El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia expresaron este viernes su preocupación por la difusión de nuevos videos que muestran a gente armada supuestamente implicada en las protestas en Bolivia que piden la dimisión del Presidente del país, Rodrigo Paz, mientras en La Paz hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías.

“El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas expresan su preocupación ante la presencia de grupos armados en Bolivia que ostentan armamento bélico de alto calibre en distintas regiones del país, poniendo en riesgo la seguridad en Bolivia y la paz social”, señala un comunicado conjunto de ambas instituciones.

Según la nota, las Fuerzas Armadas “actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población” y “no se permitirá ninguna acción que atente” contra la “tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos, ni la estabilidad institucional”.

El comunicado fue emitido después de que en redes sociales se difundieron videos que muestran a hombres en una zona andina, con el rostro cubierto y armados con fusiles antiguos.

Los hombres, que se identifican como indígenas de una comunidad del sur de la región andina de Oruro, van formados en tres filas, exhibiendo los fusiles y corean la consigna “ahora sí, guerra civil”, además de pedir la renuncia del Presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El lunes, el Gobierno ya advirtió sobre la presencia de supuestos grupos armados en las protestas, jornada en la que una manifestación derivó en disturbios y saqueos.

Durante este viernes, hubo una nueva protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) que descendió desde la ciudad vecina de El Alto hacia La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, integrada por dirigentes sindicales, campesinos aimaras y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

La manifestación ocupó el centro de la ciudad por alrededor de una hora y derivó en enfrentamientos cuando, en su intento por avanzar hasta la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano, los manifestantes lanzaron dinamitas y petardos a los policías antimotines, que lograron dispersarlos con gases lacrimógenos.

Al menos dos reporteros resultaron heridos por los petardos y golpes y un transeúnte sufrió una herida de la cabeza aunque no se sabe las circunstancias de la agresión.

En El Alto, los manifestantes bloquearon por algunas horas el acceso al aeropuerto internacional y prendieron fuego a neumáticos, aunque sin mayores consecuencias.

El máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, publicó un video en las redes sociales “desde la clandestinidad”, por la orden de aprehensión en su contra tras haber sido acusado por el Gobierno por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, por llamar a las protestas.

Argollo alentó a mantener las movilizaciones por las “reivindicaciones” de los sectores y aseguró que no se trata de un conflicto político, pese a que varias veces pidió la renuncia de Paz.

Las protestas callejeras se concentran en La Paz y El Alto, afectadas también por los bloqueos de carreteras que realizan los campesinos desde hace 17 días y que desde esta semana se ampliaron a otras regiones.

Los bloqueos han causado un desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en ambas ciudades y, según las autoridades, ocasionaron la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna.

/ Con información de EFE

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El Gobierno sostuvo este lunes que se identificaron supuestos grupos armados en Bolivia en las protestas campesinas en La Paz y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que esta jornada marchan a la ciudad de La Paz, la sede del Ejecutivo y el Legislativo, para exigir la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

“Denunciar que lamentablemente se ha identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas. Eso nos tiene preocupados”, dijo a los medios el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez.

Gálvez señaló a un exfuncionario del Ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., quien ahora figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados ‘Ponchos Rojos’, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que tradicionalmente exhibe armas antiguas en sus protestas y mantiene una organización de estilo militar.

El vocero mostró un video difundido en las últimas horas en redes sociales en el que aparece una veintena de supuestos miembros de los ‘Ponchos Rojos’ en una carretera andina mostrando armas y gritando “ahora sí, guerra civil”.

Además, según Gálvez, el exfuncionario instó a los manifestantes “que se adhieran a la marcha evista (de los afines a Morales) y cocalera y que vinieran con todas las armas posibles”.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que la marcha de los seguidores de Morales, que prevé llegar en las próximas horas a La Paz, constituye un intento del exmandatario de desestabilizar al Ejecutivo.

“Es una movilización con fines conspirativos, que está en el límite de la legalidad”, afirmó Paredes en declaraciones a medios locales sobre la movilización que llegó el domingo a El Alto, ciudad vecina de La Paz, tras seis días de caminata desde el altiplano para exigir la renuncia de Paz, quien asumió el Gobierno hace seis meses.

