La situación en La Paz y los bloqueos

La situación en la carretera Oruro–La Paz, específicamente en el sector de Vila Vila, ha revelado una dinámica alarmante. El Gobierno nacional ha calificado esta situación como una estrategia de confrontación deliberada. Diversas denuncias y reportes oficiales indican que los bloqueos instalados por sectores afines al expresidente Evo Morales mantienen paralizado el tránsito de insumos críticos para la supervivencia ciudadana.

Simultáneamente, se permite y facilita el paso de flotas de buses que transportan personas hacia la sede de gobierno. Este escenario ha generado una profunda indignación, ya que evidencia una clara diferencia en el criterio de los movilizados. Se obstaculiza el derecho a la vida y la salud, pero se prioriza la movilización de grupos con fines políticos.

Denuncias del Gobierno

El Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ha denunciado este comportamiento contradictorio. El flujo de vehículos con manifestantes hacia la sede de gobierno es cada vez más constante. La crítica central radica en la selectividad de los bloqueadores: en los mismos puntos donde se impide el paso de oxígeno medicinal, ambulancias con pacientes y alimentos básicos, se otorga vía libre a caravanas de personas cuyo objetivo es sembrar miedo y desatar enfrentamientos en La Paz.

Advertencias del Ejecutivo

Ante este panorama, el Ejecutivo advierte que estas acciones no constituyen una protesta social legítima. Por el contrario, son una escalada criminal que pone en riesgo la tranquilidad pública y la integridad física de los ciudadanos. Estas acciones condenan a gran parte de la población a la escasez y al peligro constante.

Impacto en la sociedad boliviana

Esta coyuntura ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad boliviana. Se observa con preocupación cómo la restricción de servicios esenciales compromete la atención de emergencias médicas y la cadena de suministro necesaria para el día a día. Las autoridades han manifestado que el bloqueo se ha transformado en un mecanismo que condiciona la seguridad del país.

Ataques a vehículos de socorro

Se reportan ataques a vehículos de socorro, incluyendo el apedreamiento de ambulancias que trasladaban personas necesitadas de atención urgente. En su pronunciamiento oficial, el Ministerio de Obras Públicas subrayó: “Bolivia necesita paz, trabajo y soluciones, no caravanas de violencia destinadas a sembrar muerte en las calles de La Paz”.

Expectativas y demandas sociales

La población se mantiene expectante ante el impacto de estas medidas de presión. Estas acciones generan un desabastecimiento generalizado y profundizan la polarización y tensión social. Mientras las autoridades exigen el cese de estas acciones, responsabilizan a los dirigentes por cada consecuencia negativa que sufra el pueblo.

El traslado de personas hacia La Paz sigue siendo el foco de atención. Se teme que la llegada de estos contingentes derive en un conflicto mayor. La demanda central es el restablecimiento inmediato del derecho a la libre circulación, permitiendo que los insumos vitales lleguen a su destino y garantizando la seguridad y bienestar de los ciudadanos cuyos derechos fundamentales están vulnerados.

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Operativo de desbloqueo en San Julián

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, encabezó este sábado un operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián, Santa Cruz. Durante esta intervención, ratificó la decisión del Ejecutivo de no permitir la interrupción de las carreteras.

Contexto del bloqueo

La acción se llevó a cabo para liberar la ruta que conecta Santa Cruz con el departamento de Beni, la cual estuvo bloqueada durante 24 días. Este bloqueo provocó una crisis de abastecimiento de productos esenciales y combustible en la región.

Declaraciones del ministro

Durante el despliegue del operativo, el ministro Blanco enfatizó que, aunque el Gobierno mantiene su disposición al diálogo, esta instancia está supeditada al cumplimiento de la ley y al cese de las medidas de presión.

“No vamos a permitir que bloqueen a Bolivia”, declaró, subrayando que la normativa vigente protege el derecho a libre circulación de la población y el transporte de carga.

Tensión durante el operativo

El operativo, que contó con la participación de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, se tornó tenso debido a la resistencia de los manifestantes.

Según reportes preliminares, un efectivo policial resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego, presuntamente proveniente de los grupos movilizados.

Aprehensiones y consecuencias

El uniformado fue trasladado de emergencia para recibir atención médica. Además, se reportó la aprehensión de al menos cinco personas involucradas en el bloqueo.

Esta intervención ocurre en un momento crítico, ya que Bolivia enfrenta conflictos sociales en ocho de los nueve departamentos.

Impacto social y político

De acuerdo con datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, la persistencia de estos bloqueos ha derivado en 10 fallecimientos: siete vinculados a la falta de atención médica oportuna y tres en el marco de las protestas.

La situación se mantiene en desarrollo mientras se espera un informe oficial detallado sobre el estado de salud del policía herido y el número exacto de personas puestas a disposición de la justicia.

Estrategia del Poder Ejecutivo

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo continúa con su estrategia de desbloqueo. Esta estrategia será discutida legalmente en la sesión mixta de la Cámara de Diputados programada para esta tarde, donde se tratará el proyecto de ley de Estados de excepción.

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Toma de pozo petrolero en Santa Rosa del Sara genera apelación

El departamento de Santa Cruz fue escenario de una resolución judicial que cambió la estrategia jurídica del Órgano Ejecutivo. Esta decisión se relacionó con la toma del pozo petrolero en Santa Rosa del Sara, donde un juzgado de Portachuelo dictó una sentencia de tres años de prisión para diez implicados.

Apelación del fallo judicial

Las autoridades de Régimen Interior confirmaron que apelarán el fallo y reconfigurarán la demanda bajo tipos penales más graves. Este escenario jurídico responde a un procedimiento abreviado, donde los imputados admitieron su participación a cambio de una reducción de pena. Aunque el juez Pedro Félix Ribera estableció medidas restrictivas, como la prohibición de asistir a asambleas que promuevan bloqueos o tomas, el Ejecutivo considera insuficiente la tipificación inicial de “asociación delictuosa” frente al impacto de los acontecimientos, según informó El Deber.

Argumentos del gobierno boliviano

Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, anunció que el lunes se formalizará el recurso de apelación. El argumento central del Gobierno es que las acciones en la planta hidrocarburífera no constituyen un delito común, sino un atentado contra la infraestructura crítica del país. Por lo tanto, se buscará incorporar el delito de terrorismo en la ampliación de la querella.

Nuevos elementos probatorios

Para sustentar este endurecimiento en la acusación, se integrarán dos nuevos elementos probatorios:

• Informes técnicos de YPFB: Auditorías que detallan los daños materiales y operativos ocasionados a la planta estratégica.
• Partes médicos policiales: Denuncias formales por lesiones sufridas por el personal policial durante el operativo para restablecer el orden, incluyendo el caso de un oficial con heridas en el rostro.

Postura oficial sobre la seguridad energética

Paredes declaró: “Hemos pedido a la Fiscalía que sea rigurosa en el procesamiento de estos delincuentes. Consideramos que no se trata solamente de asociación delictuosa; lo ocurrido constituye un acto de terrorismo y por eso estamos ampliando la denuncia”. Más allá del debate procesal, este caso visibiliza la postura del Gobierno frente a la vulnerabilidad de los servicios básicos en medio del contexto actual de movilizaciones en el país.

Desde esta perspectiva oficial, ocupar instalaciones vinculadas a la producción de carburantes deja de ser una medida convencional para convertirse en un riesgo directo a la seguridad energética nacional. Con este movimiento legal, el Ejecutivo busca sentar un precedente sobre las consecuencias jurídicas que implicará el ingreso no autorizado a instalaciones estratégicas para el Estado.

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Gobierno boliviano expulsa a argentinos por injerencia política

El 2 de junio de 2026, el Gobierno de Bolivia anunció la expulsión de ciudadanos argentinos acusados de promover la desestabilización política y la ruptura constitucional. Estos individuos realizaron actos de injerencia política durante un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) el 30 de mayo.

Motivos de la expulsión

Se exigirá la salida inmediata de estos ciudadanos debido a su participación en reuniones donde incitaron a exigir la renuncia del Presidente Rodrigo Paz Pereira. En los días previos, circularon videos y fotografías en redes sociales que identificaron a ciudadanos argentinos involucrados en asuntos internos del país.

Identificación de los involucrados

Entre ellos se encontraba Sebastián Copello, un maestro argentino alineado con fuerzas políticas de izquierda. Participó en el ampliado y afirmó: “Como ustedes dicen ‘fuera Rodrigo’, nosotros en Argentina decimos ‘fuera Milei’ y fuera los gobiernos títeres de los Estados Unidos”. Sus palabras se difundieron a través del canal digital Prensa Obrera.

Declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, comentó sobre la situación: “Ustedes han visto que hemos llevado adelante acciones en coordinación con el Ministerio de Gobierno… se han aplicado los mecanismos para solicitar la salida inmediata de este tipo de personas que están viniendo a incitar”. Además, agregó que esta situación es una prueba clara del proceso de desestabilización que enfrenta la democracia boliviana.

Cuestionamientos sobre la injerencia internacional

Aramayo también cuestionó: “¿Por qué entes están permitiendo que entren a sus ampliados actores para que se dé una injerencia internacional?”. Enfatizó la importancia del diálogo como valor supremo de la democracia, aunque reconoció que dialogar con grupos radicalizados representa un desafío complejo.

Preocupaciones sobre la soberanía nacional

La situación se agrava con la identificación de varios argentinos en las puertas del ampliado, donde uno mostró una credencial de prensa bajo el argumento de libertad de expresión. Sin embargo, no portaban equipos periodísticos visibles ni realizaban labores relacionadas con el periodismo.

Este incidente resalta una preocupación creciente sobre la injerencia extranjera en asuntos internos bolivianos y plantea interrogantes sobre la soberanía nacional.

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Gobierno despliega corredor humanitario en Oruro-La Paz

Con el objetivo de mitigar la crisis de desabastecimiento que afecta a las ciudades de La Paz y El Alto, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, lidera desde las primeras horas de este sábado el despliegue del corredor humanitario denominado ‘Banderas Blancas’. Esta intervención gubernamental busca restablecer el tránsito en la estratégica carretera que conecta la sede de gobierno con el departamento de Oruro.

Operativo y despliegue de fuerzas

El operativo comenzó a ejecutarse a las 06:00 horas e involucra a un contingente combinado de más de 2.000 efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. La prioridad del plan consiste en la limpieza de la capa asfáltica para permitir el ingreso inmediato de cisternas de combustible, camiones con alimentos de primera necesidad e insumos médicos, tras tres semanas de un bloqueo radical impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y sus sectores afines, según citó Red Uno.

Estrategia gubernamental

La estrategia gubernamental contempla un avance simultáneo desde ambos extremos de la carretera; un contingente similar partió desde la ciudad de Oruro para consolidar el despeje de la ruta. En la primera fase de la jornada, la maquinaria pesada asumió el protagonismo técnico al retirar las piedras y escombros que inhabilitaban el tráfico vehicular.

Diálogo y mediación

A diferencia de intervenciones de orden público convencionales, el diseño de este operativo prioriza la disuasión y la negociación in situ. Junto al ministro Zamora se desplazan autoridades nacionales como el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, y delegados de diversas organizaciones de derechos humanos, quienes actúan como veedores y mediadores con los sectores movilizados.

Compromiso con la paz social

‘Vamos a ir dialogando en cada punto de bloqueo para que este corredor tenga éxito’, aseveró el titular de Obras Públicas, tras explicar que la doctrina de la intervención busca neutralizar posibles focos de violencia y restaurar la transitabilidad de manera gradual. El ministro Zamora fue enfático al señalar que las fuerzas del orden no portan material letal para el cumplimiento de la misión. El uso de insignias y banderas blancas responde a un protocolo humanitario estricto para garantizar la seguridad de las familias afectadas y los transportistas que permanecen varados en la ruta.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, el Ejecutivo formuló un llamado a los sectores en conflicto y a la ciudadanía en general para no obstaculizar el paso de los vehículos de asistencia, remarcando que la prioridad del Estado es restablecer la regularidad en el abastecimiento y resguardar la paz social en la región occidental del país.

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Gobierno activa corredor humanitario en Oruro-La Paz

El Gobierno nacional activó durante la madrugada del sábado 23 de mayo de 2026 el operativo denominado “Corredor Humanitario con Banderas Blancas”. Esta intervención, que despliega de forma coordinada a la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas (FFAA) y equipo técnico pesado, busca restablecer por completo la transitabilidad en la carretera estratégica que conecta La Paz con Oruro.

Despliegue logístico y objetivos

El despliegue logístico comenzó de manera simultánea a las 04:00 horas desde ambos extremos de la red vial fundamental. Un equipo inició el avance desde la sede de Gobierno mientras que un contingente paralelo partió desde Oruro, planificando un encuentro en un punto intermedio conforme se consolide la limpieza de la ruta.

Importancia del corredor humanitario

La habilitación de este corredor técnico tiene carácter de urgencia para permitir el flujo inmediato de camiones cisterna con combustible, oxígeno medicinal, medicamentos de alta prioridad y productos de la canasta básica familiar destinados a los mercados y centros sanitarios de La Paz y El Alto. Para la remoción física de piedras y promontorios de tierra, se dispuso de maquinaria pesada dependiente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), según cita Red Uno.

Compromiso pacífico y diálogo

Tanto el gabinete ministerial como los mandos militares enfatizaron el carácter estrictamente pacífico y humanitario de la movilización. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, a la cabeza de las operaciones en el terreno, puntualizó que la prioridad institucional es el diálogo directo con los sectores movilizados. “Estamos para hablar con los bloqueadores y que este corredor humanitario tenga éxito. Vamos a ir acompañando todos los puntos de bloqueo y vamos a ir levantando de buena manera, conversando con la gente y levantando como tiene que ser”, aseveró Zamora ante los medios.

Operaciones sin armamento letal

En sintonía con esta postura, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, ratificó que las tropas operan bajo la estricta instructiva de no portar armamento letal. “La finalidad única es la de alivianar ese sufrimiento de nuestra población. Las Fuerzas Armadas aportan el apoyo logístico; estamos yendo sin armas letales, con el personal necesario para ayudar a remover los escombros y obstáculos, coadyuvando en la tarea con la Policía Nacional”, detalló Balderrama.

Marco legal del operativo

El marco legal y político del operativo fue refrendado previamente en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Este remarcó el estado de emergencia que viven los principales centros urbanos debido al corte de rutas.

Resultados preliminares

Las primeras evaluaciones del operativo arrojan un balance preliminar favorable. En el tramo inicial de la intervención, particularmente en sectores históricamente neurálgicos como La Ceja de El Alto, no se registró resistencia ni presencia de manifestantes. Esto permitió que el flujo vehicular quedara restablecido inmediatamente. La operación cuenta con el seguimiento logístico y respaldo de organizaciones veedoras, entre ellas la Iglesia Católica y oficinas de Derechos Humanos.

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Gobierno condena la quema de la Wiphala

El Gobierno del Presidente Rodrigo Paz condenó este martes 19 de mayo de 2026 la quema de una wiphala durante las protestas de la noche del lunes en La Paz. Además, advirtió que ningún conflicto político o social puede justificar ataques contra los símbolos patrios de Bolivia. El comunicado se difundió por la tarde de este martes.

Wiphala como símbolo de identidad

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno resaltó que la wiphala representa parte de la identidad y diversidad del país. En este contexto, el día anterior, lunes 18 de mayo, se registraron enfrentamientos entre sectores sociales y la Policía. Durante una marcha de respaldo al Presidente Rodrigo Paz, un grupo de manifestantes retiró una wiphala instalada en predios de la Alcaldía y posteriormente la quemó.

Pronunciamiento oficial del Gobierno

En el pronunciamiento oficial se menciona: “La wiphala es un símbolo patrio reconocido por el Estado boliviano y representa parte de la identidad, la historia y la diversidad de nuestro país. Ninguna diferencia política, social o coyuntural puede justificar actos de violencia o agravio contra los símbolos que pertenecen a los bolivianos”.

Rechazo a la violencia y llamado al diálogo

Asimismo, el Gobierno rechazó toda manifestación de intolerancia, confrontación y violencia como mecanismos de expresión política en medio de la tensión social que atraviesa el país. “Bolivia necesita diálogo, respeto y convivencia democrática, especialmente en momentos de tensión”, añadió el documento.

Símbolos patrios como elementos de unidad

Finalmente, la Oficina Presidencial sostuvo que los símbolos patrios deben convertirse en elementos de unidad y no de confrontación entre los bolivianos. “La patria y sus símbolos deben ser espacios de unión y respeto entre bolivianos, jamás instrumentos de odio, división o destrucción”, concluye el comunicado.

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Gobierno prioriza diálogo en medio de bloqueos y protestas

Este domingo 17 de mayo, el canciller Fernando Aramayo afirmó que el Gobierno boliviano mantiene como prioridad el diálogo con sectores movilizados. Además, aseguró que los operativos de desbloqueo ejecutados en distintas rutas del país se desarrollan sin el uso de armamento letal. El objetivo es reducir la tensión social y evitar enfrentamientos entre bolivianos en medio de los bloqueos y protestas que afectan principalmente a La Paz y El Alto.

Criticas a los sectores movilizados

Aramayo cuestionó a sectores que, según dijo, buscan generar desestabilización política mediante las movilizaciones y bloqueos. Defendió el operativo ejecutado el sábado por la Policía y las Fuerzas Armadas, afirmando que permitió garantizar el ingreso de combustible, oxígeno medicinal y medicamentos a centros hospitalarios.

Reuniones con organizaciones sociales

El canciller también informó que el Presidente Rodrigo Paz mantiene reuniones con organizaciones sociales. Afirmó que existen avances en los espacios de concertación abiertos por el Gobierno: “La vocación de este gobierno es el diálogo”. No obstante, advirtió que el Estado hará cumplir la libre transitabilidad en caso de que algunos sectores rechacen cualquier posibilidad de acuerdo.

Uso de agentes químicos en operativos

En relación con los enfrentamientos registrados durante los operativos de desbloqueo, Aramayo aseguró que policías y militares actuaron únicamente con agentes químicos. Negó el uso de armas letales, afirmando: “La Policía y el Ejército no han hecho ningún uso de armas letales”. También cuestionó que los bloqueadores usaron dinamita.

Llamado a la calma y certidumbre

Entre sus declaraciones, Aramayo expresó: “Lo que le proponemos al país es poder darle calma, certidumbre y dejar de atosigar a la población”. Asimismo, subrayó: “Creemos que hay que dejar de ser instrumento de estas ambiciones mezquinas de actores que lo único que están buscando es generar zozobra”. Finalmente, sostuvo: “Hoy en día tenemos combustible en el país, tenemos hospitales y centros de salud con oxígeno y con medicamentos”.

Tensión social en Bolivia

El contexto actual refleja una situación tensa en Bolivia debido a las movilizaciones sociales. El Gobierno busca mantener un equilibrio entre la seguridad pública y la atención a las demandas sociales.

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Gobierno refuerza puente aéreo con envío de carne

Este martes 12 de mayo de 2026, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, envió 10 mil kilogramos de carne de res a la ciudad de La Paz. Este envío se enmarca en el puente aéreo permanente dispuesto para mitigar los efectos de los bloqueos de carreteras.

Cargamento llega desde Santa Cruz

El cargamento llegó a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana, procedente del aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. El Gobierno activó este puente aéreo desde el domingo 10 de mayo para garantizar el abastecimiento de carne en La Paz ante los bloqueos que afectan el transporte terrestre.

Distribución y precios regulados

Hoy se anunció la llegada del nuevo cargamento de carne de res. El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, detalló que la carne se distribuirá inmediatamente en los frigoríficos de El Alto y La Paz. Los precios regulados son:

• Pulpa: 69 bolivianos por kilo
• Carne de primera: 61 bolivianos por kilo
• Carne de segunda: 59 bolivianos por kilo

Impacto del puente aéreo

Desde el inicio del puente aéreo, ya se han movilizado 40 toneladas de alimentos para las familias afectadas por los bloqueos. Serrano afirmó: “Estamos recibiendo 10 mil kg de carne de res que se suman al trabajo liderado por el ministro Oscar Mario Justiniano. Este es un mandato presidencial para apoyar a la población que hoy sufre por actos egoístas”.

Efectos económicos y llamado al diálogo

Serrano lamentó que los bloqueos afecten la economía y encarezcan los alimentos, generando perjuicios especialmente a sectores vulnerables: “Tenemos reportes de ancianos, niños y mujeres embarazadas varados en las carreteras”. Además, indicó que el puente aéreo funcionará con un promedio de tres vuelos diarios durante las próximas jornadas, asegurando más cargamentos hasta que se normalice la circulación por las carreteras del país.

