Gestora Pública habilita canales para consultar Ahorro Previsional

Pensar en la jubilación ya no es algo lejano. Cada aporte cuenta y conocer cuánto dinero tienes acumulado puede ayudarte a tomar mejores decisiones para tu futuro. Por eso, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recordó a la población que ya es posible consultar el Estado de Ahorro Previsional mediante canales digitales y presenciales en todo el país.

Opciones para consultar el Estado de Ahorro Previsional

La Gestora Pública habilitó diferentes canales para que los asegurados puedan consultar sus aportes, saldos y el crecimiento de su fondo de jubilación de manera rápida, segura y transparente. Este documento permite a los asegurados revisar sus aportes, saldos acumulados y cómo va creciendo su fondo previsional con el paso del tiempo. La información busca brindar mayor transparencia y facilitar que cada persona pueda proyectar su jubilación con datos reales y actualizados.

• Oficina Virtual: Los usuarios pueden ingresar a la plataforma oficial de la Gestora utilizando su CUA (Código Único de Asegurado), tipo de documento y fecha de nacimiento para revisar su información previsional.
• Correo electrónico: También es posible solicitar credenciales o pedir el envío del estado de cuenta directamente al correo electrónico mediante los servicios habilitados en la página web oficial.
• Aplicación móvil: La entidad cuenta con una app oficial que permite acceder al Estado de Ahorro Previsional desde el celular utilizando autenticación biométrica o usuario registrado.
• Atención presencial: Quienes prefieran atención directa pueden acudir a cualquiera de las agencias o Plataformas de Atención al Cliente de la Gestora en Bolivia portando su cédula de identidad.

Importancia de conocer tus aportes previsionales

La entidad recordó que conocer el estado de los aportes previsionales es clave para planificar el futuro financiero y tener una mejor proyección de jubilación. El control de tu futura estabilidad económica está en tu celular: monitorear tus aportes a través de la aplicación oficial de la Gestora Pública es la única vía legal y efectiva para verificar que tus retenciones previsionales se registren correctamente, protegiendo tus derechos laborales y asegurando de forma transparente que acumules los 120 aportes obligatorios necesarios para acceder a una pensión de vejez en Bolivia.

“Conocer tu ahorro hoy es asegurar tu mañana”, destaca el mensaje difundido por la Gestora Pública, que impulsa el acceso transparente a la información previsional de los trabajadores bolivianos.

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El Movimiento de Emergencia Nacional realizó una movilización este miércoles 1 de abril en el frontis de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante esta protesta, exigieron la devolución de sus aportes a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, argumentando que no se trata de dinero que el Estado pueda disponer.

Reclamos del vicepresidente del movimiento

Henry Jiménez, vicepresidente del Movimiento de Emergencia Nacional, reclamó que los aportes de la banca benefician principalmente a las instituciones financieras y al Gobierno. En este contexto, mostró una foto recordando que el actual Presidente, Rodrigo Paz, se comprometió cuando era senador a garantizar la devolución de los aportes a este sector.

Compromiso incumplido y proyecto de ley

“Queremos que ahora honre su palabra”, afirmó Jiménez. Además, mencionó que el 17 de marzo presentaron un proyecto de ley mediante la senadora Wanda Medrano para su tratamiento en la Cámara de Diputados y posterior promulgación por parte del Ejecutivo. Según él, “es dinero privado, propiedad privada, no es dinero del Gobierno”.

Expectativas sobre el diálogo con el Ministerio de Economía

Jiménez indicó que se había anunciado una mesa de trabajo junto al Ministerio de Economía para analizar el proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han recibido convocatorias y esperan un llamado por parte de esta cartera estatal.

Denuncias sobre rendimientos y comisiones

El vicepresidente también denunció que actualmente se paga un rendimiento del 4% por sus ahorros, mientras que se abona una comisión del 6% a la Gestora. Además, destacó que la banca abierta ofrece entre 8 y 9% por Depósitos a Plazo Fijo (DPF). En este sentido, acusó a la Gestora de estar “negociando” con el dinero de los contribuyentes.

Perspectivas futuras y exigencias

“Los beneficiarios no somos los ahorristas; somos los grandes estafados por parte del Gobierno”, sentenció Jiménez. Finalmente, anticipó que continuarán exigiendo que la devolución de sus ahorros sea libre y voluntaria.

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Trabajadores exigen devolución total de aportes

Un grupo de trabajadores inactivos se concentró frente a la Asamblea Legislativa para exigir la devolución del 100% de los aportes que tienen en la Gestora Pública. Los manifestantes consideran que las jubilaciones actuales son demasiado bajas y afirman que ese dinero es de carácter privado. Además, desconfían de la administración de la Gestora, ya que sospechan de corrupción y creen que se trata de una ‘caja chica’ del Gobierno.

Reclamos sobre las jubilaciones

Henry Jiménez, vicepresidente del Movimiento de Emergencia Nacional, destacó que esos fondos pertenecen a cada trabajador y no a los políticos. Afirmó que las rentas de jubilación son ‘indignas’ y ‘miserables’, ya que solo alcanzan entre el 20% y 30% del salario previo, con montos que oscilan entre 750 y 1.000 bolivianos. Explicó que no buscan quedarse con esa renta, afirmando: ‘La jubilación es cosa de cada quien’.

Proyecto de ley para la devolución

En este contexto, Jiménez anunció que el movimiento presentó un proyecto de ley para la devolución total de los aportes. Este proyecto debió ser analizado en enero pasado por la Asamblea, pero no se llevó a cabo. ‘Vamos a exigir de nuevo a los legisladores que traten nuestro proyecto’, manifestó.

Compromiso político y movilizaciones

El dirigente mencionó encuentros con la diputada Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien se comprometió a impulsar el tratamiento de la iniciativa. Anunció que volverán a reunirse con ella para conocer el avance del proceso.

Medidas de presión y futuro

Respecto a las medidas de presión, Jiménez indicó que habrá movilizaciones permanentes y semanales en todos los departamentos del país. Recordó que en 2020 el sector logró recuperar el 15% de los aportes durante la pandemia. Advirtió que si no obtienen respuesta, algunos afiliados contemplan radicalizar las protestas con huelgas de hambre e incluso acciones más extremas. Sin embargo, aclaró que por ahora las movilizaciones son pacíficas y aún no se ha decidido si habrá bloqueos.

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Durante un acto realizado este martes en Montero, el mandatario se refirió nuevamente al panorama que calificó de “delicado”. Este escenario ha sido generado por juicios iniciados por las antiguas administradoras de fondos de pensiones.

“Bolivia está a punto de perder un total de 171 millones de dólares por dos arbitrajes internacionales en curso: 94 millones de dólares con una empresa y 77 millones de dólares con otra”, precisó el Jefe de Estado.

Críticas a administraciones anteriores

Las declaraciones de Paz se producen un día después de haber generado polémica al señalar que “no hay sus aportes en la Gestora, se lo han gastado”. Este martes, el Presidente reafirmó sus cuestionamientos a las administraciones anteriores, que, según él, dejaron a la institución “sin recursos”.

Paz fue tajante al afirmar que “la Gestora era otra caja chica del Gobierno”. Además, el mandatario arremetió contra quienes aseguran que los recursos de los jubilados están seguros.

Preguntas sobre los recursos

El Presidente preguntó: “Todavía tienen el tupé de decir que la plata de los jubilados está ahí. Sí, sí, pero eso al referirse a los arbitrajes, ¿quién lo paga?”.

Deudas con abogados

En un hecho que complica la defensa del país en estos procesos, el Presidente Paz reveló que Bolivia mantiene deudas de “varios millones de dólares” con la firma de abogados encargada de representarlo en los arbitrajes.

Según el mandatario, la situación es tan crítica que el equipo legal ha considerado retirarse del caso debido a la falta de pagos durante meses. Este problema, aseguró, está siendo negociado actualmente.

Exigir responsabilidades

Paz concluyó su intervención reiterando la necesidad de que el país asuma con seriedad los procesos internacionales. También enfatizó la importancia de exigir responsabilidades a las administraciones pasadas por la situación crítica de la Gestora.

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El parlamentario indicó que esta medida busca evitar que las autoridades salgan del país mientras se esclarecen presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

Irregularidades en la gestión

Zegarra afirmó que existen observaciones sobre el uso de fondos administrados por la Gestora, particularmente los aportes de los jubilados. Señaló que distintos sectores demandan un informe claro sobre el destino de estos recursos y que la institución debe transparentar su gestión.

En el caso de la UPRE, el diputado mencionó que se identificaron proyectos inconclusos o sin equipamiento en varias regiones. Afirmó que se está reuniendo documentación que respalde estas denuncias y que se requiere la presencia de las autoridades para explicar el uso de los fondos destinados a obras.

Percepción en las provincias

Zegarra sostuvo que en las provincias persiste la percepción de que los recursos no beneficiaron a la población y que hubo un manejo ineficiente durante los últimos años. Consideró necesario iniciar procesos de fiscalización y establecer responsabilidades para evitar que los señalados evadan la acción de la justicia.

Agenda legislativa

Por otra parte, al ser consultado por leyes pendientes en la Asamblea, Zegarra puntualizó que continúan organizando sus comisiones y que se espera avanzar en una agenda conjunta entre bancadas. Afirmó que su prioridad será fiscalizar el uso de fondos estatales y buscar soluciones para la crisis económica que atraviesa el país.

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“El líder cocalero deberá presentar pruebas. No se puede hablar a la ligera sobre un tema tan sensible. Las afirmaciones de Morales no tienen sustento y solo buscan sembrar desconfianza en el sistema de seguridad social”, afirmó Montenegro.

Normativa de la Gestora Pública

La autoridad recordó que la Gestora Pública opera bajo los lineamientos de la Ley 065. Esta normativa fue promulgada durante la gestión del actual presidente Luis Arce, quien era ministro de Economía en ese momento. La ley establece claramente que los fondos de los trabajadores solo pueden ser invertidos en instrumentos del mercado de valores, sin posibilidad alguna de transferencias a cuentas privadas.

“El manejo de los fondos está estrictamente regulado. No se ha desviado ni un centavo. Todo está transparente y auditado”, remarcó Montenegro.

Renuncia de Jaime Durán

Las declaraciones del ministro se producen tras la renuncia de Jaime Durán a la gerencia de la Gestora Pública. El exejecutivo también negó haber realizado transferencias irregulares durante su administración. Además, rechazó cualquier vínculo con supuestos desvíos, especialmente hacia cuentas del presidente Arce, como insinuó Evo Morales.

Mejoras en el sistema de pensiones

Montenegro subrayó que el sistema de pensiones ha mostrado mejoras con la administración estatal de la Gestora, en comparación con el esquema anterior que era manejado por las AFP. También hizo un llamado a no jugar políticamente con los ahorros de los trabajadores.

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Preocupaciones sobre inversiones

Silverio Llanque, dirigente de Fencomin, indicó que la principal inquietud proviene de las operaciones de la Gestora para obtener dólares e invertir en bonos del Banco Central. Los trabajadores se sienten desinformados sobre estas decisiones, lo que ha generado un vacío de información.

“Hay un vacío de información, creando la susceptibilidad de nuestros compañeros y algunos inclusive ya pensando en no aportar, suspender el tema de sus aportes al seguro social de largo plazo”, explicó Llanque. Él insistió en la necesidad de mayor transparencia en las acciones de la Gestora.

