Fiscalía investiga denuncias de maltratos en centros de acogida

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, anunció el inicio de una investigación rigurosa tras recibir diversas denuncias sobre presuntos maltratos infantiles en los centros de acogida del departamento. Las acusaciones han generado preocupación y un llamado a la acción inmediata.

Gravedad de las acusaciones

Morales Alconini subrayó la gravedad de las acusaciones y enfatizó que no se tolerarán actos inhumanos contra la población vulnerable. En ese sentido, informó que sostendrá una reunión de emergencia con el Gobernador del departamento para abordar la problemática y coordinar acciones conjuntas.

Compromiso con la protección infantil

“Cualquier funcionario que trate mal a un niño, tiene que ser despedido”, afirmó el Fiscal, destacando la necesidad de garantizar una calidad de vida digna para los menores bajo la tutela del Estado. Este compromiso institucional busca asegurar que los derechos de los niños sean respetados y protegidos.

Sistemas de vigilancia para garantizar transparencia

Para asegurar la protección de los menores, la Fiscalía ha solicitado la implementación de sistemas de vigilancia. Esto incluye:

• Instalación de cámaras: Se llevará a cabo una verificación en los centros de acogida y se instalarán cámaras de seguridad en puntos estratégicos.
• Protocolo de actuación: Las grabaciones servirán como material de prueba fundamental para identificar posibles casos de abuso o maltrato.
• Consecuencias legales: El Fiscal advirtió que, en caso de comprobarse negligencia o maltrato por parte de los funcionarios públicos, estos serán inmediatamente aprehendidos para enfrentar los procesos legales correspondientes.

Un llamado a la acción

La autoridad concluyó que el hecho de que estos niños se encuentren desamparados o abandonados no justifica bajo ninguna circunstancia un trato inhumano. La Fiscalía reafirma su compromiso con la justicia y el bienestar infantil, asegurando que cada denuncia será tratada con la seriedad que merece.

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La Fiscalía investiga red de corrupción en Oruro

La filtración de un video que circula en redes sociales, evidencia una aparente red de consorcio entre abogados, jueces y funcionarios públicos relacionados con la Ley 1008. La Fiscalía Departamental ha iniciado con las investigaciones.

Acciones inmediatas de la Fiscalía

El fiscal departamental, Aldo Morales Alconini, informó que el caso se inició hace menos de 24 horas, impulsado por una denuncia formal presentada por autoridades judiciales. Según explicó Morales, la investigación busca esclarecer los presuntos actos de corrupción relacionados con la Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas).

El alcance de la investigación

La autoridad fue enfática al señalar que las conversaciones grabadas detallan posibles mecanismos para manipular expedientes y asegurar la libertad de personas procesadas por narcotráfico a cambio de sumas de dinero. “Se están haciendo las investigaciones y se van a citar a todos los implicados a efecto de poder llegar a la verdad material del hecho. Estamos verificando los nombres pronunciados en esa reunión y cotejándolos con los expedientes para ver si lo manifestado es evidente, especialmente en lo referido a desvirtuar peligros procesales para facilitar la salida de detenidos del penal de San Pedro”, declaró Morales.

Involucrados y manipulación judicial

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la magnitud de los presuntos involucrados. Según la autoridad, el Ministerio Público tiene en la mira a aproximadamente 20 funcionarios. “La conversación hace un señalamiento explícito sobre cómo hacen llegar los expedientes a un juzgado o tribunal específico”, añadió el fiscal, sugiriendo un esquema organizado de manipulación dentro de la estructura judicial.

Prioridad institucional contra la corrupción

Morales Alconini aseguró que este proceso es una prioridad institucional y forma parte de las instrucciones a nivel nacional para implementar una política de “cero corrupción”. El equipo de fiscales asignado trabaja actualmente en la solicitud de copias de los procesos mencionados en el video para determinar la autenticidad de las audiencias y la veracidad de los acuerdos ilegales denunciados.

Expectativa ciudadana ante las investigaciones

“Estimamos que en las próximas horas ya vamos a tener mayores elementos de convicción. Vamos a actuar con toda la severidad que la ley permite”, concluyó. La ciudadanía y los sectores legales de Oruro aguardan con expectativa los resultados de estas investigaciones, que podrían derivar en un golpe significativo a las estructuras de corrupción que, según las primeras indagaciones, habrían operado con impunidad dentro de los juzgados locales.

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Fiscalía de Oruro investiga a abogado por tráfico de influencias

En una conferencia de prensa realizada el miércoles 1 de julio, el fiscal coordinador Mauricio Ramírez detalló el avance de las investigaciones en torno a un caso de concusión y tráfico de influencias. Un sujeto fingió ser funcionario de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) para solicitar 4.000 bolivianos a cambio de cerrar un caso de violencia familiar.

Inicio de la investigación judicial

El Ministerio Público inició una investigación rigurosa tras recibir la denuncia sobre la solicitud irregular de dinero el pasado 29 de junio. Entre los resultados obtenidos por los investigadores, se destacan:

• Se confirmó que el acusado, un abogado, no desempeñaba funciones para la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO).
• Durante el operativo de requisa, el dinero solicitado como pago ilícito fue encontrado en posesión del sujeto.
• La Fiscalía continúa con las pesquisas para determinar si existen terceras personas involucradas en este hecho delictivo.

Medidas cautelares impuestas al imputado

Tras la presentación de la imputación formal por los delitos de tráfico de influencias y concusión, el caso fue puesto a conocimiento de la autoridad judicial. Como resultado de la audiencia de medidas cautelares, el juez determinó para el imputado las siguientes obligaciones:

• Presentación periódica: El acusado debe comparecer ante el juzgado y el Ministerio Público como parte de su control judicial.
• Garantías económicas: Se impuso el pago de una fianza económica como condición de su libertad procesal.
• Arraigo: Se dictó el arraigo del imputado, impidiendo que pueda abandonar el territorio nacional mientras dure el proceso investigativo.

Continuidad en las investigaciones

El Ministerio Público reafirmó que las investigaciones siguen su curso para esclarecer la totalidad de los hechos y deslindar responsabilidades adicionales. Este caso resalta la importancia del combate contra la corrupción y el tráfico de influencias en Bolivia.

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Impulsan nueva infraestructura para la Fiscalía en Oruro

Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y fortalecer la infraestructura judicial y vial del departamento, se llevó a cabo un encuentro interinstitucional en el salón “ROMA” de la Fiscalía Departamental de Oruro. Este evento, realizado el 29 de junio, reunió a representantes de la Cámara de Senadores, la Dirección Distrital, la Junta de Vecinos, la Alcaldía y otras instituciones clave del departamento.

Iniciativas clave para transformar Oruro

El Fiscal Departamental, Aldo Morales Alconini, lideró la presentación de iniciativas que buscan transformar la gestión pública en la región. Durante su intervención, Morales enfatizó la necesidad urgente de concretar la construcción de un nuevo edificio para el Ministerio Público, así como la implementación de sistemas de alcantarillado y la consolidación de la doble vía Capach.

“Estimamos que todos los orureños debemos unirnos para que estos megaproyectos se hagan realidad y tener una mejor convivencia a nivel del departamento de Oruro”, afirmó el Fiscal Departamental.

Reducción de tiempos en investigaciones

Morales subrayó que la ejecución de estas obras reduciría drásticamente los tiempos de respuesta en investigaciones periciales. Citó como ejemplo la necesidad de contar con un Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) local, lo cual permitiría obtener resultados de laboratorio en cuestión de horas en lugar de días.

Compromiso político por el desarrollo

La senadora María Antonieta Alcón Sánchez, una de las impulsoras del encuentro, comprometió su respaldo total a los proyectos presentados por la autoridad fiscal. La legisladora hizo un llamado a la unidad entre las autoridades municipales y departamentales, instando a dejar de lado las diferencias ideológicas en favor del bienestar común.

“Es momento de que las autoridades municipales, departamentales y otras instituciones se unan para hacer realidad estos proyectos, despojándose de colores políticos y enfocándose en el desarrollo de la región”, señaló la senadora Alcón.

Mesa de trabajo para avanzar en proyectos

Tras analizar las propuestas, los asistentes decidieron establecer una mesa de trabajo para el próximo 13 de julio. En esta instancia se espera la presencia del Gobernador, el Alcalde, asambleístas y concejales, con el propósito de seguir planteando y concretando proyectos que beneficien a toda la sociedad orureña.

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Investigación por hallazgo de neonato en Oruro

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó sobre el impactante hallazgo de un neonato en las inmediaciones del Cementerio de Iroco, ubicado en la zona sur del departamento. Este descubrimiento ha conmocionado a la comunidad local y ha generado una rápida respuesta por parte de las autoridades.

Detalles del hallazgo

De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo del recién nacido, que contaba con 36 semanas de gestación, fue sometido a la autopsia médico-legal correspondiente. Los resultados forenses confirmaron que el bebé nació sin vida, lo que llevó a las autoridades a descartar, preliminarmente, la figura penal de infanticidio.

Investigación en curso

A pesar de este resultado, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero de los padres del menor, quienes presuntamente abandonaron el cuerpo en el lugar mencionado. El Fiscal Morales aseguró que las diligencias investigativas continuarán a la brevedad para determinar las razones por las cuales se actuó de esa manera y establecer posibles responsabilidades legales ante el abandono del neonato en el sector aledaño al cementerio.

Este caso resalta la importancia de abordar temas sensibles como la salud materna y los derechos de los neonatos. La comunidad espera respuestas claras y justas sobre este trágico suceso.

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Menor agredido en Oruro: un hecho de violencia ciudadana

En días recientes, la capital orureña vivió un hecho de violencia e inseguridad ciudadana que conmocionó a la comunidad. Un menor agredido de 17 años sufrió una brutal golpiza y robo agravado por parte de un grupo de personas que participaban en un bloqueo de vías. Este incidente ocurrió en las inmediaciones de la Avenida Circunvalación y la Avenida 6 de Agosto, en el contexto de movilizaciones y paros que se realizan a nivel nacional.

Detalles del ataque

Según el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, el ataque se produjo cuando una familia regresaba a su hogar. En ese momento, presenciaron cómo una turba apedreaba autobuses que intentaban circular, vulnerando la medida de presión. Para protegerse, la madre, quien llevaba a su bebé en brazos, decidió alejarse del lugar. Sin embargo, el joven se acercó para observar los daños materiales.

Fue entonces cuando entre cuatro y seis manifestantes lo rodearon violentamente. Bajo la falsa acusación de ser el “ayudante” de uno de los vehículos en tránsito, la turba comenzó a golpearlo sin piedad. En medio del ataque, su hermano menor, un niño de solo 8 años, intentó intervenir desesperadamente para detener la agresión.

Consecuencias del ataque

Aparte de las lesiones físicas que sufrió el menor, los atacantes le robaron sus pertenencias: su billetera, su reloj y 500 bolivianos en efectivo. Tras recibir la golpiza, el joven fue trasladado a un centro médico local. El fiscal Morales informó que actualmente se encuentra en etapa de recuperación con ocho días de impedimento médico legal y su salud es estable; se espera que sea dado de alta en las próximas horas.

Apertura del caso y acciones judiciales

El Ministerio Público confirmó la apertura del caso bajo los tipos penales de lesiones y robo agravado. Como parte de las primeras acciones investigativas, se solicitó formalmente acceso a las cámaras de seguridad para identificar plenamente a los agresores. La autoridad judicial advirtió que la fiscalía actuará con severidad debido a que la víctima principal es un menor de edad.

Se espera que una vez identificados los autores del ataque, se proceda a su aprehensión y posterior imputación formal. Este caso resalta la creciente preocupación por la violencia ciudadana en Bolivia y la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a los más vulnerables.

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Fiscalía solicita pena máxima para Evo Morales

El Ministerio Público anunció que pedirá 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales en su juicio por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante. Esta información fue confirmada este martes por el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios.

Detalles del caso

El exmandatario enfrenta este riesgo debido a su relación con una menor de edad durante su presidencia, relación que incluso resultó en el nacimiento de una hija con la víctima. El fiscal Mogro Palacios recordó que el juicio oral estaba programado para el pasado lunes 11 de mayo, pero tanto Morales como la coacusada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la víctima, no se presentaron ni justificaron adecuadamente su inasistencia.

Mandamiento de aprehensión

Ante esta situación, el fiscal destacó que la Policía debe ejecutar el mandamiento de aprehensión en cumplimiento de su mandato constitucional. Sin embargo, cada vez que se emiten mandamientos contra Morales, estos no se ejecutan porque el exmandatario se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba, bajo la protección constante de sus seguidores.

Pruebas acumuladas y rebeldía

En las semanas previas al juicio, la Fiscalía acumuló más de 170 pruebas, que incluyen documentos de identidad, certificados de nacimiento y testimonios. El tribunal citó a Morales para el inicio del juicio oral el 11 de mayo. Al no presentarse ni justificar válidamente su ausencia, alegando problemas de salud como bronconeumonía, fue declarado en rebeldía.

