Incendios forestales en Tarija

La emergencia ambiental y forestal no cede en el departamento de Tarija. Brigadas por tierra y aire sostienen un combate incansable contra una serie de incendios forestales de gran magnitud. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las autoridades locales, la crisis se desencadenó tras la activación simultánea de varios focos que habrían sido “incendios provocados” dentro de la jurisdicción de tres municipios clave: San Lorenzo, Cercado y Uriondo.

Alerta por incendios provocados

La intencionalidad detrás de estos siniestros ha encendido las alarmas institucionales mientras las llamas amenazan con expandirse por la flora y fauna de la región. Frente a la gravedad del panorama, el Gobierno nacional desplegó una respuesta operativa combinada.

Despliegue aéreo y terrestre

Para sofocar el fuego desde el aire se enviaron dos helicópteros equipados para el combate aéreo, herramientas cruciales para descargar agua sobre serranías de difícil acceso y zonas escarpadas donde el personal terrestre no puede escalar de forma segura. Paralelamente, el despliegue por tierra se mantiene ininterrumpido gracias al esfuerzo físico de cientos de efectivos que arriesgan sus vidas entre el humo y el calor extremo.

Contingente movilizado

“Tenemos 400 bomberos en todos los puntos de incendios; son bomberos profesionales, voluntarios e institucionales”, afirmó este martes el alcalde del municipio de Tarija, Johnny Torres, visibilizando la magnitud del contingente movilizado para contener el desastre.

Apoyo de las Fuerzas Armadas

Según datos publicados por el Ministerio de Defensa, las tareas de mitigación cuentan con la participación directa de 120 efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Búsqueda, Asistencia y Salvamento de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB), quienes coordinan maniobras tácticas en los sectores más críticos.

Agradecimiento a los bomberos

Reconociendo esta labor heroica, la Gobernación de Tarija difundió un comunicado formal para expresar su agradecimiento público a todas las delegaciones y difundir la lista oficial de los grupos desplegados en el terreno. “¡La lucha continúa! Ante la emergencia que aún enfrentamos, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los bomberos que continúan combatiendo el incendio en Tarija. Sabemos que la lucha sigue, que el fuego no da tregua, y aun así ustedes siguen firmes, con valentía y compromiso, protegiendo vidas y nuestros bosques”, destaca la declaración institucional.

Evaluación del fuego

Durante la jornada de este martes 21 de julio, autoridades locales y equipos técnicos ejecutaron un nuevo sobrevuelo de reconocimiento sobre el perímetro afectado para evaluar la progresión del fuego y planificar los siguientes pasos operativos. Antes de abordar una de las aeronaves, el alcalde Torres explicó que la inspección aérea resulta vital para verificar con precisión los puntos que permanecen encendidos y diseñar las futuras líneas de ataque.

Condiciones meteorológicas

No obstante, la efectividad del operativo sigue sujeta a las impredecibles condiciones meteorológicas. “Esperemos que hoy no tengamos viento porque el viento reaviva el fuego”, advirtió la autoridad municipal, enfatizando que la presencia de los helicópteros continuará siendo el pilar fundamental para apagar las llamas en las divisorias de aguas y crestas montañosas inaccesibles para las cuadrillas de a pie.

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Gobernador de Cochabamba critica propuesta del 50/50

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó su desacuerdo con la propuesta del 50/50, señalando que el Gobierno nacional “no puede hablar del 50/50 si no tiene dinero”. En este contexto, Loza trabaja en una nueva propuesta que busca abordar esta situación de manera efectiva.

Falta de invitación a reunión clave

Loza también mencionó que no ha recibido la invitación para participar en la reunión convocada por el presidente Rodrigo Paz en la ciudad de Sucre. En este encuentro se discutirá el esquema del 50/50, un tema que ha generado controversia entre los gobernadores.

Propuesta alternativa de Juan Pablo Velasco

Por otro lado, Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, ha planteado un esquema para la distribución del 50/50 que cuenta con el respaldo de al menos siete gobernadores. Esta propuesta busca establecer un marco más claro y equitativo para la distribución de recursos entre los departamentos.

Declaraciones del gobernador Loza

En sus declaraciones, Loza afirmó: “Si no tienes plata, ¿de qué estás hablando? Pero creo que el Gobierno ha cambiado de discurso del 50/50. Ellos creen que es mejor impartir más responsabilidad”. Además, añadió: “Nosotros estamos preparando nuestro propio concepto sobre 50/50. Si hay que ir el 5 de agosto vamos a ir, no tengo ningún problema. Con el equipo técnico que tenemos estamos organizando nuestra propia percepción”.

Conclusión

La situación en torno a la propuesta del 50/50 continúa generando debate entre los gobernadores. Mientras algunos buscan alternativas viables, otros critican la falta de recursos y claridad en las propuestas presentadas por el Gobierno nacional.

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Eliminación del cobro automático de aportes

El Gobierno nacional puso en vigencia el Decreto Supremo 5654, una medida que suprime la obligatoriedad y el cobro automático por planilla de aportes dirigidos a organizaciones sindicales. Esta disposición fue detallada el 13 de julio de 2026 por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien enfatizó que el Estado dejará de actuar como agente de retención de estos fondos, devolviendo a los trabajadores su plena libertad de decisión.

Contexto y justificación del decreto

Gálvez informó que esta determinación gubernamental responde a recurrentes solicitudes planteadas por diversos sectores sociales durante un reciente proceso de diálogo que duró 53 días. Este proceso puso fin a los bloqueos de caminos en el país. Muchos representantes manifestaron que los cobros automáticos resultaban gravosos y molestos para las economías familiares.

Abrogación de decretos anteriores

Con la puesta en marcha del DS 5654, el Gobierno abrogó siete decretos supremos anteriores que autorizaban estas retenciones por planilla, algunas vigentes desde 2009. El vocero declaró: “Cualquier tipo de descuento debe ser autorizado expresa y explícitamente por los trabajadores y no deberían ser descuentos automáticos. Somos profundamente respetuosos de la libertad que tienen los trabajadores de decidir si quieren o no aportar, por ejemplo, a un sindicato”.

Nuevos mecanismos para aportes

A partir de ahora, quienes deseen continuar aportando a sus sindicatos deberán hacerlo mediante mecanismos financieros directos, como el débito bancario voluntario, individual, revocable y verificable. La nueva normativa ratifica y reglamenta exclusivamente los descuentos y contribuciones ya establecidos por las leyes del Estado.

Retenciones permitidas

Según el Artículo 2 del decreto, las instituciones públicas del nivel central solo aplicarán retenciones en las planillas de los servidores públicos por los siguientes conceptos:

• Seguridad Social de Largo Plazo: Descuentos y contribuciones bajo la Ley N.º 065 de Pensiones.
• Faltas, atrasos y sanciones administrativas de carácter laboral.
• Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA).
• Retenciones judiciales por asistencia familiar.
• Recuperaciones en favor del Estado por cobros indebidos u otras deudas estatales.

Descuentos para jubilados

En el caso de las rentas de los jubilados del Sistema de Reparto, administrado por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), se mantendrán únicamente los descuentos por seguridad social de corto plazo, retenciones por asistencia familiar, recuperaciones por cobros indebidos y aquellos convenios vigentes con entidades públicas del nivel central.

Derechos sindicales garantizados

Gálvez fue enfático al señalar que el DS 5654 no ataca ni debilita la actividad sindical en el país. “El derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos está absolutamente garantizado. Simplemente, ahora cada trabajador tendrá la libertad de decidir si quiere o no aportar”, remarcó.

Posibilidad para entidades territoriales autónomas

Finalmente, la norma abre la posibilidad para que las entidades territoriales autónomas (gobiernos departamentales y municipales) dejen sin efecto, bajo su propia administración, cualquier descuento por planilla que no se ajuste a los conceptos estrictamente estipulados en el nuevo decreto.

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Reactivación del sector avícola en Bolivia

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, informó este viernes 3 de julio que, tras una reciente reunión sostenida el jueves con el Gobierno nacional, el sector avícola mantiene la expectativa de ser convocado nuevamente la próxima semana por las autoridades. El objetivo de este próximo encuentro es avanzar de manera concreta en la reactivación económica del gremio avícola y de otras áreas productivas que fueron gravemente afectadas por los más de 50 días de bloqueos registrados recientemente.

Detalles de la reunión

Este acercamiento inicial se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, donde participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Justiniano, y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. Estos funcionarios se reunieron con representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) para evaluar el impacto económico de las medidas de presión y coordinar estrategias de recuperación.

Al respecto, Castro explicó en una entrevista con la red Cadena A que el acuerdo alcanzado consiste en que, durante los próximos días, el Ejecutivo realizará convocatorias sectorizadas para definir las medidas específicas y los productos financieros o de apoyo que el Gobierno ofrecerá para impulsar la reactivación.

Impacto crítico en el sector avícola

Castro hizo énfasis en que el sector avícola ha sido uno de los más golpeados por los bloqueos que se prolongaron durante casi dos meses, específicamente entre mayo y junio. La situación es crítica, especialmente en Cochabamba, donde diversas pequeñas granjas aún permanecen cerradas y sin capacidad de producción debido a las pérdidas generadas por dicha medida.

A pesar de este panorama complejo, el dirigente calificó el encuentro con los ministros como positivo, ya que se logró abrir un espacio de diálogo sobre la creación de un posible fondo de reactivación y, más importante aún, se establecieron los parámetros fundamentales para retomar la normalidad.

Condiciones para viabilizar el trabajo en el campo

Durante las negociaciones, el sector productivo fue enfático al plantear tres condiciones básicas que el Gobierno debe garantizar para viabilizar el trabajo en el campo:

• Abastecimiento continuo de combustible.
• Seguridad jurídica para las inversiones.
• Libre transitabilidad por todo el territorio nacional.

Según señaló Castro, estos tres pilares son indispensables para que los productores puedan operar con normalidad y asegurar que los alimentos lleguen a las mesas de todas las familias bolivianas. El dirigente concluyó subrayando que, si bien el sector tiene toda la voluntad de producir, la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que esto ocurra recae directamente sobre el Ejecutivo.

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Gobierno y Cainco acuerdan una agenda para reactivar la economía

En el marco de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para acelerar la recuperación económica y fortalecer el sector productivo tras el impacto de los bloqueos, los viceministros de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, y de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía, Mónica Chuquimia, participaron en la “Mesa de Emergencia El Alto” convocada por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (Cainco) de El Alto y consolidaron una agenda.

Objetivos del encuentro

El encuentro reunió a representantes de los sectores productivos, empresariales, académicos, sociales y del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Su objetivo fue construir una agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo para dinamizar la economía local y fortalecer la competitividad del municipio.

Propuestas destacadas

Durante la jornada, la presidenta de la Cainco de El Alto, María Cristina Soto, presentó las principales propuestas elaboradas por los distintos sectores. Entre ellas destacan:

• Ampliación de espacios para la comercialización de productos nacionales.
• Modernización del sistema tributario.
• Fortalecimiento de la seguridad jurídica.
• Acceso a financiamiento y créditos para el sector productivo.
• Desarrollo de plataformas digitales de promoción comercial.
• Recuperación de mercados internacionales.
• Fortalecimiento del campo ferial de El Alto.
• Implementación de programas permanentes de capacitación para emprendedores y empresarios.

Importancia del diálogo institucional

El viceministro Jáuregui destacó que las propuestas planteadas por el sector privado constituyen un importante insumo para la formulación de políticas públicas. “Necesitamos unidad y trabajar de manera articulada. Las transformaciones estructurales deben construirse desde espacios institucionales de diálogo que permitan fortalecer el desarrollo económico del país”, afirmó.

Visión compartida para El Alto

Además, remarcó la importancia de fortalecer la institucionalidad y promover una articulación permanente entre el Estado y los sectores productivos. Informó que las iniciativas de aplicación inmediata identificadas durante la reunión serán incorporadas al Plan de Emergencia para la Recuperación Productiva que el Gobierno nacional está elaborando para apoyar la reactivación económica.

Mecanismo permanente de coordinación

Por su parte, la viceministra Chuquimia subrayó la necesidad de construir una visión compartida para el desarrollo de El Alto. “La política pública no se hace desde un escritorio; se construye en territorio, escuchando a la gente y respondiendo a las necesidades reales de nuestros emprendedores y productores”, manifestó.

Al concluir la “Mesa de Emergencia”, las instituciones participantes coincidieron en la importancia de consolidar un mecanismo permanente de coordinación público-privada. Este mecanismo permitirá impulsar la recuperación económica, fortalecer el tejido empresarial de El Alto, promover nuevas inversiones y generar mayores oportunidades de empleo. Así, contribuirá al desarrollo productivo sostenible del municipio y del país.

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Gobierno prepara ayuda integral para familias vulnerables

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el Gobierno nacional se encuentra preparando un paquete de ayuda integral destinado a las familias en condición de extrema vulnerabilidad. Esta iniciativa responde a la crisis económica provocada por más de 50 días de bloqueos de carreteras en el país.

Medidas de alivio financiero para sectores productivos

Además, se implementará una serie de medidas de alivio financiero para los sectores productivos que resultaron severamente afectados. El anuncio formal fue realizado por Espinoza durante una entrevista concedida a la red de radiodifusión Panamericana.

Contexto de la crisis económica

Las acciones gubernamentales se presentarán oficialmente en los próximos días y estarán estructuradas en una primera etapa de contingencia. Esta fase se enfocará en atender las necesidades más urgentes de los hogares con menores recursos, cuyos ingresos cotidianos fueron drásticamente golpeados por la paralización casi total de las actividades comerciales.

Es importante señalar que el estado de excepción fue aprobado como un mecanismo constitucional tras más de siete semanas consecutivas de protestas sociales y bloqueos viales. Estas medidas afectaron críticamente el abastecimiento y la distribución de combustibles, alimentos esenciales e insumos productivos en distintas regiones.

Facultades extraordinarias del Gobierno

Mediante este decreto, el Ejecutivo otorga facultades extraordinarias a las fuerzas del orden y a las autoridades competentes. El objetivo es garantizar la libre circulación de los ciudadanos y restablecer los servicios públicos esenciales.

Afectaciones económicas y sociales

El ministro Espinoza informó que el plan también contempla facilidades financieras para los sectores productivos golpeados. Las herramientas técnico-económicas incluirán un alivio temporal sobre determinados gastos operativos y obligaciones tributarias o financieras.

Los cálculos preliminares estiman que las pérdidas económicas acumuladas por los bloqueos superan los Bs 14.000 millones. Este impacto devastador afectó simultáneamente a las exportaciones no tradicionales, a la industria manufacturera, al comercio interno y, principalmente, a la economía familiar.

Afectación geográfica y sectorial

La crisis no se limitó a las ciudades de La Paz y El Alto; también afectó a productores agrícolas y pecuarios en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. La interdependencia económica entre el oriente y occidente boliviano se hizo evidente durante esta crisis.

La violenta interrupción del transporte repercutió negativamente sobre la oferta final, generando distorsiones en los precios de la canasta familiar. El Gobierno busca restablecer inmediatamente el transporte regular de productos básicos para evitar que esta contracción se traslade completamente a los precios finales.

Planes para la recuperación económica

Espinoza señaló que los equipos técnicos ya comenzaron las tareas operativas para limpiar y rehabilitar las carreteras dañadas. Se coordinan planes interinstitucionales para un abastecimiento masivo de combustibles y alimentos.

El Ejecutivo inició mesas de coordinación técnica con representantes del sector avícola, porcino y de la industria alimentaria para normalizar el ingreso regular de productos a los mercados urbanos. Aunque se proyecta alcanzar una situación de relativa normalidad en el abastecimiento logístico en el corto plazo, se reconoció que la recuperación económica completa requerirá medidas estructurales adicionales.

Diálogo como camino hacia la reconstrucción

El Gobierno mantiene abiertas las puertas del diálogo como el único camino viable para la reconstrucción de la economía nacional. Esta estrategia busca concertar esfuerzos con todos los sectores damnificados por la crisis.

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Gobierno inicia procesos penales contra Evo Morales

El 20 de junio, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que el Ejecutivo iniciará procesos penales contra el expresidente Evo Morales por delitos que incluyen presunto terrorismo, narcotráfico y daño económico. Además, la autoridad advirtió sobre una posible intervención de las fuerzas del orden en el Trópico de Cochabamba, región donde el líder cocalero se encuentra apostado desde hace varios meses.

Estado de excepción y movilizaciones del MAS

La medida se ampara en el estado de excepción vigente en el país. Según Oviedo, esta disposición tiene alcance nacional, por lo que el ingreso de la Policía y las Fuerzas Armadas a la zona del Chapare dependerá de la planificación de los mandos operativos, citó Unitel.

Las declaraciones ministeriales surgen tras un periodo de alta conflictividad social en el país. El bloque “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantuvo un bloqueo de carreteras que se prolongó por cerca de 50 días, interrumpiendo el tránsito entre el oriente y el occidente del territorio nacional.

Pérdidas económicas y hechos de violencia

Según reportes preliminares de sectores productivos y analistas económicos, las movilizaciones dejaron pérdidas millonarias en el aparato productivo, desabastecimiento de combustibles y alimentos en varias ciudades. Además, se registraron hechos de violencia y personas fallecidas debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna en las rutas bloqueadas.

Declaraciones del ministro Oviedo

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, enfatizó que las acciones se enmarcarán estrictamente dentro de los canales judiciales. Calificó la movilización de las últimas semanas como un intento de desestabilización democrática impulsado por estructuras criminales. “Con Evo Morales, la ley; con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido”, manifestó Oviedo, asegurando que es una política de Estado desmantelar las redes que organizaron las protestas.

