Análisis económico: Dunn destaca necesidad de recortes

El analista económico Jaime Dunn cuestionó la política económica del gobierno del Presidente Rodrigo Paz Pereira. En una entrevista con LA PATRIA, Dunn señaló que hasta el momento no existe una definición clara sobre el rumbo que se pretende seguir frente a la crisis. Además, destacó la urgente necesidad de realizar un recorte de gasto público.

Falta de estrategia clara ante la crisis

Dunn afirmó que el Ejecutivo aún no ha determinado si su estrategia apunta a administrar la crisis actual o a encarar cambios estructurales de largo plazo. “Lo que vemos hasta hoy son más medidas para tratar los síntomas y no la enfermedad”, sostuvo.

Presupuesto General del Estado y sus limitaciones

Respecto al Presupuesto General del Estado, el analista reconoció avances en la presentación de datos más claros y comprensibles. Sin embargo, consideró que esto resulta insuficiente. “La crisis no se va a resolver solo con claridad, sino con acciones. Este presupuesto nos da el mensaje de que el gobierno ha decidido administrar la crisis este año”, indicó.

Origen del problema económico

Dunn explicó que el origen del problema económico radica en un complejo escenario energético. Este escenario se caracteriza por la falta de gas natural, así como por la limitada capacidad de producción e importación de combustibles, lo que ha derivado en un déficit fiscal crónico.

Medidas necesarias para enfrentar la crisis

En ese contexto, advirtió que la solución pasa por medidas de fondo, como una reducción drástica del gasto público. Según él, esta medida no se está aplicando actualmente. “Se ha optado por un gradualismo que tiene muchos riesgos, porque alguien tiene que financiar esa espera para tomar decisiones”, señaló.

Impacto político y factores externos

Dunn también alertó sobre cómo este enfoque puede debilitar el respaldo político con el tiempo. Además, mencionó que factores externos, como conflictos internacionales, pueden impactar negativamente en la economía.

Proyecciones del déficit fiscal

El analista cuestionó la magnitud del déficit fiscal proyectado. Indicó que, más allá de las cifras oficiales cercanas al 9%, los cálculos reales podrían situarlo alrededor del 11%. Esto reflejaría la ausencia de mejoras sustanciales respecto a la pasada gestión.

Decisiones urgentes ante la gravedad de la crisis

Dunn enfatizó que la gravedad de la crisis exige decisiones de la misma magnitud. Esto incluye recortes en gasto público, salarios, inversión estatal y la reestructuración de empresas estatales deficitarias.

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El vicepresidente Edmand Lara anunció oficialmente su participación en el cabildo nacional, convocado por el senador Nilton Condori. Este encuentro, programado para el próximo 11 de abril en la ciudad de El Alto, busca canalizar el pedido social para medidas drásticas de austeridad estatal.

Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, Lara confirmó su respaldo a la iniciativa de Condori. Este último actualmente recorre el país fiscalizando la labor parlamentaria y promoviendo un referendo para reducir los salarios públicos a la mitad.

Declaraciones del vicepresidente

“Nos sumamos a esa lucha. Vamos a pedir la eliminación de la renta vitalicia y la reducción de los salarios de todos los funcionarios, empezando por el presidente, vicepresidente, ministros, diputados y senadores”, sentenció Lara, según Erbol.

El segundo mandatario enfatizó que las determinaciones que se tomen en El Alto deberán ser vinculantes. Argumentó que el cabildo representa la expresión directa del pueblo. En su mensaje, extendió una invitación abierta a diversos sectores sociales, llamando a transportistas, gremiales, maestros y organizaciones de provincias y comunidades.

Objetivos del encuentro

Para Lara, el objetivo principal es “Hacernos respetar y hacernos sentir”. La alianza entre Lara y Condori surge en un momento de alta visibilidad para el senador, quien ha mantenido una postura crítica hacia los privilegios de la clase política.

Con la confirmación de la asistencia del vicepresidente, el cabildo del 11 de abril se perfila como un evento que podría marcar un antes y un después en la agenda de reforma del gasto público en Bolivia.

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Un informe de la Fundación Jubileo revela que la planilla de las entidades estatales asciende a Bs 3.660 millones. Este gasto en sueldos incluye a instituciones como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que supera al de todo el Órgano Ejecutivo, excluyendo áreas estratégicas.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, elaborado inicialmente por la gestión de Luis Arce y que entró en vigencia de forma automática, ha desatado una profunda preocupación en sectores económicos y políticos, así lo informó Correo Del Sur.

Análisis del gasto salarial estatal

Según un análisis detallado de la Fundación Jubileo sobre el “Grupo 10.000” (sueldos y beneficios), las empresas públicas nacionales absorben una masa salarial de 3.660 millones de bolivianos.

Esta cifra pone en evidencia el enorme tamaño del aparato estatal construido durante las últimas dos décadas, superando incluso el costo de funcionamiento de los órganos Legislativo, Judicial y Electoral combinados.

Comibol y su impacto en el presupuesto

En la cúspide de este gasto se encuentra Comibol, que por sí sola concentra el 40% del presupuesto salarial del sector empresarial estatal con Bs 1.464 millones. La magnitud de este gasto supera el presupuesto destinado a sueldos de todo el Órgano Ejecutivo, que suma Bs 1.457 millones (excluyendo los regímenes especiales de salud, educación, defensa y seguridad). Esta disparidad refleja una estructura donde una sola empresa extractiva demanda más recursos para su personal que el núcleo administrativo central del Gobierno boliviano.

Otras entidades con altos gastos salariales

La lista de las entidades con planillas más elevadas continúa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que registra Bs 839 millones en gastos de personal, seguida por Boliviana de Aviación (BoA) con Bs 253 millones.

Otras instituciones como la Gestora Pública de la Seguridad Social (Bs 206 millones) y el Sedem (Bs 201 millones) también presentan costos operativos salariales superiores a los de otros poderes del Estado.