Demoras en calificaciones

El dirigente también cuestionó la lentitud de la Gestora en la calificación de invalidez, muerte y jubilación. Según Llanque, algunas solicitudes que fueron presentadas desde junio de 2023 recién obtuvieron dictamen en julio de 2025. Esta situación pone de manifiesto la falta de eficiencia en los procesos y genera dificultades significativas para los afiliados.

Falta de un directorio fiscalizador

Llanque agregó que la Gestora debería contar con un directorio que funcione como un ente fiscalizador. Sin embargo, atribuyó la ausencia de este órgano a la responsabilidad de las autoridades encargadas de su designación, tanto el Presidente como la Asamblea. Además, responsabilizó al exgerente Jaime Durán por no garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, lo que agrava la desconfianza del sector.

Impacto en los afiliados

Por su parte, Ángel Ramos, secretario general de Fencomin, reiteró que la falta de información clara podría llevar a que los afiliados dejen de aportar a la Gestora. Esto aumentaría la incertidumbre sobre los fondos de jubilación y afectaría la confianza de los trabajadores mineros. Por ello, solicitó que se implementen acciones inmediatas para corregir la situación y garantizar transparencia en los procesos.

LDVY

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Logros de la gestión de Durán

Durán destacó que deja a la institución con más de 2,7 millones de asegurados, utilidades netas positivas y un patrimonio que supera los 400 millones de bolivianos. Además, su administración logró incrementar la rentabilidad de los aportes del 2,7% al 4,36%. Subrayó que su gestión se caracterizó por la transparencia, sin denuncias ni investigaciones en curso, y por garantizar el pago puntual de la Renta Dignidad y las pensiones a jubilados.

A la fecha, la Gestora cuenta con 2.771.442 asegurados. Todo el andamiaje de la última etapa se construyó sobre la base del Decreto Supremo 4585, que establecía dos fechas clave: el 9 de septiembre de 2022, como arranque parcial, y el 15 de mayo de 2023, como arranque total.

Datos sobre afiliaciones

“Hasta el 24 de agosto hemos realizado 254.252 registros, afiliando a 199.292 trabajadores, y actualmente la Gestora trabaja con 54.960 empleadores”, afirmó Durán. También destacó que, a diferencia de las AFP, que cobraban cuatro comisiones, ellos operan con una sola comisión. La primera comisión era del 0,5% a cada asegurado y la segunda del 1,31% a los jubilados.

Nuevo gerente general

Tras su dimisión, Darwin Ugarte Ontiveros asumió la Gerencia General de la Gestora Pública. El ministro Marcelo Montenegro destacó que “la Gestora ha dado señales de buena administración y cumplimiento de la norma. Estamos seguros de que ahora, en manos del doctor Darwin Ugarte, continuará ese manejo eficiente y diversificando el portafolio que requieren los ahorros de todos los bolivianos en mejora de sus pensiones y jubilaciones”.

/KMMN

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Prohibición de privatización

“Por si existiese alguna duda al respecto, el parágrafo VI del mismo artículo (45 de la CPE) dice que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”, sostuvo Durán en una conferencia de prensa.

La autoridad citó el artículo 45 de la Carta Magna, que también establece que la seguridad social debe ser brindada bajo los principios de “universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia”. Además, señala que su administración corresponde al Estado, con control y participación social.

Cuestionamientos a propuestas políticas

En este contexto, Durán cuestionó a algunos actores políticos que proponen modificaciones sin tener en cuenta los fundamentos constitucionales. “Sorprende que algunas personas que dicen conocer mucho sobre el sistema financiero no conozcan la Constitución Política del Estado, porque la base de todo lo que hacen las instituciones radica en la Constitución y creo que todos debemos respetarla”, afirmó.

Durán expresó su preocupación por las propuestas que han sido difundidas por el analista Jaime Dunn y algunos candidatos, quienes habrían sugerido la creación de nuevas administradoras de fondos de pensiones o incluso la eliminación de la Gestora Pública.

Reafirmación de la dirección estatal

“Somos respetuosos de las propuestas, pero es importante recordar que el artículo 45 está plenamente vigente y garantiza la dirección estatal del sistema de seguridad social en el país”, concluyó.

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De acuerdo con el informe, al 30 de junio de 2025 la utilidad neta de la entidad alcanzó los Bs111,26 millones, lo que representa un incremento del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado responde a una administración técnica y responsable de los recursos de la entidad. Debe recordarse que por norma los patrimonios de las Empresa y de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se encuentran separados.

Este desempeño permitió alcanzar un Retorno sobre Patrimonio (ROE) de 28,22%, indicador que mide la rentabilidad obtenida sobre los recursos patrimoniales de la empresa. El ROE se calcula dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio y refleja cuánto gana una entidad por cada boliviano de su capital.

“El buen desempeño financiero que logramos en este primer semestre refleja nuestro compromiso con una gestión eficiente y transparente, en beneficio de todos los asegurados y jubilados del Sistema Integral de Pensiones”, afirmó el Gerente General de la Gestora, Jaime Duran.

En cuanto al patrimonio empresarial, se reportó un crecimiento del 59% en comparación con junio de 2024, al pasar de Bs247,86 millones a Bs394,29 millones al cierre de junio de 2025, impulsado por un manejo financiero prudente. Este incremento refleja la solvencia alcanzada por la entidad y garantiza una mayor capacidad de respaldo para sus operaciones y obligaciones previsionales.

Por otro lado, la rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones bajo administración de la Gestora alcanzó el 4,33% al 30 de junio de 2025, superando de manera sostenida el rendimiento que antes registraban las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyo promedio previo al traspaso de mayo de 2023 era del 2,7%. Este incremento en la rentabilidad beneficia directamente a los trabajadores asegurados y jubilados, preservando y haciendo crecer los recursos destinados a sus futuras pensiones.

Adicionalmente, desde que asumió la administración, la Gestora incrementó el valor de los fondos de pensiones en Bs31.550 millones. En este mismo periodo, logró incorporar a 190.969 nuevos asegurados y registrar a 54.191 empleadores en el Sistema Integral de Pensiones, ampliando de forma sostenida la cobertura previsional en el país.

En el ámbito de socialización, entre junio de 2022 y junio de 2025, se llevaron a cabo 886 socializaciones, alcanzando a 65.091 personas a nivel nacional. Asimismo, se realizaron 84 Brigadas Móviles en localidades sin oficinas permanentes, brindando atención e información previsional a más de 10.100 personas.

El Gerente General calificó el primer semestre de 2025 como altamente positivo para la entidad y reafirmó el compromiso institucional de continuar trabajando con eficiencia, responsabilidad y transparencia en la administración de los fondos previsionales.

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Con información a abril de 2025 se verifica que el monto de la cartera de inversiones alcanza a Bs194.634 millones, que es 18% más grande que los Bs164.969 millones que dejaron las AFP en mayo de 2023 cuando entregaron la administración de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) a la Gestora.

Del total administrado por la Gestora, Bs65.170 millones está invertidos en instrumentos emitidos por el TGN. Hasta mayo de 2023 las AFP invirtieron Bs47.256 millones, y a continuación la Gestora destino Bs17.914 millones a dichas emisiones. El rendimiento que tenían las AFP alcanzaba a 3,92%, con la entidad estatal administradora de pensiones se llegó a 5,72%.

La entidad destacó que, hasta la fecha, todos los pagos de capital e intereses han sido cumplidos puntualmente por el TGN, sin registrar ningún tipo de retraso en sus obligaciones como emisor.

Esta aclaración responde a declaraciones recientes del diputado José Luis Porcel Marquina, publicadas en el Periódico de la ciudad de Tarija, quien afirmó que la Gestora Pública habría prestado al Estado nacional 8.300 millones de dólares y que “debe ese dinero a los bolivianos”.

Ante estas afirmaciones, el gerente general de la Gestora, Jaime Duran, desmintió categóricamente dichas declaraciones en conferencia de prensa, señalando: “La Gestora no es una entidad financiera, no presta dinero a ninguna institución. Nuestra operativa está establecida en la Ley 065 de Pensiones, que define claramente que nuestra función es la inversión de los fondos previsionales, no el otorgamiento de créditos”.

En dicha línea el ejecutivo remarco que contrariamente a lo que afirma Porcel, las inversiones en el TGN han generado rendimientos que alcanzan anualmente a Bs2.887 millones, con lo que se desmiente categóricamente una supuesta perdida.

La Gestora administra los recursos del Sistema Integral de Pensiones con responsabilidad, transparencia y en estricto cumplimiento del marco normativo, asimismo, se exhorta al diputado Porcel a informarse a través de canales oficiales sobre el rendimiento y destino de las inversiones.

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“En esta oportunidad hemos puesto a disposición todo el equipo profesional de la Gestora Pública para brindar la información necesaria acerca del funcionamiento del Sistema Integral de Pensiones y los servicios que brinda. En el marco de nuestra política de transparencia se ha logrado que la población boliviana reivindique su derecho a la información”, manifestó la gerente Regional Oriente, Pamela Tarifa.

La autoridad sostuvo que, en esta Jornada, de igual manera se han dispuesto oficinas móviles para que los participantes de este taller puedan acceder a estos servicios de manera personalizada para cualquier consulta o seguimiento de algún trámite iniciado en la Gestora Pública.

El encuentro que contó con la participación de más de un centenar de delegados de las diferentes organizaciones, sindicatos y federaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental (COD) Pando, se pudo absolver diferentes inquietudes referidas a los alcances de la Ley 065 de Pensiones, el Sistema Integral de Pensiones, Ley 1582 de Modificación de Límites Solidarios y Renta Dignidad, entre los principales temas.

“Esta jornada es parte de una construcción continua que llevamos adelante como Gestora Pública a la cabeza de nuestro gerente general, Jaime Duran, es una labor orientada a romper las brechas de información, a fortalecer la cultura previsional y, poder acercar nuestros servicios, porque sabemos que detrás de cada de uno y cada una de ustedes, de una consulta, de cada duda o trámite, hay una historia de esfuerzo, una familia, un futuro, y ese futuro merece claridad, merece orientación y merece garantías”, sostuvo a su vez la sugerente Nacional de Atención al Cliente y Comercial, Daniela Nogales.

La Jornada sirvió también para aclarar y disipar dudas de los trabajadores en relación a prestaciones, casos sobre riesgos, la mesa de diálogo registró 82 casos entre consultas, seguimientos y resoluciones, así como otra cantidad sobre Estado de Ahorro Previsional y Abono en Cuenta.

“Fue una jornada sumamente productiva ya que el equipo de la Gestora que ha llegado a nuestro departamento, despejó las dudas de los compañeros, sin la necesidad de algún tipo de intermediarios, recibieron información directa para que puedan transportarla a sus bases”, puntualizó el secretario Ejecutivo de la COD Pando, Kifer Vinique.

El dirigente resaltó el acercamiento que ahora se tiene con la administración estatal de los Fondos de Pensiones y dijo que es diferente cuando el trabajador tiene la información directa de la Gestora, aspecto, remarcó que no ocurría con las AFP.

La Gestora realiza en todo el país la socialización de los alcances y beneficios que representa las prestaciones de servicio del Sistema Integral de Pensiones.

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“Esta nueva agencia en Oruro es un ejemplo claro del compromiso que tiene la Gestora, que pone en el centro de atención a las personas a los trabajadores a los jubilados y a sus familias”, dijo el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza.

