Al igual que en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el reciente conflicto entre Israel e Irán ha vuelto a poner la guerra en el debate público. El uso de la fuerza por parte del gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, se consideró, en sí mismo, una medida extrema en diversos círculos decisorios a nivel mundial. La aleatoriedad de los objetivos elegidos para el lanzamiento de misiles y drones demostró, como en Gaza, la opción no solo de debilitar la capacidad de respuesta de Irán, sino también a su propio régimen político.

Las conexiones de Netanyahu con Estados Unidos, así como sus vínculos con las élites políticas y religiosas regionales, dejaron claro que su objetivo final no era simplemente acabar con el programa nuclear iraní. En realidad, pretendía usar la fuerza y la devastación para crear una nueva realidad geopolítica en Oriente Medio. Durante la última década, jefes de Estado y de gobierno han adoptado posturas similares, volviéndose cada vez más inflexibles en sus políticas exteriores. Con ello, optan por obstaculizar la resolución diplomática de conflictos y generar escaladas de violencia cada vez más devastadoras. La justificación de Netanyahu para librar una guerra preventiva contra Irán es el último, y quizás el último, momento en que ha cruzado la línea entre la diplomacia y la guerra.

Al arrastrar a Donald Trump a la guerra que él mismo inició, Netanyahu deja claro que su intención era desestabilizar el régimen iraní y forzar un cambio de gobierno y sistema político en el país de los ayatolás. Desde 2023, se han grabado conversaciones entre el gobierno israelí y el heredero del último monarca iraní, así como con jeques palestinos que buscan suplantar a la Autoridad Palestina a cambio del apoyo político israelí. Si bien la guerra que Trump denominó la “Guerra de los Doce Días” no significó precisamente la victoria para ninguno de los dos bandos, sí tuvo el poder de cambiar importantes estándares en la ejecución de las prácticas de política exterior en todo el mundo. Es posible que varios países vean a sus élites buscando acercarse a las potencias globales para intentar recuperar el poder.

América Latina no es ajena a este proceso. El intento de golpe de Estado de 2019 en Bolivia por parte de Jeanine Áñez contó con el apoyo explícito del gobierno argentino de Mauricio Macri. Juan Guaidó, por su parte, fue reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela entre 2019 y 2022 por los países occidentales, a pesar de haberse autoproclamado presidente. Opositores al gobierno, de diversas ideologías, han utilizado esta postura para justificar posturas radicales a favor del derrocamiento de gobiernos o del fraude electoral, incluso cuando no son perseguidos en sus propios países ni enfrentan procesos judiciales por delitos cometidos.

Este es el principal riesgo que plantea el reciente conflicto internacional en Oriente Medio. Al vincular un asunto de seguridad nacional con la eliminación de todo un régimen político en otro país, a cientos de kilómetros de su territorio, Netanyahu ha utilizado la guerra como instrumento legítimo de política exterior. Esto sienta un precedente para el uso de la fuerza por parte de cualquier país que busque simplemente derrocar al gobierno de otro, no por motivos democráticos ni por violaciones de derechos humanos, sino para afirmar su voluntad y fuerza. En un escenario de creciente aplicación de las llamadas políticas de “máxima presión”, especialmente por parte de Estados Unidos, esta es una posibilidad que no puede pasar desapercibida para los gobiernos latinoamericanos.

Uno de los acuerdos que trajo estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial fue el llamado “pacto de guerra negativo”. La creación de un conjunto de organizaciones internacionales, incluida la ONU, fue vista por potencias mundiales que no eran necesariamente aliadas como una forma de evitar la guerra. Si bien no conducían a un mundo de mayor cooperación, estas instituciones y acuerdos podían al menos evitar que los conflictos internacionales se resolvieran únicamente por la fuerza. Varios conflictos tuvieron lugar entre el comienzo de la Guerra Fría y el final de la década de 2010, pero el uso de la fuerza debía justificarse por algún beneficio colectivo, ya fuera para la comunidad internacional o para las poblaciones oprimidas y las víctimas de ataques de sus propios gobiernos.