Respuesta del expresidente Evo Morales

Hasta la publicación de esta nota periodistica, ni el expresidente Evo Morales ni su equipo jurídico han emitido una respuesta formal respecto a los nuevos delitos imputados por el ministro Oviedo. Sin embargo, en pronunciamientos anteriores ante la opinión pública, los dirigentes del ala “evista” han sostenido que las movilizaciones respondían a demandas sociales y económicas legítimas. Además, han denunciado una presunta “persecución política” y judicialización de la protesta por parte del actual Gobierno.

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Reinstalación de la mesa de diálogo con la COB

Hoy, 19 de junio de 2026, autoridades del Gobierno nacional y los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) reinstalaron oficialmente la mesa de diálogo denominada ‘Planteamiento para la pacificación y la recuperación del país’. Este encuentro, que se lleva a cabo a puerta cerrada en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo, busca hallar soluciones definitivas al conflicto que ha generado 50 días de bloqueos en Bolivia.

Detalles del encuentro

La delegación sindical, encabezada por su secretario ejecutivo, Mario Argollo, y el secretario general, Claudio Choque, llegó a las instalaciones gubernamentales para la cita programada originalmente a las 17:30. Sin embargo, ingresaron al promediar las 17:45 por los accesos de Palacio de Gobierno. Al respecto, optaron por el hermetismo y evitaron brindar declaraciones detalladas a los medios de comunicación.

Situación jurídica de detenidos

Al ser consultado sobre la situación jurídica de las personas detenidas durante las protestas, cuya liberación fue solicitada previamente por Argollo al Presidente Rodrigo Paz, Choque se limitó a declarar: “El equipo jurídico en su momento lo va a informar”. Esta declaración refleja la cautela que mantienen los líderes sindicales en torno a este tema sensible.

Convocatoria formal y antecedentes

La convocatoria formal para este encuentro se concretó mediante una nota oficial firmada por la jefa de Gabinete de la Presidencia, Gilda Céspedes Quevedo, por instrucción directa del presidente Rodrigo Paz Pereira. Según el documento institucional, las mesas de diálogo previas ya permitieron arribar a consensos y acuerdos preliminares respecto a los planteamientos contenidos en el pliego enviado por los trabajadores.

Impacto de los bloqueos en la población

Este viernes se cumplen 50 días de bloqueos en Bolivia, promovidos por la COB y los campesinos Túpac Katari de La Paz. Estos bloqueos han generado un notable desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y otros insumos en la población. Los involucrados en este proceso son la delegación sindical, encabezada por Mario Argollo y Claudio Choque, así como el presidente Rodrigo Paz.

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Perspectivas futuras

El mandatario destacó que su administración se encuentra cerca de materializar convenios clave para levantar las medidas de presión que han provocado un severo desabastecimiento en el país. La reinstalación de esta mesa de diálogo representa una oportunidad crucial para avanzar hacia la pacificación y recuperación del país.

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Convocatoria al diálogo en San Julián

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua emitió una nueva convocatoria formal dirigida a las autoridades municipales y a los sectores movilizados del municipio de San Julián. Este encuentro se programó para el lunes 1 de junio a las 19:00 horas, con el objetivo de reinstalar una mesa de diálogo que busque soluciones definitivas al conflicto en San Julián, que mantiene bloqueada la carretera estratégica hacia esa región.

Detalles de la reunión

De acuerdo con la invitación oficial firmada por el ministro del área, Óscar Mario Justiniano, el encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), ubicadas en el municipio de Cuatro Cañadas. Con esta medida, el Gobierno nacional busca reencauzar las negociaciones en el contexto de un bloqueo que ya cumple 18 días en la ruta que conecta a los departamentos de Santa Cruz y Beni, provocando severas afectaciones en la transitabilidad y el abastecimiento productivo de la zona.

Fracasos anteriores y expectativas

La nueva convocatoria surge tras el fracaso del intento de diálogo programado para la mañana del domingo 31 de mayo de 2026. La reunión, pactada originalmente para las 10:00 horas, no pudo instalarse debido a la inasistencia de las partes en conflicto. Al punto de encuentro solo asistió el alcalde de Cuatro Cañadas, Johan Bergen Friesen, quien acudió con la intención de actuar como mediador. Tras esperar por más de una hora sin que se presentaran los representantes del Órgano Ejecutivo ni los bloqueadores, la autoridad municipal optó por retirarse para dar cumplimiento a su agenda local.

Reacciones y críticas

“Solicitamos la participación de las autoridades municipales y de los sectores movilizados”, señala un fragmento de la carta enviada por el Gobierno en las últimas horas para asegurar el éxito de la nueva cita. En el lugar también se encontraba un grupo de comunarios de la localidad de Madrecita (zona comprendida entre Los Troncos y Okinawa). Sus dirigentes manifestaron su profunda molestia y se retiraron del recinto criticando que no se les notificara con anticipación sobre la suspensión o postergación del encuentro dominical.

Expectativas para el lunes

Para la frustrada reunión del fin de semana se tenía prevista una comitiva de alto nivel que incluía al Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; la Subgobernadora, Paola Aguirre; y dos ministros de Estado. Sin embargo, los representantes de la Federación de Comunidades Interculturales, sector que encabeza las medidas de presión y los bloqueos en San Julián, no se trasladaron hasta Cuatro Cañadas. Las autoridades esperan que, ante la gravedad del perjuicio económico por los 18 días de carreteras cerradas, todos los actores involucrados asistan a la convocatoria del lunes por la noche para depone las medidas de presión.

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Gobierno amplía puentes aéreos por crisis alimentaria

Este martes 19 de mayo, el Gobierno nacional anunció la ampliación de los puentes aéreos para garantizar el abastecimiento de alimentos en medio de los bloqueos y conflictos sociales que ya se extienden por casi 20 días. Estos problemas comienzan a afectar con mayor fuerza a mercados y familias.

Acciones del Gobierno

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que hasta el momento se trasladaron más de 200 toneladas de alimentos, principalmente carne de pollo, cerdo y res, mediante operativos aéreos de emergencia. Los vuelos buscan sostener el suministro de productos básicos en La Paz, donde el abastecimiento comenzó a deteriorarse por las dificultades para el transporte terrestre.

Impacto en los mercados

Comerciantes y consumidores ya reportan:

• Retrasos en entregas.
• Menor ingreso de alimentos frescos.
• Alzas de precios en algunos mercados.

Desafíos del abastecimiento

Justiniano alertó que, aunque el puente aéreo permite aliviar parcialmente la situación, el abastecimiento pleno todavía depende de la habilitación de carreteras o, al menos, de corredores humanitarios que permitan el paso de camiones y cisternas.

Tensión social creciente

El anuncio se produce en medio de un escenario de creciente tensión social. El Gobierno denunció que grupos violentos infiltrados en las movilizaciones estarían agravando el conflicto y provocando hechos de vandalismo en La Paz y El Alto. Según Justiniano, existen más de 60 arrestados tras los enfrentamientos registrados durante las protestas.

Diálogo con sectores sociales

La autoridad aseguró que el Ejecutivo identificó a grupos que, según dijo, llegaron desde el Chapare con el objetivo de generar “zozobra” y desestabilización. Pese a eso, el ministro diferenció a esos grupos de sectores sociales que participan en movilizaciones por demandas específicas y reiteró que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo.

Compromiso del Gobierno

“Venimos atendiendo con puente aéreo durante todos estos últimos días”, afirmó la autoridad en una entrevista con Bolivia TV. Además, señaló que “el abastecimiento completo para la población en cantidad y calidad va a estar dado cuando las carreteras o mínimamente un corredor humanitario esté habilitado”. Por último, sostuvo: “Lo que buscaban era generar desastres y causar zozobra”.

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Choferes de El Alto piden intervención del Gobierno ante bloqueos

Recientemente, la Terminal Metropolitana de El Alto se convirtió en el epicentro de una crisis del transporte debido a bloqueos de carreteras. Rubén Ramos, secretario general de los buses de El Alto, exigió una respuesta inmediata por parte de las autoridades. En este contexto, instó al Gobierno nacional a intervenir para levantar las medidas de presión, subrayando el severo perjuicio humano que estas acciones conllevan.

Impacto en los transportistas y pasajeros

Ramos describió un panorama desolador en las rutas, señalando que “tenemos compañeros transportistas, conductores, pasajeros que están sufriendo en las carreteras donde no pueden, no tienen dónde asearse, no tienen alimentación. Ya estamos a una semana, esto ya es preocupante, por eso estamos pidiendo nosotros al Gobierno que de una vez debe intervenir hacer cumplir la ley”.

Pérdidas económicas significativas

El impacto económico de este conflicto es devastador. Según el sector, el transporte terrestre está sufriendo pérdidas millonarias. En condiciones normales operan aproximadamente 200 buses diarios desde la terminal alteña. Además, los transportistas varados en los puntos de conflicto enfrentan amenazas e incluso coacción por parte de los bloqueadores para utilizar sus vehículos como barricadas.

Situación del tránsito en otras ciudades

Mientras tanto, el reporte de tránsito en otras ciudades refleja una fragmentación logística en el país. Desde la terminal de buses de Cochabamba, las autoridades confirmaron que las salidas hacia La Paz permanecen suspendidas debido a los bloqueos. Sin embargo, los viajes hacia Oruro se mantienen autorizados al no registrarse incidentes. La conexión con Santa Cruz se limita exclusivamente a la carretera antigua; la ruta nueva se encuentra intransitable.

Desesperación entre la población civil

Por su parte, en la terminal Bimodal de Santa Cruz la situación es ambigua. Aunque Tránsito reportó que no existen bloqueos en su jurisdicción, las empresas operadoras mantienen una postura cautelosa. Estas venden pasajes condicionalmente y han suspendido las salidas matutinas a la espera de una posible normalización durante el resto del día.

Conclusión sobre los bloqueos

La población civil y el sector del transporte pesado se encuentran en un estado de desesperación debido a los bloqueos que mantienen aislado al departamento de La Paz. Esta situación ha dejado a cientos de ciudadanos varados y ha paralizado una de las arterias logísticas más importantes del país, generando un clima de incertidumbre que crece con el pasar de las horas.

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Gobierno inicia socialización de leyes hidrocarburos

El Gobierno Nacional comenzará esta semana un proceso intensivo de socialización de leyes de hidrocarburos. Este proceso abarcará simultáneamente cuatro proyectos de ley que se consideran pilares de la agenda normativa actual: hidrocarburos, energía, minería e inversiones.

Objetivo del proceso de socialización

Según informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, esta estrategia busca que los ejes centrales de la economía cuenten con un respaldo sólido antes de ser enviados al Órgano Legislativo. La autoridad enfatizó que el objetivo principal es garantizar que las normas sean técnicamente impecables y comprensibles para su aplicación en la realidad nacional.

Mesas técnicas y consenso legislativo

Lupo subrayó que el Ejecutivo prefiere evitar el riesgo de elaborar leyes que terminen estancadas o que no puedan implementarse por falta de conocimiento o aceptación por parte de los sectores involucrados. Para lograr este consenso, el proceso contempla:

• Instalación de mesas técnicas simultáneas.
• Reuniones interministeriales lideradas por el Presidente Rodrigo Paz.

En estos espacios participarán activamente miembros de la Asamblea Legislativa, sectores sociales, gremios y representantes de la sociedad civil. Esto permitirá enriquecer cada proyecto con aportes de los actores directamente afectados.

Tratamiento individual de proyectos

Una aclaración importante hecha por Lupo es que no se enviará un paquete conjunto de leyes. Cada proyecto será trabajado individualmente y se presentará a la Asamblea conforme avance su respectiva socialización. Con esta metodología, el Gobierno pretende que cada normativa reciba un tratamiento específico y detallado, evitando confusiones o rechazos generalizados.

Cronograma y plazos

En cuanto al cronograma, el Ministerio de la Presidencia proyecta que las primeras aprobaciones legislativas puedan concretarse durante abril. No obstante, el ministro fue enfático al señalar que el Ejecutivo no impondrá plazos rígidos ni forzará los tiempos. La prioridad absoluta es alcanzar acuerdos sólidos en cada etapa del proceso de diálogo.

Agenda secundaria

Finalmente, se develó que, además de estas cuatro áreas prioritarias, existe una agenda secundaria con al menos diez propuestas adicionales. Entre ellas se encuentran normativas vinculadas al turismo y a los recursos evaporíticos. Estas serán abordadas una vez que se consoliden las leyes de mayor urgencia económica, manteniendo siempre el mismo esquema de socialización previa.

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Paro cívico en Beni por gasolina especial

Hoy viernes, el departamento de Beni acata un paro cívico de 24 horas. Esta medida busca exigir al Gobierno nacional que dote de gasolina especial a los surtidores de la región, en lugar de la gasolina plus. Los ciudadanos denuncian que esta última está provocando daños en los motores de sus vehículos.

Declaraciones del Presidente Cívico

Hugo Aponte, Presidente Cívico del Departamento de Beni, indicó que todas las instituciones, el transporte y la población en general están acatando esta medida. Enfatizó que la única forma para suspender la medida de presión es que se reemplace todo el carburante.

Visita del Ministro de Hidrocarburos

Aponte afirmó que a las 15:00 horas de este viernes se espera la llegada del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, a esa región para instalar mesas de diálogo. Esta reunión podría ser clave para resolver la crisis del suministro de combustible.

Demandas económicas y territoriales

Además, los movilizados confirmaron que solicitarán un resarcimiento económico por los motores que ya fueron reparados debido a los daños causados por la gasolina plus. También indicaron que son seis las provincias afectadas por esta situación, a excepción de Ballivián, Vaca Diez y el departamento de Pando. Ante ello, piden que se les distribuya el mismo carburante que reciben estas últimas zonas.

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Reducción en la importación

La implementación del Decreto Supremo 5503 ha permitido disminuir en un 30% la importación de combustibles en un lapso de 48 horas. Esta reducción ha generado un ahorro diario de aproximadamente 10 millones de dólares, según lo afirmado por la autoridad.

Una vez que se complete el ciclo de pago de la deuda de 600 millones de dólares, el Gobierno ha diseñado un esquema de redistribución de ingresos. Este esquema tiene como objetivo descentralizar el beneficio del ahorro fiscal. Un informe oficial del Ministerio de Hidrocarburos establece que los ingresos generados por la venta de combustibles se dividirán en dos partes iguales: un 50% para el nivel central del Estado y el otro 50% para los gobiernos subnacionales, que incluyen gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.

Nueva política de distribución

Esta nueva política de distribución busca inyectar liquidez directa a los municipios. Esto permitirá mejorar la infraestructura básica, como escuelas y centros de salud. Además, las gobernaciones podrán financiar proyectos de desarrollo local, mientras que las universidades contarán con fondos adicionales para investigación y crecimiento académico. “Estamos hablando de más recursos para que los gobiernos locales puedan responder a las necesidades de la gente”, señala el informe ministerial.

Fin de un modelo insostenible

Para el Ejecutivo, el éxito del Decreto Supremo 5503 no solo se mide por el ahorro directo, sino también por el fin de un modelo económico que consideran insostenible. Al ajustarse los precios a una banda de mercado, se ha frenado drásticamente el incentivo para el contrabando hacia países vecinos. Esto evita que el dinero de los bolivianos termine subvencionando el consumo en el extranjero.

Prioridades del Gobierno

Espinoza enfatizó que la prioridad actual es “limpiar la casa” financieramente. Esto permitirá que, a mediano plazo, el ahorro se traduzca en inversiones tangibles en salud, educación e infraestructura vial en todo el territorio nacional. Esta eficiencia operativa permite al Estado dejar de gastar aproximadamente 10 millones de dólares por día. Estos recursos ahora se están canalizando hacia el pago de las obligaciones millonarias heredadas, que corresponden a compras que Luis Arce no pagó en su momento.

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El gerente general de Cifabol, Josip Lino, expresó su descontento al señalar que el sector ha solicitado atención urgente durante las últimas dos gestiones, pero aún no ha sido convocado por las autoridades para discutir temas críticos. Entre estos temas se encuentran el acceso a divisas y la nivelación de precios de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LNME).

Temas urgentes a abordar

“Tenemos temas urgentes que deben abordarse de manera inmediata. Sin acceso a divisas, la situación puede empeorar,” afirmó Lino.

Cifabol subrayó que la problemática del sector va más allá de la simple escasez de dólares. La falta de divisas no solo dificulta el pago a proveedores internacionales de insumos, materias primas y servicios logísticos, sino que también es crucial ajustar los costos de la LNME y asegurar que el Estado priorice la producción local.

Propuestas limitadas

La Cámara advirtió que las propuestas que se centran únicamente en reducir o eliminar aranceles e impuestos para medicamentos importados son una solución insuficiente. Esta medida podría terminar limitando y desalentando la producción nacional, lo que pondría en riesgo los esfuerzos para lograr soberanía sanitaria, mantener miles de empleos y garantizar medicamentos de calidad bajo las exigencias de las “Buenas Prácticas de Manufactura”.

Más allá de los precios

El sector enfatiza que el debate debe ir más allá de los precios. “Necesitamos hablar de fortalecer la producción nacional, normalizar el abastecimiento y disponibilidad, y luchar contra el contrabando,” destacó Lino.

Cifabol reiteró que, a pesar de múltiples solicitudes oficiales, la falta de una reunión con el Gobierno ha impedido establecer una agenda de trabajo clara. Esta inacción genera una gran incertidumbre, especialmente a pocas semanas de finalizar el año y en medio de dudas sobre el presupuesto estatal destinado a la compra de medicamentos para el año 2026.

Urgencia en el sector farmacéutico

“El sector farmacéutico no puede detenerse. Venimos 2 gestiones solicitando atención con carácter de urgencia y seguimos esperando soluciones de fondo,” concluyó el gerente.