El crecimiento de la población en el departamento de Oruro en los últimos años demanda una mejor y mayor atención del público, principalmente de los trabajadores, asegurados, jubilados, beneficiarios, derechohabientes, lo que representa la necesidad de ejecutar un descongestionamiento de la oficina principal en el centro de la ciudad.

Es en ese sentido y velando por el bienestar del público que acude a realizar sus trámites a las plataformas, es que la Gestora tomó la determinación a iniciativa de habilitar nuevos ambientes que están ubicados en la Avenida Potosí N° 5243 entre calles José Ignacio León y 1ro de Noviembre.

“Con esta nueva Agencia se beneficiará a 71.000 personas de la Renta Dignidad y más de 126.000 asegurados que actualmente se tiene en el departamento de Oruro. Vamos a atender todo lo que es Renta Dignidad, prestaciones, operaciones, cobranzas, es decir en esta agencia podrán realizar todos los trámites relacionados a la Gestora”, sostuvo a su vez el gerente general de la empresa estatal, Jaime Duran.

Las nuevas instalaciones donde la Gestora prestará sus servicios a la población están edificadas sobre una dimensión de 281 metros cuadrados; cuenta con tres niveles, Planta Baja, Mezanine y primer piso.

La Cantidad de Personal que atenderá las necesidades y requerimientos de los Beneficiarios, Jubilados, Derechohabientes, Profesionales, Trabajadores y población en general será de 17 personas, entre coordinadores de prestaciones, de operaciones, Gestores de prestaciones y operaciones, Renta Dignidad, Gestor de Cobranzas, Back office y un Jefe de Agencia.

En la oficina central el estimado de atención al público oscila entre 500 a 600 personas por día, por lo que la nueva Agencia descongestionará los servicios y se estima que se recibirá un público de 350 personas día.  

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Durán explicó que el inconveniente informático surgió a raíz de la actualización del software. “Ha hecho que se activen algunos mecanismos de seguridad que han impedido que podamos brindar la continuidad operativa que nos caracteriza”, comentó en una conferencia de prensa.

El gerente añadió que los sistemas se detuvieron hasta que se completó la actualización. “Es un tema común en los softwares en el mundo; hay ocasiones en las que se puede interrumpir por unas horas”, dijo Durán. Además, aseguró que hasta las 15:00 horas de este miércoles se habían realizado 24.000 pagos.

Detalles sobre la Renta Dignidad

La Renta Dignidad es un beneficio vitalicio que, tras el fallecimiento del beneficiario, genera un beneficio adicional. Este beneficio consiste en los Gastos Funerales, que ascienden a Bs 1,800 para quienes se hacen cargo de los gastos del sepelio.

Este programa está dirigido a todas las personas de 60 años y más que residen en Bolivia, con la excepción de aquellos que reciben un sueldo del sector público o que no están registrados en la Base de Datos de Beneficiarios.

Durán aseguró que los fondos destinados para el pago de este beneficio están garantizados. Además, recordó que la Renta Dignidad beneficia a 1,241,660 personas en todo el país.

En el año 2024, el Estado asignó Bs 5.290 millones para el pago de la Renta Dignidad. También se realizaron 31.947 pagos de los gastos funerarios durante ese año.

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“Tomen nota todos nuestros asegurados: a partir de este 31 de diciembre comienza el pago de la pensión correspondiente a diciembre. Pueden realizar su cobro en cualquiera de las 39 entidades financieras habilitadas en el país o mediante su Abono en Cuenta”, señala el comunicado oficial emitido por la Gestora.

Entidades financieras habilitadas

Entre las entidades financieras que están habilitadas para el pago de la pensión se encuentran Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, Crecer IFD, Diaconía, Pro Mujer, La Primera, Ganadero, BancoSol y Banco Unión, entre otras. Los beneficiarios tienen la opción de revisar el enlace https://www.gestora.bo para conocer qué otras entidades están disponibles en todo el país para la cancelación del pago de la pensión jubilatoria.

Además, pueden comunicarse con la línea gratuita 800-10-1610 para obtener más información sobre el proceso de pago.

Operaciones de la Gestora

Es importante mencionar que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició sus operaciones de manera total en mayo de 2023. Desde entonces, se encarga de pagar las pensiones a los jubilados y también recibe los aportes de los empleadores correspondientes a los trabajadores.

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Cómo verificar el acceso

“Informamos a toda la población jubilada que, para ver si acceden o no a los nuevos límites solidarios, y también con el propósito de conocer la fecha en la que pueden asistir al ajuste de la pensión, invitamos a que ingresen a la página web www.gestora.bo”, afirmó Jaime Durán.

Los jubilados que tengan derecho al ajuste deben presentarse en cualquiera de las agencias de la Gestora en todo el país, a partir del lunes 16 de diciembre, llevando consigo su cédula de identidad. En el sitio web de la Gestora Pública, hay un enlace titulado “Ley 1582”, donde se deben ingresar únicamente dos datos: el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento.

Información sobre el sistema

“Lo que tiene este sistema es la virtud de permitir hacer la consulta a nuestra base de datos y, de esa manera, tener información preliminar para saber cuándo debe asistir y si le corresponde también el acceso al nuevo cálculo”, explicó Durán.

Durán destacó que la Gestora debe llevar a cabo todo el proceso de implementación de la Ley 1582, que tiene dos objetivos principales: incrementar los límites solidarios establecidos para el fondo solidario y fortalecer su financiamiento. “Nosotros tenemos que evaluar el alcance de las pensiones para que podamos realizar la correspondiente evaluación y ajuste de pensiones en los casos que correspondan”, añadió Durán.

Detalles de la Ley 1582

La Ley establece un aumento significativo en los límites solidarios para mejorar las condiciones económicas de los jubilados. Las pensiones ajustadas comenzarán a pagarse a partir de enero de 2025, con un pago retroactivo desde octubre del año actual. Además, se anticipa una mayor afluencia en las agencias debido al interés por acceder a estos beneficios ajustados.

El cronograma para la presentación es específico: las cédulas que terminan en 1 y 2 deben presentarse del 16 al 20 de diciembre; las que terminan en 3 y 4 del 23 al 27; las que terminan en 5 y 6 del 30 al 3; las que terminan en 7 y 8 del 6 al 10; y las que terminan en 9 y 0 del 13 al 17. Si un jubilado desea verificar e iniciar su trámite de manera virtual, puede hacerlo desde el lunes, sin importar la terminación de su carnet.

Nuevos límites solidarios

Durán explicó que los nuevos límites solidarios se determinan según la cantidad de aportes realizados y el promedio salarial con el que se accedió a la jubilación. Este análisis permite evaluar cada caso de manera individual. En octubre, se promulgó la Ley de Modificación a los Límites Solidarios para la Pensión de Vejez, que incrementa entre Bs 80 y Bs 1.000 para aquellos que aportaron entre 10 y 35 años.

Información adicional de la APS

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) ha habilitado mecanismos masivos para informar sobre estos ajustes a través de medios digitales. María Esther Cruz, directora de APS, destacó que este lunes se activará un cronograma para suscribir nuevos contratos con las modificaciones correspondientes.

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En relación una nota de prensa publicada por el diario El Deber, en el que hace mención a un comunicado de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), respecto al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado PGE 2025, en el que señala que el Gobierno nacional se prestaría 10.000 millones de bolivianos de los fondos de pensiones, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo aclara que no es una entidad de préstamo.

La Gestora Pública, en representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), no realiza préstamos a entidades públicas ni privadas bajo ningún concepto, debido a que esta actividad no está comprendida dentro su giro del negocio. Todas sus funciones están reguladas por la Ley de Pensiones N° 065 del 10 de diciembre de 2010, que establece que su labor principal es administrar e invertir los recursos de los Fondos del SIP de forma responsable y técnica.

Conforme a la normativa vigente, los Fondos SIP solo pueden realizar inversiones en títulos valores de oferta pública, tales como Bonos, Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) e instrumentos financieros emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN). Estas inversiones se realizan en el mercado de valores boliviano, a través de la Bolsa de Valores, y están sujetas a las condiciones de oferta y demanda.

Cabe recalcar que no existe ninguna disposición legal, normativa o reglamentaria que obligue a la Gestora u otros actores del mercado de valores a invertir en títulos emitidos por el TGN. Todas las inversiones de la Gestora se realizan tras un riguroso análisis técnico, priorizando el rendimiento, plazos, calidad y riesgos, con el objetivo de maximizar el rendimiento y proteger los recursos de los Fondos SIP.

Gracias a esta gestión responsable, el valor de los Fondos SIP ha mostrado un crecimiento significativo, pasando de Bs168 mil millones en mayo de 2023 a más de Bs188 mil millones a octubre de 2024, además de haber incrementado la rentabilidad de los fondos de 2,70% a 4,24% en el periodo señalado.

Por lo tanto, se desmiente categóricamente cualquier afirmación sobre la realización de préstamos, ya que dicha acción no corresponde a las funciones de la Gestora establecidas por ley.

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“Esta ocasión nos reúne con un propósito esencial: fortalecer el conocimiento sobre el Sistema Integral de Pensiones y reafirmar el compromiso de la Gestora Pública con cada trabajador del país, en este contexto, esta jornada no solo busca compartir información, sino también abrir un espacio de diálogo y aprendizaje, donde sus inquietudes y aportes sean escuchados y valorados” afirmó el gerente Regional – Valles, Ezequiel Hurtado.

El encuentro que se desarrolla en instalaciones del Complejo Fabril de la ciudad de Cochabamba, forma parte de la política de acercamiento que tiene la Gestora con diferentes instituciones, organizaciones y universidades con el objetivo de dar a conocer los alcances de la Ley de Pensiones, Administración del SIP, Pensión Solidaria de Vejez, Pensión por Muerte y otros servicios.

Durante el evento los trabajadores tuvieron la oportunidad de desarrollar diferentes actividades que les permitió conocer más sobre el trabajo y servicios que desarrolla la entidad de la seguridad a largo plazo, además de despejar todas sus dudas, principalmente de los pasos para su jubilación.

“Estos encuentros que realiza la Gestora son muy importantes porque es de interés común y por ello pediría que estas explicaciones se puedan replicar en los diferentes sectores, cómo Central Obrera Departamental aglutinamos a mineros, constructores, fabriles, magisterio, salud es decir diferentes sectores y a ellos también se tiene que llegar, destacamos esta iniciativa”, sostuvo el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, Edgar Salazar.

Por su parte, el secretario de Relaciones del ente matriz de los trabajadores, Vicente Córdova, destacó la predisposición de los funcionarios de la Gestora para informar a los diferentes sectores sobre sus derechos.

“Estas acciones son importantes para tener conocimiento, hoy estamos la mayoría dirigentes de diferentes sectores y la información que nos dan de verdad es fructífera, así uno conoce sus obligaciones, así como sus derechos”, agregó.

Similares encuentros se desarrollaron durante esta gestión en La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija, Huanuni, Atocha y ahora Cochabamba en un acercamiento de la Gestora con la población, y el compromiso de cubrir los departamentos orientales en los siguientes meses.

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La Gestora Pública ha afirmado que la “supuesta base de datos ofrecida en redes sociales no pertenece a la información que gestiona esta institución”. Además, ha destacado que cuenta con todos los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la confidencialidad de los datos de sus usuarios.