Implicaciones legales

El fiscal José Ernesto Mogro Palacios explicó que el Artículo 281 bis del Código Penal establece que el delito de trata de personas agravada se agrava cuando la víctima es menor de edad. En este contexto, la pena máxima es de 20 años de presidio. Además, indicó que el Ministerio Público ha solicitado que se declare la rebeldía, solicitud que fue aceptada por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija. Se emitió un mandamiento de aprehensión y se ordenó el arraigo para las dos personas involucradas, así como el congelamiento de sus cuentas.

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Aprehensión de Shirley Carrasco en Bolivia

La exintegrante del directorio de Boliviana de Aviación (BoA), Shirley Carrasco, fue aprehendida el jueves 7 de mayo antes de las 20:00 horas en La Paz, Bolivia. Esta acción se realizó por orden del fiscal Wálter Lora, quien investiga un supuesto daño económico de 18,4 millones de bolivianos en la línea aérea estatal.

Detalles del caso y acusaciones

Carrasco fue enviada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y su imputación se presentará este viernes. El abogado de Carrasco afirmó que los fiscales no mostraron documentos que comprometan a su cliente. Además, expresó su extrañeza ante la acusación relacionada con el supuesto daño económico.

Por otro lado, Javier García, abogado del exgerente Ronald Casso, indicó que su cliente observó que la rentabilidad de la ruta hacia Cuba era deficitaria y propuso cerrarla; sin embargo, los miembros del directorio lo obligaron a continuar operando.

El impacto económico en BoA

La aprehensión de Carrasco representa un punto crítico en el caso denominado “La ruta de La Habana”. Se confirmó que BoA operó vuelos internacionales con una ocupación tan baja que el Estado perdía aproximadamente $us 25.000 por cada viaje. Esto suma un daño económico total estimado en 18,4 millones de bolivianos. Las irregularidades incluyen:

• Daño Económico Total: Bs 18,4 millones (aproximadamente $us 2,6 millones).
• Déficit Operativo: Bs 14,4 millones por pérdidas directas en vuelos con baja ocupación.
• Irregularidades Financieras: Bs 4 millones por comisiones excesivas y compra de divisas a tipos de cambio elevados.

Operación y ocupación de vuelos

Los datos sobre la operación son alarmantes:

• Capacidad del avión: Boeing 737-800 para 168 pasajeros.
• Ocupación mínima: Vuelos con solo entre 11 y 22 pasajeros.
• Asientos vacíos: Más de 150 asientos sin vender en cada trayecto.
• Pérdida por vuelo: Aproximadamente $us 25.000 por operación hacia La Habana.

Contexto y denuncias previas

El contexto incluye una denuncia presentada el 21 de abril del presente año por malversación de fondos en BoA debido a la ruta Viru Viru-La Habana, considerada no rentable. Esta denuncia llevó a la Fiscalía a investigar a todos los exintegrantes del directorio y al exministro Edgar Montaño.

Defensa y próximos pasos legales

En declaraciones posteriores, el abogado defendió a Carrasco diciendo: “Ha sido una declaración amplia que se ha prestado desde las 3 de la tarde… sin embargo, la instancia correspondiente para poder hacer este reclamo es el juez de Instrucción Cautelar”. Además, justificó que Carrasco solo participaba en decisiones estructurales y estratégicas del directorio y no en temas comerciales u operativos.

Finalmente, este jueves debió realizarse la audiencia cautelar del exgerente Ronald Casso; sin embargo, la presentación tardía de la imputación formal impidió que el juez fijara hora para esa sesión.

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El fiscal Miguel Cardozo ha informado que se convocará a Achacollo para que declare en calidad de sindicada durante la próxima semana. La citación será enviada al departamento de Santa Cruz, donde reside actualmente la exministra.

Antecedentes del caso

Achacollo ya había sido procesada anteriormente por irregularidades en el Fondo Indígena. En el pasado, estuvo encarcelada, pero ahora se le involucra en una nueva investigación que también afecta a Lidia Patty y Luis Arce Catacora.

Motivos de la investigación

Según el fiscal, la decisión de incluir a Achacollo en el caso actual se basa en su participación en el Directorio del Fondo Indígena. Se alega que firmó contratos a pesar de ser consciente del incumplimiento de proyectos.

El escándalo del Fondioc

Achacollo ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Rural en 2015, año en que estalló el caso Fondioc. En esta situación se descubrieron desembolsos que se realizaron a cuentas particulares de dirigentes para obras que resultaron ser inexistentes o “fantasma”.

En el marco de este escándalo, Achacollo estuvo bajo detención preventiva, aunque posteriormente se le otorgó el arresto domiciliario.

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Intervención tardía del Ministerio Público

El fiscal general, Roger Mariaca, indicó que el Ministerio Público se enteró del caso casi un mes y medio después de que el jet privado, procedente de Estados Unidos, aterrizara en el país. En este vuelo viajaron la exdiputada Laura Rojas y otras personas.

El fiscal también mencionó que, si la denuncia se hubiera presentado a tiempo, el caso podría haberse aclarado en un plazo de 24 a 48 horas. Esto habría permitido realizar aprehensiones en flagrancia y determinar el contenido de las maletas.

Información en manos del Gobierno

Según un reporte, el Ministerio de Gobierno tuvo conocimiento del hecho durante la primera semana de diciembre. El ministro Marco Antonio Oviedo explicó que, tras recibir un informe de Inteligencia entre 10 y 12 días después del aterrizaje del vuelo, se dio la instrucción a las instancias policiales para iniciar investigaciones.

No obstante, estas indagaciones se llevaron a cabo sin la participación del Ministerio Público y sin que se informara de inmediato a esta entidad sobre el caso.

Reconocimiento de fallas

Oviedo admitió que lo ideal habría sido intervenir antes, pero argumentó que las órdenes se emiten cuando la información llega a su despacho. Además, mencionó que Inteligencia detectó irregularidades en el manejo del equipaje, como la falta de retiro inmediato de las maletas y la ausencia de controles por escáner en el aeropuerto de Viru Viru.

Pasos progresivos del Gobierno

El Presidente Rodrigo Paz también reconoció que el Gobierno manejaba información sobre el caso desde semanas atrás y que se fueron dando pasos progresivos para entender la estructura involucrada. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido el paradero ni el contenido de las maletas, que ingresaron al país sin ser requisadas debido al uso de pasaporte diplomático por parte de Rojas.

Detenciones y hallazgos

En la actualidad, cinco personas se encuentran bajo detención preventiva, entre ellas Rojas, el juez Herbet Zeballos, dos socios de una empresa de seguridad y el cuidador de un galpón donde las maletas fueron trasladadas un día después de su arribo. Un allanamiento realizado el 21 de enero de 2026 no logró encontrar el equipaje, pero sí se hallaron más de 70 kilos de marihuana.

La Fiscalía también informó que una de las personas clave en este caso, Gabriel Giuliano Leone, quien llegó al país en el jet privado, salió de Bolivia el 3 de diciembre de 2025 por una frontera con Paraguay. Desde entonces, su paradero es desconocido. El Ministerio Público ya ha emitido una orden de aprehensión en su contra.

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Según explicó el fiscal Gustavo Chambi, el hecho se registró aproximadamente a las 22:00 horas. La mujer regresaba a su hogar junto a su hija cuando, a pocos metros de llegar, ambas fueron interceptadas por un sujeto. Este individuo, tras saludar a la víctima, dio unos pasos hacia atrás y abrió fuego contra la madre y la menor, para luego huir con rumbo desconocido.

Consecuencias del ataque

Como resultado del ataque, la niña recibió 3 impactos de bala: 2 en la cabeza y 1 en el tórax. Estos disparos causaron orificios de entrada y salida, lo que provocó su muerte instantánea, según el informe de la autopsia médico legal.

La madre, por su parte, sufrió 4 impactos de proyectil, uno de ellos en el rostro de manera lateral. Afortunadamente, esto evitó que se afectaran órganos vitales. Actualmente, ella permanece internada en un centro de salud y su estado clínico es estable.

Acciones de la madre

Chambi también mencionó que, a pesar de sus heridas, la mujer logró desplazarse hasta su hogar y pedir auxilio a sus familiares. Estos la trasladaron de inmediato a un nosocomio, lo que permitió salvarle la vida. La mujer ha brindado un primer testimonio, aunque se encuentra en estado de shock. Se prevé que su declaración se amplíe cuando su condición lo permita.

Investigación en curso

El Ministerio Público también informó que el padre de la niña, quien es expareja de la mujer, ya se encuentra en la ciudad de La Paz. Este será convocado para prestar declaración informativa como parte de las diligencias. De manera preliminar, se ha descartado un posible robo, ya que no se sustrajeron pertenencias personales de las víctimas.

Aprehensión del sospechoso

El fiscal Chambi confirmó que ya hay un aprehendido, quien sería el actual concubino de la mujer. Sin embargo, remarcó que el caso se encuentra en etapa investigativa y que no se descarta la participación de otras personas ni ninguna hipótesis.

La Fiscalía ya ha imputado al sujeto y ha solicitado su detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

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Denuncia de allanamiento ilegal

Laura Rojas, la exdiputada, ha denunciado que sufrió un allanamiento ilegal en su vivienda. Por otro lado, la Fiscalía ha reportado el descubrimiento de 79 kilos de marihuana durante una intervención que formaba parte de un caso de tráfico de armas.

El documento emitido por el Ministerio Público indica que Rojas debe presentarse a las 10:00 horas. El miércoles, la exdiputada expresó que considera que hay un intento de perjudicar su candidatura.

Hallazgo de marihuana

La Fiscalía ha informado que, durante un allanamiento, se encontró marihuana. “La Felcc entra a una empresa de seguridad y, efectivamente, pillan sustancias”, declaró el fiscal Julio César Porras.

Tras esta intervención, se procedió a la aprehensión del guardia de seguridad que se encontraba en el lugar.

Propiedad del hallazgo

Se maneja información que sugiere que el lugar donde se realizó el hallazgo de la marihuana está registrado a nombre de un funcionario del Órgano Judicial.

Investigación en curso

El fiscal Porras aclaró que Laura Rojas no está siendo investigada en el caso de tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, se ha abierto una investigación por presunto tráfico de armas, que está siendo llevada a cabo por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

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Detalles de la audiencia

La audiencia se llevará a cabo de manera presencial en la ciudad de La Paz. Miguel Cardozo, el fiscal de materia, ha confirmado que la Fiscalía pedirá la detención preventiva de Arce Mosqueira por un periodo de 6 meses.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó tras la detección de que Arce Mosqueira posee un patrimonio que no se corresponde con los ingresos económicos que ha declarado. Según los actos investigativos, se ha establecido que el investigado aparentemente adquirió un departamento tipo penthouse y 2 vehículos de alta gama en La Paz, además de otros 7 bienes inmuebles en el departamento de Santa Cruz.

Estos elementos son parte del cuaderno de investigaciones que respalda la imputación formal en su contra.

Paradero del imputado

El representante del Ministerio Público ha señalado que actualmente se desconoce el paradero de Arce Mosqueira. Se indicó que será citado en su domicilio conocido, aunque no se tiene confirmación sobre si se encuentra o no en territorio nacional.

En caso de que no se presente a la audiencia cautelar, la Fiscalía solicitará que se le declare rebelde y se emita el correspondiente mandamiento de aprehensión.

Declaración de la pareja

Además, Cardozo ha informado que la pareja de Arce Mosqueira ha sido citada para prestar su declaración en calidad de testigo. Esto forma parte de las diligencias que buscan esclarecer el origen de los bienes que están siendo investigados.

Continuación de las investigaciones

La Fiscalía ha señalado que las investigaciones siguen en curso y que será la autoridad judicial la encargada de definir la situación legal del imputado tras la audiencia cautelar.

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El hecho ocurrió la noche del jueves 15 de enero de 2026. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que hasta el momento no se han identificado a los autores del crimen. Sin embargo, se están realizando pericias y actos investigativos para esclarecer el caso.

Hipótesis en investigación

Mariaca señaló que ambas hipótesis están siendo analizadas por unidades especializadas y que no se descarta la aparición de nuevas líneas de investigación a medida que avancen las diligencias.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Burgos Lola, de 26 años. Él se encontraba a bordo de su vehículo junto a su pareja al momento del ataque. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, al menos 2 vehículos interceptaron el motorizado, de donde salieron varios sujetos armados que dispararon contra el conductor.

Detalles del ataque

De acuerdo con el reporte fiscal, el joven intentó escapar retrocediendo con su vehículo, pero terminó colisionando contra un promontorio de tierra. Fue en ese momento que fue alcanzado por los disparos. Posteriormente, los atacantes se acercaron al motorizado y sustrajeron el teléfono celular y otras pertenencias de la víctima antes de huir.

Burgos fue trasladado por un familiar a una clínica privada, donde se confirmó su fallecimiento. El informe forense estableció como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico penetrante provocado por un proyectil de arma de fuego. La acompañante del joven sobrevivió al ataque y presentó lesiones producto de los impactos y de los vidrios del vehículo.

