Mediante la presentación de un memorial, Vidaurre se negó a declarar argumentando que violaría el secreto de fuente, y que estaba protegido por la Ley de Imprenta.

El juicio fue iniciado por Mamani en contra de Flores, debido a sus constantes acusaciones por presunta corrupción en la compra de 41 ambulancias. El legislador es uno de los denunciantes en ese caso junto al Comité Cívico Potosinista.

Según el asambleísta, el verdadero propósito del proceso penal es limitar su derecho de dar a conocer el caso de las ambulancias e impedirle fiscalizar los actos de la autoridad departamental.

El juez que tramita esta causa, Jhonny Germán Buhezo Choque, consideró que los argumentos del periodista eran insuficientes e instruyó que se lo vuelva a citar; con esa base, los abogados de Mamani pidieron su aprehensión, según informó el diario El Potosí.

En respuesta, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí envió una carta a la presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Jhovanna Alarcón, pidiendo que se respete la Ley de Imprenta.

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