Rumores generaron preocupación en la población

Desde la semana pasada, circuló en las redes sociales la versión de que la base de datos de la Gestora Pública había sido hackeada. Esta situación generó preocupación entre la población, ya que se difundió la supuesta extracción de la base de datos a través de una cuenta de Telegram. Sin embargo, las autoridades del Gobierno ya están al tanto del caso.

Advertencia contra la desinformación

La Gestora Pública ha señalado que estos anuncios falsos provienen de personas inescrupulosas que buscan causar alarma en la población o beneficiarse a sí mismas. Por ello, han exhortado a la población a no dejarse influenciar por este tipo de anuncios y a mantener la calma.

/ APC /

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“Todos los empleadores, es decir, los que tengan trabajadores en relación de dependencia a partir de octubre que se paga el mes de noviembre ya tienen que aportar el 3,5% y en el caso del sector minero metalúrgico pagan un adicional de 2,3%”, dijo el Gerente en entrevista con la red ATB.

El presidente Luis Arce Catacora, promulgó el pasado 1 de octubre la Ley 1582 que tiene como objetivo principal incrementar los límites solidarios, mínimos y máximos, de la escala de la Pensión Solidaria de Vejez, y que es resultado de un trabajo coordinado con la clase trabajadora y organizaciones sociales.

Durán recordó que a partir de este octubre entra en plena vigencia todo lo que significa la aplicación de la Ley 1582 de Modificación a los Límites Solidarios, si bien a los pensionistas que aprueben a los beneficios de la Ley accederán a los mismos a partir de enero de 2025 (con pago retroactivo al mes de octubre) los empleadores ya deben aplicar en sus planillas de pago los nuevos porcentajes.

Explicó que en el caso de las personas que perciben un sueldo mayor a Bs13.000 su aporte alcanza al 1,15% de la diferencia de lo que ganan y puso como ejemplo que si un trabajador gana Bs15.000 menos Bs13.000 el resultado es Bs2.000 multiplicado por el 1,15% su aporte alcanza a Bs23.

Añadió que para los que ganan más de Bs25.000 su aporte es de 5,74% y los que reciben un salario mayor a Bs35.000, restada la diferencia a dicho monto deben aportar el 11,48%, lo que permite el financiamiento del Fondo Solidario que es el que genera que las pensiones más bajas aumenten.

“Para acceder a una pensión uno tiene que tener al menos 10 años de aportes, cuantos más años aporte, entonces mayor es el monto del fondo solidario que se beneficia”, sostuvo.

El titular de la Gestora Pública ratificó que la institución se encuentra trabajando con normalidad en procura de mejorar la atención a sus asegurados.

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“Ante publicaciones malintencionadas y sin fundamento, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo aclara que el Gerente General, Jaime Durán, continúa ejerciendo sus funciones con la responsabilidad que el cargo demanda, conforme a la Resolución Suprema N° 27523 de fecha 17 de mayo de 2021”, señala el comunicado.

Operaciones de la gestora

La Gestora comenzó sus operaciones completas en mayo de 2023 y tiene la responsabilidad de gestionar los pagos de pensiones a los jubilados. Además, recibe las contribuciones de los empleadores, asegurando así la continuidad de los beneficios para la población asegurada.

Servicios disponibles

El documento enfatiza que la entidad opera con normalidad y que sus servicios están disponibles para todos los ciudadanos. La institución también exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Prevención de desinformación

Finalmente, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo hace un llamado a no dejarse engañar por la difusión de información falsa por parte de individuos inescrupulosos. Es fundamental que los ciudadanos verifiquen la información antes de compartirla.

/VCC

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Moisés Araoz Choque, quien es dirigente del sector, destacó que alrededor de 50,000 aportantes están en la Gestora Pública. Esta inquietud aumentó al enterarse a través de redes sociales que de los aportes depositados en la Gestora se retiraron 750 millones de dólares. Por esta razón, buscan recuperar el 100% de sus aportes en medio de una crisis económica que está afectando a la región.

Falta de transparencia

Los aportantes han expresado su inquietud por la falta de transparencia en las inversiones realizadas con sus fondos. “No sabemos en qué han invertido, qué lo han hecho y con qué autorización”, cuestionó Araoz. Además, se informó que se retiraron 500 millones de dólares para invertir en el TGN (Tesoro General de la Nación) dentro del sistema bancario.

Incertidumbre sobre las inversiones

Araoz mencionó que no cuentan con ningún respaldo o garantía que les asegure las ganancias de ese dinero a favor de los aportantes. Este contexto ha llevado a muchos a exigir la devolución total de sus aportes para poder enfrentar la crisis económica actual.

Impacto de la crisis económica

“Todo ha subido, no hay fuentes laborales”, sostuvo Araoz, refiriéndose a que muchos aportantes desean contar con su dinero para hacer frente a las dificultades económicas que están atravesando.

Recuperación de aportes

Se estima que hasta ahora se ha logrado recuperar un 15% de los aportes, pero muchos están pidiendo recuperar el 100%. Los aportantes temen que sus ahorros queden en nada y quieren disfrutarlo en vida.

/VCC

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Desconfianza en la Gestora

Durante la entrega del proyecto, Orozco destacó que los aportantes no tienen confianza en la gestión de la Gestora Pública. Acusó al Estado de ser un mal administrador de los recursos destinados a las jubilaciones.

En particular, Orozco cuestionó la inversión de 250 millones de dólares en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB), una operación realizada con el dinero de los aportantes. Afirmó que no se ha proporcionado información clara sobre el destino de esos fondos.

Reclamos sobre los fondos

“Esos 250 millones de dólares fueron entregados al Estado y nosotros no sabemos si verdaderamente han sido entregados o dónde se ha ido ese dinero. No nos informan y no nos dicen dónde verdaderamente está nuestra plata”, reclamó Orozco.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto de ley establece, en su artículo segundo, la devolución total y voluntaria de los aportes acumulados para asegurados inactivos y pasivos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). Esta devolución se aplicará sin importar la edad o el monto acumulado, siempre que los solicitantes renuncien a su derecho a una jubilación futura.

Además, el artículo tercero detalla que la devolución se realizará en un solo desembolso, previa solicitud de los interesados y mediante la renuncia expresa a su jubilación.

Demandas de renuncia

El movimiento también exigió un plazo de 72 horas para que el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán Chuquimia, renuncie a su cargo. Lo acusan de falta de transparencia en el manejo de los aportes.

Asimismo, criticaron al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por no defender los fondos de los trabajadores afiliados.

Posibles medidas de protesta

Orozco advirtió que si el proyecto no es tratado favorablemente en el Legislativo, el movimiento tomará medidas de protesta en las calles.

El sector aseguró que cuenta con el apoyo de 18,000 personas en Santa Cruz y que su causa abarca a todos los aportantes del país que no confían en la gestión de la Gestora Pública.

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El gerente general de la Gestora, Jaime Durán, ha explicado que este mecanismo permite verificar que los beneficiarios sigan con vida, evitando así situaciones en las que se cobraban beneficios de jubilados utilizando el nombre de alguien fallecido.

Tres métodos para verificar la supervivencia

Hasta ahora, la Gestora utilizaba dos métodos para verificar la supervivencia de sus beneficiarios. El primero consistía en un registro trimestral en su aplicación, mientras que el segundo se realizaba a través de sus plataformas.

Como novedad, se ha habilitado una tercera opción que permite realizar el control de supervivencia en cualquiera de las 39 entidades financieras pagadoras. Esto significa que al momento de cobrar su pensión, el beneficiario podrá utilizar el control biométrico como prueba de supervivencia.

Mayor comodidad para los jubilados

A partir de mañana, los jubilados también tendrán la opción de recibir su pensión mediante abono en cuenta, lo cual les ahorrará tiempo y esfuerzo al evitar tener que acudir a los bancos personalmente.

Esta medida busca brindar mayor comodidad a los jubilados, facilitando el acceso a sus pensiones de manera más rápida y sencilla.

/ LPT

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El diputado Carlos Alarcón explicó que esta iniciativa surge después de que la Gestora invirtiera casi 450 millones de dólares en bonos del BCB y otros títulos de deuda. Sin embargo, el legislador recordó que ya existía una deuda a los fondos de pensiones por 7.000 millones de dólares que fueron invertidos en instrumentos emitidos por entidades estatales.

Hasta ese año, el 30% de la cartera de inversión del Sistema Integral de Pensiones estaba colocado en bonos y cupones del BCB y el Tesoro General de la Nación (TGN), con vencimiento a largo plazo o superiores a los 30 años, lo cual ha generado una gran preocupación en el sector de los aportantes y los jubilados.

Riesgo de los recursos económicos y falta de garantías

Según Alarcón, existe la preocupación de que el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, al ser un funcionario del Presidente Luis Arce, esté poniendo en riesgo los recursos económicos. Además, se argumenta que tanto el BCB como las reservas internacionales no ofrecen ninguna garantía, y que el TGN arrastra un déficit fiscal debido a los gastos del gobierno que superan los ingresos.

Protección de los fondos de los aportantes

El legislador considera que el Gobierno debe dejar de utilizar los fondos de los aportantes como su caja chica. Por esta razón, en el proyecto de ley presentado por la bancada de CC se propone que la Gestora solo pueda prestar dinero con previa autorización de la Asamblea Legislativa, requiriendo dos tercios de voto.

Devolución de aportes en moneda extranjera

Otro aspecto importante es que, si los aportes se realizaron en dólares u otra moneda extranjera, la Gestora deberá devolver los aportes en la misma divisa y no en bolivianos, considerando la depreciación de la moneda nacional.

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Según Durán, la Gestora Pública tiene un total de 500 millones de dólares invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) y bonos del Tesoro de Estados Unidos (EEUU). Además, se cuenta con un monto de 1.715 millones de bolivianos, equivalente a 250 millones de dólares, en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN).

Tranquilidad y seguridad en las inversiones

En declaraciones para la Red Uno, Durán enfatizó la importancia de la tranquilidad en relación a las inversiones realizadas. Destacó que los bonos del BCB han comenzado a pagar los intereses sobre el capital, lo cual demuestra la seguridad de estas inversiones. Asimismo, resaltó que las inversiones realizadas en el exterior son consideradas como una de las más seguras.

Puntualidad en el pago de pensiones como indicador de seguridad

Durán hizo hincapié en la puntualidad en el pago de pensiones como un indicador de seguridad para los aportantes. Esta puntualidad refuerza la confianza en las inversiones realizadas y garantiza transparencia en el manejo de los fondos.

Revisión de estados de ahorros en la página web oficial

Para garantizar transparencia, Durán instó a los asegurados a revisar los estados de ahorros en la página web oficial de la Gestora Pública. De esta manera, se brinda la oportunidad de verificar personalmente la situación de las inversiones y mantener informados a los interesados.

Reporto como mecanismo para mantener liquidez

Durán explicó que se recurrió a un Reporto para obtener divisa, asegurando que no se trata de un préstamo, sino de un mecanismo para mantener liquidez. Esta estrategia contribuye a asegurar la estabilidad financiera y respalda la seguridad de las inversiones realizadas.

Bonos del TGN y BCB son seguros

En conclusión, Durán reiteró que los bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y del Banco Central de Bolivia (BCB) son inversiones seguras. Descartó cualquier peligro de depreciación monetaria y aseguró que en ningún momento ha habido incumplimiento en el pago de intereses. La Gestora Pública se compromete a mantener la seguridad y transparencia en las inversiones realizadas.