Declaraciones y allanamientos

La Fiscalía informó que la novia de la víctima y su hermano prestaron declaración ante los investigadores para aportar información sobre lo ocurrido. Asimismo, se realizaron allanamientos y el vehículo de la víctima, junto a otro motorizado, fue precintado y trasladado a dependencias policiales para su respectiva requisa.

El fiscal general descartó vínculos del fallecido con actividades de narcotráfico. Además, señaló que, aunque existió una denuncia en su contra por un presunto hecho de violación en 2023, esta fue rechazada. Las investigaciones continúan y hasta el momento no se han reportado personas aprehendidas por este caso.

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El fiscal Rolando Díaz explicó que los indicios apuntan a que la niña pudo haber sido llevada a una vivienda cercana al lugar donde fue encontrado su cuerpo. “El análisis de la evidencia nos lleva a pensar que la menor estuvo en una casa próxima y luego fue dejada en el sitio donde apareció, ya sea durante la noche o la madrugada”, afirmó Díaz.

Progreso en el caso

Díaz indicó que el cuaderno de investigaciones ya cuenta con más de 200 hojas. Este documento incluye declaraciones ampliadas de familiares, vecinos y personas cercanas a la niña. También se han recogido pruebas forenses, como la autopsia y el hisopado vaginal, que son esenciales para cruzar la información recabada.

Descartando el secuestro

Sobre la versión inicial de un supuesto secuestro en un vehículo, el fiscal aclaró que esa línea de investigación ha quedado casi completamente descartada. Esto se debe a la identificación de un motorizado con características similares y la posterior detención de sus ocupantes, quienes fueron desvinculados del caso tras prestar sus declaraciones.

Posible ubicación del responsable

La Policía considera que el responsable del crimen no abandonó el barrio y que podría seguir en la zona. Esto se debe a que debía existir un nivel de confianza con la niña para poder trasladarla. El fiscal añadió que se investiga principalmente a una persona, aunque no se descarta la participación de terceros en etapas posteriores.

Solicitud de información

Finalmente, la Fiscalía ha hecho un llamado a quienes tengan información sobre el caso para que colaboren con las pesquisas. “Quien oculte datos relevantes se convierte en cómplice y enfrentará la justicia”, advirtió Díaz.

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Según la información oficial, el Ministerio Público sospecha que el testigo mintió al afirmar que un hombre descendió de un vehículo blanco y se llevó a la menor. En este contexto, las autoridades han dejado sin efecto la hipótesis del rapto y continúan el proceso bajo la acusación de infanticidio.

“Hemos estado descartando hipótesis, como ser la del vehículo blanco, el de un minibús blanco. (Además) se descarta el rapto. Aquí han acabado con una vida a causa de la violación de una menor de edad”, remarcó el fiscal a cargo del caso, Adalid Díaz, según citó Unitel.

Desarrollo de la investigación

El fiscal Adalid Díaz explicó que durante el avance de las investigaciones se han ido descartando varias versiones iniciales. Entre ellas, la del supuesto vehículo blanco tipo minibús o ambulancia. En este caso, se investiga la muerte de la menor como consecuencia de una agresión sexual.

El cuerpo de Yuvinca fue encontrado el 9 de enero de 2026, tres días después de que se denunciara su desaparición, en una zona cercana a donde fue vista por última vez. La autopsia estableció que la niña fue víctima de agresión sexual y posteriormente estrangulada con un cinturón.

Identificación de vehículos

La Fiscalía también informó que se logró identificar a los ocupantes de una furgoneta blanca que circulaba por el sector. Estos ocupantes aparentemente no tienen relación con el caso, ya que el vehículo pertenece a una empresa que transitaba habitualmente por la zona.

De igual forma, se ubicó a los ocupantes de una vagoneta blanca que fue captada por cámaras de seguridad, descartándose también su vinculación con el hecho.

Nuevas hipótesis en la investigación

Entre las nuevas hipótesis que maneja el Ministerio Público se encuentra la posibilidad de que el crimen haya ocurrido en otro lugar y que el cuerpo fuera trasladado posteriormente al sitio donde fue hallado. El fiscal señaló que se presume que el agresor acabó con la vida de la menor para evitar ser reconocido.

En este marco, la Fiscalía convocó a vecinos y personas que viven en el área a colaborar con la investigación. Se les pide que se presenten a declarar si cuentan con información relevante sobre hechos o movimientos sospechosos registrados en los días previos al hallazgo.

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Aramayo, una persona cercana al presidente Rodrigo Paz, perdió la vida debido a los impactos de bala que afectaron órganos vitales. Esta información fue confirmada por el fiscal departamental Juan Ernesto Mogro, quien describió el hecho como un crimen “bien planificado”.

“Ha sido alcanzado lamentablemente por dos proyectiles. Uno ingresó por la región torácica y quedó alojado en el cuerpo; el segundo tuvo orificio de salida por la región parietal izquierda”, explicó la autoridad.

Investigaciones en curso

Las investigaciones siguen su curso en colaboración con la Policía Boliviana, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del crimen. Aunque se están considerando varias hipótesis, el fiscal prefirió no adelantar conclusiones para evitar entorpecer el proceso.

“Creemos que este hecho lamentable ha sido bien planificado”, reiteró Mogro.

Declaraciones de testigos

Durante la mañana del viernes, la Fiscalía tomó declaraciones informativas de personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar del crimen. Estos testimonios serán fundamentales para reconstruir lo sucedido y avanzar en la investigación.

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Según el fiscal encargado del caso, Daniel Lobo, el joven habría contactado a la menor a través de redes sociales. Allí, comenzó una relación de amistad y logró ganarse su confianza mediante regalos y obsequios.

Posteriormente, el conscripto citó a la adolescente en las cercanías del Zoológico y luego la llevó a comer al mercado La Ramada. Después de varias horas juntos, convenció a la menor de no regresar a su hogar. Al día siguiente, la llevó a una agencia de empleos, desde donde fue enviada a trabajar en diferentes lugares.

Agresión y rescate

Al no tener un lugar donde pasar la noche, el joven llevó a la menor a la casa de un familiar, donde ocurrió la agresión sexual. Días después, la adolescente fue encontrada trabajando en una pollería. Fue en ese momento que relató lo sucedido a las autoridades, lo que permitió su rescate y la captura del acusado.

Imputaciones y declaraciones

El fiscal informó que el joven fue imputado inicialmente por violación y por trata con fines de explotación laboral. Sin embargo, aún se investiga el grado de participación del acusado en este último delito.

“Él está imputado por trata, con fines de explotación laboral. Eso vamos a determinar, obviamente, el grado de participación. Pero lo que sí es cierto es por el delito de violación”, declaró el fiscal a Unitel.

Próximos pasos en la investigación

El conscripto fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para prestar declaración. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez cautelar.

Además, el encargado de la agencia de empleos fue citado a declarar y será investigado por presunta explotación laboral. Las autoridades han señalado que se esperan nuevos avances en el caso a medida que continúen las diligencias.

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Procesos penales en curso

Según el reporte de la Fiscalía, hay al menos cuatro procesos penales activos que involucran a diferentes grupos de aprehendidos. En uno de los casos, cuatro marchistas han sido imputados por instigación pública a delinquir. Esto se debe a su supuesta participación en destrozos y al uso de petardos durante los enfrentamientos con la Policía y transeúntes. En este proceso, la Fiscalía ha solicitado la aplicación de detención domiciliaria como medida cautelar.

Otro caso involucra a un marchista del sector fabril, quien fue aprehendido en las inmediaciones del Obelisco. Este individuo está sindicado por instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado, tras el deterioro de una motocicleta policial.

Aprehensiones del sector minero

Además, se reportó la aprehensión de dos personas del sector minero de Huanuni. Estas personas fueron encontradas en posesión de petardos, piedras y hondas. Para ellos, se prevé la solicitud de medidas sustitutivas a la detención. Un proceso adicional está relacionado con daños a jardineras de la avenida Mariscal Santa Cruz, cuya denuncia fue presentada por la Alcaldía de La Paz.

Detalles de las aprehensiones

De manera paralela, la Policía ha informado que el total de personas aprehendidas asciende a 12, de las cuales 9 son varones y 3 son mujeres. Estas personas permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) mientras se define su situación jurídica en audiencias cautelares.

Heridos en los disturbios

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reportó que 2 ciudadanos resultaron heridos por explosiones de dinamita durante los disturbios y fueron trasladados a centros médicos. La autoridad señaló que los heridos no estaban vinculados a las protestas y que las investigaciones buscan establecer responsabilidades por el uso de explosivos, cuyo empleo está prohibido por ley en manifestaciones.

Refuerzo de seguridad en La Paz

Las autoridades policiales han indicado que se mantiene un refuerzo del dispositivo de seguridad en el centro paceño. Esto incluye el despliegue de efectivos para resguardar el orden público, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público y se aguardan las audiencias cautelares de los aprehendidos.

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“Tenemos todos los descargos correspondientes”, afirmó el exgerente de Emapa al salir de las oficinas de la Fiscalía de La Paz, donde fue aprehendido.

Flores también mencionó que posee informes técnicos legales que respaldan su posición, los cuales ya han sido entregados al Ministerio Público. En un breve contacto con la prensa, aseguró: “Los informes ya están con el Ministerio Público”.

Detalles de la aprehensión

El exgerente indicó que se presentó ante el Ministerio Público, aunque no está claro si lo hizo de manera voluntaria o si la Policía lo detuvo en otro lugar.

La Fiscalía comunicó que la orden de aprehensión de Flores se llevó a cabo en el contexto de su declaratoria en rebeldía, relacionada con un caso de supuestas irregularidades en la fábrica de procesamiento de papa, ubicada en la ciudad de El Alto. Flores fue declarado en rebeldía el 28 de noviembre de 2025, después de no cumplir con su detención domiciliaria.

Procesos legales en su contra

El Ministerio Público informó que Franklin Flores enfrenta al menos 6 procesos investigativos y tiene 4 órdenes de aprehensión vigentes.

Flores deberá esperar su audiencia de revocatoria de medidas cautelares, en la que la Fiscalía solicitará su detención preventiva por un período de 180 días.

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La Fiscalía ha solicitado de manera formal al órgano jurisdiccional que se imponga una detención preventiva de 180 días para ambos sospechosos. Esto se hace mientras se espera el inicio de la audiencia de medidas cautelares.

La solicitud de seis meses de reclusión tiene como objetivo asegurar la continuidad de las pericias, especialmente ante la cercanía del feriado judicial. Según la Fiscalía, la detención preventiva es esencial para reducir riesgos procesales, como la posible fuga de los imputados o la obstaculización del proceso, mientras se determina con precisión el grado de participación de cada uno en este violento hecho.

Consternación en la comunidad

Este caso ha generado una gran consternación en la zona del Plan Tres Mil y en toda la capital cruceña debido a la brutalidad empleada. La víctima fue hallada sin vida en el interior de un freezer de color rojo, y presentaba evidentes signos de violencia que confirman que se trató de una muerte violenta antes de ser ocultada en el electrodoméstico.

Próxima audiencia judicial

Las autoridades judiciales están a la espera de que se defina la hora para la audiencia, donde un juez cautelar decidirá si los acusados serán enviados a un centro penitenciario bajo los términos solicitados por el Ministerio Público. Por el momento, los imputados permanecen bajo custodia policial mientras se determina su situación jurídica en relación a este crimen que ha impactado a la población cruceña.

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La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, destacó que este despliegue responde a una instrucción directa del fiscal general, Roger Mariaca. El objetivo es fortalecer el control en zonas críticas y ofrecer una respuesta penal con enfoque de derechos humanos.

Intercepción de vehículo

Uno de los resultados de la intervención fue la interceptación de un vehículo en la ruta La Paz–Desaguadero. En su interior se encontraban 10 personas que habían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo. Según las investigaciones preliminares, el objetivo de los captores no era el trabajo convencional, sino la sustracción de datos biométricos.

Las víctimas eran trasladadas para realizarles el escaneo del iris con fines presuntamente ilícitos. Este aspecto del operativo pone de manifiesto la gravedad de la situación en la que se encuentran muchas personas que buscan empleo.

Centros de explotación sexual

El operativo también puso el foco en centros de explotación sexual. En la zona Norte de la ciudad de Oruro, específicamente en el sector del Casco del Minero, el personal policial logró rescatar a un menor de edad del interior de un lenocinio. Situación similar se registró en la ciudad de Potosí, donde se rescataron a 2 menores de edad.

De manera paralela, las autoridades procedieron a la clausura de varios establecimientos por incumplimiento de protocolos de atención, faltas graves a las normas de salubridad y presencia de menores. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la explotación de personas vulnerables.

Compromiso contra el crimen

“Este operativo sin precedentes nos permitió rescatar víctimas, ejecutar aprehensiones y reforzar el control en espacios de alto riesgo. Demostramos un compromiso real contra el crimen transnacional”, afirmó la fiscal Rocha.