Comparativa con otros poderes del Estado

Por ejemplo, la Gestora gasta más en sueldos que todo el Órgano Electoral, que apenas dispone de Bs 134 millones para este fin. Al contrastar estos datos con el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, la brecha se mantiene.

Desafíos para el gobierno actual

El Órgano Legislativo, con Bs 214 millones inscritos, se ubica por debajo de lo que gastan individualmente Comibol, YPFB y BoA en sus planillas mensuales. Esto acentúa las críticas sobre la priorización del gasto en el modelo económico vigente, así lo aseguró la Fundación Jubileo.

El actual gobierno de Rodrigo Paz enfrenta ahora el reto de cumplir con su promesa electoral de reducir el gasto público en al menos un 30%. Aunque el Ejecutivo se comprometió a presentar un presupuesto reformulado a la Cámara de Diputados antes de concluir febrero, el Legislativo sigue a la espera del documento oficial.

Advertencias sobre el déficit estatal

Esta demora genera incertidumbre, especialmente cuando el propio Gobierno ha denunciado el “desangramiento” que suponen las empresas públicas deficitarias. Se adelantó que se requerirán leyes específicas para proceder con cierres o ajustes estratégicos.

Responsabilidad histórica y recomendaciones

Finalmente, la Fundación Jubileo advierte que esta reforma presupuestaria es una “responsabilidad histórica”. El analista René Martínez enfatiza que el ajuste debe centrarse en el gasto corriente y salarial sin sacrificar la inversión pública, que es el motor del crecimiento.

Además, se alerta que financiar el actual déficit estatal mediante deuda interna con el Banco Central representa un riesgo crítico de inflación que podría afectar la estabilidad económica del país si no se aplican medidas correctivas inmediatas en el presupuesto 2026.

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Al ser preguntado sobre su plan de reducir el gasto público en un 30%, el mandatario explicó: “Junto a nuestro equipo y gabinete hemos calculado que a finales de febrero habremos alcanzado esa meta del 30%, y es algo sorprendente. No puedo dar más detalles ahora, pero una parte importante de ese recorte se debe a una cantidad considerable de ítems de personal que eran ficticios creados para fines políticos y como parte de la corrupción del pasado”.

Impacto en la economía

Paz destacó que eliminar estas irregularidades tendrá un efecto muy positivo en la economía boliviana durante su gestión. “Al eliminar esos ítems y cargos fantasmas, el proceso se facilita mucho porque nadie va a poder reclamar, simplemente no existen. Ese dinero iba directamente a manos de personas que no hacían nada por el Estado”, enfatizó.

Revelaciones futuras

El jefe de Estado mencionó que se están descubriendo varias situaciones que serán reveladas en el momento adecuado. Poner fin a estas prácticas permitirá cumplir con los objetivos planteados para el país.

A pesar de las opiniones contrarias, el presidente estima que la economía boliviana mostrará crecimiento durante su mandato.

Prioridad en el bienestar

Paz subrayó que su máxima prioridad es el bienestar de Bolivia, por encima de cualquier etiqueta política de izquierda o derecha. Afirmó que la “ideología de la corrupción” ha afectado a ambas corrientes, siempre a expensas de las necesidades de la población.

“Mi único objetivo es que Bolivia prospere, no me importa si se considera de izquierda o derecha. El sentido común nos debe llevar a entender que la gran mayoría necesita tener la posibilidad de crecer con dignidad, desarrollarse en su tierra y contar con salud y educación de calidad”, manifestó.

Foro Económico Internacional

El presidente Rodrigo Paz participa en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en la ciudad de Panamá.

La entrada Presidente Paz afirma que hubo “cargos fantasma” en la gestión anterior se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que a partir de esta fecha se publicará diariamente el gasto público desagregado. Esta información fue compartida por Unitel.

Espinoza destacó que “gastamos en combustibles más del doble de lo que invertimos en salud”. Esta afirmación resalta la diferencia significativa en la asignación de recursos entre estos dos sectores.

Renta Dignidad para adultos mayores

Además, se informó que Bs 100 millones fueron destinados a los adultos mayores como parte del pago de Renta Dignidad. Este programa busca apoyar a los ciudadanos de la tercera edad en su bienestar económico.

Transparencia en el gasto público

“Desde hoy el Ministerio de Economía de Bolivia va a publicar el gasto público diario total y desagregado en diferentes ítems”, afirmó el ministro Espinoza. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por aumentar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

El ministro también mencionó que “desde hoy van a saber cuáles son los gastos del Estado”, lo que representa un paso hacia la recuperación de la institucionalidad y la estabilización de la economía del país.

Apoyo a pequeñas empresas

En este contexto, se anunció que se dará prioridad al pago a los proveedores, enfocándose en las pequeñas empresas que han visto en riesgo su capital y sus operaciones. Esta acción busca fortalecer el tejido empresarial y ayudar a quienes más lo necesitan.

La entrada Gobierno reporta que gasto estatal alcanza Bs 1.496 millones; se destinó Bs 309.7 millones a combustible se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Herencia institucional del nuevo gobierno

El nuevo Ejecutivo recibirá una herencia institucional que incluye más de 200 estructuras dependientes. Esto abarca 17 ministerios, 56 viceministerios, 86 instituciones descentralizadas y más de 30 empresas públicas. Esta burocracia ha sido considerada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) como una carga fiscal.

“Estamos quebrados, nueve de los 17 ministerios no tienen dinero ni para los servicios, no hay plata. Han ampliado tanto el Estado que tenía la secretaria su secretaria y la secretaria de la secretaria”, protestó José Armando Torrico, vocero del PDC.