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El Formulario de Pago de Contribuciones (FPC) es el documento utilizado por los empleadores para declarar y pagar las contribuciones de sus trabajadores. Por su parte, el Estado de Ahorro Previsional (EAP) es el registro que muestra todos los movimientos de la Cuenta Personal Previsional, resultado de las contribuciones al Sistema Integral de Pensiones.

Tanto el FPC como el EAP de la diputada Ortega evidencian los distintos periodos de trabajo, incluyendo los aportes realizados para su jubilación desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2024.

Seguridad y transparencia en los aportes

La Gestora Pública garantiza la seguridad y protección de los aportes de todos los asegurados. Cualquier persona puede verificar sus aportes accediendo a su EAP y su EAP Histórico a través de la Oficina Virtual, donde encontrarán toda la información relacionada con su historial de aportes y podrán confirmar que sus datos están correctamente registrados. Además, a través del FPC, se puede corroborar que el empleador ha realizado los aportes correspondientes.

La Gestora Pública reafirma su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos de la seguridad social a largo plazo, brindando acceso público a información completa sobre los EAP y los FPC, así como sobre inversiones, rendimientos, riesgos, planes y estrategias.

Aportes de la diputada Ortega correctamente documentados

Los registros detallados demuestran que los aportes para la jubilación realizados por la diputada Ortega están correctamente documentados desde su asunción en noviembre de 2020 hasta marzo de 2024. La Gestora Pública destaca que esta situación refleja su compromiso con la transparencia y seguridad en la administración de los fondos previsionales.

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La Gestora Pública informó que los jubilados pueden acudir a las 39 entidades financieras habilitadas para el cobro de sus pensiones del último mes del año.

Pago anticipado desde agosto

Cabe mencionar que, desde agosto del presente año, la Gestora Pública comenzó a pagar las pensiones a los jubilados antes de culminar el mes correspondiente, con el fin de evitar dificultades en el cobro en las entidades financieras.

Consulta sobre entidades financieras

La dependencia gubernamental recordó que los beneficiarios pueden revisar el enlace https://www.gestora.bo para saber qué entidades financieras están habilitadas en todo el país para la cancelación del pago de la pensión correspondiente al mes de diciembre.

Estado de Ahorro Previsional disponible

Respecto al Estado de Ahorro Previsional semestral, la Gestora Pública también informó mediante sus redes sociales que estará disponible en el buzón electrónico habilitado en su oficina virtual.

Pasos para acceder al Estado de Ahorro Previsional

Para acceder al Estado de Ahorro Previsional, los asegurados al Sistema Integral de Pensiones deben seguir al menos los siguientes pasos: ingresar a la página https://oficinavirtualgestora.bol, iniciar sesión, completar los datos (número documento y contraseña), seleccionar el buzón electrónico en el lado derecho de la pantalla (campana de notificación), revisar las notificaciones, descargar el archivo adjunto y confirmar la lectura del documento Estado de Ahorro Previsional.

219.266 jubilados en el SIP

Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hasta julio de este año, existían 219.266 jubilados en el Sistema Integral de Pensiones.

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Este cambio sitúa a la administradora pública por encima de las administradoras privadas de pensiones. Previsión BBVA S.A. y Futuro de Bolivia S.A. realizaban este pago entre el 1 o 2 de diciembre.

Compromiso con el bienestar

Los encargados señalan que esta mejora demuestra el compromiso de la empresa pública con el bienestar de los beneficiarios y fortalece su posición como una institución confiable y eficiente en la gestión de los pagos de las prestaciones sociales. El Decreto Supremo N° 0822, emitido el 16 de marzo del 2011, establece que el pago del aguinaldo correspondiente a la pensión debe realizarse hasta el 15 de diciembre cada año.

Más tiempo para planificar

Este adelanto en la entrega del aguinaldo brinda a jubilados y derechohabientes la posibilidad de enfrentar los gastos propios de la temporada navideña con mayor holgura y también les permite planificar mejor sus finanzas.

Dinamización de la economía

Además, esta medida contribuye a dinamizar la economía, ya que se prevé desembolsar un monto total Bs1.542 millones para cubrir la planilla salarial correspondiente al mes noviembre y los aguinaldos. Hasta las 18:00 horas del 30 noviembre se habían pagado Bs 795,59 millones.

Número de pagos realizados

En cuanto al número total de pagos realizados, se efectuaron 126.462, distribuidos de la siguiente manera: 102.961 a través del abono en cuenta y 23.504 en ventanilla.

El número de asegurados que realizaron el cobro es de 122.963, siendo 101.263 correspondientes al abono en cuenta y 21.700 a los asegurados que prefieren cobrar en las cajas de los bancos.

Bancos encargados del desembolso

Los bancos Unión, Económico, Mercantil Santa Cruz, Prodem y la institución financiera Crédito con Educación Rural procesaron la mayor cantidad de desembolsos, seguidos por el Banco Pyme Ecofuturo y La Primera. Los departamentos con la mayor cantidad de pagos son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

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La Gestora inicia el pago del aguinaldo 2023 desde este jueves

Como fueron adelantando en recientes jornadas, la Gestora comenzará con el pago del aguinaldo 2023 desde este jueves, la cual se refleja en la misma boleta correspondiente a la plantilla de noviembre. El gerente de la entidad, Jaime Durán, detalló las modalidades disponibles para recibir el pago.

Cobro mediante cuatro modalidades

Explicó que el cobro se podrá realizar mediante cuatro modalidades: cobro en ventanillas de entidades financieras de manera presencial, abono en cuenta bancaria, cobro mediante un poder y pago a domicilio.

Solicitud previa para abono en cuenta bancaria

Para beneficiarse del cobro por abono, los interesados deberán solicitar previamente la transferencia bancaria mediante una carta dirigida a la Gestora y adjuntar una fotocopia del comprobante de la cuenta bancaria donde desean recibir el pago.

Cobro por poder con renovación trimestral

En cuanto al cobro por poder, el documento debe ser tramitado en la Gestora para validar el nombre del apoderado y encargado de cobrar la jubilación en ventanilla o en el domicilio del titular. Cabe aclarar que este poder debe ser renovado cada tres meses.

Cobro a domicilio con requisitos especiales

En cuanto a la modalidad de cobro a domicilio, los beneficiarios deben enviar un certificado médico original y un croquis de su vivienda para acceder a este tipo de cobro. Generalmente, esta modalidad es otorgada a personas que tienen algún impedimento, como la edad avanzada o alguna enfermedad.

32 entidades financieras habilitadas para el cobro por ventanilla

En cuanto al cobro por ventanilla, la Gestora afirmó que hay 32 entidades financieras habilitadas, entre ellas el Banco Unión, Mercantil Santa Cruz, Banco Fortaleza S.A., Banco Ganadero S.A., Banco Prodem, Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., El Progreso EFV, Fundación Pro Mujer IFD, La Primera EFV entre otros.

Asegurando opciones accesibles y convenientes para los jubilados

Durán agregó en ese entonces que con estas medidas la Gestora busca asegurar que los jubilados tengan opciones accesibles y convenientes para recibir su aguinaldo. Además, explicó que se prevé inyectar al menos Bs 1.542 millones en la economía nacional.

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Según Egüez, el servicio de diseño de software fue solicitado a una empresa panameña. Sin embargo, esta empresa incumplió con su compromiso y se le demandó mediante un laudo arbitral en La Paz.

Falta información sobre responsables

Hasta ahora no se conocen los nombres ni las acciones realizadas por los representantes de esta empresa centroamericana con respecto al dinero que recibieron como anticipo. El legislador reclamó que Montenegro no proporcionara los nombres de los funcionarios responsables directos de contratar a esta empresa. Esto priva tanto a los diputados como a la población en general del conocimiento sobre posibles responsables ante una potencial pérdida económica.

AFP Previsión inicia acciones judiciales

Además del caso mencionado anteriormente, Egüez hizo referencia a las acciones judiciales iniciadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión contra el Estado debido a su manejo inadecuado de recursos económicos. Inicialmente solicitaron 15 millones de dólares, pero debido al intento del Gobierno por litigar terminaron obteniendo 105 millones.

Gobierno enfrenta posible pérdida millonaria

Se sabe también que AFP Futuro ha iniciado un proceso arbitral similar y es posible que obtenga una cantidad similar del Estado. Ante la pregunta sobre por qué actuó así el Gobierno, Egüez señaló que Montaño no respondió claramente.

“105 millones por un laudo perdido y otros 105 por uno en posible pérdida, suman 210 millones de dólares; a eso se le añaden los 10.9 por el software que ahora utiliza la Gestora, más los 5.1 que se llevó esa empresa. Estamos hablando de al menos 226 millones de dólares que pagará el Estado para administrar los recursos de los trabajadores”, declaró el legislador.

El costo recae en los bolivianos

En ese sentido, Egüez aseguró que quedó en evidencia que el negocio del Gobierno no consistía en cobrar comisiones, sino en manejar los fondos de pensiones como una caja chica, tal como denunció la oposición desde que se conoció el proyecto de la Gestora.

“El problema es que todos estos gastos serán pagados por los bolivianos, con nuestros impuestos y con los recursos que aportamos al Estado”, concluyó el diputado de oposición.

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Según un reporte emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invirtieron aproximadamente 1.275 millones de dólares provenientes del fondo pensional en DPF del mencionado banco intervenido. Tras conocerse esta información, la Gestora actuó rápidamente para recuperar la totalidad de los recursos.

“Ahora estamos administrando todos esos fondos para poder invertirlos y hacerlos crecer, con el fin último de pagar las pensiones”, señaló Durán.

Además, explicó que las AFP depositaron 8.342 millones de bolivianos en depósitos a plazo fijo del Banco Fassil antes mencionado; sin embargo, cuando se adjudicaron la cartera del banco intervenido estos recursos pasaron a manos de otros bancos.

Durán aseguró que actualmente estos recursos económicos están garantizados.

Asimismo, señaló que se cumplió con el primer pago correspondiente a las rentas destinadas a los jubilados; aunque hubo algunos problemas al principio.

Durán también detalló que hasta ahora se pagaron más de 100.216 bonos por cuentas y se realizaron 161.932 pagos en ventanilla bancaria, además de otros 95 pagos realizados directamente en domicilio particular. Añadió que son 36 entidades las encargadas de realizar estos pagos.

/WBMC

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Antes del cierre definitivo, se deben cumplir seis pasos previos. El primero concluyó el jueves 15 de junio y se refiere a la extracción y entrega de las plantillas con fecha límite al 15 mayo del presente año de las AFP a la Gestora.

El gerente general, Jaime Durán explicó que las AFP entregaron en días pasados toda la información correspondiente para culminar el proceso en esta jornada.

“De ahí se abre un plazo para que nosotros podamos revisar toda la información y si es necesario tomar contacto con las AFP para que puedan aclarar algunos puntos”, manifestó.

La segunda actividad es el cronograma concerniente a carga y validación que debe realizar La Gestora en un periodo administrativo diez días hábiles. Luego ambas partes deben consolidar observaciones para correcciones o aclaraciones en un informe conjunto.