Llamado a la pacificación

Durante la recepción del cargamento, Serrano reiteró un llamado al diálogo y a la pacificación. “El desabastecimiento es responsabilidad de los bloqueos. Los precios suben, los alimentos no llegan y se perjudican las familias. Hacemos un llamado a que los puntos de bloqueo se levanten y que cualquier demanda sea atendida mediante mesas de trabajo, no por acciones que afectan de manera egoísta a la mayoría de los bolivianos”, concluyó.

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Sistema de información sobre diésel y gasolina en Bolivia

El lunes 4 de mayo de 2026, el Gobierno nacional de Bolivia anunció la implementación de un sistema de información diaria sobre el abastecimiento de diésel y gasolina en todo el territorio boliviano. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), busca que la ciudadanía conozca con precisión los volúmenes de carburantes que se despachan a cada región.

Objetivos del sistema

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que la estrategia no solo contempla informar sobre cantidades, sino también asegurar la transparencia en los controles de calidad, según citó Unitel. Para ello, se han definido los siguientes ejes de acción:

• Comunicación Permanente: Reportes diarios sobre los volúmenes distribuidos en cada distrito comercial.
• Líneas de Atención Directa: Se habilitará un contacto telefónico por distrito para que cualquier ciudadano pueda consultar sobre el despacho a estaciones de servicio específicas.
• Certidumbre Técnica: Difusión de los resultados de controles de laboratorio para garantizar que el combustible cumple con los estándares requeridos.

Compromiso del Gobierno

Marcelo Blanco Quintanilla, ministro de Hidrocarburos y Energías, enfatizó que este mecanismo permitirá visibilizar los esfuerzos del Estado para cubrir la demanda nacional. “Pretendemos que la población esté informada de los trabajos que viene haciendo el Gobierno tratando de llegar a todos los lugares con los hidrocarburos”, señaló la autoridad.

Acciones de YPFB

Daroca subrayó que YPFB está tomando todas las acciones necesarias para garantizar el suministro. Asimismo, aseguró que los comunicados serán constantes y que, ante cualquier eventualidad, la máxima autoridad brindará reportes personales para evitar la desinformación. “Estas medidas tienen por objeto darle la certidumbre a la población de que YPFB está cumpliendo con los controles de calidad y garantizando el abastecimiento en todo el país”, concluyó el ejecutivo.

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La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que no asistiría al diálogo con el gobierno en vísperas del Día del Trabajador. Esta decisión generó críticas entre parlamentarios, quienes afirmaron este miércoles 29 de abril que la COB no defiende los intereses de los trabajadores, sino que busca posicionarse políticamente.

Críticas de los parlamentarios

La diputada Claudia Bilbao expresó que la COB no desea dialogar porque se “les cayó el discurso del aumento de sueldo”. Además, consideró que el pliego presentado por la COB no aborda las verdaderas necesidades del país y que su único objetivo es beneficiar a los dirigentes con salarios más altos.

Bilbao sentenció: “Si mañana ellos no atienden al diálogo es porque no les interesa Bolivia, les interesan sus apetitos personales. ‘Denme salario y no me importa que el 90% (de la población) no tenga trabajo’, eso nos está diciendo la COB y saben que el pueblo boliviano no los va a apoyar”.

La diputada Sofía Rocha también criticó a la COB, afirmando que el Gobierno ya no puede someterse a “caprichos de sindicatos”. Según la diputada, la COB estaba acostumbrada a beneficiar a dictaduras sindicales y ahora busca convulsionar el país tras perder privilegios.

Rocha añadió: “No se puede ceder a un sector que ya expresó su intención de hacer política e incluso convertirse en un partido político. Esto ya no es una lucha por los trabajadores, sino un afán para crear base partidaria”.

Aumento salarial en debate

El senador Branko Marinković destacó que el incremento salarial, principal demanda de la COB, ya se aplicó a principios de este año. Por lo tanto, consideró inviable un nuevo aumento en este contexto crítico para el país.

Sin embargo, el diputado Rolando Pacheco argumentó que el aumento salarial debería considerar la coyuntura actual. “Este gobierno quitó la subvención al combustible y subieron los pasajes, alquileres y canasta familiar. Hoy el salario mínimo no alcanza para nada. Se tiene que analizar con mesas técnicas el incremento”, solicitó Pacheco.

Decisiones futuras de la COB

A pesar de las críticas, la COB ratificó su decisión de no asistir al diálogo convocado por el Gobierno. La organización dejó en manos del cabildo convocado para el 1 de mayo las decisiones sobre posibles encuentros programados para la siguiente semana.

En contraste, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, llegó a Vilaque, en la ruta La Paz – Oruro, para “respaldar” la marcha del magisterio, que también exige un incremento salarial. Argollo afirmó que el Gobierno tiene los recursos necesarios para cumplir con esta obligación.

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Gobierno boliviano amplía plazo del Bono PEPE 2026

El Gobierno boliviano oficializó, mediante el Decreto Supremo 5605, la ampliación del alcance y del plazo de cobro para el Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad).

Detalles del periodo de pago

El periodo de pago está definido para el segundo trimestre del año 2026, específicamente desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio de ese año. Esta extensión permite que más beneficiarios accedan al bono.

Nuevos grupos de beneficiarios

En primer lugar, se determinó la inclusión de nuevos grupos de beneficiarios. Estos son: estudiantes de educación fiscal y centros de acogida bajo convenio. Esta medida busca ampliar el alcance del programa y brindar apoyo a más familias.

Cronograma de pago

Posteriormente, se estableció un nuevo cronograma de pago que se extenderá por un mes y medio. Esta medida permite que las familias que no habían accedido al beneficio originalmente, o aquellas recién incorporadas, puedan realizar el cobro del monto único de Bs 450. La medida busca aliviar la carga económica de los hogares y cubrir gastos educativos y de cuidado.

Objetivos del Bono PEPE

La creación original del Bono PEPE surgió como una medida de apoyo económico. Luego, se promulgó el Decreto Supremo 5605 para modificar las condiciones existentes. Además, se anunció la incorporación de nuevos sectores estudiantiles y la apertura del periodo de cobro.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades enfatizaron la importancia de verificar la habilitación en los sistemas oficiales para evitar perder el beneficio. Además, recalcaron que el objetivo primordial es fortalecer la economía de los hogares.

Contexto económico en Bolivia

El país atraviesa un periodo de reajuste financiero tras la volatilidad del tipo de cambio registrada en 2025. Aunque las Reservas Internacionales han mostrado una recuperación (alcanzando los $us 3.813 millones a inicios de 2026), el incremento de precios en la canasta básica ha mermado el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos.

Impacto del Bono PEPE en las familias

Los Bs 450 representan un alivio equivalente a aproximadamente el 10% del costo de una canasta básica familiar mensual para un hogar de cuatro personas, enfocado específicamente en cerrar la brecha de gastos educativos.

“Para nosotros, los Bs 450 sirven para comprar los útiles que faltaban y un poco de víveres. Con la subida de las cosas el año pasado, estábamos muy apretados”, expresó una madre de familia de un colegio fiscal en El Alto.

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Apoyo del Gobierno a los atletas bolivianos

Con la mirada puesta en el podio y el compromiso de dejar en alto el nombre del país, la delegación boliviana se prepara para encarar los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En un acto protocolar cargado de simbolismo, el Ministerio de Salud y Deportes formalizó la entrega de recursos e indumentaria que aseguran la logística de nuestros atletas bolivianos en la cita internacional, según informó ABI.

Detalles del evento deportivo

Este evento, organizado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), representa uno de los escenarios más importantes para el semillero deportivo de la región. En esta edición, Panamá recibirá a más de 2.000 atletas de entre 14 y 17 años, provenientes de 15 países, quienes competirán en un total de 23 disciplinas deportivas.

Inversión del Gobierno Nacional

Para garantizar que Bolivia esté a la altura del desafío, el Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Deportes, destinó un total de Bs 855.029,52. Esta inversión cubre necesidades críticas de logística y equipamiento:

• Transporte Internacional: Bs 688.003,52 para 110 pasajes aéreos en la ruta Santa Cruz–Panamá–Santa Cruz.
• Transporte Nacional: Bs 65.026 para el traslado de los atletas desde sus regiones de origen.
• Indumentaria Oficial: Bs 102.000 invertidos en 150 kits (buzos, chaquetas, poleras, shorts y mochilas) para la representación nacional.

Compromiso con el deporte

El viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, subrayó que este apoyo marca el inicio de una gestión de puertas abiertas con el Comité Olímpico Boliviano. “Iniciamos una etapa de trabajo conjunto para que nuestros deportistas cuenten con mejores condiciones y el respaldo necesario del Estado”, afirmó.

Acto central y abanderamiento

El acto central incluyó la entrega de la tricolor nacional, símbolo que acompañará a los 110 atletas bolivianos que viajarán del 12 al 25 de abril. Entre las figuras más destacadas se encuentra el nadador cruceño Yatzen Soza (17 años), dueño del récord nacional en 100 metros libres con un tiempo de $52.24$. “Mi meta es superar mis marcas y representar a Bolivia frente a potencias como Brasil, Argentina y Colombia”, expresó Soza con determinación.

Importancia del respaldo estatal

Asimismo, la judoca Noelia Paz (15 años) resaltó la importancia de este respaldo para encarar la competencia con serenidad y enfoque. El jefe de la Unidad de Desarrollo Integral del Deporte, Marcelo Caballero, recalcó que estas acciones responden a una política estatal que abarca desde la formación hasta el alto rendimiento.

Compromiso institucional

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Antonio Arze, celebró el compromiso institucional, señalando que el abanderamiento refuerza el sentido de pertenencia y la responsabilidad de los jóvenes talentos que hoy representan el futuro olímpico del país.

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BoA avanza en su plan de recuperación con nuevos motores

Este sábado, el Ministerio de Obras Públicas informó que arribó al país un avión carguero con dos motores para fortalecer la flota de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Según el reporte, se prevé completar hasta el mediodía la instalación del motor en la aeronave Boeing CP-3019, permitiendo su recuperación y su retorno a operaciones lo antes posible.

Detalles del plan de recuperación de BoA

El arribo de esos motores forma parte del plan de recuperación y fortalecimiento de BoA, impulsado por el Gobierno. Este plan busca “sentar las bases para encarar una política de Cielos Abiertos plena en el país”. El plan de recuperación de BoA está estructurado en tres etapas:

• Primera etapa: Consistió en una reacción inmediata que permitió pasar de ocho a 11 aeronaves operativas durante la temporada alta de fines de 2025, tras recibir una flota con limitaciones y un itinerario sobredimensionado.
• Segunda etapa: Actualmente se ejecuta esta fase, que apunta a consolidar la operatividad de la empresa hacia mediados de año. Según el gerente de BoA, Juan José Galvarro, ya se logró incrementar la flota de ocho a 13 aeronaves y la meta es alcanzar 16 aviones en operación hasta julio.
• Tercera etapa: Esta fase contempla la recuperación total de la capacidad de la aerolínea, proyectando contar con 18 aeronaves operando para la temporada alta de noviembre.

Mejoras en el servicio y atención al usuario

Este proceso estará acompañado por mejoras en la eficiencia del servicio, puntualidad y atención al usuario, con el objetivo de responder a la demanda del pasajero boliviano, según los datos oficiales.

Anuncio oficial del Ministerio

El Ministerio publicó en sus redes sociales: “Buenas noticias para BoA y para el país! Ayer (viernes) llegó un avión carguero con dos motores: uno para un Boeing 737-300 y otro para reemplazo de un CRJ200 (avión de reacción regional)”.

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Gobierno boliviano y Fedecomin acuerdan nueva Ley Minera

El Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, sostuvo este jueves una reunión clave en la Casa Grande del Pueblo con la dirigencia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz.

El resultado principal del encuentro fue el compromiso mutuo de impulsar una nueva normativa minera que sea “ágil” y eficiente, diseñada específicamente para atraer inversiones extranjeras y nacionales que permitan potenciar la capacidad productiva de un sector estratégico para la economía boliviana.

Transformación del rol del Gobierno

Según manifestó el mandatario a través de sus canales oficiales, el rol del Gobierno boliviano debe transformarse de un ente meramente fiscalizador a un facilitador del desarrollo. Paz Pereira subrayó que el objetivo final de esta reforma es que los sectores productivos tengan las herramientas legales necesarias para generar la riqueza que el país requiere en el actual contexto de reactivación económica.

Demandas de los cooperativistas paceños

Por su parte, los representantes de los cooperativistas paceños, liderados por Alfredo Yanarico Condori, condicionaron su apoyo a la nueva ley a la resolución de problemas operativos urgentes. Entre sus demandas principales destaca:

• La creación de un centro de acopio y comercialización de minerales en el departamento de La Paz, con el fin de eliminar intermediarios, optimizar la cadena de suministro y asegurar precios justos para los productores locales.
• Agilizar la entrega de cupos de explosivos, insumo crítico para la operatividad diaria de las minas.
• Demandar seguridad jurídica mediante la aceleración de los contratos de adecuación.

  

Los mineros enfatizaron que, sin una formalización efectiva de sus operaciones, el acceso a créditos y tecnología se ve seriamente limitado.

Quejas sobre la gestión ministerial

Durante el encuentro, el vicepresidente de Fedecomin, Herber Huayraña, elevó una queja directa al Presidente sobre la gestión de algunos ministerios que, a su juicio, estarían obstaculizando la actividad minera.

Huayraña advirtió que la burocracia administrativa está paralizando proyectos activos, lo que contradice el discurso de fomento productivo del Ejecutivo. Como solución inmediata, propuso establecer un arancel cero para la importación de maquinaria, permitiendo así la tecnificación de las cooperativas sin los altos costos impositivos actuales.

Un plan ambicioso para el sector minero

Esta reunión se enmarca en un plan de reforma más ambicioso anunciado previamente por el ministro de Minería, Marco Calderón.

El Gobierno ha confirmado que este nuevo paquete legislativo cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Mundial, lo que busca otorgar al país un marco normativo con estándares internacionales de competitividad. La meta es destrabar proyectos de gran escala que actualmente se encuentran estancados por la complejidad de la legislación vigente.

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Según un comunicado oficial divulgado este miércoles 10 de diciembre, la delegación boliviana está llevando a cabo encuentros con organismos multilaterales, inversionistas y representantes de gobiernos aliados. El objetivo principal de estas reuniones es consolidar nuevas fuentes de financiamiento, diversificar mercados y fortalecer alianzas económicas que generen beneficios directos para la población boliviana.

Estrategia del Gobierno

Esta misión forma parte de la estrategia del Gobierno para recuperar la confianza internacional, reactivar la economía y promover la cooperación con países que comparten principios democráticos y enfoques de desarrollo sostenible. Esta información fue proporcionada por El Deber.

El ministro y el canciller están trabajando de manera coordinada para presentar a Bolivia como un país con una política económica abierta. Esta política está orientada a garantizar la estabilidad macroeconómica, impulsar la industrialización y ampliar las oportunidades de comercio e inversión.

Reconstrucción de la credibilidad

El Gobierno ha señalado que estos esfuerzos responden a la visión de reconstruir la credibilidad externa del país. Además, busca reposicionar a Bolivia como un actor relevante en la economía regional y global.

Relaciones diplomáticas con Israel

En este contexto, se oficializó en Washington la reanudación de relaciones diplomáticas con Israel. Esta reanudación tiene la perspectiva de atraer mayores flujos de turismo, así como nuevas inversiones extranjeras en territorio nacional.

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Según explicó el ministro este martes, este giro tiene como objetivo dinamizar la economía nacional. Espinoza detalló que “el flujo que recibe todos los meses la Gestora ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado”.

Cambio respecto a la gestión anterior

Esta nueva estrategia contrasta de manera notable con la gestión anterior, en la que el Tesoro General de la Nación (TGN) se había convertido en la principal inversión de la Gestora durante los últimos 5 años.

El Ministro indicó que canalizar estos recursos hacia el sector privado generará dos efectos inmediatos y positivos: mayor disponibilidad de financiamiento para empresas y un impulso a la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). Esto permitirá a las empresas ampliar sus operaciones y, en consecuencia, generar más empleo.

Críticas a la administración pasada

Espinoza cuestionó de manera contundente la administración pasada por haber dirigido el dinero de los aportes al Tesoro. Argumentó que esta decisión fue impulsada por un “control político” sobre la Gestora, con el fin de solventar el déficit fiscal que enfrenta el Estado.

Además, el ministro informó que el Gobierno está trabajando en la identificación de malos manejos dentro de la Gestora. Los resultados de esta auditoría se presentarán ante el Ministerio Público.

Irregularidades en la gestión

Como ejemplos de estas irregularidades, mencionó compras que superan “largamente los valores de mercado” y operaciones financieras que han llamado la atención de las autoridades.

Finalmente, el ministro cuestionó los resultados de la nacionalización de las AFPs, señalando que la administración pública no ha traído beneficios tangibles. Mencionó los altos costos de los litigios internacionales heredados de las empresas anteriores. Como ejemplo, indicó que solo los gastos legales anuales superan los 500,000 dólares.

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El ministro Espinoza, en una entrevista con el programa Influyentes, indicó que la devolución se llevará a cabo en un plazo de dos a tres trimestres. La intención es fortalecer las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) y recuperar la confianza de los ciudadanos. “Evidentemente los ahorristas quieren recuperar sus recursos y estamos conscientes de eso”, afirmó la autoridad.

Reacciones al anuncio

Germán Molina, un analista económico, destacó que este anuncio es una buena señal. A su juicio, brinda a los agentes económicos la posibilidad de retirar y volver a depositar sus dólares. Sin embargo, fue cauteloso respecto a los plazos anunciados, advirtiendo que establecer fechas en economía puede generar expectativas que, si no se cumplen, pueden afectar la credibilidad de la autoridad.

“A este anuncio se debe agregar el de la abrogación de los cuatro impuestos que están ligados con la actividad empresarial. Dejar sin efecto el cobro por traer, sacar o realizar transacciones por encima de 2.000 dólares es algo positivo”, puntualizó Molina.

Necesidad de aclaraciones

Fernando Romero también celebró la posible devolución de los fondos, aunque subrayó la necesidad de que el Gobierno aclare de dónde provendrán los recursos para cumplir con esta promesa. Además, pidió que se defina si la devolución será total o parcial.

“No me imagino que cerca de un 30% de la línea de financiamiento por 9.000 millones de dólares se destine a la devolución de los dólares al sector bancario”, indicó Romero.

Impacto en la economía

Alejandro Banegas, exdirector del BCB, explicó que la inyección de estos recursos no solo generará confianza, sino que también tendrá un impacto directo en la estabilización del tipo de cambio. “Lograr un equilibrio en el tipo de cambio sin duda será uno de los primeros impactos”, remarcó Banegas.

Banegas sugirió que se implemente un plan de devolución escalonado de los 2.700 millones de dólares para evitar presionar la capacidad de pago del Gobierno.

Origen de la crisis

La necesidad de devolver estos fondos se origina en lo que Romero define como un “corralito no oficial, pero sí técnico” de dólares, que surgió en 2023. Esto ocurrió cuando el BCB se convirtió en el principal, y casi único, proveedor de dólares, lo que aumentó la escasez de la divisa en el mercado.

Desde 2017, la banca privada había estado entregando dólares al BCB a cambio de bolivianos. La crisis de liquidez llevó a que la divisa pasara de los ahorristas al BCB para cubrir obligaciones del Estado, como importaciones y deuda externa.

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Silva destacó que algunos productos han experimentado una baja significativa en su costo. Por ejemplo, la harina, que es uno de los insumos más importantes para la elaboración del pan, ha visto una reducción en su precio.

Según el reporte, el quintal de harina ha bajado de 600 bolivianos a 330 bolivianos. Además, el precio del maple de huevo ha descendido de un rango de 45 a 60 bolivianos a un nuevo rango de 22 a 30 bolivianos, dependiendo del tamaño del producto.

Variaciones en otros productos

En cuanto al arroz, el quintal que antes costaba 650 bolivianos ahora se comercializa entre 440 y 460 bolivianos. También se ha registrado una reducción en el precio del litro de aceite, tanto nacional como importado, que ha pasado de 30 bolivianos a un promedio de entre 18 y 22 bolivianos.

El viceministro Silva comentó que hoy se puede observar una cantidad considerable de estos productos en los mercados, con precios que han disminuido en comparación con los niveles elevados que se tenían anteriormente.

Precios de productos importados

A pesar de la baja en algunos productos, Silva indicó que ciertos artículos importados, como productos de limpieza, higiene y algunos alimentos, mantienen precios altos. Esto se debe a que fueron adquiridos al tipo de cambio paralelo del dólar.

Además, el viceministro denunció que en algunos casos se han detectado incrementos “abusivos” en los precios, especialmente en el café.

Fluctuaciones en frutas y verduras

En relación con las frutas y verduras, Silva explicó que sus precios siguen variando según la temporada agrícola. Durante los períodos de mayor cosecha, es común observar descensos en los precios de estos productos.

