La alternancia en el poder no habría sido posible sin la rebelión del electorado, del apoyo decidido y coordinado de los organismos internacionales, así como de la resistencia en defensa de la democracia liderada por las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas que se prolongó durante más de 100 días y se extendió hacia los barrios populares de la periferia de la ciudad de Guatemala.

Así, asumió un gobierno con fuerte simpatía internacional y amplio respaldo popular que el 23 de abril cumplió 100 días de enfrentarse a las contradicciones resultantes entre gestionar instituciones con estructuras autoritarias que son reacias a su mandato y el clamor por medidas contundentes de quienes defendieron la democracia guatemalteca. Tomando en cuenta dicho contexto, analizaremos 5 dimensiones que permiten comprender estos primeros 100 días de un gobierno que tiene ante sí la compleja tarea de iniciar la recuperación de un país en ruinas.

1.La credibilidad internacional

La recuperación de la reputación de Guatemala en el mundo ha sido uno de los logros más destacados del gobierno en estos primeros 100 días. Aunque no ha quedado exento de críticas por su estrecha alineación a la política de occidente respecto a temas polémicos como la relación con Israel y Ucrania, este reposicionamiento le ha permitido al gobierno mostrarse confiable para captar inversiones extranjeras y a alcanzar acuerdos que mejoran la calidad del país como socio.

2.La confianza social

El gobierno ha transmitido coherencia con el discurso de transparencia y anticorrupción y ha sido capaz de autodepurarse de forma rápida y convincente ante los señalamientos sobre faltas éticas o potenciales actos de corrupción. Esto ha contribuido a mantener alta la confianza de la sociedad en el gobierno. No obstante, ésta se ha ido reduciendo frente a la percepción cada vez mayor en la opinión pública de falta de decisión en el trato hacia la fiscal general y los funcionarios de los dos últimos gobiernos que saquearon los recursos, socavaron las instituciones y persiguieron ilegalmente a un centenar de actores incómodos, desde profesores universitarios hasta jueces anticorrupción.

3.La dirección legítima de la gestión pública

El gobierno ha tenido enormes dificultades para colocar a funcionarios de confianza compatibles con su proyecto político en los cargos de la administración que se asumen por designación. Además de las concesiones, normales cuando se gobierna sin mayoría, el gobierno no ha podido sustituir a los funcionarios designados por gobiernos anteriores, ya sea por temor a la judicialización de los procesos administrativos o por los problemas financieros que podrían causar en las instituciones, debido a las indemnizaciones que han instaurado las cortes para quienes han ejercido cargos de designación política.

Esto es relevante porque contraviene, tanto la armonización, como la capacidad de ejecución de la administración pública. Pero además, porque ha sido el corazón de lo que se ha denominado economía de captura. A esto se suman campañas de desinformación que se han lanzado para difamar al gobierno o invisibilizar avances sociales, como la reducción del 13% en asaltos y homicidios durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.

4.Las alianzas políticas

Si bien las alianzas entre el ejecutivo y el legislativo han permitido iniciar la construcción de la primera línea del Metroriel de la ciudad de Guatemala (ejecutivo) y asegurar la toma de posesión y aprobar cinco leyes de la agenda oficialista (legislativo); se proyectan como la dimensión más inestable del gobierno debido al pasado cuestionable del legislativo en su forma de hacer política. Esto conlleva a diferencias de criterio entre los principales sectores del oficialismo sobre la conveniencia de mantenerlas en el futuro inmediato.

De hecho, antes de la Semana Santa los diputados del partido CABAL paralizaron la agenda legislativa en su afán de ampliar los acuerdos alcanzados inicialmente y fueron los artífices de un par de derrotas consecutivas y significativas para la bancada oficial. Además, durante las primeras semanas de abril, el alcalde, que recibió el apoyo del presidente para dirigir la Asociación Nacional de Municipalidades, ha utilizado a esta para oxigenar políticamente a la fiscal general inventando líneas de cooperación entre las Municipalidades y el Ministerio de Público que antes no existían. Ello fortalece a la Fiscal General frente a los alcaldes pudiendo condicionar sus posicionamientos en nuevas agresiones en contra de la democracia y la voluntad popular. Esto, en un momento donde las mayorías sociales la quieren aislada (como mínimo), debido a las dificultades para destituirla.