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Espinoza explicó que, tras el cambio de gobierno, se llevó a cabo una agenda de trabajo de 3 días con la vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro. Ella estuvo en el país con el propósito de avanzar en las negociaciones.

Reuniones clave en La Paz

Cordeiro se reunió en La Paz con el Presidente Rodrigo Paz y con Espinoza. Después de este encuentro, el Banco Mundial manifestó que continuará brindando su apoyo a Bolivia en el actual contexto económico. El objetivo es contribuir al crecimiento y a la generación de empleo en el país.

Conversaciones con otras entidades

Además, el Gobierno está en conversaciones con otras entidades financieras internacionales. A inicios de noviembre de 2025, la CAF reiteró su intención de destinar 3.100 millones de dólares al programa denominado Recuperación Económica 2025-2030, tras una reunión con el Presidente Paz.

Desde el Gobierno también aseguraron que están coordinando esfuerzos con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer los mecanismos de financiamiento disponibles.

Anuncios sobre combustible y recursos

Espinoza mencionó que hasta el momento se han realizado 2 anuncios relacionados con la provisión de combustible y con la llegada de recursos a través de la CAF. El Ejecutivo continuará presentando nuevas medidas y trabaja simultáneamente en temas financieros y en el reordenamiento institucional.

Percepción optimista sobre la economía

Según la autoridad, estas acciones han generado una percepción favorable sobre el rumbo económico del país. “Uno de ellos tiene que ver con lo financiero. También estamos trabajando en el reordenamiento de las instituciones públicas. Creo que todo esto ha generado una clara percepción optimista sobre el futuro de la economía”, afirmó Espinoza, según citó Visión 360.

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La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani Laura, afirmó que este beneficio estatal es una medida esencial para mejorar la permanencia escolar y reducir los índices de abandono en el sistema educativo público. Además, subrayó que se trata de una política que reafirma el compromiso del Estado con el derecho universal a la educación, ya que el bono no solo tiene un valor económico, sino también un impacto social significativo.

Detalles del pago

El monto del pago asciende a 200 bolivianos por estudiante, y se financiará con recursos provenientes de las utilidades de las empresas estatales. Para asegurar un proceso ordenado y accesible, el Ministerio de Educación ha habilitado 56 entidades financieras en todo el país. Los padres, madres o tutores deberán acudir con su cédula de identidad vigente y en las fechas que les correspondan, con el objetivo de evitar aglomeraciones y ofrecer una atención más ágil.

Mamani explicó que el pago se llevará a cabo de manera gradual y planificada, siguiendo un cronograma establecido entre el Ministerio y las instituciones bancarias. Este mecanismo permitirá distribuir el flujo de beneficiarios de forma equitativa y garantizar que todos los estudiantes puedan recibir su pago sin inconvenientes.

Cronograma de cobro

En las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto, el cobro se realizará según la terminación del número de carnet de identidad del titular. Del 13 al 19 de octubre, podrán cobrar quienes tengan terminaciones 1 y 2. Del 20 al 26 de octubre, será el turno de los números 3 y 4. Posteriormente, del 27 de octubre al 2 de noviembre, accederán los titulares con terminaciones 5 y 6. Del 3 al 10 de noviembre, será el turno de aquellos que tengan 7 y 8.

Finalmente, del 10 al 16 de noviembre, podrán cobrar quienes posean terminaciones 9 y 0. A partir del 17 y hasta el 29 de noviembre, el pago estará libre de restricciones, permitiendo a cualquier beneficiario cobrar sin importar la numeración de su documento.

Entidades financieras participantes

Entre las entidades designadas para realizar los pagos se encuentran el Banco Unión, Banco Fortaleza, Banco Pyme Ecofuturo, Banco Prodem y el Banco Pyme de la Comunidad. También están involucradas instituciones financieras de desarrollo como Crecer IFD, Diaconía IFD, CIDRE, Pro Mujer, FONDECO, La Promotora EFV y El Progreso EFV. Estas entidades trabajarán en coordinación con el Ministerio para asegurar la cobertura nacional.

Acceso en cooperativas

El beneficio también podrá cobrarse en más de 40 cooperativas de ahorro y crédito, entre las que se encuentran PIO X, San Martín de Porres, San Roque, Loyola, Trinidad, San Mateo, Magisterio Rural de Tarija, Inca Huasi, El Chorolque, San Joaquín, Fátima y La Sagrada Familia, entre otras. Estas entidades facilitarán el acceso al bono tanto en áreas rurales como urbanas.

Con esta medida, el Bono Juancito Pinto reafirma su propósito original. Se trata de un estímulo económico y educativo que promueve la continuidad escolar, fortalece el vínculo entre las familias y el sistema educativo público, y refuerza el compromiso estatal con la igualdad de oportunidades en la educación.

LDVY

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El Consejo Nacional de Política Económica ha aprobado el borrador del decreto supremo que será revisado en la sesión del gabinete de ministros programada para el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Objetivo del bono

El Bono Juancito Pinto, que consiste en 200 bolivianos anuales, tiene como finalidad reducir la tasa de deserción escolar. Busca incentivar la matriculación, permanencia y culminación del año educativo de los estudiantes.

Beneficiarios del bono

Según datos del Ministerio de Educación, este año el bono beneficiará a 2.450.520 estudiantes, superando la cifra de 2,3 millones alcanzada en 2024.

En el departamento de Santa Cruz se beneficiarán 691.562 estudiantes, mientras que en La Paz serán 587.141. En Cochabamba, el número de beneficiarios asciende a 450.374. Además, se proyecta favorecer a 190.042 estudiantes en Potosí, a 119.614 en Chuquisaca, a 136.295 en Beni, a 122.214 en Oruro, a 120.421 en Tarija y a 32.857 en Pando.

Financiamiento del bono

En 2024, el bono escolar fue financiado por las utilidades de 25 empresas públicas. Entre estas se encuentran Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

También forman parte de este grupo la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Empresa Minera Huanuni, Banco Unión S.A., la Empresa Minera Colquiri, la Corporación de las Fuerzas Armadas (Cofadena), Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) y Boliviana de Aviación (BoA), entre otras.

Declaraciones del viceministro

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó: “Vamos a pagarlo a fines de octubre, son casi 500 millones, son nuestras empresas que ellos dicen ‘deficitarias’, que dicen que lo van a cerrar, son las que aportan y entregan 500 millones”.

/KMMN

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“Seguimos trabajando incansablemente para extinguir por completo el incendio en Tarija. Al momento, más del 80% del incendio ya fue suprimido”, publicó la institución en sus redes sociales oficiales.

Inicio del incendio

El siniestro comenzó alrededor del mediodía del 31 de julio en el área que abarca las comunidades de Rincón de la Victoria y Coimata. Ante esta situación, el Gobierno nacional ordenó la movilización inmediata de todos los medios disponibles para hacer frente a la emergencia.

Acciones de respuesta

Las acciones iniciales se llevaron a cabo bajo el plan de operaciones “En defensa de la vida y el medioambiente”, que está a cargo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Gracias a este plan, se realizaron más de 40 operaciones que incluyeron reconocimientos tanto terrestres como aéreos, así como tareas de supresión y liquidación del fuego, tanto desde el aire como desde la tierra.

Refuerzo de operaciones

Para fortalecer las operaciones, se establecieron campamentos en varias localidades, incluyendo Turumayu, San Pedro de Sola, Rincón de la Victoria, Pinos Sur y Lazareto. Además, se llevaron a cabo intervenciones en zonas afectadas como Obrajes, Alto Senac, Guerrahuayco, Bella Vista, Pinos Norte y Calderillas.

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El evento de inauguración contó con la presencia de Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, quien asistió en representación del Gobierno nacional. Durante su intervención, Limpias destacó que esta obra forma parte de una política que impulsa proyectos estructurales para garantizar servicios básicos de calidad.

“Esta subestación es estratégica para el desarrollo del eje metropolitano”, afirmó Limpias.

Mejoras en la infraestructura

La construcción de la subestación incluyó el reemplazo del antiguo castillo de media tensión por ocho celdas modernas. Estas mejoras optimizan la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico. Gracias a estas actualizaciones, se podrá abastecer de manera más eficiente a los municipios de Colcapirhua y Quillacollo, así como a sectores del sur de Cochabamba, donde la demanda de energía es considerablemente mayor.

Conexión para el tren metropolitano

Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentra la salida eléctrica exclusiva para el Tren Metropolitano. Esta conexión garantizará una fuente de energía estable para el funcionamiento del moderno sistema de transporte masivo en la región, contribuyendo a su operatividad sin interrupciones.

Modernización del equipamiento

Humberto Villegas, gerente de operaciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), explicó que la intervención no solo moderniza el equipamiento, sino que también ampliará la cobertura del servicio eléctrico.

“Lo que se está haciendo es renovar toda la tecnología de la subestación con equipamiento de última generación. Estamos implementando este tipo de sistemas para brindar energía de mejor calidad a todos los usuarios”, indicó Villegas.

Compromiso del Gobierno

Durante el acto, Limpias añadió que la puesta en marcha de estas obras se enmarca en el compromiso del Gobierno rumbo al Bicentenario de la independencia. Señaló que el objetivo es consolidar una Bolivia con más obras, más energía y más futuro, como parte del plan de desarrollo nacional que busca ampliar la cobertura de servicios básicos.

LDVY

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El TSE también ha solicitado al Ministerio Público y al Órgano Judicial que activen acciones legales contra aquellos que obstaculicen el proceso electoral. Además, se instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar créditos que aseguren el voto en el exterior.

Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, enfatizó: “Exhortamos al Órgano Ejecutivo para que, en el marco de sus competencias, brinde la seguridad y garantice la paz social y tranquilidad para el desarrollo de las elecciones”. También pidió al Ministerio Público que inicie las acciones correspondientes contra quienes cometan delitos electorales.

Compromisos del Órgano Judicial

Hassenteufel hizo un llamado al Órgano Judicial para que continúe con las acciones judiciales que han sido activadas por el Ministerio Público hasta su conclusión. A la Asamblea Legislativa, le solicitó que “de una vez por todas” apruebe los créditos necesarios para garantizar el voto en el exterior.

El presidente del TSE instó a las organizaciones políticas a llevar a cabo sus campañas y propaganda dentro del marco normativo reglamentario. También les recordó la importancia de respetar la alternancia y paridad en sus listas, así como cumplir con su programa de gobierno.

Cooperación internacional y transparencia

Hassenteufel hizo un llamado a la cooperación internacional para que brinde apoyo efectivo en tareas relacionadas con el proceso electoral, como el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP) y el padrón electoral.

“De nuestra parte garantizamos que se hará realidad el TREP, un proceso electoral transparente”, aseguró Hassenteufel. Además, invitó a los partidos y alianzas políticas a acreditar a dos técnicos y formar una comisión que revise el padrón electoral. “No tenemos miedo a esa revisión”, afirmó.

Control ciudadano del proceso electoral

El Órgano Electoral se encargará de entregar el listado de ciudadanos de cada mesa y una copia del acta de cómputo a las organizaciones políticas. “Todos pueden ejercer el control sobre el desarrollo del proceso electoral; nos interesa que la ciudadanía se involucre y haga el control”, remarcó Hassenteufel.

El presidente del TSE también mencionó que se ha invitado a diversas entidades internacionales y nacionales para que acompañen el proceso y realicen tareas de observación electoral. Además, hizo un llamado a quienes están movilizados en los puntos de bloqueo para que depongan sus acciones y busquen otros medios legales para hacer valer sus derechos.

Participación de actores clave

En este encuentro participan representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de la Fiscalía General del Estado, así como los candidatos a presidente y vicepresidente de las organizaciones políticas que participarán en los comicios.

/KMMN

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“Se reanuda la exportación de carne con el compromiso de que los productores frigoríficos y los comercializadores de la carne aseguren el mejor abastecimiento a la oferta del mercado interno. Esto permitirá una reducción inmediata de los precios. Hemos tomado esta decisión porque Bolivia cuenta con la producción suficiente de carne para abastecer el mercado interno”, afirmó Yamil Flores en una conferencia conjunta con los ganaderos de Santa Cruz.

Datos sobre la oferta de ganado

Según datos oficiales, la oferta de ganado en el país supera las 350 mil toneladas por año. La demanda, por su parte, alcanza alrededor de 295 mil toneladas, lo que genera un superávit de más de 55 mil toneladas.

El ministro también detalló que para este año, el cupo exportable se establece en 44 mil toneladas.

Antecedentes de la restricción

La restricción a la exportación fue implementada en febrero, cuando el entonces ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, anunció la suspensión temporal de las exportaciones como parte de una política de control de precios. En ese momento, la medida fue justificada como una acción necesaria para proteger el bolsillo de las familias bolivianas ante el aumento de precios y la limitada oferta en el mercado local.

Impacto en el sector ganadero

El sector ganadero expresó en varias ocasiones su preocupación por las consecuencias de esta prohibición, denunciando pérdidas económicas y el deterioro de las relaciones comerciales con otros países, especialmente con China, que es un mercado importante para la carne boliviana.

/KMMN

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La normativa establece un total de cinco requisitos que deben cumplirse para acceder a este beneficio. El objetivo principal es aliviar la situación en los centros penitenciarios del país.

Entre los reos que podrán beneficiarse de la amnistía se encuentran los hombres mayores de 58 años y las mujeres mayores de 55 años. Además, también podrán acogerse a este beneficio las personas con discapacidad grave o muy grave, así como aquellos detenidos que padecen enfermedades oncológicas o insuficiencia renal en fase terminal. También se incluye a quienes requieren atención hospitalaria.

Consideraciones para mujeres

En el caso de las mujeres, el decreto contempla a aquellas que están embarazadas o que se encuentran en periodo de lactancia. Esto refleja un enfoque en los sectores más vulnerables de la población carcelaria.

Exclusiones de la amnistía

Es importante señalar que quedan excluidos de la amnistía aquellos procesados por delitos que no admiten este tipo de beneficio. También se excluyen a quienes hayan cometido nuevos delitos mientras estaban en prisión, los reincidentes y aquellos que ya han sido beneficiados con un decreto de amnistía en los últimos 5 años.

Objetivo del decreto

El decreto tiene como finalidad aliviar la situación en los centros penitenciarios del país, priorizando a los sectores más vulnerables. Sin embargo, también se han establecido restricciones para evitar el abuso del beneficio.

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El sector está preocupado por la posibilidad de perder los mercados externos a los que han estado exportando su producto. Esta tarde, el directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) llevará a cabo una rueda de prensa para expresar su inquietud y las medidas que planean tomar al respecto.

Denuncia de Anapo

Jaime Hernández, gerente de Anapo, ha denunciado que el Gobierno no ha emitido el “Certificado de Abastecimiento Interno” en 2025, un documento que es esencial para permitir la libre exportación del grano de soya. A pesar de que existe un Decreto Supremo 3920 de 2019 que establece que cada año, a principios de enero, se debe liberar el 60% de la producción de soya del año anterior, este año no se ha cumplido con dicha normativa.

“Desde enero de 2025 no se ha exportado ni un solo grano de soya, lo que ha causado un gran perjuicio a los productores. Este mecanismo es fundamental para que podamos negociar mejores precios con los compradores; es el reclamo que haremos”, indicó Hernández.

Gestiones sin respuesta

Hernández también detalló que el sector ha estado realizando gestiones con el Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de estas instancias.

“Entendemos que el Viceministerio de Comercio Interno, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, es la entidad que no está cumpliendo con la emisión del certificado de abastecimiento interno para el grano de soya”, denunció.

Incertidumbre para los productores

El freno a la libre exportación ha generado incertidumbre entre los soyeros, quienes temen perder la credibilidad ante sus compradores. “Lo que más nos preocupa, al no tener la libre exportación, es el precio que recibirán los productores por la campaña de soya de verano, que ya ha comenzado su cosecha. Existe un alto riesgo de que el precio de compra para los productores locales disminuya”, afirmó.

Hernández alertó que los productores también corren el riesgo de no obtener un precio que cubra sus costos de producción. Esto podría tener un efecto negativo en la producción de otros granos, como sorgo, maíz y trigo, que se cultivan en la campaña de invierno.

Incumplimiento del Gobierno

“Hasta el 10 de enero, el Certificado de Abastecimiento Interno se emitía, pero este año no ha salido hasta ahora, a pesar de que el Decreto Supremo sigue vigente. Esto representa un incumplimiento por parte del Viceministerio de Comercio”, explicó Hernández.

El gerente de Anapo indicó que en el país hay más de 14,000 productores, que incluyen pequeños, medianos y grandes, que están siendo afectados por el incumplimiento del Gobierno.

Confianza en los mercados

“Los principales mercados en los que habíamos logrado recuperar la confianza eran Perú y Argentina. Esto nos ha tomado años demostrarles que podíamos exportar el grano de soya, pero con esta medida, estamos enviando señales de incertidumbre a los compradores. El perjuicio es enorme en términos de confianza para las exportaciones”, concluyó Hernández.

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Detalles de los créditos aprobados

Según lo informado por Mullisaca, de un total de 4.121 millones de dólares aprobados en 35 leyes desde noviembre de 2020, se han desembolsado 2.013 millones de dólares. “Se han desembolsado 2.013 millones de dólares, es decir, el nivel de ejecución, pensando en los desembolsos, es del 49%. Son 35 leyes que están vinculadas a 37 créditos. Tenemos dos leyes que han aprobado dos créditos, por eso llegamos a 35 leyes con 37 contratos”, explicó la autoridad.

