El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que Murillo cumple condenas por los casos Gases Lacrimógenos y Gases Ecuador. Además, está vinculado a investigaciones relacionadas con las “masacres de Sacaba y Senkata”, que ocurrieron durante la crisis de 2019.

Mariaca explicó que uno de los casos se encuentra en juicio oral, 10 tienen acusación formal, 2 están en etapa preparatoria con imputación y 3 permanecen en fase preliminar. En octubre de 2024, un tribunal dictó una condena de 8 años de prisión por el caso Gases Lacrimógenos, que está relacionado con la compra irregular de este material, con un sobreprecio de 2.3 millones de dólares. En enero de 2025, Murillo recibió otra condena de 5 años y 4 meses en el caso Gases Ecuador, por la importación irregular de equipos antidisturbios en 2019.

Detalles de la aprehensión

“El mandamiento de aprehensión ha sido ejecutado en la madrugada. Ahora corresponde que las autoridades jurisdiccionales determinen la audiencia respectiva”, explicó Mariaca. Murillo regresó a Bolivia tras ser deportado de Estados Unidos y actualmente se encuentra bajo custodia policial en La Paz. Arribó al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, a las 04:02 horas; a las 11:15 horas partió hacia la sede de gobierno y a las 13:04 horas ingresó a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Otros delitos en investigación

Entre los procesos abiertos también se encuentran delitos como uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, legitimación de ganancias ilícitas y robo agravado. Además, está vinculado a las investigaciones por las “masacres” de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, que ocurrieron el 15 y 19 de noviembre, respectivamente, durante la crisis de 2019.

Posibilidad de detención preventiva

Mariaca adelantó que la detención preventiva en una cárcel pública de La Paz “es una posibilidad concreta”, mientras se definen las causas que todavía están en trámite. “Lo que sí se tiene seguro es que esta persona tiene que ir a parar a una cárcel pública”, insistió.

Coordinación de fiscales y policía

Fiscales de La Paz están coordinando con la Policía y los jueces para avanzar en las causas pendientes. Murillo podrá ejercer su derecho a la defensa en los próximos días cuando se instalen las audiencias de medidas cautelares.

Con este panorama, el exministro enfrenta un escenario judicial complicado, marcado por múltiples acusaciones y 2 condenas firmes que podrían mantenerlo tras las rejas durante varios años.

/KMMN

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Enfrentamiento con la policía

La tensión se desató a tan solo dos cuadras de la plaza Murillo, donde los manifestantes intentaron romper el cerco policial lanzando piedras y palos. La gasificación tuvo lugar en las inmediaciones de la Vicepresidencia del Estado, que se encuentra a dos cuadras del centro político del país. Las fuerzas del orden habían instalado un cerco para evitar que los manifestantes ingresaran a la zona.

Durante el enfrentamiento, los movilizados respondieron lanzando piedras y palos a los uniformados. Esto generó momentos de fuerte tensión que se prolongaron por más de una hora. Tras la dispersión inicial, los manifestantes se replegaron, pero luego intentaron reagruparse para continuar su recorrido hacia la plaza Murillo.

Contexto de la movilización

Esta movilización forma parte de una serie de medidas de presión impulsadas por el ala evista. Los participantes denuncian la inhabilitación política del expresidente Evo Morales, a quien consideran el candidato legítimo del proceso de cambio. La situación refleja la polarización política que vive el país en la actualidad.

/KMMN

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La fotoperiodista de la agencia de noticias Reuters, Claudia Morales, no consiguió ingresar en la Plaza Murillo, el centro político de La Paz, porque una barrera instalada por soldados de la Policía Militar impedía el ingreso de personas en las esquinas de las calles Comercio y Ayacucho.

Desde esa posición, Morales consiguió obtener imágenes de los momentos en que se dispararon gases lacrimógenos contra seguidores del presidente Luis Arce que intentaban romper la barrera formada por soldados armados, portando escudos antimotines y apoyados por carros militares de asalto.

En esa esquina, los seguidores del presidente Luis Arce lanzaban consignas de defensa de la democracia y a favor del mandatario que permanecía en la Casa del Pueblo, contigua a Palacio de Gobierno, y encendían fogatas para atenuar el efecto de gases lacrimógenos. “Intenté ingresar, mostré mi credencial, pero el acceso estaba cerrado”, relató Morales a la ANP.

Los periodistas del canal de televisión SITEL, Juan Alejandro Mamani y Sebastián Alarcón, describieron que soldados que protagonizaron la toma militar del centro político de Bolivia, después del mediodía del miércoles 26, dificultaban la grabación de imágenes con sus escudos que también servían como objetos contundentes para empujar a los enviados de prensa.

La periodista del portal Brújula Digital, Andrea Rojas, permaneció por varios minutos sin lograr ingresar a la Plaza Murillo de La Paz, que según el gobierno fue escenario de un “golpe de estado fallido”. Mientras algunos medios ingresaban al centro de la Plaza, Rojas permaneció reportando desde calles próximas, según explicó a la ANP.

A diferencia del caso anterior, el periodista de la estatal BoliviaTV, Leonardo Mena, presenció sin dificultades el ingreso y movimiento de carros de asalto y militares que se ubicaron en la Plaza Murillo desde las primeras horas de la tarde.

En momentos en que el ambiente se llenaba de gas lacrimógenos, la periodista de la Voz de América, Fabiola Chambi, busco aliviar los efectos de los químicos librados a la atmósfera y se aproximó a improvisadas fogatas que encendieron grupos de manifestantes.

Las dificultades para su labor de obtención de imágenes en video y audio se presentaron cuando militantes del partido gobernante ocuparon la puerta de Palacio y en el instante en que apareció en balcones de Palacio el presidente Luis Arce.

El enviado del medio digital Tele Estrella, Bryan Benavides, observó que durante los intentos de dispersar a las personas, militares lanzaron gases lacrimógenos contra periodistas, según informó a la ANP.

“Prensa vendida” fue el estribillo usado por manifestantes durante la confusión y muchas personas al observar el color azul del logotipo de Foro Channel, un medio local de prensa digital, imaginaron que pertenecía al partido oficialista, relató la periodista Magaly Chuquimia.

“Por la tensión pasamos por alto los empujones”, explicó a la ANP la corresponsal del diario cruceño El Deber, Yolanda Mamani, que junto a muchas personas corrió por la calle Comercio tras los disparos de granadas de gases lacrimógenos.

Con los ojos irritados por el ataque con los gases, y tosiendo por la falta de oxígeno, la corresponsal de Radio Soberanía del Trópico de Cochabamba, Daniela Tacachira, interrumpió sus despachos y el experimentado periodista del canal de TV Bolivisión, Federico Camacho, fue testigo y observó que varias mujeres periodistas vomitaban por la sensación de asfixia.

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En el año 2020, Arturo Murillo, quien en ese entonces era ministro de Gobierno, realizó la compra de un lote de gases lacrimógenos a una empresa brasileña a través de una intermediaria estadounidense. Investigaciones realizadas en Estados Unidos revelaron que se pagó un sobreprecio de $2.3 millones. Además, su hombre de confianza, Méndez, fue deportado a Bolivia y actualmente se encuentra detenido en el penal de San Pedro.

No hay negociaciones en curso

El procurador Siles ha enfatizado que no se ha iniciado ninguna negociación ni se está ofreciendo ninguna salida a Murillo o Méndez. Mientras uno cumple condena en Estados Unidos, el otro ya ha cumplido su condena en dicho país. Esta aclaración se realizó durante una conferencia de prensa en los estudios de radio Illimani – Red Patria Nueva.

Recuperación del daño económico

El procurador informó que se está priorizando la recuperación del daño económico causado al país por encima de cualquier negociación con los implicados. Durante la detención de Murillo, Méndez y otros cómplices en Estados Unidos, se decomisaron más de $1.5 millones. Además, destacó la importancia de las investigaciones realizadas en Estados Unidos para determinar el sobreprecio en la compra de los gases lacrimógenos.

/ VCC

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Desarrollo virtual del juicio

El juicio se llevará a cabo de forma virtual, según lo informado por el fiscal departamental de La Paz, William Alave. La notificación del Tribunal de Sentencia Anticorrupción fue recibida y se ha programado para esta tarde a las 14:00 horas. Se presentarán un total de 115 pruebas documentales y 48 testificales, lo que respalda la solicitud de la máxima sentencia.

Implicados en el caso

Además de los exministros mencionados, también se encuentran acusados el excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio O.C., y el excomandante de la Policía, Rodolfo M.T., entre otros.

Pruebas recolectadas durante la investigación

El fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar, ha informado que durante la investigación se han recolectado diversas pruebas. Entre ellas se encuentran el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo del avión Hércules C-130 utilizado para el traslado de policías y militares de Bolivia a Ecuador, así como la solicitud de devolución de los agentes químicos por parte de la República del Ecuador.

Presunta participación en la internación ilícita de agentes químicos

Estas pruebas hacen presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país. Entre los materiales se incluyen granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance, los cuales fueron introducidos durante la crisis social que tuvo lugar en 2019.

