Caso Zapatero y su conexión con Bolivia

La Justicia española mantiene abierta una investigación judicial contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la sospecha de haber cometido un presunto tráfico de influencias. Este caso forma parte de una causa más amplia conocida como el caso Plus Ultra, que se centra en un contrato de consultoría por 200.000 euros (1.579.600 bolivianos), firmado entre el exmandatario y la empresa peruana Focus Social Research entre 2024 y 2025.

Detalles de la investigación

Los investigadores policiales sospechan que este pago no correspondía a un trabajo de asesoría convencional, sino que supuestamente sirvió para remunerar gestiones del expresidente español destinadas a favorecer los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. Este vínculo surge porque el Grupo Gloria, a través de su filial cementera Soboce, mantenía litigios millonarios en el país, incluyendo una disputa judicial contra la empresa Fancesa.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, que consta de mil páginas, Zapatero utilizó su influencia política para contactar a altas autoridades bolivianas y buscar soluciones favorables para la empresa cementera mientras estos procesos legales estaban en curso.

Análisis de las comunicaciones

La investigación se sustenta en el análisis de dispositivos electrónicos intervenidos a la secretaria de confianza de Zapatero, Gertrudis Alcázar Jiménez. Según los documentos policiales, Alcázar coordinó el intercambio de borradores del contrato con la empresa peruana, mantuvo comunicación fluida con ejecutivos del Grupo Gloria y gestionó la agenda de reuniones de Zapatero en sus viajes a Bolivia.

El informe señala a Carmen Almendras Camargo, exembajadora de Bolivia en España y asesora de la consultora Kreab, como una pieza clave que facilitó el nexo entre el entorno de Zapatero. La UDEF sostiene que organizó reuniones en Madrid, facilitó el contacto entre ambas partes y remitió documentación relacionada con los litigios que Soboce mantenía con el Estado boliviano.

Repercusiones políticas en Bolivia

Almendras fue vicecanciller del Estado y ocupó distintos cargos diplomáticos durante el gobierno de Evo Morales. Entre 2007 y 2015 fue embajadora de Bolivia en España, Marruecos y Libia; posteriormente ejerció como directora general de Relaciones Bilaterales y viceministra de Gestión Institucional.

Recientemente, renunció a la Secretaría Municipal de Ciudad Cultural de La Paz. En el informe figuran los nombres de diversos ejecutivos del Grupo Gloria que supuestamente participaron en estos acercamientos, tales como Claudio Rodríguez Huaco, Luis Díaz Olivero y Francisco Javier Shwortshik Jegó.

Contactos con autoridades bolivianas

Las investigaciones identifican que el entorno de Zapatero buscó mantener contactos con funcionarios bolivianos de alto nivel, entre ellos el entonces presidente Luis Arce, la exministra María Nela Prada y el exministro Marcelo Montenegro. Es fundamental precisar que, aunque los nombres de estas autoridades aparecen en los registros documentados por la policía española, no se establece que hayan recibido pagos ni se les acusa formalmente.

Por su parte, el expresidente Luis Arce ha negado haber abordado los litigios de Soboce en sus encuentros con Zapatero. La defensa de Rodríguez Zapatero sostiene que todas sus actividades profesionales han sido legales, calificando las acusaciones como una interpretación errónea.

Impacto político y judicial

A nivel político, este caso ha generado repercusiones en Bolivia. Legisladores de la oposición han anunciado su intención de solicitar la conformación de una comisión en el Senado para pedir informes oficiales y esclarecer si las gestiones del exgobernante español tuvieron algún impacto indebido en el sistema judicial o administrativo del país.

Mientras tanto, en España, la Audiencia Nacional continúa analizando las evidencias que incluyen transferencias bancarias y mensajes de texto para determinar si existe mérito suficiente para avanzar hacia una etapa de juicio formal. Hasta la fecha, no existe ninguna sentencia que determine la culpabilidad o inocencia de los implicados.

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