Prioridades del nuevo presidente

Rodrigo Paz Pereira ha señalado que su prioridad será “ordenar la casa”. Esto implica reducir el aparato estatal que consume recursos que el país ya no tiene. El equipo económico del PDC está trabajando en un plan de reestructuración que busca reducir el gabinete de 17 a 12 ministerios. Se eliminarán duplicidades y se buscará mayor eficiencia y ahorro fiscal.

Se está evaluando la eliminación o fusión de carteras como Culturas, Salud, o la creación de un megaministerio que agrupe Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Planificación.

Revisión de empresas estatales

El nuevo gobierno también revisará la sostenibilidad de las más de 30 empresas estatales creadas durante la era del MAS. Una de las primeras en ser analizadas para su cierre es la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Esta empresa ha operado con fuertes subsidios y enfrenta cuestionamientos por corrupción y falta de transparencia.

Paz Pereira ha afirmado que “no se mantendrá aquella entidad que no genere resultados”. Se eliminarán duplicidades en la compleja estructura administrativa de viceministerios, direcciones y unidades desconcentradas.

Impacto del gasto público

Según expertos como el economista Fernando Romero, esta burocracia ha provocado que el gasto corriente se triplique. Esto ha llevado a destinar un gran porcentaje del presupuesto nacional a salarios y funcionamiento institucional.

Durante la gestión del MAS, el Estado boliviano experimentó un crecimiento significativo al crear nuevas estructuras para impulsar la industrialización y la soberanía económica y alimentaria. Sin embargo, muchos de estos proyectos no lograron los resultados esperados y se convirtieron en una “pesada carga para el Tesoro General de la Nación (TGN).”

Desafíos del nuevo gobierno

El nuevo gobierno enfrentará el reto de demostrar que un estado más pequeño puede ser más fuerte. Gabriel Espinoza, asesor del equipo económico, advirtió que las decisiones profundas no serán inmediatas y requerirán un análisis transparente de las cuentas fiscales.

El 8 de noviembre de 2025 marcará el inicio de un nuevo capítulo, donde se espera que la eficiencia y la austeridad burocrática reemplacen al gigantismo en un intento por solucionar la crisis fiscal del país.

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Detalles del gasto en personal

De acuerdo con el documento presentado, la cantidad de trabajadores asignados a algunos concejales y exconcejales varía entre 30 y 57 personas. Esto ha sido calificado como un “gasto millonario innecesario” por Medrano.

Según información publicada por El Deber, el concejal que tiene 57 funcionarios representa un gasto mensual de Bs 409.982. Por otro lado, el concejal que cuenta con 33 trabajadores genera un costo de Bs 244.479.

Críticas a exconcejales

Medrano ha señalado directamente a exconcejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), como Israel Alcócer, quien, según la nómina, tiene 50 funcionarios con un gasto mensual de Bs 373.649.

“Entonces, no es posible que le hagan este daño a Santa Cruz. Nos quejamos de que no hay trabajo y que las cosas están mal, pero resulta que hicieron del Concejo Municipal una agencia de empleo”, expresó el edil, quien defendió que él mismo mantiene los 13 funcionarios con los que inició su gestión.

Medidas drásticas de reducción

En respuesta a esta “irresponsabilidad”, el nuevo presidente del Concejo ha anunciado una drástica medida de reducción de personal, que incluye acciones legales. “Vamos a despedir a 50 funcionarios de este Concejo Municipal”, declaró Medrano.

Además, mencionó que se iniciarán procesos penales contra los denominados “ítems fantasmas”, ya que Medrano aseguró que “muchos de estos funcionarios no fueron encontrados en su fuente de trabajo”.

Plan de reestructuración

El plan de reestructuración no solo contempla despidos, sino también la contratación de personal idóneo. Medrano anunció que este lunes se lanzará una primera convocatoria pública por mérito, con el objetivo de cambiar al menos a 100 funcionarios para garantizar que “gente que realmente trabaje por Santa Cruz” ocupe esos puestos.

Enfoque en fiscalización

Finalmente, el concejal Medrano adelantó que, además de reducir gastos, se enfocará en agilizar la fiscalización al Ejecutivo municipal mediante una nueva normativa.

El edil concluyó recordando que el Concejo “no funcionaba correctamente hace cuatro meses” y se tenían 19 sesiones suspendidas.

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Román criticó que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) esté utilizando recursos públicos de manera irresponsable. Según la parlamentaria, el masismo está dilapidando los recursos del pueblo hasta el último momento de su gestión.

Detalles del gasto

El Formulario 200 del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) indica que la ANH firmó contratos con una agencia de viajes el 19 de septiembre de 2025. Este contrato, por un monto de 400.000 bolivianos, es para el “servicio de pasajes aéreos nacionales, segundo semestre”.

“Mientras el país está sin combustible, los burócratas del MAS viajan con plata del pueblo. Denunciamos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es responsable de la provisión de combustible, gastó 400.000 bolivianos en pasajes aéreos nacionales, solo para tres meses de servicio”, afirmó Román en un video que compartió en redes sociales.

Críticas a la gestión del MAS

La diputada agregó: “Es evidente que el asalto a los recursos del pueblo continuará hasta el último día que los masistas estén en funciones. Con seguridad, esos miles de bolivianos son para que los funcionarios corruptos e ineficientes de la ANH se vayan de vacaciones con dinero del pueblo”.

Román también cuestionó la falta de recursos para abastecer a la población con carburante, mientras que sí hay dinero disponible para los pasajes de los funcionarios. Según ella, las prioridades del MAS son la corrupción y el despilfarro de recursos públicos, beneficiando a sus militantes.

Contexto de la denuncia

Esta denuncia se produce en un contexto donde la escasez de combustible ha generado un gran malestar entre la población. La ANH tiene la responsabilidad no solo de controlar y regular el sector hidrocarburífero, sino también de asegurar un abastecimiento adecuado para la ciudadanía.