La marcha de seguidores de Morales convocó este lunes a otros sectores en El Alto para dirigirse a la sede de Gobierno con un nutrido grupo de manifestantes que Paredes calculó en “algo más de diez mil personas”.

El viceministro también sostuvo que los movilizados “están jugando una especie de batalla final” y que todas las actividades de ese grupo de machistas “muestran que es un intento de Evo Morales de volver a ser Gobierno de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.

El funcionario remarcó que se sancionará y detendrá a quienes causen destrozos contra la propiedad pública y las instituciones del Estado en La Paz.

La movilización, que desciende a La Paz desde distintos barrios de El Alto, está integrada por grupos de diversos sectores sociales y por campesinos, incluidos los ‘Ponchos Rojos’.

Paz llegó esta mañana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, mientras la plaza Murillo donde también se encuentra el Parlamento amaneció resguardada con varios cordones policiales y barricadas.

Las movilizaciones contra Paz tienen el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, mientras que otros sectores de mineros cooperativistas, maestros y organizaciones laborales regionales de El Alto alcanzaron acuerdos con el Gobierno.

El conflicto social en Bolivia se ha centrado sobre todo en el departamento de La Paz, donde los sectores campesinos mantienen bloqueadas carreteras desde hace 13 días, mientras en el resto del país hay algunos cortes de ruta en las regiones de Oruro (oeste), Cochabamba (centro) y Chuquisaca (sureste).

/ Con información de EFE

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“Los lugares donde se están produciendo los sucesos que están enlutando al pueblo boliviano no son lugares cualquiera. Estamos hablando del Norte de Potosí, donde hay narcotráfico, contrabando, autos chutos, y también del Chapare, que también está relacionado con el narcotráfico”, expresó Siles.

Grupos delictivos organizados

Según el ministro, los grupos que operan en estas áreas han dejado de ser actores sociales que protestan. Ahora responden a estructuras delictivas organizadas que tienen capacidad de acción armada y respaldo económico.

“Son mercenarios, francotiradores, organizaciones criminales que pretenden, a través de acciones concretas, como disparar a los uniformados y a la población civil, evitar que se ingrese a esos lugares”, explicó Siles.

Consecuencias de la violencia

Las dos jornadas consecutivas de violencia han dejado un saldo de decenas de heridos y cinco muertos, entre ellos cuatro policías y un civil. La intervención de las Fuerzas Armadas comenzó el jueves 12 de junio de 2025, 24 horas después de las agresiones contra los efectivos policiales.

Jornada más sangrienta

De acuerdo con los reportes oficiales, la jornada más violenta fue el miércoles 11 de junio de 2025. En esa fecha, un contingente policial intentó ingresar al municipio de Llallagua, pero fue emboscado y atacado con armas de fuego a escasos metros de la zona urbana.

Como resultado de este ataque, se lamentó el deceso de los uniformados y se registraron decenas de heridos.

/KMMN

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La firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016 marcó un hito histórico en la búsqueda de la paz. Tras décadas de conflicto interno, el país entero contuvo la respiración, anhelando que la paz se convirtiera en la regla y no en la excepción. Se esperaba que, una vez superada la violencia, las regiones históricamente afectadas por la guerra pudieran comenzar a sanar y reconstruirse. Aunque el acuerdo fue un paso crucial, la situación de seguridad en Colombia sigue siendo un desafío.

La complejidad de alcanzar la paz

En medio de tensiones, nuevos conflictos y uso de tecnologías como drones ha llevado al país a una situación de “paz armada”. La aparición de nuevos actores criminales y conflictos subyacentes ha retrasado la llegada de la paz en zonas donde el Estado no ha logrado atender las necesidades de la población. Al igual que la “Paz Armada” europea —periodo entre 1871 y 1914 marcado por el auge de la industria bélica, alianzas militares y el aumento de tensiones internacionales— Colombia atraviesa un clima de constante tensión, alimentado por un enfoque gubernamental más reactivo que preventivo.