Lo que presenciamos ahora es arriesgado para todas las poblaciones del mundo. Gradualmente, en las últimas décadas, varios países han abandonado esta justificación para el uso de la violencia. Incluso en intervenciones como las de Ucrania y Libia, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos intentaron presentar el uso de la fuerza como un elemento necesario para el bien común. Al emplear la fuerza y atacar sin restricciones la infraestructura y la población civil, lo que el gobierno de Netanyahu está sentando ahora en el escenario internacional es un precedente para el regreso de la guerra total. La devastación, no la derrota política o militar, se convierte en el horizonte, al igual que la guerra civil que tanto marcó a América Latina a lo largo de sus procesos políticos en los siglos XIX y XX.

El exsecretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, afirmó que la institución no estaba destinada a llevarnos al paraíso, sino a salvarnos del infierno. La rehabilitación de la guerra total como instrumento de política exterior podría estar llevándonos precisamente por el camino opuesto a su intención. En este contexto, América Latina podría dejar de ser escenario de una simple competencia por favores entre dos potencias y convertirse en escenario de intentos cada vez más enérgicos de intervenir en sus asuntos internos. Trump, con sus “aranceles recíprocos”, ya ha dejado claro el camino que pretende tomar. Por el bien de nuestra autonomía y democracia, fruto de tantas luchas y disputas, los gobiernos latinoamericanos deberían alinearse no en torno a la devastación, sino en torno a la defensa de la cooperación.

Gustavo Glodes Blum es doctor en Geografía por la Unicamp y analista geopolítico. Actualmente es investigador postdoctoral en la Unicamp, con especialización en geopolítica y seguridad internacional.

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El acuerdo marco entre Argentina y China sobre la instalación de una base espacial en la localidad de Bajada del Agrio (provincia de Neuquén) fue resultado de acuerdos firmados entre los años 2012 y 2014 durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La construcción de la base ubicada en un predio cedido por la provincia de 200 hectáreas comenzó a construirse en 2014 y a operar en el año 2018. Y, desde aquel entonces, comenzaron a desatarse especulaciones sobre el uso militar o civil, controversias que, hasta hoy, persisten dado el secretismo con que fueron negociadas las condiciones y la casi inexpugnabilidad a la que se ve sometida la base para cualquier visitante nacional en tanto el área que abarca es considerado, por los acuerdos y refrendada por leyes nacionales como “territorio soberano chino”.

Los motivos de la concesión

La postura concesional del gobierno argentino de aquel entonces tiene sus raíces en varios aspectos. En primer lugar, la empatía ideológica entre la facción peronista gobernante de centroizquierda (kirchnerismo) y China, en un contexto de predominio durante la primera década del siglo XXI de gobiernos de izquierda y centroizquierda en América del Sur, que sirvieron a la expansión de los intereses e influencia de China en la región.

En segundo lugar, la dinámica relación económica bilateral, había posicionado a China como segundo socio comercial resultado de los altos precios internacionales de materias primas y de la creciente demanda china de soja, subproductos y agroalimentos. En tercer lugar, el comienzo de un ciclo signado por la llegada de inversiones chinas focalizadas hacia sectores como infraestructura, transporte, energía, minería e industria agroalimentaria.

Un cuarto factor fueron las necesidades financieras argentinas ante el desequilibrio externo y la reticencia de entidades financieras internacionales de otorgar créditos al gobierno nacional. Por tanto, Argentina puso su mirada en la liquidez prestataria de bancos estatales chinos. Ya en 2009, el país golpeó la puerta de las principales entidades bancarias chinas logrando ese año el otorgamiento del primero de los swaps concedidos al país.

Casualmente dicho año también comenzaron las primeras exploraciones geológicas en diversos sitios del sur argentino donde podría ser emplazada la estación espacial y similares negociaciones con la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir una estación con similares prestaciones en la localidad de Malargue, provincia de Mendoza. Finalmente, la DSA 3 europea o Antena de Espacio Profundo 3 para investigaciones sobre el espacio profundo, entró en servicio en 2013.