El éxito de las intervenciones fue fruto de la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Boliviana, Migración, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). Esta colaboración es esencial para abordar un problema tan complejo como la trata de personas.

Consejos a la población

Las autoridades instaron a la población a desconfiar de ofertas laborales que exijan traslados inmediatos o la entrega de datos personales y biológicos. Recordaron que la lucha contra la trata es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.

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El fiscal Miguel Cardozo informó que, tras someter a Patty a una valoración médica profesional, su cuerpo no presenta heridas, contusiones ni rastros de violencia. Aunque la exlegisladora sí tiene una fractura en la pierna, el examen médico confirmó que esa lesión es antigua y ya existía mucho antes de su aprehensión, por lo que no tiene relación con el operativo policial.

Decisión crucial para Luis Arce

Este miércoles debía tomarse una decisión importante para el expresidente Luis Arce: la “excepción de incompetencia”. La defensa de Arce busca que el caso sea llevado a un juicio de responsabilidades debido a su cargo como exmandatario, en lugar de ser juzgado por la justicia común.

Sin embargo, la audiencia se ha postergado para el próximo lunes. Esto se debe a que la Fiscalía recién fue notificada sobre las pruebas presentadas por los abogados de Arce y necesita tiempo para revisarlas adecuadamente.

Investigación por corrupción

Lidia Patty y Luis Arce están siendo investigados por el depósito de 700.000 bolivianos directamente en la cuenta personal de la exlegisladora. Este dinero estaba destinado a financiar un proyecto de cultivo de tomates para 8 comunidades, pero el proyecto está bajo sospecha de corrupción.

La Fiscalía señala al expresidente por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Este cargo se remonta a su tiempo como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, ya que se sospecha que autorizó desembolsos millonarios del Fondo Indígena sin los controles necesarios, lo que permitió el desvío de dinero.

Expectativa para el lunes

La atención está centrada en el lunes, cuando se decidirá si el proceso contra Luis Arce continúa en la justicia ordinaria o si cambia de rumbo. Mientras tanto, la defensa del expresidente ha expresado su preocupación por su estado de salud y su seguridad dentro del penal de San Pedro, temas que también podrían ser discutidos en las próximas horas.

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La cita se llevará a cabo en la Fiscalía de la ciudad de El Alto, donde Ayala deberá comparecer en calidad de testigo en el marco de una investigación penal compleja.

Investigación por denuncias

Esta investigación fue iniciada tras una denuncia presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Logística, que busca esclarecer hechos que podrían haber comprometido los recursos y la seguridad del país.

Entre los delitos que se mencionan en el expediente se encuentran el mal manejo de recursos financieros del Estado, incumplimiento de deberes, sabotaje y atentado contra servicios públicos. Estas acciones ponen en riesgo tanto el suministro como la infraestructura de los hidrocarburos, incluyendo gas y gasolina.

Consecuencias de no presentarse

La Fiscalía ha advertido que, si Ayala no se presenta sin una justificación válida, podría emitirse una orden de aprehensión para obligarla a declarar.

Esta citación se produce en un momento de alta tensión para la autoridad, quien asumió el cargo el 10 de noviembre. Su nombramiento ha sido objeto de críticas por parte de legisladores de oposición y del propio vicepresidente, Edmand Lara, debido a su trayectoria profesional.

Trayectoria de Margot Ayala

Margot Ayala trabajó durante 10 años, desde 2009 hasta 2019, en cargos jerárquicos durante el gobierno de Evo Morales, incluyendo su función como viceministra de Industrialización.

Los legisladores han cuestionado que una exautoridad del Movimiento Al Socialismo (MAS) esté ahora al frente de la ANH e integre comisiones que investigan, de manera irónica, irregularidades en el sector de hidrocarburos de años anteriores.

Defensa de su integridad

Ante los señalamientos, Margot Ayala ha defendido su integridad, asegurando que su carrera ha sido técnica y legal. Ella afirma que incluso llegó a renunciar o fue despedida en el pasado cuando detectó irregularidades.

En la actualidad, la directora sostiene que tiene la “conciencia tranquila” y ha puesto su cargo a disposición del Presidente Rodrigo Paz, quien deberá decidir si ella continuará en la institución tras su declaración ante la justicia.

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El fiscal Miguel Cardozo informó que “se le va a citar a Achacollo en principio en calidad de testigo”. Agregó que, tras las investigaciones y la documentación que está llegando al Ministerio Público, se determinará su situación jurídica.

Antecedentes del caso Fondioc

Achacollo ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Rural cuando se destapó el caso Fondioc. En este caso, se describieron desembolsos a cuentas particulares de dirigentes para obras que resultaron ser inexistentes o “fantasma”. Aunque estuvo bajo detención preventiva, posteriormente se le otorgó el arresto domiciliario.

En la investigación abierta recientemente, el principal implicado es Luis Arce. Como exministro, él consintió los desembolsos a cuentas particulares. En total, hay 7 implicados en este caso, según lo informado por Erbol.

Órdenes de apremio vigentes

El fiscal Cardozo también indicó que existen órdenes de apremio vigentes contra exautoridades que están relacionadas con este caso. Además, anunció que se convocará a declarar a muchas personas, incluyendo exdirigentes.

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Operativo en YPFB

Este operativo se realiza en el contexto de una investigación que surge a raíz de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en contra del director distrital de Redes de Gas Chuquisaca.

El fiscal de materia, Javier Gorena, explicó que el objetivo del registro es recopilar documentación, equipos informáticos y cualquier evidencia que sea relevante para la investigación.

Detalles de la denuncia

La denuncia menciona que el director investigado ha recibido sumas de dinero en sus cuentas bancarias. Además, se ha observado que los montos que maneja no coinciden con sus ingresos salariales, lo que ha generado preocupación debido a un “incremento desproporcionado” en su patrimonio. Esto incluye la adquisición de bienes inmuebles que no tienen justificación.

Falta de presencia del director

En el momento de la intervención, el director distrital no se encontraba en su oficina. El fiscal Gorena expresó: “Se ha venido a citar al denunciado. No obstante, nos sorprende que en horario laboral no esté en su oficina”.

Acciones legales en curso

Debido a la ausencia del director, la Fiscalía está tramitando la activación de una alerta migratoria en su contra. Esto implica que se están tomando medidas para evitar que el investigado pueda salir del país.

Además de la búsqueda de evidencias, la Fiscalía ha notificado a cinco personas de la institución para que presenten sus declaraciones informativas en las dependencias de la Felcc durante el transcurso de la investigación.

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Ambos, Aguilera y Russo, deberán acudir este día ante el fiscal Róger Rosas Iglesias, quien se especializa en delitos contra la integridad personal. Su comparecencia es para responder a la denuncia realizada por el coronel Pavel César Vásquez Pastor, quien los acusa de discriminación y otros posibles delitos que estarían relacionados con gestiones anteriores.

Defensa de Jhonny Aguilera

Aguilera ha manifestado: “Voy a ir, no tengo ningún problema. Entregaré pruebas de que todo es falso”. Este exviceministro, que también fue comandante general de la Policía, enfatizó que no tiene razones para no presentarse ante la Fiscalía. Asimismo, desmintió los rumores que circulan sobre una supuesta intención de abandonar el país.

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Comunarios heridos aprehendidos

Simultáneamente, dos comunarios que resultaron heridos, Cristian E.P. y Mauricio O.H., fueron aprehendidos en el hospital. Ambos han sido citados para una audiencia cautelar virtual que se llevará a cabo este miércoles a las 11:00 horas. Se les investiga por instigación pública a delinquir.

Investigación anticorrupción

Además, la Fiscalía ha abierto una nueva línea de investigación anticorrupción. Esto se debe a la presencia de vehículos municipales con promontorios de tierra en la zona, lo que podría constituir el delito de uso indebido de bienes del Estado.

Detalles del incidente

El Inspector General de la Policía, general Gunther Agudo, ha detallado que el oficial fue herido con 18 esquirlas. Este hecho fue calificado como una emboscada que involucró el uso de dinamita por parte de los manifestantes.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, explicó que, tras ser operado, el subteniente declaró que usó su arma de fuego en una situación que lo obligaba a hacerlo. Aunque el uso de armas está prohibido en estos operativos, la Fiscalía evaluará si actuó en defensa propia. Mientras tanto, el oficial enfrentará un proceso disciplinario interno.

Colaboración de autoridades municipales

La Fiscalía ha incluido a especialistas anticorrupción para investigar las imágenes que muestran vehículos de gobiernos municipales en el lugar del bloqueo. Tejerina instó a las autoridades municipales de Quillacollo y Colcapirhua a deponer actitudes y colaborar con la investigación. Esto es crucial para esclarecer el uso de estos motorizados en el conflicto limítrofe.

Varias líneas de investigación

La Fiscalía maneja tres líneas de investigación tras los hechos ocurridos el lunes. Estas son: la muerte de dos personas, las lesiones graves y leves, y la instigación pública a delinquir.

En total, hay alrededor de 8 personas aprehendidas. La Policía ha señalado que estas personas fueron encontradas en flagrancia. Además, 3 de ellas fueron capturadas con un dron, artefactos explosivos y 20,000 bolivianos, que se presume eran para pagar a los movilizados.

Los dos comunarios heridos, que se encuentran internados en el hospital Benigno Sánchez, fueron notificados. Se les practicaron pruebas de guantelete para determinar si habían manejado pólvora.

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Eduardo Mérida, abogado de los pobladores, informó que hoy ingresarán 4 fiscales al lugar. Además, se espera la presencia del fiscal departamental, el viceministro del Régimen Interior y los alcaldes de la zona. También estarán presentes las víctimas, quienes acompañarán el registro del lugar donde sucedieron los hechos.

El objetivo de esta visita es determinar las circunstancias en las que ocurrieron los incidentes y el lugar exacto donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, según lo reportado por Unitel.

Videos de testigos

Mérida mencionó que en las últimas horas han comenzado a aparecer videos grabados por testigos. En estos videos, aparentemente se pueden identificar a los posibles autores de los disparos contra los pobladores.

“La novedad es que, como los comunarios están empezando a dar vídeos y están empezando a identificar personas, testigos, estamos hablando de un contingente policial. Se está logrando identificar videos y eso es lo que van a entregar hoy en la inspección al fiscal departamental: el rostro de los posibles autores, de esos policías que han estado sin piedad manipulando armas de fuego”, explicó el abogado.

Responsabilidad de la Policía

A pesar de las acusaciones, el abogado aclaró que no se busca dañar la imagen de toda la Policía. Según él, no todos los efectivos portaban armas de fuego, por lo que esperan que aquellos que sí atacaron a los pobladores asuman la responsabilidad por sus actos.

“Me han pasado un par de vídeos y precisamente, apenas lleguen los fiscales, se les va a hacer conocer este extremo. No son todos, pero hay algunos que han estado con brutalidad desproporcionada en relación a policías armados frente a campesinos, porque no vamos a dañar a toda una institución del orden; son algunos y con fotografía vamos a mostrar”, agregó Mérida.

Contexto del enfrentamiento

El incidente se registró la mañana del lunes 8 de diciembre, cuando un contingente policial llegó al ingreso del botadero de Cotapachi para desbloquear la zona. Un grupo de pobladores había impedido el paso durante 12 días.

Durante la intervención, los movilizados lanzaron petardos e hicieron explotar dinamita como advertencia. En respuesta, los efectivos policiales utilizaron agentes químicos, lo que desató un enfrentamiento.

Como resultado de este conflicto, se confirmó la muerte de 2 personas y más de 10 heridos, entre ellos policías.

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La solicitud de detención preventiva para los implicados se realiza en el marco de una investigación que involucra a un total de 10 personas. Además de Dorgathen, están imputados Gabriela Delgadillo, quien era gerente de Industrialización; Julio César Camargo, exgerente de YPFB Refinación; y Omar Alarcón, que también fue gerente de YPFB Refinación antes de asumir como presidente de Yacimientos de Litio.

También están implicados Luis Rolando Sánchez, que era gerente de Planificación, y Miguel Ángel Colque, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Operaciones. La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de 4 meses para todos los implicados, en el penal de San Pedro para los varones y en Obrajes para la mujer.

Razones de la imputación

El fiscal Omar Yujra explicó que Delgadillo está implicada porque su unidad era responsable de realizar el requerimiento de compra de combustibles a Botrading. Por otro lado, el resto de los imputados habría firmado contratos en representación de la empresa observada, según informó Erbol.

El delito imputado es de incumplimiento de deberes. Sin embargo, dependiendo de cada sindicado, se les atribuyen otros tipos penales, como conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y obstrucción a la justicia. En total, hay 10 investigados en este caso.

Estado de los otros implicados

El fiscal indicó que ya están cautelados el exgerente de YPFB Logística, Félix Taca, y la exgerente legal, Cinthia Pedraza. En cuanto a la ciudadana paraguaya que supuestamente se prestó para establecer Botrading, el fiscal explicó que se requiere cooperación de la Fiscalía en Paraguay.

