De acuerdo con el último informe de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, presentado en octubre de 2025, de las 36 recomendaciones del GIEI, solo 4 han sido efectivizadas en casi 5 años del mandato del gobierno saliente.

La CIDH ya había señalado en su primer informe de diciembre de 2023 que el avance en este tema era escaso. Esta preocupación fue reiterada por el relator para Bolivia de la CIDH, José Luis Caballero, quien en 2023 recomendó la creación de una ley para resarcir daños a las víctimas.

Falta de avances en la ley

El proyecto de Ley de Reparación Integral no ha tenido avances “plausibles” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Además, los actos de reconocimiento público se han centrado únicamente en los hechos de Sacaba y Senkata, dejando de lado otras graves vulneraciones que han ocurrido en el país.

El Ministerio Público no ha progresado lo suficiente en la formación de grupos de trabajo especializados con fiscales dedicados exclusivamente a estos casos, tal como recomendaba el GIEI. También ha sido difícil medir el avance en la revisión de casos que ya han sido cerrados o que están en curso.

Normativa sin aplicación práctica

A pesar de que se han aprobado guías y protocolos, no se puede identificar una aplicación práctica de este marco normativo en los casos de violencia sexual y de género que se cometieron en 2019.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) y otras instituciones no han brindado la colaboración necesaria para esclarecer la verdad, especialmente en lo que respecta a la remisión de documentación sobre la planificación y ejecución de operativos.

Control judicial ausente

No hay información que demuestre que el Órgano Judicial esté realizando un control permanente sobre la celeridad de las investigaciones, lo que es fundamental para garantizar el debido proceso. Esta es otra recomendación central que no se ha cumplido.

El incumplimiento de las recomendaciones se ve agravado por recientes decisiones judiciales. El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que las últimas resoluciones que favorecieron a exlíderes cívicos como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como a la expresidente Jeanine Áñez, podrían generar responsabilidad internacional para el Estado por no cumplir con el informe del GIEI.

Avances limitados

De las 36 tareas recomendadas, solo 4 han tenido avances significativos. Estas incluyen la creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg), la presentación de un plan de reparaciones a las víctimas, la realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género, y la derogación del Decreto de Amnistía e Indulto N° 4461, que dejó sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El informe de la Plataforma, ante la falta de información pública oficial, destaca que el nuevo gobierno que asuma la próxima semana, liderado por Rodrigo Paz, y los nuevos legisladores, deberán definir una postura y acciones urgentes para avanzar en la justicia y reparación a las víctimas de la crisis de 2019.

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Estas cuatro medidas incluyen la formación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg), la presentación del plan de reparaciones, la realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género y, finalmente, la anulación de amnistía por violaciones a los derechos humanos.

Avances en otros puntos

Sin embargo, aseguró que también hay avances importantes en otros puntos y que especialmente el Órgano Legislativo realizó varios esfuerzos para precisar los marcos normativos en cuanto al respeto a los derechos humanos.

Reuniones con víctimas y autoridades estatales

Como parte de su agenda, confirmó que se reunirá con las víctimas de Senkata y Sacaba y con varias autoridades estatales. No obstante, el reto también es lograr un diálogo más fluido entre el gobierno y los representantes de la sociedad civil.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, pidió que en este contexto que atraviesa el país que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente para garantizar la institucionalidad y el estado de derecho.

Invitación a evaluar cumplimiento del debido proceso

“Esta visita durante este momento histórico para el país necesita consolidar ese valor fundamental democrático, entendiendo que solamente podrá existir si le damos justicia a las víctimas. Por eso, el Gobierno invita a la CIDH a evaluar nuestro cumplimiento del debido proceso”, declaró el ministro.

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El parlamentario declaró que toda la justicia del país no puede ser manejada por una sola persona, en este caso el ministro Iván Lima, a quien acusó de manipular el Órgano Judicial, limitar competencias al Órgano Legislativo y otorgarse varias atribuciones que no le corresponden.

Lamentan falta de convocatorias para nombrar nuevos jueces y vocales

Lamentó también que desde hace un tiempo ni siquiera se habiliten convocatorias para nombrar nuevos jueces y vocales, siendo un atropello a la carrera judicial y a las normativas que establecen que un abogado debe cumplir requisitos y postular para acceder a esos puestos.