Proyectos en ejecución

El viceministro también mencionó que hay 18 contratos de crédito actualmente en ejecución. Estos contratos incluyen importantes proyectos como la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos y proyectos de electrificación rural. Además, destacó que 12 créditos se encuentran en proceso de licitación, cuatro están en actualización de diseño y uno se encuentra en condiciones previas.

Mullisaca subrayó que se están realizando gestiones para asegurar que los organismos financiadores, como el BID, JICA, CAF, Fonplata y Banco Mundial, mantengan su compromiso de otorgar préstamos, dado que el país tiene capacidad de endeudamiento. “Los proyectos han sido revisados por los financiadores”, recalcó el viceministro.

Comentarios del presidente del Senado

Por su parte, Andrónico Rodríguez también se pronunció sobre la situación legislativa. Señaló que existen proyectos de ley que están paralizados en la Cámara de Diputados, la cual está bajo el dominio del Órgano Ejecutivo. En la Cámara Alta, solo hay tres créditos pendientes.

Rodríguez afirmó que ha visitado las zonas donde deberían llevarse a cabo las obras, las cuales no han avanzado. “Si quieren más recursos, primero ejecuten de manera transparente”, enfatizó. Además, mencionó que hay 16 proyectos de ley que aún están pendientes de aprobación.

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La Confederación de Gremiales y la Cámara Nacional de Industrias han expresado su firme demanda de que se derogue esta norma. Sin embargo, el Gobierno ha descartado la posibilidad de anularla y ha anunciado que se está trabajando en un anteproyecto reglamentario que podría abordar las preocupaciones planteadas por los sectores afectados.

Desde hace semanas, estos sectores han estado reclamando la derogación de la norma y habían advertido que, si no se atendía su solicitud, llevarían a cabo movilizaciones. César González, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, hizo un llamado a las autoridades para que les permitan trabajar y generar ingresos para el país.

Reacción del Gobierno

El Gobierno ha reiterado su negativa a anular la norma y ha revelado que ya cuenta con un anteproyecto de reglamentación, además de estar preparando un decreto. Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, confirmó que se seguirá insistiendo en convocar a los sectores que se oponen a esta medida.

Defensa de la propiedad privada

González enfatizó que están dispuestos a defender la propiedad privada en las calles. Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), expresó su preocupación en nombre de las distintas cámaras económicas. Hizo un llamado al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se derogue la norma, argumentando que esta acción sería la mejor decisión.

“Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política. Nosotros producimos y aquí en Sucre está Bolivia, cuya única prioridad es poder trabajar y producir con seguridad jurídica”, afirmó Camacho.

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Retraso en la entrega de documentos

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha señalado que han transcurrido más de dos meses desde que el Gobierno pidió los documentos necesarios para que la Agencia Estatal de Viviendas (AEVivienda) pueda comenzar la construcción. Montaño ha expresado su preocupación por el retraso en la entrega de estos documentos esenciales, los cuales están impidiendo el avance del proyecto habitacional.

La autoridad ha enfatizado que la construcción de estas viviendas es urgente. Las familias que han sido afectadas por desastres naturales continúan viviendo en condiciones precarias y necesitan una solución rápida y efectiva.

Condiciones de las familias damnificadas

Este contexto pone de manifiesto la necesidad inmediata de atención hacia las familias damnificadas, quienes están enfrentando serias dificultades debido a los deslizamientos y otros eventos climáticos. La falta de acción en este asunto podría agravar aún más su situación actual.

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El ministro Huanca explicó que esta iniciativa busca brindar apoyo a los productores nacionales, quienes han enfrentado dificultades debido a las afectaciones climáticas que han reducido la producción de trigo. En agosto de 2024, se aprobó un Decreto Supremo que permitía a los importadores privados importar trigo y harina de trigo con un gravamen arancelario del 0%. Esta norma estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Importaciones desde diversos países

A través de diferentes acuerdos comerciales en la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), se han importado alrededor de poco más de 18,000 toneladas de trigo y harina de trigo. Desde Canadá, se han importado aproximadamente 5,000 toneladas, mientras que otras 10,000 toneladas están listas para ser llevadas al territorio nacional.

Solicitud de los importadores

Los importadores han solicitado que se culmine este proceso de importación. Por esta razón, el Gobierno Nacional ha decidido diferir el gravamen arancelario del 0%, dándole vigencia hasta el 31 de agosto de 2025. Con esta medida, se espera que el sector privado continúe abasteciendo al país con este producto y garantice así el alimento necesario para la producción de pan.

Asegurando la disponibilidad de materia prima

La decisión también responde a la necesidad de asegurar la disponibilidad de materia prima en un contexto donde las condiciones climáticas han impactado negativamente en la producción local. La extensión del gravamen arancelario permitirá mantener mejores condiciones para los importadores y contribuirá a estabilizar el mercado interno frente a las fluctuaciones en la oferta local.

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Según el viceministro, la reunión tiene como finalidad abordar la situación de los proyectos de ley que se encuentran paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, se busca fomentar el diálogo entre el Gobierno y las autoridades municipales y departamentales.

Ruiz destacó que octubre ha sido un mes “lamentablemente conflictivo”. En este contexto, el Presidente Luis Arce ha propuesto que este mes se convierta en un periodo de encuentro, donde se realicen reuniones enfocadas en la economía y los desafíos que enfrentan los municipios, departamentos y el Gobierno nacional.

Proyectos de ley paralizados

Durante la reunión, se espera que se informe sobre los proyectos de ley que están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el Gobierno, estos proyectos de créditos están destinados a financiar iniciativas y programas que beneficiarán tanto a los niveles municipales y departamentales como al Gobierno nacional y a los diferentes sectores productivos.

Espacios de diálogo

El viceministro recordó que el Gobierno está generando espacios para el diálogo y la coordinación. En este marco, informó que se han llevado a cabo reuniones con representantes del sistema asociativo de municipios del país y con las autoridades de las Autonomías Indígenas. Además, este jueves 17 de octubre, las autoridades de Gobierno se reunirán con los alcaldes de todo el país.

Intereses políticos en conflicto

Ruiz lamentó que, mientras el Gobierno realiza esfuerzos para coordinar con los gobiernos subnacionales y enfrentar los desafíos a nivel municipal, departamental y nacional, algunos políticos actúan por intereses personales. Esto lo expresó en referencia al expresidente Evo Morales y sus seguidores, quienes han instalado bloqueos en Cochabamba exigiendo el levantamiento de los procesos legales contra la exautoridad.

“Lamentablemente, hay otros actores con intereses políticos electorales y hasta personales; en ese sentido, hacemos un esfuerzo para coordinar y el pueblo boliviano está esperando que se trabaje y que sus autoridades coordinen y den resultados con trabajo conjunto y esfuerzo conjunto”, afirmó Ruiz.

/WMC

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Financiamiento del proyecto

La financiación de la obra está garantizada en un 80% por el Gobierno nacional, a través de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), mientras que el 20% restante será cubierto por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Detalles de la construcción

El diseño del puente incluye la construcción de 22 pilotes, distribuidos equitativamente entre ambos márgenes de los ríos Mapiri y Marona, con 11 pilotes en cada lado. Cada pilote tendrá un diámetro de 1,20 metros y una longitud de 17 metros, todos sostenidos por un cabezal. Con la excavación del primer pilote, se están armando los canastillos de acero estructural que se colocarán en los pilotes excavados para inyectar hormigón, según informó la ABC.

Características del puente

El puente Mapiri contará con una calzada de 10 metros de ancho y aceras de 1,5 metros. La estructura tendrá tres tramos principales: dos laterales de 71,4 metros y un tramo central de 130 metros. Este diseño está pensado para mejorar la transitabilidad de los vehículos y garantizar la seguridad vial, impulsando así el desarrollo de la zona.

Beneficios para la comunidad

Esta infraestructura beneficiará directamente a más de 25,000 habitantes de la provincia Larecaja, facilitando un transporte seguro y eficiente entre el norte de La Paz y el Altiplano. El Gobierno nacional, a través de la ABC, busca integrar el norte con el altiplano paceño como parte de una estrategia de desarrollo que busca ofrecer servicios de transporte eficientes y seguros por la Red Vial Fundamental, en dirección a la industrialización del país.

Importancia del proyecto

La obra contempla una inversión total que incluye financiamiento del Gobierno nacional y del Gobierno Autónomo Departamental. Además, se destaca que esta infraestructura es fundamental para mejorar las condiciones del transporte en la región.

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En esta importante cita estarán presentes representantes del Ministerio de Salud y Deportes, así como del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La reunión dará continuidad a encuentros previos y se espera que se analice detalladamente la situación del Bono de Vacunación y Refrigerios, considerando su financiamiento y su impacto en la población.

Enfoque en la salud y el financiamiento

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, resaltó la importancia de centrarse en el tema de salud durante esta reunión. Según Ruiz, es fundamental analizar detalladamente la situación del Bono de Vacunación y Refrigerios para garantizar su correcta implementación y distribución de recursos.

En una reunión anterior, celebrada el 20 de agosto, se acordó gestionar un encuentro con el Ministerio de Salud y Deportes para evaluar su financiamiento junto a los gobiernos autónomos municipales. Durante esa reunión, también se abordaron otros temas como la reprogramación de créditos, la ampliación de capacidad de endeudamiento y la creación de un fondo de reactivación.

Evaluación de datos del Censo de Población y Vivienda

Además de la reunión sobre gastos de salud, los gobernadores se reunirán este jueves en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) para evaluar los datos del Censo de Población y Vivienda. Este seguimiento permitirá tener una visión más clara sobre las necesidades poblacionales y ajustar estrategias futuras en materia sanitaria.

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En un comunicado publicado recientemente, los productores agropecuarios responsabilizan al Gobierno Nacional de la crisis y advierten sobre posibles cierres de unidades agropecuarias.

Falta de atención a temas cruciales para el sector agropecuario

Desde la CAO se destaca la falta de atención por parte del Gobierno central en temas cruciales para el sector agropecuario, como la homologación de nuevos eventos biotecnológicos y el aumento de los precios de insumos agrícolas y pecuarios. Los productores sostienen que el Gobierno Nacional es el único responsable de la crisis actual y demandan soluciones inmediatas.

A pesar de años de trabajo conjunto en mesas técnicas, las autoridades no han tomado medidas efectivas para prevenir el desabastecimiento y han aplicado restricciones perjudiciales al sector agropecuario. La falta de diésel y dólares está teniendo un impacto negativo en las cadenas productivas, lo que podría resultar en grandes pérdidas económicas y cierre de unidades agropecuarias, poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario y la seguridad energética del país.

Consecuencias a largo plazo y necesidad de soluciones adecuadas

Los productores advierten sobre las consecuencias a largo plazo de esta crisis, señalando que el retroceso en la capacidad productiva podría llevar años en recuperarse. Advierten que si no se implementan soluciones adecuadas de manera oportuna, el cierre de unidades productivas en diversos sectores será inminente, ya que las condiciones actuales dificultan su operatividad y crecimiento a largo plazo.

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El secretario ejecutivo de los interculturales, Víctor Hugo Segovia, leyó un pronunciamiento en el que expresan su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce y demandan a la dirección del MAS convocar a un nuevo congreso, tal como lo instruyó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Llamado a los cocaleros del Chapare

Segovia hizo un llamado a los cocaleros del Chapare, bastión político de Evo Morales, que anunciaron movilizaciones en Sucre, para que no caigan en el “juego de la derecha” que busca confrontación y desestabilización. Según el documento leído por Segovia: “Nos declaramos en estado de emergencia contra cualquier intento de desestabilización hacia nuestro Gobierno nacional con el pretexto de movilizaciones en la ciudad de Sucre y a nivel nacional contra la continuidad de los magistrados”.

Desconocimiento a organizaciones paralelas

Además, los interculturales chuquisaqueños advirtieron que desconocen organizaciones paralelas a la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia y tomarán acciones legales contra quienes suplanten a sus legítimos representantes. Segovia dejó claro que solo existe una entidad matriz con personería jurídica y credenciales encabezada por Esteban Alavi Canaviri.

Instan a los cocaleros del Trópico de Cochabamba

Asimismo, instaron a los cocaleros del Trópico de Cochabamba, que anunciaron vigilias en las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre en contra de la prórroga de mandato de los magistrados, a reflexionar.

Fallo del control constitucional prorroga el mandato

Un fallo del control constitucional prorrogó el mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional debido a que no se llevaron a cabo elecciones para sustituirlos desde el 1 de enero.

Protestas contra la prórroga

Tanto el “ala evista” como la oposición han coincidido en protestas en Sucre contra esta prórroga. El ministro de Justicia, Iván Lima, ha explicado que no se puede dejar a los bolivianos sin justicia y ha denunciado un intento por parte de Morales, el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa por generar un “vacío institucional” para desestabilizar al Gobierno y adelantar las elecciones.

Llamado a los cocaleros del Trópico

Segovia hizo un llamado a los cocaleros del Trópico: “Hermanos del Trópico no se dejen llevar por el discurso de la derecha porque así como ustedes lamentablemente también se moviliza la derecha. No queremos pensar en una coordinación entre los hermanos del Trópico y la derecha porque lo único que buscan es desestabilización; lo único que buscan es conflictuar el Estado Plurinacional”.

Resolución en la Asamblea Legislativa Plurinacional

Los interculturales consideran que el tema de los magistrados debe ser resuelto en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segovia insistió en que no quieren enfrentamientos entre hermanos y pidió a los cocaleros del Trópico que no entren en el juego de la derecha.

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El sábado 14 de octubre se inauguró en Santa Cruz el plan “Agua para la vida, agua para la producción”. Aunque Oruro se declaró como zona de desastre y Chuquisaca, Cochabamba y La Paz están en emergencia, la región cruceña no ha sido clasificada con ninguna de esas denominaciones.

Solicitud creciente y objetivo del plan

“La solicitud de los gobiernos municipales cada vez es mayor. Por eso decidimos lanzar este plan porque queremos garantizar la vida y la producción en Santa Cruz para evitar efectos negativos a futuro”, declaró Calvimontes.

Municipios del Chaco también solicitan ayuda

Dos municipios del Chaco también se sumaron a esta solicitud debido a su vinculación geográfica. En total son 17 municipios beneficiados con agua para consumo humano, animal y para la producción, distribuida mediante carros cisterna con diferentes capacidades.

Falta de recursos en Oruro

Calvimontes explicó que esto requiere una contraparte por parte de los gobiernos departamentales. En el caso de Oruro, al haberse declarado en desastre significa que no tienen los recursos suficientes para combatir la sequía y tampoco pueden cubrir una contraparte.

Resto de departamentos deben gestionar beneficios

Sin embargo, Calvimontes manifestó que el resto de los departamentos deberían iniciar las gestiones para beneficiarse con el plan ya que sus gobiernos departamentales tienen capacidad suficiente para cubrir su parte.

Crisis del agua y repercusiones

La crisis del agua se agudiza cada vez más en el país, con personas que tienen cada vez más dificultades para acceder a agua potable, y productores que no pueden mantener sus cultivos o animales, lo cual repercute directamente en la producción de alimentos.

Focos de calor y registros de incendios

Otros temas a los que se refirió la autoridad fueron los focos de calor, con 70 activos en el país este lunes: 30 en Beni, 27 en Santa Cruz y 13 en La Paz. Hasta ahora se registraron un total de 55.465 focos de calor. En cuanto a los incendios, Santa Cruz tiene oficialmente registrados dos: uno en el municipio de El Puente y otro en San Ignacio de Velasco. Sin embargo, no se tiene información sobre otras zonas actualmente afectadas por las llamas.

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Preocupación por incendios provocados en Quime

Sin embargo, las llamas que arrasaron más de 500 hectáreas en esta región boliviana generan preocupación, ya que se presume que estos incendios podrían ser provocados deliberadamente con el fin de generar una crisis social, según advirtió el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Gobierno nacional brinda asistencia a familias afectadas por incendios en Quime

En un gesto de solidaridad, el Gobierno nacional proporcionó asistencia a las familias afectadas por los devastadores incendios que arrasaron el municipio de Quime, ubicado en el departamento de La Paz. Más de 500 hectáreas de tierra se vieron consumidas por las llamas en un incendio de gran magnitud que tuvo lugar la semana pasada.

Entrega de ayuda humanitaria para aliviar necesidades inmediatas

La entrega de ayuda humanitaria, que incluyó alimentos y recursos esenciales, busca aliviar las necesidades inmediatas de las familias que se vieron afectadas por esta tragedia. “La Paz es un departamento productor para el consumo interno, para que coman las familias que viven en La Paz. Se ha quemado politubos, habrá déficit de agua, se ha quemado pasto para su ganado (…) Estamos haciendo la entrega de alimentos para 250 familias”, explicó Calvimontes durante el acto de entrega en La Paz.

Incendios amenazan fuentes de agua y áreas naturales

La gravedad de la situación se ve acentuada por la hipótesis de que estos incendios podrían estar siendo provocados con el propósito de desencadenar una “crisis social”. Según Calvimontes, los recientes incendios están afectando fuentes de agua naturales, sistemas de distribución de agua y áreas de pastizales, lo que tendría un impacto significativo en la comunidad.

Gobierno brinda soluciones ante escasez y crisis

En este contexto, el Gobierno nacional no solo se limitó a proporcionar alimentos básicos a las familias afectadas, sino que también distribuyó tanques de agua y politubos para asegurar el acceso al agua, un recurso crucial para la subsistencia.

Preocupación por motivación detrás de los incendios

Calvimontes expresó su preocupación por la posible motivación detrás de estos incendios provocados, advirtiendo sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de la escasez de alimentos para los sectores más vulnerables.