Se espera que esta ciudadana pueda declarar para febrero de 2024. Actualmente, el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, ha fugado a Brasil, según informó la semana pasada el ministro de Gobierno.

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Detalles de la orden de aprehensión

La medida fue confirmada por el fiscal Miguel Cardozo, quien está a cargo del caso. La decisión de emitir la orden de captura se tomó después de que Patty no se presentara a comparecer ante el Ministerio Público, a pesar de haber recibido varias citaciones. Esta falta de comparecencia llevó a la Fiscalía a considerar que existía un riesgo de fuga y de obstaculización en la investigación.

El fiscal Cardozo también indicó que la Policía Boliviana ha sido notificada y está lista para ejecutar la orden de aprehensión. Asimismo, se ha gestionado una alerta migratoria para impedir que Lidia Patty salga del país.

Delitos imputados

La exdiputada enfrenta acusaciones por la comisión de delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La investigación se centra en un proyecto que fue financiado por el Fondo Indígena entre 2009 y 2011. Este proyecto estaba destinado a la producción de tomates y hortalizas en 8 comunidades rurales y requería una inversión total de más de Bs 1 millón.

Sin embargo, el fiscal Cardozo detalló que se ha establecido que Lidia Patty posiblemente recibió personalmente una suma significativa de dinero. “Se tiene ya establecido que habría recibido más de Bs 700.000 en su cuenta”, afirmó Cardozo, lo que ha generado preocupación en torno a la gestión de estos fondos.

Investigación en curso

La Fiscalía argumenta que este dinero fue desembolsado a pesar de que el avance físico de los proyectos no superaba el 50%, lo que podría constituir un daño económico al Estado. Como parte de las diligencias investigativas, un equipo de la Fiscalía, acompañado por efectivos de la División Anticorrupción de la Policía, intervino las oficinas del Fondo Indígena en La Paz.

El objetivo de esta intervención fue secuestrar la documentación relacionada con los 8 proyectos que están bajo sospecha y verificar los depósitos realizados a las cuentas bancarias vinculadas con Patty. Esto busca consolidar los elementos de convicción necesarios para el caso.

Contexto del caso

Este proceso judicial reabre uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la gestión del expresidente Evo Morales, que involucró el desvío de recursos destinados al desarrollo de comunidades rurales. Tras la captura y comparecencia de Patty, el Ministerio Público deberá determinar si existen suficientes elementos para proceder con su imputación formal.

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El procedimiento se realizó en colaboración con efectivos de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El objetivo de esta acción fue reunir documentación relacionada con el caso que se está investigando.

Proyectos observados

El fiscal Miguel Cardozo recordó que hay un total de 8 proyectos que han sido observados. Estos proyectos deberían haber beneficiado a 8 comunidades, según la información proporcionada por Erbol.

“Entre los investigados se encuentra Lidia Patty, a quien se le habrían realizado diferentes depósitos en sus cuentas bancarias”, añadió el fiscal. El proceso en su contra se basa en el delito de incumplimiento de contratos, entre otros cargos.

No hay orden de aprehensión

Por el momento, Cardozo aclaró que no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra la exdiputada. Esto significa que, hasta ahora, no se ha tomado ninguna medida de detención en su contra.

Contexto del caso

Lidia Patty fue la persona que denunció el denominado caso Golpe de Estado, que tuvo lugar en 2019, durante la crisis política y social que enfrentaba el país. Su papel en esos eventos ha sido significativo y ha marcado su trayectoria política.

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“Ha prestado su declaración el señor Gonzalo Hurtado, quien fuera presidente del TCP en su momento. Hizo una presentación espontánea y se dispuso que pueda continuar en libertad”, indicó Mariaca a los medios de comunicación. La denuncia fue formalizada el 12 de noviembre de 2025 por las magistradas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes fueron electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024.

Otros exmagistrados implicados

La acción legal no solo afecta a Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, sino también a otros exmagistrados que ejercieron funciones bajo la figura de la prórroga de mandato. Estos son René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. Es importante recordar que estos exmagistrados “autoprorrogados” fueron cesados de sus funciones hace apenas 2 días, tras la finalización de sus mandatos.

Allanamiento en el TCP

En el contexto de estas investigaciones, el Fiscal General también confirmó que se realizó un allanamiento en las instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el día anterior. Mariaca detalló que la comisión de fiscales que lleva adelante las investigaciones realizó un registro del lugar y logró recolectar documentación importante relacionada con las denuncias presentadas contra las exautoridades judiciales.

Continuación del proceso

El proceso continúa abierto, y la Fiscalía tiene la intención de determinar la veracidad de las acusaciones de acoso político y falsedad ideológica en los próximos días. Las investigaciones están en marcha y se espera que se tomen decisiones importantes en relación con este caso.

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La intervención judicial se produce de manera inmediata tras el cese de funciones de estas exautoridades, una decisión tomada por salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz.

El fiscal de materia, Javier Gorena, junto con el fiscal Mario Durán, encabezaron el ingreso a las instalaciones del TCP. Gorena explicó que el propósito de esta acción es “reunir elementos” en el lugar de los hechos, con el respaldo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, para esclarecer los delitos que se les atribuyen a los exmagistrados.

“Lo que vamos a realizar es un actuado investigativo del registro del lugar del hecho. Hemos identificado algunas dependencias a las cuales vamos a ingresar,” precisó el fiscal Gorena.

Inicio de la investigación

La investigación penal se inició a raíz de una denuncia presentada el 12 de noviembre de 2025 por dos magistradas electas, Paola Prudencio y Amalia Laura.

La denuncia señala a cinco exmagistrados: Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Se les acusa por la resolución que permitió la prórroga inconstitucional de sus mandatos, lo que vulneró la Constitución.

Renuncias y cierre de oficinas

En medio de esta crisis, se conoció que dos de los exmagistrados mencionados, Yván Espada y Karem Gallardo, presentaron su renuncia irrevocable, aunque sus funciones ya habían sido cesadas.

El magistrado Ángel Davalos Rojas informó que las cinco oficinas de los exmagistrados serán cerradas hasta que la Fiscalía decida el futuro de la documentación, la cual, según reportes, intentó ser retirada el martes. La presidenta del TCP, Verónica Prudencio, también indicó que las oficinas ya estaban sin uso, ya que los exmagistrados solo acudían para reuniones internas.

Posibles juicios ordinarios

En el ámbito legislativo, asambleístas del oficialismo han adelantado que los cinco exmagistrados deben ser juzgados por la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades. Argumentan que, dado que sus mandatos ya habían cumplido el tiempo constitucional, los actos cometidos en los últimos 2 años carecen de privilegio constitucional y, por lo tanto, sus acciones ya eran ilegales.

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Los implicados actualmente enfrentan un proceso judicial por el delito de falsedad material. La fiscal a cargo del caso, Patricia Araoz, indicó el jueves 20 de noviembre que se buscará ampliar los delitos. “En primera instancia solamente los hemos procesado por el delito de falsedad material, pero a la presente causa la suscrita fiscal va a ampliar delitos en el sentido de que ha existido otro tipo de hechos más, como ser la falsificación de los sellos”, comentó Araoz.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó el 20 de octubre de 2025, tras la denuncia de una persona que reportó inconsistencias en un trámite de reconocimiento de firmas en Derechos Reales.

Después de un mes de indagaciones, la Fiscalía llevó a cabo 3 allanamientos el 19 de noviembre de 2025. Durante estos operativos, se secuestraron folios reales falsos, títulos académicos, planos modificados, sellos de instituciones públicas y privadas, computadoras, impresoras y otros elementos relacionados con la falsificación de documentos.

Aprehensiones y roles en la red

En el transcurso de los operativos, fueron aprehendidos 2 hombres y se identificó a una funcionaria de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial (DAF) como parte de la red de falsificación. La investigación preliminar reveló que esta funcionaria vendía hojas de folio real originales junto con sus carpetas, y que los implicados tenían roles específicos dentro de la estructura criminal.

El juez de Instrucción en lo Penal N° 2, Arnold Campos, determinó la detención preventiva de 6 meses para los 3 imputados por los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos. De los aprehendidos, 2 hombres fueron enviados al penal de San Pedro y la funcionaria a La Merced.

Entidades afectadas

Araoz explicó que las entidades afectadas son la Asociación de Notarios, la DAF, el Consejo de la Magistratura y la Alcaldía. Sin embargo, también mencionó que otras instituciones podrían sumarse a la lista a medida que se detecten documentos falsificados en sus registros.

Hasta el momento, ningún banco ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, a pesar de que, según las investigaciones, estas instituciones aparentemente eran uno de los principales objetivos de esta red criminal.

Próximos pasos en el proceso

La fiscal también informó que la defensa de los imputados ha apelado la resolución del juez cautelar, por lo que se programará una audiencia en una instancia superior.

La Fiscalía ha confirmado que la red operaba de manera organizada, con roles diferenciados: algunos miembros proporcionaban los materiales, otros se encargaban de la falsificación y otros ejecutaban los documentos para operaciones financieras. Araoz señaló que, a pesar de haber recibido amenazas, continuará con la investigación.

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Entre los imputados por este nuevo cargo se encuentran el exministro de Justicia, César Siles, los exvocales Claudia Castro e Yván Córdona y el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Campero.

La denuncia original, presentada a mediados de año, señala que estas personas actuaron de manera coordinada para presionar a un juez de provincia. El objetivo era direccionar una Acción de Cumplimiento para suspender la credencial de la magistrada titular Fanny Coaquira y, de esa forma, tomar control del cargo.

El fiscal Fernando Espinoza explicó la razón de la ampliación, determinando que hubo una coordinación entre los implicados y una división de roles específica para cometer el presunto ilícito.

El exministro Siles fue implicado en el caso tras conocerse el audio de una llamada donde presuntamente ofrecía protección al juez presionado, Fernando Lea Plaza, a cambio de que este emitiera el fallo instruido por el consorcio. El juez Lea Plaza colaboró con la investigación y reveló los vínculos del esquema. Sin embargo, en octubre, el magistrado perdió la vida en un suceso que las autoridades calificaron como suicidio.

Cuando el caso estalló en junio, provocó las renuncias de Siles como Ministro, así como de los exvocales Córdova y Castro, quienes también figuraban como parte del esquema.

Anteriormente, la investigación se centraba en los delitos de consorcio y tráfico de influencias, pero la ampliación a organización criminal ha extendido el plazo de investigación. Todos los implicados han sido convocados nuevamente a declarar y, en su totalidad, se acogieron al silencio.

Actualmente, solo la exvocal Castro cumple prisión preventiva en el penal de Obrajes. El exministro Siles y el resto de los implicados tienen detención domiciliaria. La única excepción es el abogado Antonio De la Fuente, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El fiscal anunció que, dada la gravedad de la nueva imputación, se analizará si corresponde solicitar nuevas medidas cautelares más severas contra los imputados.

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El Ministerio Público cuestionó la resolución y exigió explicaciones al juez por no haber sido notificados, así lo reportó El Deber.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, denunció públicamente que ni la Fiscalía ni la parte denunciante fueron notificadas para ejercer oposición en la audiencia constitucional, lo que califica como una grave omisión procesal.

“Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial de un fallo de acción de libertad dictada por el juez de Sentencia en lo Penal, mediante la cual se habría dispuesto la libertad del imputado. Llama la atención que, tras activar todos los mecanismos judiciales para su extradición, ahora se lo deje en libertad”, manifestó Zeballos.

La Fiscalía ya presentó un memorial ante el juez Herbert Zeballos Domínguez, del Juzgado de Sentencia Penal de la capital, solicitando que explique, complemente y aclare su decisión, así como las razones por las que se omitió notificar al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la parte civil.

El Fiscal General Róger Mariaca se sumó a las observaciones, instruyendo a la comisión de fiscales a revisar a detalle el fallo y coordinar con la víctima para definir los pasos a seguir. La Fiscalía también exigirá al Tribunal de Sentencia la pronta instalación del juicio oral, ya que el caso se encuentra en esta etapa por los delitos de violación a infante, niña, niño o adolescente y corrupción de menores.

La decisión del juez Zeballos, emitida el 1 de noviembre, revierte la detención preventiva que pesaba sobre Sebastián D. V. desde el 3 de abril, un día después de su llegada al país.

Sebastián D. V. había huido de Bolivia en 2023 para evadir la investigación tras la denuncia ocurrida en junio de 2023, un caso que conmocionó a Santa Cruz. Fue capturado en España en agosto de 2024 y su extradición a Bolivia fue un proceso legal complejo y costoso para el Estado.

La presunta agresión sexual involucra a un estudiante de 12 años que fue víctima de violación durante dos meses, presuntamente a manos de al menos cinco compañeros que utilizaban máscaras para cometer los abusos.