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“Si los dos quieren utilizar nuestro crédito, voy a ampliar el contrato más. Si no lo quieren utilizar, voy a terminar este crédito. Eso depende de la decisión del pueblo boliviano”, declaró Onomura en un reciente encuentro con autoridades municipales y medios de comunicación.

El embajador destacó que Japón ha valorado el interés mostrado por el actual gobierno en varias ocasiones para lograr la aprobación del crédito en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lamentó que el trámite aún no haya sido concluido. En este sentido, recalcó que la disposición del gobierno japonés para ampliar el contrato se mantiene abierta, siempre que exista una solicitud expresa por parte de las nuevas autoridades electas.

Plazos y procedimientos

Consultado sobre un posible plazo para presentar dicha solicitud, Onomura aclaró que no existe un límite estricto: “Eso depende de la solicitación. Podemos ampliar como quiera”. Sin embargo, advirtió que los procedimientos administrativos en Japón son complejos y burocráticos, por lo que una eventual ampliación requerirá tiempo y coordinación.

Interacción con candidatos

Hasta el momento, la embajada no ha recibido ningún acercamiento directo de parte de los dos candidatos en carrera presidencial. No obstante, el diplomático se mostró comprensivo: “Entiendo que los dos candidatos están muy ocupados y enfrentando muchos retos. Espero alguna expresión de sus ideas”.

Nuevos proyectos de cooperación

Más allá del tema del crédito, el embajador reiteró el compromiso de Japón con el desarrollo de Bolivia y anunció nuevos intereses de cooperación bilateral. Entre estos se encuentran proyectos relacionados con la mitigación de la contaminación por mercurio y la prevención de sismos.

Finalmente, Onomura expresó su agradecimiento a los gobiernos municipales, especialmente al municipio de La Guardia, por su colaboración continua en proyectos de desarrollo comunitario. Aseguró que la cooperación japonesa con las entidades locales continuará.

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Murillo, quien formó parte del gabinete de Jeanine Áñez en 2019, tiene en Bolivia dos sentencias ejecutoriadas. La primera sentencia es de 8 años y corresponde al caso de compra irregular de gases lacrimógenos a un precio superior al normal. La segunda sentencia es de 5 años y 4 meses, relacionada con el caso denominado “Gases Ecuador”, que trata sobre el ingreso no autorizado de agentes químicos y armamento desde ese país. Ambas sentencias son firmes y cuentan con mandamientos de aprehensión vigentes.

Seguimiento del proceso

La ministra Sosa explicó que la Cancillería boliviana, a través de su embajada en Estados Unidos, realizó un seguimiento constante del proceso judicial de Murillo en territorio estadounidense. También se supervisó el trámite de deportación, con el objetivo de que el exministro enfrente la justicia boliviana por los casos en los que está condenado y aquellos en los que sigue siendo investigado.

Según detalló la ministra Sarabia, Murillo fue procesado en rebeldía en uno de los casos. Se garantizó el respeto a los principios del debido proceso. Además de las dos sentencias mencionadas, enfrenta otras investigaciones abiertas por legitimación de ganancias ilícitas y contratación irregular de servicios durante su gestión, incluyendo un contrato de cáterin.

Operativo de traslado

Una vez que el vuelo con Murillo llegue al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, funcionarios de Migración, Interpol y la Policía Boliviana llevarán a cabo la verificación de identidad, registro y validación legal. Posteriormente, será trasladado bajo escolta al aeropuerto de El Alto, donde se activará un dispositivo de seguridad para conducirlo a dependencias policiales.

Inicio del procedimiento judicial

La ministra de Justicia precisó que el Ministerio Público recibirá al exministro y comenzará el procedimiento para ejecutar las sentencias, remitiendo el caso ante un juez competente. Desde ese punto, se espera que se disponga su traslado al penal de San Pedro para el cumplimiento efectivo de ambas condenas.

Reacciones y contexto

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que el operativo de traslado contará con medidas especiales de seguridad y coordinación interinstitucional. Recalcó que el caso ha generado un fuerte rechazo en la población debido al daño económico al Estado, que se estima en al menos 16 millones de bolivianos en el caso de los gases lacrimógenos. Además, hay implicaciones en hechos violentos ocurridos durante 2019.

Murillo también está implicado en el caso Senkata, por el cual ya se encuentra acusado formalmente. Las autoridades han señalado que este proceso seguirá su curso en el marco de la independencia judicial, buscando evitar que los hechos registrados en 2019 queden en la impunidad.

Gestiones para la deportación

Las gestiones para lograr la deportación incluyeron acciones de la Cancillería, la Procuraduría y el consulado boliviano en Estados Unidos. Aunque el Estado boliviano también había iniciado un trámite de extradición, fue finalmente el Departamento de Estado estadounidense el que decidió aplicar la vía de deportación tras la condena de Murillo en ese país.

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Informe sobre derechos humanos

El informe denuncia abusos estructurales y violaciones a los derechos fundamentales de Camacho. Se destaca que su salud ha ido deteriorándose de manera constante debido a las condiciones de su encierro. Un episodio significativo ocurrió en marzo de 2024, cuando “en violación de la orden del juzgado de sentencia, el director del Régimen Penitenciario Nacional suspendió el traslado de Camacho”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos concluye que estos hechos constituyen una violación a los derechos fundamentales, especialmente al debido proceso y al acceso a la justicia en condiciones equitativas. A pesar de que existe un marco constitucional que garantiza derechos y garantías, no se han sancionado a funcionarios por violaciones a los derechos humanos en los últimos años.

Reacción del gobierno boliviano

En respuesta al informe estadounidense, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un pronunciamiento categórico rechazando su contenido. La Cancillería calificó el documento como “unilateral” y argumentó que fue elaborado sin consulta ni consentimiento, reflejando una visión “intervencionista” que ignora la realidad boliviana.

Problemas estructurales en el sistema penitenciario

Más allá del caso específico del gobernador Camacho, el informe también resalta problemas estructurales como la tortura y los tratos crueles en las cárceles. Se documentan prácticas inhumanas como asfixia y golpes. Además, se menciona la persecución judicial hacia opositores políticos como Jeanine Áñez y Rómulo Calvo.

Libertad de prensa en riesgo

Las restricciones a la libertad de prensa fueron evidentes, con 47 agresiones registradas contra periodistas durante las movilizaciones políticas en 2024. También se reportaron casos específicos de hostigamiento digital contra comunicadoras mujeres. Estos informes sobre derechos humanos son publicados anualmente desde 1977 por mandato del Congreso estadounidense mediante la Foreign Assistance Act y la Trade Act.

/KMMN

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El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, ha afirmado que no hay un conflicto pecuniario en curso y que se intentará resolver la situación en un plazo de 6 meses.

Condori explicó que “no hay proceso arbitral”, por lo que el Gobierno, respaldado por la Constitución, optará por las negociaciones para evitar un arbitraje.

Declaraciones del presidente Arce

En este contexto, el presidente Luis Arce ha declarado que Bolivia “tiene todo para defenderse de cualquier requerimiento”, pero que la “mejor vía en estos conflictos es dialogar”. Además, aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre el asunto.

La disputa de Shell

Recientemente, se ha dado a conocer que Shell ha planteado una disputa contra el Estado boliviano buscando una compensación. Esto se debe a la supuesta adopción de medidas ilegales que vulneran los derechos del inversor bajo el tratado y el derecho internacional.

En un extracto de la notificación enviada por Shell Bolivia Corporation (SBC) el 5 de agosto de 2025, se menciona que “en términos sencillos, Bolivia ha adoptado de manera constante medidas ilegales que vulneran los derechos del inversor bajo el tratado y derecho internacional”.

Incumplimientos mencionados

El documento detalla al menos 6 presuntos incumplimientos por parte de Bolivia. Entre ellos se citan la venta ilegal de más de 6,000 barriles de crudo que pertenecen a SBC, el incumplimiento de pagos que ascienden a varios millones de dólares y la anulación de un laudo arbitral a favor de SBC contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

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El vuelo que trajo a los militares venezolanos estaba compuesto por miembros de la orquesta sinfónica Simón Bolívar y otra orquesta del país. Según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, estos músicos recibieron una invitación de las Fuerzas Armadas para participar en la parada militar programada para el 7 de agosto de 2025 y en los festejos por el Bicentenario.

Aclaraciones del ministro

En este contexto, Ríos subrayó la importancia de desmentir “esta desinformación que ha surgido por parte de algunos actores políticos”. En su declaración, enfatizó que se descarta “cualquier información que indique que estas personas llegaron al país con otros fines”.

Sobre el avión ucraniano

En relación a otro avión extranjero, Ríos mencionó que en redes sociales se afirmaba que había llegado un avión de origen ruso con ciudadanos venezolanos. Sin embargo, desmintió esta versión y aclaró que se trataba de una nave ucraniana “que estaba de tránsito por el país, no tenía pasajeros y solo estaba la tripulación, alrededor de 19 personas”.

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El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó sobre la situación y las previsiones que se toman.

“Estamos en una observación permanente de este fenómeno, el comité ya está activado y necesita recursos. No nos olvidemos que el crédito de 250 millones de dólares que ha aprobado tardíamente la Asamblea tiene un componente sobre los sismos, pero este componente se activa una vez el evento se presente”, declaró Calvimontes.

El sismo activó las alarmas por el tsunami que se desplazó a la costa del Pacífico. “Este terremoto ha sido de gran magnitud y está teniendo repercusiones principalmente en la costa del Pacífico, afectando en este momento a algunos países que pueden recibir el golpe de las olas con mayor intensidad, como Chile, que está reportando previsiones en la Isla de Pascua. Ese golpe que va a recibir la costa peruana y chilena creemos que va a tener repercusiones en Bolivia; hay un macizo terrestre que tiene su origen en la costa del Pacífico, de manera que nosotros estamos preparados”, sostuvo Calvimontes.

El funcionario agregó que la semana anterior el Presidente fue informado de la necesidad de activar el comité dedicado al monitoreo de eventos sísmicos en el país. “El viernes, en el Consejo Nacional de Reducción de Eventos Adversos, se ha aprobado una resolución que recomienda al Presidente del Estado activar un comité técnico específico relacionado al tema de los sismos en el territorio nacional, un comité enmarcado en la ley que requerirá el concurso de ministerios e instituciones del Estado y privadas”, detalló.

La activación del comité técnico responde a un contexto donde se busca fortalecer las capacidades para enfrentar desastres naturales. La decisión se basa en protocolos establecidos para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones críticas.

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El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró: “Queremos justamente primero establecer si el destino era Bolivia y, a partir de esto, a dónde estaría llegando. En función de estos elementos podremos determinar alguna relación con alguna organización que tenga presencia en el país”.

Carga camuflada

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del Perú confiscó una carga que estaba camuflada en bolsas de 25 kilos. Tras ser procesadas, estas bolsas podían rendir hasta 4 toneladas de mercurio, un material que se utiliza en la minería ilegal para la extracción de oro.

Este cargamento había sido enviado desde México y transitó por territorio peruano antes de ser interceptado.

Solicitud de informe

Ante esta situación, el ministro Ríos anunció que solicitará formalmente un informe detallado a las autoridades policiales de Perú. El objetivo es verificar si Bolivia era efectivamente el destino del cargamento.

“Vamos a pedir las informaciones correspondientes. No podemos emitir mayor criterio sin datos confirmados”, subrayó Ríos.

Vínculos criminales

La investigación también busca analizar si existen conexiones entre este envío y organizaciones criminales internacionales. Medios internacionales han reportado que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría tener presencia en áreas de producción y tráfico de mercurio.

Riesgos del mercurio

El mercurio es altamente demandado en el mercado negro debido a su uso en la minería ilegal. Su precio varía entre 1,000 y 2,000 dólares por kilo. La manipulación de este material sin controles técnicos representa un grave riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud pública.

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El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, ha informado que estas rutas han sido abiertas utilizando maquinaria pesada. En muchos casos, estas acciones cuentan con el respaldo directo de comunidades cercanas que protegen los accesos ilegales. Estas comunidades cobran hasta 500 bolivianos por persona para permitir el paso a través de estas rutas.

Emboscadas y robos

Velásquez también ha advertido que algunas de estas comunidades no solo facilitan el paso, sino que llegan a emboscar camiones distribuidores. El objetivo es sustraer productos y trasladarlos hacia la frontera con fines comerciales. Un ejemplo de esto ocurrió con un vehículo de Emapa que transportaba maples de huevo y que terminó siendo víctima de un robo.

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Detalles de la seguridad de Morales

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó a los medios que ha recibido información de “dirigentes y compañeros patriotas” que viven en el trópico de Cochabamba. Esta información detalla los tres anillos de seguridad que tiene Evo Morales.

Ríos explicó que el primer anillo de seguridad está compuesto por personas extranjeras, cuya nacionalidad y nombres no se revelarán por razones de confidencialidad. Sin embargo, se sabe que están “altamente armados”.

En el segundo anillo se encuentran “los dirigentes más radicales afines a Evo Morales”, quienes han manifestado que están dispuestos a entregar su vida por él. Por último, en el tercer anillo hay personas que portan escudos y lanzas artesanales.

La situación en Lauca Ñ

Morales se encuentra custodiado por aproximadamente 2.000 personas leales a él en la localidad de Lauca Ñ. Desde octubre de 2024, sus seguidores han construido un fortín para protegerlo, que incluye vallas con estacas puntiagudas de madera, cierre de caminos y torres de vigilancia. Esto fue constatado por un equipo periodístico de la agencia EFE que estuvo en Lauca Ñ la semana pasada.

El exmandatario permanece en esta área para evitar ser capturado debido a una investigación por trata agravada de personas. Se le acusa de haber tenido un hijo con una menor de edad cuando era presidente.

Movilizaciones de los seguidores

La zona cocalera ha sido un punto clave desde donde los seguidores de Morales se han movilizado en los últimos meses. Ellos han exigido al órgano electoral que le permita ser candidato en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.

Según Ríos, el Gobierno tiene información de que los pobladores del trópico “ya están cansados de estar obligados en esta vigilia” de protección a Morales. Esto ocurre bajo amenazas de “multas elevadas” o de que les quitarán “sus terrenos, sus parcelas o sus chacos”.

Demandas de la población

El ministro también mencionó que la población de esa zona cocalera está pidiendo el regreso de la Policía y la realización de elecciones. Además, indicó que “algunos dirigentes van a solicitar que Evo Morales abandone el trópico de Cochabamba” debido al perjuicio económico y social que está causando su presencia.

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Desde el año 2020 hasta el 2024, se ha observado un aumento en el número de personas heridas debido a accidentes de tránsito. En la gestión 2023, se registraron 15,051 casos, mientras que en la gestión 2024, el total ascendió a 15,817. Esto representa un incremento del 5.09% en las lesiones. En cuanto a las muertes por accidentes de tránsito, en la gestión 2023 se contabilizaron 1,515 fallecimientos, y en la gestión 2024, el número aumentó a 1,748, lo que equivale a un incremento del 15.38%.

Causas de los accidentes

Aproximadamente el 61% de todos estos accidentes son provocados principalmente por imprudencia al conducir. Esto incluye comportamientos como no respetar las normas y señalización de tránsito, el uso del teléfono celular mientras se conduce y el rebasar límites de velocidad en lugares no permitidos. Además, un 5.1% de los accidentes son ocasionados por personas que conducen bajo el efecto de sustancias o alcohol.

Modificaciones en las penas

La normativa actual sanciona con la misma pena a quienes causan lesiones graves, gravísimas o muerte. Según el artículo 261, aquellas personas que causen alguna gravedad a la salud o muerte son sancionadas con uno a tres años de prisión. Esto permite que muchos puedan acogerse al perdón judicial y evitar ser enviados a prisión.

Las modificaciones propuestas incluyen sanciones más severas. Quienes produzcan lesiones graves serán sancionados con reclusión de uno a tres años. Aquellos que causen lesiones gravísimas enfrentarán reclusión de dos a cuatro años, y quienes causen la muerte tendrán una pena de tres a cinco años. Si estas acciones ocurren bajo efectos del alcohol o estupefacientes, las penas aumentarán significativamente.

Inhabilitación para conducir

Además, se impondrá la inhabilitación definitiva para conducir a los autores involucrados en estos casos. En relación al artículo 262 sobre omisión de socorro, se propone aumentar la sanción a dos a cinco años y establecer agravantes si ocurre en lugares deshabitados.

Campañas educativas sobre seguridad

El ministro Ríos también mencionó que no solo se busca endurecer las penas para reducir los accidentes. Se están llevando a cabo campañas educativas dirigidas a estudiantes secundarios y universitarios sobre conducción segura y medidas preventivas para disminuir tanto muertes como problemas derivados de estos incidentes.

Se espera que esta propuesta no sea paralizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que los representantes devuelvan la confianza al pueblo mediante su aprobación.

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Esta iniciativa se enmarca en un decreto supremo emitido en 2025, cuyo objetivo es reducir los costos de los alimentos básicos en el país.

Siles explicó que “la subvención es una medida estructural para reducir los costos y, por lo tanto, mantener o reducir el precio de la carne de pollo y hoy se están viendo también los efectos”. Además, recordó que la subvención del maíz se ha incrementado al 55% para los productores pecuarios, lo que incluye a porcinocultores, avicultores y lecheros.

Impacto de los bloqueos

Después de los bloqueos de caminos realizados por seguidores de Evo Morales, el precio del kilo de carne de pollo ha bajado a 24 bolivianos en agencias y supermercados. “Hay una rebaja considerable del precio que tenía anteriormente sobre los 30 bolivianos”, destacó Siles.

El viceministro añadió que durante el bloqueo, gracias a más de 30 vuelos en rutas del eje central, se logró trasladar alimentos e insumos para el mercado nacional.

Acuerdo de precios

Los sectores público y privado han llegado a un acuerdo para reducir el precio del kilo gancho de carne de res a 37 bolivianos. Este acuerdo ha permitido la venta directa de este producto a los consumidores, con una rebaja de entre 3 y 4 bolivianos.

Siles concluyó que “aún la carne tiene que seguir bajando, pero ya estamos produciendo un buen efecto”.

Resultados positivos

Además, aseguró que las acciones realizadas junto al presidente Luis Arce y el Comité de Seguridad Alimentaria han permitido observar resultados positivos en la reducción de precios.

/KMMN

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“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido ministro (…) quien siempre demostró su compromiso con el pueblo boliviano (…). Hemos instruido realizar las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable hecho”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

Detalles del fallecimiento

Rodríguez participó en un acto por el Año Nuevo Andino en El Alto durante la madrugada de este sábado. Horas después, fue hallado sin vida. Hasta el momento, no se han precisado las causas de su fallecimiento, pero el Gobierno ha confirmado que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes.

Trayectoria del ministro

Erland Julio Rodríguez asumió el cargo de ministro en agosto de 2023. Durante su gestión, lideró políticas enfocadas en el fortalecimiento de los derechos laborales, la inclusión social y la seguridad ocupacional. Su trabajo fue fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en el país.

Reacciones del Gobierno

El vicepresidente David Choquehuanca también manifestó su pesar por la pérdida y envió sus condolencias a la familia del ministro. Además, el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recordó el trabajo conjunto que realizaron para garantizar los derechos de los bomberos voluntarios y otros sectores vulnerables.

Condolencias de la Cámara de Diputados

En la misma línea, la Cámara de Diputados expresó sus condolencias por el deceso del ministro Rodríguez. Su fallecimiento ha dejado un vacío en el ámbito laboral y social del país, y se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las circunstancias de su muerte.

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Detalles del veto a la exportación

Después de aproximadamente 118 días, la administración gubernamental decidió eliminar la prohibición a la exportación de carne de res. Durante este periodo, se perdieron más de 600.000 dólares por día, lo que suma un total de más de 71,5 millones de dólares en cuatro meses. Las autoridades del Ejecutivo afirmaron que el veto a la exportación iba a reducir el precio de la carne de res. Sin embargo, el efecto fue el contrario, ya que el producto incrementó su valor a más del doble.

Críticas al Gobierno

Román expresó que el Gobierno carece de un rumbo claro y que solo improvisa en la aplicación de sus medidas. Además, añadió que nunca se proporcionaron argumentos sólidos para justificar la prohibición de la venta del producto al mercado externo. “En sus declaraciones a la prensa, los ministros Yamil Flores y Zenón Mamani no supieron explicar por qué vetaron la exportación de la carne, ni reconocer que su medida fue un fracaso que solo hizo subir aún más el precio. Apenas admitieron que fallaron en los controles de la cadena de distribución”, complementó.

Impacto de los bloqueos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, indicó que los recientes bloqueos de carreteras han provocado un daño económico que afecta directamente a la población. “Según proyecciones actualizadas al 2025, estas medidas, por día, provocan al país una pérdida aproximada de 118 millones de dólares”, afirmó Yujra. Los departamentos más afectados son La Paz, con una pérdida estimada en 30 millones de dólares; Cochabamba, con 19 millones; y Santa Cruz, con 38 millones.