Critican trabas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para garantizar elecciones judiciales

En ese sentido, también criticó todas las trabas que se pusieron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para garantizar las elecciones judiciales, provocando una incertidumbre persistente debido a las múltiples consultas enviadas a distintas instancias sin respuesta aún.

Recomendaciones del GIEI y la falta de independencia de los poderes

Respecto a las recomendaciones del GIEI, recordó que una de ellas hace referencia específica a la independencia de los poderes, especialmente del Órgano Judicial. Sin embargo, el escenario de las elecciones judiciales muestra lo contrario.

Falta de voluntad del Estado para mejorar la justicia

Además, al cumplirse solo dos de las 34 recomendaciones del organismo internacional, Mamani manifestó que es evidente la falta de voluntad del Estado para mejorar la justicia.

Evaluación parcial y pendiente de las recomendaciones por parte del ministro Lima

En la jornada pasada, Lima explicó que durante un año se evaluaron 15 de las 34 recomendaciones del GIEI a Bolivia. De estas, dos fueron totalmente cumplidas, tres tuvieron un cumplimiento parcial o sustancial y nueve tuvieron un cumplimiento parcial. Solo una quedó pendiente.

Bolivia comprometida con el fortalecimiento democrático y judicial

“Como país, estamos abiertos al escrutinio internacional y somos estrictos en cuanto al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer la democracia y la justicia”, publicó la autoridad en sus redes sociales.

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El organismo emitió un total de 34 recomendaciones, las cuales serían evaluadas durante un período de dos años dividido en dos partes. Hasta marzo se evaluaron 15 recomendaciones correspondientes a la primera mitad. Según el ministro, dos recomendaciones fueron totalmente cumplidas, tres tuvieron un cumplimiento parcial o sustancial, nueve tuvieron un cumplimiento parcial y solo una quedó pendiente. Desde marzo, la CIDH está llevando a cabo un segundo año de seguimiento para identificar y actualizar las medidas implementadas y evaluar las restantes recomendaciones.

Avances destacados según mesa de seguimiento

La mesa de seguimiento creada para evaluar el cumplimiento destacó algunos avances importantes. Entre ellos se encuentra la anulación del decreto presidencial que otorgaba amnistía e indulto por razones humanitarias. También mencionaron la realización exitosa de la Cumbre Nacional contra el Racismo y Discriminación del año pasado, correspondiente a las recomendaciones diez y 28. Además, se resaltó el fortalecimiento de la independencia del Servicio para la Prevención contra la Tortura y la creación de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado sobre Derechos Humanos y Desapariciones Forzosas.

Punto pendiente: supervisión judicial

El ministro aclaró que según la mesa de seguimiento, el punto nueve no se ha cumplido en ninguna medida. Este hace referencia a que el Órgano Judicial debe supervisar permanentemente las investigaciones para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso aquellas relacionadas con las detenciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía.

Compromiso con los organismos internacionales

“Como país, estamos abiertos al escrutinio internacional y somos estrictos en cuanto al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer la democracia y la justicia”, publicó Lima en sus redes sociales.

Otros aspectos a exponer ante CIDH

Durante su visita a la CIDH, Lima también expondrá acciones del Estado relacionadas con temas como la eliminación del matrimonio infantil, el fortalecimiento de la justicia constitucional y el proceso para elecciones judiciales.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su último informe sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, en el que señala al Ejército por presunta obstaculización y contradicciones relacionadas con el caso.

Los investigadores Ángela Buitrago y Carlos Beristáin presentaron un mapeo detallado de los movimientos de los militares presentes en el lugar durante el ataque ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Este mapeo, basado en el análisis de sus celulares, contradice las declaraciones previas realizadas por los mismos militares.