Mientras la Fiscalía insiste en continuar el proceso hasta una sentencia definitiva, el fallo que ordena su libertad desata gran preocupación entre la parte denunciante y la sociedad cruceña.

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Esta citación, emitida por la Fiscalía, obliga a Huarachi a comparecer en las oficinas del Ministerio Público. Se enmarca en una denuncia que fue admitida a mediados de octubre por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.

Detalles de la denuncia

El abogado que realizó la denuncia, Abel Loma, afirmó que existen pruebas contundentes que justifican la citación fiscal. Loma reveló que se adjuntó un documento notariado de una testigo, la señora Cortez, quien afirma haber entregado 40.000 bolivianos a Huarachi. Según la denuncia, estos fondos provendrían de coimas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

Además, el jurista agregó que, “aparentemente”, Huarachi recibió altas sumas de dinero tanto de particulares como de un funcionario de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Consecuencias de la inasistencia

La citación, que lleva la firma del fiscal Aldo D. Meza López, advierte a Huarachi que su inasistencia sin justificación podría resultar en la emisión de un mandamiento de aprehensión.

El abogado Loma también indicó que la comisión de fiscales tiene un plazo de 20 días para resolver la investigación. “Si logramos determinar elementos contundentes, vamos a solicitar resolución de imputación y aprehensión”, declaró Loma, enfatizando la gravedad del proceso.

Contexto de Huarachi

Huarachi, quien asumió el liderazgo de la COB en febrero de 2018, dejó el cargo el 9 de octubre de 2025. Deberá presentarse a la citación acompañado de su defensa técnica.

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“Queremos pedirle al Ministerio Público, señor Roger Mariaca (Fiscal General), así como se ocupa de los temas de violencia sexual, que es ponderable, de lo que es la política criminal respecto a avasallamientos y organizaciones criminales (la acción) es prácticamente nula. Entonces, por favor, sacúdase del yugo político”, expresó el jurista.

La Torre indicó que la Fiscalía de Guarayos se negó a recibir la denuncia de los propietarios de El Encanto, argumentando que debía ser presentada en Santa Cruz. Esto ha generado una gran aflicción en la familia afectada, que ha visto paralizadas sus labores agrícolas debido a esta situación, según lo reportado por Unitel.

Agresiones en el predio

Recientemente, los trabajadores del predio han denunciado agresiones y daños en el canal de drenaje del terreno, el cual fue bloqueado para facilitar el acceso del grupo irregular que se ha asentado en la zona.

Ante el aumento de avasallamientos, la Gobernación cruceña estableció una mesa interinstitucional en semanas pasadas, que incluye al Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía y la Policía. El resultado de esta mesa fue un compromiso de llevar a cabo una “lucha implacable, sin privilegios ni impunidad”.

Compromiso del sistema de justicia

“El sistema de justicia va a ser implacable. No va a haber reconocimiento de fueros ni privilegios”, advirtió el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Ismael Quezada. Por su parte, el fiscal departamental Alberto Zeballos aseguró que “se aplicará todo el rigor de la ley” para detener la ocupación ilegal de tierras en Santa Cruz.

Reincidencia de los avasalladores

La familia recordó que este grupo ya había sido desalojado en 2023, pero ha vuelto a irrumpir en el lugar, incluso amenazando con tomar represalias. La Torre identificó a los presuntos cabecillas como Martín A., Felipe P. (alias el Tuco), Osmar P. y el asambleísta Cirilo D.

El abogado advirtió que “esta gente lucra con la aspiración de tener un predio” y que actúan con total impunidad.

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“El conductor del vehículo motorizado se encuentra aprehendido. Es una de las personas que logró sobrevivir, a quien ya se le tomaron muestras de sangre con el propósito de verificar si se encontraba o no bajo influencia alcohólica”, informó el fiscal distrital mediante la agencia de noticias ABI.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, cuyas condiciones mecánicas y características aún se investigan, se precipitó por una pendiente, dejando además a varias decenas de heridos que fueron trasladados a diferentes nosocomios de la región.

Tejerina explicó que, debido a la gravedad de las lesiones, muchos familiares impidieron la realización de los exámenes médicos forenses y las autopsias correspondientes.

“Se han generado las acciones procesales necesarias para liberar los cadáveres y que obtengan sepultura, en respeto a la voluntad de los familiares”, indicó.

El Ministerio Público, que actúa de oficio, realiza un exhaustivo análisis técnico-científico sobre la unidad motorizada, solicitando información a Univida sobre el historial del SOAT y a la Aduana Nacional sobre la póliza de importación y la estructura mecánica del vehículo.

“Es fundamental establecer la responsabilidad penal del conductor y verificar si contaba con habilitación para conducir este tipo de vehículo”, remarcó el fiscal.

Tejerina adelantó que se preparan las actuaciones procesales para formalizar la imputación por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, sin descartar la posibilidad de ampliar los tipos penales conforme avancen las investigaciones.

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El caso fue abierto de oficio por el Ministerio Público, tras recibir un informe de la Cámara de Diputados. Este informe menciona empresas que fueron construidas por Emapa durante la gestión del exejecutivo, según lo reportado por Erbol.

Detalles de la investigación

El fiscal a cargo, Johan Muñoz, ha confirmado que la nueva investigación se enfoca en el proceso de contratación y la efectividad del proyecto piscícola. Se están investigando presuntos delitos que incluyen incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

“Estamos evaluando la factibilidad y el daño económico que supuestamente se habría generado en esta nueva empresa”, declaró el fiscal Muñoz, quien también anunció que Flores será citado a declarar en el marco de esta investigación.

Situación legal de Franklin Flores

Este nuevo proceso se suma al que ya existe, donde Franklin Flores se encuentra bajo detención domiciliaria desde el 2 de octubre. Este primer caso está relacionado con irregularidades en la construcción de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa de 2022.

En relación con este primer caso, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia de apelación a las medidas cautelares. Durante esta audiencia, un juez decidió incrementar el monto de la fianza del exgerente de 50.000 bolivianos a 80.000 bolivianos, además de mantener otros riesgos procesales.

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La jueza a cargo del caso ha ordenado que Arce Mosqueira asista a cinco meses de terapia psicológica. Esta resolución fue rechazada de inmediato por la Fiscalía, que había solicitado 180 días de detención preventiva, según reportó Erbol.

Detalles de la audiencia

La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo en la tarde de este viernes. La autoridad judicial en Santa Cruz decidió liberar a Marcelo Arce Mosqueira, quien deberá cumplir con la terapia psicológica mencionada.

La jueza fundamentó su decisión en el concepto de “conciliación diferida”, lo que le permitió desestimar la solicitud de encarcelamiento. Este criterio se basó en la conciliación que se logró entre el acusado y la víctima, identificada como M. C. C. B.

Próxima audiencia programada

Según la información proporcionada por Unitel, se ha fijado una nueva audiencia para marzo de 2026. En esta audiencia se evaluará el cumplimiento de las terapias que se le han impuesto a Arce Mosqueira.

Reacción de la Fiscalía

La decisión judicial provocó una rápida reacción por parte de la fiscal asignada al caso, Jessica Echeverría. Ella expresó el desacuerdo total del Ministerio Público y presentó una apelación en contra de la resolución.

“Nosotros, como Fiscalía, no estamos de acuerdo con el criterio de la jueza porque creemos que con 12 días de impedimento certificado médico de incapacidad correspondía la detención preventiva”, cuestionó la fiscal Echeverría.

Postura institucional de la Fiscalía

Echeverría destacó la postura institucional del Ministerio Público, afirmando que “el único lugar de las personas que agreden, que golpean a una mujer, tiene que ser la prisión”. Además, la Fiscalía sugirió que el desistimiento de la víctima, Mary C. C. B., podría ser consecuencia de una “forma de presión”.

Contexto del caso

El hijo del Presidente Arce fue aprehendido el jueves, tras varios días de búsqueda, por el presunto delito de violencia familiar y doméstica. A pesar de que la víctima decidió retirar la demanda, el Ministerio Público optó por continuar con la investigación de oficio.

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La orden de aprehensión fue emitida el 11 de septiembre y se hizo pública este jueves. La alcaldesa dijo no conocer del tema, además criticó que se la pretenda involucrar en el caso, cuando como municipio de El Alto no tiene que ver con la mazamorra, según lo indicado por Erbol.

“Se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión de fecha 11 de septiembre de 2025 en contra de la señora Eva Copa Murga; en consecuencia, se ordena la devolución del referido mandamiento al profesional abogado Ramiro Paz Carrillo, debiendo proceder a su entrega formal en oficinas del Ministerio Público, bajo constancia”, señala el documento firmado por el fiscal de materia Jorge Viscarra Suárez, de la Fiscalía Departamental de La Paz.

Horas antes, en la mañana de este jueves, se reveló que el Ministerio Público había emitido una orden de aprehensión contra Eva Copa, en el marco de las investigaciones del caso denominado “Mazamorra”, por el presunto delito de homicidio culposo. Según el documento fechado el 11 de septiembre, la Fiscalía actuó en respuesta a una denuncia presentada por Jesús M., quien acusa a las autoridades ediles de negligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que habría derivado en un desastre ocurrido a fines de 2024.

“El Ministerio Público, a instancias de Jesús M. y en contra de los autores por la presunta comisión del delito de homicidio culposo (…) requiere ordenar la aprehensión de la ciudadana Eva Copa”, señala el mandamiento de aprehensión, en caso de que no se presente a declarar.

Sin embargo, el equipo legal de la alcaldesa envió un memorial en el que se especifica que Eva Copa ya prestó su declaración en calidad de testigo, por lo que la orden de aprehensión carece de fundamento. Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con la justicia.

Con respecto al caso, Copa aclaró: “Es un hecho que ocurrió en Achocalla por un tema de autorización de construcción. Nosotros no podemos autorizar construcciones en Achocalla porque no somos autoridades de ese municipio. Es algo irracional”.

Midiante su defensa legal, solicitó formalmente que se deje sin efecto la orden, toda vez que presentó apersonamiento en el caso y no está denunciada.

Asimismo, se instruyó que la persona en poder de la orden de apremio devuelva el documento en el Ministerio Público.

Con esta decisión, la investigación continúa, pero sin la medida coercitiva contra la alcaldesa alteña.

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El hombre fue identificado como Fernando L., quien encendió las alarmas en la zona Sur porque agredía a varones y mujeres indistintamente, señaló Erbol.

Fue aprehendido en un operativo de la Policía, donde participaron varios efectivos. El joven opuso resistencia a los efectivos, quienes tuvieron que usar la fuerza para reducirlo.

La fiscal Cinthia González explicó que se presentaron tres víctimas de agresiones, entre ellas dos varones y una mujer.

Una de las víctimas tiene 20 días de incapacidad médico legal, debido a la factura de nariz; debido a esto, el delito ya se tipificó como lesiones graves, cuya pena es de tres a seis años de cárcel.

El hombre se acogió al silencio en su comparecencia, indicó la fiscal.

Respecto a los rumores de que el aprehendido tiene problemas mentales, la fiscal informó que se ha solicitado un informe al Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), finaliza el reporte de Erbol.

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De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la mujer, de 25 años, estafó a una víctima prometiendo la entrega de celulares de alta gama. Además, hizo creer a la persona que tenía la capacidad de traer mercadería y dólares desde Chile.

Patricia Araoz, la fiscal asignada al caso, explicó que la víctima entregó diferentes montos de dinero a la ahora aprehendida, esperando recibir a cambio dólares y celulares de alta gama. La denuncia, que fue presentada el 6 de mayo de 2025, indica que el total de la estafa asciende a 75,000 bolivianos.

Captura de la sospechosa

La captura de la implicada se llevó a cabo en la calle Bolívar, en el centro de la ciudad. Esto ocurrió después de que la víctima la reconociera y la llevara hasta el despacho fiscal. Araoz aclaró que, dado que solo había una víctima en este proceso, no se podía aplicar la detención preventiva. Por lo tanto, durante la audiencia, el juez cautelar decidió imponer la detención domiciliaria, además de exigir dos garantes fiables y la presentación ante el juzgado y el Ministerio Público.

Nuevo proceso penal

No obstante, en el sistema Justicia Libre de la Fiscalía se detectó otro proceso penal por estafa que involucra a múltiples víctimas. Esto se debió a la incomparecencia y rebeldía de la mujer, que evidencian un mismo modus operandi: la oferta de productos y la venta de dólares.

Ante este nuevo proceso, y en coordinación con la Unidad de Litigación, se emitió un nuevo mandamiento de aprehensión. Este fue ejecutado inmediatamente después de la audiencia cautelar del primer caso. La sospechosa fue nuevamente aprehendida y será llevada ante el Juez de Sentencia N°7, quien definirá su situación jurídica en el caso de estafa con víctimas múltiples, que data de 2024.

Solicitudes de la Fiscalía

Desde la Fiscalía se ha anunciado que se pedirá la revocatoria de las medidas cautelares de carácter personal. Además, solicitarán su detención preventiva en La Merced, dado el contexto de reincidencia en el que se encuentra la acusada.