Un quinto factor a ser considerado, es que la cooperación en el campo espacial entre  China y América Latina registra hitos importantes, entre los más destacados se encuentra el programa bilateral con Brasil que en 1995 dio luz verde a la serie de satélites CBERS hoy aún en desarrollo; la cooperación con Venezuela para el desarrollo, construcción y lanzamiento de satélites de la serie Miranda; y similares acciones respecto de Bolivia mediante el programa Tupak Atari-I, consistente en un satélite controlado desde la Estación Terrestre Amachuma y orbita a unas 22.300 millas sobre América Latina.

Por supuesto el contexto debe ser tenido en cuenta. Los avances en el plan espacial chino requerían contar con estaciones para el seguimiento, control y provisión de información telemétrica en distintas partes del planeta. En combinación, el desarrollo del sistema chino de posicionamiento global Beidou (en competencia con el europeo Galileo, el ruso Glonass y el estadounidense GPS) requería de similar red de asistencia en tierra para posibilitar el lanzamiento de satélites, futuras misiones de exploración lunar y navegación del espacio profundo.

El avance de la influencia china en la región

En este contexto expansivo de la influencia china en América Latina, Estados Unidos parecía permanecer indiferente, empantanado en escenarios bélicos lejanos como Irak y Afganistán, sin aportar soluciones concretas para contener el avance de China en la región. De esta forma, los  “espacios vacíos” dejados por la administración demócrata y poco eficiente diplomacia americana enfocada en áreas extra hemisféricas de tensión, favorecieron la firma de acuerdos sobre instalación de estaciones y bases espaciales dependientes del programa espacial chino en América del Sur; en particular, la base espacial en Neuquén es un claro indicador de las carencias estadounidenses en su lectura sobre la dinámica inserción de actores extra regionales en América Latina, particularmente de Rusia, China e Irán.

Los intentos de revertir esta pasiva postura por parte de Estados Unidos ante las sospechas del empleo militar de la base llevaron a que, durante el año 2018 bajo el gobierno del ex presidente Macri, ambos países firmaran un protocolo adicional reafirmando el compromiso chino sobre el “uso pacífico” de las instalaciones. Lo cierto es que desde aquel entonces la base espacial se encuentra rodeada de sospechas y especulaciones sobre su real uso pacífico o militar; y hay motivos para ello.

Puntualmente los acuerdos especifican compromisos a cumplir por agencias de ambos países: en el caso chino, la Agencia China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, en sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la Argentina. Si bien en la superficie el acuerdo vincula su gestión operativa a “agencias civiles”, en el caso chino la CLTC opera bajo directivas del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación (GAD-EPL) y su misión no puede estar desvinculada de la prestación de servicios inherentes al plan espacial nacional chino, tanto en su fase civil, como militar (guerra espacial, electrónica y cibernética), incluyendo la posibilidad de detectar, retaliar amenazas o guiar misiles mediante aportes satelitales hacia objetivos en territorio estadounidense, sus aliados en el Pacífico y socios de la OTAN.

En segundo lugar, instalaciones como la base espacial china en Argentina y otras que sirven al plan espacial chino (ver mapa) introducen definitivamente a la región en el medio del conflicto estratégico sino-estadounidense y escalan las tensiones entre ambos contendientes en nuestra región al competir por influencia a nivel de los países latinoamericanos, provocando así perturbaciones en la gobernanza regional, de por sí agravadas por desafíos intra estatales.

 
Una interrogante no puede ser soslayada: ¿Por qué un país como la Argentina, que pregona insistentemente en todo estrado multilateral, a nivel bilateral y apela permanentemente al apoyo de países latinoamericanos para sostener sus legítimos reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, cede espacios soberanos en su territorio a actores extra regionales como China para el desarrollo de actividades sobre las cuales no es capaz de ejercer un control efectivo?

Finalmente; es difícil creer que países vecinos de la Argentina no observen con preocupación esta situación; en tanto la decisión argentina de habilitar este tipo de instalaciones agudiza las tensiones en nuestro Cono Sur entre China y los Estados Unidos, forzando alineamientos en favor de una u otra potencia.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

 
Master of Arts de la Universidad de Pekín. Coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI), Docente e Investigador de la Maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacifico e India de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en Argentina. Es parte del Consejo Editorial de REDCAEM.

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