Lo cierto es que ambos sectores visualizan en sus alianzas posibilidades para cumplir las promesas de campaña y de garantizar gobernabilidad para neutralizar a las instituciones de veto político que buscan aislar o desaforar al gobierno. Ambas dependen de cumplir acuerdos y es, en esas condiciones del juego político, donde las contradicciones pueden agudizarse.

5.Las instituciones de veto político

El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han sido los principales impedimentos para que el gobierno pueda gestionar y alcanzar los objetivos trazados, incluyendo las demandas exigidas y respaldas por sociedad civil. A tal extremo que ha mantenido la suspensión de la personería jurídica del partido de gobierno y ha intervenido deliberadamente en el proceso legislativo donde, inicialmente, la bancada oficial dirigía la Junta Directiva, lo cual cambió a raíz de una polémica resolución de la Corte de control constitucional.

En dichas instituciones también reside el rumbo que puede adoptar el país en el corto plazo. En la Corte de Constitucionalidad se encuentra una consulta planteada por la Secretaría General en la que se podría dilucidar o entrampar el camino para una posible destitución de la Fiscal General y en los próximos meses se elegirá a los jueces y magistrados que decidirán el futuro legal del partido de gobierno y sus principales líderes, así como del centenar de perseguidos políticos por parte del Ministerio Público.

En estos movimientos se comprobará la eficacia y la conveniencia de las alianzas que ha entablado el gobierno, decisivas para el éxito del gobierno y el futuro de la democracia en Guatemala. Esto en un contexto en el que la mayoría de los países que han enfrentado procesos de autocratización se han convertido en autocracias a pesar de los episodios democráticos intermedios. Ahí radica la importancia capital de que el binomio cuente con los suyos, alcance consensos con los distintos y, sobre todo, se mantenga cercano a la gente.

/ Luis Guillermo Velásquez Pérez/Latinoamérica21: Luis Guillermo Velásquez Pérez es Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global Área de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Salamanca.

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Luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre, en el que salieron de la palestra política varios candidatos incómodos al régimen, Bernardo Arévalo, quien no era visible en las encuestas, se coló en la segunda vuelta y arrasó, dejando la sensación de que se avecina un futuro político diferente en el país. Tras su victoria, fue tal el ímpetu con el que se intentó evitar su posesión, bajo decisiones políticas disfrazadas de jurídicas por parte de autoridades electorales y judiciales corruptas, que incluso su juramentación se atrasó previo a la media noche.

El 14 de enero, día de asunción del nuevo presidente, los legisladores opositores intentaron neutralizar a los diputados del  Movimiento Semilla con una serie de argucias en el Congreso de la República, con el objetivo de impedir que compitieran por la Junta Directiva. Sin embargo, en una hábil jugada estos lograron revertir la decisión luego de una negociación que finalmente les permitió, no solo llevar adelante la esperada posesión presidencial, sino también hacerse con el control de la Junta Directiva del Legislativo. Sin embargo, recientemente la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el proceso por la suspensión que pesa sobre el partido Movimiento Semilla y que los dejaría fuera de la Junta Directiva.

¿Quién es Bernardo Arévalo?

Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien ocupó dicho cargo entre 1945 y 1951. Esto fue producto de la Revolución de 1944, que fue parte de lo que se ha conocido en la historia del país como la “primavera democrática”, un espacio de tiempo en el que se intentó cimentar una democracia muy incluyente para su época y que sucumbió ante los intereses de la United Fruit Company que contó con el apoyo del gobierno de EE.UU.. El proyecto político cayó en 1954 con el derrocamiento de Jacobo Árbenz y la denominada Contrarrevolución, liderada por Carlos Castillo Armas.

La caída del Gobierno implicó el exilio de Juan José Arévalo, lo cual conllevó a que Bernardo Arévalo naciera en 1958 en Montevideo, Uruguay. El pasado parece haberse convertido en una fortaleza del hoy presidente, pues le ha permitido tener una visión mucho más cosmopolita y progresista para un país que ha destacado por un conservadurismo muy fuerte, amparado en el bajo nivel educativo de buena parte de su población.

Estudiar sociología en Jerusalén, desempeñarse como diplomático de carrera y haber estudiado un doctorado en Países Bajos, son tan solo algunos de los logros de la hoja de vida de Bernardo Arévalo. Aunado a ello, en la legislatura pasada (2019-2024), ejerció como diputado en el Congreso de la República, siendo el jefe de bancada de su partido, Movimiento Semilla.