Han pasado ocho años y seis meses desde la firma del acuerdo entre la longeva guerrilla FARC-EP y el Estado colombiano, un pacto en el que la dejación de armas, la reinserción a la vida civil de sus integrantes y el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición constituyeron la columna vertebral de una paz estable y duradera. No obstante, el conflicto se ha recrudecido en regiones como Cauca, Norte de Santander y Chocó —por nombrar algunas—, dejando a los civiles atrapados entre la zozobra y el miedo.

La “Paz Total” —bandera insignia del gobierno— ha sido un esfuerzo loable por poner fin al conflicto con disidencias y bandas urbanas. Sin embargo, no ha logrado cumplir su objetivo, especialmente en territorios como Nariño, Cauca y Norte de Santander, donde los ataques contra la población civil han aumentado —solo en Cauca se han registrado ocho ataques en lo que va de 2025—.

A su vez, la Paz Urbana en Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá ha mostrado ciertos avances. No obstante, la violencia se intensificó cuando el gobierno no supo aprovechar los 18 meses de tregua entre los Shottas y los Espartanos, un periodo clave en el que debió acelerarse la creación de un marco legal para negociar con estas bandas, al tiempo que se enfrentaban la desigualdad y la falta de oportunidades en el principal puerto del país. Los grupos armados y las guerrillas se afianzan en los territorios, incrementando la violencia y reduciendo las posibilidades de alcanzar una paz duradera —una paz que, hasta ahora, ha sido más parcial que total—.

La paz parece estar lejos de consolidarse como un fin, convirtiéndose más bien en un medio para la criminalidad. Aunque la “Paz Total” suena atractiva, la alta rentabilidad de las economías ilegales, el resurgimiento del conflicto en varias regiones, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento forzado, las disputas territoriales y el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz conforman el “cóctel” perfecto para la expansión de un conflicto más amplio, más violento y cada vez más difícil de resolver en el corto plazo.

La situación actual de Colombia guarda similitudes con la “Paz Armada” europea, cuando las potencias se preparaban para la guerra mientras sostenían una fachada de paz, adoptando nuevas tecnologías y tejiendo alianzas entre actores diversos. En ambos contextos, la paz no ha significado el fin de las tensiones, sino más bien una tregua temporal o una convivencia precaria.

En este escenario, los grupos armados han tejido alianzas para mantener el control territorial, social y económico de actividades ilegales, con el objetivo de impedir la entrada de otras estructuras criminales a sus zonas de influencia. Un ejemplo claro son las alianzas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 4 de las disidencias de Iván Mordisco, que buscan frenar el avance del Clan del Golfo en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Córdoba.

La incorporación de drones al conflicto ha marcado un nuevo paradigma en la guerra. Las guerrillas han empezado a utilizar estas tecnologías como una nueva forma de lucha para atacar tanto objetivos militares como civiles, representando un reto significativo para las fuerzas de seguridad. La versatilidad y adaptabilidad de estos dispositivos dificultan su detección y neutralización, lo que obliga a replantear con urgencia las estrategias de defensa y seguridad.

En este contexto, si bien la “Paz Total” busca poner fin a la violencia en las regiones y a la inseguridad en las ciudades, enfrenta obstáculos complejos como la persistencia de grupos armados disidentes y sus alianzas, el narcotráfico y la corrupción. Al igual que en la “Paz Armada” europea, la paz en Colombia es frágil y exige vigilancia constante para evitar que la violencia resurja con mayor fuerza.

Diego Alejandro Pérez Rivera es: politólogo de la Universidad Sergio Arboleda. Investigador de conflicto armado y relaciones internacionales.

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En un mensaje difundido a través de redes sociales, Arce calificó estas acciones como un acto de “traición a la Patria”. Afirmó que las instalaciones militares fueron tomadas y que los efectivos y sus familias fueron retenidos como rehenes.

“La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria, una afrenta a la Constitución Política del Estado, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano”, escribió.

Cuarteles afectados

Los cuarteles afectados incluyen el regimiento Cacique Maraza, el regimiento Epifanio Ríos y la base naval de Puerto Villarroel. De acuerdo con informes, los manifestantes establecieron vigilias en estos lugares.

Arce subrayó que estos actos son una violación grave de la Constitución Política del Estado y un desafío a las Fuerzas Armadas y al pueblo boliviano.

