Ministro de Economía rechaza incremento del 20% al salario

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, calificó como inviable la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 20% salario básico planteada en su pliego petitorio 2026. Según la autoridad, esta cifra no se ajusta a la realidad financiera del país, por lo que instó a centrar el debate en la protección de la estabilidad laboral y la mejora de la calidad del empleo.

Declaraciones del Ministro

“No es viable y eso está absolutamente claro”, sentenció Espinoza al referirse al porcentaje solicitado por la organización matriz de los trabajadores. El ministro subrayó que, más allá de la reposición del poder adquisitivo, la prioridad de los fabriles y diversos sindicatos hoy es conservar sus puestos de trabajo: “La gran mayoría de las personas hoy por hoy están preocupadas por la estabilidad laboral y eso es lo que hay que proteger”.

Propuesta de diálogo tripartito

En ese sentido, abogó por un diálogo tripartito que incluya no solo al Gobierno y a los trabajadores, sino también a la parte empleadora. Además, mencionó la importancia de incluir a sectores como los gremiales y cuentapropistas que representan el grueso de la economía nacional.

Resultados y responsabilidad en ajustes salariales

Pese al escenario de crisis bajo el cual el actual Gobierno recibió el país, la autoridad aseguró que las medidas aplicadas para revertir la situación están teniendo “resultados muy buenos”. Sin embargo, enfatizó que cualquier ajuste salarial debe ser analizado con responsabilidad para no arriesgar la recuperación económica.

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“Antes gastábamos entre 150 y 200 millones en combustible; ayer solo fueron 44 millones. Hemos reducido significativamente, entre 25 y 30%, ese gasto”, explicó Espinoza sobre los avances del decreto. El ministro detalló que esos recursos ahora se destinarán a proyectos sociales, como infraestructura de salud, educación y logística.

“Estamos reordenando el gasto, dejando atrás un subsidio que perjudicaba a la economía y usando ese dinero donde realmente se necesita”, añadió.

Estabilidad del dólar

Espinoza también señaló que el precio del dólar se mantiene estable. “Tras un pequeño pico al inicio, hoy el dólar está en 9,20 a 9,40, parecido a antes de aplicar las medidas”, afirmó. Además, confirmó que ya se inició la línea de financiamiento de la CAF y que esos fondos se mantienen en el Banco Central, comenzando así la reconstrucción de las reservas internacionales.

Confianza en el sistema financiero

El ministro destacó la estabilidad del sistema financiero y la confianza de la gente. “En semanas anteriores, la población habría corrido a los bancos, pero hoy no ocurrió. Esto demuestra que la gente busca estabilidad”, señaló. Espinoza también resaltó los acuerdos alcanzados con transportistas, mineros, juntas vecinales y otros sectores productivos, asegurando que los problemas surgidos se irán corrigiendo progresivamente.

Objetivos del decreto

Finalmente, recordó que el decreto tiene tres objetivos: proteger la economía familiar, normalizar el abastecimiento de combustibles y ordenar la economía del Estado. “Con este decreto se acaban los favoritismos, los beneficios solo para algunos y las exenciones selectivas; ahora todos deben ser tratados de manera justa”, concluyó.

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El Gobierno nacional ha decidido implementar una reducción directa en los ingresos del sector público. Según lo informado por el ministro de Economía, el Ejecutivo emitirá una nueva escala salarial que impactará a todas las instituciones del Estado.

Esta medida significa que los ministros, directores y otros funcionarios de alto rango verán disminuidos sus salarios. Esta decisión busca aliviar la presión sobre las arcas estatales tras la reciente eliminación de la subvención a los combustibles.

Reducción de personal estatal

El ajuste no solo se limita al monto que recibe cada funcionario, sino que también afecta el tamaño de la planilla estatal. El Artículo 108 del decreto prohíbe terminantemente la contratación de nuevo personal. A partir de ahora, todas las empresas públicas y ministerios deberán presentar un programa de racionalización.

Esto significa que tendrán que optimizar sus organigramas y eliminar cargos innecesarios, siempre que no se vean afectados los servicios esenciales para la ciudadanía.

Congelación de salarios

Otro de los aspectos más críticos de la normativa es el Artículo 109, que establece un freno total a los aumentos de sueldo. Se ha dispuesto la congelación del incremento salarial para todo el sector público durante la gestión 2026.