/KMMN-LA PATRIA

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Entre 1982 y 1985, Bolivia vivió una devastadora hiperinflación que erosionó cualquier atisbo de estabilidad económica. El Decreto Supremo 21060 emergió entonces como medida extrema: detuvo la escalada inflacionaria y abrió un largo periodo de austeridad. El gasto público se redujo, los sueldos se congelaron (1985–1988), y el empleo estatal perdió atractivo. Ser funcionario en la década neoliberal (1985–2005) implicaba resignarse: en 2005, sueldos consolidados de alcaldías, gobernaciones y universidades apenas llegaban a los Bs 1 216 millones.

Ese escenario cambió radicalmente en 2006, con el ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS). El nuevo gobierno propuso un Estado activo, redistributivo, y atinó a los elevados ingresos por gas natural. A partir de entonces, abrió las puertas a un aumento sostenido del empleo público y ajustes salariales anuales. Impulsado por la renta del gas, este modelo perduró por más de una década. En 2024, el conjunto de alcaldías, gobernaciones y universidades reportó un gasto en sueldos y salarios de Bs 8 327 millones a nivel consolidado.

Este ciclo de expansión no solo alcanzó al gobierno central. Las entidades subnacionales —universidades públicas, alcaldías y gobernaciones— también engrosaron sus planillas, aumentaron salarios y, en muchos casos, descuidaron su misión central: brindar servicios e impulsar el desarrollo local. Las universidades públicas fueron las principales beneficiadas. Con presupuestos en constante crecimiento, destinaron gran parte de los recursos a sueldos en 2024 ascendió a Bs. 3.661 millones. En lugar de priorizar la mejora de la calidad académica, muchas financiaron actividades paralelas —como entradas folklóricas, celebraciones y congresos sin relevancia académica—, mientras sus aulas e infraestructuras quedaban rezagadas.

Lo más preocupante es la falta de control real sobre el uso de esos recursos. Aunque en teoría existen consejos universitarios conformados por docentes y estudiantes para fiscalizar la gestión, en la práctica estos órganos se reúnen de forma esporádica o son espacios de cuoteo político. A diferencia de las alcaldías y gobernaciones, que están sujetas a auditorías más visibles, las universidades operan con escasa transparencia amparadas en la autonomía.

En las alcaldías de ciudades capitales e intermedias, la situación es similar. Durante los años de bonanza, estas entidades incrementaron sostenidamente su masa salarial. Sin embargo, desde 2016, con la caída de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), su capacidad de inversión se redujo notablemente. Aun así, optaron por mantener el gasto en sueldos, incluso a costa de sacrificar obras esenciales para sus ciudadanos. El resultado es claro: más personal, menos calles pavimentadas, alumbrado deficiente y recolección inadecuada de basura.

Las alcaldías rurales enfrentan una situación aún más crítica. Con bajos niveles de recaudación propia —por la pobreza de su población, la migración o la debilidad institucional— dependen casi exclusivamente de transferencias del Tesoro General del Estado. Pero esas transferencias también han disminuido. Pese a ello, estas alcaldías mantienen o incluso incrementan su gasto en sueldos. Muchas tienen más administrativos que técnicos operativos y dedican una proporción excesiva de su presupuesto a cubrir planillas que no pueden ser ajustadas por restricciones legales de la Ley General del Trabajo. En el año 2024 en sueldos y salarios de todas las alcaldías llego a Bs 3.654 millones.

El caso de las gobernaciones no es distinto. Aunque recibieron mayores recursos durante la bonanza, también se les transfirieron nuevas competencias sin dotación suficiente de capacidades técnicas ni financieras. En la práctica, se convirtieron en meros entes de redistribución: reciben fondos, pagan sueldos, financian algunas obras menores y se endeudan cuando pueden. Algunas, como la del Beni, hoy están al borde de la parálisis operativa por falta de recursos para inversión. Solo excepciones como Potosí, que recibe regalías mineras significativas, logran mantener cierta estabilidad. Las gobernaciones pagaron por concepto de sueldo Bs.  1.011 millones.

El panorama actual expone una contradicción alarmante: mientras que los ingresos fiscales se reducen año tras año, los gobiernos subnacionales intensifican su demanda de mayores recursos, proclamando que “necesitan un nuevo pacto fiscal”. No se conforman con la actual coparticipación tributaria del 15 %; exigen aumentar hasta el 50 %, una propuesta que defienden partidos como Unidad (Samuel Doria Medina), Libre (Jorge Quiroga Ramírez) y APB Súmate (Manfred Reyes Villa). La presión aumenta, pero el debate sigue incompleto. Porque el problema no es solo cuánto dinero se transfiere, sino cómo se usa.

La experiencia reciente demuestra que mayores recursos no garantizan mejores servicios. Por el contrario, suelen alimentar una burocracia creciente y poco eficiente. La contratación bajo la Ley General del Trabajo convierte a los funcionarios en costos fijos difíciles de ajustar, muchos protegidos por sindicatos y padrinazgos políticos. La fiscalización es débil: ni la Contraloría ni los gobiernos autónomos han frenado el gasto descontrolado. El clientelismo ha capturado cargos públicos, transformando concursos de méritos en simulacros y priorizando lealtades políticas por encima de la capacidad técnica.

Bolivia atraviesa una etapa crítica. La renta gasífera ya no sostiene al Estado, y el modelo expansivo heredado del MAS es inviable. No hay espacio para seguir inflando las planillas sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Los gobiernos subnacionales deben emprender reformas urgentes: reducir supernumerarios, mejorar la calidad del gasto, priorizar obras sobre sueldos y recuperar la lógica del servicio público frente al clientelismo político.

El país no puede permitirse repetir los errores del pasado reciente. La bonanza terminó. Hoy se necesita responsabilidad fiscal, meritocracia institucional y una ciudadanía que exija resultados, no solo planillas abultadas. La solución no está en recibir más recursos, sino en gastar mejor.