Papel clave del Cisen y Ejército

Además, explicó que tanto el Centro Nacional de Inteligencia (antes conocido como Cisen) como el Ejército jugaron un papel clave en la desaparición forzada de los estudiantes. Según los investigadores, el Cisen llevó un seguimiento completo de las actividades de los jóvenes, pero solo existen dos informes sobre ese día, lo cual resulta sospechoso. También mencionaron que el Cisen ha ocultado su participación en detenciones e interrogatorios relacionados con el caso Ayotzinapa.

Manipulación y tortura por parte de la Marina

Además, revelaron que a lo largo del tiempo los militares cambiaron sus declaraciones y que obedecieron la orden del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de entregar todos los documentos relacionados con el caso. También mencionaron que la Marina manipuló pruebas, detuvo y torturó a varios acusados, lo cual contribuyó a construir una versión oficial falsa en un principio.

Responsabilidad del Estado en busca de justicia

Por su parte, Buitrago reiteró que es responsabilidad del Estado y sus instituciones buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, ya que este crimen representa un cuestionamiento profundo para el futuro del país.

Contexto del caso Ayotzinapa

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, ocurrió la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Este estado es uno de los más pobres de México y también una ruta estratégica para el narcotráfico. En ese momento, Enrique Peña Nieto llevaba poco más de un año como presidente y su imagen como “el reformador” se vio seriamente afectada por este crimen que tuvo repercusiones a nivel mundial.

Los jóvenes estudiaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde se forman maestros para comunidades marginadas. Habían tomado autobuses con destino a una manifestación en la Ciudad de México, pero en la terminal de Iguala fueron atacados a tiros y perseguidos.

En medio de estos hechos violentos, los presuntos agresores dispararon contra un camión en el que viajaban miembros del equipo de fútbol conocido como “Los Avispones”. La persecución continuó durante toda la madrugada con la participación de policías municipales, estatales, federales y el Ejército. El saldo fue de seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

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Una de las demandas que coincidió en todas las concentraciones registradas ayer en el país, fue una Ley de amnistía para al menos 180 presos políticos, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y la expresidente Jeanine Añez, informó la red de noticias Erbol.
 
Sin embargo, Alcón respondió que la recomendación diez del GIEI estableció que el Estado debe garantizar la inaplicabilidad de la amnistía en casos graves de violaciones a los Derechos Humanos, que fueron identificadas en el informe que emitió el ente internacional.
 
En ese sentido, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, recurrió a sus redes sociales para respaldar a Alcón, afirmando que la solicitud de amnistía es contraria a la recomendación que se emitió.

/ LMPT

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/ LMPT

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“En ejercicio del art. 24 de la CPE, pedimos igual trato procesal, es decir que, el Ministerio Público tiene la obligación de identificar a los autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores de los delitos identificados por el GIEI-CIDH en el informe final del 17 de agosto de 2021 (puntos 1 y 2)”, especifica el documento de la asociación.

Desde el pasado miércoles las familias de las víctimas que murieron en Senkata, en Pedregal y Sacaba, así como varias organizaciones sociales, se movilizan en respaldo a la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I.

En este caso se investiga la comisión de los delitos de terrorismo y conspiración.

En el proceso penal figuran la expresidente Jeanine Añez, quién fue sentenciada a diez años de prisión, y quienes la acompañaron en su administración de facto entre 2019 y 2020, algunos de los cuales se encuentran prófugos.

Fernando Camacho  es uno de los principales investigados en el caso debido a que en 2019, cuando era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, lideró las protestas cívicas.

Asimismo, las familias de las víctimas aclararon que el juicio por el caso Golpe I, no es por los asesinatos y heridos consumados del 11 al 19 de noviembre de 2019 y solicitaron a la justicia avanzar en los procesos penales que ellos presentaron ese mismo año.

“Existen dos procesos penales abiertos en diciembre de 2019, radicados en la Fiscalía de Cochabamba, por la Masacre de Sacaba, y en la Fiscalía de la ciudad de El Alto, por la Masacre de Senkata, procesos penales que tienen tres años de investigación, en el cual la Fiscalía no ha realizado imputaciones”, se lee en el documento.

/NVY

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Mediante su cuenta de Twitter, el coordinador de la CIDH y exsecretario ejecutivo del GIEI, Jaime Vidal indicó que la delegación está liderada por el comisionado Joel Hernández y la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum.