Las únicas personas que quedarán fuera de esta restricción son aquellas que trabajen en áreas estratégicas y de primera necesidad, como salud, educación, las fuerzas policiales y de defensa, quienes mantendrán sus beneficios de ascenso por escalafón.

Defensa de las medidas

El ministro Espinoza defendió estas medidas, argumentando que el Estado debe apretarse el cinturón antes de exigir esfuerzos mayores a la población. “No se están protegiendo privilegios, se está ordenando la casa”, afirmó la autoridad.

Señaló que el gasto corriente, es decir, lo que el Estado gasta para funcionar día a día, se reducirá al mínimo necesario.

Beneficios sociales

Según el titular de Economía, esta política de austeridad es la contraparte necesaria para sostener los beneficios sociales que también contempla el decreto, como el incremento al salario mínimo y los bonos estatales.

Finalmente, ante la ola de críticas y desinformación en redes sociales, el Gobierno instó a la población a analizar el contenido íntegro del Decreto Supremo 5503. Espinoza subrayó que la norma busca salvar la economía y cuidar los recursos públicos mediante la responsabilidad financiera.

La administración central espera que, con estas medidas de austeridad, se envíe un mensaje de transparencia y compromiso frente a la actual coyuntura económica del país.

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Espinoza se refirió específicamente al transporte público, donde se plantea un aumento de hasta el 100% en los pasajes, tras el ajuste en los precios de los combustibles.

“Ahora necesitamos de ti. No aceptes cobros abusivos, denuncia la especulación y no te prestes a los bloqueos que solo favorecen a aquellos que quieren seguir viviendo en el pasado, que quieren seguir viviendo de la mentira, que quieren seguir viviendo de la corrupción de unos pocos”, expresó Espinoza en un video.

Defensa del bolsillo de la gente

El ministro aseguró que el Gobierno no permitirá que ciertos sectores “saquen ventaja del desorden y del miedo” para perjudicar la economía de la población, según lo informado por Erbol.

Espinoza calificó el intento de duplicar las tarifas del transporte como un abuso, especialmente considerando que el Ejecutivo ha implementado medidas para reducir los costos en este sector.

Facilidades para el transporte

“El transporte hoy tiene facilidades reales: puede importar repuestos y llantas a menor costo, sin aranceles ni trámites innecesarios. También puede importar su propio diésel sin intermediarios. Si los costos están bajando, no hay justificación para cobrar el doble a la población”, afirmó.

Reacción del mercado cambiario

Espinoza también abordó la reacción del mercado cambiario tras el anuncio de las nuevas medidas económicas y aseguró que los intentos de generar pánico no tuvieron éxito.

En este contexto, destacó el lanzamiento de un programa de repatriación de capitales con cero impuestos, el cual está destinado a incentivar el retorno de recursos al país y dinamizar la economía. También mencionó la restitución de herramientas al Banco Central para preservar la estabilidad económica.

Políticas sociales del Gobierno

El ministro defendió las políticas sociales que ha implementado el Gobierno, tales como el incremento del salario mínimo, el fortalecimiento de la Renta Dignidad y la ampliación de bonos sociales, entre ellos el Juancito Pinto.

Según explicó, estas medidas se financian con recursos recuperados a través de la reducción del gasto político, la lucha contra la corrupción y la revisión de subsidios.

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Espinoza aclaró a través de redes sociales que se solicitará un plazo hasta febrero para realizar los ajustes necesarios. El ministro indicó que el anterior gobierno no incluyó el 50/50 en el presupuesto para 2026; sin embargo, la administración actual está pidiendo un tiempo adicional para trabajar en esta propuesta. “Nuestro objetivo es que el régimen 50/50 entre en vigencia en 2026, tal como se acordó con las gobernaciones”, afirmó.

Objetivo del 50/50

Además, Espinoza remarcó que en ningún momento se ha postergado esta redistribución para 2027. La propuesta del 50/50 busca otorgar mayor autonomía y capacidad de gestión a los gobiernos subnacionales en áreas críticas como salud y educación. Esta medida ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y los posibles impactos que podría tener en la administración pública local.

La implementación efectiva del 50/50 dependerá de los ajustes solicitados por el actual gobierno y de la colaboración con las gobernaciones. La discusión sobre la transferencia del presupuesto refleja una tendencia hacia la descentralización y la búsqueda de soluciones más adaptadas a las necesidades locales.