Reunión y solicitud de préstamo de materiales antidisturbios

Según la investigación, el hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2019, cuando supuestamente se llevó a cabo una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, junto con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el excomandante General de la Policía Boliviana, entre otras autoridades. Durante este encuentro, se habría acordado solicitar el préstamo de materiales antidisturbios para hacer frente a la crisis social en el país.

De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud fue realizada por los exministros de Defensa y Gobierno, a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de los agentes antidisturbios con la República del Ecuador.

Coordinación para el traslado de los agentes químicos

En este contexto, los exministros Murillo y López supuestamente coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones. Se les acusa de trasladarse desde el Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el hangar de los Diablos Negros en El Alto, para luego viajar a Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos de vuelta a Bolivia, para finalmente distribuirlos entre militares y policías.

/ LPT

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De acuerdo con el documento “Sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emitido por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida, se establece que Murillo deberá pagar no solo por el daño económico causado en el caso de los gases lacrimógenos, sino también por los costos legales del proceso.

Detalle de la indemnización

La indemnización que Murillo deberá pagar al país se desglosa de la siguiente manera: 2.291.402,00 dólares por daños reales, 443.319,42 dólares por intereses previos al juicio devengados desde abril de 2020 hasta marzo de 2024, 569,09 dólares de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y 1.030.000 dólares por otras fuentes relacionadas con el litigio.

Becker explicó que Murillo perdió el caso debido a su falta de participación y respuesta al juicio. Además, aclaró que este proceso civil es independiente de la causa criminal que resultó en una condena para Murillo en enero de este año, donde fue sentenciado a 70 meses de cárcel por soborno internacional y lavado de dinero proveniente de la corrupción.

Reacciones y solicitud de extradición

Ante la noticia de la sentencia, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, consideró que el monto económico es insuficiente y propuso que, en caso de que Murillo no pueda pagar la indemnización, se le confisquen sus bienes y los de sus familiares.

Por su parte, los Ponchos Rojos de Omasuyos solicitaron la pronta extradición de Murillo para que sea juzgado por la justicia comunitaria en Bolivia.

El caso de los gases lacrimógenos

El caso investiga el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante la gestión de Murillo en el gobierno de Jeanine Añez. Según las investigaciones, Murillo y empresarios amigos adquirieron con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) de Estados Unidos.

El gobierno de Añez desembolsó 5,6 millones de dólares para pagar el equipamiento antidisturbios, de los cuales aproximadamente 2,3 millones de dólares se pagaron a la empresa intermediaria. Parte de ese dinero fue ingresado en Estados Unidos sin justificación.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar el dinero y, tras varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024.

En relación al caso, Sergio Méndez, jefe de gabinete de Murillo, fue deportado desde Estados Unidos y se encuentra en el penal de San Pedro en La Paz con detención preventiva por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

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“El señor Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal llegó a nuestro país en horas de la madrugada, deportado desde Estados Unidos (…). Minutos después, fue aprehendido por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas por el caso `Gases` y ahora fue puesto ante la justicia en nuestro país para que responda por sus delitos”, confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mediante sus redes sociales.

Arresto y condena en Estados Unidos

En mayo de 2021, Méndez Mendizabal fue arrestado en el marco del caso denominado “gases lacrimógenos” en Estados Unidos, por colaborar con Murillo en el lavado de dinero proveniente de la corrupción, además del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Posteriormente, en junio de 2022, fue sentenciado a 42 meses de prisión tras declararse culpable ante la justicia de EE.UU.

El caso de los gases lacrimógenos

El caso investiga el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos durante la gestión de Murillo, en el gobierno de Jeanine Añez.

De acuerdo a las investigaciones en el país, el entonces ministro de Gobierno, Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Sin embargo, lo hizo a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) de EE.UU.

Las investigaciones identificaron que el gobierno de Añez desembolsó 5,6 millones de dólares para pagar por el equipamiento antidisturbios y de ese total, aproximadamente 2,3 millones de dólares se pagaron a la empresa intermediaria.

Condenas en Estados Unidos

Por el caso, Murillo actualmente se encuentra cumpliendo una condena en el centro de detención de Miami en EE.UU. Además, Bryan Berkman, Luis Berckman, Philip Lichtenfeld y Rodrigo Méndez Mendizábal también fueron condenados en EE.UU. dentro del caso por el delito de soborno internacional y lavado de dinero.

Solicitud de prisión preventiva
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, anunció que solicitaran la detención preventiva para Sergio Méndez, en el penal de San Pedro por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La autoridad recordó que el sindicado se encuentra con acusación formal por presuntamente estar involucrado en la legitimación de recursos económicos provenientes de la presunta compra, con sobreprecio, de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana entre el año 2019 y 2020.

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Desde la jornada anterior, simpatizantes del expresidente Evo Morales instalaron vigilias y bloquearon las principales rutas del eje central, así como diferentes carreteras del país, exigiendo la inmediata realización de las elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial.

Gases lacrimógenos tras enfrentamientos

La gasificación ocurrió pasadas las 09:45 horas, luego de que algunos transeúntes denunciaran que fueron atacados con piedras por los movilizados, quienes controlan la vía y mantienen vigilia desde las serranías paralelas.

Según reportaron medios locales, ante la presencia de agentes químicos, los movilizados respondieron con una lluvia de piedras para posteriormente quemar llantas sobre la vía con el objetivo de dispersar los gases. Pasado el mediodía, la tensión se calmó.

Segunda vez que se usan gases en Parotani

Cabe mencionar que la Policía usó los agentes lacrimógenos por segunda vez en Parotani. El lunes aproximadamente a las 13:30 horas, los uniformados gasificaron a los protestantes argumentando que el grupo “evista” detonó cachorros de dinamita en el sector.

El bloqueo instalado en Parotani es el más contundente del país. Las medidas de presión continúan, mientras que sectores como los transportistas de carga pesada denunciaron pérdidas económicas y pidieron un cuarto intermedio para avanzar. Además, el clima tampoco es favorable en algunos sectores bloqueados.

“Lo que nosotros queremos es que el Gobierno deje de encapricharse y busque una tregua. Aquí hay pollos que ya se están comiendo entre sí”, dijo una de las afectadas a medios locales.

Fuerzas del orden actuarán según niveles de violencia

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, aclaró por la mañana de este martes que las fuerzas del orden actuarán de acuerdo a los niveles de protesta o violencia que se registren.

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Este sábado, Chávez, indicó que el juicio tendrá lugar en enero de 2024 después de la finalización de las declaraciones preliminares, en un contexto de una “audiencia preparatoria”.

“La noticia es que el lunes (…) Murillo va a declarar por el juicio civil”, informó Chávez en una entrevista con el programa Identidades de ATB Radio.

Asimismo, reveló que la empresa brasileña Cóndor, que fabricó los insumos represivos para Murillo, tenia conocimientos del movimiento monetario que significo una millonaria pérdida para el Estado.

“Se ha logrado establecer que la empresa Cóndor sí conocía el sobreprecio y ha persistido, conociendo el sobreprecio en la venta de los agentes químicos, a requerimiento de Arturo Murillo”, declaró.

Explicó que el propósito principal de la demanda es recuperar los fondos públicos que fueron usurpados por Murillo cuando contactó a la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) a finales de 2019.

El sobreprecio en la operación ordenada por Murillo para la adquisición de un lote de gases lacrimógenos es de más de dos millones de dólares; de los cuales, el Estado logró recuperar más de un millón de dólares, según el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

/WBMC

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Del Castillo aclaró en tres puntos, la compra de agentes químicos realizada por el Estado y además, refirió que algunos medios de comunicación publicaron información no verídica sobre el tema.

“Hace pocos días se publicó una información en algunos medios de prensa sobre la adquisición de gases lacrimógenos a la misma empresa que habría contratado el señor Arturo Murillo por ocho millones de dólares, y que esta empresa estaría vinculada a los casos de corrupción denunciados por mi persona el año 2020”, señaló.

La autoridad gubernamental aclaró que esa información fue incompleta y falsa, motivo por el cual, mediante la prensa explicó al pueblo boliviano sobre este tema, para que no haya más desinformación y todos los bolivianos estén bien informados.

En su primer punto indicó que, en la gestión de Arturo Murillo se utilizó una empresa extranjera como intermediaria para adquirir agentes químicos, por la cual se cometió un acto de corrupción para recibir recursos del Estado.

Asimismo, Del Castillo aclaró que el Estado no realizó la compra de agentes de agentes químicos con ninguna empresa intermediaria.

“Nosotros eliminamos las empresas intermediarias y adquirimos los productos directamente de la empresa fabricante para evitar actos de corrupción y cuarto, provocamos un ahorro de más de 16 millones de bolivianos al Estado y al pueblo”, aclaró.

La autoridad dijo que se requirieron cotizaciones a diferentes empresas nacionales e internacionales, pero solo tres respondieron, dos nacionales y la brasileña Cóndor.

Una de las empresas nacionales ofertó 92 millones de bolivianos, la otra, 87 millones de bolivianos, mientras que Cóndor 64 millones de bolivianos, motivo por el cual se optó por la mejor oferta.