Asimismo, Vidal señaló que la Comisión se reunirá este martes y miércoles con autoridades del Estado y asociaciones de víctimas y sociedad civil para abordar los objetivos de la Mesa de Seguimiento y dar a conocer su cronograma de trabajo.

El informe del GIEI se presentó en agosto de 2021. En el documento se establecieron las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2019 y se emitieron 36 recomendaciones para el Estado boliviano.

De esa manera, entre las recomendaciones se sugiere la reparación a las víctimas, garantizar la independencia judicial, adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo, sedición al terrorismo, entre otros.

/MDCB

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“Para hacer seguimiento a estas recomendaciones, la propia comisión ha de suscribir en Bolivia, en marzo, en la segunda quincena, un convenio para la implementación de estas recomendaciones y que estos hechos que han ocurrido en nuestro país no vuelvan a ocurrir jamás”, anunció el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, en contacto con Bolivia Tv.

A juicio del diplomático boliviano, las “observaciones más importantes” que están pendientes son la reparación a las víctimas y, “sobre todo”, los procesos de investigación “para dar con los autores mediatos e inmediatos de estos gravísimos hechos”.

Arce consideró que no solo la expresidente Jeanine Añez debe ser procesada por este caso, sino también sus excolaboradores, según reportó el diario Página Siete.

“No hay una investigación que avance en relación a todos los autores, no solo una autora. Un gobierno de semejante violación a los derechos humanos no se ha formado por una sola persona, el mismo decreto de la muerte fue firmado por los ministros de la señora Añez, muchos de ellos abogados, y generó esa especie de licencia para que ocurran las ejecuciones sumarias”, dijo.

/RXVCH/

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Mediante un comunicado la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA hizo conocer la fecha del informe, recalcando que el documento final contiene 468 páginas al trabajo realizado en el país.

Resaltaron las supuestas “irregularidades cometidas” por la Secretaria General de la OEA, acusándola de propiciar una “crisis institucional” de noviembre de 2019 mediante un informe preliminar de auditoría a los comicios presidenciales anulados.

Conclusiones del GIEI

Entre las conclusiones del GIEI afirmaron que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019 se produjeron “graves violaciones a los derechos humanos” en Bolivia.

Establecieron que lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de “agentes estatales y de particulares”, reportó la red Erbol.

Al menos 37 personas perdieron la vida, además de centenares de heridos, en los conflictos postelectorales por las irregularidades observadas en los comicios. Tras la renuncia de Evo Morales, grupos afines al Movimiento Al Socialismo comenzaron con protestas además de instar a una supuesta “guerra civil”.

Investigación contra Morales y Añez

En agosto de 2021, luego de la presentación preliminar del informe del GIEI, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz aseveró que tanto la expresidente Jeanine Añez como Evo Morales deben ser investigados por los hechos del 2019.

“Todo lo ocurrido durante el Gobierno de la señora Añez y Evo Morales de acuerdo al marco que realizó el GIEI en esta investigación de septiembre a diciembre del año 2019, por supuesto que tiene que investigarse”, subrayó en aquel entonces.

Indicó también que se debe efectuar un juicio de responsabilidades contra Añez, de acuerdo al reporte del diario El Día.

/JDLF/

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“Son recomendaciones del GIEI, es una recomendación que lamentablemente no se ha priorizado (…), por eso es que nosotros como Viceministerio de Régimen Interior estamos impulsando el tema de la culminación de una planificación para que exista una desestructuración de todas las organizaciones paraestatales, parapoliciales y también grupos irregulares; es una obligación estatal y eso lo asumimos”, sostuvo Cox.

Asimismo, explicó que desde esa Cartera de Estado se está impulsando la culminación de la planificación para desarticular todas las organizaciones irregulares, paraestatales y parapoliciales que es un pedido de los familiares y víctimas de las masacres del 2019, reportó la agencia de información ABI.

“Ese plan se va a coordinar con las instituciones. Eso piden las víctimas, eso nos han reclamado las instituciones y en función a eso tenemos que dar la respuesta mucho más oportuna como Viceministerio”, dijo el Viceministro.