Reacciones y futuro de la iniciativa

Las reacciones de diferentes sectores políticos y sociales serán clave para determinar el futuro de esta iniciativa. La forma en que se gestione esta propuesta puede influir significativamente en la administración de recursos en las regiones y en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la población.

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Implementación de medidas económicas

Durante la presentación de las medidas económicas, el ministro Espinoza respondió a las inquietudes sobre la ejecución de iniciativas clave de la campaña. Señaló que es “un poco fuerte” hablar de incumplimiento, ya que algunas reformas requieren tiempo y procesos legales para su implementación.

Respecto al perdonazo tributario, el ministro aseguró que el Gobierno ya está trabajando en una propuesta legislativa para esta finalidad. Sin embargo, enfatizó que esta medida “necesita una ley” y “implica tiempo”.

Sobre la Aduana y créditos

En relación a la promesa de eliminar la Aduana, Espinoza matizó su declaración, indicando que “es demasiado excesivo exigir que en el primer día de gobierno se elimine”. Aseguró que “la Aduana como existe hoy va a desaparecer, pero hay que ordenarla”.

Sobre la ley del diferimiento de créditos, promulgada durante la gestión de Luis Arce, Espinoza mencionó que existe una medida cautelar y que se está a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Reconoció que, aunque “puede ser un problema para el sector financiero”, es necesario proteger a quienes están en mora o afectados.

Otras medidas de campaña

El ministro también confirmó que otras medidas de campaña, como las relacionadas con las subvenciones y el tipo de cambio del dólar, aún no serán aplicadas por el gobierno de Paz.

Opiniones del vicepresidente

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara se pronunció a través de un video, indicando que aunque celebra la eliminación de 4 impuestos (Impuesto a las Transferencias Financieras, Impuesto a las Grandes Fortunas, el impuesto al juego y el de promociones empresariales), considera que estas medidas son insuficientes. Lara incluso destacó que la eliminación de al menos 3 de esos tributos fue “idea mía”.

Lara señaló que “falta reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Utilidades”, considerándolo un paso crucial para atraer inversión.

Finalmente, recordó que el perdonazo tributario fue una promesa de campaña y pidió al Presidente Paz que no la olvide, ya que “la gente está a la expectativa”. Propuso trabajar con la Vicepresidencia en una reforma que garantice la inversión nacional y extranjera para generar empleo en Bolivia.

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El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó esta iniciativa en declaraciones realizadas al portal Bloomberg. Espinoza afirmó: “Vamos a crear un Banco del Oro y lo que necesitamos hacer es establecer mecanismos que permitan la trazabilidad y el desarrollo del sector aurífero con respeto a las normas medioambientales”.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre la estructura o los plazos de implementación de esta nueva entidad, el ministro indicó que se continuará con la compra de oro, pero bajo una nueva directriz. Esta directriz busca “reordenar los instrumentos del programa”.

Motivaciones detrás de la medida

La creación del Banco del Oro responde a la creciente preocupación por los efectos secundarios no deseados que ha generado la compra masiva de oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB). Este proceso, que incluye el pago en moneda nacional (bolivianos), ha contribuido al incremento indirecto de la inflación y ha incentivado el contrabando del metal precioso.

Bloomberg también destacó que las transacciones realizadas hasta ahora por el BCB, amparadas en la Ley 1503, carecen de la transparencia necesaria. Esta falta de claridad ha llevado a que se desate una “fiebre de oro descontrolada”, caracterizada por prácticas perjudiciales para el medioambiente y un comercio poco transparente.

Contexto de la Ley 1503

Desde la aprobación de la Ley 1503 en mayo de 2023, esta norma le otorgó al BCB la facultad de comprar oro a productores locales en moneda nacional. Además, permite realizar operaciones financieras con el oro adquirido, incluyendo su exportación en dólares. Hasta agosto de 2025, el BCB había adquirido 28,5 toneladas de oro y monetizado 48,7 toneladas del metal. Sin embargo, también contrajo obligaciones que implican la entrega de 6,7 toneladas en 2026.

Un nuevo enfoque

La Ley 1503 fue justificada por las autoridades anteriores como una herramienta esencial para fortalecer las RIN. Sin embargo, el nuevo gobierno busca encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de las reservas y la estabilidad macroeconómica y ambiental. La creación del Banco del Oro representa un intento de capitalizar la riqueza aurífera, alineándose con la necesidad de seguridad jurídica y ambiental en el sector minero.