“Se están adquiriendo los gases lacrimógenos para reponer stock, siempre la Policía Boliviana tiene que realizar planes y operaciones pensando en el futuro, no estamos viendo que vaya a haber convulsión dentro el territorio nacional, todo el pueblo boliviano quiere paz y tranquilidad”, aseguró.

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El presidente de esta institución, Henry Arancibia, explicó que cuando se habla de estos materiales que ya están vencidos, hay reacciones internas, reportó la agencia de noticias ANF.

“Estos materiales deben estar almacenados y protegidos de la humedad. Cuando estos materiales son mal manipulados o ya han vencido, han cumplido su fecha de caducidad, estos materiales de por sí internamente van reaccionando y van generando un compuesto químico que se llama fosgeno, van liberando compuestos químicos como cianuro que son sustancias químicas gaseosas altamente letales y que también forma el cloruro de hidrógeno y otros compuestos químicos derivados de las reacciones químicas internas”, manifestó.

Los químicos recolectaron los cartuchos de los gases lacrimógenos usados en inmediaciones del Cristo Redentor, tras los enfrentamientos entre la policía y la oblación que pide la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, con el propósito de someterlos a estudios y determinar los compuestos químicos que están usando; logrando identificar: fosgeno, cianuro, cloruro de hidrógeno, acetileno y óxidos nitrosos.

Arancibia instó a la Policía a realizar un inventario de los materiales, para así desechar los que ya cumplieron con la fecha de caducidad; considerando que su uso representa un peligro para la sociedad y también para ellos mismos.

“(La Policía debe) hacer una disposición formal de estos materiales vencidos porque no pueden seguir utilizando contra una sociedad. Eso es un atentado a la salud pública”, subrayó.

Desde el 28 de diciembre, la población cruceña se moviliza en las calles a exigir la liberación del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, que fue arrestado y luego traslado a la ciudad de La Paz para que responda como acusado dentro del caso golpe de Estado I. Actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

/JDLF/

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En el monumento al Cristo Redentor, los manifestantes instalaron una vigilia; sin embargo, la Policía comenzó con una intervención de gases lacrimógenos, por lo que recurrieron a usar petardos.

Tras los enfrentamientos los uniformados tomaron el Cristo Redentor, efectuando una requisa a la barricada de los movilizados, donde supuestamente se encontró vinagre y bombas molotov; sin embargo, no fueron usadas en la movilización.

Ante la situación, las personas que estaban en el segundo anillo y avenida Monseñor Rivero, huyeron del lugar, reportó la red Erbol.

Al momento, Camacho continúa detenido en el penal de Chonchocoro acusado de supuesto terrorismo en el caso denominado golpe de Estado I, pese a las acciones de libertad presentadas y los rumores de que su salud corre riesgo.

/JDLF/

La entrada Santa Cruz: Reportan nuevos enfrentamientos entre la Policía y movilizados se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que ambos estarían involucrados en legitimar recursos del presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, por la empresa Bravo Tactical Solutions.

“Estamos esperando la audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional quien, en el marco de sus funciones, nos hará conocer día y hora de audiencia, donde, además, se solicitará la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro, toda vez que se notificó los actos investigativos mediante edictos, con el fin de precautelar sus derechos y garantías constitucionales”, señaló Alave, citado en un reporte institucional.

Asimismo, el fiscal anticorrupción, Eddy Flores, explicó que según un reporte financiero y patrimonial de la Unidad de Investigaciones Forenses y el informe financiero de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Murillo habría obtenido cuentas bancarias y cuatro cajas fuertes, en las que se realizó movimientos bancarios “sospechosos de altas sumas” de dinero.

“Existiría un depósito por parte de un funcionario policial Víctor G.A., por presunta instrucción de Carlos B.P., oficial de seguridad y ayudante personal del exministro, por un monto de 100 mil bolivianos, entre otros depósitos que habría realizado Daniel L.A.P, cuñado de Murillo”, explicó Flores.

Según la investigación, el cuñado de Murillo, Daniel ingresó a las bóvedas de una entidad financiera en la ciudad de Cochabamba, en cuatro oportunidades, entre noviembre de 2020 y abril de 2021, para presuntamente extraer dinero y objetos de la caja fuerte, cuando el exministro de Gobierno estaba fuera del país.

En tanto, Philip L.G. habría sobornado al exministro y otros funcionarios públicos para concretar la venta de los gases lacrimógenos.

En tanto la Fiscalía de La Paz, amplió la investigación contra otros 11 involucrados del entorno familiar y laboral de Murillo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, según informó la red Erbol.

Murillo fue exministro y hombre “fuerte” de Áñez, ahora permanece en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.

/SVL

La entrada Arturo Murillo y su intermediario para la compra de gases lacrimógenos son imputados de manera formal se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Estamos esperando el señalamiento de audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional, quién nos hará conocer el día y hora de audiencia, donde, además, se solicitará la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro, toda vez que se notificó los actos investigativos mediante edictos, con el fin de precautelar sus derechos y garantías constitucionales”, afirmó Alave a los medios de comunicación.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Eddy Flores explicó que el hecho ocurrió entre el 13 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, cuando Murillo, ejercía como Ministro de Gobierno y supuestamente obtuvo cuentas bancarias y cuatro cajas fuertes, en las que realizó movimientos sospechosos de altas sumas de dinero.

“Existiría un depósito por parte de un funcionario policial Víctor G.A., por presunta instrucción de Carlos B.P., oficial de seguridad y ayudante personal del exministro, por un monto de 100.000 bolivianos, entre otros depósitos que realizó Daniel A.P, cuñado de Murillo”, detalló Flores.

En cuanto a la presunta participación de Philip L.G., fue el intermediario para la compra de agentes químicos en 2019 que junto a los representantes legales de la empresa Bravo Tactical Solutions, sobornaron al exministro y otros funcionarios públicos para concretar la venta de los gases lacrimógenos.

Además, el imputado es socio mayoritario de la empresa “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, que registró cinco depósitos bancarios sospechosos de los cuales dos son de la empresa Bravo Tactical Solutions, que se presume sea recursos del daño económico causado al Estado en la compra de los gases lacrimógenos.

En el marco de la imputación también se amplió la investigación contra otros 11 involucrados del entorno familiar y laboral del exministro de Gobierno por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, según se estableció su presunta participación de acuerdo al informe financiero emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Actualmente Murillo se encuentra detenido, en Estados Unidos, por acusaciones de soborno y lavado de dinero.

/HNF/

La entrada Fiscalía imputa al exministro Murillo y al intermediario de la compra de gases lacrimógenos en 2019 se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El entonces Presidente argentino y varios de sus ministros de Estado son investigados por enviar material no letal sin cumplir las normas y procedimientos internos.

“La investigación se está llevando adelante de manera muy activa (…) en el caso de Argentina hay 14 imputados, medio gabinete de Macri está imputado en lo que fue un contrabando agravado”, señaló el diplomático argentino.

Durante una entrevista con Red Patria Nueva, detalló que las investigaciones que se realizan en el vecino país demuestran que hubo intencionalidad en enviar armamento de manera irregular y en medio del conflicto político.

Además, indicó que la declaración de los gendarmes revela que la aeronave ya tenía una carga armada que ellos desconocían.

En tanto en Bolivia, el exdirector ceremonial de la Cancillería, Renzo Antelo Fernandez, está con detención preventiva mientras duren las investigaciones.

Según la investigación, el exfuncionario falsificó un oficio para habilitar el ingreso a Bolivia de los gases la madrugada del 13 de noviembre, horas después que Áñez tomara el poder.

El envío de ese material se descubrió por una carta de agradecimiento presuntamente enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentina Normando Álvarez. Se detalla, entre otros, 40 mil cartuchos antimotines.

/SVL

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Los manifestantes gritaron consignas contra el Presidente francés y se enfrentaron a la policía, tras causar daños en el mobiliario de la ciudad, lo cual podría marcar la pauta de su Gobierno tras su reelección.

Con la movilización de miles de habitantes y los sindicatos, Francia fue uno de los puntos de mayor actividad el 1 de Mayo.
El sindicato de los trabajadores respaldado por los comunistas, encabezó a las masas, la consigna central fue el rechazo hacia el plan del Gobierno sobre aumentar la edad jubilatoria, la cual actualmente está fijada en los 62 años y pretenden extenderla a los 65.

Según medios de comunicación de París, los actos de protesta desencadenaron disturbios y ante tales hechos fueron reprimidos por la Policía.

Además varias inmobiliarias y compañías de seguros fueron destrozadas, a lo que las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos, develan los videos que circulan en redes sociales.

La marcha mostró también la oposición contra la que deberá lidiar el mandatario en su próximo ciclo de cinco años.

Sin embargo, la celebración en Italia fue distinta, donde se desarrolló un megaconcierto al aire libre en Roma, mientras hubo mítines y concentraciones en todo el país. Los italianos celebraron el 1 de mayo con el lema: “Trabajando por la paz”, como una consigna de alto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

/SVL

La entrada Protestas y gases lacrimógenos en París en el día del trabajador se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

La declaratoria de rebeldía surge porque los sindicados no se presentaron ante la autoridad boliviana.