Consecuencias de los bloqueos

A esto se suma que 396 cisternas fueron detenidas debido a los bloqueos, lo que representa más de 11,6 millones de litros de gasolina y diésel que no pudieron ser distribuidos. Esta situación agrava aún más la crisis de abastecimiento que enfrenta el país.

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El viceministro de Industrialización, Luis Siles, informó este domingo 1 de junio que la entrega de aceite refinado ha aumentado en un 40%, pasando de 144 a 212 toneladas diarias.

Según explicó, este volumen de aceite disponible debería ser suficiente para satisfacer el consumo per cápita estimado en 8.5 litros por persona al año. Esto permitiría mantener el precio del litro de aceite en 14 bolivianos.

El producto ya se encuentra disponible en supermercados, en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y en mercados populares.

Incremento en la carne de res

En lo que respecta a la carne de res, Siles señaló que la distribución diaria se ha duplicado, alcanzando las 86 toneladas. Este incremento se logró en coordinación con empresas privadas y frigoríficos, que representan aproximadamente el 30% del mercado.

Como resultado de este aumento, el precio del kilo gancho ha descendido a 37 bolivianos. En el departamento de La Paz, donde la demanda es de 163 toneladas diarias, el Gobierno afirmó que ha logrado cubrir la mitad de esa necesidad.

Esto ha provocado una reducción de entre 5 a 6 bolivianos en el precio final del producto en algunos mercados.

Aumento en la distribución de pollo

En cuanto a la carne de pollo, Siles indicó que las grandes industrias han elevado sus entregas entre un 10 y 12%. Desde el viernes, se han distribuido entre 16 y 20 toneladas diarias, en comparación con las 10 toneladas anteriores.

Se anticipa que esta mayor disponibilidad se reflejará en una baja de precios durante esta semana.

Preocupaciones por bloqueos

El viceministro también abordó las amenazas de bloqueos y expresó su preocupación por los efectos que estas medidas podrían tener en el abastecimiento. “El reclamo es que no hay alimentos a precio justo, pero ¿cómo lograr eso si van a bloquear? Deberían ayudarnos a que haya más flujo de alimentos”, cuestionó.

Además, señaló que el solo anuncio de movilizaciones ya genera impactos negativos en la estabilidad del mercado. “Solo el anuncio de bloqueos ya produce especulación”, concluyó.

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El Gobierno ha acusado a los seguidores de Morales de intentar boicotear el proceso electoral. Al mismo tiempo, los transportistas han planeado un paro programado para el 3 de junio de 2025, debido a la escasez de combustible en el país.

Inscripción de Morales como candidato

Los seguidores de Morales están intentando lograr su inscripción como candidato a la presidencia con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). Sin embargo, este partido ha perdido su personalidad jurídica y ha fenecido el plazo para el registro de postulantes para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.

Exigencias de los transportistas

Por su parte, los transportistas y el denominado Comité están exigiendo la normalización en la dotación de carburantes. En este contexto, Russo hizo un llamado a “deponer cualquier tipo de acción que vaya a incrementar la situación” de violencia en el país.

Presencia policial en manifestaciones

“Donde haya un bloqueo y una manifestación, va a estar la Policía, para garantizar, mantener y establecer el orden público, para que las actividades, reitero, de nuestra sociedad boliviana, sean lo más tranquilas posibles”, afirmó Russo.

Impedimento constitucional de Morales

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó que Morales está impedido constitucionalmente de postularse. En una reciente operación, se detuvieron a 26 evistas que portaban explosivos y Bs 23,900, presuntamente destinados a pagar a los manifestantes.

Heridos en las protestas

Las protestas de los seguidores de Morales, que tuvieron lugar el miércoles y jueves, dejaron un saldo de diez policías heridos. “Han sido atendidos alrededor de diez policías en las dos jornadas pasadas en el hospital de la Policía Boliviana”, reclamó Russo.

La mayoría de los heridos son policontusos debido a objetos contundentes y al uso abusivo e indiscriminado de explosivos como dinamita y petardos en contra de los servidores públicos policiales.

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La implementación de este decreto busca asegurar la materia prima necesaria para nueve plantas de industrialización distribuidas a nivel nacional. Se prevé que durante los próximos cinco años se realice una inversión de 350 millones de bolivianos en este sector.

Abastecimiento para la industria

El decreto no solo garantiza el consumo familiar, sino que también asegura la materia prima para las plantas industriales. En la zona Norte se encuentran la planta de copio, transformación y almacenamiento de Ixiamas, así como el complejo industrial de San Andrés de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Esta última requiere 20 mil toneladas de maíz y 62 mil toneladas de arroz.

En la región del Chaco, están ubicadas la planta de almacenamiento y transformación de grano en Yacuiba y la planta en Cabezas, que necesitan 54 mil toneladas de maíz. En la zona centro, se encuentran las plantas de Ivirgarzama, Cuatro Cañadas, San Julián, el centro de acopio de San Pedro y el ingenio arrocero Yapacaní, que requieren 194 mil toneladas de maíz y 16 mil toneladas de arroz al año.

Requerimientos de la industria

Con este programa, se espera cubrir las 268 mil toneladas anuales que necesita la industria implementada por el gobierno. Además, se atenderán las 78 mil toneladas de arroz que requieren estas plantas industriales para su acopio y abastecimiento a nivel nacional.

Flores Lazo destacó que “no tenemos desabastecimiento a nivel nacional”. Sin embargo, también mencionó que hay especulación en los precios del arroz. Los productores venden el mejor arroz entre 400 y 420 bolivianos, pero algunos comerciantes lo ofrecen a precios superiores, alcanzando entre 500 y 550 bolivianos. Esta situación ha generado preocupación en el gobierno debido al aprovechamiento por parte de ciertos comerciantes.

Situación del aceite

En relación al aceite, se ha habilitado la exportación de 250 mil toneladas debido a un aumento en la producción. Se estima que solo el 30% del aceite refinado se destina al consumo interno, mientras que el resto se exporta. Los industriales han indicado que entregan a los comercializadores litros de aceite a precios que rondan los 13 bolivianos, mientras que estos lo venden a precios que superan los 20 bolivianos.

La industria aceitera comenzará a operar en junio y se espera que esta medida regule los precios internos. El ministro afirmó: “nosotros queremos un precio justo, un precio aceptable para el pueblo boliviano”. Además, se están realizando controles para evitar abusos tanto en el precio del arroz como en el del aceite.

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Los datos obtenidos serán enviados a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para su análisis. Velázquez explicó que, según el código tributario, la exportación agravada se considera un delito. Transportar mercancías a través de pasos ilegales está penado con una condena de hasta 14 años de cárcel.

En relación con este delito, ya hay tres personas que se encuentran bajo detención preventiva en el penal de San Pedro. Además, otra persona está cumpliendo su condena con detención domiciliaria. Esta situación resalta la seriedad con la que el Gobierno boliviano está abordando el contrabando.

Investigaciones en curso

Asimismo, se están llevando a cabo investigaciones sobre otras cinco personas que están involucradas en el contrabando a la inversa de carne de cerdo. Esta información fue divulgada a través de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Defensa.

Todo esto ocurre en un contexto de crisis económica en Bolivia, donde los precios de los alimentos y otros artículos continúan en aumento. La identificación de estos clanes familiares es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para frenar actividades ilícitas que afectan la economía y el bienestar social de la población.

Impacto en la economía

La lucha contra el contrabando se ha intensificado en Bolivia debido a su impacto negativo en los mercados locales. Estas actividades ilegales no solo afectan la economía, sino que también influyen en la disponibilidad de productos básicos para los ciudadanos.

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Rechazo de proyecto anterior

Mamani recordó que el pasado 24 de abril de 2025, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley anterior que proponía la ampliación del fondo Pro Leche. Según explicó, esta negativa se debió a la influencia política de algunos asambleístas. A pesar de este revés, el Gobierno está impulsando ahora una nueva propuesta que pretende consolidar el desarrollo del complejo productivo lácteo con un financiamiento garantizado por 15 años.

Enfoque integral del nuevo proyecto

El nuevo proyecto establece un enfoque integral para transformar el complejo productivo lácteo. Se pone especial énfasis en la producción primaria, la transformación de la leche y la diversificación de sus productos. El fondo estará destinado principalmente a apoyar al sector primario y se enfocará en fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Nuevas fuentes de financiamiento

Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa, se contemplan nuevas fuentes de financiamiento. Estas no solo provendrán de las retenciones sobre bebidas alcohólicas, sino también de multas por sanciones y de eventuales donaciones, tanto internas como externas.

Además, se definió la distribución de los recursos: un 63% será destinado al fortalecimiento de la producción primaria, un 9% a la transformación y comercialización de la leche, un 12% a la promoción del consumo de leche y derivados, y un 7% a la capacitación, asistencia técnica e investigación.

Clarificación sobre impuestos

Mamani aclaró que este proyecto no implica la creación de nuevos impuestos. Indicó que se trata de retenciones aplicadas a sectores específicos y pidió a la población que no se deje influenciar por la especulación de precios.

Producción y contrabando

El ministro también afirmó que el país cuenta con suficiente producción de leche. Sin embargo, reconoció que el contrabando de productos lácteos y cárnicos está afectando los precios internos. En respuesta a esta situación, aseguró que el Gobierno está intensificando los controles para frenar este problema y proteger la economía de las familias bolivianas.

Solicitud de aprobación rápida

Finalmente, en relación al tiempo estimado para la aprobación del proyecto, Mamani hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Solicitó que se acelere el tratamiento de la norma, de modo que el sector lechero pueda beneficiarse de manera inmediata.

LDVY

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El gobierno de Bolivia anunció este lunes que ha detectado irregularidades en la cadena de exportación de carne bovina. Además, se han implementado nuevas medidas para fortalecer el control del contrabando, en un contexto marcado por altos precios internos del producto y tensiones con el sector ganadero.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, declaró: “Estamos haciendo un seguimiento con Aduana, Senasag y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Hemos visto inseguridades y estamos a punto de descubrir algunas cosas que se han hecho”.

Flores subrayó que el Ejecutivo mantendrá su política de priorizar el abastecimiento del mercado interno a un precio justo. Cuestionó el hecho de que el precio de la carne siga siendo elevado a pesar de las mejoras en las condiciones de producción, como el acceso a forraje y combustible. “No entendemos por qué se mantiene el precio elevado cuando las condiciones han mejorado”, afirmó Flores.

Desacuerdos en el sector ganadero

El ministro también mencionó que existen desacuerdos persistentes entre productores, frigoríficos y comercializadores. Estos conflictos han impedido establecer un precio de referencia para el kilo gancho. Aunque no proporcionó una cifra actual, recordó que en declaraciones anteriores había sugerido un rango de 28 a 29 bolivianos por kilo.

El gobierno ha acusado a algunos ganaderos de intentar alinear los precios del kilo en pie con la cotización del dólar o con los valores de países vecinos. Según Flores, esto es injustificable debido a la existencia de subsidios e incentivos estatales. “No vamos a permitir que se nivele el precio con otros países”, advirtió el ministro.

Modernización en el control

En relación a la lucha contra el contrabando, el ministro informó que se han registrado agresiones a oficiales de control. Además, se han modernizado los mecanismos de seguimiento. “Ahora todo es digital. El sistema de guías fue reformado e incorporamos GPS para rastrear el transporte de ganado y carne”, detalló el Ministerio.

Flores también responsabilizó a sectores de la oposición por la falta de divisas en el mercado. Señaló que “más de 1.800 millones de dólares están durmiendo en la Asamblea” debido a la no aprobación de créditos internacionales. “Eso ha sido un sabotaje político y económico”, denunció Flores.

Convocatorias a reuniones

El gobierno continúa convocando reuniones con actores de la cadena cárnica. El objetivo es buscar consensos que permitan estabilizar los precios al consumidor sin comprometer la producción nacional ni el abastecimiento local.

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Capacidad de financiamiento

Jiménez afirmó que el país mantiene una “capacidad robusta” para acceder a financiamiento internacional, con niveles de deuda controlados y dentro de estándares prudentes. La autoridad explicó que la relación deuda/PIB actual es considerablemente menor a la registrada en gestiones pasadas.

“En el gobierno del señor Tuto Quiroga, la deuda externa llegó al 55% del PIB. Hoy estamos en menos de la mitad de ese nivel”, comparó Jiménez.

Estabilidad macroeconómica

La viceministra recalcó que el tamaño actual de la economía permite sostener mayores compromisos financieros sin comprometer la estabilidad macroeconómica. También respondió a cuestionamientos del exmandatario y candidato presidencial, quien había denunciado una supuesta “falsedad” en los datos presupuestarios.

La viceministra aclaró que el presupuesto incluye previsiones de gasto sobre créditos aún no desembolsados, como el contrato con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la reposición de recursos por Covid-19 y un crédito de emergencia con la Corporación Andina de Fomento (CAF), ambos detenidos en la Asamblea Legislativa.

Créditos detenidos

“El país tiene capacidad de endeudarse más, y organismos como Japón, BID y CAF siguen confiando en Bolivia. Lo que nos frena no es la economía, es la política. Hay 1.849 millones de dólares en créditos detenidos por bloqueo legislativo”, denunció la autoridad.

Al ser consultada sobre alternativas ante la falta de aprobación de nuevos créditos, Jiménez aseguró que el Gobierno sigue cumpliendo con el servicio de la deuda, tanto externa como interna.

Gestión fiscal y ajustes

Destacó que la gestión fiscal incluye ajustes dinámicos frente al contexto nacional e internacional y reiteró que se busca reducir presiones como la subvención a los hidrocarburos mediante políticas de sustitución de importaciones.

“La capacidad de endeudamiento no se mide solo por cuánto debes, sino por cuánto puedes pagar y quién confía en prestarte. Y el mundo sigue confiando en Bolivia”, concluyó Jiménez.

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El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, detalló que entre enero y abril de 2024 la recaudación llegó a Bs13.031,6 millones y a abril de 2025 se elevó a Bs15.407,6 millones, con un crecimiento porcentual positivo del 18,2%.

“La economía no está paralizada, está activa —afirmó Cazón—, el Gobierno nacional aplica medidas para el control de precios, garantiza la estabilidad y el crecimiento con inversión pública, cuida el bolsillo de todos los bolivianos; estas condiciones económicas favorecen también el crecimiento de la recaudación tributaria; los contribuyentes pagan sus impuestos porque tienen ingresos”.

A este conjunto de medidas gubernamentales, se suman la exención total del IVA a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales, la creación de fondos para impulsar las exportaciones (Focax, Focaña y Fondo Startup), además del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre), entre otras medidas de impacto social.

Crecimiento por impuesto

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció de Bs3.680,1 millones (a abril 2024) a Bs4.218 millones (a abril 2025), con el incremento del 14,6%.

El cobro del Impuesto a las Transacciones creció el 12,2%, es decir que a abril de 2024 llegó a Bs2.213,8 millones y al mismo mes de 2025, a Bs2.484,3 millones.

La recaudación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) llegó a Bs4.113,5 millones (a abril 2024) y a Bs5.351,6 millones (a abril 2025), con el crecimiento del 30,1%.

El pago del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) se elevó de Bs707,1 millones (a abril 2024) a Bs867,2 millones (a abril 2025), con el incremento del 22,6%.

La recaudación del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) se elevó de Bs338,8 millones (a abril 2024) a Bs346,5 millones (a abril 2025), con el crecimiento del 2,3%.

Facilidades de Pago y Conceptos Varios (FP y CV) elevó su recaudación de Bs1.750,7 millones (a abril 2024) a Bs1.929, 4 millones (a abril 2025), con el incremento del 10,2%.

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Esta declaración se realizó después de que se presentó el reporte que analizó el caso y concluyó que la aprehensión de Camacho vulneró principios de igualdad y derechos humanos.

Reacción del Gobierno boliviano

El comunicado emitido por el Ministerio de Justicia señala: “En dicho marco y con tal explicación, Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada. Más aún cuando la misma opinión expresa que cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

La semana pasada se conoció el informe de este organismo internacional, que analizó el expediente del caso con las exposiciones de la defensa de la autoridad departamental y del gobierno. Este concluyó que la detención de Camacho fue arbitraria porque se vulneró el “principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.

Limitaciones del informe

La instancia del Estado también indicó que las recomendaciones del grupo no tienen carácter vinculante ni obligatorio, y no pueden sustituir los procedimientos judiciales internos. Además, no pueden ser considerados como informes de Estado y mucho menos como resoluciones o sentencias del sistema de protección de derechos humanos.

Los procesos instaurados contra Camacho están en pleno desarrollo, como el caso golpe I, que se encuentra en la etapa de juicio oral. Se espera la resolución que emitan las autoridades judiciales. Afirman que el acusado ejerce todas las medidas legales, incluyendo acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

Decisión de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha rechazado otorgar medidas cautelares solicitadas por la defensa del gobernador, al no existir evidencias sobre una detención arbitraria. Por lo tanto, decidió archivar el proceso.

El comunicado también menciona: “Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH han confirmado que los hechos ocurridos en el último trimestre de 2019 ocasionaron graves vulneraciones de derechos humanos, con un saldo de 37 fallecidos. Estos hechos fueron catalogados como masacres e incluyeron en su análisis y pronunciamiento los actos previos a la asunción inconstitucional del mando de la señora Jeanine Añez, identificando como protagonista al señor Camacho y otros líderes de la oposición política”.

Conclusiones del Grupo de Trabajo

El informe del Grupo de Trabajo indicó que la privación de libertad de Camacho contraviene 8 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consideró que el gobernador debe ser liberado inmediatamente y se le debe conceder el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación conforme al derecho internacional.

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Omar Rivera, presidente de la Federación Departamental de Juntas de Vecinos de Santa Cruz, expresó a EFE que “Santa Cruz y Bolivia viven días de angustia, de zozobra”. Aseguró que las familias están enfrentando dificultades para mantener sus hogares, ya que “no hay qué echarle a la olla”.

El dirigente consideró que lo que se está viviendo en Bolivia es un “desgobierno”. Ante esta situación “crítica”, anunció que su sector se unirá a todas las movilizaciones y marchas de la población boliviana, exigiendo al Gobierno “inmediatas soluciones”.

La angustia de la población

Rivera añadió: “La angustia es grande y el futuro es incierto, es por eso que salimos a las calles”. Durante la protesta, mujeres se manifestaron con cacerolas vacías en el centro de Santa Cruz, mientras que los hombres portaban la bandera boliviana.

Los manifestantes corearon: “¿Qué queremos?, ¡combustible!”. Esta demanda refleja la desesperación de la población ante la falta de recursos básicos.

Medidas del Gobierno

El Presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el miércoles 10 medidas para enfrentar la escasez de combustibles, que se atribuye a la falta de dólares para su importación. Estas medidas incluyen la implementación de un horario continuo laboral, la promoción del teletrabajo y la realización de clases virtuales, entre otras.

Arce reiteró la solicitud que su Gobierno ha estado haciendo en los últimos meses, pidiendo al Legislativo que apruebe créditos externos por más de 1.600 millones de dólares. Esto es necesario para devolver la liquidez de dólares a la economía boliviana.

Impacto de la escasez

La escasez de combustible se ha vuelto más evidente en los últimos días, con largas filas de vehículos que se forman a diario en las estaciones de servicio. Esta situación ha provocado nuevas protestas y amenazas de movilizaciones por parte de distintos sectores de la población.

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Confeagro advirtió que “esta subida de precios se debe a la falta de dólares que hasta el momento no tiene una solución efectiva”. Además, la confederación destacó que “el incremento desproporcionado en los precios de productos importados” ha generado un desequilibrio entre los ingresos de las familias y los nuevos costos de abastecimiento.

Costos de producción insostenibles

El sector también alertó sobre “el incremento de los costos de producción a niveles insostenibles para los productores y todos los integrantes de las cadenas de abastecimiento”. En este contexto, Confeagro considera que el Gobierno “se muestra indiferente” ante la crisis y urgió un “cambio de rumbo en el manejo de la economía”.

Indiferencia del Gobierno

Confeagro destacó que, a pesar de los reclamos planteados, “el Gobierno se muestra indiferente y lo pasa por alto”. Asimismo, advirtió que las autoridades imponen medidas que frenan la producción y exportación, poniendo en riesgo el abastecimiento futuro de varios productos.

Medidas a derogar

Como ejemplos concretos, mencionaron “las franjas de precio, restricción a las exportaciones y la Disposición Adicional Séptima”, solicitando su derogación inmediata. Finalmente, Confeagro pidió un cambio en el manejo económico donde se reconozca al sector agropecuario como pilar fundamental de la economía del país.

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Una de las conclusiones del Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue que el Gobierno debe proporcionar recursos económicos para asegurar el voto en el exterior.