Control del armamento

Asimismo, destacó que estos grupos tomaron el control del armamento de las unidades militares, lo que consideró un acto criminal absolutamente condenable y que se distancia de cualquier legítima reivindicación social.

El mandatario denunció que las acciones de los “evistas” buscan estrangular económicamente al pueblo y alterar el orden público con la intención de acortar su mandato presidencial.

Medidas del gobierno

En ese marco, anunció que su Gobierno tomará medidas para restablecer el orden y proteger los derechos de los ciudadanos, enfatizando su compromiso con la paz social y el libre tránsito.

Intensificación de la situación

La situación se intensificó desde el domingo pasado, cuando Morales denunció que fue víctima de un atentado, un reclamo que el Gobierno desestimó.

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“A esta hora de la tarde, y tras más de 72 horas secuestrados, los 66 uniformados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega comienzan a salir de la zona donde permanecían”, indicó en un escueto comunicado la institución castrense.

El Ejército agregó que las tropas continuarán desplegadas en la zona, trabajando en pro de la seguridad y el bienestar de la población y combatiendo todos los fenómenos de criminalidad.

Mediación de la ONU y otras organizaciones para la liberación de los militares

La liberación llega poco después de que el comandante del Comando Conjunto N°3, el general Raúl Vargas, hiciera un llamado a las comunidades: deben entender que los grupos armados organizados son organizaciones al margen de la ley que no respetarán sus derechos, sacar la fuerza pública de los territorios es quedar a merced de los delincuentes que los pueden asesinar en cualquier momento de una manera impune.

Una delegación de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Defensoría, Procuraduría y de la gobernación del Guaviare medió con la comunidad para la liberación de los militares.

Retención de los soldados y presencia de disidencias de las FARC

De acuerdo con la información del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, los militares fueron interceptados el viernes en una zona rural de San José del Guaviare, la capital departamental, por supuestos miembros de las guardias campesinas de las veredas caseríos Chuapal y Bocas de Caño Cafra, municipio de San José del Guaviare.

Inicialmente, fue retenido un grupo de 100 soldados, aunque posteriormente fueron liberados algunos de ellos.

La tropa estaba en ese lugar para combatir la presencia de una disidencia de las FARC al mando de alias “Cancharino”, quien, mediante panfletos, citó a los comerciantes del departamento del Meta y San José del Guaviare, obligándolos a cerrar sus negocios entre el 22 y el 26 de julio del presente año.

Replanteamiento del cese al fuego por parte del Gobierno

En relación con esta situación, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, advirtió el domingo que el cese al fuego del Gobierno con el frente “Jorge Suárez Briceño”, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, debe replantearse si no se liberaban los 60 militares retenidos por esa guerrilla en el departamento del Guaviare.

“La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño”, dijo el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta de Twitter.

Velásquez añadió que “la prórroga por tres meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe un real compromiso de parte de ese grupo ilegal” de mantener negociaciones de paz con el Gobierno.

Responsabilidad de las disidencias de las FARC en la retención de los soldados

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, responsabilizó a ese frente de las disidencias, encabezado por Alexander Díaz, alias “Calarcá”, de la retención de los soldados.

Según el almirante Cubides, la población del Guaviare, departamento en el centro-sur del país, es obligada por los guerrilleros a retener a la tropa.

Fuente: EFE

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Además de las incautaciones de drogas, se ha logrado la destrucción de 1.145 unidades de infraestructura utilizada para la producción de estupefacientes. También se ha incautado un total de 127,6 toneladas de marihuana, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Intervención de minas ilegales y destrucción de maquinaria

En la lucha contra las finanzas ilegales de los grupos armados organizados en estos departamentos, se han intervenido un total de 340 minas ilegales, con un aumento del 12% en comparación con el año anterior. Además, se han destruido 125 unidades de maquinaria amarilla, un aumento del 171,7% en comparación con el año 2023.