El 17 de agosto, el Presidente, Luis Arce, afirmó que se implementarían las recomendaciones del GIEI y se ordenó la desestructuración de los grupos parapoliciales que actuaron durante el supuesto “golpe de Estado”.

El informe del GIEI identificó que durante el Gobierno de Añez se cometió violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales.

/RXVCH/

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La legisladora opositora, aseveró que la exautoridad debe responder ante la justicia por sus actos en los conflictos sociales derivados de las elecciones fallidas de 2019.

“(Iniciaremos) muchas denuncias contra el exmandatario Evo Morales porque ya sabemos las atrocidades que le ha hecho al país y obviamente este decreto ha ido en favorecimiento del expresidente”, señaló la diputada en un contacto con radio Fides.

La Asamblea Legislativa tratará la anulación de este decreto luego que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) observara la norma y considerara que busca proteger a exautoridades y afines al partido azul con denuncias y sentencias por hechos de violencia en 2019.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó a los diputados y senadores a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional el jueves a las 14:00 horas, en el orden del día está previsto “abrogar el Decreto Presidencial 4461”.

Decreto de Indulto y Amnistía

La norma es del 18 de febrero de 2021, fue aprobada por el MAS, pese a una serie de observaciones y críticas porque pretendía dejar en la impunidad varios hechos de violencia sucedidos en medio de la crisis política de 2019 tras las renuncia del entonces Presidente Evo Morales.

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“Esa recomendación no se queda en eso, sino que es una obligación del Estado. Por ejemplo, le dice al Gobierno actual: usted sacó un decreto que generó una amnistía, deróguelo”, señaló Goitia en contacto con la red Erbol.

Sostuvo que la recomendación “es una obligación”, indicando que, si no se cumple, Bolivia terminará demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por incumplir los deberes que tiene en el marco de la Convención

“Esa demanda contra Bolivia va a derivar en que el Presidente actual, el señor Arce, más su gabinete, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el propio Fiscal General del Estado, magistrados del Tribunal Constitucional terminen en el banquillo de los acusados”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que se identificaron “una serie de violaciones” a los derechos humanos y “una serie de víctimas” por una falta de capacidad de las entidades públicas como el Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo y algunos operadores de justicia que no llevaron a cabo un trabajo serio y profesional, generando varios casos de injusticia.

Remarcó que el Estado primero tiene que “reparar” a las víctimas y esa “no es una recomendación sino una carga que tiene el Gobierno actualmente”. Pidió al Estado que revise ciertos procesos cerrados, los cuales “deberían abrirse”.

Señaló que los expertos pidieron reformar el sistema de justicia, respecto a la detención preventiva y “el Estado tiene el deber de hacerlo” para así no llevar a las personas a la privación de libertad por el “capricho de la corrupción” de fiscales y jueces o por intereses del “partido azul” que las manipule.

Goitia subrayó otra recomendación que indica que se deben garantizar imparcialidad de sus jueces y el Ministerio Público debe ser un ente objetivo y no responder a los llamados del partido político del Gobierno.

El abogado considera que no corresponde “lo están queriendo hacer”, de simplemente tomarlo como recomendación.

“El informe tiene efectos jurídicos, políticos, muy duros, y muy complejos para Bolivia”, concluyó.

/JDLF/

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Mencionó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó al Estado asumir acciones para la reparación de las víctimas, por ejemplo, un censo.

“El grupo recomienda la elaboración de un censo de víctimas. Hasta el momento, no las habíamos dejado de lado; pero, habíamos atendido prioritariamente a las viudas, a los heridos más graves y esto debe ampliarse a otras víctimas”, señaló la autoridad.

El GIEI explicó en su informe que, para otorgar atención y reparación integral a las víctimas, el Estado debe diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente, pluralista, que incorpore un procedimiento para realizar un censo de víctimas, conforme al principio de universalidad, de acuerdo al reporte de la agencia de noticias ABI.

El Sepdavi es una institución pública descentralizada, encargada de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a personas de escasos recursos económicos.