En este contexto, las autoridades acordaron que la Asamblea Legislativa apruebe el Convenio de Préstamo Nº BV-C3. Este acuerdo se establece entre el Estado y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para financiar el Programa “Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19”.

Recursos asegurados por el Ejecutivo

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que el Ejecutivo ya ha asegurado los recursos necesarios para el proceso electoral. Sin embargo, enfatizó que la Asamblea Legislativa debe aprobar el crédito para fortalecer la organización del voto en el extranjero. “Las elecciones generales deben desarrollarse en el tiempo establecido”, agregó.

Reposición de gastos durante la pandemia

Este crédito corresponde a una reposición de gastos que asumió el Tesoro General del Estado durante la pandemia. Estos gastos incluyeron la compra de vacunas y el tratamiento de pacientes renales.

Rechazo y aprobación en el Senado

A pesar de su importancia, el financiamiento fue rechazado en el Senado en 2023. Posteriormente, fue aprobado en una sesión de la Asamblea Legislativa presidida por Andrónico Rodríguez, aunque esta aprobación fue anulada más tarde.

Presión del oficialismo y oposición

Desde el oficialismo han insistido en la necesidad de aprobar el crédito. Por otro lado, sectores de la oposición han expresado dudas sobre el destino de estos fondos y han cuestionado su vinculación con el proceso electoral.

“La voluntad política debe reflejarse en hechos concretos para garantizar un proceso eleccionario en 2025”, sostuvo Alcón.

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“Está llegando 60.000 toneladas, a partir de la tercera semana de diciembre, o sea, en los siguientes días estaría ya empezando a llegar para ponerlo a la venta como corresponde”, aseguró Alcón.

Medidas para el abastecimiento

La escasez de arroz en el mercado interno ha llevado al Gobierno a adoptar diversas medidas para garantizar que las familias bolivianas tengan acceso a este producto. Estas acciones se están llevando a cabo a través del Comité de Seguridad Alimentaria. Además, se están implementando estrategias para asegurar el aprovisionamiento normal de aceite, que incluyen un veto temporal a la exportación.

En una declaración reciente, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que hay un stock de más de 35.000 toneladas de aceite crudo que se destinará a la refinación en la industria oleaginosa. “Hay un tema de ocultamiento y de especulación, hay un tema de arroz, sin duda alguna se va a trabajar (…) Vamos a seguir trabajando con distintas políticas para que nuestra población y nuestras familias bolivianas puedan encontrar el producto como corresponde al precio justo también”, afirmó.

Control en los mercados

La viceministra Alcón también hizo un llamado a las autoridades municipales para que colaboren en las tareas de control en los centros de abasto. “Los municipios, por Constitución, tienen la responsabilidad de verificar y controlar la calidad y los precios. Ahí les hacemos un llamado a los municipios a poder trabajar y acompañar este proceso, velando siempre por las familias”, afirmó la viceministra.

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Extradición irreversible

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó: “La extradición del señor Dávila es un hecho irreversible y se va a dar. Estamos esperando que Estados Unidos disponga un avión para poder llevarse a esta persona, que está siendo buscada por la justicia de aquel país.”

Autorización del Tribunal Supremo

El 27 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia autorizó la extradición de Dávila de manera inmediata, en cumplimiento del tratado de extradición que existe entre Estados Unidos y Bolivia.

Cargos en Estados Unidos

Maximiliano Dávila enfrenta en territorio estadounidense serios cargos por asociación delictuosa para la importación de sustancias controladas y por manejo de armas relacionadas con el narcotráfico. Estos delitos podrían llevarlo a enfrentar una condena que va desde 20 años hasta cadena perpetua.

Vínculos con narcotráfico

La justicia estadounidense ha vinculado a Dávila con el exmayor de la Policía, Omar Rojas Echeverría, quien se encuentra detenido en Colombia y es señalado como el líder de una red internacional de narcotráfico.

Situación en Bolivia

En su país, el exjefe antidrogas también enfrenta procesos judiciales por legitimación de ganancias ilícitas y ha estado detenido en el penal de San Pedro desde enero de 2022. Fue aprehendido en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina.

Regreso a Bolivia

El ministro Del Castillo indicó que, una vez que Dávila sea extraditado y cumpla con una posible sentencia en Estados Unidos, deberá regresar a Bolivia para enfrentar los procesos judiciales que aún tiene pendientes.

Notificaciones sobre el traslado

Por su parte, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aclaró que hasta el momento no se han recibido notificaciones oficiales sobre el traslado de Dávila.

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Eduardo Del Castillo declaró: “Una vez que nos notifiquen al Ministerio de Gobierno y a la Dirección de Régimen Penitenciario, vamos a cumplir con las gestiones consulares en Estados Unidos y procederemos con la extradición conforme a norma”. Esto indica que el proceso de extradición se llevará a cabo de acuerdo con las normativas pertinentes.

Confirmación del TSJ

Marco Jaimes, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), confirmó la autorización de extradición. Sin embargo, mencionó que antes de proceder, se deben cumplir una serie de exigencias y formalidades legales que son requeridas por los peticionarios. Durante esta jornada, Dávila fue sometido a una revisión médica.

Según el ministro de Gobierno, Dávila tiene todas las condiciones necesarias para continuar con su detención preventiva en la cárcel de San Pedro o ser extraditado a Estados Unidos. La solicitud para la extradición del exjefe antidrogas llegó al TSJ a finales de septiembre, y en Estados Unidos, Dávila está acusado de asociación delictuosa por tráfico de sustancias controladas y por manejo de armas relacionadas con el narcotráfico.

Compromiso del gobierno

El ministro Del Castillo aseguró que, desde la administración del presidente Luis Arce, se dará cumplimiento a la determinación judicial que ordena la extradición. Este compromiso refleja la postura del gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico y el cumplimiento de las leyes internacionales.

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Montenegro ha señalado que la finalidad del decreto es garantizar el suministro de medicamentos, especialmente ante la especulación que ha afectado la importación de estos productos. Los medicamentos que se beneficiarán de esta medida incluyen anticoagulantes, antibióticos, corticoides, así como aquellos utilizados en tratamientos de terapia intensiva. También se incluyen electrodos, tensiómetros, oxímetros, repuestos de equipos de rayo X, catéteres, entre otros.

Medicamentos excluidos

La intención es que los medicamentos que no se producen en el país, ya sea a través de insumos o directamente con materia prima nacional, puedan aprovechar esta reducción de aranceles. Los criterios que se han utilizado para la aprobación del Decreto Supremo son claros: primero, se enfocan en medicamentos para enfermedades crónicas y terminales; segundo, se excluyen aquellas mercancías que ya se fabrican en el país; y tercero, no se consideran medicamentos que ya cuentan con una alícuota de gravedad en cero.

Reducción de alícuotas

Se han reducido las alícuotas que anteriormente estaban fijadas en 5%, 10% y 15% a cero. En total, son 28 subpartidas que se beneficiarán de esta disminución en el arancelario, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2025. “Con esta acción, el Gobierno nacional, a pesar de la dificultad fiscal que implica 2.200 millones de Bs., lo hace con el propósito de proteger la salud del pueblo boliviano y asegurar la estabilidad de estos precios en el mercado nacional”, expresó Montenegro.

Exclusiones específicas

El decreto también excluye mercancías como vacunas, algodón y vendas elásticas, que ya se producen en el país. Además, no incluye medicamentos destinados para tratamientos oncológicos o VIH-Sida, los cuales ya cuentan con una alícuota en cero.

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En un mensaje publicado en sus redes sociales, el expresidente de Bolivia solicitó una visita urgente a su país para que se verifiquen estas alegaciones. Además, pidió que se exijan medidas obligatorias contra los agentes estatales del actual Gobierno.

“Denuncio de manera urgente ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), que el Gobierno boliviano violó el derecho a la vida, integridad, seguridad, entre otros derechos de mi persona, así como de más de 106 hermanos dirigentes detenidos preventivamente de manera ilegal por ejercer el derecho a la libertad de expresión y protesta”, escribió Morales en sus redes sociales.

Acusaciones de atentados

El exmandatario también ha acusado recientemente al Gobierno de intentar atentar contra su vida en un tiroteo ocurrido el 27 de septiembre en el trópico de Cochabamba. Por otro lado, el ala “evista” ha denunciado que los detenidos por los bloqueos están siendo procesados de manera indebida y que se les ha obstaculizado la comunicación con sus abogados o el acceso a alimentos.

Tensiones políticas en aumento

En un contexto más amplio, las tensiones políticas en Bolivia han ido en aumento desde las elecciones generales del 2020, cuando Evo Morales se vio obligado a renunciar. Desde ese momento, diversos sectores han comenzado a protestar por lo que consideran abusos por parte del poder estatal.

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En el material audiovisual se muestran imágenes de los supuestos agentes involucrados, y se reafirma la versión de una balacera dirigida hacia Morales. El documental sostiene que “algunos de los integrantes del grupo serían extranjeros, lo que evidencia que fue un operativo entre la Policía, Fuerzas Armadas y la DEA estadounidense”.

Detalles del operativo

Además, se presentan imágenes de cámaras de seguridad que muestran que la delegación de Evo Morales contaba con 2 vehículos, mientras que el operativo en su contra disponía de 5 coches. Esto resalta la desproporción en el número de vehículos involucrados en el incidente.

También se exhibe un video grabado por la asistente de Morales, donde se observa al expresidente cambiando de vehículo. Este cambio se habría realizado porque el primer coche había sido alcanzado por disparos y tenía dañada una llanta. En el video, se muestra el momento en que el conductor del segundo vehículo señala que está sangrando.

Reacciones del exmandatario

El documental reafirma la versión de Morales sobre la balacera, que, según él, tenía la intención de acabar con su vida. Por su parte, el Gobierno sostiene que la balacera se produjo porque Morales intentó evadir un punto de control antidroga. En este contexto, se acusa al exmandatario de haber disparado contra los efectivos de seguridad.

Evo Morales ha pedido que se investigue este asunto y ha calificado de mentira la versión oficial que indica que él disparó. “¿Qué clase de Gobierno tenemos? ¿Qué clase de Presidente tenemos?”, cuestionó Morales, evidenciando su descontento con la situación actual.

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Las preguntas fueron enviadas el martes pasado y, según se ha filtrado, el TCP respondió el viernes rechazándolas debido a que no se siguió el procedimiento regular. De acuerdo con esta instancia, el Ejecutivo debía enviar las preguntas nuevamente al Tribunal Supremo Electoral y, solo después de completar esa etapa, someterlas a control constitucional.

Referéndum y elecciones judiciales no se realizarán el mismo día

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi afirmó durante el fin de semana que, debido a cuestiones de plazos, se descarta la realización del referéndum el mismo día de las elecciones judiciales, el 1 de diciembre. La autoridad recordó que el Ejecutivo tenía hasta este domingo para emitir un decreto supremo que convoque a la consulta. Finalmente, esto no ocurrió porque el TCP decidió observar la constitucionalidad de las tres preguntas enviadas por el presidente Arce.

El 6 de agosto, en su mensaje por el 199 aniversario de Bolivia, Arce propuso definir la redistribución de escaños parlamentarios, la reelección presidencial continua o discontinua y si se mantiene o no la subvención de los hidrocarburos en un referéndum que se realizaría junto con las elecciones judiciales del 1 de diciembre de este año.

Las preguntas vuelven al Tribunal Supremo Electoral

El 21 de agosto, el Gobierno envió las cuatro preguntas al TSE. Tres días después, el ente electoral las observó y una de ellas fue descartada. Después de que el TCP declarara improcedentes estas preguntas, hubo expertos que señalaron que las consultas debían regresar al TSE para una nueva revisión.

El principal argumento del TCP establecido en la resolución indica que “las preguntas de referendo que la autoridad consultante presenta ante este Tribunal no cuentan con un informe de evaluación técnica positivo aprobado mediante una resolución administrativa” por parte del TSE, según se concluye en la Declaración 0029/2024 del TCP.

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El diputado Pacifico Choque ha comentado que la propuesta de establecer una mesa de diálogo llega tarde. Según él, corresponde al Gobierno convocar al Pacto de Unidad movilizado para llegar a un acuerdo que solucione la situación actual.

Impacto del bloqueo de carreteras

Prada ha destacado que el país está sufriendo las consecuencias del bloqueo de carreteras, una medida que vulnera derechos fundamentales. Estos derechos incluyen el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos, al trabajo, al libre tránsito y a la paz. La situación ha creado un clima de tensión social y económica en diversas regiones del país.

Frustración entre sectores movilizados

Choque ha señalado que el Pacto de Unidad a nivel nacional ha presentado en varias ocasiones un pliego de petitorio que ha sido rechazado. Esta situación refleja una falta de comunicación efectiva entre las partes involucradas, así como una creciente frustración entre los sectores que están movilizados.

Importancia del diálogo

La ministra ha subrayado la relevancia del diálogo como una herramienta para resolver la crisis actual. Sin embargo, la postura del diputado sugiere que las oportunidades para alcanzar un consenso están disminuyendo rápidamente.

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La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) será la responsable de comercializar el kilo de pollo a un precio de Bs 16,50. Además, Emapa coordinará con los ganaderos del Beni para ofrecer carne de res a un costo de Bs 25,50. La distribución de estos productos comenzará el lunes en las ciudades de La Paz y El Alto.

Compromiso del Gobierno

Franklin Flores, quien es el gerente nacional de Emapa, afirmó que “el Presidente Luis Arce no va a dejar desabastecidas a las familias bolivianas”. Flores garantizó que se asegurarán los productos de la canasta familiar en todos los mercados que maneja el Estado boliviano. Además, se tomarán acciones urgentes para garantizar el abastecimiento en los mercados privados.

Incremento de oferta de productos

Flores también informó que Emapa incrementará su oferta de productos a través de sus supermercados en todo el país, con un enfoque particular en La Paz y El Alto. Las ferias móviles se llevarán a cabo de acuerdo con un cronograma establecido en ambas ciudades.

Acciones urgentes para las familias

“Estas y otras acciones de manera urgente permitirán que nuestras familias, que la gente pueda abastecerse”, aseguró Flores. También insistió en que las movilizaciones de los “evistas” son enteramente políticas y que las personas que bloquean buscan que el pueblo boliviano cargue sobre sus espaldas las acciones personales de Morales, además de buscar la impunidad.

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El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, hizo un llamado a los legisladores el jueves 12 de septiembre para que aprueben rápidamente esta norma. La propuesta establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes sean responsables de iniciar incendios en áreas protegidas.

El proyecto de ley sugiere que se impongan sanciones de hasta 12 años de cárcel a aquellos que inicien incendios en bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales. Además, se contemplan condenas de entre 5 y 7 años de prisión para quienes ordenen o se beneficien de la ejecución de un incendio forestal. Esta legislación implica una modificación al Código Penal vigente.

Incendios en el oriente boliviano

Bolivia enfrenta un grave problema de incendios forestales, especialmente en la región oriental del país. Una de las posibles causas de esta situación es la baja severidad de las sanciones impuestas a los responsables. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), hasta la fecha solo 4 personas han recibido sentencia condenatoria por provocar incendios forestales.

Desde el 1 de junio hasta el 9 de septiembre de 2024, el Ministerio Público ha registrado 117 procesos penales relacionados con el delito de incendios. Esta cifra resalta la urgencia de abordar el problema de manera efectiva y con mayor rigor.

Instrucciones del fiscal general

Ante esta alarmante situación, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha instruido que se dé celeridad y prioridad al procesamiento de los casos presentados para sancionar penalmente a los responsables de los incendios. El ministro Flores también ha exhortado a los legisladores a no obstaculizar la norma y a facilitar su pronta aprobación.

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Para lograr este objetivo, se planea regular la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, la cual busca establecer mecanismos de coordinación institucional para implementar políticas de desarrollo integral y seguridad en las fronteras. Esto permitirá fortalecer las capacidades estatales en el territorio fronterizo y evitar el comercio ilegal de alimentos destinados a las familias bolivianas.

Productos nacionales más económicos en Bolivia

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los productos nacionales son más económicos en Bolivia que en países vecinos. Esta diferencia de precios es aprovechada por comerciantes inescrupulosos para vender alimentos de forma ilegal fuera del país. El Gobierno busca poner fin a esta práctica y garantizar que los productos nacionales estén disponibles para los ciudadanos bolivianos a precios justos.

Acciones para contener el alza de precios y aumentar la disponibilidad de alimentos

El Gobierno nacional está implementando diversas acciones para contener el alza de precios y aumentar la disponibilidad de alimentos básicos como arroz y azúcar. La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos activará su servicio móvil “Emapa móvil” para vender productos de la canasta familiar en la feria “Del Campo a la Olla” y realizar controles en puntos estratégicos.

Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria

El Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria cuenta con la participación activa de varios viceministerios, incluyendo Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Comercio y Logística Interna, Lucha Contra el Contrabando, y Desarrollo Rural y Agropecuario. Estas entidades trabajan en conjunto para garantizar la seguridad alimentaria del país y proteger los intereses de los consumidores bolivianos.

El Gobierno boliviano está comprometido en combatir el contrabando de alimentos y garantizar que los productos nacionales estén disponibles para los ciudadanos a precios justos. Con la implementación de medidas de control y regulación, se espera frenar el comercio ilegal y proteger la economía del país.

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En el marco de un gabinete social, se discutió el control de divisas propuesto por el Pacto de Unidad, así como la necesidad de una cumbre económica y política para abordar la situación. Sin embargo, Loza critica que estas reuniones no han tenido en cuenta a toda la población boliviana ni han abordado adecuadamente los problemas económicos del país.

Medidas gubernamentales no resuelven los problemas económicos

Loza enfatiza que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido efectivas para resolver los problemas económicos, especialmente en lo referente a la situación de los carburantes.

Además, señala que las acciones gubernamentales han fracasado, lo que ha llevado a algunos sectores a plantear bloqueos como medida de presión. A pesar de respetar esa postura, advierte sobre el riesgo de empeorar la situación si no se toman medidas urgentes y se escucha al pueblo.

Repuesta del “arcismo”

Por otro lado, Grober García, dirigente del MAS “arcista”, destaca que las medidas implementadas tras el mensaje presidencial han contribuido a reducir la especulación y brindar tranquilidad a la población boliviana. También resalta la importancia de consumir productos nacionales y utilizar la moneda local para fortalecer la economía interna.

Tensiones y desafíos en el contexto político actual de Bolivia

En el contexto político actual de Bolivia, estas declaraciones reflejan las tensiones y desafíos que enfrenta el Gobierno en medio de una crisis económica. La aparente falta de consenso y planificación estratégica para abordar los problemas económicos ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sectores afines al oficialismo.

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En una reciente publicación en su cuenta de la red social X, el excandidato presidencial Samuel Doria Medina ha respondido a las acusaciones del gobierno. Él asegura que la escasez de dólares no es resultado de sus videos, que comenzaron a difundirse recientemente, sino de la mala gestión del gobierno. Doria Medina responsabiliza al gobierno de un modelo económico lleno de corrupción y “elefantes blancos”.

La falta de dólares y la crisis inminente en Bolivia

Doria Medina enfatiza que la falta de dólares comenzó en febrero de 2023 y atribuye la problemática actual a una mala administración que ha “farreado” la riqueza del país. Según el empresario, la crítica del gobierno hacia su contenido en redes sociales es un intento de desviar la atención de la crisis inminente que enfrenta Bolivia.

Responsabilidad del gobierno y el futuro de Bolivia

El empresario ratifica su posición de que es responsabilidad del gobierno crear condiciones adecuadas para el trabajo y la economía del país. Desestima las acusaciones sobre su contenido digital como “falsas”. Doria Medina afirma que los ciudadanos no entregarán dólares, sino que darán fin a las gestiones del gobierno con “tickets de salida en 2025”.

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Estas declaraciones se han realizado en respuesta a afirmaciones de un exmiembro del Movimiento Sin Miedo y Sol.bo, quien había mencionado una presunta planificación de devaluación por parte del Banco Central de Bolivia.

Estabilidad del tipo de cambio desde 2011

Es importante destacar que el tipo de cambio se ha mantenido constante desde 2011, con un valor de Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra. La última modificación ocurrió el 2 de noviembre de 2011. Sin embargo, en algunas localidades se ha observado una fluctuación entre los Bs 8 y 10 en el mercado paralelo.

Disparidad entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo

A pesar de las cifras oficiales mantenidas por el Gobierno boliviano, el mercado paralelo ha mostrado un aumento significativo en el valor del dólar en los últimos meses. Esta diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado informal genera incertidumbre entre la población en cuanto a la estabilidad económica del país.

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Estos convenios permitirán la entrega de paquetes tecnológicos, la construcción de sistemas de riego y canales de drenaje, así como la capacitación y asistencia técnica a los productores. Además, se buscará facilitar la comercialización y el acceso a mercados internos y de exportación, con el objetivo de incrementar la calidad de la producción por hectárea y generar mayores ingresos económicos para los agricultores y sus familias.