Investigador y analista socioeconómico

La entrada Gobiernos Subnacionales: planillas crecen, obras y servicios caen se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Costos del ministerio

Román indicó que el ministerio tiene un costo superior a 84 millones de bolivianos al Estado. En este contexto, afirmó que esos recursos podrían destinarse a áreas urgentes, como la compra de combustible. Además, expresó que el funcionamiento de esta entidad solo responde a los intereses del MAS y no a una verdadera reforma judicial.

Cuestionamientos al Ministerio Público

La diputada también criticó la actitud del Ministerio Público. Esto se debe a que la Fiscalía Departamental de La Paz publicó un comunicado en el que afirma no tener conocimiento del audio. Según Román, esta respuesta demuestra que Siles podría quedar en la impunidad. En este sentido, cuestionó que, a pesar de que el audio ya es de dominio público, las autoridades no hayan iniciado una investigación seria.

Conclusiones de la diputada

Román concluyó que el Ministerio de Justicia no cumple una función útil para la población. A su juicio, esta cartera de Estado solo sirve para encubrir actos irregulares y perpetuar el control del oficialismo sobre el sistema judicial. Por esta razón, demandó al Presidente Luis Arce que tome acciones inmediatas y cierre esa entidad.

Aseguró que existen pruebas suficientes y que no hay justificación para mantener su funcionamiento.

LDVY

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Román cuestionó que los ciudadanos bolivianos tengan que financiar la campaña del gobernante. “Los bolivianos pagamos la campaña de Luis Arce. Recientemente, el Ministerio de la Presidencia gastó 3.000.000 para las transmisiones de los eventos de Arce por Bolivia TV. Con este contrato, suman 65.500.000 bolivianos que se despilfarraron en las transmisiones de los eventos de Arce desde la gestión 2021 hasta la fecha, por el canal estatal”, observó.

La diputada también añadió: “A esto se suma otro gasto absurdo: 600.000 bolivianos para imprimir la papelería de su campaña. La orden de compra detalla que son para afiches y revistas de la falsa industrialización, que es uno de los eslóganes de campaña de Luis Arce”.

Detalles de los contratos

Según la parlamentaria, el primer contrato para las transmisiones fue firmado el 30 de enero de 2025 entre la Presidencia y BTV, con vigencia hasta el 30 de abril de 2025. Asimismo, indicó que durante la gestión 2021, se pagaron 17.000.000 bolivianos al canal estatal por las transmisiones; en 2022, 16.000.000; en 2023, 15.000.000; en 2024, 14.500.000; y en lo que va del 2025, 3.000.000. Estos datos provienen de los contratos suscritos con el canal estatal.

Compra de material promocional

Román también agregó que la compra del material promocional fue suscrita el 17 de abril de 2025. En este documento se detalla la elaboración de afiches y revistas sobre la “industrialización”. La Editorial del Estado se adjudicó este contrato por un monto total de 600.000 bolivianos.

Denuncia de cinismo

Román criticó: “Es el colmo del cinismo que Arce se gaste millones de bolivianos del dinero del pueblo para limpiar su imagen y tratar de conseguir su reelección. Sabe que no ganará, pero despilfarra el dinero del pueblo”.

Material ArceDescarga

La entrada Gobierno eroga Bs. 3 millones para promocionar campaña de Luis Arce a través de Bolivia TV, denuncia diputada Román se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Román cuestionó que los ciudadanos bolivianos tengan que financiar la campaña del gobernante. “Los bolivianos pagamos la campaña de Luis Arce. Recientemente, el Ministerio de la Presidencia gastó 3.000.000 para las transmisiones de los eventos de Arce por Bolivia TV. Con este contrato, suman 65.500.000 bolivianos que se despilfarraron en las transmisiones de los eventos de Arce desde la gestión 2021 hasta la fecha, por el canal estatal”, observó.

La diputada también añadió: “A esto se suma otro gasto absurdo: 600.000 bolivianos para imprimir la papelería de su campaña. La orden de compra detalla que son para afiches y revistas de la falsa industrialización, que es uno de los eslóganes de campaña de Luis Arce”.

Detalles de los contratos

Según la parlamentaria, el primer contrato para las transmisiones fue firmado el 30 de enero de 2025 entre la Presidencia y BTV, con vigencia hasta el 30 de abril de 2025. Asimismo, indicó que durante la gestión 2021, se pagaron 17.000.000 bolivianos al canal estatal por las transmisiones; en 2022, 16.000.000; en 2023, 15.000.000; en 2024, 14.500.000; y en lo que va del 2025, 3.000.000. Estos datos provienen de los contratos suscritos con el canal estatal.

Compra de material promocional

Román también agregó que la compra del material promocional fue suscrita el 17 de abril de 2025. En este documento se detalla la elaboración de afiches y revistas sobre la “industrialización”. La Editorial del Estado se adjudicó este contrato por un monto total de 600.000 bolivianos.

Denuncia de cinismo

Román criticó: “Es el colmo del cinismo que Arce se gaste millones de bolivianos del dinero del pueblo para limpiar su imagen y tratar de conseguir su reelección. Sabe que no ganará, pero despilfarra el dinero del pueblo”.

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Román cuestionó que los ciudadanos bolivianos tengan que financiar la campaña del gobernante. “Los bolivianos pagamos la campaña de Luis Arce. Recientemente, el Ministerio de la Presidencia gastó 3.000.000 para las transmisiones de los eventos de Arce por Bolivia TV. Con este contrato, suman 65.500.000 bolivianos que se despilfarraron en las transmisiones de los eventos de Arce desde la gestión 2021 hasta la fecha, por el canal estatal”, observó.

La diputada también añadió: “A esto se suma otro gasto absurdo: 600.000 bolivianos para imprimir la papelería de su campaña. La orden de compra detalla que son para afiches y revistas de la falsa industrialización, que es uno de los eslóganes de campaña de Luis Arce”.

