“Lo que es el incremento salarial que ha anunciado el Presidente, en el cual no se considera en este caso a los funcionarios del Órgano Judicial, estamos preocupados porque el 2021 sufrimos un descuento en los salarios”, dijo Bolling, según reporte del periodista Iván Ramos de Erbol.

La presidente de la Amabol recordó que el año pasado hubo una reducción presupuestaria que afectó el salario del personal del Órgano Judicial.

“Supuestamente tendría que habérsenos repuesto el salario en tres meses, situación que no se ha concretado hasta la fecha. Es importante mencionar esta situación y un reclamo que lo estamos haciendo de manera constante, tanto al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo para que se tomen acciones a la reposición de nuestro salario”, detalló.

Bolling mencionó como ejemplo el caso de un oficial de diligencia, un auxiliar que percibe un salario de 2.340 bolivianos, que además tiene sus descuentos, pero debe trabajar más allá de ocho horas al día. Consideró que ese no es un salario justo.

“Levantamos la voz, pidiendo un reconocimiento, una reposición de nuestro salario”, aseveró.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó en pasadas horas que el incremento salarial al mínimo nacional y haber básico se aplicará en el sector público central solo a maestros y trabajadores en salud. Dejando de lado a otras reparticiones estatales que no recibirán los incrementos, como ministerios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre otros.

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Asimismo, afirmó que su sector rechaza la posibilidad de que exista una ampliación en la pena de hasta 20 años, como se encuentra establecido en un proyecto de ley, aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril de este año y que incluye no solo jueces sino también a fiscales.

Sin embargo, Bolling afirmó que se debería ampliar a “todo funcionario público” que emita resolución o realiza acciones que vayan contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE).

“No solamente con este prevaricato, en este caso, un juez (pueda incurrir), sino también aquellas personas que emiten, aprueban, tramitan o ejecutan una resolución que vaya contraria a la ley”, dijo la jurista en contacto con la red Erbol.

La iniciativa de Amabol está en análisis y se espera que pueda ser enviada al Legislativo para su tratamiento.

Actualmente, el artículo 173 del Código Penal sanciona con la privación de libertad de cinco a diez años a los jueces que incurran en prevaricato.

En las últimas semanas, varios jueces en el país fueron sometidos a procesos por haber favorecido de libertad a procesados que incurrieron en el delito de feminicidio y violación.

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