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Investigación de oficio

A través de sus redes sociales, Echeverría explicó que los delitos de violencia contra las mujeres son de carácter público y, por lo tanto, pueden ser perseguidos de oficio, sin importar la voluntad de la víctima. Señaló que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) es la encargada de la aprehensión del acusado.

“En el marco de la debida diligencia, aún frente a un desistimiento de denuncia por parte de la víctima, el Ministerio Público y la Policía Boliviana tienen la obligación de investigar y continuar con el proceso penal, ya que los delitos de violencia contra las mujeres son de carácter público y perseguibles de oficio”, recalcó.

Presiones y acuerdos extrajudiciales

La fiscal subrayó que ni acuerdos extrajudiciales ni presiones familiares afectan la continuidad del proceso. “Por más que la víctima haya decidido desistir por presión de su madre, por presión de sus abogados, o porque hayan llegado tal vez a un acuerdo, lo que sea, a nosotros como Ministerio Público no nos interesa en lo más mínimo. Continuamos, los requerimientos fiscales continúan”, afirmó.

Obstaculización de la investigación

Echeverría también criticó los intentos de obstaculización que han entorpecido el desarrollo de la investigación. Denunció que se enfrentan a un “sistema” que intenta frenar el proceso y remarcó que no permitirá privilegios. Dijo que esto no es una “chacota”, donde los hijos del poder y sus abogados crean que pueden hacer lo que quieran.

Desistimiento de la víctima

La víctima presentó el desistimiento señalando que aceptó las disculpas del acusado; sin embargo, este argumento no tiene efecto legal en el proceso penal. La fiscal reiteró que, en cumplimiento de la ley, el Ministerio Público y la Policía están obligados a seguir con la investigación y ejecutar las medidas correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Atención pública del caso

El caso ha generado amplia atención pública por tratarse del hijo del primer mandatario. Hasta el momento, no se conoce el paradero del acusado.

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Desde la sede legislativa, los diputados Urquidi y Alarcón pidieron una reunión inmediata con la Fiscalía Departamental de La Paz. En esta reunión, desean exponer los resultados de la investigación que fue realizada por una comisión especial sobre el caso Botrading. Este informe, que fue elaborado durante 60 días, detalla presuntas irregularidades en la compra de combustibles por parte del Estado y fue aprobado por mayoría absoluta en el pleno de la Cámara Baja.

Denuncias sobre irregularidades

El diputado Carlos Alarcón denunció que en una de las contrataciones investigadas se adjudicó la provisión de combustibles a la empresa Botrading con un sobreprecio de 5 millones de dólares. Esto ocurrió a pesar de que existían ofertas más económicas de otras firmas, como XTalk e Import Export. La autorización de esta contratación lleva la firma de una exgerente de YPFB, quien hasta el momento no enfrenta medidas similares a otros implicados que tienen montos significativamente menores.

“No puede ser que se disponga detención preventiva por un daño de 117.000 dólares y que, en este caso, con un sobreprecio de 5 millones de dólares claramente documentado, no se aplique la misma rigurosidad. Eso demuestra un doble rasero y una falta total de proporcionalidad en la actuación del Ministerio Público”, cuestionó Alarcón.

Preocupaciones sobre la empresa Botrading

El legislador también expresó su preocupación por la continuidad de las operaciones entre YPFB y la empresa Botrading, a pesar de las evidencias de daño económico. Exigió la inmediata disolución de la sociedad en Paraguay, la destitución de los responsables y la suspensión de cualquier contrato vigente con la firma. “El propio presidente de YPFB debería ser removido por su inacción. Callar frente a este escándalo lo vincula con la red de encubrimiento”, afirmó.

Responsabilidad del Ministerio Público

En la misma línea, el diputado Urquidi reiteró que el informe legislativo fue aprobado con el mandato de ser remitido tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad penal recae exclusivamente en esta última. Denunció que sectores oficialistas intentaron bloquear el envío del informe al Ministerio Público para frenar las investigaciones.

“El informe está respaldado por documentación sólida. No se puede permitir que el oficialismo siga protegiendo a los verdaderos responsables. La Fiscalía debe actuar con independencia, sin presiones políticas, y llevar este caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó Urquidi.

Un patrón estructural de corrupción

Ambos diputados señalaron que la gravedad del caso no se limita a un hecho puntual de corrupción, sino que refleja un patrón estructural que ha afectado directamente al pueblo boliviano. Esto se manifiesta en la escasez de combustibles, sobreprecios y el deterioro de la economía nacional. “Estamos ante una megacorrupción que ha dejado al país sin gasolina, sin gas y sin respuestas. El pueblo está cansado y exige justicia”, subrayó Alarcón.

Llamado al nuevo gobierno

Finalmente, ambos legisladores hicieron un llamado al nuevo gobierno —al que consideran inminente— para que impulse auditorías profundas sobre los últimos 20 años de gestión estatal. “El próximo gobierno tendrá la dura tarea de escarbar entre las ruinas que deja esta corrupción desbordada y ofrecer justicia real a los bolivianos”, concluyó Urquidi.

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La denuncia fue interpuesta por la pareja del acusado, quien lo señaló por agresión física. El informe médico determinó 12 días de incapacidad, situación que derivó en la disposición fiscal de captura y en la instrucción a la Policía para ejecutar el mandamiento.

Mariaca recalcó que la responsabilidad de cumplir la orden recae en la institución policial. Además señaló que la fiscal encargada del caso cuenta con pleno respaldo, por lo que se están agotando todas las acciones necesarias para dar con el paradero del investigado.

Por su parte, el Ministerio Público avanza en la elaboración de la imputación formal contra Arce Moqueira. Asimismo, se prepara la solicitud de los sellos azul y rojo de Interpol, con el fin de garantizar que, en caso de que se encuentre fuera del país, pueda ser identificado y aprehendido.

El fiscal general advirtió que, si se comprueba que el hijo del mandatario salió del territorio nacional, se activarán los mecanismos correspondientes para solicitar su extradición y asegurar que comparezca ante la justicia boliviana.

LDVY

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La orden fue firmada por la fiscal de materia Mirian Iveth Negrete. En esta, se establece que Lara deberá presentarse el jueves 9 de octubre a las 8:45 horas en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. Además, se le solicita que porte su cédula de identidad y que esté acompañado por un abogado defensor.

Origen de la denuncia

La denuncia en contra de Lara fue interpuesta por Jesús Apolinar Ocampo Magne. Ocampo acusa a Lara de haber obstaculizado el trabajo de un efectivo policial. Este caso se originó tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa al candidato filmando y calificando de “corrupto” a un sargento.

Lara ha argumentado que su reacción fue provocada porque dos policías ingresaron al local en el que se encontraba sin una orden de allanamiento ni la presencia de un fiscal.

Reacción institucional

El incidente ha generado una fuerte reacción institucional. El Consejo Ejecutivo Nacional de Suboficiales, Sargentos, Personal de Servicio, Viudas y Derechohabientes del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana emitió un comunicado en el que exige al candidato que ofrezca disculpas públicas. En el comunicado, se califica el incidente como “una afrenta a la dignidad del efectivo policial y un agravio a la institución”.

Consecuencias de la inasistencia

La citación advierte que, en caso de que Lara no se presente sin un impedimento justificado, se emitirá una orden de aprehensión en su contra. “La presente orden de citación es librada por imperio de lo prescrito en el Art. 224 del Código de Procedimiento Penal y podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, observando los procedimientos establecidos por Ley”, señala el documento emitido por la Fiscalía y firmado el 25 de septiembre.

En caso de inasistencia a esta orden emanada por la fiscal sin un justificativo legítimo, se procederá a librar la correspondiente orden de aprehensión.

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En su intervención, Torrico abordó varios temas de actualidad nacional, comenzando por el caso Botrading. Afirmó que este proceso requiere un análisis técnico profundo y manifestó sus reservas sobre la preparación del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación.

“El caso no se trata de un simple documento falso. Es un tema profesional y técnico. Yo dudo que el fiscal que lleva el caso tenga el conocimiento necesario para entender este informe de 120 páginas”, comentó Torrico mientras mostraba el documento de la empresa Botrading.

Desacreditación de cifras

Torrico también rechazó la narrativa que sugiere un daño económico de más de 300 millones de dólares, asegurando que el informe no respalda esa cifra. Cuestionó la intención de politizar el caso, señalando que se ha intentado vincular indebidamente a la familia presidencial.

“Nadie de la familia presidencial tiene participación. El mismo informe lo dice. No hay daño económico probado”, insistió el viceministro.

Rol de YPFB en el caso

En relación al papel de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Torrico explicó que la creación de una empresa intermediaria tenía como objetivo competir con firmas extranjeras y reducir costos. “Una cosa es que haya deudas entre partes, otra es que haya daño económico. La empresa Botrading está legalmente constituida”, indicó.

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La declaración se realizó el martes 23 de septiembre de 2025, tras comentarios de Echeverría sobre presunta obstaculización, filtraciones y hasta molestia de parte de algunas personas del Órgano Ejecutivo, debido a las pesquisas que realiza en el proceso que se sigue en contra de Mosqueira, hijo mayor del Presidente del Estado Luis Arce, denunciado por presunta violencia familiar.

Saravia negó que se pretenda influir o cambiar a la fiscal Jessica Echeverría por llevar adelante la investigación en contra de Luis Marcelo Arce Mosqueira.

Mediante redes sociales, la ministra aseveró que en el Ejecutivo son respetuosos del trabajo de la fiscal y consideran que debe continuar con el mismo en el marco de sus competencias y de la normativa vigente. Asimismo, negó que el Gobierno esté en desacuerdo con las investigaciones que la Fiscalía está llevando adelante contra Marcelo Arce.

Horas antes, la fiscal Echeverría señaló que “algunas personas del Ejecutivo” estaban molestas con ella por el allanamiento a la vivienda que habitaba Marcelo Arce con su pareja. Sin embargo, aseguró que no se doblegará y que, si tiene que irse, lo hará “por la puerta grande”.

Por otro lado, La fiscal Echeverría informó, que en la investigación se descubrió que la vivienda, donde convivía la pareja en Santa Cruz, estaba en realidad en anticrético a nombre de un trabajador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ni el dueño sabía que el hijo del Presidente la habitaba.

“La persona que es propietaria del apartamento desconocía que el señor Marcelo Arce Mosqueira vivió en su apartamento durante un año. Es decir, él le da en anticrético este apartamento a un tercero, a una persona que trabaja en YPFB, y desconocía que él con la víctima estaba viviendo allí”, explicó a Erbol.

Luis Marcelo Arce fue anteriormente funcionario de YPFB y fue investigado por presuntos hechos irregulares con la compra de llantas, aunque el caso fue desestimado. Después, se sospechó de sus vínculos con el caso Botrading y el presidente de Yacimientos, Armin Dorgathen, quien en una ocasión reconoció que incluyó a Marcelo en un vuelo desde Paraguay porque “lo conocía”.

La vivienda en cuestión es el lugar donde, según la denuncia, Luis Marcelo Arce agredió a su pareja, dejándola con 12 días de incapacidad. La mujer testificó que los hechos de violencia eran reiterados, según reveló anteriormente la fiscal.

Echeverría señaló que también se ha recibido declaraciones de personas cercanas a la vivienda y que las misma dan cuenta de llanto y peleas en el lugar.

La investigación sigue su curso, aunque el sindicado no se ha presentado no se ha podido ejecutar su orden de aprehensión.

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La fiscal encargada del caso, Jessica Echeverría, explicó que la denunciante, pareja del acusado, fue sometida a un examen médico forense que certificó 12 días de impedimento, lo que evidencia la gravedad de las lesiones.

Además, según el testimonio de la mujer, las agresiones físicas y psicológicas no ocurrieron en una sola ocasión, sino de manera reiterada. “No ha sido solamente una ocasión, han sido reiteradas ocasiones que ella ha sido víctima de violencia física y violencia psicológica”, dijo.

El fin de semana se emitió la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira, la cual hasta este lunes aún no fue ejecutada. La fiscal indicó que otro de los factores considerados fue la facilidad que tiene el denunciado para salir del país.

Echeverría señaló que la víctima aparentemente esta recibiendo presiones y amenazas, aunque aclaró que el Ministerio Público continuará con el proceso incluso si la denunciante decidiera retirar la acusación, lo cual hasta ahora no sucedió.

Asimismo, advirtió que no habrá privilegios en la investigación y que se actuará con celeridad, imparcialidad y autonomía. “Si yo me entero que alguna persona está utilizando mi nombre para solicitar alguna suma de dinero, yo lo voy a denunciar ante anticorrupción, porque ya está de buen tamaño, que utilizan el nombre de quienes trabajamos y queremos un cambio en la justicia”, sostuvo.

La fiscal dejó en manos de la Policía la ejecución de la orden de aprehensión y afirmó que la gravedad del hecho, junto con los 12 días de impedimento otorgados a la víctima, son parámetros suficientes para solicitar la detención preventiva en el momento de la imputación.