Detalles de los contratos

Según la parlamentaria, el primer contrato para las transmisiones fue firmado el 30 de enero de 2025 entre la Presidencia y BTV, con vigencia hasta el 30 de abril de 2025. Asimismo, indicó que durante la gestión 2021, se pagaron 17.000.000 bolivianos al canal estatal por las transmisiones; en 2022, 16.000.000; en 2023, 15.000.000; en 2024, 14.500.000; y en lo que va del 2025, 3.000.000. Estos datos provienen de los contratos suscritos con el canal estatal.

Compra de material promocional

Román también agregó que la compra del material promocional fue suscrita el 17 de abril de 2025. En este documento se detalla la elaboración de afiches y revistas sobre la “industrialización”. La Editorial del Estado se adjudicó este contrato por un monto total de 600.000 bolivianos.

Denuncia de cinismo

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“Pleno camaral del Senado aprueba la minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía y Finanzas Públicas ejecutar el presupuesto 2025, solo relacionado al gasto público, dada la naturaleza de la ley presupuestal”, indicó el Senado en un comunicado.

La aprobación de esta minuta de comunicación se realizó horas antes de que comenzara la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada por el vicepresidente David Choquehuanca. En esta sesión no se trató el PGE 2025.

Inacción de la Cámara Baja

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, expresó su descontento por la falta de acción de los diputados, afirmando que esa cámara legislativa está restando importancia al tratamiento del PGE 2025. “En el Senado estamos a la espera de que nos remitan el proyecto de ley para su respectivo tratamiento”, declaró Rodríguez.

Rodríguez también advirtió que la Cámara Baja pretende dejar vencer el plazo establecido, lo que permitiría que el Ejecutivo apruebe el plan económico de manera directa.

Importancia del PGE

“La Constitución es clara: el PGE debe ser tratado en la Asamblea Legislativa (…). Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Detalles del presupuesto 2025

El PGE 2025 asciende a 296.566 millones de bolivianos, lo que representa un incremento del 11,7% en comparación con el presupuesto anterior. Este plan económico proyecta un crecimiento económico del 3,51% y una inflación anual del 7,5%.

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“Pleno camaral del Senado aprueba la minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía y Finanzas Públicas ejecutar el presupuesto 2025, solo relacionado al gasto público, dada la naturaleza de la ley presupuestal”, indicó el Senado en un comunicado.

La aprobación de esta minuta de comunicación se realizó horas antes de que comenzara la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada por el vicepresidente David Choquehuanca. En esta sesión no se trató el PGE 2025.

Inacción de la Cámara Baja

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, expresó su descontento por la falta de acción de los diputados, afirmando que esa cámara legislativa está restando importancia al tratamiento del PGE 2025. “En el Senado estamos a la espera de que nos remitan el proyecto de ley para su respectivo tratamiento”, declaró Rodríguez.

Rodríguez también advirtió que la Cámara Baja pretende dejar vencer el plazo establecido, lo que permitiría que el Ejecutivo apruebe el plan económico de manera directa.

Importancia del PGE

“La Constitución es clara: el PGE debe ser tratado en la Asamblea Legislativa (…). Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Detalles del presupuesto 2025

El PGE 2025 asciende a 296.566 millones de bolivianos, lo que representa un incremento del 11,7% en comparación con el presupuesto anterior. Este plan económico proyecta un crecimiento económico del 3,51% y una inflación anual del 7,5%.

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Actualmente, exautoridades reciben mensualmente Bs. 25,000, que equivalen a 10 salarios mínimos nacionales. Este pago se estableció con la aprobación de la Ley 376 en 2013, durante el gobierno de Evo Morales.

Cuestionamiento de privilegios

Balderas ha cuestionado este privilegio en medio de la crisis social y económica que enfrenta el país. Además, solicita transparencia sobre otros beneficiarios de estas rentas, que suman casi Bs. 38 millones anuales.

La Ley 376 establece que el pago debe ser equivalente a 10 salarios mínimos nacionales. Esto implica que si el salario mínimo nacional aumenta, también lo hará el monto que reciben expresidentes y exvicepresidentes. Balderas enfatiza que estos pagos son injustificables, ya que “reciben, reitero, sin trabajar”.

Expresidentes y sus mandatos

El diputado también ha señalado que hay expresidentes que no han terminado su mandato y han renunciado antes de concluirlo. Además, mencionó que algunos han violado permanentemente la Constitución Política del Estado y tienen juicios pendientes.

“Creo que es el momento de pensar, reestructurar y hacer que el gasto público sea eficiente”, añadió Balderas.

Solicitudes de información

Asimismo, Balderas ha solicitado información al Presidente de la Comisión de Finanzas y Planificación para conocer quiénes son los personajes denominados notables que también reciben estas rentas vitalicias del Estado sin trabajar. La falta de claridad sobre estos beneficiarios genera preocupación entre los legisladores.

Presupuesto destinado a rentas

Otros expresidentes han llegado al cargo por casualidad, a través de sucesión constitucional, como en el caso de Eduardo Rodríguez Belcé. Anualmente, el presupuesto general del Estado destina casi Bs. 38 millones a estos pagos y a otros personajes denominados notables.

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Actualmente, exautoridades reciben mensualmente Bs. 25,000, que equivalen a 10 salarios mínimos nacionales. Este pago se estableció con la aprobación de la Ley 376 en 2013, durante el gobierno de Evo Morales.

Cuestionamiento de privilegios

Balderas ha cuestionado este privilegio en medio de la crisis social y económica que enfrenta el país. Además, solicita transparencia sobre otros beneficiarios de estas rentas, que suman casi Bs. 38 millones anuales.

La Ley 376 establece que el pago debe ser equivalente a 10 salarios mínimos nacionales. Esto implica que si el salario mínimo nacional aumenta, también lo hará el monto que reciben expresidentes y exvicepresidentes. Balderas enfatiza que estos pagos son injustificables, ya que “reciben, reitero, sin trabajar”.