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Esta paralización ha generado preocupación en el sector de micro y pequeñas empresas, que ha declarado estado de emergencia y amenaza con llevar a cabo la primera movilización nacional contra la gestión del nuevo gobierno de Rodrigo Paz.

Objeciones del sistema financiero

El ministro Espinoza explicó que la objeción del sistema financiero se basa en supuestas irregularidades en el procedimiento legislativo de la norma. Según la denuncia, el proyecto fue modificado en el Senado y, en lugar de regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación, pasó directamente a la Asamblea Legislativa, lo que contraviene el proceso habitual.

Espinoza señaló que esta maniobra podría haber sido una “intención del gobierno saliente de generar confusión”.

Reacción de los prestatarios

La impugnación ha provocado una fuerte reacción entre los prestatarios. Helen Rivero, presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), calificó la medida cautelar como una “chicanería de los banqueros” para ganar tiempo y posiblemente derogar la Ley.

Rivero lamentó que, al acudir a los bancos, se les esté indicando a los prestatarios que deben esperar la respuesta del TCP, a pesar de que la ley ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial.

Estado de emergencia del sector

Jaime Vasques, presidente de la Fedemype La Paz, confirmó el estado de emergencia del sector. Advirtió que la no aplicación de la ley afectará a más de 1,4 millones de personas, incluyendo microempresarios, transportistas y cuentapropistas.

Vasques puso en duda la validez de cualquier fallo judicial, afirmando: “Han presentado un amparo (medida cautelar) ante el TCP, donde no tenemos confianza, por los autoprorrogados… Nuevamente nos van a ver en las calles y será contundente”.

Riesgos de la demora

El representante de la Fedemype de Viacha, Jhon Elmer Alanoca, advirtió que la demora en la aplicación de la norma pone en riesgo la recuperación económica y podría llevar a embargos. “La ley se ha hecho para la suspensión de embargos. Lastimosamente nos han mentido. Estamos convocando a una movilización nacional”, sentenció.

Cuestionamientos legales

El abogado constitucionalista Marco Baldivieso confirmó que el TCP tiene la competencia para suspender provisionalmente la vigencia de una norma mediante una medida cautelar. Sin embargo, coincidió con el sector empresarial en que la legitimidad de la decisión puede ser cuestionada, ya que los magistrados están “usurpando funciones”.

Baldivieso señaló que los empresarios afectados pueden cuestionar válidamente la legitimidad, la competencia y la jurisdicción de los magistrados autoprorrogados. Esto intensifica la presión sobre el TCP, que ya enfrenta una denuncia penal por parte de magistrados electos en un conflicto paralelo.

Según el jurista, la otra vía para modificar o derogar la norma recae en la Asamblea Legislativa.

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Espinoza explicó el viernes que el presupuesto consolidado se elabora generalmente entre abril y mayo, con la participación de todas las entidades territoriales, organismos desconcentrados y otras instituciones.

En este contexto, el ministro indicó que modificar este proceso tomará varios meses. Se espera que la conclusión de este trabajo se realice entre febrero y marzo del próximo año, a través de una Ley del Presupuesto reformulada.

Medidas de austeridad

El ministro adelantó que se establecerán límites en los gastos corrientes y en las contrataciones dentro del sector público. También mencionó que se está considerando la posibilidad de congelar la planilla estatal como parte de las medidas de ajuste.

Espinoza afirmó que el Estado no puede seguir operando con una estructura de personal tan amplia. Aseguró que cualquier reformulación del presupuesto deberá contemplar una cantidad igual o menor de funcionarios públicos.

Revisión de consultorías

Además, el ministro anunció que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la política de consultorías. Explicó que se analizarán los presupuestos de todas las entidades públicas para identificar inconsistencias, como aquellas unidades de comunicación que manejan recursos superiores a los destinados al funcionamiento de áreas técnicas.

Objetivo de la gestión 2026

Según Espinoza, el objetivo principal es ordenar las cuentas estatales y asegurar que los recursos sean administrados de manera responsable durante la gestión del año 2026.

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Durante una entrevista con Erbol, Espinoza explicó que esta medida tiene como objetivo evitar que los productos subsidiados por el Estado compitan con los pequeños comerciantes. Además, enfatizó que Emapa debería concentrarse en apoyar a los productores en lugar de intervenir en el mercado.