Zamora era Director General de Asuntos Administrativos, mientras que Berkman era representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, la cual vendió al Estado boliviano gases lacrimógenos presuntamente con sobreprecio.

En este caso ya están declarados como rebeldes los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, el primero que se encuentra detenido en Estados Unidos y el segundo presuntamente en Brasil.

Imputación de los sindicados

El fiscal Eddy Flores detalló a la red Erbol, que Zamora está imputado por delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, presuntamente por ser quien canalizaba la contratación de los agentes químicos.

Respecto a Berkman está acusado en Bolivia de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y se conoce que fue detenido en Estados Unidos, junto a su padre Luis Berkman, el empresario Philip Lichtenfeld, el exfuncionario Rodrigo Méndez y el exministro Murillo.

En el país del norte, se desarrolla un proceso por la compra de gases lacrimógenos, pues se descubrió presuntos pagos de sobornos por esa contratación; los empresarios y Méndez se declararon culpables.

En este caso se investigan las irregularidades y el supuesto sobreprecio con que se adquirieron gases lacrimógenos a través de la empresa Bravo Tactical Solutions, durante la gestión de la expresidente, Jeanine Añez.

Flores anunció que para este lunes está prevista la audiencia de medidas cautelares para la exfuncionaria del Ministerio de Defensa, Ruth P., quien se encuentra en Brasil.

/JDLF/

La entrada Caso gases lacrimógenos: Declaran en rebeldía a dos implicados se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El Juzgado Décimo de Instrucción Penal determinó la medida, señalando que deberá permanecer recluido por el lapso de seis meses acusado por el delito de tráfico de armas.

El abogado del militar, Omar Durán, cuestionó la decisión, afirmando que el juez que atendió el caso tuvo que “obrar incorrectamente” por “presiones de Gobierno”, pese a las pruebas presentadas que deslindan a su cliente del caso.

“Es lamentable lo que está pasando con nuestra justicia, cuando se ha demostrado fehacientemente que el oficial de las Fuerzas Armadas, activo, ni siquiera jubilado, tiene un trabajo, tiene una familia constituida, tiene asimismo su arraigo natural que debe tener”, aseveró Durán.

Participación de Héctor P. O. en el caso

Según la investigación, Héctor P. O. presuntamente era ayudante de órdenes del exministro de Defensa Fernando López y viajó junto con un oficial de la Policía, hasta Ecuador para traer el material antidisturbios.

En este caso, los gases lacrimógenos supuestamente fueron tramitados como “préstamo” por López y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo para contener las protestas sociales en el país.

A la fecha existen varios investigados y aprehendidos, entre exautoridades y militares.

El jurista adelantó que apelará la determinación y lamentó el actuar de la Justicia, calificándola de “politizada” y “manejada” por el Gobierno.

/JDLF/

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La lectura de sentencia estaba inicialmente programada para octubre, sin embargo se postergó en más de una ocasión; de acuerdo al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, la “ultima” suspensión fue para noviembre, lo que no se cumplió pues la defensa de Murillo consiguió extenderla hasta diciembre.

Además Murillo podría continuar el proceso en libertad, pero para ello deberá pagar 250 mil dólares y demostrar que ese dinero es “limpio” y no proviene de actividades irregulares.

CASO

El caso de soborno y lavado de dinero por la compra de los gases lacrimógenos en Bolivia el 2019, ya tiene a cuatro de los implicados con la declaración de culpabilidad en EEUU; todos ellos “cómplices” de Murillo.

Luis Berckman admitió los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno a funcionarios extranjeros; la pena oscila entre tres y 10 años de prisión.

En el caso de Sergio Rodrigo Méndez, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos de soborno a funcionarios extranjeros; la pena de cárcel es de tres a 10 años.

“Bryan Berckman se declaró culpable por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años”, agregó Chávez en conferencia de prensa. El cuarto procesado, Philip Lichtenfeld, admitió el delito de conspiración para defraudar; la sanción está fijada entre uno y cinco años de presidio.

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Los efectivos intentaron persuadir a los manifestantes para que circulen los vehículos del transporte pesado, pero los vecinos no accedieron al pedido y la Policía utilizó gases lacrimógenos para abrir la ruta.

En ese momento ocurrieron enfrentamientos entre los vecinos y efectivos policiales, del cual resultaron varias personas con heridas leves, producto de gasificación y golpes menores. Además de tres aprehendidos.

Después del paso de los vehículos del transporte pesado, los vecinos volvieron a bloquear la ruta, dejando intransitable la zona. Sin embargo, llegaron a la zona decenas de efectivos para reforzar las tareas de desbloqueo, según reporte de Opinión.

En otro punto de bloqueo, un video muestra cómo las personas incluso se ponen a rezar frente a los uniformados en las avenidas América y Melchor Urquidi de la Llajta.

El sector de comerciantes y gremiales también salieron a marchar en rechazo de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y, adhiriéndose a las protestas convocadas por el paro nacional.

“Cualquier persona va a poder denunciar a quién no le caiga bien para poder causarle problemas. No se nos explica el alcance de la ley”, explicó un dirigente.

En la ciudad de Santa Cruz, luego de un enfrentamiento entre un grupo de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y vecinos que bloquean en el séptimo anillo, manifestantes denunciaron el uso de gas lacrimógeno por parte de civiles contrarios al bloqueo.

De igual manera, en la sede Gobierno la Policía intervino un punto de bloqueo en la Plaza San Martín en Miraflores con el uso de gases lacrimógenos.

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Esta declaración surge luego que el martes precedente, la Fiscalía General del Estado (FGE) oficializará la solicitud de extradición del exministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, procesado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, relacionados al caso denominado “gases lacrimógenos”.

“Esta compra irregular se justificó con decretos supremos, el 4090, 4116 y 4168, lo tres decretos firmados por Jeanine Añez, sus ministros y ministras. Es decir, la responsabilidad no solo es del señor Arturo Murillo, sino de todos los que participaron en este proceso de contratación, principalmente los que han autorizado y justificado esos decretos supremos”, indicó Angulo.

Asimismo, recordó que Añez tiene una doble responsabilidad en este caso, ya que ratificó a Arturo Murillo y a su exministro de Defensa, Fernando López, luego que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los censuró, tras haber identificado irregularidades en el proceso de compra de gases lacrimógenos y responsabilidad de estas dos exautoridades.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, en octubre de 2020, censuró al exministro, Arturo Murillo, por considerar injustificada su ausencia a la interpelación en la que debía responder por el denominado caso “cases lacrimógenos”, a raíz de la adquisición con presunto sobreprecio de armamento no letal para la Policía Boliviana.

Esta censura tenía como fin la destitución del Murillo, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, días después, Añez restituyó en su puesto a su Ministro de Gobierno, según reporte de la agencia estatal ABI.

En marzo de ese año, ocurrió una situación similar con el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien, luego de la censura legislativa, fue destituido, pero horas después fue posesionado nuevamente por Jeanine Añez.

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El Fiscal General del Estado (FGE), Juan Lanchipa, informó que el documento fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la ciudad de La Paz por el caso “gases lacrimógenos”, “mediante un legajo de dos mil hojas que fueron traducidas al idioma inglés por profesionales especializados a solicitud del Ministerio Público”, indica parte de la nota institucional.

“Hoy la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad jurisdiccional toda la documentación solicitando la extradición del señor Murillo, trabajo que comprende más de dos mil hojas traducidas al inglés, con ello el Ministerio Público cumplió con la labor administrativa solicitada por el Órgano Judicial. Ahora corresponde a la autoridad judicial llevar adelante la tramitación de la extradición del señor Murillo a través de la Cancillería y ser enviada a Estados Unidos”, explicó Lanchipa.

Asimismo, señaló que presentó la documentación relacionada al proceso para que las autoridades de EE.UU. puedan conocer la calidad de la denuncia y los delitos por los que se investiga al exministro de Gobierno.

El proceso penal que se sigue en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, es por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y otros, relacionados al caso denominado “Gases Lacrimógenos”, que se adquirieron con presunto sobreprecio, según reportó ANF.

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El dinero fue entregado por el proyecto inmobiliario El Doral S.A., parte del consorcio World Trade Center (WTC) Santa Cruz.

Del Castillo informó que recibió una carta en que representantes de la firma inmobiliaria informan sobre la remisión y restitución del dinero a favor del Estado.

“Parte de estos recursos, que (los imputados) habían robado al pueblo boliviano los habrían invertido en un grupo inmobiliario internacional, para tener una construcción en el departamento de Santa Cruz”, aseveró la autoridad en contacto con la red Erbol.

De acuerdo al informe del Gobierno, la empresa Bravo Tactical Solutions, representada legalmente por Luis Berkman, realizó dos depósitos a Phillips Lichtenfeld, el primero el 15 de abril de 2020 por $us 500 mil y posteriormente el 20 de abril por $us 320 mil.