Recursos para fortalecer la seguridad ciudadana

El Ministerio de Hacienda ha aprobado recursos por cerca de 80.000 millones de pesos (19,3 millones de dólares) para la compra de drones y sistemas anti-drones. Estas adquisiciones fortalecerán la seguridad ciudadana en la región, ya que contribuirán a la prevención y mitigación de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Presencia de grupos armados y acciones terroristas

En el sudoeste colombiano, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, se ha registrado la presencia de varios grupos armados, incluyendo dos disidencias de las FARC. Estos grupos han llevado a cabo acciones terroristas contra instalaciones militares y de policía, utilizando drones cargados de explosivos.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia ha revelado que en el departamento de Arauca se han registrado más de 600 homicidios de personas protegidas en menos de dos años. Desde enero de 2022 hasta la fecha, se han reportado más de 60 asesinatos en lo que va del 2024. Estas cifras alarmantes reflejan la grave situación de violencia que se vive en la región.

Control territorial y violencia sistemática

La mayoría de los homicidios en Arauca están relacionados con estrategias de control social o poblacional de grupos armados ilegales. Estos grupos buscan eliminar a supuestos colaboradores y personas estigmatizadas socialmente, en lo que ellos llaman “limpieza social”. La presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes ha convertido a Arauca en un territorio disputado para actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y trata de personas.

Violaciones a los derechos civiles

La Defensoría del Pueblo ha constatado que las víctimas en Arauca son sometidas a “juicios revolucionarios” por violaciones a normas impuestas por los grupos armados, debido a la ausencia del Estado en la región. Ante esta situación, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, ha instado al Gobierno a garantizar los derechos civiles y a tomar medidas para proteger a la población afectada por la presencia armada y los toques de queda impuestos.

Desapariciones forzadas y violencia contra líderes sociales

En los últimos años, Arauca ha sido escenario de numerosas desapariciones forzadas. En 2023 se registraron más de 110 casos, y en lo que va del 2024 se han reportado al menos 55 desapariciones. Actualmente, 61 personas permanecen desaparecidas. Además, desde 2016 se han documentado ocho asesinatos de líderes sociales y un total de 53 defensores de derechos humanos han perdido la vida en la región.

Atentados contra excombatientes desmovilizados

Carlos Camargo también ha destacado los constantes atentados contra reincorporados de las extintas FARC y excombatientes desmovilizados en Arauca. Estos actos de violencia representan un desafío para la consolidación de la paz en la región. El defensor del pueblo ha presentado su renuncia al cargo, alegando motivos personales, a tres meses del vencimiento de su periodo.

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La capacitación fue inaugurada en el Regimiento de Artillería 1 “Camacho” este lunes y tendrá la duración de una semana.

El contrabando como organización criminal

“El contrabando ya es toda una organización delictiva criminal, se han generado grupos de choque, vienen ya armados con explosivos, armas y con una serie de medios para dañar la integridad física de quien conforma no solo las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sino policías y personal de la Aduana”, señaló el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, general de brigada, Daniel Vargas Carrasco.

Apoyo comunitario al contrabando

No obstante, la autoridad también observó que la actividad delincuencial tiene el apoyo de las comunidades relacionadas al contrabando, quienes también son parte de acciones agresivas y violentas.

Aspectos teóricos y prácticos en la capacitación

En ese sentido, especificó que la inducción contemplará aspectos teóricos y prácticos, con relación a las normas y procedimientos nacionales del empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego, para hacer frente a este acto ilícito. Ambos aspectos están avistados en los artículos 4 y 6 de la Ley Nacional Nº 1053, de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. Además, también se instruirán en temáticas sobre los derechos humanos.

Respeto hacia las personas dedicadas al contrabando

Vargas refirió que recibieron muchas denuncias de atentado contra la vida de las personas dedicadas al contrabando y otras, ligadas a este delito. “Así sean dedicadas al contrabando merecen el respeto y conciliación de parte de los efectivos (militares)”, afirmó Vargas.

Despliegue militar en la frontera

Posterior a la capacitación, el personal armado y con tecnología de drones será desplazado en toda la línea fronteriza de Bolivia, para contrarrestar este mal que afecta a las arcas del Estado, a la economía de todo el país, a la seguridad alimentaria y a la salud de los bolivianos con la introducción de productos sin registro sanitario, entre otros riesgos. Vargas refirió que ya se tiene un estudio para la implementación de una mayor cantidad de drones que fortalecerá este cometido.