Espinoza destacó que “esa línea de comercio (de Emapa) no compite con el gran supermercado, compite con la casera de la esquina”. Aseguró que los productos que vende Emapa, que son subsidiados por el Estado, perjudican a los pequeños comerciantes que intentan vender sus productos en las esquinas.

Impacto del subsidio

El economista recalcó que esta línea de negocio es distorsiva y debe ser eliminada. En relación al subsidio que entrega Emapa para el pan, señaló que menos del 20% de los panaderos se beneficia con esa harina subsidiada. El restante 80% enfrenta control y represión, además de tener que adquirir materia prima a precios elevados.

“Entonces lo que tienes que hacer es que Emapa deje de distorsionar”, indicó a Erbol. Espinoza planteó que Emapa debería utilizar su infraestructura para ayudar a los productores y dejar de intervenir en el mercado.

Propuestas para Emapa

A pesar de estos cambios, se mantendrá el apoyo a la producción a través de logística hasta que se definan otros aspectos junto al sector productivo. Esto incluye realizar ajustes legales con la Asamblea Legislativa.

Explicó: “Vamos a avanzar en una nueva Emapa, si se va a privatizar, si se va a hacer asociación público-privada, si se va a transferir a los trabajadores”. Esta definición aún requiere discusión en el Congreso.

Cambio en la estructura operativa

Se espera un cambio significativo en la estructura operativa de Emapa para evitar distorsiones en el mercado local. El objetivo es fomentar un entorno más equitativo para los pequeños comerciantes, concluyó Espinoza.

/KMMN

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“Sobre los subsidios, como dijo Edmand Lara: no los vamos a quitar, sino que se van a focalizar únicamente en quienes realmente lo necesitan, ajustando los precios y compensando con transferencias directas a las familias más vulnerables”, publicó el economista Espinoza.

El asesor económico explicó que se están diseñando mecanismos de focalización para asegurar que los beneficios lleguen a los sectores que realmente requieren apoyo. Además, anticipó que todas las transferencias se realizarán de forma bancarizada, lo que facilitará su seguimiento y auditoría.

Postura en el debate

Durante el debate vicepresidencial, Edmand Lara argumentó que no es necesario eliminar la subvención a los carburantes. Según él, “hay plata”, pero está siendo “mal administrada”. Esta postura contrasta con la de su contrincante, Juan Pablo Velasco, del partido Libre, quien propuso eliminar el subsidio a los combustibles, salvo para el transporte público.

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Gabriel Espinoza, quien fue director del Banco Central de Bolivia (BCB), se refirió al discurso del presidente, señalando que hace una lectura equivocada “adrede” de la inflación. Arce mencionó que “es importante decir que la presión inflacionaria” se concentra en los precios de productos importados y algunos nacionales, donde se ha evidenciado “agio, ocultamiento y especulación que daña la economía popular”.

Dependencia de las importaciones

Espinoza argumentó que no solo los productos importados están aumentando de precio, sino también los bienes nacionales y “los servicios no transables, según los propios datos del INE”. Afirmó que esta situación es resultado del “descalabro cambiario que su Gobierno ha provocado”, indicando que Bolivia es ahora más dependiente que nunca de las importaciones.

Reservas internacionales y recursos dilapidados

El analista también destacó que el presidente omite mencionar que a él se le dejaron más de 5.300 millones de Reservas Internacionales Netas (RIN), incluyendo 2.500 millones en divisas. Además, en los primeros seis meses de su gobierno, recibió más de 2.500 millones de dólares en desembolsos de créditos en libre disponibilidad.

“Esos recursos fueron dilapidados a un ritmo frenético”, indicó Espinoza. Agregó que también hubo 36 toneladas de oro, de las cuales 22 existían en las RIN y 14 fueron compradas a costa de hacer subir el tipo de cambio. Además, mencionó más de 11.000 millones de dólares por exportaciones de gas y otros 3.000 en créditos aprobados por la Asamblea.

Presupuesto y financiamiento fiscal

Para el año 2025, el Gobierno presentó un Presupuesto General del Estado (PGE) que podría incrementar aún más la inflación. Espinoza advirtió sobre el financiamiento fiscal con créditos del BCB, que alcanzan un nivel más alto de la historia, lo cual “será altamente inflacionario”.

Además, mencionó el agotamiento de las reservas de oro, “que seguramente serán empeñadas para obtener divisas, pero dejando prácticamente sin ningún recurso externo más al país”.

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