Compromiso con el desarrollo económico y social

El Ministro Condori destacó que estos acuerdos ratifican el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sector agropecuario. Se espera que estas acciones contribuyan significativamente al desarrollo económico y social de las regiones beneficiadas, generando empleo y mejorando las condiciones de vida de los habitantes locales. Asimismo, se resaltó la importancia de promover la sostenibilidad ambiental en las prácticas agrícolas implementadas.

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El Gobierno ha tomado una postura firme ante las amenazas de movilizaciones por parte de sectores “evistas” en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. La ministra Prada ha señalado que Morales está dispuesto a bloquear la economía y a convulsionar el país para imponer su candidatura.

La ambición de poder de Morales pone en riesgo los avances del Gobierno

La ministra Prada ha destacado que la ambición de poder de Morales está poniendo en riesgo todo lo que el Gobierno ha construido para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Además, acuso´´ al expresidente de ofrecer cargos a nivel nacional de manera inconstitucional y de intentar descabezar al órgano judicial.

Bloqueos y asfixia a la economía boliviana

Prada denuncio´´ que los bloqueos planificados por Morales son un golpe a la economía boliviana, ya que buscan desabastecer de combustibles y alimentos a las familias. La ministra ha enfatizado que Morales está generando un escenario de crisis estructural en el país con el objetivo de cortar el mandato del actual presidente y otras autoridades electas.

Gobierno llama al diálogo y al consenso

La autoridad gubernamental aseguro´´ que el Gobierno no permitirá el desarrollo de los supuestos planes de Morales, pero que está dispuesto a dialogar y resolver los problemas a través del consenso.

Prada insto´´ a Morales a dejar gobernar al presidente y a todas las autoridades democráticamente electas y a cesar la organización de bloqueos que perjudican la economía del pueblo.

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La decisión fue tomada después de una reunión que duró más de tres horas y contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, representantes de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Durante el encuentro, el Presidente Luis Arce escuchó las demandas de los transportistas y se lograron avances significativos.

Compromiso de no ejercer medidas de presión

El ministro Montaño destacó que todos los documentos sobre los avances logrados en Cochabamba son válidos y aseguró que no habrá presiones durante el periodo acordado. Además, se confirmó que no existen filas en los surtidores debido a la llegada de más de 7,5 millones de litros de diésel al país.

El dirigente Héctor Mercado informó que el Gobierno ha solicitado más tiempo para resolver los problemas planteados por los transportistas. Aunque se descarta un bloqueo para este lunes 17 de junio, se mantiene el estado de emergencia. Durante las negociaciones se abordaron temas clave como el suministro de diésel y gasolina, la situación de Diprove, los impuestos y la Aduana Nacional.

Tregua para mantener la normalidad en el suministro de combustible

La suspensión del bloqueo nacional permitirá mantener la normalidad en el suministro de combustible y evitar posibles afectaciones a la economía local, según datos proporcionados por las autoridades competentes. Esta tregua brindará un espacio adecuado para abordar las demandas planteadas por los transportistas y encontrar soluciones consensuadas en el sector del transporte en Bolivia.

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Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos eliminó a Cuba de una lista unilateral y arbitraria de países que, según Washington, no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. Según se informó, las circunstancias para la certificación de Cuba como “país no cooperante total” cambiaron de 2022 a 2023. El canciller cubano ha señalado que esta decisión demuestra que Estados Unidos reconoce que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo.

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales y opiniones divididas en la comunidad internacional

La exclusión de Cuba de la lista estadounidense se espera que fortalezca las relaciones bilaterales entre ambos países. Sin embargo, esta decisión también ha generado opiniones divididas en la comunidad internacional en cuanto a la transparencia y objetividad en la evaluación del compromiso antiterrorista por parte de Estados Unidos.

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Como parte de estas acciones, se realizarán verificaciones y controles en el mercado abierto para evitar procesos especulativos o incrementos desmedidos en los precios de los medicamentos. El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el Servicio Departamental de Salud y la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud reforzarán dichos controles.

Según Silva, el 85% de los medicamentos demandados en Bolivia son producidos por laboratorios nacionales. Además, aseguró que cualquier incremento en los precios de estos productos no supera el 1% en la estructura de costos. Por lo tanto, se garantiza el abastecimiento de medicamentos en el país.

Medidas para asegurar el suministro de medicamentos

El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha instruido a la banca priorizar las transferencias y entrega de dólares a las industrias farmacéuticas para la compra de insumos. Esta medida busca solucionar los problemas de acceso a divisas extranjeras que enfrenta el sector farmacéutico en Bolivia.

Colaboración entre el Estado y la industria farmacéutica

El viceministro Siles destacó la colaboración entre el Estado y las empresas e industrias farmacéuticas bolivianas para garantizar el suministro de medicamentos en todo el país. Se busca evitar cualquier problema de desabastecimiento y asegurar que la población tenga acceso a los medicamentos necesarios.

Control de precios y prevención de incrementos desmedidos

Con el objetivo de evitar incrementos desmedidos en los precios de los medicamentos, se realizarán controles en el mercado abierto. Estas medidas buscan prevenir procesos especulativos y garantizar que los medicamentos estén disponibles a precios justos para la población boliviana.

Garantía de abastecimiento de medicamentos

El viceministro Silva reiteró que el abastecimiento de medicamentos en Bolivia está garantizado, ya que el 85% de los medicamentos demandados son producidos por laboratorios nacionales. Cualquier incremento en los precios de estos productos no afecta significativamente la estructura de costos, por lo que la población puede tener la tranquilidad de contar con los medicamentos necesarios.

/ WBMC

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Los principales requisitos de la convocatoria son el cumplimiento del modelo de negocios boliviano sobre los recursos naturales, el respeto a las comunidades y pueblos campesinos donde se desarrollarán actividades, así como al medioambiente y a la Madre Tierra.

Segunda convocatoria internacional

En enero de este año, YLB lanzó la segunda convocatoria internacional para nuevos proyectos de recursos evaporíticos en siete salares, incluyendo Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa. Esta iniciativa responde al interés mostrado por numerosas empresas internacionales en participar en la industrialización de los recursos naturales de Bolivia.

Apertura a la inversión extranjera

El inicio de la participación internacional refleja una nueva estrategia gubernamental para potenciar la industria del litio en el país andino. En abril de 2021, YLB lanzó la primera convocatoria que culminó con acuerdos con empresas chinas y rusas para la construcción de plantas de carbonato de litio. Este paso marcó un hito en la apertura hacia la inversión extranjera en el sector del litio en Bolivia.

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Acciones de oposición para desestabilizar las elecciones

La Cancillería del Estado expresó su preocupación por las acciones de algunas organizaciones de oposición que buscan desestabilizar las elecciones y el sistema político venezolano. Estas acciones podrían afectar la democracia y la estabilidad del país.

Solicitud de respeto a la autodeterminación de Venezuela

La Cancillería del Estado de Bolivia hizo un llamado al gobierno estadounidense para que respete la autodeterminación de Venezuela y deje de intervenir en sus asuntos internos. Instaron a abandonar los planes injerencistas y permitir que Venezuela siga avanzando hacia su independencia definitiva.

Requisitos del Acuerdo de Barbados

A finales del año pasado, Estados Unidos suavizó las sanciones sobre Venezuela con la condición de que se cumpliera con el Acuerdo de Barbados, el cual establece una ruta para unas elecciones democráticas. Este acuerdo es fundamental para garantizar un proceso electoral transparente y justo.

Dificultades en la postulación de candidatos opositores

Recientemente, se ha conocido que plataformas de oposición en Venezuela han enfrentado dificultades para postular a un candidato. Los gobiernos de Brasil y Colombia, aliados del país venezolano, expresaron su preocupación por esta situación. El gobierno de EE.UU. también ha instado al presidente Nicolás Maduro a permitir la participación de todos los candidatos opositores que deseen postularse.

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La abogada Pérez explicó que el pedido boliviano incluye delitos de conducta antieconómica y otros de contenido patrimonial, excluyendo los delitos de terrorismo imputados anteriormente en Bolivia. Según Pérez, los delitos imputados deben ser similares a la legislación del país requerido para proceder con la extradición.

Situación actual de López

El exministro ingresó a Paraguay en julio de 2023 desde Brasil, donde tenía estatus de refugiado político. Actualmente, cuenta con un estatus de refugiado político provisional en Paraguay, permitiéndole llevar una vida normal en el país.

Proceso de extradición

La solicitud de extradición llegó a Paraguay a fines de enero de 2024, pero la Fiscalía paraguaya solicitó una orden de detención sin conocer la condición de refugiado político de López. Esto llevó a revocar la orden de aprehensión y suspender los trámites de extradición.

Intenciones de López

Consultada sobre si López tiene la intención de volver a Bolivia, la abogada Pérez mencionó que podría hacerlo si existen garantías y condiciones favorables, pero actualmente no hay garantías para su vida ni su integridad física.

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Prada calificó las acusaciones como una arremetida internacional por parte de Morales y rechazó que el Gobierno haya obstaculizado su viaje. En respuesta al expresidente, la ministra señaló que se utilizan mentiras para atacar al Gobierno y posicionar a Bolivia como un país de traidores en el ámbito internacional.

Negación del impedimento de viaje

Según declaraciones de Morales, el Gobierno habría evitado su viaje a Foz do Iguazú, lo cual fue negado por la ministra Prada y aclaró que no se ha impedido en ningún momento que Evo Morales pueda realizar este viaje y cuestionó al expresidente por faltar a la verdad por sus intereses personales. Prada también destacó que acudió al evento en lugar del presidente Arce, quien fue invitado originalmente.

Llamado a no subestimar la inteligencia del pueblo boliviano

La ministra enfatizó que es un error subestimar la inteligencia del pueblo boliviano, ya que este comprende lo que sucede detrás de los ataques a la gestión del Gobierno. Prada salió a hacer la aclaración para evitar que se posicione una mentira con fines políticos y ambiciones de poder.

Además aseguró haber pasado tiempo hablando con los compañeros de base durante el evento, buscando contrarrestar las acusaciones vertidas por Morales y defender la imagen del Gobierno boliviano ante la comunidad internacional.

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En un comunicado emitido por redes sociales, el Ministerio precisó que esta medida se tomó para precautelar la sostenibilidad financiera del país, mediante un manejo eficiente de los bienes del Estado y los recursos públicos.

Ajustes en empresas estatales para reducir gastos

Es por eso que se dispuso que las empresas estatales deberán ajustar sus viáticos, servicios de consumo, publicidad y vehículos; también deberán sustituir los servicios de imprenta por publicaciones de cualquier índole en sus páginas web.

Además, las entidades públicas deberán cumplir con el Decreto Supremo 27327, que establece que los vehículos oficiales son exclusivamente para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades para ahorrar combustible. De igual forma, el decreto establece que la compra o alquiler de bienes debe hacerse solo en caso de extrema necesidad tras un análisis y que el servicio de telefonía celular queda limitado a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico de la Administración Central.

Senador radical del MAS expresa preocupación por la crisis económica

Al respecto, el senador radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, manifestó que el país está mal económicamente y que la población pronto sentirá la crisis. Es por eso que los políticos deben dar señales de austeridad. “Hay que rebajarnos los salarios, hay que reducir los privilegios de las autoridades designadas y hay que darle más prioridad a nuestro pueblo. El Senado también tiene que acatar porque no se puede mirar desde arriba cómo el pueblo sufre por culpa del Gobierno”, declaró el legislador.

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“Ya no vamos a tener nuestro pasaporte, en el mejor de los casos, en 48 horas; ahora lo tendremos en tan solo una hora”, declaró Del Castillo en conferencia de prensa desde Santa Cruz. Destacó que el nuevo sistema digital fue elaborado por funcionarios profesionales bolivianos y no requirió una inversión económica particular.

Trámites disponibles desde el lunes 15 de enero

El Ministerio de Gobierno informó además que los trámites se realizarán a partir del lunes 15 de enero en la página: tramites.migraciones.gob.bo/ventanillavirtual.

Fila y burocracia serán cosa del pasado

Del Castillo apuntó a terminar con las largas filas y la burocracia asociada al proceso de obtención del pasaporte. Desde sacar una ficha para la atención hasta finalmente obtener el documento, puede demorar hasta 15 días.

Gobierno busca mejorar calidad de vida

“Estamos presentando el nuevo Estado digital número 9, lo cual significa que ya tenemos experiencia con otros ocho Estados digitales que ya están en funcionamiento y con los cuales hemos logrado mejorar la vida de las personas en todo Bolivia”, señaló Del Castillo.

Proyecciones para emisión de pasaportes

Sin embargo, indicó que la demanda de pasaportes fue de 160.000 en 2023. Para este año (2024), el Gobierno proyecta emitir 193.000 documentos y para el bicentenario (2025) se prevé superar los 223.000 pasaportes.

Transformación de la Dirección General de Migración

“Los tramitadores van a tener que buscar ahora otro buen oficio, porque estamos transformando la Dirección General de Migración”, afirmó Del Castillo en referencia a la reducción de tiempos y filas en los trámites estatales.

En la actualidad, los pasaportes se imprimen en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Del Castillo adelantó que para 2024 se busca equipar a los nueve departamentos del país para que puedan realizar la impresión.

Según el Ministerio de Gobierno, el sistema ED-9 permitirá reducir errores humanos en búsquedas, consultas, bases de datos y otros aspectos relacionados con la emisión de documentos.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se superó la meta establecida para la erradicación y también se obtuvieron mejores resultados que en los últimos cuatro años.

Cifras que demuestran el éxito

Sostuvo que estos resultados superan en un 12% a los obtenidos en 2019, un 372% a los obtenidos en 2020, un 9% a los resultados de 2021 y un 0,4 % a los resultados de 2022.

Detalles sobre la erradicación

Del Castillo detalló que desde el 26 de enero al 18 de diciembre del año pasado se logró erradicar: -1.136 hectáreas en La Paz -7.636 hectáreas en Cochabamba -1.482 hectáreas en Santa Cruz -48 hectáreas en Beni.

Erradicación dentro áreas protegidas

Hizo referencia al trabajo realizado dentro las áreas protegidas del país y señaló que realizaron trabajos específicos dentro cuatro áreas:

-Parque nacional Carrasco: Erradicaron 709 hectáreas. -Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis): 172 hectáreas. -Parque nacional Amboró: 444 hectáreas. -Reserva Forestal el Choré: 2.000 hectáreas.

Recuperación de bosques

Agregó que más de 3.335 hectáreas de bosques se han logrado “recuperar” que fueron talados para cultivar la hoja de coca.

Bolivia destaca en comparación con otros países productores

Del Castillo también hizo un análisis de otros países productores de hoja de coca en la región como Colombia y Perú y señaló que Bolivia logró una disminución neta del 2 %, sin generar violencia.

Objetivo: áreas protegidas libres de coca

En cuanto a las áreas protegidas, el objetivo del Gobierno boliviano para este año es erradicar la hoja de coca y hacerlas “libres” de este cultivo milenario.

Solicitud a la OMS

Otro objetivo es sacar a la hoja de coca de la lista de drogas estupefacientes. Por esto, Bolivia pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una “revisión crítica”de sus propiedades.

Día Nacional del Acullico

Hoy se conmemora en Bolivia el Día Nacional del Acullico o masticado de la hoja de coca, en el que se organizaron varios eventos para exhibir productos hechos a base de esta hoja milenaria.

Uso tradicional y desvío al narcotráfico

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución por sus usos tradicionales, medicinales y culturales. Sin embargo, una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.

Ley que amplió el cultivo legal

En 2017, Evo Morales promulgó una ley que amplió la superficie legal para cultivar hojas de coca en el país, pasando de 12.000 a 22.000 hectáreas.

Cultivos disminuyen según informe

Según un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), los cultivos disminuyeron un 2 % en Bolivia, pasando de 30.500 hectáreas registradas en 2021 a 29.900 hectáreas en 2022.

Fuente: EFE

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Lacoa explicó que no existen razones para un incremento inusitado en el precio del trigo en el mercado interno. En comparación con cifras internacionales, mientras que el año pasado una tonelada de trigo se cotizaba a 395 dólares en la Bolsa de Rosario, hoy su valor es de $248. A nivel local, la oferta anual asciende a 831.000 toneladas frente a un consumo estimado en 819.000 toneladas.

Acciones gubernamentales fortalecen al sector campesino

Además, resaltó las acciones gubernamentales para fortalecer al sector campesino como la dotación de fertilizantes como urea, asistencia técnica y semillas certificadas. A través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), se adquiere producción nacional a precios superiores al mercado: “A inicios de esta gestión, el mercado cotizaba a $us 375 la tonelada y nosotros comprábamos a $us 415”, afirmó Lacoa.

Oferta regular para abastecer al sector panificador

Este apoyo ha permitido mantener una oferta regular para abastecer al sector panificador con un stock suficiente para producir más dos millones quintales harina. En contraste con los datos del año pasado cuando se entregaron 1,8 millones quintales.

No habrá desabastecimiento ni encarecimiento de la harina

En relación con las recientes medidas económicas en Argentina, el viceministro desestimó las especulaciones sobre un posible desabastecimiento o encarecimiento de la harina. Recordó que hace un año, la harina argentina se cotizaba entre Bs 240 y Bs 250 el quintal y ahora está entre Bs 210 y Bs 220.

Razones cuestionables para incremento del precio del pan

Finalmente, Lacoa cuestionó las razones para un incremento del precio del pan: “Si hace un año no había razones para incrementar el precio del pan porque los costos de producción no subieron, ¿por qué razones subiría el precio en esta gestión?”. Con estas declaraciones, reafirma la postura gubernamental de garantizar tanto el abastecimiento como la estabilidad de precios en beneficio de los consumidores bolivianos.

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Julio César Apaza Tintaya, líder cocalero en los Yungas de La Paz, se encuentra actualmente detenido en un centro penitenciario. Según Rek, Apaza tiene 15 denuncias que han sido ignoradas por organismos internacionales. A pesar de esto, la alianza política a la que pertenece Rek insiste en su demanda para que se activen mecanismos internacionales de protección y se conceda tutela para preservar su vida.

Falta respuesta favorable por parte del organismo internacional

El pasado 21 de febrero del año 2023, Centa Lothy Rek López solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del señor Apaza. Aunque cumplió con todos los requisitos necesarios para su otorgamiento y remitió más de 18 notas con información adicional, hasta el día hoy no ha obtenido respuesta favorable por parte del organismo internacional.

Daños irreparables a nivel físico y mental

Rek describió la situación actual del señor Apaza como alarmante. Cuando ingresó al centro penitenciario estaba fuerte y saludable, pero las reiteradas torturas a las que ha sido sometido le han causado daños irreparables tanto físicos como mentales. La senadora también acusó a la justicia boliviana de ser cómplice de los malos tratos hacia Apaza, ya que depende del poder político.

Llamado a la comunidad internacional

La denuncia fue dirigida a varios organismos internacionales, incluyendo la OEA, la CIDH, la UE y Human Rights Watch (HRW). Rek concluyó su declaración con un llamado a la comunidad internacional para que activen sus mecanismos de protección y exijan al Gobierno boliviano que cese las violaciones graves en perjuicio del líder cocalero.

Desafío constante para los defensores de derechos humanos

Esta situación pone en evidencia el desafío constante que enfrentan los defensores de derechos humanos en Bolivia y otros países donde el estado de derecho es frágil. Además, resalta la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de los organismos internacionales encargados de garantizar el respeto a los derechos humanos.

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Morales, a través de su cuenta de Twitter, plantea la incógnita sobre posibles pagos en Bolivia: “¿Cuánto habrá pagado para que lo ayuden a fugarse en Bolivia?”, cuestionando la aparente falta de acción gubernamental para detener al prófugo. El líder político también recuerda las afirmaciones oficiales de que Marset estaba acorralado, pero nunca fue capturado.

Amenaza velada y liberación de cómplices

La amenaza velada de revelar secretos de las autoridades gubernamentales, según Morales, llevó a que el gobierno cesara en la búsqueda del exmandatario, permitiendo la liberación de presuntos cómplices de Marset en el país. Morales insta al pueblo a juzgar la situación y cuestionar lo que está ocurriendo en este caso.

Fuga y vínculos con el fútbol amateur

Sebastián Marset se encuentra prófugo desde el 29 de julio de este año, fecha en la que la policía antidroga intentó su captura en Santa Cruz. A pesar de tener alerta roja desde marzo de 2022, logró permanecer en Bolivia y huir junto a su esposa Gianina García, su hermana Jimena Marset y tres menores. El narcotraficante también tenía vínculos en el ámbito del fútbol amateur, lo que condujo a la detención preventiva de ocho futbolistas en Santa Cruz.