“Se recomienda la creación de un grupo multidisciplinario entre el Gobierno, sociedad civil y las mismas víctimas para hacer un seguimiento este proceso del más alto nivel, aspecto que también vamos a tomar en cuenta para implementar las recomendaciones”, concluyó Lima.

El informe del GIEI considera una falta de independencia judicial y el uso de la persecución penal con finalidades políticas, como una práctica que persiste en la actualidad en el país.

/JDLF/

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“Durante la gestión del señor Evo Morales ha habido vulneraciones a los derechos humanos en Montero y en otras poblaciones. Sin embargo, no existió una participación activa del Gobierno, debido a que las vulneraciones a los derechos humanos se deben a la inacción de la Policía, que pudo haber evitado enfrentamientos”, señaló Del Castillo.

El informe del GIEI estableció que hubo graves vulneraciones a los DD.HH. en la administración del exmandatario, en los enfrentamientos con muertes en Montero (Santa Cruz) y en las “emboscadas” a las caravanas de universitarios y cívicos en Vila Vila y de cooperativistas mineros en Playa Verde, el 9 y 10 de noviembre de 2019, donde cinco cuentapropistas fueron heridos de bala.

Después del repliegue policial, el 8 de noviembre del 2019, los uniformados manifestaron que solo tenían orden de reprimir a los miembros de las plataformas ciudadanas y no tenían las órdenes de impedir las arremetidas de los sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) en contra de sectores que se movilizaban contra el Gobierno de Morales y los resultados de las elecciones, que fueron anuladas por las múltiples irregularidades detectadas.

Desde los conflictos poselectorales del 2019 el titular de la cartera de Gobierno era Carlos Romero. Esta exautoridad estaba a cargo de la institución “verde olivo” y de las acciones que realizaba la misma como cabeza de sector.

El 23 de octubre del 2019, el Concejo Nacional por el Cambio (Conalcam), que reúne a organizaciones del MAS, se declaró en estado de emergencia para defender al Gobierno de Morales.

Mientras que el 29 de octubre mineros y sectores campesinos llegaron a La Paz para acuartelarse en la plaza Murillo. Estos grupos salían a desbloquear de manera violenta los piquetes de las plataformas ciudadanas.

Sin embargo, en ese entonces el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, brindó abiertamente su apoyo a las acciones de las organizaciones afines al partido oficialista.

“Hay varias organizaciones que se van a quedar varios días. El objetivo es que estén acá si persiste alguna aventura golpista o si a alguien no le queda claro nuestro voto”, advirtió Zavaleta.

El documento también describe que, durante las protestas, la Policía no detenía ni impedía que los sectores que apoyaban al partido de Gobierno de Morales lancen cachorros de dinamitas a los manifestantes que denunciaban el fraude electoral. A su vez hubo uso excesivo de la fuerza contra los activistas en las ciudades.

Vila Vila y Playa Verde

En el caso de Vila Vila y Playa Verde, los expertos concluyeron que los integrantes de ambas caravanas fueron víctimas de graves violaciones a los DD.HH., cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego, otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas. Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual.

“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”, detalla el documento.

/AAC/

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Los miembros del GIEI, Marlon Weichert de Brasil y Magdalena Correa de Colombia se presentaron a explicar los resultados de sus investigaciones.

El detonante del impasse entre víctimas de las emboscadas de Vila Vila y Playa Verde y personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) se dio cuando intervino Correa con un efusivo discurso en el que mencionó las palabras “justicia y reparación”.

El grupo de expertos independientes en su documento concluye que existieron graves vulneraciones a los derechos humanos en la emboscada y toma de rehenes de la caravana de mineros, universitarios y cívicos de Potosí y Sucre que se dirigían a la ciudad de La Paz a reforzar las protestas contra Evo Morales.

Las personas que se encontraban en el lugar comenzaron gritar “justicia, justicia”. Tras esto, otro ciudadano voceó: “Los que han quemado la Federación de campesinos, tiene que pagar ahora”.

En ese momento inició el intercambio de palabras entre dos sectores. Unos gritaban: “Fuera masistas”, “fraude”, “asesinos”, “delincuentes”. Los otros respondían: “Golpistas”. Incluso existió amagues de enfrentamientos y el hecho se extendió por aproximadamente diez minutos.