Acciones conjuntas para enfrentar esta situación crítica

En medio de la sequía y la crisis creada por los incendios, las consecuencias podrían ser mucho más graves. En respuesta a esta crisis, se llevaron a cabo discusiones con los alcaldes locales para planificar y ejecutar acciones efectivas que permitan enfrentar estos eventos y prevenir futuros episodios de devastación. La comunidad y las autoridades trabajan en conjunto para abordar los desafíos que plantea esta situación crítica.

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Entre los logros que consiguió el Gobierno actual, para la viceministra Alcón, se debe resaltar el crecimiento post pandemia, porque se reactiva positivamente la economía del país, destacando el trabajo coordinado con las diferentes regiones de Bolivia, con autoridades departamentales y municipales, así como con las organizaciones sociales, quienes son los que hacen saber las necesidades de las personas.

Reconoció que uno de los temas pendientes que tiene el Gobierno, es brindar una mejor confianza en la justicia de nuestro país, pero para ello, se debe conseguir consensos entre los actores políticos. Además, se pondrá mayor énfasis en la lucha contra la corrupción, transparentando todos los procesos en diferentes instancias del Estado.

“Estamos a dos años de nuestro Bicentenario, dos años en el que queremos consolidar la Bolivia industrializada con resultados, con obras, con el Mutún, con el litio, con la seguridad con soberanía alimentaria, así que hay mucho por festejar sin duda alguna, y también mucho trabajo que realizar, y esperemos que esto exista a través de un trabajo coordinado”, remarcó Alcón.

No se olvidó que la lucha contra el narcotráfico es uno de los puntos en los que se pondrá mayor énfasis, pero se busca mayor confianza de la población, para que en un futuro, conjuntamente podamos denunciar estos actos delictivos que hacen mucho daño al país.

TARIJA

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también hizo recuerdo que los actos de festejo por los 198 años de la Independencia de Bolivia, culminaron en Sucre, por lo que este lunes 7 de agosto, estará en el departamento de Tarija, junto al Presidente Luis Arce, para participar de la Parada Militar, con lo que concluirían estas celebraciones.

Se tiene estimado que las actividades en Tarija, den inició a partir de las 10:00 horas, contando además con la participación de las organizaciones sociales del país.

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El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la decisión del juez cautelar de El Alto, porque en su parecer, las familias de las víctimas de los hechos acontecidos en noviembre de 2019 en Sekata, esperaban este resultado. La autoridad calcula que en tres meses se instalará el juicio oral.

“Lo que ha ocurrido ayer me parece que es un hecho histórico. La justicia boliviana, a través del juez primero cautelar penal de El Alto, ha determinado que es competente para conocer el caso de la masacre de Senkata con relación a la exsenadora Añez y ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso del juicio de responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa”, refirió el ministro Lima a ANF.

Por su lado, la defensa de la expresidente Añez, informó que diputados de Comunidad Ciudadana (CC), presentaron un recurso que recuerda al juez Amaru, que ya existe un juicio de responsabilidades planteado, por lo que no podría ir a un juicio por la vía ordinaria.

“El juez Amaru se ha declarado competente; está usurpando funciones de la Asamblea Legislativa, está usurpando funciones del Tribunal Supremo de Justicia”, refirió el abogado de Añez, Luis Guillen.

De la misma manera, la exmandataria cuestionó al juez, a quien le dijo que será juzgado por incumplimiento de deberes, por la decisión, que para ella, es por una orden política-partidaria.

“He sido traída a este circo en la jaula en la que me encerraron ilegal y abusivamente hace 682 días por un delito inexistente de terrorismo, que hasta la CIDH ha reclamado al régimen del MAS que lo expulse de la legislación por difuso e indeterminado, que solo ha servido para que yo y otros 180 presos seamos perseguidos judicialmente y encarcelados para acallar a la oposición”, expresó Añez en la audiencia.

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Pese al anuncio que realizó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, de que el Carnaval Cruceño se desarrollaría durante los tres días y no se suspendería por ningún motivo, varios participantes decidieron no compartir este pensamiento, porque entienden que no tienen nada que festejar, y el bailar no ningún tipo de manifestación, como lo señaló otra autoridad.

El anuncio de la no participación de las comparsas se cumplió mediante las redes sociales, como la Comparsa Chabacos, que no pueden estar en medio de festejos cuando hay “presos políticos, la muerte de un cruceño por la represión policial y la inseguridad física y jurídica de los pobladores”.

Otras comparsas que renuncian a los festejos, son los Vagabundos Sumuqué, Pichiroses, Socios y Curumechaca, así como los Cunumis, Urupé Mequetrefes, Chabacanos y Cachivachis.

Una de las comparsas más antiguas, como son los Vagabundos Sumuqué, publicaron en sus cuentas de las redes sociales, que la decisión es en defensa del “estado de derecho, libertad y democracia como la base por la cual se construirá una sociedad más justa en beneficio de las futuras generaciones”.

Ante los anuncios, que debilita una posible realización del Carnaval de Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno Municipal de dicha ciudad no se ha manifestado hasta el momento. Pero aún se baraja la posibilidad de suspender todas las actividades anunciadas.

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La información la brindó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien además criticó el pronunciamiento del presidente del Legislativo Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, así como del vicegobernador de ese departamento, Mario Aguilera, ratificando en su cargo a Camacho, quien aún está en la cárcel de La Paz, según informó Los Tiempos.

De acuerdo al ministro Lima, la posición del Gobierno es para exigir el respeto del Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz, que ante la ausencia del gobernador se establece la sucesión del vicegobernador, refutada por las autoridades cruceñas, porque Camacho aún se encuentra en el país. Las opciones de que manejan, es una acción penal contra las autoridades cruceñas, o apelar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para impulsar una nueva elección.

CAMACHO

Mientras tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, continúa ejerciendo su cargo desde Chonchocoro, incluso realizó el cambio de ocho directores de su gabinete, pese a que fue advertido por el Gobierno que no debería continuar con sus funciones.

Las nuevas autoridades titulares son: Yeri Fernando Kuscevic Zambrana, director del Servicio Departamental de Industria y Comercio; María Julia Parada Herrera, directora del Servicio Departamental de Calidad Ambiental; Eleuterio Quispe Sesgo, director del Servicio Departamental de Transporte, Terrestre Interprovincial e Intermunicipal; Aida Estela Nava Balcazar, directora de Estratégica para la Promoción de la Inversión Privada; Julio César Koca Paniagua, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Camacho cumple con su detención preventiva por cuatro meses en celdas de la cárcel de Chonchocoro, desde el pasado 30 de diciembre de 2022, por las investigaciones por el caso Golpe de Estado I.

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Camacho está siete días detenido en un penal Chonchocoro y de acuerdo a la determinación judicial, debe cumplir cuatro meses de manera preventiva mientras se realizan las investigaciones por el caso denominado golpe de Estado I.

“Se ha secuestrado a un gobernador con policías encubiertos, chocando movilidades, en un operativo coordinado con el ejército, porque el helicóptero que utilizan es militar. Todo esto para llevarlo al penal más peligroso de máxima seguridad de Bolivia, donde solo existen personas sentenciadas a 30 años de cárcel por asesinato y violación”, manifestó Matkovic.

Asimismo, ante el medio internacional cuestionó la aparente persecución del Gobierno hacía los opositores, en su criterio, para imponer la idea de un supuesto golpe de Estado, pese a informes internacionales que revelan que en 2019 se evidenció un fraude de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), reportó el diario El Deber.

“La violencia y la manera tan abusiva que el Gobierno se ha venido portando con las autoridades opositoras ya llegaron a un límite (…) Es una forma de decirle a la población ‘la justicia es mía, la policía es mía, te puedo meter preso el rato que yo quiera y te voy a llevar al lugar donde yo quiera’, entonces para mí esto es entender que este Gobierno ha dado un paso hacia la persecución abierta de los opositores, como los países con los que comulga, Venezuela y Cuba”, señaló.

Ante la situación, resaltó que continuarán con medidas de presión, enmarcadas en la ley, para exigir la liberación de Camacho, además ponderó que las protestas se replican en los demás departamentos.

“La población está realmente levantada en contra de los abusos de la Policía y del Gobierno  porque pareciera que hay una competencia interna dentro del Movimiento Al Socialismo por ver quién demuestra más abuso al momento de utilizar el poder”, añadió.

/JDLF/

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La inauguración del tan anhelado Hospital de Segundo Nivel se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, departamentales, locales, organizaciones sociales, y demás sectores que celebraron el funcionamiento del nosocomio.

ACTO

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, destacó que el Hospital de Segundo Nivel de Challapata cuentan con un diseño e infraestructura hospitalaria y equipamiento médico de alta modernidad, para responder a las demandas en salud de toda la población de Oruro, además que promoverá la investigación científica y nuevas alternativas de diagnóstico.

Para la obra, el Gobierno Central invirtió 41.116.940 bolivianos en equipamiento, 54.663.101 bolivianos en infraestructura, 3.344,715 bolivianos en pre inversión, además de un proceso de puesta en marcha que se llevará adelante de 1.476,64 bolivianos, haciendo un total de más de 100 millones de bolivianos invertidos en Challapata.

“Ponemos en funcionamiento este hospital, hasta hace poco entregamos más de 100 ítems entre médicos generales y especialistas para que este hospital funcione, vale decir como Gobierno Nacional, nos estamos ocupando de la construcción, del equipamiento, del personal de salud que va a funcionar”, refirió el titular de la cartera en Salud.

El hospital cuenta con farmacia, laboratorio clínico, microbiológico y hematología, unidad de hemodiálisis, servicio de transfusión de sangre, imagenología, medios de diagnóstico rayos x, ecografía, tac, depósito transitorio de cadáveres, enfermería y vacunación.

Asimismo, Auza detalló que la moderna infraestructura hospitalaria cuenta con Rayos X y Arco en C, Electrocardiógrafo, Equipamiento para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Radiografía digital con dos detectores, Máquinas de hemodiálisis, Laboratorio clínico, Ecógrafo para consultorio gineco-obstétrico, Tomógrafo axial computarizado completo, Fisioterapia, Ecógrafo para imagenología y equipamiento para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El hospital brindará atención en especialidades como Medicina interna, Medicina general, Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Neonatología, Anestesiología, Medicina general, Odontología y odontopediatría, Medicina tradicional, Nutrición, Psicología clínica, Fisioterapia, terapia intermedia, terapia intensiva, rehabilitación, emergencias, entre otras.

“Nada que envidiar a hospitales de otro país, este esta parangonado como uno de los mejores a nivel nacional, van a tener atención de primera, equipamiento de primera, hay que reconocer ese esfuerzo del Presidente Luis Arce”, manifestó el gobernador de Oruro Johnny Vedia, a tiempo de pedir al ministro de Salud honrar el compromiso de otorgar 130 ítems para el nosocomio de Challapata y 120 ítems para el departamento.

En la parte central del acto, el Presidente del Estado destacó que la entrega del nosocomio es un regalo para el municipio de Challapata, con el compromiso además de crear una política social de salud para el pueblo boliviano.

“Hoy este hospital ya está pagado hoy estamos dotando de equipamiento, de insumos, del recurso humano para que pueda funcionar adecuadamente y eso es el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional”, manifestó el mandatario.

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Durante el homenaje a los 241 años de la muerte de Túpac Katari, en Batallas (La Paz), el primer mandatario reflexionó sobre la situación actual que vive el país.

Remarcó que, así como Túpac Katari peleaba contra usurpadores extranjeros, que vinieron a enriquecerse con nuestras tierras y recursos naturales, hoy también hay intereses extranjeros que están mirando nuestras riquezas.

“Lo mismo que sucedió con Túpac Katari y los españoles, hoy estamos viviendo todavía, una escena en la que hay personas que se creen dueños de territorio, dueños de hacer todo lo que quieren, hay también en todo lado, por lo tanto, hermanos, en el oriente y en el occidente, habrá Túpac Kataris”, señaló.

Arce estuvo acompañado por el vicepresidente, David Choquehuanca, que emitió un discurso casi en su totalidad en aimara. Sin embargo, en parte de su intervención alertó que hay algunos radicales que quieren dividir al país.

Asimismo, el Presidente pidió a las organizaciones sociales que actúen con unidad para vencer amenazas de enemigos extranjeros, enemigos externos e inclusive de enemigos internos.

“Conmemorando un año más del descuartizamiento del abuelo Túpac Katari, simplemente pedir esa unidad, ese trabajo conjunto. El Gobierno nacional nunca los va a abandonar hermanas (…). Si las organizaciones sociales están fuertes y firmes, el Gobierno nacional está fuerte también”, acotó Arce.

Alertó que habrá intentos de dividir a las organizaciones, calentando la oreja de los representantes, sin embargo, señaló que si un dirigente deja de pensar en el interés colectivo deja de ser tal.

“Nos van a querer dividir, de una u otra manera, hablándonos al oído, calentándonos las orejas a algunos de nuestros dirigentes, prometiéndonos una y otra cosa. Cuando un dirigente empieza a pensar en sus propios intereses y deja de pensar en el interés colectivo, deja de ser dirigente. Aquí hay que pensar en la comunidad, en la mayoría, no en los intereses individuales”, dijo el primer mandatario.

/NVY

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El vocero presidencial, Jorge Richter señaló que la situación legal de los aprehendidos durante de las jornadas de violencia es tuición directa de la Fiscalía y la administración de justicia, no del Ejecutivo.

“Los cinco puntos del cabildo, ninguno de ellos tiene una relación directa con el Gobierno, no es una tuición que nosotros podamos resolver, la situación de los aprehendidos debe ser valorada por la Fiscalía, el juez, no por el Gobierno, y el resto de las preguntas no tienen relación con el censo”, aseguró la autoridad.

En la víspera, la masiva concentración cruceña aprobó exigir una ley que garantice la aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda antes de 2025. También se determinó formar una comisión institucional para que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano; concretar la unidad con el resto de los departamentos para garantizar el primer punto; mantener el paro por 72 horas; y dar tres días para la liberación de los detenidos.

“Hoy aceptan una propuesta que ha estado en sus manos el primer día del paro, eso es lo incomprensible. Ayer (domingo) aceptan la propuesta que estuvo sobre la mesa el 21 y 22 de octubre (…) Los días de paro fueron innecesarios, irracionales y causaron un grave daño a Santa Cruz. Por qué no se aceptó aquello y se le ahorró a Santa Cruz todo lo que se vivió en estos días”, añadió Richter.

Asimismo, lamentó que desde el comité interinstitucional no se considerara de forma seria la propuesta del Gobierno, según reporte de El Deber.

“Los resultados deben ser específicos y detallados para su uso en distribución de escaños, no son lo mismo, tienen algunas características que los diferencian. Ayer se garantizó toda la información en 2024 para que el TSE trabaje un proyecto de ley y que se trate ahí la nueva distribución de escaños, y después vendrá el trabajo de la cartografía y las nuevas circunscripciones”, finalizó el representante presidencial.

/MDCB

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El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que este caso llegó a la acusación contra el exgobernador beniano y aseguró que en el Gobierno del Presidente Luis Arce, la política de cero tolerancia a la corrupción, es una política en serio.

Luego que la Fiscalía revocara el sobreseimiento, la Secretaría de Transparencia de la Gobernación, con la ayuda del Ministerio, logró reencausar el proceso y presentó acusación particular por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Desde entonces, el juez de la causa no logra fijar audiencia de juicio oral contra Alex Ferrier, acusado de causar un daño económico al Estado al haber desembolsado 55 millones de bolivianos en la supuesta construcción de la carretera Trinidad-Loreto.

La denuncia inicial fue presentada en mayo de 2020 por el viceministerio de Transparencia y en julio del mismo año, la Secretaría Departamental de Transparencia presentó su propia denuncia contra el exgobernador.

Según los antecedentes, la investigación tuvo etapas críticas porque en agosto de 2020, los fiscales asignados emitieron resolución de imputación y dos años más tarde, los fiscales de la misma Unidad Anticorrupción liberaron de culpa a Ferrier con el argumento que no existen pruebas suficientes.

Sin embargo, esta resolución fue objetada el 8 de julio del vigente año por la Secretaría Departamental de Justicia y el 23 de agosto, mediante resolución jerárquica, la Fiscalía Departamental del Beni anuló el sobreseimiento.

De acuerdo al cuaderno de investigación, el fiscal asignado presentó acusación formal en contra el imputado Alex Ferrier, por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Ferrier ya estuvo detenido en agosto de 2020 en la cárcel de Mocoví en Trinidad y luego en Chonchocoro de La Paz y, posteriormente, la vocal Norka Fuentes del Tribunal Departamental de Justicia, le concedió detención domiciliaria.

Es considerado uno de los hombres fuertes del expresidente, Evo Morales, en el Beni, quien cuando estuvo refugiado en Argentina expresó su rechazo a la detención de Ferrier.

/NVY

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El director ejecutivo de la FAM, Rodrigo Puerta, fijó esta situación un día después de conocer la decisión del ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, de garantizar la presencia de instituciones cruceñas en la reunión convocada.

“Creemos que hay la apertura y la facilidad que muestra el Gobierno nacional llevándola a Santa Cruz, sin embargo, nosotros como FAM Bolivia, en esa reunión haremos conocer nuestra posición que viene respaldada por nuestro consejo consultivo”, señaló el ejecutivo de la FAM.

Asimismo, reiteró la resolución firmada por el Consejo Directivo de la FAM-Bolivia que estableció el respaldo a la realización del Censo en 2024 y el rechazo a un posible paro indefinido desde el 22 de octubre, aprobado en un cabildo el 30 de septiembre.

De acuerdo con el representante, este tipo de medidas, afectaría los ingresos económicos y coparticipación tributaria de las alcaldías, por ello, dijo que las determinaciones del cabildo no tienen sustento técnico.