Orden de detención domiciliaria

Recientemente, el futbolista Christian Latorre recibió orden de detención domiciliaria, con la posibilidad de salir libre previo pago de una fianza de 70 mil bolivianos y cumpliendo arraigo nacional. Mientras tanto, el resto de los implicados continuará en la cárcel de Palmasola, enfrentando cargos que incluyen asociación delictuosa, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, robo agravado y lesiones graves y leves.

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El “Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2022”, realizado por la Unodc con financiación de la Unión Europea (UE), fue presentado este martes en la Cancillería boliviana y contó con la participación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; el vicecanciller, Freddy Mamani; y el embajador de la UE, Michael Dóczy.

Reducción del 2% es un éxito para el Gobierno boliviano

El representante de la Unodc, Troels Vester, señaló que la reducción del 2 % “es un éxito del Gobierno boliviano”, teniendo en cuenta que los cultivos de hoja coca aumentaron un 4 % en 2021.

Variaciones regionales y áreas protegidas

Vester indicó que los cultivos en la zona subtropical Yungas, La Paz, disminuyeron un 3 % al igual que en el Norte La Paz donde bajaron un 13 %. En cambio, Trópico Cochabamba hubo un aumento del 1 % y destaca especialmente Carrasco como aquella provincia que reporta “un mayor incremento”, ya que ha ascendido un 39 % en los últimos cinco años.

En cuanto a las plantaciones de hoja coca dentro áreas protegidas, Vester señaló una disminución general del 4 % principalmente en el Área Natural Manejo Integrado Nacional Apolobamba. Por otro lado, se redujo un 35 % en el departamento La Paz. En parque Amboró, este Bolivia, se redujo un 26 %, mientras que en parque nacional Carrasco, Trópico Cochabamba, disminuyó un 26 %. “Queremos hacer notar que estamos hablando de parques nacionales; podemos ver que es solo el 1 % del área total de la hoja coca en Bolivia”, enfatizó Vester.

Reducción del precio de la hoja de coca

Además, mencionó que el precio de la hoja de coca bajó un 31 % durante el último año y ha reducido un 47 % en los últimos tres años.

Recomendaciones para controlar los cultivos excedentarios

Vester recomendó al Gobierno boliviano incrementar las medidas de control para evitar la expansión excesiva de los cultivos excedentarios y lograr alcanzar la meta permitida por el país: las 22.000 hectáreas. También sugirió continuar con los estudios sobre factores rendimiento cultivos.

Detención de tendencia creciente del cultivo ilegal

El embajador UE Bolivia, Michael Dóczy, señaló sentirse “aliviado porque por primera vez en cinco años se ha detenido la tendencia creciente del cultivo ilegal”.

Avances en erradicación y racionalización de la hoja coca

Por su parte, ministro Eduardo del Castillo afirmó que para este año se propusieron erradicar 10.000 hectáreas y ya han superado esa cifra llegando a las 10.260; además, hasta ahora han eliminado más de 8.308 hectáreas.

“Esto quiere decir que Unodc certifica nuestro trabajo en la erradicación y racionalización de la hoja coca”, sostuvo Del Castillo.

Reducción significativa en producción mundial de hoja coca

Resaltó que hace algunos años atrás Bolivia representaba el 20 % producción mundial de hoja coca, pero gracias a los esfuerzos de erradicación ahora solo alcanza el 8,4 %.

“Esto demuestra que nuestro modelo es efectivo, trae grandes resultados y evita escenarios violencia”, recalcó.

Aumento permitido para cultivos legales de hoja coca

La hoja coca está consagrada en Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte producción se desvía hacia narcotráfico fabricar cocaína.

Desde 2017, Bolivia ha ampliado superficie permitida para los cultivos legales esta planta, pasando de 12.000 a 22.000 hectáreas.

Fuente EFE

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Según Siles, Mayta ha aprovechado diferentes situaciones para beneficiarse económica y personalmente, como el caso de las muertes de octubre. Afirmó que su gestión como canciller ha sido mediocre en comparación con períodos históricos anteriores.

Gestión contaminada e imparcialidad

Siles también acusó a Mayta de utilizar la cancillería y al gobierno boliviano para promocionarse ante el Tribunal Andino, llevando una gestión contaminada debido a su falta de seriedad e imparcialidad, así como por practicar el tráfico de influencias para alcanzar ese puesto.

Pérdida para el Tribunal Andino

Además, señaló que Bolivia se beneficia al deshacerse del peor canciller que ha tenido el país, pero el Tribunal pierde al admitir a un funcionario que puso la diplomacia boliviana al servicio del terrorismo internacional. Comparó esta situación con la del exfuncionario Sacha Llorenti.

Gasto millonario en embajadores “aliados”

Siles también reveló que durante la gestión de Mayta, el Estado gastaba 350 millones de bolivianos anuales solo en salarios para embajadores “aliados” de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según él, estos embajadores son serviles al terrorismo y entregan intereses nacionales a países como Irán, Rusia y China.

En conclusión, Siles considera que la designación de Mayta como magistrado del TJCA es una payasada y muestra falta de seriedad por parte del Estado. Expresa su preocupación por la traición y el desprecio hacia Bolivia.

Confirmación oficial de admisión en el TJCA

Por otro lado, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha confirmado que Mayta fue admitido en el TJCA y se espera que cumpla con los procedimientos internos para asumir su nuevo cargo.

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Precios reducidos por kilo

En declaraciones a la prensa, Huanca reveló que en los mercados de Santa Cruz, el precio por kilo de carne de pollo pasó de Bs 16 a Bs 13 y Bs 12. En Cochabamba, el precio cayó de Bs 17 a Bs 13, y en los mercados de La Paz, de Bs 17 a Bs 14,50 por kilo.

Garantizando abastecimiento y precios justos

“Como Gobierno nacional trabajamos para garantizar el abastecimiento de alimentos a precio y peso justo para no afectar la economía y el bolsillo del pueblo boliviano (…). Por tanto, transmitir tranquilidad a las amas de casa, que la carne de pollo ha bajado su precio. Hemos cumplido con lo que hemos anticipado”, aseguró el ministro.

Excedente en producción avícola

Según Huanca, la producción avícola resultó en un excedente de más de 194.905 pollitos bebé en las granjas agrícolas. Esto se debe a que hace 45 días las industrias avícolas cargaron 4,4 millones de unidades de pollos bebé, mientras que la demanda nacional es de 4,2 millones.

Ajuste en el precio del huevo

En relación al precio del huevo, el ministro informó que fue disminuyendo gradualmente y actualmente se registra a 0,80 centavos por unidad, en comparación con las semanas anteriores cuando llegó a costar entre Bs 1 y 1,30.

Garantía de insumos para el sector avícola

En términos de insumos para el sector avícola, Huanca aseguró que se garantiza la provisión de maíz a los productores ya que Emapa tiene almacenadas 260.000 toneladas de maíz, lo que garantiza un suministro a precio justo para el sector pecuario nacional. Además, la torta de soya ha disminuido su precio.

Estabilidad en precios y suministros

“Además es importante mencionar que en cuanto a los insumos para el sector avícola, el precio del maíz se mantiene prácticamente estable oscilando entre Bs 68 y Bs 70 por quintal en Santa Cruz. Por tanto afirmamos que hay suficiente suministro de insumos para el sector pecuario lo que permitirá mantener precios normales”, enfatizó el ministro.

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Inversiones y exploración en el sector hidrocarburos

Este ambicioso plan incluye inversiones en proyectos de reversión de oleoductos y la incorporación de líquidos derivados de los recientes hallazgos realizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Colaboración entre YPFB Corporación y sus subsidiarias

Molina destacó la seriedad del esfuerzo y subrayó la importancia de la colaboración entre YPFB Corporación y sus subsidiarias, en particular YPFB Andina y YPFB Chaco, en la ejecución de estas iniciativas.

Medidas implementadas para disminuir costos

En abril se implementaron dos medidas integrales (DS 4910 y 4911) con el propósito de disminuir los costos de importación y establecer mecanismos para reducir la internación de diésel y gasolina.

Enfoque en inversión y exploración

El enfoque en la inversión y la exploración también se refleja en el desarrollo de pozos exploratorios a lo largo del año, que se espera contribuyan con una producción adicional.

Aumento de la capacidad de producción y reducción de costos

Molina detalló que se espera una elevación significativa en la capacidad de producción, lo que resultará en una reducción sustancial de los costos de importación, estimados entre $us 500 y $us 600.

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Cabezas recordó que se encontraron drogas en Chile y Argentina, mientras el Gobierno demuestra su incapacidad para enfrentar este ilícito.

Según él, el narcotráfico parece fortalecerse cada día y se denuncian nuevos casos. El legislador planteó interrogantes: “¿No tienen un plan? ¿O están vinculados al narcotráfico? Tenemos altas sospechas de protección. También hay información de que ese delincuente vinculado con un cartel uruguayo sigue aquí en Bolivia con su familia”.

El diputado aseguró que no existe capacidad para controlar las fronteras del país y que la Policía nunca captura a los principales responsables del narcotráfico, incluso los encubre.

Por tanto, responsabilizó al Presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por este y otros ilícitos registrados en el país. Además, los acusó de mentir constantemente a la población sobre sus acciones contra estos delitos.

Finalmente, advirtió que si en el futuro próximo aumentan los secuestros, asesinatos u otros hechos similares es porque los carteles de narcotráfico se sienten seguros en el país, debido a la ineficiencia de las autoridades gubernamentales.

Recientemente se supo que Marset, originario de Uruguay y considerado uno de los capos de la droga más poderosos del continente, llegó a Bolivia en septiembre de 2022 junto a su esposa, Gianina García Troche, y sus tres hijos.

Según los primeros detalles revelados, se hacía llamar Luis Amorim y fingía ser brasileño. Además, participaba en un equipo llamado Los Leones del Torno FC, perteneciente a la División de Honor “Primera A” del fútbol boliviano.

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El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, convocó a una conferencia de prensa el miércoles 5 de julio,para desmentir la acusación realizada por Morales sobre un supuesto envío de droga con aval del Gobierno boliviano hacia España.

En su programa radial del domingo pasado, Morales afirmó haber accedido a un informe en el cual se detallaba que se habían enviado un total de 17 toneladas de cocaína desde Bolivia con la autorización del Gobierno hacia España.

Sin embargo, ese mismo día las autoridades gubernamentales rechazaron esta información y solicitaron al expresidente presentar pruebas para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, se dio a conocer un comunicado emitido por Europol el 31 de marzo en el cual se explicaba que una organización criminal en Brasil intentó transportar 17 toneladas de droga hacia Europa, pero solo lograron confiscar 12.

Mamani destacó que en ningún momento el informe Europol menciona que las 17 toneladas de cocaína hayan salido específicamente desde Bolivia ni tampoco con aval del Gobierno. Además, resaltó la coordinación existente entre los países sudamericanos para combatir este tipo de actividades ilícitas.

Por su parte, el viceministro Roberto Ríos enfatizó la importancia de recalcar que en el informe se establece claramente que el origen de las sustancias controladas es Sudamérica y no Bolivia.

Ambas autoridades señalaron que tanto el Ministerio de Gobierno como el Viceministerio de Sustancias Controladas informaron sobre los resultados de los operativos y el reconocimiento internacional en relación a los avances logrados por el país en la lucha contra el narcotráfico.

“Desde un principio hemos informado sobre este informe que ha sido difundido de manera tendenciosa, temeraria y sesgada (…). Las declaraciones de algunas personas y algunos medios de comunicación contradicen el informe de Europol”, afirmó Mamani.

En ese sentido, invitó a la población y a los medios de comunicación a revisar directamente el informe publicado por Europol el 31 de marzo pasado para que puedan sacar sus propias conclusiones ante declaraciones “que carecen de veracidad y además están basadas en mentiras”.

“No podemos caer en intentos internos de desestabilización ni tampoco en intentos externos por parte de la oposición y algunos medios de comunicación que se prestan a este juego”, concluyó.

/NCC

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Según Bazán, la carta enviada al Papa Francisco por el presidente Luis Arce, es solo un recurso para desviar la atención de otros problemas del país como la crisis económica.

El parlamentario criticó que el Gobierno politizara este tema y acusó al procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, de tomar acciones para mantener callados a enemigos dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El diputado pidió justicia contra los sacerdotes violadores, pero aclaró que no se puede sindicar a toda una institución con años de historia en servicio social.

Por otro lado, la diputada del MAS Pamela Terrazas, manifestó su preocupación ante los casos cada vez más frecuentes de abuso sexual perpetrados por sacerdotes y anunció medidas desde el Legislativo para prevenir estos actos.

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Sacerdotes con denuncias por delitos sexuales

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que este mecanismo diplomático impedirá que sacerdotes con denuncias por delitos sexuales cometidos en otros países lleguen a Bolivia y conviertan al país en un “basurero de violadores”.

En el pasado, numerosos sacerdotes acusados por pederastia fueron enviados a territorio boliviano mediante un mecanismo utilizado por la Iglesia que les permite rotar a los denunciados, según la ministra.

La ministra Prada explicó que fue el Presidente Luis Arce quien instruyó trabajar en una normativa preventiva como la que rige en el ámbito diplomático.

Según este protocolo, el nombramiento de un embajador corresponde al Gobierno de su nación y una vez seleccionado para la misión de destino, se debe conseguir el beneplácito del país receptor. En caso de ser negativo deberá comunicarse formalmente al país acreditante.

Proyecto para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes

La ministra destacó las decisiones históricas tomadas por el jefe de Estado respecto a la protección infantil y recordó que se envió al Legislativo un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Normativa para controlar sacerdotes educadores y guías espirituales

“Ahora estamos trabajando en una normativa, viendo el mecanismo correspondiente a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para que exista un nivel de control en relación a los sacerdotes que vienen a ser educadores, guías espirituales”, precisó Prada.

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La profesora María Elena Soria Galvarro señaló, en el día del trabajador, en la ciudad de La Paz, que esperan que el gobierno atienda, “sino el 100 por ciento, por lo menos el 50 por ciento de sus demandas”, porque hasta la fecha no existe la atención del Gobierno.

Asimismo, refirió que el Ministerio de Educación, se comprometió a frenar el reordenamiento y optimización de ítems, pero lastimosamente aun continua, afectando al magisterio, removiendo a los maestros. Una vez más el Gobierno incumple con su compromiso, manifestó la ejecutiva de Oruro.

También manifestó que la Central Obrera Boliviana (COB) ya no representa al magisterio, los dejaron solos en su lucha, defendiendo al Estado antes que a sus afiliados “porque son el brazo operativo del gobierno”.

También hizo referencia al incremento salarial del 3 por ciento para el sector del magisterio, comparándolo con los salarios que perciben en los altos estratos del Estado, menospreciado dicho incremento porque los maestros ganan el básico de 2.800 bolivianos y las autoridades lo hacen arriba de los 30 mil bolivianos.

La profesora también dijo que el gobierno no quiere escuchar a los maestros, al contrario, se dan la tarea de desacreditarlos. Arremeten con la policía dotándoles con balines y hacen daño a los profesores.

La ejecutiva, en representación de la federación de Oruro, se comprometió a estar presente en las medidas de protesta.

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“Hemos dado un plazo para que el (Gobierno) retire esas leyes malditas que no es bueno para los bolivianos. (…) Si no retira hasta el día domingo, nosotros vamos a movilizarnos desde el día martes juntamente con todas las organizaciones que estamos aquí sellando esta alianza”, informó Soliz a la ANF.

La “alianza de unidad y acuerdo interinstitucional” fue firmada por el sector gremial, choferes, Colegio Médico de Bolivia, Cofecay, Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Conamype, Asociación Vanguardia de Jubilados de La Paz, Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Confederación de Docentes Universitarios, además de otras de organizaciones.

El paquete de leyes denominado “malditas” son los proyectos de Ley 304, que Regula y Sanciona el Uso Indebido de las Redes Sociales, la Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos y la Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La dirigente de los Yungas precisó que Adepcoca rechaza rotundamente cuatro aspectos del paquete de normas porque van en contra de la ciudadanía boliviana, entre estos: Los proyectos de leyes 280 y 305, la nueva malla curricular, la Gestora Pública y la Ley de Pensiones 065.
“En Adepcoca hemos llevado una reunión de emergencia en Coripata, como Cofecay hemos sacado nosotros un rechazo al proyecto de la ley 280, también rechazamos la nueva malla curricular y respaldamos las movilizaciones del magisterio”, añadió.

Los proyectos 280 y la 305 no tienen avances en su tratamiento en la Comisión de Constitución y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, actualmente están en proceso de socialización.

Por otro lado, el dirigente de Adepcoca de la región de Chamaca, René Llojlla, denunció que el Gobierno busca ejercer mayor persecución con el paquete de leyes a título de terrorismo, situación que es rechazada por toda la región de los Yungas de La Paz.

“Entonces la persecución política no termina ahí, aparte (de los encarcelados) tenemos líderes menores de entre una quincena y veintena de dirigentes de los Yungas con mandamientos de aprehensión que no pueden andar libremente porque están amenazados por reivindicar a los Yungas”, lamentó.

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“Los casos de los señores (Marco) Aramayo, del señor Juan Carlos Manuel y recientemente del señor (César) Apaza no son hechos aislados, son casos públicos, son hechos que demuestran una premeditación, y eso es lo que hay que denunciarlo ante todas las instancias”, indicó el abogado.

Aramayo fue director del Fondo Indígena por corto tiempo y tras asumir el cargo denunció el desfalco que había en la institución, pero él resultó ser detenido en 2015, sometido a 256 procesos judiciales en todo el país y falleció en abril de 2022 aquejado por las condiciones carcelarias, según informó ANF.

Juan Carlos Manuel se declaró en la clandestinidad en noviembre de 2021 porque el Gobierno lo buscaba para detenerlo acusado de ser el autor indirecto de los destrozos de una patrulla y parte del Tribunal Electoral en 2019.

El dirigente cívico falleció el 28 de enero de este año, víctima de la diabetes que no pudo tratarse debido a que, no podía acceder a ningún servicio médico.

“Estoy convencido que no se le está escapando de las manos del Gobierno. Cuando existe un patrón muy parecido, idéntico, no son casos similares, pero han tenido una conclusión muy similar en contextos diferentes, se puede determinar con mucha certeza que han sido acciones pensadas, acciones ejecutadas con dolo, acciones planificadas”, dijo Albarracín.

Por otra parte, el expresidente del comité de autodefensa de Asociación Departamental de Productores de Coca, César Apaza, fue socorrido por el médico particular del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, ambos detenidos en el penal de Chonchocoro.

Fue trasladado recientemente al Hospital de Clínicas, sin tomar en cuenta que se advirtió su traslado de emergencia.

El experto en derechos humanos también recordó el casos de Luis Fernando Camacho que debe ser asistido medicamente en su celda y el Gobierno dificulta sus exámenes, pese al pedido de la familia y del propio detenido.

Según Albarracín, lo mismo pasa con la expresidente, Jeanine Áñez, a quien le negaron internarse en un hospital de forma sistemática, fue tratada en su celda y ella incluso intentó quitarse la vida.

El activista aseveró que todos esos casos, tienen como responsable al Gobierno y las autoridades encargadas de los penales.

/NVY

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Destacó que realiza en un contexto donde se prioriza la inclusión y participación de todos los sectores.

Asimismo, Ruiz lamentó que algunas organizaciones políticas, entre actores y autoridades y cívicos, hayan intentado politizar el tema, para ganar algo de protagonismo y a la vez desestabilizar al Gobierno.

La autoridad recordó que la propuesta inicial de estos sectores en realizar el Censo en 2023, no pudo ser sostenida, pese a que desde el Ejecutivo se generaron al menos 18 escenarios de diálogo y socialización para que puedan demostrar la viabilidad de su propuesta, informó Oxigeno.

En compensación, destacó las acciones del Gobierno, que más allá de fijar una fecha para el Censo determinada para el 23 de marzo de 2024, se garantice la entrega de recursos de coparticipación según los resultados de población, y de la misma forma para las Elecciones 2025.

Ruiz Concluyó que pueden ver ahí que hay un espíritu del Gobierno nacional de desarrollar un Censo participativo, transparente para el pueblo boliviano.

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/ LMPT

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/MDCB

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La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció durante una conferencia de prensa que se entregó al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, una propuesta donde el Gobierno formula que en un plazo no mayor a 30 días se tenga una fecha para la ejecución del proceso censal.

Según Prada, esta propuesta establece que el empadronamiento será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en una fecha que sea determinada luego de un trabajo técnico que estará dirigido por dicho ente estatal y con la participación de universidades públicas y organismos internacionales.

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach señaló que la voluntad de diálogo para solucionar el conflicto del Censo está presente y una prueba es que cedieron en la propuesta inicial de que el proceso se lleve adelante en junio de 2023 y ahora plantean como la fecha ideal para su ejecución octubre de ese año.