Lichtenfeld, era socio de la empresa y se encuentra implicado por supuestamente recibir el “polémico soborno”.

Los recursos recuperados aún no pueden ser dispuestos, porque se encuentran sujetos a investigación.

Según Del Castillo, con el dinero “se hubiera podido comprar” insumos y equipos médicos para la atención de pacientes con coronavirus en la primera “ola” de la pandemia.

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Según la información preliminar, el exfuncionario de la cartera de Defensa se encargó de realizar el proceso de contratación de los materiales antidisturbios.

En mayo de 2020, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos aprehendió al exministro de Gobierno Arturo Murillo por los delitos de soborno y lavado de dinero.

“Arturo Carlos Murillo Prijic, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020”, señala un reporte del Departamento de Justicia emitido el 26 de mayo.

En Bolivia, Murillo es el principal acusado por la compra irregular de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio.

Por el mismo caso, la Fiscalía General del Estado aprehendió al exdirector General de Logística Pedro R. S., y al exdirector General de Asuntos Jurídicos, Martín L. G.

Ambos son acusados por presuntamente cometer los siguientes delitos: Incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

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“Estamos cumpliendo esas omisiones formales y ya está muy avanzado, tanto la traducción y yo creo que en esta semana ya podríamos presentarlo. Son aspectos enteramente formales que en su momento estamos cooperando al Órgano Judicial para su cumplimiento”, indicó Fiscal Departamental de La Paz, Willam Alabe.

El 4 de junio, la Cancillería devolvió la solicitud de extradición de la Fiscalía al juzgado correspondiente para que corrija algunas observaciones que realizaron, como la traducción al idioma inglés por personas certificadas por ese país.

Asimismo, se detectó una falta de coherencia en la tramitación, puesto que el petitorio de la Fiscalía requería la detención preventiva con fines de extradición, pero la jueza solicitó solo extradición.

La solicitud de la Fiscalía se enmarca en el caso gases lacrimógenos que se investiga por un presunto sobreprecio de más de 2.3 millones de dólares en su compra, en la que los principales investigados son el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López.

En el caso de López, el Fiscal Departamental, indicó que la Fiscalía se encuentra, también, realizando todos los trámites necesarios para la extradición de la exautoridad de Defensa, quien se encuentra en Brasil, reportó la Red Erbol.

Mientras que Arturo Murillo está privado de su libertad en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami, Estados Unidos, desde el 27 de mayo.

Antecedentes

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, fue aprehendido en Miami junto con su exasistente y tres empresarios estadounidenses el 27 de mayo. Todos están acusados de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizado cuando Murillo se encontraba en funciones.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Murillo, su antiguo jefe de Gabinete, Rodrigo Méndez Mendizábal y un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia no identificado recibieron 602.000 dólares en coimas.

Estos son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor para la compra, por parte de Bolivia, de gases lacrimógenos y otro equipamiento no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares.

El informe señala que esta empresa entregó los sobornos entre noviembre de 2019, días después de la llegada de Jeanine Añez al poder, y abril de 2020, con la intención de “obtener y mantener” este contrato de intermediación.

Para el Gobierno boliviano, Bravo Tactical Solutions se quedó con algo más de 2.3 millones de dólares del total del contrato, ya que el pago real a la fábrica ascendió únicamente a 3.3 millones.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, de acuerdo a las investigaciones del FBI, los tres dueños de Bravo Tactical Solutions “lavaron el dinero” que recibieron de la transacción en bancos del Sur de Florida y “orquestaron el pago de 582.000 dólares en efectivo a Murillo y Méndez”.

Este martes se conoció que Méndez salió con libertad condicional en Estados Unidos, luego de pagar una fianza de 250 mil dólares, de acuerdo a la información que proporcionó el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez mediante el bufete de abogados que contrató para atender el caso Murillo.

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En el caso respiradores chinos, Cruz señaló que no participó de la compra de esos equipos, asimismo, afirmó que no estaba en la recepción de estos, ya que se realizó en una posterior gestión a la suya.

El actual secretario de salud de Cochabamba reconoció que firmó el convenio con empresas intermediarias, pero sostuvo que posteriormente se encontró observaciones a los equipos comprados porque no cumplían con las especificaciones en el contrato.

Respecto al caso “Gases Lacrimógenos, el exministro fue convocado a declarar sobre los decretos que autorizaron y brindaron el presupuesto para la compra de los agentes químicos.

Actualmente, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y otras personas son investigadas, por la presunta adquisición de los agentes químicos.

Cruz explicó que para realizar un decreto existe una solicitud de algún ministerio y que todos los miembros del gabinete firman el documento. Aclaró que la misma entidad solicitante es el encargado de cumplirlo.

Aseguró que no existió presión de nadie en ese entonces, así también, aclaró que se encontraba ocupado en su propia gestión y que si hubo corrupción en otras carteras cada uno es responsable de sus actos.

Con relación a Arturo Murillo, el exministro Cruz señaló que no es quien para juzgar y que eso le corresponde a la Justicia, reportó el diario Opinión Bolivia.

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La entrada Aníbal Cruz declara como testigo en los casos “Gases Lacrimógenos” y “Respiradores chinos” se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“Nosotros de buena fe, como gabinete en pleno, se ha firmado los decretos, se ha autorizado para la compra de los gases lacrimógenos, pero lamentablemente de mala fe ha actuado el exministro de Gobierno Arturo Murillo, donde ha puesto sobreprecios, ha hecho actos de corrupción, ha hecho daño económico al Estado y tiene que asumir su responsabilidad por ese daño que ha hecho al Estado”, señaló Huallpa en contacto con el periódico El Potosí.

Asimismo, explicó que el gabinete de Añez analizó el requerimiento del Ministerio de Gobierno para la compra de los gases, reportó ABI.

Por ello, dijo que fue citado por la Fiscalía Departamental de La Paz para que brinde su declaración como testigo en el caso, para lo cual aseguró su presencia.

“Ayer (jueves) ha llegado a mi casa una citación de la Fiscalía de La Paz, nos vamos a hacer presentes (…). Evidentemente, nosotros como Ministerio (de Minería) hemos participado, es por eso que mi persona está citada el lunes a las 10:00 horas en la Fiscalía y yo me voy a hacer presente para dar mi testimonio con la situación que se me ha citado”, aseveró el exministro.

Durante los primeros días del gobierno de Añez, se aprobaron tres decretos supremos para la compra de los gases lacrimógenos: el Decreto Supremo N° 4090 de 03/12/19, que autorizaba al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de ese armamento no letal; el Decreto Supremo N° 4146 de 12/12/19 que autorizaba la contratación directa en el extranjero; y el Decreto Supremo N° 4168 de 28/02/20 que autorizaba la transferencia de ese armamento a la Policía Boliviana.

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El jurista indicó que la información de dicho préstamo del material antidisturbios que tramitó Murillo a través del agregado militar de Bolivia en Ecuador, el coronel José Luis Frías se hizo conocer al Ministerio Público por sus clientes el ex director general de logística, Pedro Miguel Rea y el exdirector Jurídico del Ministerio de Defensa, Raúl Martín López.

Los exfuncionarios del Ministerio de Defensa entraron a trabajar a esa entidad el 13 de diciembre de 2019, reportó el diario Brújula Digital.

Asimismo, las exautoridades se enteraron que Murillo tramitó el viaje de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), para que recoja el material de Quito, Ecuador. El operativo se realizó el 16 de noviembre de 2019.

Prado precisó que el material prestado consistía básicamente en gases lacrimógenos y balines de goma, según la declaración de Frías.

Según el abogado de los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, Murillo quería demostrar al gabinete ministerial la “necesidad extrema” de tener el material antidisturbios, sin embargo, su interés era cometer actos de corrupción.

En tanto, el agregado militar boliviano Frías comunicó al Ministerio de Gobierno y de Defensa una serie de reclamos de Ecuador para que se devuelva el material, pero eso no se concretó, informó Prado.

En Estados Unidos, el exministro Murillo fue procesado por la compra de gases lacrimógenos en 2019 con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. La adquisición se realizó a través de una empresa estadounidense, como intermediaria.

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El abogado de Añez, Luis Guillén informó que la expresidente declaró la pasada jornada por el caso presunto “Gases Lacrimógenos” desde las 12:00 hasta las 14:30 horas del lunes 7 de junio en el Centro Penitenciario Femenino Miraflores, donde cumple una detención preventiva por el caso de supuesto “Golpe de Estado”.

El 2019 en la gestión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo se realizó la compra de agentes químicos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares, a través de una empresa intermediaria de Estados Unidos.

Por esa situación, Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez, además de otros tres extranjeros son investigados por los delitos de lavado de dinero y pago de sobornos en el país estadunidense y en Bolivia.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia dio a conocer que el Gobierno de Añez aprobó tres decretos supremos para esa compra irregular: el 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición de gases antidisturbios para la Policía Boliviana; el 4116, que abrogó el 4090 que autorizaba la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos y el 4168 que asignó recursos para la adquisición de agentes químicos.