Después, realizarán una revisión conjunta, corrección y reproceso si fuera necesario. Las AFP tendrán hasta el día 14 julio para entregar nota, reportes e información definitiva; mientras tanto La Gestora dispondrá dos días más tarde para entregar su informe final.

Inmediatamente después dará paso a migración – fusión total entre los días 14 julio al 4 agosto.

Durán explicó que en esta recta final se recibe información relacionada a los estados de ahorro previsionales de los aportantes, pues los datos deben coincidir con la contabilidad general de los fondos.

“Esa información estamos esperando para cotejar y ver que todo está en orden”, dijo.

/NVY

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“Ya hemos recuperado casi todas las inversiones que hicieron las otras AFP, principalmente Previsión tenía un monto grande invertido. Hemos recuperado ya 1.800 millones de bolivianos que estaban en cuentas líquidas del Banco Fassil”, indicó en conferencia de prensa.

Gestiones necesarias para recuperar lo invertido

Murillo también señaló que la Gestora recibió los recursos esta semana tras realizar las gestiones necesarias para recuperar lo invertido en el ex Banco Fassil, entidad financiera intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en abril debido a malos manejos por parte de sus exgerentes.

“Poco a poco estamos liberando lo que se tenía, pero les aseguramos que vamos a recuperar todo y no habrá ningún problema respecto al Banco Fassil”, afirmó Murillo. Además agregó que los títulos que estaban con la exfinanciera ya tienen nuevos dueños.

Entidades privadas reemplazadas por la estatal Gestora Pública

Las entidades privadas AFP Previsión BBVA y Futuro eran responsables de administrar los aportes jubilatorios y generar utilidades mediante inversiones. Desde mayo pasado ambas fueron reemplazadas por la estatal Gestora Pública.

AFP invirtió $us 90 millones en el ex Banco Fassil

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reveló este mes que una de esas AFP invirtió $us 90 millones en el ex Banco Fassil, cuando ya se conocía su compleja situación.

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“En estos primeros días henos atendido a 5.000 asegurados, que realizaron sus aportes y los trámites correspondientes”, señaló.

Afirmó, que se está cumpliendo con el Decreto Supremo 4585, que establece los plazos sobre los cuales se debe trabajar.

Refirió, que el primer plazo fue en septiembre de 2022, y con el arranque parcial de la Gestora se cumplió. Además que, desde el 9 de septiembre se afilió a nuevos asegurados.

Sin embargo, el segundo plazo fijado por el decreto es este mayo de 2023, que fija a la Gestora iniciar la administración total del SIP.

Duran aseveró en conferencia de prensa, que hasta la fecha, la entidad aseguró a 37 mil nuevos trabajadores en todo el país.

“Hemos establecido tres fechas importantes, la primera 2 de mayo, arrancamos con la recaudación, la segunda 15 de mayo, se recibirá todos los trámites de jubilación y la tercera 1 de junio, empezaremos a pagar a todos los nuevos jubilados”, afirmó.

Asimismo, indicó que, desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023 se recaudó un total de Bs. 63,6 millones, de los cuales Bs. 53,18 millones corresponden al fondo de ahorro de pensiones, y Bs. 10,4 millones al fondo solidario.

Detalló que los primeros días de haber iniciado operaciones se logró recaudar Bs. 12,8 millones; Bs. 2,7 millones el 2 de mayo, Bs 5,3 millones el 3 de mayo y Bs. 4,76 millones el 4 de mayo.

Según el Gerente, este proceso va aumentando y generando mayores ingresos conforme a normativa.

Explicó que los empleadores que pagaron las planillas correspondientes en el mes de abril, tienen hasta el 31 de mayo para realizar sus depósitos. De igual manera, recordó a los trabajadores independientes, que tienen plazo hasta el ocho de mayo, para realizar sus aportes de abril.

El rendimiento de los Bs. 63,6 millones fue del 4,5% en enero, 4,4% en marzo; 4,6% en abril y del 4,9% en mayo, según informa la Agencia Boliviana de Información.

Las AFP trabajarán hasta el 15 de mayo y desde esa fecha la Gestora asumirá todos los trámites del fondo de pensiones.

/NMCC

La entrada Gestora recauda Bs. 12,8 millones en la primera semana de iniciar operaciones se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Como lleva haciéndolo desde hace tiempo, la Federación de Gremiales de Santa Cruz salió a las calles rechazando el proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, consideran a este proyecto de ley como una norma que criminaliza la protesta.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, anticipó que la marcha tendría lugar en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

“Es una gran marcha de protesta porque pedimos transparencia en la administración de los recursos que a partir de este mes (mayo) empieza a manejar la Gestora”, indicó Moreno a Unitel, aludiendo el pedido de incluir representantes de los aportantes dentro del directorio de la Gestora.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Profesionales de Bolivia (Cnpb), Miguel Sorich, el martes reciente adelantó que entre 15 sectores de diferentes gremios a nivel nacional, se reunieron; llegando a la conclusión de realizar una marcha nacional en contra de la derogación de la Ley 065 y el rechazo a la Gestora como nueva administradora de las pensiones.

“La semana pasada, el día jueves hubo un segundo encuentro nacional de diferentes entidades sobre la Gestora Pública donde hemos participado unas 15 instituciones a nivel nacional donde se definieron nueve conclusiones, entre la cuales convocar a una movilización nacional por una jubilación digna y en rechazo a la Gestora Pública y la derogación de la ley 065”, participó Sorich a la ANF.

Explicó que entre los participantes de esta marcha nacional estarán presentes las federaciones universitarias de docentes, federaciones de profesionales de cada departamento, el Consejo Nacional de Salud, la federación Nacional de Gremiales y trabajadores universitarios, entre otros.

Además, declaró que junto a demás gremios se reunieron con representantes de la Gestora y el Viceministerio de Pensiones para plantearles recursos y métodos sociales para la administración de pensiones, sin embargo, fueron rechazados.

La manifestación tuvo lugar aproximadamente a las 09:30 horas, en diferentes puntos del país.

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, habilitó al menos 17 entidades financieras para la recaudación total de los aportes de los asegurados del Sistema Integral de Pensiones (SIP), y de este modo los trabajadores independientes realicen el pago de sus aportes para su jubilación en las cuentas de la estatal.

Desde la institución determinaron que la cancelación de los aportes se debe realizar en entidades financieras, del mismo que en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), explicó el Gerente regional de la Gestora en Cochabamba, Ezequiel Hurtado.

“A la fecha tenemos 17 entidades financieras habilitadas, con aproximadamente 1.270 agencias distribuidas a nivel nacional. Entonces, tenemos un amplio campo de entidades que están efectuando la recaudación, por tanto, no deberíamos tener complicaciones al respecto”, indicó en contacto con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Asimismo, informó que a partir de este martes la Gestora Pública atiende desde las 07:30 hasta las 15:30 horas de lunes a viernes. El pago se puede realizarse en ventanilla, mediante transferencia electrónica y pago QR, sostuvo Hurtado en contacto con el canal Estatal Bolivia Tv.

Según los datos oficiales, la recaudación total de los aportes de los asegurados del SIP comenzó este martes y a partir del lunes 15 pondrá a disposición más de 33 oficinas en todo el país. De tal manera, que las AFP trabajarán sólo hasta mitad de este mes y dejarán de atender.

Las entidades habilitadas son: Banco Unión, Banco Económico, Banco Ganadero, Banco Bisa, Mercantil Santa Cruz, Banco Pyme Ecofuturo, Banco de Crédito, Banco Fortaleza, Mutual la Primera, Banco Nacional de Bolivia, Bancomunidad, Banco Fie, Prodem, Banco Sol, Diaconía, Crecer y Cidre.

Además, a partir de junio, la Gestora inicia el pago de la primera planilla de jubilación a más de 200 mil personas beneficiarias, según refleja ABI.

Hurtado explicó, que los consultores e independientes, tienen que habitar sus credenciales en la oficina virtual de la Gestora, acceder a la página web, ingresar al sitio oficina virtual y entrar a “consultores” donde llenarán sus datos.

En tanto, indicó que esos datos serán corroborados con la información de migración que proporcionaron las AFP.

Al igual que los empleadores y trabajadores independientes, deberán realizar sus pagos mediante el mismo procedimiento, obtener el formulario y realizar los depósitos a través de las entidades financieras habilitadas o mediante transferencias electrónicas.

En caso de los trabajadores independientes nuevos, tienen que presentarse con carnet de identidad y realizar el proceso de aseguramiento. Así también para los consultores nuevos una copia del contrato que acredite su consultaría.

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En primera instancia la Gestora precisó que, hasta el 20 de abril de 2023, recaudaron 40 millones de bolivianos, resultado de las contribuciones de nuevos aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), lo que representó un rendimiento del 4.4 por ciento.

Respecto a inversiones de los fondos de pensiones en Bonos del Estado, aclararon que actualmente no están a cargo de la Gestora; sin embargo, las inversiones que realizaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para este cometido ascienden al 30 por ciento del valor de la cartera.

Con relación a sus estados financieros, aclararon que constantemente repitieron que esa información es de dominio público; en los datos disponibles en su portal digital se lee que generaron un importe de 7.85 millones de bolivianos en 2021 y 17.93 millones en 2022, lo que representa un crecimiento de 128.4 por ciento.

Respecto a la participación de los asegurados en el control de la empresa, precisaron que se enmarcan en la Ley de Participación y Control Social, lo que los obliga a rendir cuentas y dar información de forma constante. Además, tienen previsto formar un directorio que no estará cerrado a representantes de sectores sociales, universidades u otros, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en norma.

Finalmente, reiteraron que la información que solicitó Cuéllar está disponible; además, aseguraron que se prevé la participación de los asegurados en los controles y fiscalización, por ende, lamentaron las declaraciones de la autoridad universitaria sin antes revisar los datos que la misma Gestora proporciona.

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El analista Carlos Börth, expresó que este proyecto de ley pretende ampliar el número de participación social, de los miembros que administran la Gestora Publica.

Actualmente, la Ley de Pensiones establece un directorio en la Gestora, de cinco miembros designados por el Presidente del Estado, cuatro directores y un presidente.

“Nosotros proponemos que sean nueve miembros, los cinco que hoy señala la Ley de Pensiones, más otros cuatro: dos en representación de los trabajadores activos y dos en representación de los pasivos o jubilados; también, podría y debería existir un representante de los patrones, porque los patrones también aportan al Sistema Integral”, indicó Börth a LA PATRIA.

Explicó que, los representantes de los trabajadores activos, serian designados en un congreso extraordinario de la Central Obrera Boliviana (COB), los representantes de los trabajadores pasivos serian designados por la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones. Y, si hay representación de los empresarios, este sería designado por la Confederación de Empresarios.

Asimismo, aclaró que, además del número de miembros participativos en el directorio de la Gestora, el Proyecto de Ley no modifica nada más. Los requisitos seguirán siendo los mismos; ser boliviano, ser profesional y tener experiencia en el campo de los seguros.

/WBMC

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El monto individual pagado por gastos funerarios es de Bs. 1.800 y es cancelado al familiar o persona que se haya encargado del sepelio del beneficiario de la Renta Dignidad.

En entrevista con la red de medios estatales, el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó que el pago de Bs. 69,9 millones fue menor respecto a la gestión 2021, cuando el desembolso alcanzó los Bs. 85,7 millones para 47.627 pagos.