Pese a estos logros, su personalidad tranquila y moderada, en una sociedad acostumbrada al autoritarismo convencional, no le permitió una mayor exposición mediática. No fue sino hasta que ganó su pase a la segunda vuelta, producto del descontento de la población con la clase política tradicional y sus prácticas corruptas, que comenzó a ganar protagonismo de la mano de diputados jóvenes, como el caso del diputado, Samuel Pérez (31 años), que lo posicionaron en redes sociales ante la juventud guatemalteca.

En las elecciones, Bernardo Arévalo fue capaz de capitalizar el descontento con la corrupción, el abuso de autoridad y la incapacidad de los gobiernos anteriores para solucionar los problemas más elementales de la sociedad. Una sociedad sumida en la desconfianza, la pobreza, la marginación histórica de sus pueblos indígenas, y en la instrumentalización de la figura de Dios y la religión como mecanismo de legitimación del saqueo de las instituciones públicas. Todo esto ha generado la pérdida de credibilidad de los guatemaltecos en sus instituciones que han sido utilizadas de manera discrecional para cometer cualquier fechoría, sin ningún respeto hacia el Estado democrático de derecho.

Una sensación de esperanza

Hoy, además de un nuevo presidente, hay una sensación de esperanza de que se puede recuperar el país. Pero por otro lado, los corruptos y vividores del Estado están tramando una serie de acciones, articulaciones y negociaciones para intentar revertir esta esperanza, y es que el temor a la persecución penal es más que evidente.

Los retos no son pocos y varios ya fueron mencionados por el presidente Arévalo en su toma de posesión en la cual estuvo ausente el propio presidente saliente Alejandro Giammattei. Rezagos evidentes en educación, en salud, seguridad pública, lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y de armas, la necesaria mejora en indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, la inclusión en la toma de decisiones de los pueblos indígenas -actor protagónico para que se diera la transición de mando- y mejoras en infraestructura, son algunos de los problemas que padece la ciudadanía guatemalteca y deberán ser atendidos en el corto plazo.

El nuevo Gobierno ha anunciado que anunciará los primeros resultados en los primeros tres meses. Esto, sin embargo, parece poco viable teniendo en cuenta las complejidades del propio Estado. Hay que tener en cuenta que el aparato estatal está plagado de sindicatos con intereses espurios, funcionarios que intentarán poner trabas en los distintos ministerios y secretarías, un Ministerio Público que probablemente continúe acechando a los miembros de este proyecto político y diputados acostumbrados a la corrupción y el abuso de poder.

El reto no es pequeño. Pero esta es una gran oportunidad para el presidente Arévalo de cimentar las bases de una transformación democrática mucho más plural, incluyente y participativa para la sociedad guatemalteca. En esta línea, lo primero debe ser recuperar la institucionalidad del Estado.

Hoy en Guatemala se percibe un rayo de luz luego de la oscuridad de los últimos gobiernos, pero las expectativas deben ser prudentes. Lo que sí podemos plantearnos a la brevedad es una forma distinta de hacer política y de ver hacer política a nuestros políticos. Suena a trabalenguas, pero tiene sentido.

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El canciller guatemalteco, Pedro Brolo lamentó mediante los canales de comunicación de la Cancillería guatemalteca, el accidente ocurrido en el Estado de Chiapas.

“Nuestro consulado general en Tuxtla, Gutiérrez, da seguimiento con las autoridades locales para contar con información oficial y brindar las atenciones consulares”, añadió Brolo, según reporte del portal Swissinfo.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló a los medios de comunicación que la recopilación de información “se encuentra en desarrollo”, sin que se pueda adelantar con “certeza” la nacionalidad de los migrantes.

Según fuentes oficiales mexicanas, fueron 55 migrantes quienes perdieron la vida y otros 58 resultaron heridos por el choque y vuelco del jueves de un camión en una carretera del Suroriental estado mexicano de Chiapas.

El secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno detalló mencionada cifra de fallecidos, en una de las tragedias más graves que se registró de este tipo.

“Mi solidaridad con las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gtz. He instruido dar puntual atención y auxilio a las y los lesionados. Se determinarán responsabilidades de acuerdo a la ley”, publicó mediante un mensaje en Twitter el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón.

Finalmente, cada año más de 500 mil personas de Guatemala, Honduras y El Salvador cruzan México en busca del “sueño americano” en Estados Unidos, para huir de la pobreza y la violencia en sus países natales, de acuerdo con investigaciones de expertos y de organismos internacionales.

/MDCB

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