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Por su parte, el Gobierno sostuvo que los afectados por avasallamientos deben realizar una denuncia correspondiente para rescatar sus tierras ante la justicia; resaltaron que sin aquello, la Policía no puede intervenir o hacer algo de oficio.

Al respecto, el líder cívico de Ascensión de Guarayos, Salvador Vaca, aseveró que es el clamor de un pueblo que está siendo víctima de milicias armadas, por lo que consideró que la autodefensa es el camino que se determinó seguir, reportó el diario El Deber.

Asimismo, se pronunció el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, respaldando la autodefensa como una medida acertada por los comunarios

“El INRA dice que la tierra es de quienes están en el lugar, son ustedes los que pueden asumir la defensa de su territorio. Porque aquí no llegan las autoridades a poner orden y ante la ausencia del Estado, son ustedes los que deben ponerlo. Es la única forma, no hay más. El Comité está para apoyarlos y respaldar las medidas que asuma este cabildo”, manifestó.

Postura Fundación Tierra

En tanto, el director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, comparó al problema con un semáforo en rojo, explicando que si una persona se pasa de largo y no recibe sanción, lo volverá a hacer. Con el tiempo, todos lo harán y la persona que respeta la luz será recriminada e insultada, pese a que hace lo correcto.

“Eso mismo pasa con el tema tierras, hay quienes se han pasado el semáforo en rojo y han avasallado, otros incluso fueron más allá, lo hacen armados en grupos que demostraron capacidad y conocimiento militar y no hay consecuencias”, cuestionó.

Vadillo resaltó que en Guarayos se registraron en los últimos dos años al menos cinco predios avasallados, con disparos, hubo heridos y muertos; siendo el caso de Las Londras, uno de ellos y no hay un sólo detenido.

“El riesgo es que si el Estado no interviene en función de la legalidad, desalojando propiedades, procesando a grupos armados, le dará la razón a quienes en el cabildo definieron que tienen que defenderse. Es un riesgo inminente, porque la violencia cuando empieza no sabemos dónde se detendrá”, sostuvo.

Detalles de avasallamientos

Según información del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, en el país hay 223 avasallamientos, en Beni 58, en Pando 21, en La Paz tres como en Tarija y Potosí, en Chuquisaca siete y en Cochabamba subió de tres a 17.

Otros 17 predios fueron notificados a nivel nacional, y presuntamente están en pleno proceso de desalojo.

“Si hay avasallamientos en predios que ya están titulados, son los propietarios los que deben realizar las gestiones, y una vez con la orden de la entidad judicial, la Policía va a actuar, esa es la posición del Gobierno, no vamos a permitir más avasallamientos, pero no podemos intervenir de oficio”, indicó.

/JDLF/

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De acuerdo con los datos del Gobierno, los departamentos donde se registraron avasallamientos de tierras son: Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni y Pando.

“El siguiente camino es lo que ya he señalado, es que vamos a ir rumbo a lo que ha sido en Colombia, que surgen grupos armados tomando tierras y luego otros grupos armados para defenderlas, eso es lo que pasó en Colombia y yo tengo el miedo de que estemos en esa ruta”, alertó el director de la Fundación Tierra-Regional Oriente, Alcides Vadillo.

Gobierno advierte que no tolerará avasallamientos

El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, coincidieron en afirmar, el martes anterior, que el Gobierno no tolerará avasallamientos de tierras y exigieron a los operadores de justicia celeridad en las investigaciones y sanciones contra los responsables de este delito.

“No permitiremos desde el Gobierno que se avasallen tierras, propiedades privadas, del Estado o tierras fiscales, porque en Bolivia está penado con cárcel y no lo toleraremos. Exigimos a jueces, fiscales y Policía que investiguen, se aprehenda a quienes fueran sindicados y se procese en el marco de la normativa legal”, demandó Guerrero.

La posición del Gobierno surgió ante denuncias de avasallamiento de tierras en una propiedad en Guarayos, en Santa Cruz. La Fiscalía formó una comisión especial para investigar, en tanto que la Policía informó que ya se tiene identificados a los posibles responsables. Otro hecho similar se denunció en el Centro Turístico Kim, en la Unidad de Conservación Parque Lomas de Arena.