“Los decretos supremos (aprobados en el Gobierno de Añez) cumplen lo establecido en la Ley Safco y en la Ley 400, que permite hacer estas adquisiciones de forma directa. Son legales, en ningún momento han sido emitidos fuera del marco normativo. Los tres decretos supremos cumplen lo establecido en la norma. La Ley 400 es la aprobada en la gestión de Evo Morales”, declaró Guillén.

OTRO CASO

El lunes 7 de junio a las 15:00 y las 18:00 horas, Añez declaró en el caso presunto “Golpe de Estado” que fue ampliado por otros delitos, sin embargo, la audiencia fue interrumpida por una descompensación de la exmandataria, a quien se le diagnosticó una crisis de presión arterial acompañada de taquicardia, informó Guillén.

El jurista denunció que su cliente no recibe un adecuado tratamiento médico a la enfermedad que aqueja, relacionada con la hipertensión.

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La entrada Añez afirma que decretos para la compra de gases lacrimógenos son legales se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Después de siete horas de audiencia, el interrogatorio se suspendió a causa del estado de salud de la exmandataria.

Añez compareció ante el Ministerio Público para una doble audiencia informativa presencial, una sobre el caso de la compra con sobreprecio de gases y otra de la ampliación del caso de terrorismo.

Para suspender la audiencia, el médico que supervisaba el interrogatorio tuvo que emitir una orden por escrito para atender apropiadamente a la expresidente.

“El primer diagnóstico revela una subida de la presión arterial y una alteración del ritmo cardíaco. También reporta espasmos musculares con incidencia directa en las manos”, reportó el diario El Deber.

Asimismo, Añez presentó espasmos musculares con incidencia directa en las manos, es por eso que el médico inyectó medicamentos para estabilizar su salud.

Ante esa situación, la hija de Añez, Carolina Ribera denunció que su madre sufre una persistente presión que repercute en este tipo de descompensaciones y además, deterioran gravemente su salud, reportó el diario Correo del Sur.

La audiencia se realizará mañana 8 de junio a las 14:00 horas y el médico de Miraflores estará a cargo de la supervisión y evolución de la exmandataria.

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La solicitud fue enviada por la jueza Claudia Castro, quien también pidió la extradición del exministro de Defensa, Fernando López, Samuel Berkan, Sergio Zamora, entre otros.

“Tengo entendido que la Fiscalía ha hecho una solicitud al juzgado de la doctora Claudia Castro y también tengo conocimiento que la citada autoridad ha remitido el exhorto suplicatorio a la Cancillería en fecha 2 de junio”, afirmó el presidente del TDJ, Jorge Quino en contacto con la red Erbol.

La Cancillería debe transmitir el “exhorto suplicatorio” a la delegación diplomática acreditada en el país requerido, según los procedimientos correspondientes.

El 28 de mayo la Fiscalía presentó ante autoridades judiciales una solicitud para la extradición de Arturo Murillo, en el marco del artículo 156 del Código de Procedimiento Penal.

ANTECEDENTES

Un informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que Murillo fue aprehendido por los delitos de soborno y lavado de dinero.

Actualmente, la exautoridad se encuentra en celdas de ese país y está en riesgo de afrontar una pena de al menos 20 años de cárcel.

El documento estadunidense hace referencia al caso “Gases Lacrimógenos” en Bolivia y confirma el pago de numerosos sobornos a favor de exfuncionarios del Gobierno de la expresidente Jeanine Añez para garantizar que la compra de los recursos químicos y armamento no letal se realicen a través de una empresa intermediara en Estados Unidos, con un sobreprecio de más de dos millones de dólares.

Asimismo, la audiencia contra el exministro de Gobierno Murillo está programada para el 7 de junio de 2021.

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“Ante los hechos en investigación en los que ha sido involucrado el señor Philip Lichtenfeld, declaramos que estamos absolutamente comprometidos con la búsqueda de la verdad, el cumplimiento del derecho y la transparencia institucional”, señala la nota de prensa difundida por la empresa el miércoles 2 de junio.

La entidad aseguró no tener participación en ninguna actividad “ajena a su rubro”, además descartó consentir, encubrir o participar directa o indirectamente de ninguna actividad ilícita.

“Hemos activado los mecanismos empresariales adecuados para excluir al señor Philip Lichtenfeld de nuestro paquete accionario y del desarrollo del negocio“, indican en el comunicado.

Asimismo, la empresa anunció auditoria a los aportes cuestionados y si se constata que algunos recursos irregulares se introdujeron en sus inversiones, serán devueltos al Estado.

En días precedentes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo afirmó que una parte del presunto sobreprecio de 2.3 millones de dólares, se invirtió en WTC Santa Cruz de la Sierra y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba, según el reporte de la red Erbol.

Ante el pronunciamiento de la entidad, Del Castillo ponderó la decisión de la firma y aseguró que se buscará recuperar el dinero del supuesto sobreprecio.

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La entrada World Trade Center niega participación en el caso “gases lacrimógenos” y aparta de su firma a Philip Lichtenfeld se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

De 24 ministros que firmaron los tres decretos que autorizaron la compra de los ya mencionados, dos funcionarios ya fueron convocados. El miércoles 2 de junio fue citada a declarar por el mismo caso la excanciller, Karen Logaric y este jueves fue citado Arias.

La orden de la citación contra el burgomaestre para que preste su declaración fue emitida por el fiscal Sergio Bustillos.

“El día 04 de junio a horas 12:30 preste su declaración en calidad de testigo, portando su cedula de identidad u otro documento que lo identifique con relación a las investigaciones que viene relazando el Ministerio Publico”, señala una parte de la citación.

El fiscal informó que recibieron el pedido del Ministerio de Justicia, parte interesada en este caso, de convocar a todos los ministros que firmaron los decretos para autorizar la compra de los gases lacrimógenos.

Tres decretos que autorizaron la compra de los gases lacrimógenos

Con el Decreto Supremo 4090 del 3 de diciembre de 2019 se autorizó la adquisición de estos pertrechos, el Decreto 4116 del 12 de diciembre de 2019 señala su visto bueno para la compra en el exterior y por invitación directa, finalmente el Decreto 4168 del 28 de febrero de 2020, determina el desembolso de 40.068.000 bolivianos para la compra del material.

Son 24 ministros en total los que firmaron esos documentos. Arias firmó dos de los tres decretos, el 4116 que autorizó la compra de esos pertrechos en el exterior y el 4168 que es el que define el desembolso del dinero para la adjudicación del contrato, según reportó El Deber.

La Fiscalía de La Paz abrió este caso denominado “legitimación de ganancias ilícitas”, que involucra a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, ambos prófugos de la justicia. Hasta el momento se capturó a siete personas que estuvieron vinculadas a Murillo. Se los investiga por delitos penales en Cochabamba y La Paz.

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La entrada Alcalde de La Paz es citado a declarar ante la Fiscalía por la firma de decretos para la compra de gases lacrimógenos se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Jeanine Añez asumió la Presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019 y al día siguiente posesionó a su gabinete ministerial, que tenía a Murillo como Ministro de Gobierno.

“Les digo a todos aquellos que están en sedición que van a ir a la cárcel y vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, fueron algunas de las frases emitidas por Murillo tras ser posesionado.

Según publicación de Brújula Digital, después de un año y seis meses, la situación de Murillo cambió no sólo porque dejó de ser ministro y se vio obligado a salir del país, a raíz del triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino porque una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) descubrió que la compra de gases lacrimógenos que se hizo en su gestión tuvo un sobreprecio de 2,3 millones de dólares y que fue utilizado para el pago de sobornos desde y en Estados Unidos, donde se hizo el lavado del dinero.

Por ese motivo, el exministro está aprehendido en Miami, a la espera de su audiencia cautelar fijada para el 7 de junio.

Los involucrados en este caso, fueron identificados como Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, que entonces era jefe de gabinete de Murillo, y Bryan Samuel Berkman, dueño de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL, la intermediaria que iba a comprar los gases lacrimógenos a la brasileña Cóndor, para luego revenderlas al Estado Boliviano.

Según el relato de la investigador, el 16 de noviembre de 2019, Méndez, utilizando la dirección de correo electrónico rodrigo@[XX].com, envió un correo electrónico a Bryan Samuel Berkman en bryanberkman@[XX].com (la “Cuenta de correo electrónico personal de Bryan Berkman”), adjuntando una carta del Co-Conspirador 1 dirigida a Bryan Samuel Berkman, en su calidad de representante de la Compañía Intermediaria, solicitando cotizaciones de gases lacrimógenos y otros materiales de equipo no letales.

Ese mismo día, Berkman envió un mensaje de texto de WhatsApp a Méndez, en la que solicita una carta del Gobierno Boliviano en la que señale que un competidor de la empresa intermediaria estaba prohibida de vender gases lacrimógenos, con lo que se favorecería a Bravo Tactical Solutions LCL.
El investigador, que tuvo acceso a mensajes de correo electrónico y WhatsApp, entre otras evidencias para la investigación.
Asimismo, señaló que en el mensaje Berkman dijo a Méndez:

“Tío, este tipo (Competidor) le está diciendo a la gente (de la Compañía Brasil) que todavía tiene una entrada con el gobierno para poder vender los gases. El único medio de garantizar el apoyo a (Compañía de Brasil) solicita que se envíe una carta a (Competidor) en la que se indique que ha sido prohibida y que me enviarán una copia para que pueda confirmarla con (Compañía de Brasil)”.