El Comité Interinstitucional Impulsor de Santa Cruz dialogará con el Gobierno sobre la posible abrogación del Decreto Supremo 4760.

/NVY

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De acuerdo con el vicepresidente de Adepcoca, Reynaldo Laura, el Gobierno nacional ya no respeta la independencia sindical ni a las organizaciones legalmente establecidas y con dirigencias legítimamente elegidas.  “

El lunes también se está realizando un cabildo nacional y Adepcoca estará presente, será histórico y esperemos que el Gobierno escuche, al margen de los 13 puntos que presentamos en nuestro pliego petitorio”, declaró Laura en exclusiva a la corresponsal de LA PATRIA Radio en la Sede de Gobierno.  

La marcha programada para el lunes partirá desde las instalaciones de Adepcoca, otros sectores que participarán son los comerciantes, médicos, panificadores, transporte pesado y algunas otras organizaciones que aún faltan confirmar su asistencia.  

De acuerdo con Laura, la persecución a dirigentes es la situación más preocupante y que une a varios sectores, es por eso que se realizaron esas alianzas, con el fin de realizar movilizaciones conjuntas en el futuro.  

“Podemos hacer un paro de mil esquinas, bloqueos, pero siempre coordinando con estos sectores, (…) pese a todo lo que presentamos no hay predisposición del Gobierno para atender nuestras peticiones, y eso nos molesta”, sentenció el vicepresidente de Adepcoca.

/ LMPT

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En una de las resoluciones, se determinó censurar a los ministros de Justicia y de Gobierno, a quienes el ampliado acusó de tener posiciones contrarrevolucionarias en alianza con la derecha y de promover acciones nefastas. Por lo cual, se pidió su alejamiento del Gobierno nacional.

Evo Morales ya acusó a estos ministros de formar parte del supuesto “Plan Negro”, que denunció que se desarrolla en su contra con el objetivo de desprestigiarlo.

Tras el Ampliado, Morales reiteró sus reproches a Lima y Del Castillo y les criticó por la posición de que “no se gobierna para un partido”. Consideró que, con esa actitud, estos ministros gobiernan para las minorías.

Además, señaló que desconocer al MAS, generó molestia contra ambos ministros, a quienes también les reprochó que no hayan estado inscritos como militantes.

Ratificó que, para cuidar la gestión del Presidente Luis Arce, en el bien de su persona, de su familia, del MAS y de Bolivia, debe alejar a los ministros de Gobierno y de Justicia.

Asimismo, el ampliado pidió la destitución de Henry Nina, bajo el argumento de mantener un Gobierno limpio. El Presidente de la ABC fue denunciado por el caso de presunta coima, que habría pactado pagar un empresario chino para adjudicarse un proyecto carretero.

Con el objetivo de tratar los problemas internos, el ampliado también pidió de manera urgente una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado.

Asimismo, se ratificó a Evo Morales como comandante indiscutible de la revolución democrática y cultural, además de defenderlo de posibles enjuiciamientos. Incluso se pidió garantías para su integridad, frente al presunto “Plan Negro”.

La reunión, asimismo, rechazó las corrientes que hablan de renovación desde la Vicepresidencia. Consideró que se pretende enfrentar a jóvenes contra viejos, cuando debería existir una combinación entre ambos.

La resolución ratifica también la expulsión de Rolando Cuéllar y rechazo declaraciones del legislador Andrés Flores, por lo cual pidió identificar a infiltrados que hablen contra Evo Morales y el MAS.

/SVL

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/NVY

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La cartera de Estado recordó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) fue expulsada de Bolivia el 6 de mayo de 2013, por actos de presunta injerencia en los asuntos internos del país y posteriormente se concretó la salida de su personal y el cierre de sus oficinas.

“Desde entonces todas las actividades, programas y proyectos, así como su permanencia en territorio boliviano, se dieron por terminadas”, se lee en parte del documento.

Durante un acto político en Los Yungas, el exministro Quintana cuestionó que la actual administración gubernamental haya permitido que Usaid esté en el país “paseándose como Pedro por su casa”, y que incluso estaría todos los días en diferentes partes del país.

“¿Acaso no hemos expulsado a Usaid? ¿En qué Gobierno estamos? ¿Acaso este Gobierno no es la continuación de nuestro Gobierno de 2019?”, añadió Quintana.

No obstante, la Cancillería aclaró que: “El gobierno nacional no permite, ni permitirá las operaciones de Usaid en el País”, según reportó ANF.

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El primer mandatario retomará su labor en esta jornada, luego de retornar de su periplo al Brasil, donde el pasado lunes expuso el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) y sus resultados, en un encuentro de economistas brasileños.

“El Presidente tiene agenda en Cochabamba, está retornando hoy (de Brasil). Tiene agenda en Cochabamba, (mañana) la reunión de gabinete, que siempre se desarrolla, estamos trabajando con varias obras, la siguiente semana todavía en Cochabamba, luego se va a trasladar a Santa Cruz y vamos a ajustar la agenda también para Santa Cruz”, manifestó Alcón.

Arce empezó a gobernar desde Cochabamba, a partir del 1 de septiembre, donde entregó una serie de obras por los 212 aniversario de la efeméride departamental.

Como es de costumbre, luego se trasladará a Santa Cruz para hacer la entrega de las obras ejecutas en esa región, entre ellas el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia (CMNyR).

Los equipos del CMNyR son de altísima tecnología, porque son los más recientes que llegaron a Latinoamérica y Santa Cruz, por lo tanto, se beneficiará con los tratamientos más avanzados para la lucha contra el cáncer.

“Van a trabajar acá aproximadamente unas 40 personas. Estamos hablando de un equipo multidisciplinario conformado por médicos especialistas, físicos, ingenieros y tecnólogos”, señaló la directora General Ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), Hortensia Jiménez Rivera.

La capacidad de atención será de 120 pacientes si se toma en cuenta la prestación de servicios de diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia y oncología clínica.

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Asimismo, la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP) participó en esta firma, la inversión que se dispuso para este proyecto es de 38.368.803,36 bolivianos y beneficiará aproximadamente a 307.452 habitantes del municipio.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda Duarte, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, Magin Herrera, autoridades de Gobierno, municipales y organizaciones sociales, estuvieron presentes en la actividad que se realizó en ambientes del GAMO.

“Hemos trabajado un aspecto muy importante, la agenda verde, la generación verde“, señaló el alcalde, Adhemar Wilcarani.

Indicó que el sector técnico hará el seguimiento de casi 560 días del calendario y que las empresas que se adjudiquen este proyecto contemplen la necesidad y la prioridad que tienen las urbanizaciones del departamento.

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“La mesa técnica de Santa Cruz ha señalado con total claridad que es posible realizar el censo en el primer semestre del año 2023. El Gobierno nacional tiene en sus manos evitar el paro de 48 horas previsto para la siguiente semana”, declaró el diputado por Creemos Erwin Bazán.

Bazán agregó: “Si el Gobierno recibe nuestra información que vamos a plantear el jueves (hoy) en La Paz, si valora y baja a Santa Cruz y, fundamentalmente, como prueba de buena voluntad, el Gobierno abroga el decreto que suspende el censo, por supuesto que estamos dispuestos a suspender el paro”.

SOCIALIZACIÓN

El miércoles precedente, el Gobierno, a través del Ministerio de Planificación, anunció el inicio de socialización del proceso censal y fijó para el 15 de agosto el arribo a Santa Cruz de una comisión técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, en principio, el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que este proceso se iniciaría con Santa Cruz y no como ahora por Oruro, el 8 de agosto, primer día del paro cívico cruceño.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dio a conocer el cronograma de reuniones: Oruro comenzará con el ciclo el 8 de agosto; el 10 en Cochabamba; el 12, en Tarija, y el 15, en Santa Cruz.

A estos le seguirán el 16 de agosto con el municipio de El Alto; el en La Paz; el 19, en Cobija; el 22, en Sucre; el 23, en Potosí, y concluirá el 25 de agosto, con Trinidad.

“Se han enviado las notas a todos los municipios y les comunicamos el rol de visitas”, informó la autoridad de Planificación, que ante el pleno de la Asamblea Legislativa expresó que estaba todo listo para realizar el censo como se había planificado, octubre de este año.

/ABH

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“Saludar (la voluntad) del Gobierno, el Presidente (Luis Arce) se ha reunido con ocho gobernadores, todos los rectores de las universidades, los alcaldes de las ciudades capitales. Creemos que el mejor camino es el diálogo para tener un Censo técnico y no político”, señaló el diputado del MAS, Ányelo Céspedes.

El Presidente del Estado, Luis Arce, sostuvo un encuentro el pasado miércoles con los alcaldes de nueve ciudades capitales, incluyendo El Alto, donde se consensuó formar comisiones técnicas encargadas de socializar el proceso censal en todas las regiones del país.

El personal técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dirigirá estas delegaciones que involucran a las alcaldías, asociaciones municipales y universidades, informó ABI.

Arce se reunió también con los rectores de las 11 universidades públicas del país. Las autoridades se comprometieron a tener una participación activa en la actualización cartográfica como en el levantamiento de datos del Censo 2024.

Tras el paro de 24 horas que protagonizó el comité cívico de Santa Cruz, el Gobierno decidió tener acercamientos con instituciones interesadas en la consulta nacional.

“No es momento ya de paro cívico, no es momento de confrontación, dejemos que los técnicos hagan su trabajo. Es un compromiso de nuestro presidente Luis Arce Catacora trabajar con los municipios”, exhortó Céspedes.

Por su parte, el diputado del MAS, Sandro Ramírez invitó al jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, a sumarse a las comisiones técnicas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Seguramente quieren buscar manifestaciones pacíficas para confundir (a la población), eso no va a funcionar. Más bien, decimos al jefe de bancada de CC que asista a la primera convocatoria de socialización que se iniciará en Santa Cruz”, manifestó Ramírez.

/NVY

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La autoridad de esa casa de estudios superiores apeló a la conciencia ciudadana para realizar el paro cívico que se inició desde las primeras horas de este lunes y resaltó que la medida no es solo una determinación asumida por más de 300 instituciones en la cumbre por el Censo, sino también es parte de la conciencia colectiva de la ciudadanía.

“Cuatro meses que venimos insistiendo para sentarnos en una mesa y debatir técnicamente este tema, quiero decir a quienes tratan de desvirtuar este derecho a la protesta que estamos dispuestos a dialogar. Demuéstrennos que el Censo no es factible antes de 2024 y muestren su fundamento”, expresó la autoridad académica, según reporte de El Deber.

Además, indicó que este paro no tiene ningún color político y recordó que hace cuatro meses se insiste al Gobierno y a entidades como el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para abordar el tema de la encuesta nacional y para poner a la orden todas las herramientas del sector académico para impulsar esta iniciativa.

El reciente antecedente data del viernes anterior, cuando Cuéllar ingresó en el despacho de la Presidencia una propuesta técnica realizada por el Comité interinstitucional de Santa Cruz, en la cual se exponen los detalles para realizar el Censo a finales de junio de 2023.

“Masistas y no masistas necesitan más hospitales, más centros educativos y que la universidad esté con las puertas abiertas para recibir a sus hijos y eso se logra con un Censo realizando de manera oportuna”, manifestó el rector.

Cuellar advirtió que, si el Censo se posterga para 2024 todo lo avanzado no serviría de nada y se tendría que repetir el trabajo de una actualización cartográfica, lo que afectaría de sobremanera al país.

/MDCB

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Esta alianza política manifestó su rechazo a las determinaciones tomadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a través de un comunicado. En una reunión pasada con el expresidente, Evo Morales, definieron encaminar el juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez por el caso “Golpe de Estado II” y ahora ampliar el proceso contra otros políticos y autoridades electas.

“Ante este nefasto escenario es hora de actuar y para ello, convocamos a todas las plataformas ciudadanas, comités cívicos, gremios y líderes Sociales con el objetivo de coordinar acciones dirigidas a unificar a los bolivianos una vez más y exigir al Gobierno Nacional que termine con las persecuciones políticas”, indicó el documento.

En una reciente reunión de los diputados y senadores del MAS, donde también participaron el Presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, acordaron exigir el procesamiento de líderes de la oposición como Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina, entre otros.

Según Creemos la democracia está “siendo pisoteada”, mientras que el voto y el derecho del pueblo a la protesta contra el fraude masista fueron burlados con esa absurda, ilegal y arbitraria sentencia que condena la verdad.

“Jeanine Áñez y los militares no tomaron el poder, todos lo rescatamos de las manos de un presidente que pretendió convertirse en dictador, y que hoy se regocija de su inmunidad, mofándose de la institucionalidad democrática para continuar atacándonos, inconsciente del fraude y de haber desconocido los resultados del 21F”, se lee en el escrito de Creemos.

La organización opositora señaló lo pacientes que fueron, y consideraron que el Gobierno no respeta al pueblo y a la democracia, informó Erbol.

“No da señales de respeto al pueblo y a la democracia y que en lugar de atender al narcotráfico que crece aceleradamente, además del Censo Nacional de Población y Vivienda, “el presidente Luis Arce Catacora se presta para planes desestabilizadores de nuestra región”, manifestó esta alianza política.

/NVY

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La autoridad recordó que el 19 de abril se debe reanudar el diálogo entre el Gobierno y el sector médico, en el cual se espera tomar una decisión con base en fundamentos “técnicos y científicos”.

“Nosotros sabemos que el comportamiento del Covid-19 es cíclico y es por horas. Sabemos que vamos a tener una nueva ola. Entonces, no nos parece prudente, no nos parece responsable levantar la emergencia sanitaria”, expresó Rothe durante una entrevista en un medio estatal, según reporte de la cadena Unitel.

La funcionaria explicó que los Gobiernos subnacionales se descuidaron, pero eso no significa que se deba levantar las medidas de bioseguridad o la declaratoria de emergencia.

“En las puertas de una nueva ola. En el mundo entero no hemos resuelto el tema de la pandemia. Fíjese lo que está pasando en China, en Europa, donde hay rebrotes”, remarcó a tiempo de añadir que el mundo solo se puede considerar que se superó la pandemia cuando el 80 por ciento de la población está vacunada.

La autoridad nacional se refirió a este tema, en respuesta al pliego petitorio que hizo el Colegio Médico de Bolivia, con quienes están en mesas de diálogo. El sector acata un cuarto intermedio en sus protestas hasta el 19 de abril.

/MDCB

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“Recuerdan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, ahora lo hemos repuesto el proyecto en Udape (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) y Conape (Consejo Nacional de Política Económica), y pronto será trabajado con la Asamblea Legislativa para cumplir con este mandato”, informó el ministro Lima, durante la firma de convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno nacional, como parte del seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La ley 1386 tuvo varias repercusiones en el país y fue rechazada por gremiales minoristas, profesionales, comités cívicos y hasta choferes.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmaba, el día que anunciaba la abrogación de dicha ley, que la decisión fue asumida para evitar una convulsión social, ya que las marchas y protestas se fueron masificando en el país.

“El nuevo proyecto de ley se encuentra en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y pasará al Consejo de Política Económica y Social; luego será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la normativa responderá a una de las recomendaciones de la GIEI”, afirmó Lima.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Oscar Balderas, afirmó al respecto que el Movimiento al Socialismo deberá concertar con la oposición el contenido del cuerpo legal, al igual que se hizo con el reglamento para la elección del Defensor del Pueblo.

“Tiene que ser en el marco de la concertación de legalidad, de respeto a los derechos procesales y de todo ese conjunto de normas que se han pasado por encima en la estrategia, el Gobierno trabajó de manera unilateral (para la anterior ley), sin consenso, esto no va poder permitir una legitimidad de aplicabilidad de la norma”, sostuvo Balderas.

Luego de la abrogación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas se conoció la denuncia de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz y el oficialismo dijo que la normativa anulada era para evitar ese tipo de actos de corrupción.

/HNF/

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El anuncio se realiza después de que la población denunció especulación y sobreprecio de los test luego de que el Gobierno aprobará los Decretos Supremos 4640 y 4641 que exige portar el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa para ingresar a instituciones públicas y privadas.

Las pruebas, las cuales tienen un costo establecido entre 400 y 450 bolivianos se incrementaron entre 500 y 600 bolivianos, según denuncias de la población que acudió masivamente a realizar estos análisis en diferentes laboratorios.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó que el Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicio de Salud (Comarpre) se encargará de los controles correspondientes.

“Los laboratorios tienen derecho a vender sus pruebas, hacer negocios, pero no pueden hacer negocio con la salud y necesidad de la población, eso no lo vamos a permitir”, manifestó Terrazas en entrevista con la cadena de televisión nacional Bolivia Tv.

Finalmente, el Viceministro recordó que existen costos establecidos. Tienen márgenes de ganancias los cuales son muy elevados.

“A pesar de eso siguen queriendo ganar más con la necesidad de las personas”, finalizó la autoridad gubernamental.

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Según la autoridad, ya se debe ir dejando el papel, por lo tanto, se debe sustituir con la aplicación que está en el celular, por lo que no debe ser necesario imprimir el documento.

“Hemos recibido quejas de algunos consumidores que no les han dejado ingresar a los mercados o supermercados porque no tenían impreso el carnet de vacuna y eso no está bien. El Decreto Supremo (4641) dice que debes portar tu carnet, pero puedes portarlo en la aplicación que ha creado la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación)”, declaró Silva, según reporte de la agencia estatal ABI.

Asimismo, añadió que se recibió denuncias referentes a que, algunas personas encargadas de realizar el control del carnet de vacunación, estarían cobrando multas.