“Nada tiene que ver la gente pagada del Gobierno”, decía con voz fuerte uno de los presentes. Otro se levantó la camiseta para mostrar las cicatrices que le dejaron los conflictos del 2019, reportó el diario El Día.

“El expresidente Evo Morales, ambicioso de poder, nos ha mandado francotiradores a emboscarnos. Nosotros hemos dado el pecho. No somos ningunos pagados como estos masistas llunkus”, declaró una persona con casco de minero, ante los medios de comunicación.

“No ha existido la imparcialidad cómo se debe hacer una investigación el tema de Vila Vila y Playa Verde quedan de cierta manera en segundo plano y los que tienen mayor relevancia solamente son los informes de Senkata como de Sacaba”, afirmó el exdirigente cívico, Marco Pumari, en declaraciones a radio Líder de la red Erbol.

Antecedentes

El 9 de noviembre de 2019, la denominada “Caravana del Sur” integrada por cívicos, universitarios y activistas partió desde Chuquisaca y pretendió llegar hasta La Paz para sumarse a las movilizaciones que demandaban la renuncia de Evo Morales pero en el sector de Vila Vila sufrieron un ataque por parte de comunarios afines al MAS.

Un día después, mineros cooperativistas de Potosí decidieron sumarse a la caravana pero en el sector de Playa Verde, fueron sorprendidos por un bloqueo en la carretera, además de explosiones de dinamita. Al menos cinco personas resultaron heridas en ese hecho.

/RXVCH/

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“Hoy venimos con el resultado de nuestro trabajo. Hemos investigado durante ocho meses y escribimos un informe que vamos a entregar en poco rato más a los familiares de las víctimas y que después habrá copias disponibles para las organizaciones sociales”, indicó la experta Patricia Tappatá en el acto oficial.

El informe de la GIEI concluye que en Sacaba existió vulneración a los derechos humanos, una masacre con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El 15 de noviembre de 2019, un operativo de fuerzas combinadas en la zona de Huayllani, del municipio de Sacaba, quitó la vida a personas que cuestionaban el Gobierno de Jeanine Añez.

“Estamos aquí como víctimas, esperando al grupo de expertos del GIEI, para que nos entregue el informe que ha realizado, la investigación que hizo y que indica que en Sacaba hubo masacre”, indicó el representante de los familiares, María Javier en una entrevista con Bolivia TV.

El GIEI entregó el martes en La Paz y el miércoles en El Alto el informe final que contiene los resultados de las investigaciones de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

/GFS/

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El GIEI ratificó en el documento que en el 2019 existió masacres y ejecuciones sumarias, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos. Además que la Policía y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dejaron desprotegidos a los ciudadanos e incumplieron su rol constitucional.

“Además, de que en una primera instancia, hubo temor por parte de las víctimas a brindar la cooperación, por un elemento fundamental, eran acosados y presionados por el anterior Ministerio de Gobierno para brindar cualquier tipo de información”, señala el boletín de prensa de la Fiscalía.

Lanchipa explicó que el Ministerio Público tropezó con inconvenientes en la investigación por el contexto de la pandemia, la paralización de plazos procesales del Órgano Judicial y otros.

“Se hizo notar la reticencia de las autoridades militares y policiales del anterior Gobierno. El Ministerio Público hizo conocer los constantes requerimientos que se hicieron llegar a las autoridades para que puedan facilitarnos información como planes de operación militar policial, personal desplegado en las operaciones, material e instrumentos utilizados, pero nunca brindaron información, esa reticencia contribuyó a que los procesos de investigación no hayan tenido la suficiente solvencia en algunos casos”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, aclaró que el Ministerio Público fue la única institución que entregó toda la información solicitada al GIEI, reportó la agencia de noticias Fides.

“No hubo ningún documento o elemento que haya sido sometido a reserva, hemos sido totalmente transparentes y amplios en la otorgación de toda la información que nos solicitaron, esto fue agradecido por la comisión que destacaron la cooperación del Ministerio Público”, aseveró Lanchipa.

