido tras el enfrentamiento de bandos; sin embargo, el Ministerio de Gobierno descartó la información mediante un comunicado.

Según el diario cruceño, el conflicto duró al menos 30 minutos y tras ello, la carretera a la Chiquitania quedó expedita, pero los nativos de Guarayos permanecen en la zona realizando una vigilia para impedir que los comunarios vuelvan a cortar la ruta.

Advertencia de Copnag

La pasada jornada, la Copnag emitió un pronunciamiento de emergencia, anunciando que procederán con el desbloqueo de la ruta que une Santa Cruz con Trinidad; por lo cual cumplieron con su advertencia.

La presidente de la Copnag, Cirila Tapendaba instó al Gobierno a no dejarse engañar, con los comunarios que marcharon hasta La Paz y que no acepten su pliego petitorio, ya que según su criterio, el pedido de titulación no es factible, debido a que los territorios donde se asientan son áreas protegidas.

Advirtió que, en caso de que se reanude el punto de bloqueo o se instale otro, será desbloqueado inmediatamente.

“Llamamos al pueblo Guarayo, a todos los hermanos, de que garanticemos que no vuelva a bloquear esta gente que está desesperada por que se le aprueben los asentamientos ilegales en nuestro territorio, nosotros garantizamos de que cualquier grupo que quiera bloquear la carretera lo vamos a levantar”, manifestó.

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Desde hace días, esa zona es otra vez escenario de conflictos debido a la presencia de avasalladores que pretenden tomar el control de esos predios. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no se pronunció al respecto ya que se tratan de tierras fiscales, de acuerdo a los dirigentes.

El hecho se suscitó la madruga de este jueves, cuando los pobladores de la subcentral agraria pretendieron recuperar sus pertenencias que estaban dentro de ese predio, sin embargo, fueron replegados con armas de fuego. El herido fue auxiliado y posteriormente evacuado hasta la localidad de Hardeman.

Tras el suceso violento, los comunarios exigieron la intervención de la Policía, debido a que el grupo de avasalladores, aparentemente, es el mismo que tomó como rehenes a policías y periodistas en Las Londras en octubre de 2021, según informó el portal de noticias Innovapress.

Al menos, 200 interculturales de San Julián tomaron durante el fin de semana los últimos predios de la comunidad Las Pailitas, una zona constantemente asediada debido a este tipo de problemas por el dominio de las tierras.

La Central de Trabajadores Campesinos de Guarayos denunció recientemente que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos, y que la Policía solo utilizó gases lacrimógenos para disuadir. De acuerdo con los pobladores del lugar, esta gente anda encapuchada y causa zozobra en el lugar.

/ LMPT

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