“El Decreto no establece ninguna multa, no puede ser que si una persona no tiene su carnet de vacuna o PCR tenga que pagar una multa, eso es ilegal, porque estaríamos frente a un hecho de extorsión o corrupción”, aclaró el titular de esa cartera de Estado.

Entre otras denuncias que se recibió en estos primeros días del 2022, es que en algunas instituciones se exige que el carnet sea vigente, pese a que el Ministerio de Salud emitió un comunicado de que los certificados que se entregaron antes del decreto tengan validez por el lapso de cinco días hábiles, es decir, hasta el viernes.

De esa manera, indicó que el carnet de vacunación de los turistas o bolivianos que fueron al exterior a hacerse vacunar, y que ahora están de retorno, pueden presentar su carnet de vacunación extendido en esos países.

“Acá no es quién hace valer, ese es un tema que también está prohibido, porque hasta que convaliden esos carnets tienen vigencia”, finalizó el viceministro.

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El reciente lunes en la tarde, las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) se reunieron con representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Productivo, para explicar los avances del proyecto Plataforma Logística Multimodal Puerto Seco.

“El interés es grande por ser el primer Puerto Seco en el departamento y en Bolivia, estamos esperando, como son autoridades que están empapándose del tema, esperemos que de aquí en próximas reuniones puedan interiorizarse más”, señaló el secretario Departamental de Desarrollo Productivo, Ernesto Callapa.

Aseguraron que habrá más reuniones para avanzar en este tema, por lo pronto se desconoce cuándo será el siguiente encuentro.

Lo que quiere la actual administración de la Gobernación es iniciar las operaciones en predios del Puerto Seco.

“Estamos prácticamente viendo el tema comercial, con el nivel central, para reactivar el tema de Puerto Seco, y de una vez como departamento iniciar las operaciones”, añadió.

CONSULTORA

En lo que refiere al diagnóstico del proyecto Plataforma Logística Multimodal Puerto Seco de Oruro, que está realizando un consultor mexicano contratado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Callapa señaló que se espera contar con dicho informe hasta fines de este mes.

DAB

Mientras tanto en predios del Puerto Seco continúa operando Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) bajo un convenio interinstitucional que dura hasta el próximo año.

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Aseguró que se tiene información respecto a quiénes son los que encubren esa actividad ilícita, aunque evitó afirmar si se trata de autoridades originarias o municipales.

Asimismo, señaló que 500 efectivos militares reforzarán las tareas de interdicción al ingreso de mercadería ilegal, sobre todo en las fronteras occidentales y del Sur del país, tomando en cuenta que por fin de año incrementa el comercio.

“Se tiene previsto un plan, a partir de mañana (martes) ingresan unos 500 efectivos más que reforzarán la lucha contra el contrabando en puntos fronterizos en el sector occidental y llegaremos al Sur del país, con Perú, Chile y Argentina. Trataremos de reducir el ingreso de mercadería ilegal a nuestro país”, precisó la autoridad en un contacto con Bolivia TV.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) informó que el viernes pobladores de la localidad de Opoqueri y San Jose de Maca procedieron a quemar un vehículo de patrullaje militar.

De acuerdo al informe del viceministro Vargas, informó que al momento de realizar patrullajes en esta zona, efectivos militares del CEO realizaban la persecución a tres vehículos con contrabando. Por esta situación, pobladores del lugar procedieron a amedrentar a los efectivos militares.

Destacó que son unos 2.077 efectivos desplegados, quienes, en esta gestión realizaron más de 500 operativos.

/GFS/

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El funcionario indicó que se necesita afianzar el trabajo, para que el índice de desocupación disminuya, asimismo, señaló que se debe tener la capacidad de asegurar una fuerte inversión pública desde el Estado.

“Precisamente para activar la demanda interna, para que circule el dinero, para que la gente tenga mejores posibilidades de trabajo, pueda reactivarse mucho más rápido, para que el país empiece también a andar en su aparato productivo, a reconstruir éste”, declaró Richter durante una entrevista en radio Cepra.

Según el vocero presidencial, la inyección de capital estatal se efectuará para la continuidad de la ejecución de obras importantes, como el caso de la Planta de Amoniaco y Urea de la región de Bulo Bulo en el trópico de Cochabamba.

“Ahora, la Planta de Amoniaco y Urea le está generando alrededor de 22 millones de dólares de utilidades, al mes, a los bolivianos”, añadió.

Entre los proyectos en desarrollo, el representante de la Presidencia mencionó la construcción del tren metropolitano de Cochabamba, plantas fotovoltaicas y eólicas en Santa Cruz, e incluso el fomento a la fabricación de vehículos eléctricos, entre otros.

En el tema laboral, Richter explicó que se trabajará para continuar con los indicadores positivos recientes, como los casos de la reducción del índice de desocupación de 6,4 al 6,2 por ciento, los cuales se registraron entre agosto y octubre de este año.

Además, recordó que se logró que más de 917,000 personas se incorporen en fuentes laborales durante el último año por la reactivación de distintas actividades económicas, según la agencia estatal ABI.

Finalmente, la autoridad estatal afirmó que la generación de empleo para los jóvenes es relevante porque generará expectativa y permitirá que “no se dirijan hacia actividades malsanas, sino hacia el trabajo”.

/MDCB

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“Queremos decirles de manera franca y categórica: como Movimiento al Socialismo, como Gobierno de la revolución democrática y cultural, somos un fuerte regimiento en el país, estamos en el Gobierno nacional, en los gobiernos departamentales, estamos en nuestras organizaciones sociales y queremos decirles que vamos a ser muy firmes. En el marco del Estado de Derecho vamos a evitar por todos los medios que nuestro país sea azotado, paralizado y víctima de la destrucción económica de estos grupos de poder”, manifestó en contacto con Bolivia TV.

Asimismo, dijo que a partir de los comités cívicos, ciertos grupos de poder comprometidos con el “Gobierno de la dictadura” utilizaron a los gremiales, transportistas y cooperativistas mineros para movilizarse en rechazo a la Ley Contra las Ganancias Ilícitas que fue retirada para evitar la confrontación entre bolivianos y preservar la estabilidad social y política.

Explicó además luego de retirar la ley, los comités cívicos cambiaron de estrategia demostrando que no era el problema la ley, sino que por detrás hay una “acción conspirativa” destinada a desestabilizar al Gobierno, a la economía y generar un daño económico al empresario, microempresario, comerciantes, gremialistas y transportistas.

Explicó que el proyecto de ley tenía el propósito de luchar contra los delitos transnacionales como el lavado de dinero provenientes de actividades delictuales, no informales, como el narcotráfico, venta de armas y trata y tráfico de personas.

Advirtió que si no se luchan contra esos delitos con normas de carácter internacional, Bolivia se va a convertir en un país donde la actividad ilícita genere desconfianza y no se puede condenar a nuestro país, en el marco de las relaciones internacionales y comerciales, el cual a esté sometido a una desconfianza porque esto sí tiene consecuencias, particularmente para los empresarios y las inversiones.

Añadió que algunas disposiciones legales para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas están vigentes y ningún gremialista ni transportistas fue investigado, porque no son el objetivo, sino es el delito transnacional que debe ser combatido con normativa internacional.

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El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina informó esta jornada que se trata de una inversión de al menos 250 millones de dólares “con todo lo que son facilidades” y que podría incluso superar los 300 millones de dólares.

Luego de la implementación de esta planta se tiene previsto que se provea al menos tres mil barriles por día, los cuales serán usados para sustituir la importación de este combustible, según el reporte de Unitel.

El titular de esa cartera de Estado, adelantó que solo en el sector petrolero, la inversión del Estado superará los mil millones de dólares en los próximos tres años y en lo que respecta a la actividad propia de la cadena energética, serán aproximadamente 1.400 millones de dólares.

Dentro de los proyectos que se tienen para Santa Cruz, el viernes 17 de septiembre, el Presidente Luis Arce inauguró el primer parque de generación de energía eólica en Santa Cruz que tiene una capacidad instalada de 14,4 MW (megavatios) inyectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante cuatro aerogeneradores emplazados en el municipio de Warnes.

/MDCB

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Según información brindada por el MPD, entre las condiciones de financiamiento del Farip se tiene una tasa de interés del dos por ciento anual y un plazo para la devolución de los recursos de, hasta 18 años incluido un periodo de gracia de dos años.

“Los préstamos son otorgados en bolivianos, la amortización es semestral y la estructura es 100 por ciento créditos”, menciona el informe.

Podrán acceder al Farip los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, entidades que deberán enviar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe) sus solicitudes.

El Vipfe priorizará los proyectos y enviará la lista al FNDR, instancia que solicitará a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) la presentación de tres requisitos: una carta de solicitud de financiamiento; resolución del Concejo Municipal o de la Asamblea Legislativa Departamental que autoriza y/o homologa la firma del contrato de financiamiento, y el registro de inicio de operaciones de crédito público.

Asimismo, verificada la documentación, las solicitudes pasarán a consideración del Comité de Financiamiento del FNDR para su aprobación y posterior firma del contrato, para luego ir a la fase de ejecución de los recursos, que deben ser solicitados por los sujetos de financiamiento de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo.

Posteriormente, el FNDR gestionará ante los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas la modificación presupuestaria y la transmisión efectiva de recursos para proceder a desembolsar los fondos solicitados, vía el Sistema de Información y Gestión del Empleo (Sigep) a cuentas de las empresas adjudicadas.

“Las ETAs son las responsables tanto de la solicitud de desembolso como del uso adecuado de los recursos, ya que el FNDR no revisa ni verifica el avance de obras, la supervisión, fiscalización y gestión administrativa referente al proyecto es responsabilidad de la ETA o de la entidad ejecutora”, detalla otra parte del informe.

El Farip fue creado mediante Ley N° 1389 con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), los mismos que por encargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo en calidad de fideicomitente, serán administrados por el FNDR como fiduciario.

Según el Decreto Supremo 4575, los recursos de este fideicomiso serán destinados a financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública, que tengan financiamiento externo y/o interno que sean ejecutados de forma concurrente con el nivel central del Estado.

Sin embargo, para cualquier consulta el Ministerio de Planificación del Desarrollo puso a disposición de los gobiernos subnacionales la línea directa 681-71981 y el correo electrónico farip@vipfe.gob.bo.

/AAC/

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“La gestión de financiamiento ya está asegurada, en persona, yo estoy haciendo la gestión de financiamiento con el Banco Mundial y nos han asegurado un apoyo financiero externo”, señaló  Mendoza.

Indicó que el Gobierno nacional asumirá la totalidad del costo de la realización del Censo 2022 en los nueve departamentos del territorio boliviano.

Respecto al costo de la actividad manifestó que en estos momentos están en gestión de financiamiento y dijo que sería irresponsable brindar, como Gobierno esta información.

Explicó que a partir del Decreto Supremo que declara prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda para 2022 en el país, se procedió a relevar los activos en todo el territorio nacional.

Expresó que al asumir como Ministra de Planificación en noviembre de 2020, el primer mandato que se le dio al Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), es justamente llevar las acciones suficientes y necesarias para realizar un Censo.

“El esfuerzo actualmente del Gobierno nacional se trata de duplicar y hasta de triplicar lo que sea necesario en logística, en planificación para iniciar las actividades en la gestión 2022”, puntualizó.

Añadió que para los hacedores de las políticas económica y pública, la información censal es elemental para determinar las necesidades de la población y a partir de eso, focalizar mejor la atención de requerimientos.

Mediante un Decreto Supremo, el Gobierno anunció el miércoles 21 de julio la realización del Censo de Población y Vivienda para el 16 de noviembre de 2022.

/AAC/

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Asimismo, se les proporcionará la entrega de un certificado suscrito por el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora, argumentó la autoridad de Gobierno.

“El Gobierno Nacional (…) instruyó que coadyuvemos en la reconstrucción del país, en la recuperación de la institucionalidad y la recuperación del derecho a la educación. En ese marco, recuperamos el pago del incentivo a los bachilleres con los mejores promedios de cada unidad educativa: un estudiante varón y una estudiante mujer, como resultado de los promedios obtenidos al final de la gestión 2020”, explicó Quelca.

El pago del estipendio comenzó a realizarse el 19 de mayo a través del Banco Unión y según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, reportó el diario Opinión.

El Ministro de Educación informó que los estudiantes de las 5.308 Unidades Educativas beneficiadas tienen hasta el 2 de julio para recoger su incentivo.

El pago del incentivo “Bachiller destacado – Excelencia en el bachillerato” gestión 2020 se restableció luego de la anulación del pago por la expresidente Jeanine Añez.

Quelca lamentó que la exmandataria elimine los beneficios sociales en todos los sectores.

En tanto, señaló que el área de educación dejó de lado este incentivo y otros programas, proyectos que beneficiaban a los estudiantes, sin embargo, actualmente todo está volviéndose a recuperar con el propósito de recobrar el derecho a la educación.

/RMMP/

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La renuncia de Pérez hace referencia a que existen “objetivos mayores” y que por esa razón decidió alejarse del cargo y en menos de 24 horas se posesionó a la nueva autoridad.

“Informarle que luego de la reunión con la hermana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia y de los temas analizados con ella, privilegiando los objetivos mayores de nuestra revolución, es que presento mi renuncia al cargo de viceministro de Autonomía que venía desempeñando”, indicó la carta de Pérez Ramy.

En su primer discurso, Ruiz destacó la necesidad que tiene el Gobierno nacional de coordinar un trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales, reportó el diario Deber.

BREVE RESEÑA

Álvaro Ruiz viene de perder las elecciones a gobernador en Tarija, donde se enfrentó a Óscar Montes de Unidos por Tarija, quien venció con el 54,44% de los votos en segunda vuelta. Ruiz también se desempeñó como presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).

El nuevo viceministro de Autonomías fue hasta el 3 de mayo, Alcalde del municipio de Uriondo y paralelamente ejercía como presidente de la FAM. Postuló al cargo de Gobernador de su departamento aún con el rechazo de los sectores campesinos de Tarija.

Pese a que la dirección departamental del MAS dijo que su nombre salió de un consenso entre el Pacto de Unidad y la dirigencia del partido azul, luego de su nominación, varios sectores salieron a rechazar su nombramiento y dijeron que no fueron consultados.

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Indicaron que el 3 de febrero y el 15 de abril, los cívicos enviaron solicitudes para una reunión y tratar el tema de la restitución del Ministerio en favor de Tarija. Pero hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta, “ni verbal ni escrita”.

Los cívicos señalaron en el voto resolutivo que son el primer departamento productor de hidrocarburos de Bolivia y la cartera del Ministerio de Hidrocarburos y Energía fue asumida en varios periodos consecutivos por un tarijeño, pero en la actualidad este Ministerio es ejercido por un profesional que no tiene el apoyo de Tarija.

“El departamento de Tarija y la región autónoma del Gran Chaco, han dado grandes cantidades de recursos al país, en hidrocarburos y económicos. Por lo tanto, queremos que el Gobierno nacional nos tome en cuenta dentro de su gabinete”, manifestó el presidente cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión en contacto con El Deber.

Los cívicos exigieron al Gobierno nacional una respuesta oficial y por escrito respecto a la solicitud de restitución del Ministerio de Hidrocarburos y Energía para el departamento de Tarija antes del 10 de mayo de manera impostergable.

El actual ministro de Hidrocarburos Franklin Molina, es cruceño y tiene experiencia como consultor de la industria energética. Estudió Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), realizó posgrados en Bolivia y Chile relativos a gestión pública, administración, gestión financiera y gestión de empresas.

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Los hechos fueron expuestos públicamente mediante una página en Facebook denominada “Confesionario UCB”, en la que comenzaron a circular relatos de jóvenes que denunciaron varios casos de violaciones y chantajes.

“Ante las denuncias difundidas en la página ‘El confesionario UCB’ sobre presuntos abusos sexuales cometidos en contra de universitarias de #LaPaz, el @minjusticiabol comunicó que hará seguimiento estricto a estos casos a través del @Sepmudbo para garantizar que se haga justicia”, informó el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.

“Ante denuncias realizadas en redes sociales por abusos sexuales a universitarias de la #UCB, como Ministerio manifestamos nuestro repudio y ofreceremos a las víctimas todas garantías necesarias”, publicó el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El Servicio Plurinacional de la Mujer, es la entidad encargada de dar seguimiento a las acusaciones, misma que se cumple la función de monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres.

Según las publicaciones de dicha página, las universitarias fueron drogadas en fiestas ajenas a la casa de estudios superiores, que organizaron centros de estudiantes en anteriores gestiones en La Paz.

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“Rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecución política utilizando la justicia contra Evo Morales. Hay que recordarles que el MAS seleccionó a las autoridades del Consejo de la Magistratura, del tribunal agrario, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado, en otras palabras, todo el sistema judicial está cooptado por el Movimiento Al Socialismo”, sostuvo Núñez en conferencia de prensa.

En un informe, la Human Rights Watch (HRW), consideró “desproporcionada” las acusaciones por terrorismo contra Morales y pidió a la Fiscalía retirar los cargos, además recomendó al Gobierno de la Presidente Jeanine Áñez, dejar toda “persecución política”.

“Los abogados que prepararon la denuncia, solventaron argumentos jurídicos para denunciar a Evo Morales por terrorismo, si se adecua o no a la normativa, deberá ser analizado por las autoridades competentes” indicó la autoridad a tiempo de recordar que el exmandatario ordenó, el año pasado, cercar las ciudades y no permitir el paso de alimentos, por un simple afán de poder.

El informe de HRW también expresa críticas hacia Morales, porque en su Gobierno se menoscabó la independencia judicial. Al respecto, Núñez, destacó que el texto haya mencionado hechos la suspensión sin explicaciones del conteo de votos en las elecciones del 2019, que el Gobierno de Morales presentaba cargos contra rivales políticos del MAS, el tema del 21F o los actos vandálicos en las viviendas del exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema.