De esa manera se empieza a direccionar la compra de gases lacrimógenos a través de Bravo Tactical Solutions LCL, la misma que se concreta con la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia el 19 de diciembre de 2019.

Según el contrato que señala el investigador, se debía “suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales a cambio por aproximadamente 5.649.137 dólares (el “Contrato de gas lacrimógeno”).

Bryan Samuel Berkman firmó el contrato de gas lacrimógeno en nombre de la empresa intermediaria.

Una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía de Brasil para aproximadamente 3.357.735 dólares, lo que dejó a la Empresa Intermediaria aproximadamente 2.291.402 dólares”.

Tras la firma de ese contrato, entre enero y el 17 de marzo de 2020, se tropezó con el problema de la transferencia del dinero correspondiente al pago desde el Banco Central de Bolivia (BCB) a una cuenta de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL. Una transacción inicial fue rechazada por un banco estadounidense que observó irregularidades en esta transferencia.

Entre marzo y abril se dieron una serie de transferencias por el pago de sobornos, por casi 1,2 millones de dólares, los mismos que fueron detallados por el investigador del caso.

“Desde al menos Marzo de 2020 hasta Abril del 2020 o alrededor de esa fecha, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Linchtenfeld y otros coordinaron el pago de un soborno de 582.000 dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal en Bolivia. El soborno de 582,000 dólares se originó a partir de los mismos fondos que la Compañía Intermediaria había recibido en la cuenta 0506 en el U.S. Bank 2 del Ministerio de Defensa de Bolivia bajo el Contrato por el Gas Lacrimógeno”, explicó el investigador.

En este caso, Luis Berkman es el padre de Sergio Berkman y Philip Linchtenfeld un intermediario de nacionalidad argentina.

Dentro el proceso por este hecho, Sergio y Luis Berkman se beneficiaron con libertad condicional, luego de pagar una fianza superior a los 700.000 dólares, para enfrentar el juicio en libertad.

Mientras tanto, Méndez y Linchtenfeld tienen detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró el 31 de mayo que gran parte de los sobornos aún están en territorio boliviano y que ésta fue invertida en proyectos inmobiliarios en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Indicó que los procesos legales que se siguen en el país están encaminados a rescatar ese dinero y devolverlo al Estado.

Este miércoles, en la Fiscalía Departamental de La Paz se informó que ya se envió la solicitud de extradición de Murillo al juez que atiende el caso, para que éste haga la solicitud respectiva a la Cancillería.

Además, el fiscal Sergio Bustillos dijo que se elabora un cronograma de declaraciones de parte de todo el gabinete ministerial que tuvo Añez y que aprobó los tres decretos supremos que, presuntamente, fueron aprobados para ejecutar la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, reportó Brújula Digital.

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La entrada Murillo puso en marcha el plan de compra de gases lacrimógenos a los tres días de su posesión se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El fiscal Alexis Vilela manifestó que existe una orden de aprehensión contra Lichtenfeld para que “responda” por este proceso en Bolivia, aunque se conoce que tiene una situación legal en Estados Unidos (EE.UU.), reportó la red Erbol.

El empresario fue detenido en el país del norte, acusado de formar parte de un esquema de soborno y lavado de dinero.

Según el Ministerio de Gobierno, Lichtenfeld es socio de proyectos inmobiliarios, en los cuales se invirtió dinero del presunto sobreprecio de la compra de gases lacrimógenos.

En el caso investigado en EE.UU. están detenidos el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y su exjefe de gabinete, Rodrigo Méndez.

También están implicados los dueños de la empresa Bravo Tactil Solutions LLC, la intermediaria que vendió los agentes químicos a Bolivia, Luis Berkman y su hijo Bryan.

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“El décimo allanamiento se realizó en el domicilio de la hermana del señor Murillo, en la zona de Tiquipaya de la ciudad de Cochabamba, en este lugar se tomó contacto con la señora Mireya Murillo (…). Se procedió a detener a la hermana del señor Murillo por legitimación de ganancias ilícitas y se ha procedido al precintado y secuestro de tres vehículos de propiedad de Murillo”, aseveró Del Castillo en conferencia de prensa.

La autoridad detalló que en la casa de Mireya Murillo, al interior de la habitación de su exesposo, Daniel Aliss, se encontró recibo de depósitos, memorias USB y SD, computadoras, tarjetas de débito y de crédito, entre otros elementos.

ALLANAMIENTO DE VIVIENDAS

En tanto, el Ministro de Gobierno informó que hasta el momento allanaron diez viviendas, cuatro en La Paz, cuatro en Cochabamba y dos en Santa Cruz.

Entre los principales elementos incautados están los documentos de diferentes bienes inmuebles, fotocopias de varios procesos de contratación de los gases lacrimógenos, ropa militar, armas de fuego, sustancias controladas, computadoras y diversos depósitos bancarios.

“En el domicilio de Arturo Murillo se ha encontrado distintas armas de fuego, municiones, cajas de armas de fuego, además de una pipa para fumar marihuana con restos de esa sustancia ilícita”, subrayó Del Castillo en contacto con el diario Correo del Sur.

Todos los elementos secuestrados están en custodia del Ministerio Público y se espera los informes correspondientes para determinar la participación de las personas en los procesos de contratación.

MARCELO REJAS

El primer allanamiento se realizó al domicilio de Marcelo Rejas, el asesor del Ministerio de Defensa, ubicado en la urbanización Flor de Irpavi de la ciudad de La Paz. Presuntamente fue la persona a la que Phillip Lichtenfeld le depositó $us 20.000.

Se encontró documentación perteneciente a diferentes inmuebles, debido a esa situación, el caso fue ampliado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

RAÚL LÓPEZ

El segundo allanamiento fue realizado en el domicilio de Raúl López, fue director Jurídico del Ministerio de Defensa, ubicado en el barrio Equipetrol Norte de la ciudad de Santa Cruz.

López se apersonó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para presentar su declaración de forma voluntaria. En su domicilio se encontró una caja con documentación de varios procesos de contratación, incluido un proceso del sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit sus siglas en inglés) de Santa Cruz.

ALAN MENACHO

El tercer allanamiento se realizó a la vivienda de Alan Menacho, exasesor del Ministro de Defensa, Fernando López, ubicado en la urbanización Rosales de la zona de Achumani de la ciudad de La Paz.

Se encontró documentación del proceso de contratación, resoluciones, documentos de la Contraloría General del Estado (CGE) y fotocopias del proceso de compra de gases lacrimógenos.

PEDRO REA

El cuarto allanamiento fue al domicilio de Pedro Rea, exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, se encontró documentación de distintos departamentos, terrenos, proyectiles de escopeta, cartuchos de munición, vestimenta tipo militar, una computadora personal perteneciente a esa Cartera de Estado, una serie de depósitos para Isabel Pantoja Barroso y fotografías con el exministro de Defensa.

También se encontraron dos cajas con documentación referente al proceso de gases lacrimógenos además de sellos.

RODRIGO MÉNDEZ

El quinto allanamiento fue realizado al domicilio del exjefe de Gabinete de Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

Está ubicado en la zona de Keru Keru de la ciudad de Cochabamba, se encontró copias de depósitos financieros, extractos bancarios, entre la esposa de Rodrigo Méndez y Arturo Murillo.

Además de documentos de análisis del supuesto “Golpe de Estado”, cartas, entre otras cosas.

OFICINA DE MÉNDEZ

El sexto allanamiento fue a una oficina de abogados de propiedad de Méndez, donde se encontró gran cantidad de documentación.

SERGIO ZAMORA

El séptimo allanamiento se realizó al domicilio de Sergio Zamora, fue director Administrativo del Ministerio de Gobierno cuando supuestamente se elaboraron las notas a la empresa Cóndor de Brasil para que utilicen como empresa intermediaria a Bravo Tactical Solutions LLC.

DANIEL ALISS

El octavo fue en el domicilio del excuñado de Murillo, Daniel Aliss, pero no habitaba en el lugar.

PHILIP LICHTENFELD

El penúltimo allanamiento se realizó en el domicilio del garante de la empresa estadounidense, Philip Lichtenfeld, en la zona de Cala Cala en La Paz.

MIREYA MURILLO

El décimo a la casa de la hermana de Murillo, Mireya Murillo en Tiquipaya, donde se encontró recibos de depósitos, memorias USB y SD, computadoras, tarjetas de débito y de crédito, entre otros elementos.

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La empresa estadounidense Bravo fue la intermediaria en la compra de gases lacrimógenos y también acusada de presuntamente pagar sobornos.

Mientras el exjefe de gabinete de Arturo Murillo, Sergio Méndez Mendizábal y el garante de la empresa, Philip Lichtenfeld obtuvieron detención preventiva, informó el abogado estadounidense Thomas Becker.