Durante la reunión, el Fiscal General hizo conocer a los expertos la elaboración del plan de implementación para la aplicación de las 36 recomendaciones presentadas en el informe.

Lanchipa también explicó que existen “elementos sustanciales” que se deben analizar con mayor profundidad y prolijidad como la carrera fiscal, en la que ya se tiene a la primera promoción.

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Prada durante la entrevista dijo que el informe claramente establece que sí hubo violación a los derechos humanos, por las masacres ocurridas desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 en las localidades de Sacaba y Senkata, según la agencia de noticias ABI.

Señaló, que la expresidente Jeanine Añez se proclamó Presidente en la Asamblea Legislativa, sin la presencia del quórum correspondiente, y posteriormente se trasladó al Palacio de Gobierno donde le entregaron el bastón de mando.

Reiteró que el informe prueba la violación a los derechos humanos de las familias, mediante las represiones que tuvieron consecuencias irremediables. Añadió que estos hechos dañan a la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, aclaró que dicho informe no fue para aclarar si hubo o no el supuesto “golpe de Estado o fraude”, de acuerdo el diario El Día.

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El GIEI realizó una averiguación de violación a los derechos humanos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de ese año.

“Todo lo ocurrido durante el Gobierno de la señora Añez y Evo Morales de acuerdo al marco que realizó el GIEI en esta investigación de septiembre a diciembre del año 2019, por supuesto que tiene que investigarse”, aseveró Cruz.

Asimismo, indicó que el fiscal general tiene que rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre la “obstaculización” de las investigaciones en hechos de mencionado año, según reporte del portal El Día.

Añadió también que se debe efectuar un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez de acuerdo al informe que fue presentado la jornada anterior el GIEI.

En ese entendido, los casos Senkata y Sacaba “recaen” sobre el Gobierno de la entonces Presidente Jeanine Añez, mientras que los casos Vila Vila y Playa Verde sobre la administración de Evo Morales.

El martes precedente, informe del GIEI concluyó que en el último trimestre del año 2019, es decir en octubre, noviembre y diciembre, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia.

El 10 de noviembre Morales renunció a la Presidencia y un día después salió del país. Asimismo, Añez asumió el poder el 12 de noviembre y dejó el mandato en noviembre de 2020.

Montero, Vila Vila y Playa Verde, son los casos que ocurrieron durante la gestión de Morales, hasta el momento en que dimitió. Asimismo, los casos que ocurrieron durante la Presidencia de Añez son el de Senkata y Sacaba.

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“Vamos a implementar las recomendaciones que fueron presentadas en el Informe del GIEI, y de inmediato vamos a conformar las comisiones necesarias para implementar las recomendaciones que planteó este grupo de expertos internacionales”, señaló Lanchipa.

La autoridad manifestó que el propósito de la comisión será la revisión y la implementación de cada una de las recomendaciones del grupo GIEI, de acuerdo a una nota de prensa institucional.

Asimismo, sostuvo que supuestamente cumple sus funciones de manera independiente enmarcada en la Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.

“En ese sentido, nosotros vamos a impulsar el juicio de responsabilidades en el caso de Senkata y Sacaba”, añadió.

El informe concluyó que hubo masacres en Sacaba y Senkata, además de violencia racista, lo cual requiere sanción.

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Esta investigación se presentará el viernes 23 de julio. Sin embargo, el informe se publicará “en las próximas semanas”, según un comunicado.

El anuncio se conoció a través de una publicación en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

“El GIEI dará a conocer al Estado boliviano este 23 de julio los resultados preliminares de su gestión a efectos de que el Estado boliviano verifique que el informe este acorde al Acuerdo y el Protocolo aplicado para la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los DDHH ocurridas en Bolivia entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, señala parte la nota de la Cancillería.

GIEI Bolivia

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) se creó mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019.

Este grupo tiene el objetivo de coadyuvar en las investigaciones de los supuestos hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

El GIEI Bolivia inició su trabajo el 23 de noviembre de 2020, cuando se realizó el acto de instalación oficial de la entidad en la ciudad de La Paz.

El GIEI desarrolló el trabajo en los municipios de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro, reportó el diario Los Tiempos.

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