El Gobierno formó el Gabinete de Tierras para concluir el proceso de saneamiento, impulsar la distribución de tierras y ver los conflictos.

/MDCB

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El agente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recibió la noticia el lunes sin ninguna explicación y fue obligado a hacer uso de su vacación.

De acuerdo con informes, el agente tiene la capacidad y el conocimiento pleno de la investigación que se realiza sobre las tomas violentas de tierras en la zona de Guarayos y toda la Chiquitania a manos de grupos armados de encapuchados, que no dudan en amenazar incluso a las autoridades, según reporte de El Deber.

Estas personas pregonan que forman parte del proceso de cambio del actual Gobierno, de la Central Única de Trabajadores Campesinos filial Santa Cruz y de los interculturales y de esa manera consumar tomas de predios y desalojar a los ocupantes, en su mayoría propietarios.

Asimismo, se conoció que en su lugar fue asignado otro agente que no conoce el origen ni los antecedentes del caso; sin embargo, debe seguir como asignado a las investigaciones.

Hasta el momento solo una persona permanece aprehendida. Se trata de Heber Canaza, quien fue identificado por las victimas del secuestro.

Informes de inspecciones del agente apartado

El investigador que fue apartado, realizaba las pesquisas desde hace más de dos años contra grupos armados de avasalladores en la región de Guarayos.

Entre los casos más sobresalientes registra la toma violenta a la propiedad de la familia Barbery, registrado a fines de 2020, así como el ataque a la propiedad El Encanto de la familia Yucra en mayo y la emboscada, secuestro, torturas a policías, periodistas y civiles en Las Londras.

Finalmente, en las diligencias, el asignado al caso elevó informes en los cuales se conoce la toma violenta de predios y operan integrantes del mismo grupo armado, quienes utilizan los mismos métodos. Entran con maquinaria pesada, usan armas de fuego, secuestran y torturan.

/MDCB

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El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, señaló que esa instancia agotará todos sus recursos por establecer y encontrar a los responsables por los excesos que se cometieron contra civiles y periodistas.

“La comisión de fiscales se constituyó en la madrugada y llegó al lugar conjuntamente la Policía Boliviana. Son grupos especiales de la policía que han coadyuvado a registrar el lugar del hecho donde supuestamente han ocurrido los hechos el cual se denunciaron y que es de conocimiento público en Santa Cruz, lo cierto es que esto caso lo vamos a esclarecer”, manifestó Mariaca.

Dijo también que se evidenció que los agresores abandonaron el lugar y existe una denuncia por el delito de tentativa de homicidio, reportó el portal innovapress.

“Eso quiere decir que no hubo una resistencia por parte de estas personas, pero ya hay un proceso abierto que comienza por un supuesto avasallamiento de parte de personas particulares fruto de eso es que se constituyen otros grupos por lo que se tienen cuatro personas heridas y existe otra denuncia por tentativa de homicidio y otros”, indicó.

Explicó además que existe otro proceso luego de la presencia de los periodistas por privación de libertad, lesiones graves y leves, tenencia y portación ilícita de armas.

“La Fiscalía en conjunto con la Policía Boliviana van a llegar a lo profundo de esta investigación”, aseguró.

En tanto, el fiscal de materia, Camilo Velásquez detalló que se evidenció que las personas que pernoctaban en el lugar huyeron y se trabajó en la recolección de objetos e indicios a los efectos de demostrar los hechos delictivos el cual se están investigando por la denuncia de la comisión de lesiones graves, gravísimas, tenencia y portación de armas de fuego, privación de libertad y tentativa de homicidio.

Precisó que en el galpón intervenido en Las Londras se recolectaron cartuchos de dinamita, una bomba molotov casera y armas punzocortantes y se hará la cadena de custodia.

Ministro de Gobierno

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmaron que más de 200 efectivos armados irrumpieron en el lugar del hecho.