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“Con el propósito de asegurar un reinicio de operaciones aéreas internacionales de manera segura y ordenada, se realizó la Reunión de Emergencia del Consejo de Coordinación Interinstitucional para la Facilitación del Transporte Aéreo (Concifal) formada por 13 entidades del Estado, cuyas Máximas Autoridades coordinaron sus acciones para asegurar se cumplan las medidas más adecuadas para el transporte aéreo”, indica un comunicado del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En ese contexto se ha establecido y aprobado el protocolo para el retorno de las operaciones internacionales en el Estado, elaborado en consenso en reunión del Concifal, en este documento se encuentran los requisitos para el ingreso y la salida de pasajeros en el territorio nacional.

Requisitos para el ingreso a territorio nacional

Todo pasajero nacional o extranjero que ingrese a territorio boliviano debe cumplir los siguientes requisitos:

– Los exigidos por la Autoridad Migratoria en cuanto a documentación (Visas) según corresponda.

– Certificación de la prueba de análisis (PCR) específica para Covid-19, con resultado negativo otorgada por un laboratorio legalmente constituido en el país de origen con una vigencia no mayor a siete (7) días a la fecha programada de ingreso, visada por el Consulado Boliviano respectivo (sic). Para el Visado el Ministerio de Relaciones Exteriores, emitirá el procedimiento correspondiente.

– Declaración Jurada de Salud otorgada por la línea aérea.

– Formulario de Salud otorgada por la línea aérea.

Requisitos para la salida del territorio nacional

– La Línea Aérea es responsable de informar al pasajero el requisito específico sobre el Covid-19 y los documentos exigidos por el país de destino.

– Uso obligatorio de barbijo, distancia física, atención a los mensajes de perifoneo e instrucciones de la línea aérea.

– Para la salida de vuelos internacionales los pasajeros deben presentarse en mostradores de facturación de la línea aérea, tres horas antes de la salida programada.

– No está permitido en ninguna cantidad el alcohol puro. Los sanitizadores de mano, líquidos antibacteriales o antisépticos están permitidos en el equipaje de mano, en la cantidad máxima de 360 ml. (mililitros) por persona, en un porcentaje de alcohol máximo de 70%.

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“La tasa de desempleo abierto ha subido en Bolivia hasta más del 12%, el nivel más alto que recordamos, esto requería respuestas planes y acciones claras de parte del Gobierno. Eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido porque el Gobierno está más preocupado por la campaña electoral y por las promesas, que por las acciones efectivas”, manifestó el candidato mediante un video difundido en sus redes sociales.

Mesa señaló que el Gobierno, no ha sido capaz de poner en marcha un plan de emergencia para dar empleo a los bolivianos más afectados por la crisis generada por la pandemia que azota al país.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a julio de este año, el desempleo en Bolivia alcanza al 11,8%, debido a la crisis de la salud, lo que significa que la población cesante e inactiva subió a 698.000 personas, de los cuales el 53,3% son mujeres y 46,7% hombres.

Señaló que el momento del desempleo es duro y crea incertidumbre, ante lo cual se comprometió a “trabajar de manera intensa para la generación de nuevos empleos y para la salvación de los empleos que están a punto de destruirse o la recuperación de los que se han destruido”, añadiendo que se debe poner un énfasis muy especial en las micro y pequeñas empresas.

“Es un momento tan duro, el del desempleo, el del crecimiento de la incertidumbre sobre el futuro, que nuestra obligación y nuestro compromiso, en este caso, es de trabajar de manera intensa para la generación de nuevos empleos y para la salvación de los empleos que están a punto de destruirse o la recuperación de los que ya se han destruido”, finalizó.

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“(Huarachi) se está quedando totalmente solo en este momento, él ya debería deponer sus acciones porque tiene que actuar con responsabilidad. Por más que una persona tenga el derecho legítimo a la huelga y a la protesta, estos derechos acaban cuando empiezan (a afectarse) los derechos de otros y aquí han ocurrido actos contrarios a la Constitución, a las leyes y esos actos van a tener que ser investigados, procesados y sancionados“, manifestó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

Asimismo, lamentó que durante el bloqueo de carreteras en plena pandemia de Covid-19, se haya atentado contra la salud y la vida de los bolivianos a título de una ”reivindicación social“, impidiendo el trasporte de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, que derivó en la muerte de más de 40 personas.

“No existe para nada una reivindicación de derechos, hay una intransigencia y este señor Huarachi solo está defendiendo los intereses del (expresidente) Evo Morales, realmente este señor ha llevado a todo lo malo a la Central Obrera Boliviana”, remarcó.

Alanoca afirmó que de aproximadamente 130 bloqueos que aún había en todo el país, hasta el día de ayer más de la mitad ya ha cesado “eso a nosotros nos genera alegría, porque la misma gente se dio cuenta que estos bloqueos no nos llevan a nada, sino incluso a propagar más el coronavirus”, sostuvo.

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“Tendrán que explicar por qué (para) los bonos Canasta Familiar, Familia y Universal ya retiraron dinero del Banco Central de Bolivia y nos dicen que van a reponer con estos créditos”, afirmó Choque según informo Prensa Senado.

Asimismo, la parlamentaria indicó que las autoridades del Gobierno Nacional hablan de los distintos bonos otorgados a la población, sin embargo, no mencionan el pago del Bono Salud, la compra de medicamentos, test de pruebas o insumos de bioseguridad para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Durante este lunes, la diputada sostuvo una reunión técnica con un equipo del Ejecutivo presidido por los viceministros de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, y de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, misma en la que se analizaron proyectos de ley referidos a convenio de financiamiento y contrato de préstamo.

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En horas de la tarde, los diferentes sectores dieron inicio al bloqueo, manifestando mediante un voto resolutivo que desde el 15 de junio, el área de las licenciadas en enfermería, se encuentra en estado de emergencia, las cuales solicitaron a las Ministerio de Salud y al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, la dotación de ítems de nueva creación, respecto a su antigüedad y otras demandas que no tuvieron respuesta.

Por tal motivo, la Fedjuve y las diferentes juntas vecinales de Villa Montes, exigen al Gobierno Nacional la dotación de 100 ítem TGN para el sector salud de las diferentes áreas, de medicina general; odontólogos, bioquímicos, laboratorio, farmacia, (Licenciatura y auxiliar de enfermerías) como para el personal manual, debido a que la mayoría de los trabajadores estarían prestando sus servicios por parte de ítem temporal municipal y no se tendría una estabilidad laboral.

Asimismo, dan un plazo máximo de 48 horas hábiles al Gobierno y a su vez exigen la presencia del director del Sedes y representante del Ministerio de Salud, Paul Castillo, para que se presente en el municipio y de solución a las peticiones.

“De no tener respuesta positiva a esa resolución por parte de las autoridades que corresponden, nos veremos obligados a la huelga de hambre u otras medidas de hecho hasta conseguir estas justas demandas en reivindicación de la salud”, finaliza el voto resolutivo.

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Parada salió hoy ante los medios de comunicación, para mencionar que ya se entregó 3.600 millones de bolivianos de los 4 millones que se dispuso, para el pago del bono Familia, Canasta Familiar, Renta Dignidad y Universal.

“Con esta política estamos llegando al 100% de lo que son los hogares de pobreza extrema y entre el 90 o 95% de los que son de pobreza moderada, esto quiere decir que hemos llegado aproximadamente con 8.014.000 pagos realizados directamente”, indicó la autoridad.

Además, señaló que más de 370 mil personas quisieron cobrar bono doble pero se les impidió y fueron identificados con nombre y apellido.

“Fueron 376.442 los que quisieron cobrar doble un bono o beneficio y se identificaron a 8.102 empleados públicos que quisieron cobrar un bono en algún momento”, resaltó.

Sin embargo, según el detalle presentado, se realizaron 2.606.261 pagos del Bono Universal, 3.200.000 pagos fueron efectuados mediante el Bono Familia. 774.690 beneficiados con la Canasta Familiar. 139.863 mujeres del Bono Juana Azurduy y 47.992 para el bono destinado a personas con discapacidad, que según un cálculo de Página Siete, solo llegarían a 6.768.806 pagos.

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Durante una conferencia de prensa, Colque reprochó que el Gobierno no está cumpliendo con lo establecido en las normas para la emergencia sanitaria, pues en algunas instancias no se respeta la inamovilidad laboral; además consideran que no se cumplió con los compromisos que contrajo con el departamento de Oruro, ya que a la fecha no hay laboratorio para tomar pruebas de Covid-19.

Asimismo aseguraron que se están emitiendo normas que no son competencia del actual Gobierno, pues desde el punto de vista de los trabajadores de la COD, estas normativas son estructurales, económicas y sociales para el pueblo boliviano.

“Todos nosotros vamos a tener que pagar y esas políticas estructurales lo tiene que hacer un gobierno legalmente establecido, elegido por el voto ciudadano ya sea de izquierda, de derecha, pero tiene que haber un Gobierno que haya ganado las elecciones nacionales que tenga el respaldo y que se pueda aplicar estas políticas estructurales”, sostuvo Colque.

“Por todo lo antecedido hay necesidad de que el pueblo boliviano tengamos un gobierno legítimo, elegido por el pueblo boliviano y por eso vamos a exigir al TSE de que a la brevedad posible fije la fecha de elecciones y gane quien gane, tener credibilidad y no estar preocupado con lo que pasara con la economía del pueblo”, señaló.

Además, demostraron su inquietud ante la situación de las empresas estatales del Estado, señalando que no existe una política para fortalecerlas, por el contario, por la coyuntura que se vive con el Covid-19 estarían aplicando políticas que las llevarían a una quiebra inminente.

/JRR/TCSC/

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Sin embargo, ha generado polémica entre médicos que aseguran que no sirven para terapia intensiva, y algunos políticos por la llegada de solo 170 de estos aparatos al país.

Según algunos médicos consultados por el medio El Deber, los respiradores, con aparente tecnología de última como el uso de Wifi para su funcionamiento, no son adecuados.

“Su sistema de oxigenación es muy precario. No creo que se vaya a usar en terapia intensiva y esa fue nuestra opinión junto a colegas que participaron en la recepción de los ventiladores”, afirmó a El Deber, José Luis Prieto, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Santa Cruz.

Sin embargo, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, defendió la calidad del producto asegurando que estos equipos fueron sometidos a ensayos clínicos en hospitales de España.

“Yo quiero saber si ese material fue probado en estudios clínicos en España; tuvimos un contacto con un médico en España, dijeron que no están usando ese equipamiento”, declaró Prieto, en otro medio.

Por su parte, el jefe del servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) en Santa Cruz, Nils Cazón, mencionó que los respiradores no cumplen con especificaciones para casos críticos.

“Son respiradores de emergencia para unas horas, para tener a un paciente durante un tiempo, pero no son respiradores de Terapia Intensiva, (…) con estos respiradores no se puede medir la presión, no puede mantener una presión final de respiración, y puede causar más daño”, agregó el galeno, según Erbol.

POLÍTICOS

Esta decisión del Gobierno, también fue criticada por algunos políticos y candidatos a la presidencia como Luis Arce y Fernando Camacho.

Arce consideró que se trata de una “mala Gestión” del gobierno transitorio.

 “En abril, 2 meses después de que la OMS declaró emergencia por el Covid-19, el gobierno anunció la compra de 500 respiradores, y ayer recién llegaron 170. Lamentamos la falta de responsabilidad, celeridad y transparencia en estas adquisiciones. La mala gestión prolonga la cuarentena”, comentó Arce en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Camacho dijo que el Gobierno va a paso de tortuga, mientras que el virus corre en el país.

“Después de 2 meses de retraso y más de 150 compatriotas fallecidos, hoy llegaron 170 respiradores de los 500 que anunciaron en marzo. El virus corre y el Gobierno sigue a paso de tortuga. Actúen, trabajen con compromiso, ¡se están jugando la vida de los bolivianos!”, señaló en Twitter.

En recientes horas, la Presidente Jeanine Áñez recibió 170 de los 500 respiradores que adquirió el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Lo que estamos haciendo es ya recibir porque es una necesidad, recibir todas las adquisiciones que hemos hecho durante todo este tiempo, tenemos también las unidades de terapia intensiva que las otorgaremos en la medida de las necesidades de cada municipio”, sostuvo Áñez.

Según una infografía del Ministerio de Salud, estos respiradores funcionan de forma remota a través de una red wifi, y han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

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Estos ciudadanos decidieron salir a marchar hasta la avenida 24 de Junio, cerca la rotonda que muestra el ingreso al barrio, para pedir, principalmente, volver a trabajar ya que aseguran ser personas que trabajan del día a día, por realizar labores informales.

Sin embargo la Policía Boliviana decidió intervenir la protesta, para poder evitar cualquier aglomeración en el sector.

“Se ha ido a contener esta marcha, a la altura de la rotonda se ha disuadido a estas personas, para que retornen a sus domicilios”, indicó el comandante departamental de la Policía, coronel Miguel Cárdenas.

Otros motivos de su protesta, es la preocupación que existe por las deudas bancarias que tienen muchos de ellos, y la presión que habría desde la Asfi para que se cancelen estas deudas desde el mes de junio. Y  según informó el comandante de la Policía, piden la renuncia de la presidente Jeanine Áñez y del alcalde de Oruro, Saúl Aguilar.

“De manera oficial no  nos han hecho llegar esas peticiones, pero se ha podido obtener esa información”, recalcó la autoridad del verde olivo.

 Se conoce que hoy también se han reunido en esa zona, sin embargo la Policía está pendiente de lo que pueda suceder.

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“Como director responsable estoy viniendo a realizar la entrega de la oficina al nuevo director que ya debió designar la Presidenta”, afirmó Quispe.

Tras anunciarse la destitución del “Tata” Quispe, como director del FDI, luego de unas denuncias en su contra por violar la cuarentena y uso indebido de bienes del Estado, manifestó hoy ante los medios de comunicación que concluyó su relación con la administración de la mandataria. “Yo creo que se terminó acá”, afirmó.

El domingo, la ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco, anunció a través de sus redes sociales la anulación de la designación del nuevo director del FDI, Germán Huanca y afirmó que Quispe volvería a trabajar con nuevos desafíos en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).

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“Indicamos al Gobierno y a los trabajadores, que debido al coronavirus no podemos hacer un incremento salarial; estamos en un momento de crisis, en un momento de paralización de la economía, en el cual pedimos y solicitamos que se tenga la comprensión de que este año no podemos hacer un incremento salarial”, afirmó Kempff, según la ABI.

Sin embargo el Gobierno indicó que existe un grupo que lidera el ministro de Trabajo, Oscar Mercado, junto a los sectores involucrados que han estado analizando la propuesta que ha planteado la Central Obrera Boliviana (COB).

“Este es un momento único, en este momento estamos tratando la pandemia, en cuidar la vida de los bolivianos, entonces, es el Ministro de Trabajo quien conoce los detalles; hace meses viene trabajando y haciendo acercamientos con la COB, con los sectores de los trabajadores”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez.

Cada 1º de Mayo, que se conmemora el Día del Trabajador, el Gobierno anunciaba los porcentajes del incremento al salario mínimo nacional y haber básico. En esta ocasión no se sabe hasta ahora si las autoridades han tomado una decisión.

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El pronunciamiento resuelve los siguientes puntos; Exigir a las autoridades cumplir la conclusión de los hospitales de tercer nivel, dotar los protocolos de bioseguridad al personal médico, exigiendo el laboratorio de diagnóstico y detección temprana del Covid-19, exigir a las autoridades de alto nivel la donación de sus sueldos para ser destinados a recursos contra el virus.

Puntos del pronunciamiento.

Asimismo, el pronunciamiento solicita retomar desde mayo, de forma escalonada, las actividades económicas para activar el aparato productivo de las empresas privadas y públicas con los protocolos de bioseguridad, modificar los días de cuarentena o el cambio de estrategias debido a que los martes, miércoles y viernes se aglomera una gran cantidad de personas y, por otra parte, solicitan una audiencia lo más pronto posible para tocar estos temas.

“En caso de no ser atendidos con nuestra petición, Ouro empezará con sus movilizaciones para pedir nuestras justas reivindicaciones”, señala el pronunciamiento.

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“Pasamos al fortalecimiento de las unidades de terapia intensiva, y será con la primera entrega de 37 unidades de terapia intensiva con 10 ítems en Santa Cruz, Oruro y Cochabamba; como una segunda entrega 125 unidades de terapia intensiva con ítems para Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Beni y La Paz; y sobre todo con contratos a plazo determinado”, manifestó el ministro de Salud, Marcelo Navajas, en conferencia de prensa.

Asimismo, se prevé la entrega de 256 unidades de terapia intensiva con 20 contratos o ítems en función de las necesidades a los diferentes departamentos del país en el mes de junio.

Con relación a una de las estrategias para prevenir la propagación del virus, Navajas se refirió al monitoreo de casos, para controlar la epidemia del Covid-19, referida a la reducción de la trasmisión del virus mediante la identificación oportuna de casos.

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El ministro de Salud, Aníbal Cruz, manifestó que a disposición del Gobierno Nacional, los ambientes del “Palacio de Evo”, fueron habilitados en salas de reuniones y se instaló un gabinete de viceministros y jefes de gabinete, que están trabajando constantemente de manera conjunta con las Fuerzas Armadas y la Policía.

La sala de monitoreo, a la cabeza del ministro de Planificación, Carlos Díaz, funciona en los pisos 22 y 23 de la Casa Grande del Pueblo, donde Morales y el ex vicepresidente Alvaro García Linera, ocupaban para sus reuniones.

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