El jurista explicó que Murillo todavía espera su audiencia, mientras que los otros involucrados tienen un dictamen preliminar, reportó la red Erbol.

Asimismo, el abogado explicó que Méndez no logró pagar una fianza, por lo que recibió detención preventiva. Lo mismo sucedió con Lichtenfeld, quien fue aprehendido el martes en Estados Unidos y se lo acusa de lavado de dinero.

Murillo aún se encuentra en una prisión de Miami y espera su audiencia para el 7 de junio. Becker manifestó que la exautoridad puede recibir detención preventiva, por existir riesgo de fuga.

Thomas Becker es conocido por defender a las víctimas de la masacre de El Alto en octubre de 2003.

CASO GASES LACRIMÓGENOS

Bryan Berkman es el dueño de la empresa intermediaria de Estados Unidos, la cual recibió un contrato por 5,6 millones de dólares para la provisión de gases lacrimógenos. Junto a su padre y Philip Lichtenfeld son acusados de participar en supuestos sobornos a funcionarios bolivianos con el objetivo de favorecerse con la contratación.

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“Tenemos que informar al pueblo boliviano, que a través del clan mafioso del Gobierno de la señora Jeanine Añez, (se) ha pagado por lo gases lacrimógenos la suma de 5.7 millones de dólares y realmente estos gases le costaron (…) al Gobierno boliviano 3.3 millones de dólares. (…) estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos”, informó la autoridad.

Explicó que de los 2.3 millones de dólares, 582.000 fueron entregados a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del exministro de Gobierno, y el resto habría sido dividido entre el “núcleo del clan” que presuntamente estaría formado por Añez, Murillo y López, reportó la Agencia de Noticias Fides.

El 21 de mayo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos detuvo a Méndez Mendizábal por percibir sobornos de $us 582.000 en la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma vía intermediarios.

Señaló que, Murillo como Luis Berkman, padre de Bryan Samuel Berkman, dueño de la empresa intermediaria y Méndez tuvieron lazos de amistad desde colegio.

Aseguró que la investigación no viene solamente desde su cartera de Estado, sino que se la realizó también desde el FBI y se busca que Murillo y López sean juzgados en el país y el Gobierno buscará su extradición a través de dos conductos.

Según la autoridad, recalcó que no se trata de una persecución política gestada desde el Gobierno de Luis Arce, ni impulsada desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino se trata de buscar justicia.

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Méndez permanecía asilado en el país norteamericano hasta que el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) mediante una investigación, intervino sus teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019, posteriormente los funcionarios iniciaron un proceso en su contra, por lavado de dinero y sobornos en ese país.

Según un reporte del programa Detrás de la Verdad, “la orden de apremio ejecutada para Méndez”, fue bajo la norma de la “US Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.), por corrupción y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y otros a la empresa Cóndor, para el Gobierno de Bolivia, de noviembre de 2019 hasta abril de 2020, en el Gobierno de la expresidente Jeanine Añez.

Investigación sobre la compra de gases lacrimógenos

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en octubre de 2020, aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios.

Dicho informe recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades de ese momento: tres ministros y el Presidente de la Aduana Nacional; además del extitular del ministerio de Economía, Óscar Ortiz, por encubrir la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

El documento también establecía acciones penales contra los entonces ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, Waldo Ramos.

“(Mencionadas autoridades) omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la ALP en el marco del proceso de investigación”, señala la misiva.

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El vocero de la agrupación Súmate, Enrique Mendieta, explicó que el suceso habría ocurrido al final del acto, justamente en el discurso de Reyes Villa. “No se escuchó nada, ni insultos, nada, directo vimos el humo y la gente empezó a toser y estornudar”, informó al periódico Los Tiempos.

Las personas gasificadas denunciaron que el gas afectó a menores de edad y adultos mayores al punto de dejarlos inconscientes y en mal estado.

Al respecto Mendieta señaló que ellos poseen la obligación moral de seguir haciendo campañas en todas las zonas y “rincones” de la ciudad y lo ocurrido no va impedir que sigan con su labor.

Indicó que se analizará formalizar una denuncia ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) ya que es la segunda vez que la agrupación sufre un ataque de este tipo. El primer hecho ocurrió el 15 de febrero cuando una caravana de vehículos fue agredida con piedras y estiércol dejando a varios militantes heridos.

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En un plazo de diez días, la central de la lnterpol debe responder la solicitud, aceptando o rechazando el pedido, informó el director Nacional de la Policía Internacional en Bolivia, coronel Pablo García, según reflejó Los Tiempos.

“Si la (Interpol, en Francia) ve que no tiene ninguna falla, seguramente me van a dar la respuesta que es procedente e inmediatamente este documento va viajar a los 194 países (miembros)”, indicó el jefe policial a la red ATB.

Explicó, con el sello azul, se establecerá el país en el que se encuentran las exautoridades, quienes son investigados por la compra, con presunto sobreprecio, de gases lacrimógenos y equipos antimotines, ocurrido en diciembre de 2019.

Por su parte, el comandante General de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, indicó este miércoles que las exautoridades se trasladaron el 5 de noviembre en un avión con matrícula FAB-046 con destino a la ciudad de Puerto Suárez, frontera con Brasil. Luego cruzaron la frontera por Corumbá.

Asimismo, según información de inteligencia, se conoce que Murillo -cuando llegó a Brasil-se embarcó en un avión comercial de Copa Airlines, a las 03:00 horas el 9 de este mes, con destino a Panamá.

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Según informaron medios locales, los grupos instalados en las puertas de la UTOP, actuaron con violencia e intentaron forzar la puerta, por lo que los efectivos tuvieron que usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Una de las personas que asiste a la vigilia, manifestó que se identificó a un grupo de infiltrados que trataron de ingresar al lugar para generar “algún tipo de confrontación”, sin embargo, los mismos habrían sido sacados del lugar.

Ante el cambio de los reglamentos en la ALP, que elimina el requisito de los dos tercios para varias decisiones y los sustituye por simple mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en varios puntos del país se instalaron puntos de vigilia exigiendo al Movimiento al Socialismo (MAS) revertir la decisión.

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“Los fiscales nos informaron que tienen bastante documentación sobre el caso. Nosotros les preguntamos si hicieron la inspección para saber si existe o no el material, pero ellos indicaron que todavía no realizaron ese acto investigativo”, señaló la presidenta de la comisión a cargo de la investigación, senadora Placida Espinoza.

Por su parte, Atanasio detalló que la Fiscalía cuenta con la documentación remitida por los ministerios de Defensa y Gobierno, sin embargo, por un principio de objetividad se solicitó por la Cancillería, la contraparte a las empresas Bravo Tactical y la brasileña Cóndor.

Para esta jornada estaba prevista la entrevista al contralor General del Estado, Henry Ara y al presidente ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia, Jorge Zogbi, sin embargo, ambos enviaron sus notas justificando su inasistencia.

La Comisión Especial Mixta determinó remitir una segunda convocatoria a ambas autoridades conminándolas a asistir el próximo martes 15 de septiembre a partir de las nueve de la mañana.

El 25 de agosto, el fiscal Atanasio informó los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, prestaron su declaración en la investigación por el caso gases lacrimógenos, sin embargo, indicó que para tomar las declaraciones hubo demora, por lo cual se coordinó constituirse a donde estaban las autoridades para tomar su testimonio.

“El Ministerio Público se ha constituido a dependencias del Ministerio de Gobierno, donde ellos se encontraban realizando una reunión, si no me equivoco, entonces hemos procedido a tomar la declaración ahí en compañía del asignado al caso”, indicó en ese entonces el fiscal.

Según el fiscal, ambas autoridades manifestaron que tienen todos los descargos de la compra que hicieron, tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Defensa entregaron documentos sobre este tema y remitieron archivos de documentación para contrastar los datos investigados.

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Tras la denuncia del periodista Junior Arias, del programa “Detrás de la Verdad”, la presunta compra irregular de gases lacrimógenos por parte del Gobierno Nacional; el ministro de Defensa, Luis Fernando López, negó el jueves que exista sobreprecio en la adquisición de armamento no letal.

Según el proceso de licitación de compra de esos agentes químicos del gobierno ecuatoriano, Cóndor y otras tres empresas internacionales ofrecieron precios similares por los gases, que varían entre 12 y 14 dólares por el calibre de 37mm/38mm, de corto y largo alcance, representando así precios más bajos de los que pagó el Gobierno venezolano en 2017.

De acuerdo al ministro López, el Estado boliviano compró cartuchos de 430 gramos de pólvora, mientras que Venezuela adquirió los de 225 gramos de pólvora, señalando que la granada de gas comprada por Bolivia es más grande y de mayor gramaje que la comprada por Venezuela.

Sin embargo, en el contrato de compra-venta firmado por López con la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions no se menciona ese aspecto y solo se da, como característica de los gases, que sean de 37mm/38mm, de largo y corto alcance, iguales a los vendidos a Ecuador y Venezuela.

/TCSC/

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