“Cuando no existían estos gastos funerales ocurría que muchas veces la gente no tenía para pagar los gastos de sepelio, en cambio ahora, una de las características de nuestro sistema es que el Estado protege a la ciudadanía y en el último momento, en el último trance de nuestra vida, todos tiene un entierro digno”, explicó Durán.

Asimismo, el jefe de Operaciones de la Renta Dignidad, José Peñaranda, destacó la importancia de esta política de Estado, principalmente en el área rural y las casas de acogida, donde existen adultos mayores que están prácticamente solos.

“Es un monto que ayuda a dar una sepultura digna a nuestros adultos mayores, tal vez para la gente de la ciudad no parezca importante; sin embargo, es significativo para nuestros beneficiarios que viven en el área rural, sobre todo, de escasos recursos”, afirmó.

Peñaranda explicó que el pago por gasto funeral puede ser solicitado en cualquiera de las 33 oficinas de la Gestora Pública instaladas en el territorio nacional, hasta los 18 meses después del día de fallecimiento del beneficiario de la Renta Dignidad.

Sin embargo, durante los primeros seis meses del fallecimiento, el pago por gasto funeral puede ser solicitado por cualquier persona, incluyendo el derechohabiente, que acredite haber cancelado el funeral.

“Se debe presentar el certificado de defunción original, facturas o recibos y estar acompañado por dos testigos con sus respectivos documentos de identidad. Con estos requisitos, la Gestora hará la cancelación en un plazo de hasta 30 días, como máximo”, señaló.

Desde los seis hasta los 18 meses del fallecimiento del beneficiario, podrá solicitar el pago solamente un familiar en orden de prelación, ya sea el conyugue, hijo, padre o madre, hermano.

Además, debe presentar el certificado de defunción original, fotocopia de cédula de identidad del beneficiario fallecido a y la fotocopia de documento de identidad del solicitante.

Indicó que tanto la Renta Dignidad como los gastos funerales no se han dejado de pagar ni un solo día desde el año 2018 y lo vamos a seguir haciendo.

“Nuestros adultos mayores que cobran la Renta Dignidad, los familiares que acceden al gasto funeral pueden estar tranquilos porque es una política de Estado, está en la Constitución Política”, agregó Peñaranda.

El gasto funeral es cancelado por la Gestora Pública desde el 2018, en el marco del Decreto Supremo 333. Los recursos provienen del Fondo de Renta Universal de Vejez, financiado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las empresas públicas.

Actualmente, el 98% de las personas adultas mayores acceden a la Renta Dignidad, lo que significa que este mismo porcentaje tiene la cobertura del gasto funeral, un monto único de Bs. 1.800.

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El legislador precisó que el titular de Economía sí respondió a la petición de informe escrito que le hicieron; no obstante, argumentó cinco de las seis interrogantes diciendo que ingresen a la página web del Ministerio de Economía para obtener la información.

Entre las preguntas estaban: ¿por qué cayó el rendimiento de los fondos y las pensiones de los bolivianos, además de las políticas públicas y económicas de fortalecimiento que se aplicarían?

“El caballero me da una respuesta indicando que hubo crecimiento notorio con indicadores positivos; no hay números, no hay cifras, no hay referencias puntuales, y me dice que vaya a la página web”, reclamó el senador según informó LA PATRIA desde la Sede de Gobierno.

La autoridad tampoco habría respondido dónde están los más de 7.000 millones de dólares que el Gobierno captó de los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Paz explicó que, también se le pidió que explique la contradicción en que el Ministerio de Economía sea el tutor de la instancia que fiscaliza las pensiones, de la Gestora Pública y del Tesoro General de la Nación (TGN), que es uno de los mayores deudores de los jubilados; sin embargo, recibió una respuesta igual de contradictoria.

Finalmente, ante la interrogante de cómo opera la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Montenegro respondió que se estableció por medio de consenso y socialización, pero no dio más detalles.

Ante este escenario, el legislador adelantó que esas respuestas serán difundidas a los jubilados, a las universidades, a los medios de comunicación y a cualquier instancia que lo requiera.

Además, se hará una petición de informe oral al Ministro junto con todos los legisladores que quieren unirse porque, según Paz, este ya no es un problema de orden político, es de carácter económico que afecta a todos los jubilados y los aportantes.

/ LMPT

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Desde la Federación de Docentes de la UTO (Feduto) y el Sindicato de Trabajadores (Sintrauto), emitieron ayer la convocatoria con la que se sumaron a la determinación nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (Fntub). El sector teme por el destino de sus aportes en la administración de la Gestora Pública.

FEDUTO

El presidente de la Feduto, Víctor Hugo Verástegui, confirmó la participación en la marcha por parte de los docentes universitarios de la UTO, con el argumento de que la movilización es en defensa de sus aportes al fondo de pensiones.

SINTRAUTO

Por su parte, miembros de Sintrauto, confirmaron su participación a la protesta, ya que desde el 15 de mayo, las Administradoras de Pensiones de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión dejarán de operar en el país.

Ambos sectores confirmaron para hoy detallar los artículos con los que están en desacuerdo y pidieron que se garantice el resguardo de aporte de jubilación.

GESTORA

Desde esa fecha, la Gestora Pública administrará todos los recursos de las personas que aportan al Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Extraoficialmente, funcionarios de la Gestora Pública aseveraron que no habrá riesgo con sus aportes como argumentan quienes pretenden movilizarse, sugirieron reunirse para hacer conocer el funcionamiento de esta entidad.

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El legislador mencionó el tema de la Gestora indicando que si bien no es un hecho que causa repercusiones en la coyuntura actual, se convertirá en un daño a la economía nacional.

Explicó que a partir de 2002 las AFP generaban rentabilidad en 18% sobre los recursos de jubilación; mientras que en la actualidad están en el 3%, debido a las medidas económicas del Gobierno.

Aseveró que además de hacer perder los recursos, se quedan con ellos, para cubrir déficits fiscales, sueldos y salarios, entre otros aspectos, que en su criterio no son prioridades.

“No podemos transferir la plata de los jubilados a un Gobierno que vaya a ser manejado por políticos, para proyectos políticos, para campañas políticas y para supuestas reelecciones”, añadió en contacto con LA PATRIA.

/JDLF/

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Cientos de maestros ayer recorrieron las principales calles de la ciudad exigiendo la abrogación inmediata del decreto supremo 2248 que refiere a la Gestora Pública.

“Esta Gestora Pública que no permitiremos que sea manejado por el estado sino por los propios trabajadores que son dueños de los aportes”, dijo la ejecutiva del magisterio, María Elena Soria Galvarro.

Esta marcha partió desde la plaza “Sebastián Pagador” y terminó en la plaza principal 10 de Febrero, justo en frente de la Gobernación donde efectuaron un mitin en el que hicieron conocer los puntos de su reclamo.

Asimismo pidieron al gobierno central la solución al paro que se está desarrollando en Santa Cruz.

“También estamos exigiendo que se dé solución inmediata al problema de Santa Cruz con el Censo de 2023, es un pedido que ha surgido en todos los rincones de la patria y nosotros como parte de ella exigimos el Censo 2023”, añadió.

La movilización estuvo liderada por los dirigentes del magisterio urbano de Oruro, y se contó con amplia participación de maestros de diferentes unidades educativas de la ciudad capital y de otros municipios del departamento.

Soria Galvarro indicó que existe persecución política de parte del gobierno central contra dirigentes sindicales contestatarios, es por eso que hicieron eco de su apoyo a estos.

“Estamos contra la persecución política que se implementó estos últimos meses en contra de dirigentes sindicales, lo que no está al margen los maestros quienes han sido llevados a estrados judiciales, no permitiremos más aquella actitud opresora”, finalizó.

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“Tendría que establecerse en qué condiciones entraría esa privada y cómo se daría esa situación. Para mí tendría que ser una empresa privada en lo posible con un gran manejo de la bolsa de valores externa que va a permitir orientar las inversiones en el extranjero, esto tal vez podría ser una asociación de una empresa de este tipo internacional o tal vez esa sería una alternativa bastante viable”, afirmó Bonadona.

En las últimas semanas, maestros, médicos, fabriles, mineros asalariados y cooperativistas expresaron su desconfianza en la Gestora Pública porque administrará los 23.000 millones de dólares de los fondos de pensiones.

COOPERATIVISTAS RECHAZAN LA GESTORA PÚBLICA

Las cooperativas mineras y federaciones departamentales dieron un plazo de 72 horas para ser convocados a una reunión con el Ministro de Economía, informó el lunes, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Octavio Ramos.

El dirigente expresó su preocupación por la implementación de la Gestora Pública y ante faltas de garantías, temen que sus aportes sean administrados por el Gobierno central.

Ramos resaltó que en próximos días estarán analizando en una reunión interna, las decisiones para asumir medidas de presión, ante posible negativa del Gobierno.

/HNF/

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/ LMPT

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Por su parte, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Ronald Mamani, señaló que los trabajadores de Colquiri dieron un plazo hasta el 26 de este mes, para que se los convoque a una reunión con el Presidente Luis Arce o el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y debatir esa inquietud, caso contrario se radicalizarán las medidas de presión.

Mamani afirmó que hay desconfianza en el manejo de los aportes de jubilación por la Gestora Pública ya que hay experiencias de malas administraciones del Estado.

“Estamos en estado de emergencia porque se está hablando del dinero de nuestros aportes, porque cada trabajador aporta y eso para nosotros, mientras nada esté claro, representa un riesgo, un riesgo de poder perder nuestros aportes correspondientes”, aseveró el dirigente minero a La Razón.

Además, manifestó que la Gestora debe explicar y consensuar con los trabajadores sobre el manejo que hará de los aportes que todavía realizan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, que desde mayo de 2023 pasará a la nueva entidad estatal.

“Está en manos del Ministerio de Economía y de la Gestora en poder explicar ese tema, tiene que ser siempre favorable a los trabajadores, caso contrario no sería viable porque entonces de qué serviría cambiar de AFP a la Gestora si sería lo mismo”, agregó.

Para tener mayor información, el martes 27 de septiembre se acordó una reunión entre la Gestora y la dirigencia de los trabajadores de Huanuni, para que se socialice el trabajo de la entidad estatal.

Al sector minero, también se suma el de los maestros de La Paz y Cochabamba que se declararon en emergencia en rechazo al funcionamiento de la Gestora.

La pasada semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, señaló que el Gobierno hará uso de los recursos de los aportes de los trabajadores mediante la Gestora Pública. Desde entonces, esta corriente fue aumentando en los sectores.

/HNF/

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Al respecto, la exdirigente Norma Barrón declaró que la gestión del Presidente, Luis Arce se tornó un Gobierno autoritario.

Cuestionó la detención de dirigentes sindicales, mencionando el caso de un ejecutivo de Sucre.

“Es un muchacho que dirige la Central Obrera Departamental (COD), el comité cívico y la Federación de Maestros, o sea, gente que mantiene la independencia política y que moviliza a las bases. Para el Gobierno es un peligro”, afirmó.

Ante la situación advirtió al Gobierno que esas acciones no lograrán callar al magisterio, al menos en Cochabamba y en La Paz, reportó a la red Pío XX-Cochabamba de la red Erbol.

Recalcaron que motivo por el cual se declararon en emergencia es por la persecución política a través de los mecanismos judiciales.

Por otro lado, también rechazan el trabajo de la Gestora Pública argumentado el riesgo que corre el dinero.