Expresidentes y sus mandatos

El diputado también ha señalado que hay expresidentes que no han terminado su mandato y han renunciado antes de concluirlo. Además, mencionó que algunos han violado permanentemente la Constitución Política del Estado y tienen juicios pendientes.

“Creo que es el momento de pensar, reestructurar y hacer que el gasto público sea eficiente”, añadió Balderas.

Solicitudes de información

Asimismo, Balderas ha solicitado información al Presidente de la Comisión de Finanzas y Planificación para conocer quiénes son los personajes denominados notables que también reciben estas rentas vitalicias del Estado sin trabajar. La falta de claridad sobre estos beneficiarios genera preocupación entre los legisladores.

Presupuesto destinado a rentas

Otros expresidentes han llegado al cargo por casualidad, a través de sucesión constitucional, como en el caso de Eduardo Rodríguez Belcé. Anualmente, el presupuesto general del Estado destina casi Bs. 38 millones a estos pagos y a otros personajes denominados notables.

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Objetivo del departamento

Musk tiene la intención de reclutar a superdotados que estén dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana. El objetivo es impulsar reformas estructurales antes del 4 de julio de 2026, una fecha que coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Proceso de selección

El DOGE comunicó que Musk y Ramaswamy revisarán el 1% de los mejores currículums que reciban a través de mensajes directos en la plataforma X. En este contexto, Trump anunció la creación de esta oficina, que “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar reformas estructurales a gran escala”.

Duración de la misión

La misión del DOGE concluirá a más tardar el 4 de julio de 2026. Aunque el nombramiento de Musk al frente de esta oficina era un secreto a voces desde la campaña, sorprendió el anuncio de Ramaswamy como codirector. La decisión de nombrar a dos personas para dirigir una oficina de eficiencia ha sido objeto de críticas y burlas en redes sociales.

Requisitos para los candidatos

El DOGE destacó: “Necesitamos revolucionarios de alto coeficiente intelectual dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana en la reducción de costes”. Esta creación se produce en un contexto donde las políticas fiscales y el gasto público en Estados Unidos han sido ampliamente discutidos, especialmente bajo administraciones que buscan optimizar los recursos gubernamentales.

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Objetivo del departamento

Musk tiene la intención de reclutar a superdotados que estén dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana. El objetivo es impulsar reformas estructurales antes del 4 de julio de 2026, una fecha que coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Proceso de selección

El DOGE comunicó que Musk y Ramaswamy revisarán el 1% de los mejores currículums que reciban a través de mensajes directos en la plataforma X. En este contexto, Trump anunció la creación de esta oficina, que “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar reformas estructurales a gran escala”.

Duración de la misión

La misión del DOGE concluirá a más tardar el 4 de julio de 2026. Aunque el nombramiento de Musk al frente de esta oficina era un secreto a voces desde la campaña, sorprendió el anuncio de Ramaswamy como codirector. La decisión de nombrar a dos personas para dirigir una oficina de eficiencia ha sido objeto de críticas y burlas en redes sociales.

Requisitos para los candidatos

El DOGE destacó: “Necesitamos revolucionarios de alto coeficiente intelectual dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana en la reducción de costes”. Esta creación se produce en un contexto donde las políticas fiscales y el gasto público en Estados Unidos han sido ampliamente discutidos, especialmente bajo administraciones que buscan optimizar los recursos gubernamentales.

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Plazos para el PGE

El Órgano Ejecutivo tiene un plazo de diez días para presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley del PGE para el próximo año. Este proyecto debe ser aprobado antes del 31 de diciembre y entrará en vigencia el 1 de enero.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) está en proceso de consolidar el presupuesto que debe ser presentado. Este será el último PGE bajo la administración del Presidente Luis Arce, quien dejará su legado en medio de una crisis cambiaria y una notable reducción en los ingresos fiscales.

Detalles del PGE 2024

El PGE 2024 consolidado asciende a Bs 265.558 millones, y se espera que el de 2025 sea similar. Según datos de la Fundación Jubileo, ya no se contarán con los recursos provenientes de la venta de gas natural a Argentina, que representan aproximadamente $us 50 millones mensuales. Desde el MEFP afirmaron que, a pesar de los bloqueos económicos provocados por ciertos grupos sociales de oposición, el Órgano Ejecutivo cumplirá con los plazos establecidos para entregar el Proyecto de Presupuesto General del Estado para la gestión 2025.

Tendencias del gasto público

Expertos y economistas analizan que el PGE 2025 tendrá una tendencia hacia un mayor gasto por parte del sector público. René Martínez, analista de Presupuestos Públicos de Jubileo, explicó que un déficit significa que los gastos superan a los ingresos.

El PGE 2024 consolidado destina el 10,8% a educación, el 10,1% a salud, el 1,7% a defensa y el 2,1% a gobierno. Este 2024 marca 11 años de déficit fiscal prolongado, que ya supera el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Recomendaciones para el PGE 2025

Fernando Romero, economista y analista, sugirió que el PGE 2025 debería ser diseñado de la manera más austera y equilibrada posible, ya que no se pueden realizar cambios significativos en su estructura. Romero advirtió sobre la caída continua de la producción hidrocarburífera desde 2014 y la pérdida del mercado argentino, lo que ha causado distorsiones en el comercio exterior y una disminución de los ingresos fiscales.

Además, muchas gobernaciones, alcaldías y universidades ya han realizado ajustes presupuestarios debido a los resultados del Censo 2024.

Desafíos en el proceso presupuestario

Walter Morales, doctor en economía, señaló que, aunque gran parte del gasto corriente se destina a salud y educación, es necesario recortar en áreas donde hay ineficiencias. Morales también mencionó que será complicado mantener o aumentar el presupuesto debido a las luchas internas en el gobierno, especialmente con las elecciones acercándose.