“En horas de madrugada movilizamos más de 200 efectivos policiales en la zona de Las Londras de la provincia Guarayos con el objetivo de continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares en el lugar y cualquier tipo de organización que atente contra la seguridad interna del país. No vamos a permitir que ningún grupo de esta naturaleza amedrente ni atente contra la seguridad de nuestros ciudadanos”, expresó Del Catillo.

Entre tanto, el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera arribó a Santa Cruz para coordinar el plan que permita ingresar a los terrenos avasallados y afirmó que el único objetivo que tienen es restablecer el orden, evitar más enfrentamientos en el lugar.

“Lo que pretendemos es obtener mecanismo de prueba, nos dirigimos al lugar del hecho para recolectar testimonios y elementos materiales que permitan sustentar un proceso penal”, argumentó.

Según Aguilera, la Policía envío un grupo al lugar para labores de inteligencia que permitirán establecer alguna hipótesis de lo que ocurrió.

/AAC/

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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que el objetivo de este despliegue policial es continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares y de cualquier tipo de organizaciones que atente contra la seguridad interna del país.

“En horas de madrugada movilizamos más de 200 efectivos policiales en la zona de Las Londras de la provincia Guarayos con el objetivo de continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares en el lugar”, indicó la autoridad mediante sus redes sociales.

Fuentes de la institución del orden señalan que por el momento no existen aprehendidos y la institución del “verde olivo” se encuentra realizando operativos investigativos para dar con el grupo armado que atacó a periodistas, reportó el diario El Deber.

La autoridad nacional también ratificó que el Gobierno no permitirá que “ningún grupo amedrente contra la seguridad de los ciudadanos”.

Se tiene previsto que los uniformados residirán el tiempo que sea necesario para esclarecer el hecho violento que generó conmoción en todo el país.

Asimismo, el titular de la cartera de Gobierno aclaró que la institución del orden no desalojará a las personas que ingresaron en estos predios, porque el área se encuentra en proceso de saneamiento y fue declarada como “tierra de uso fiscal” por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En tanto, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, explicó que los policías que fueron a Las Londras provienen de La Paz. Esto efectivos tiene el objetivo de investigar este caso, que calificó como “altercado”.

/GFS/

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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, indicó que es deplorable la existencia de esos grupos que no hacen otra cosa que amedrentar y generar terror en territorio nacional, por lo que diferentes entidades e instancias del Estado deben extremar acciones para su desbaratamiento.

“No se puede permitir ningún movimiento que sea contra las normas, peor con armas, con persecución, en este sentido, rechazamos todas estas posibilidades, así como existió en 2019 y por supuesto debe darnos una respuesta el Ministro de Gobierno y el Ministerio Público en una investigación específica, esto va a derivar, sin duda, en una petición de informe para lograr el respeto a la Constitución y las leyes, como Asamblea vamos a solicitar un informe”, indicó Flores.

Asimismo, añadió que en caso de no tener respuesta se dará una interpelación y sobre este caso el Estado deberá ser duro con los grupos irregulares, reportó el portal Innovapress.

“Como hemos criticado estos grupos irregulares en 2019 en varios puntos del país no podemos avalar de ninguna forma”, complementó el legislador.

Oposición

Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, el Estado deberá extremar esfuerzos por desbaratar esos grupos irregulares porque va en contra de la seguridad interna del país.

“Exigimos al actual Gobierno que desarticule, detenga a estos grupos de encapuchados, avasalladores que en este caso pues son los interculturales (…). El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, se llena la boca hablando de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), de la Unión Juvenil de Santa Cruz y acá en el mismo MAS existen grupos vandálicos, grupos delincuenciales que están atentando contra la libertad de expresión e incluso contra los periodistas”, sentenció el opositor.

También el senador de Creemos, Erick Morón, señaló que “no se pueden hacer de la vista gorda con unos avasalladores y, más aún, cuando ya vemos que son grupos paramilitares armados que están avasallando, están atentando contra tierras legalmente constituidas, contra periodistas, contra policías, contra civiles”.

La pasada jornada, grupo de encapuchados armados tomaron rehenes a una comitiva que buscaba indagar hechos de toma de tierras en la región de Guarayos. Periodistas y policías estuvieron entre los que sufrieron la privación de su libertad y agresiones.

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