“Para nosotros es un peligro ya marcado y no vamos a esperar que nos roben y metan sus sucias manos. Debemos prevenir y exigir que seamos nosotros los que administremos porque somos los dueños de los ahorros del sistema de jubilación”, indicó.

Situación en La Paz

En La Paz, el exdirigente José Luis Álvarez, en medio de una marcha y movilización callejera, declaró en horas recientes que el Gobierno no respondió a ninguna de sus demandas.

Según Álvarez, el Estado debe más de 6 mil millones de bolivianos, por lo cual cuestionó que el deudor asuma la responsabilidad de manejar el ahorro de “un Estado necesitado de plata”.

Finalmente los maestros indicaron que temen que ese dinero se convierta en la caja chica del Gobierno, en su criterio para cubrir una supuesta mala administración del Estado.

/JDLF/

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Aunque tampoco dijo de dónde saldrán los recursos ante un eventual pago en favor del banco español. “Eso se va a determinar en su momento”, señaló.

“Cualquiera que sea el resultado de ese proceso, de ninguna manera se van a tocar los recursos de los aportantes, porque la Ley 065 de Pensiones establece que todos los aportes se constituyen en patrimonios autónomos”, manifestó el funcionario en entrevista con La Razón Radio.

El 16 de julio se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fallo en contra el Estado boliviano para que indemnice a la sociedad BBVA, por $us 105 millones.

Por su parte, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que dicha determinación “es parcial” y anunció acciones en instancias internacionales.

En ese contexto, el abogado constitucionalista, Israel Quino, aseveró que los fallos del Ciadi “casi siempre” favorecen a los capitales privados extranjeros y no al Estado que forma parte de un proceso.

Además, el jurista señaló que Bolivia tiene cuatro vías para revertir ese fallo. “Primero, por la vía aclaratoria, de revisión, de anulación y hasta la ordinarización”, aunque, en su criterio, manifestó que lo mejor es pedir que ese fallo se anule.

Sobre el tema, Quino incluso sugirió la instalación de un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

/HNF/

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Asimismo, indicó que hasta septiembre tiene que entrar en funcionamiento de forma parcial y hasta mayo de 2023 de forma total.

Para ello, Durán indicó que el nuevo software tuvo un costo de diez millones de dólares, su ingreso en operaciones será con los nuevos aportantes y con los antiguos de forma paulatina hasta mayo del 2023.

“Esto será con el soporte virtual de internet y mediante el uso de aplicaciones tecnológicas, vamos a implementar también ciudadanía digital eso quiere decir, que le gente va a poder firmar mediante el uso del internet”, declaró, según reporte de Innovapress.

El gerente de la Gestora Pública indicó que la migración de datos se concretó hasta en un 82 por ciento de avance y actualmente se realizan las pruebas.

“Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para mejorar la rentabilidad de nuestros aportes, para ello, nuestros equipos están formados por expertos financieros, inversionistas de larga trayectoria los cuales van a poner todos sus esfuerzos para que podamos mejorar la rentabilidad y sobre esa base brindar pensiones adecuadas y razonables a nuestros beneficiarios”, añadió.

Además, recalcó que actualmente la rentabilidad de los fondos de pensiones está en un promedio del cuatro por ciento.

“Se tiene que comprender que el proceso de migración de datos es complejo, son casi 2,4 millones de asegurados y 24 años de aportes. Este proceso tuvo sus retrasos y ya solucionamos y ejecutamos un cronograma que garantiza que en septiembre de 2022 entra en funcionamiento y podremos recibir a los nuevos asegurados”, explicó.

Actualmente, la Gestora tiene 200 empleados y se prevé contratar personal técnico de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuando inicie su funcionamiento.

El 12 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano indemnizar con 105 millones de dólares al banco español Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, que perjudicó a la AFP Previsión.

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La entrada Aseguran que la Gestora Pública funcionará desde septiembre se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Tal disposición se complementa con la promulgación de la Ley N° 065 de Pensiones del 10 de diciembre de 2010, siendo la primera en lograr consenso con la máxima representación de los trabajadores del país: la Central Obrera Boliviana. La Ley de Pensiones, a su vez, da origen a la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora), cuyo objeto institucional es la administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, la gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos correspondientes al Sistema Integral de Pensiones.

La administración de dichos fondos por parte de la Gestora está sujeta a una serie de normas que permiten garantizar su adecuada administración en benefició de la población boliviana.

Los ahorros que realizan los trabajadores mes a mes como aportes a las actuales AFP, que después pasarán a la Gestora, se constituyen en patrimonios autónomos. Esto quiere decir que la propiedad, de esos dineros que están dentro de ese patrimonio, no se mezclan, con el patrimonio del administrador, en este caso de la Gestora.

Esto significa que cuando se aporta a las Cuentas de Ahorro Previsionales, esos dineros se administran en un fondo autónomo que funciona bajo reglas muy claras que permiten la inversión de esos recursos en instrumentos claramente identificados que permitan generar rentabilidad.

Los ahorros de lo que se va aportando al Sistema Integral de Pensiones, van creciendo, para que en el tiempo permitan generar el monto suficiente para acceder a una jubilación.Este fondo funciona como un mecanismo de ahorro – inversión destinado únicamente al financiamiento de una pensión, no pudiendo destinarse a otros fines. Así es como funciona actualmente y así funcionará cuando la Gestora administre el Sistema Integral de Pensiones.

La participación y control social está garantizada mediante la ley 341 (05/02/2013) que establece que las mismas se efectúan a través del acceso a información documentada sobre la calidad de los servicios que prestan las empresas públicas, información documentada y estadística, acerca de la administración de recursos económicos y programas a su cargo.

Asimismo, dicha Ley indica que las empresas públicas, garantizarán la participación y control social a través del acceso a la información, la rendición pública de cuentas, las iniciativas legislativas, normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su reglamentación.

En cumplimiento a la Ley mencionada la Gestora ha realizado, desde su creación, rendiciones de cuentas dos veces al año en las cuales ha informado acerca de los avances en relación al manejo de recursos de la Renta Dignidad y los avances relacionados a la administración del SIP. Eventos que han contado con la participación de organizaciones sociales de trabajadores y jubilados. Lo cual puede constatarse mediante la consulta a los archivos en la página web institucional: www.gestora.bo.

La entrada Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) son patrimonios autónomos y están seguros se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Salazar es la segunda autoridad de área que renuncia al puesto, ya que el 20 de abril, dejó la dirección de la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS), Oscar Ferrufino.

Hasta el momento se desconocen las causas de la renuncia de Mauricio Salazar, presuntamente son razones personales. La autoridad fue posesionada el 25 de noviembre de 2020, con el objetivo de “reencaminar” el rol con el que fue creada la Gestora en enero de 2015, que es administrar los aportes laborales para la jubilación de los trabajadores, según reportó el diario Página Siete.

El gerente saliente de la Gestora, antes fue ejecutivo en el proyecto para la implementación de regímenes contributivos y semicontributivos en la Gestora Pública. Asimismo, fue consultor de gerencia de aseguramiento, recaudación y prestaciones, según informó el Ministerio de Economía.

En la audiencia inicial de rendición de cuentas de la Gestora de este año, se informó que se buscará mejorar la gestión de la entidad por medio de la evaluación de alternativas para el inicio de operaciones en la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

/MDCB

La entrada Luego de seis meses en el cargo, renuncia el gerente de la Gestora Pública se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La Fiscalía convocó a Flores para que se presente a declarar el lunes 26 de abril a las 09:30 horas, con esta exautoridad suman seis los exfuncionarios de esa entidad que son investigados.

“Uno de los principales citados para el efecto es el exgerente de la Gestora, Sergio Flores Morón, él esta ampliado como imputado”, informó el fiscal Johan Muñoz.

Asimismo, señaló que los investigadores ya fueron al domicilio del exgerente, pero la exautoridad habría salido del país la gestión pasada, pero está sujeto a verificación.

“Tenemos seis investigados que están en calidad de imputados, ya han declarado cuatro, nos faltaría solamente dos, entre ellos Flores”, dijo Muñoz ANF.

La pasada jornada la Fiscalía hizo conocer la resolución de imputación formal en contra de los exfuncionarios de la Gestora Pública de la Seguridad Social, José L. P. P. (exgerente de Inversiones) y Ricardo G. Z. E. (profesional de gerencia), por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

También informó que por este caso, el exfuncionario Pablo R.V.H. ya fue sometido a audiencia de medidas cautelares y se dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Según las investigaciones preliminares, los exfuncionarios procedieron, mediante correos electrónicos institucionales, en siete oportunidades a la compra y venta de Valores de Depósitos a plazo fijo (DPF’s) como parte de la Gerencia de Inversiones de la Gestora con la autorización del exgerente general Sergio F. y Luis V. C. P. (exgerente de Inversiones).

/RXVCH/

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“En 11 meses (del Gobierno de transición) ha hecho un saqueo de lo que ha sido la Gestora, en su momento se va a denunciar los malos manejos que se han hecho durante el Gobierno de facto en la Gestora”, señaló el Ministro de Economía en una entrevista con la red nacional de televisión PAT.

Por el momento se realiza una restructuración de la Gestora, para poder encarar la transición de los aportes de los trabajadores de la Administración de Fondos de Pensiones (AFP), explicó la autoridad.

Añadió que desde que asumió el Gobierno actual, la Gestora coadyuva con el pago del Bono contra el Hambre y la cancelación de la renta dignidad a las personas de la tercera edad.

“La Gestora está en funcionamiento, nos está colaborando para el pago del Bono contra el Hambre, de hecho ha recibido recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para entregarlo a los distintas entidades financieras y pueda pagar el bono”, añadió.

/RMMP/

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“Nosotros estamos convencidos y tenemos las pruebas suficientes, resultado de la auditorías internas y externas. Ahora es la Fiscalía la que debe hacer su trabajo”, sostuvo Flores a la agencia de noticias ABI.

Según La Fiscalía, en los siguientes días hará llegar las notificaciones a Arce y a los exfuncionarios que intervinieron en los contratos de software.

“En este momento, nosotros estamos haciendo a través de nuestra Unidad Jurídica, seguimiento de este caso, por lo que la Fiscalía el día de hoy informó que en los próximos días se estarán haciendo llegar las notificaciones a todas las personas que intervenieron en los contratos de software”, agregó.

El gerente general de la Gestora indicó que la sanción correspondiente, de acuerdo al Código Penal, es una por incumplimiento de deberes contra Luis Arce.

“Él debería haber velado por el patrimonio de la Gestora Pública como también debería haber fiscalizado los actos de los funcionarios que intervinieron en este proceso”, afirmó.

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Flores detalló que el exministro y actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), es denunciado penalmente por la presunta comisión del delito de estafa en dos contrataciones millonarias de software que habrían generado un daño económico al Estado.

“Se han encontrado en nuestros informes de auditoría indicios de corrupción. Son dos contratos que la Gestora desde 2017 realizó para la compra de software, el primero con una empresa panameña por cinco millones de dólares; el segundo, por cerca de 11 millones de dólares que se firmó el 23 de octubre, tres días después de las elecciones”, precisó el gerente de la Gestora. Detalló Pagina Siete.

Flores recordó que Arce, junto a otros funcionarios, firmó millonarios contratos para la adquisición de programas de computación específicos para el sistema de pensiones.

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