El proceso presupuestario también requiere la participación de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) con sus propuestas y demandas.

Perspectivas del PGE 2025

Alberto Bonadona, economista, afirmó que “el presupuesto aguanta lo que aguanta el papel” y anticipó que para el PGE 2025 se mostrarán más recursos de los que realmente existen. Bonadona destacó que no hay certeza de que la disminución del contrato con Argentina sea compensada por un aumento en las exportaciones a Brasil.

La escasez de dólares no muestra señales de mejora debido a la falta de fuentes alternativas para generar divisas. Esta situación se espera que continúe en 2025, mientras las necesidades económicas del país persisten.

/ APC /

La entrada Expertos advierten un PGE 2025 con mayor gasto y continuidad del déficit fiscal se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Plazos para el PGE

El Órgano Ejecutivo tiene un plazo de diez días para presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley del PGE para el próximo año. Este proyecto debe ser aprobado antes del 31 de diciembre y entrará en vigencia el 1 de enero.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) está en proceso de consolidar el presupuesto que debe ser presentado. Este será el último PGE bajo la administración del Presidente Luis Arce, quien dejará su legado en medio de una crisis cambiaria y una notable reducción en los ingresos fiscales.

Detalles del PGE 2024

El PGE 2024 consolidado asciende a Bs 265.558 millones, y se espera que el de 2025 sea similar. Según datos de la Fundación Jubileo, ya no se contarán con los recursos provenientes de la venta de gas natural a Argentina, que representan aproximadamente $us 50 millones mensuales. Desde el MEFP afirmaron que, a pesar de los bloqueos económicos provocados por ciertos grupos sociales de oposición, el Órgano Ejecutivo cumplirá con los plazos establecidos para entregar el Proyecto de Presupuesto General del Estado para la gestión 2025.

Tendencias del gasto público

Expertos y economistas analizan que el PGE 2025 tendrá una tendencia hacia un mayor gasto por parte del sector público. René Martínez, analista de Presupuestos Públicos de Jubileo, explicó que un déficit significa que los gastos superan a los ingresos.

El PGE 2024 consolidado destina el 10,8% a educación, el 10,1% a salud, el 1,7% a defensa y el 2,1% a gobierno. Este 2024 marca 11 años de déficit fiscal prolongado, que ya supera el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Recomendaciones para el PGE 2025

Fernando Romero, economista y analista, sugirió que el PGE 2025 debería ser diseñado de la manera más austera y equilibrada posible, ya que no se pueden realizar cambios significativos en su estructura. Romero advirtió sobre la caída continua de la producción hidrocarburífera desde 2014 y la pérdida del mercado argentino, lo que ha causado distorsiones en el comercio exterior y una disminución de los ingresos fiscales.

Además, muchas gobernaciones, alcaldías y universidades ya han realizado ajustes presupuestarios debido a los resultados del Censo 2024.

Desafíos en el proceso presupuestario

Walter Morales, doctor en economía, señaló que, aunque gran parte del gasto corriente se destina a salud y educación, es necesario recortar en áreas donde hay ineficiencias. Morales también mencionó que será complicado mantener o aumentar el presupuesto debido a las luchas internas en el gobierno, especialmente con las elecciones acercándose.

El proceso presupuestario también requiere la participación de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) con sus propuestas y demandas.

Perspectivas del PGE 2025

Alberto Bonadona, economista, afirmó que “el presupuesto aguanta lo que aguanta el papel” y anticipó que para el PGE 2025 se mostrarán más recursos de los que realmente existen. Bonadona destacó que no hay certeza de que la disminución del contrato con Argentina sea compensada por un aumento en las exportaciones a Brasil.

La escasez de dólares no muestra señales de mejora debido a la falta de fuentes alternativas para generar divisas. Esta situación se espera que continúe en 2025, mientras las necesidades económicas del país persisten.

/ APC /

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El proyecto presentado por las senadoras Gallo y Barrientos se enfoca en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, busca prohibir el aumento del gasto público durante épocas electorales, evitando así que el Gobierno utilice los recursos del Estado con propósitos políticos. Según Gallo, es crucial impedir que se desvíen fondos públicos hacia campañas políticas, asegurando así una mayor transparencia en el manejo de los recursos estatales. En segundo lugar, se busca evitar el uso de fondos estatales para fines propagandísticos.

Garantizando la estabilidad fiscal y económica

La senadora Nelly Gallo ha expresado que esta medida tiene como objetivo principal prevenir que el Gobierno actual desvíe fondos públicos hacia campañas políticas. Además, se destaca la importancia de mantener la estabilidad fiscal y económica del país en medio de la crisis actual. Para lograrlo, el proyecto de ley también contempla establecer mecanismos de control y supervisión que garanticen el cumplimiento efectivo de las restricciones al gasto público durante periodos electorales.

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El proyecto presentado por las senadoras Gallo y Barrientos se enfoca en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, busca prohibir el aumento del gasto público durante épocas electorales, evitando así que el Gobierno utilice los recursos del Estado con propósitos políticos. Según Gallo, es crucial impedir que se desvíen fondos públicos hacia campañas políticas, asegurando así una mayor transparencia en el manejo de los recursos estatales. En segundo lugar, se busca evitar el uso de fondos estatales para fines propagandísticos.

Garantizando la estabilidad fiscal y económica

La senadora Nelly Gallo ha expresado que esta medida tiene como objetivo principal prevenir que el Gobierno actual desvíe fondos públicos hacia campañas políticas. Además, se destaca la importancia de mantener la estabilidad fiscal y económica del país en medio de la crisis actual. Para lograrlo, el proyecto de ley también contempla establecer mecanismos de control y supervisión que garanticen el cumplimiento efectivo de las restricciones al gasto público durante periodos electorales.

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