/MDCB

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En el pasado, Morales manifestó que tiene miedo de reunirse con Del Castillo y señaló que la autoridad supuestamente intentó comunicarse con él en abril de este año; sin embargo, el ministro indicó que su último intento de contactarse fue en enero, reportó la red Erbol.

Ante las declaraciones de Evo Morales sobre el ministro, el titular de la cartera de Gobierno aseveró que “no se prestará” a la confrontación y división del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Asimismo, sostuvo que el Gobierno no contribuirá al presunto desgaste del Instrumento Político.

“No vamos a contribuir como Gobierno Nacional a la confrontación ni mucho menos a la división. Tenemos instrucciones de nuestro Presidente y Vicepresidente de mantener la unidad al interior del Gobierno nacional y del Instrumento Político, así también de todo el pueblo boliviano”, aseveró.

“Plan negro”

Por otro lado, respondió a las acusaciones de Morales sobre la existencia de un supuesto “plan negro” en su contra desde las Fuerzas Armadas, indicando que el Ministro de Defensa ya descartó esa posibilidad.

“No nos vamos a prestar a ningún tipo de confrontación, ni a ningún tipo de división, lo que nos interesa ahora es trabajar en la unidad de todo el pueblo boliviano”, ratificó.

/JDLF/

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“Nosotros no estamos asumiendo ninguna medida de incremento en el tema del Impuesto al Consumo Específico (ICE) para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, esta no es ninguna medida que vaya en detrimento de nuestra industria nacional”, enfatizó.

La autoridad gubernamental realizó la aclaración ante la inquietud de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que se declaró en emergencia ante el supuesto incremento de las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) a través del proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE-2022).

Asimismo, Morales resaltó que el Gobierno tiene el rol de fomentar la industrialización de los recursos naturales y para ello aplica medidas de protección a la producción nacional en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) para potenciar la industria boliviana.

Por otro lado, indicó que se incrementaron los operativos de la Aduana Nacional (AN) y como resultado se comisó y destruyó productos de contrabando que ingresaban al país, entre ellos bebidas alcohólicas.

“No se está incrementando ninguna alícuota, nosotros necesitamos asumir medidas de política fiscal activa, como Gobierno, de protección a la industria nacional, eso nos va a permitir tener la facilidad de asumir una medida de protección a la industria nacional”, remarcó.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, el Proyecto de Ley 354/2021-2022, de “Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2022”, plantea modificar el Parágrafo II del Anexo al Artículo 79 de la Ley 843, para establecer rangos para el ICE, sin embargo, no se determina un aumento a las tasas impositivas de la industria de bebidas.

/ABH

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La fiscal, Sarina Guardia, detalló que la mujer está detenida desde 2019, año en el que fue aprehendida por portar sustancias ilícitas; sin embargo, señaló que la madre de la joven denunció el caso y alertó de la red de trata que presuntamente engañó a su hija.

Asimismo, indicó que se realizó un seguimiento con los agentes policiales para capturar a la persona que “engañó” a la mujer.

Presunta trata

De acuerdo con investigaciones de la Policía y el Ministerio Público, la mujer fue contactada por redes sociales para trabajar como modelo en el país asiático.

Presuntamente la utilizaron como “mula”, para traficar droga hacia ese país, en el cual las sanciones penales por este delito son drásticas, como la pena de muerte, reportó el diario El Deber.

“Esta persona ya está con una pena por el delito de sustancias controlada en Brasil, pero salió con medidas sustitutivas y llegó a Bolivia. El seguimiento de la policía permite dar con su aprehensión”, manifestó Guardia.

Repatriación

El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, manifestó que la sindicada se abstuvo a declarar este martes; sin embargo, aseguró que existen varios indicios en su contra para que la imputen por el delito de trata y tráfico de personas, por lo que se pedirá su detención en la cárcel.

“Esta imputación nos va servir a futuro para que nuestra conciudadana no sea condenada a una pena de muerte en Malasia. Este es un proceso que obedece a la política de Estado de resguardar a un connacional para impedir que sea condenado a pena de muerte”, explicó.

Resaltó que el Estado contrató un abogado en Malasia para defender a la boliviana y el 20 de agosto se llevará a cabo una audiencia, en la que se presentará la imputación contra la acusada de trata y tráfico en nuestro país como prueba a favor de la detenida en el país asiático.

En tanto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán, indicó que con la defensa legal busca evitar que sea condenada a pena de muerte y reducir su sentencia penal.

Afirmó que varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, coadyuvan con las investigaciones del caso desde Bolivia para intermediar con la cancillería de Malasia y hacer conocer el trasfondo del hecho.

Subrayó que la Policía está “tras los pasos” de los otros integrantes de la red de tráfico de personas que contactó a la boliviana, para evitar que sucedan otros casos similares.

“Primero estamos con la acusación de este caso (en Bolivia) para poder obtener mayores elementos de esta red de trata y tráfico y presentarlo en el proceso que se sigue a la mujer (en Malasia) para que la pena que reciba sea menor o sea repatriada”, sostuvo.

/JDLF/

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En contacto con LA PATRIA Radio, el experto en economía indicó que para pagar la deuda internacional, no se pueden tocar los aportes de los bolivianos, porque son privados; sin embargo, en los hechos no es así y el dinero saldrá de los bolsillos de cada uno de quienes aportan.

“Realmente han hechos como magia para maquillar la economía en el país, esto hace que exista una fragilidad terrible en el sistema económico y realmente creo que han malinvertido el ahorro de toda la vida de las personas”, manifestó Bellot.

Consultado acerca de la posibilidad de devolución de aportes a los jubilados que lo exigen, el analista mencionó que si bien es dinero de cada persona, ese recurso es administrado por el Estado, el cual decidió invertir ese dinero en el sistema bancario, deuda interna, bonos y por lo tanto, ese capital no existe de manera tangible.

“Fue ya utilizado (el dinero de aportes) y por supuesto, devolver la plata es complicado porque no existe en términos líquidos, la primera devolución que existió anteriormente puede poner en riesgo el sistema, pero lamentablemente las cosas están así. Nos han engañado a los bolivianos, nunca tenemos toda la información, porque nosotros deberíamos decidir qué hacer con nuestro dinero y dónde invertir”, aseveró el economista orureño.

Además, mencionó que esta situación está muy mal, ya que desde el Gobierno indican que en los siguientes días acudirán a otras instancias para no pagar ese dinero; sin embargo, luego de la sentencia emitida del Ciadi, es prácticamente definitivo que se erogue esa cantidad.

“Nos están mareando la perdiz. En la reglamentación del Ciadi dice con claridad que son laudos arbitrales definitivos y obligatorios, los del Gobierno dicen que no tomaron en cuenta algunas pruebas, no estamos pues en un juzgado corrupto de Bolivia, es un juzgado internacional que se encarga de resolver estos problemas y es imposible pensar que se olvidaron tomar en cuenta algunas pruebas que presentó Bolivia”, argumentó el también investigador.

Finalizó, indicando que los discursos políticos engañan al pueblo boliviano y hacen creer cosas que no están dentro de la realidad.

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El Ministro indicó que esos temas no pueden verse forzosamente relacionados con una supuesta persecución política como quiere mostrar Larrea.

“(…) Este señor está intentando defenderse asumiendo una posición de victimización, utilizando elementos que no tienen nada que ver, intentando relacionar al Gobierno con un hecho totalmente particular”, agregó la autoridad.

Larrea fue aprehendido el viernes precedente por orden de la Fiscalía, en el marco de una denuncia de homicidio interpuesta por su medio hermano, sin embargo, luego la justicia decidió dejarlo en libertad.

En el caso, el médico está cuestionado por la atención que se brindó a su padre antes de fallecer por Covid-19.

Por su parte, Auza sostuvo que para el Gobierno “es de muy poco interés el conflicto particular que tenga el señor Larrea con sus familiares”, tomando en cuenta además que la motivación del caso sería de herencia.

Además manifestó que no brindará mayor criterio  respecto a Larrea, pero sí enfatizó su rechazo a la intención de la dirigencia médica de llevar adelante un paro por la situación del Presidente del Colegio Médico.

“Un paro médico indefinido, esto es un atentado a la vida y a la salud del pueblo boliviano y no lo podemos tolerar, por un caso particular. Es Temerario”, afirmó la autoridad.

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“Es un incremento abusivo, arbitrario, unilateral, por representantes panificadores industriales que han decidido este incremento que afecta a la población, le están metiendo la mano al bolsillo del consumidor con este incremento. Están atentando contra uno de los principales alimentos que tiene la población como es el pan”, manifestó Silva.

Indicó que el Gobierno les ofreció a los panificadores de Santa Cruz, entregarles cuatro quintales de harina de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a cada uno, a un precio subvencionado de 147 bolivianos, considerando que en el mercado está entre 260 y 280 bolivianos.

“Nos respondieron que la harina nacional no sirve y que ellos no comen pan de batalla sino producen pan especial, les pedimos que aprendan a hacer pan de batalla como lo hacen los artesanos panificadores de El Alto, de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Sucre, de Potosí y han rechazado. Por lo tanto, creemos que esta es una medida absolutamente abusiva y arbitraria”, manifestó durante una entrevista con medios cruceños.

Insistió que incrementar en 0,65 bolivianos el principal alimento, definitivamente afecta a los consumidores; sin embargo, informó que la alcaldía cruceña convocó a las juntas vecinales para tomar una posición al respecto.

En la misma, línea Defensa al Consumidor pidió una reunión conjunta con la estatal Emapa, juntas vecinales y la alcaldía cruceña para definir una solución ante el incremento del pan.

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La autoridad del Ejecutivo en pasados meses atacó al líder del MAS, Evo Morales, en un artículo de opinión publicado en el periódico estatal, denominado ‘El síndrome de hubris y la lucha por el poder’.

Bobaryn aseveró que “fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse”, difundiendo un documental relacionado al segundo mandatario.

“Hoy festejamos el retorno del sol de nuestro Jilata Choquehuanca, que mejor ocasión para conmemorar junto a él, la victoria del pueblo boliviano, y la madurez del instrumento político”, señala parte del comunicado, en conmemoración del natalicio del vicepresidente.

En su momento, seguidores de Evo Morales exigieron la renuncia del viceministro Bobaryn, que consideró que la permanencia de Morales en el poder propició “una élite de dirigentes privilegiada, cuyos miembros terminaron por integrarse clientelarmente a un mando hegemónico, secuestrando los genuinos y legítimos intereses de los sectores a los que decían representar”.

El diputado del MAS, Héctor Arce, llamó “sinvergüenza”, “malagradecido” y “traidor” al viceministro Freddy Bobaryn, por aludir a Evo Morales y a exautoridades que optaron por huir, escaparse o asilarse durante la crisis de 2019.

Versiones en el MAS sostienen que el viceministro es de la línea del vicepresidente del Estado, incluso en el documental se lo ve varias veces junto a Choquehuanca, además no ha dudado en defender su liderazgo.

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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, lamentó que anteriormente el sector turismo se excusó de otra invitación al diálogo.

“Los estamos invitando a una mesa de diálogo para el 28 de abril, porque no se puede hablar de abrogar decretos”, dijo Ríos, asimismo señaló que la reciente norma no limita el tránsito de turistas, sino que busca precautelar la seguridad de los bolivianos y de los propios visitantes.

La movilización de los operadores de turismo partió desde el puente de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) de la ciudad de La Paz y recorrió el centro. Mientras que en Sucre la marcha recorrió las principales arterias del “casco viejo” de la capital.

La norma en cuestión (Decreto Supremo 4574) modifica y complementa el reglamento de la Ley 370 de Migración de 2013. Para el sector del turismo, “existe una persecución al turista” porque obliga a los visitantes a brindar información detallada sobre su estadía en el país y establece sanciones.

El presidente de la CBH, Luis Ampuero, señaló que estas restricciones impiden una reactivación del turismo y que este sector no solo ha sido afectado por la pandemia sino también por la crisis política de 2019.

Por ello, demandan la abrogación del Decreto Supremo 4574 y la eliminación de la exigencia de la prueba PCR a visitantes extranjeros que arriben al país.

Añadió que hay una falta de apoyo al sector turismo, carencia de políticas reales de reactivación y producción, falta de conectividad aérea, entre otros.

Ríos, expresó que la intención del Gobierno es establecer mesas técnicas para tratar las preocupaciones del sector turístico. Del encuentro de este jueves participarán el Ministerio de Salud y el viceministerio de Turismo.

También dijo que la intención no es estigmatizar a los extranjeros, sino velar por la seguridad, y ratificó la disposición a dialogar sobre los pedidos del sector turístico, según reportó el portal Innovapress.

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La viceministra de Gestión Institucional y Constitucional, Eva Chuquimia, dio a conocer que los estudiantes bolivianos actualmente viven en universidades y albergues autorizados donde mantienen sus actividades académicas, pero existe la posibilidad de que en dos o tres meses, como máximo, puedan quedarse sin recursos económicos.

El Gobierno boliviano ya se encuentra trabajando ante la posibilidad de traer nuevamente a los estudiantes al país. Para ello mantiene comunicación permanente con su embajada en Rusia, tal cual lo hizo para ayudar a los ciudadanos que se encontraban en Ucrania al momento de la invasión a su capital Kiev.

Según la viceministra Chuquimia, son 76 ciudadanos bolivianos los que residen desde hace más de 20 años en Ucrania.

“Desde que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno ha estado pendiente de esta comunidad que está bastante unida. Se han realizado gestiones a través de la embajada en Alemania y Polonia. Hemos apoyado con hospedaje y alimentación. Han sido evacuados en vuelos comerciales financiados por Bolivia”, informó la autoridad.

Hasta el momento se tiene registro de 12 bolivianos que decidieron refugiarse en ciudades europeas.

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Las demandas del Comité son parte de las observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado boliviano el 25 y 26 de noviembre en Ginebra, Suiza.

“El Comité urge al Estado asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”, señala parte del informe.

Desde 2016 hasta 2020, las muertes de privados de libertad en las cárceles promedian 50 por año, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Régimen Penitenciario, existen varios motivos como enfermedades, peleas entre internos, abuso policial, entre otros, reportó ANF.

Este año también se registraron muertes en celdas policiales, de las cuales no se conocen las razones ni a los responsables de los hechos.

El Comité insta además al Gobierno a revisar la eficacia de los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas en las cárceles, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio.

A su vez, el Comité lamenta no haber recibido del Gobierno datos estadísticos completos y desglosados por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico y causas de los decesos relativos al período 2014-2020.

Tampoco recibieron información detallada sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes y las medidas concretas adoptadas para evitar que se produzcan casos similares.

El Comité también observa con preocupación que el Estado no proporcionó información suficiente sobre los protocolos que deben seguir las autoridades de la Policía y otros agentes del orden al realizar entrevistas e interrogatorios.

Desde el CAT recomiendan al Estado garantizar que las fuerzas del orden, jueces y fiscales reciban formación obligatoria sobre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones y otra evidencia obtenidas bajo tortura.

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El titular de esa cartera acudió al canal estatal para volver a indicar que no hay cumplimiento al convenio suscrito el 26 de octubre en Cochabamba de la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) por el cual no debería haber incremento del precio de este producto de primera necesidad.

Indicó que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay la suficiente carne, que cada persona consume cada año unos 22 kilos de carne, que se exportó más de 16.000 toneladas y admitió que el actual conflicto “puede deberse” a la temporada seca de este año y que también el paro cívico incidió.

Señaló que, por ello, el ganado no estuvo en condiciones óptimas de volumen para ser faenado, es decir, no estuvo gordo por la sequía y en contraposición los ganaderos tuvieron que comprar mayor grano para el engorde del animal, hecho que implicó mayor presupuesto y gasto de dinero en la producción.

“Siempre vamos a velar el abastecimiento al mercado interno y a la población boliviana, estoy demostrando que existe la cantidad suficiente de carne de res para el abastecimiento a la población”, afirmó.

Indicó que hubo 22.870 toneladas de saldo y se autorizaron 16.000 toneladas para la exportación durante todo el año y ya se cumplió ese cupo en octubre y a la fecha no se está exportando y que toda la producción va al mercado interno.

“El precio siempre ha sido fluctuante dependiendo de los factores climatológicos que Bolivia sufre”, señaló al indicar que el 35% del ganado del productor se comercializa en los centros de remate y es allí a donde acuden los compradores.

Huanca explicó que el centro de remate es una instancia de subasta del ganado en pie, en una figura de remate y puja pública y ahí podría estar el meollo del actual conflicto del precio del producto.

“Hemos establecido que habría una especie de acuerdo entre el ganadero y comprador del ganado y ahí el centro de remate o el martillero, el que remata el ganado posiblemente esté tratando de favorecer al ganadero para que venda con un incremento y el que compra el ganando pueda que esté afectado por el precio y va llegar a un precio incrementado al consumidor final”, señaló.

Por ello, anunció que se “tiene que fiscalizar y normar el buen funcionamiento de los centros de remate y en el acuerdo con Contracabol hemos quedado en aquello y vamos a hacer el diseño de la normativa que va a permitir generar una reglamentación para su funcionamiento que no estaba normado rigiéndose por el Código de Comercio de manera general”.

Informó que este proyecto de reglamentación fue remitido a los dirigentes de carniceros de Contracabol y de los ganaderos, se espera iniciar un proceso de negociación.

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Durante su discurso, el Presidente Arce no se olvidó del pasado y reiteró que el país vivió un periodo de quiebre constitucional y democrático a finales del 2019. El Mandatario fue enfático en señalar que el Gobierno de Jeanine Añez fue una gestión de “facto”.

De esa manera, Arce afirmó que desde fines de 2019 y hasta noviembre de 2020 el país vivió tiempos de “incertidumbre extendida, de inestabilidad en todos los ámbitos de nuestras vidas, de espanto y sobresalto en nuestra sociedad, de mucho dolor en las familias bolivianas” y recordó que incluso se buscó evitar que el Movimiento al Socialismo (MAS) participe de las elecciones del 2020.

“Durante nuestra campaña, no solo nos inventaron muchos procesos judiciales, sino que intentaron varias veces atentar contra nuestras vidas, incluso el día de las elecciones nuestra casa de campaña estaba cercada por fuerzas del orden”, rememoró la autoridad nacional.

Según la máxima autoridad del país, el anterior Gobierno de Añez buscó postergar las elecciones “una y otra vez” para dilatar su permanencia en el poder y buscar “restituir la República colonial y el modelo neoliberal para saquear nuestro Estado”.

Asimismo, Arce destacó que los resultados de las Elecciones Generales del 2020 dieron una “alta legitimidad” a su Gobierno en busca de la reactivación económica y la “recuperación de la patria”.

“Cuando el pueblo votó en las elecciones del 18 de octubre del pasado año dejó varias cosas claras. El pueblo nos otorgó una enorme legitimidad para gobernar, nos dijo que quería retornar a la senda de la estabilidad política, económica y social para poder trabajar y avanzar. Asimismo, nos confió la reconstrucción económica de nuestra Patria, la recuperación de la salud frente a la pandemia, la recuperación del derecho a la educación, y nos mostró el camino de la paz con justicia”, destacó el Primer Mandatario.

En ese sentido, el Jefe de Estado afirmó que “hoy más que nunca” el país requiere que sus autoridades estén en sintonía con el sentir de las familias bolivianas, especialmente de aquellas más golpeadas por la crisis, “cuya economía no puede parar ni por un día porque eso le significa no llevar el pan a sus casas”.

Finalmente, en reiteradas ocasiones durante su informe hizo mención a las palabras “derecha golpista”, “gobierno defacto”.

En medio del discurso presidencial, los diputados opositores se retiraron del hemiciclo para apoyar el paro que se desarrolla en diferentes puntos del país, por tal motivo, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos declaró que, “No hemos abandonado, hemos escuchado suficientes mentiras”.

Acto de celebración

Con ceremonia ancestral al pie del monumento a Pedro Domingo Murillo, de la ciudad de La Paz, se inició el acto de celebración y de evaluación del primer año de gestión del Presidente Luis Arce.

Arce recibió los honores de los Colorados de Bolivia a las 07:45 horas. Aproximadamente a las 09:00 llegaron los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani respectivamente.

Acompañado de representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca llegó al Legislativo.

Posteriormente, se instaló la primera sesión ordinaria de la legislatura 2021-2022. Luego, el Presidente Luis Arce fue invitado por una comitiva de asambleístas a trasladarse al edificio legislativo, donde la Guardia Indígena le dio la bienvenida.

Luego de la bienvenida y la entonación del Himno Nacional, fue el turno del informe de Choquehuanca, después Arce brindó el suyo respectivamente y finalmente entonaron la Marcha Naval.

Anteriormente, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que, tras lo acontecido en Palacio Legislativo, los movimientos sociales celebrarán en La Paz el primer año de la gestión del primer mandatario.

“Vamos a escuchar el informe de gestión con lo que estamos sintiendo en el país que es una estabilidad económica y de mejores días”, indicó.

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