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El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó el viernes 19 de septiembre de 2025 que el caso fue formalizado y que el Ministerio Público instruyó la realización de pericias psicológicas y médicas forenses a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). “Según los relatos que ella se anima a denunciar, son diferentes lesiones físicas que dentro de la verdad material son visibles”, señaló Mariaca.

Asimismo, exhortó a Arce Mosqueira a presentarse voluntariamente cuando sea convocado por las autoridades. “Caso contrario, corresponderá a la Policía ejecutar un mandamiento de aprehensión, si así lo determina la comisión de fiscales”, advirtió.

El jefe del Ministerio Público recalcó que existe una política de tolerancia cero frente al abuso contra la mujer. “No permitiremos que ninguna mujer sea agredida, ni psicológica ni físicamente. Vamos a ser tajantes frente a hechos de violencia”, subrayó.

Horas antes de conocerse la orden de aprehensión, el Presidente Luis Arce se pronunció a través de sus redes sociales, indicando que toda denuncia contra sus hijos debe investigarse y esclarecerse ante las instancias correspondientes, “como con cualquier otro ciudadano”.

La situación de Marcelo Arce Mosqueira se suma a otras investigaciones abiertas en el Ministerio Público contra su hermano, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, quien enfrenta denuncias por presunta corrupción, adquisición irregular de bienes inmuebles y la compra de vehículos de lujo.

La Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género dispuso este sábado la aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 272 bis del Código Penal.

Con la emisión del mandamiento corresponde a la Policía dar cumplimiento a la instrucción fiscal.

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En declaraciones ofrecidas este viernes 12 de septiembre de 2025, Flores rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que cuenta con informes legales que respaldan su trabajo al frente de Emapa. El exfuncionario se mostró firme en su defensa y aseguró que se presentará ante la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de incumplimiento de deberes.

Según Flores, la Fiscalía solo lo investiga por este hecho, ya que consideran que hubo irregularidades en el momento de la contratación del personal. La denuncia sostiene que había personal recibiendo salario antes de que la planta comenzara a operar.

Gestión basada en principios

El exgerente destacó que su gestión se fundamentó en “principios éticos y morales”, por lo que rechazó todas las acusaciones en su contra. Afirmó que posee los informes legales necesarios para respaldar su actuación. “Tenemos todos los informes técnicos legales correspondientes para informar al señor fiscal y presentar esta operación”, expresó.

Flores también resaltó sus 4 años al frente de Emapa, antes de presentar su renuncia el 2 de septiembre de 2025. “Es una empresa operativa, una empresa que genera ganancias, utilidades; una gran empresa, de todos los bolivianos”, enfatizó. Detalló que la planta transformadora de papa ahora produce papa congelada, precocida y puré de papa que consumen los bolivianos.

Reacciones políticas

El exgerente se refirió a las declaraciones de varios diputados y senadores de oposición, quienes han solicitado que se emita una alerta migratoria en su contra, ante la posibilidad de que intente salir del país. Esta versión fue rechazada por Flores. “Todo se dice, están en su derecho pleno. Eso es parte del derecho que tienen los parlamentarios, decir muchas cosas, tampoco se les puede juzgar por eso”, comentó.

Negaciones sobre irregularidades

Además, el exgerente negó que exista un negociado en la compra de harina subvencionada, como se le acusó en los días previos a su renuncia. Aseguró que todo el proceso de contratación se realiza de manera transparente y que no hay ningún beneficiado particular en este asunto.

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Desmentido al diputado Arce

Mamani rechazó las afirmaciones del diputado evista Héctor Arce, quien había declarado que la empresa había generado un “desfalco de más de 270 millones de bolivianos”. Sin embargo, el gerente reconoció que se han encontrado irregularidades en dos de los contratos mencionados. Además, invitó al diputado Arce a visitarlo para que pueda conocer oficialmente la situación de los movimientos económicos de la empresa.

Contratos bajo auditoría

Los contratos en cuestión están siendo auditados debido a la detección de hechos irregulares en el proceso de contratación. Mamani explicó que se están investigando a exfuncionarios de la administración anterior de B-Agro, que comenzó a dirigir en mayo de 2025.

B-Agro ha presentado denuncias en relación con los casos de “Agroquímicos”, donde se identificaron posibles delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación. En el caso de “Semilla de Urea”, también se han encontrado incumplimientos de deberes y conducta antieconómica. Por último, en el caso de “Urea”, se han detectado incumplimientos de deberes, conducta antieconómica y falsedad material.

Investigación en curso

“Estos son los casos que actualmente están siendo investigados por la Fiscalía”, comentó Mamani. Agregó que será esta instancia la que determine si se deben tomar acciones legales al respecto. B-Agro fue creada el 20 de abril de 2022 y se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, enfocándose especialmente en el sector agrícola. La empresa produce cultivos estratégicos extensivos como soya, maíz, trigo y sorgo.

Reacción del gerente de B-Agro

El diputado Arce afirmó que la empresa no ha cumplido con su objetivo y que ha causado un daño económico al Estado por más de 270 millones de bolivianos. En respuesta, Mamani aseguró que la cifra proporcionada por el diputado es falsa y lo invitó a visitarlo para ofrecerle el informe oficial. “Puedo enviarle mediante nota los movimientos económicos de la empresa y desmentir lo que él ha indicado”, afirmó Mamani.

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Detalles de la denuncia

El fiscal Jhoan Muñoz informó este jueves 11 de septiembre de 2025 que la denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Esta acción se tomó tras identificar movimientos financieros que no se corresponden con los ingresos de los implicados en su calidad de funcionarios.

“En las cuentas bancarias que ellos tendrían existen montos de dinero que no están acorde a los montos que recibirían como funcionarios públicos, es decir, que hay dinero que no es justificado legalmente”, indicó el fiscal Muñoz.

Acciones de investigación

En este contexto, se han emitido directrices de investigación preliminares y citaciones. Además, se han realizado requerimientos a la Autoridad del Sistema Financiero para verificar los depósitos que han sido observados.

También se ha ordenado una auditoría sobre los gastos e irregularidades en la construcción de la planta de transformación de papa en El Alto, un proyecto que está vinculado al caso en cuestión.

Estado de la investigación

El fiscal aclaró que, hasta el momento, no se ha establecido un monto de daño económico, ya que se está investigando el origen de los recursos que han sido depositados en las cuentas de los denunciados.

Cambio en la gerencia de Emapa

Flores renunció días atrás a su cargo como gerente de Emapa y fue reemplazado por Richard Rojas. Hasta ahora, el exgerente no ha hecho declaraciones sobre el proceso que enfrenta en su contra.

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El proceso investigaba presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones. Sin embargo, después de analizar la documentación y las pruebas recopiladas, la fiscal de materia determinó que no existían elementos suficientes para presentar una acusación formal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esto significa que no era posible avanzar hacia un juicio.

Conclusiones de la fiscal

La resolución de la fiscal explica que la investigación no aportó pruebas contundentes sobre la responsabilidad penal del gobernador. Por esta razón, Aguilera decidió cerrar el caso y exonerar a la autoridad departamental. Esta decisión se basa en el principio de no continuar con un proceso que carece de sustento legal, respetando así la presunción de inocencia de Camacho.

Impacto de la decisión

Con esta decisión, el proceso legal concluye definitivamente, sin que un juez deba emitir una sentencia sobre el fondo del asunto. De esta manera, Luis Fernando Camacho queda liberado de los cargos que se le imputaban. Además, puede retomar sus funciones como gobernador sin restricciones derivadas de esta investigación.

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Detalles de la investigación

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, anunció este martes que se están llevando a cabo todos los actos investigativos de manera inmediata y diligente. En este contexto, se ha recolectado información de testigos y se han asegurado objetos que quedaron en la escena del crimen.

Además, se ha realizado una planimetría del lugar y se ha tomado un muestrario fotográfico para documentar lo sucedido. También se está llevando a cabo un análisis balístico en las autopsias de las víctimas y se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que las víctimas fueron interceptadas.

Momentos del ataque

El fiscal de caso, Daniel Ortuño, informó que el ataque ocurrió aproximadamente a las 19:23 horas. Leonardo y Harold llegaron a bordo de un vehículo marca Lexus a una calle a la altura del cuarto anillo de la Avenida Banzer, donde fueron interceptados por otros sujetos que descendieron de un motorizado y abrieron fuego en su contra.

Resultados de la autopsia

La autopsia reveló que ambos hombres recibieron más de 100 disparos, lo que les causó shock hipovolémico, laceración cardiaca y hepática, así como varias otras lesiones debido al ataque con arma de fuego.

Expectativas en el caso

Se espera que la recolección de pruebas y testimonios permita avanzar en el caso y dar con los responsables del asesinato. La Fiscalía continúa trabajando para esclarecer este trágico suceso y hacer justicia.

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Lisperguer fue aprehendido en Cochabamba y posteriormente trasladado a La Paz. Durante su declaración informativa, decidió acogerse a su derecho al silencio y actualmente se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, según informó el fiscal Miguel Cardozo.

Detalles de la denuncia

En enero de 2025, se conoció que la Fiscalía aceptó una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia en contra de Lisperguer. Esta denuncia se basó en supuestos “movimientos inusuales” en sus cuentas bancarias.

En febrero, la Fiscalía emitió una primera resolución de imputación contra la exautoridad por la presunta comisión de delitos como enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de sus bienes.

Ampliación de la imputación

El fiscal Cardozo explicó que, con base en nuevos elementos y documentación que han llegado al cuaderno de investigaciones, se ha ampliado la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.

Cardozo también señaló que Lisperguer fue capturado debido a los nuevos tipos penales que se han añadido, además de la primera imputación que ya existía. Sin embargo, aclaró que se trata del mismo proceso penal.

Solicitud de detención preventiva

Ante esta situación, el Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva de la exautoridad gubernamental en el penal de San Pedro por un periodo de tres meses, según confirmó el fiscal Cardozo.

Reacción de Lisperguer

En un breve contacto con los periodistas, Lisperguer afirmó que está aprehendido “por una falsa denuncia de este gobierno”. También mencionó que se trata de una “motivación política”. Cuando se le preguntó quién podría estar detrás de esa motivación, respondió: “Viceministerio de Transparencia, el Gobierno”.

Horas después, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó la versión presentada por Lisperguer.

Implicación de Gabriel D. A.

Por otro lado, el exasesor jurídico Gabriel D. A. también estaba implicado en el mismo caso. Sin embargo, un juez decidió rechazar la denuncia en su contra, ya que habría presentado documentación que respalda los movimientos bancarios que realizó y certificó que tendría una actividad lícita.

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Zeballos explicó que el reporte llegó el 11 de agosto a través del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Ignacio de Velasco, quienes alertaron sobre el hallazgo y permitieron que se iniciaran las diligencias correspondientes.

Según el reporte preliminar, además de la pista clandestina, en el lugar se encontró una avioneta blanca siniestrada. Cerca del ala derecha fueron localizados dos cuerpos en posición decúbito lateral. Ambos cadáveres estaban calcinados y mostraban un avanzado proceso de putrefacción, además de ausencia de órganos internos.

Después del descubrimiento, se procedió al levantamiento legal de los cuerpos, que fueron trasladados al Hospital de San Ignacio de Velasco para realizar la autopsia legal correspondiente.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer los detalles del caso y determinar las posibles responsabilidades.

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La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar las causas del deceso. El cuerpo de la veterinaria ha sido trasladado a la morgue, donde se llevará a cabo un examen forense.

El fiscal Daniel Ortuño comentó: “Se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver del sexo femenino en un alojamiento en inmediaciones del cuarto anillo y avenida Piraí”.

Detalles del hallazgo

De acuerdo con el reporte, las personas encargadas de la seguridad del establecimiento informaron que no vieron salir a la mujer. Fue el administrador del alojamiento quien encontró su cuerpo.

Ortuño indicó que, a simple vista, no se ha podido identificar que la víctima haya sufrido alguna lesión. Sin embargo, se deben esperar los resultados del examen forense para conocer con precisión la causa del deceso.

Testimonios de los trabajadores

Los trabajadores del alojamiento informaron, según la Fiscalía, que no se había registrado la visita de ninguna persona a esta veterinaria. Esto añade un elemento más a la investigación.

En el momento de la entrevista, el fiscal manifestó que no tenía conocimiento de algún reporte de desaparecida. Sin embargo, consideró necesario confirmar esta información con otras autoridades.

Continuidad de la investigación

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna irregularidad en este caso. Las autoridades están trabajando para obtener respuestas sobre lo sucedido.

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El caso fue impulsado por el diputado Héctor Arce Rodríguez, quien presentó una denuncia en 2024 sobre la adquisición supuestamente irregular del predio denominado “Adán y Eva” en Santa Cruz. Según el legislador, este inmueble habría sido comprado por un valor real de 5.5 millones de dólares, mientras que los documentos oficiales solo consignan 3.3 millones. Esta discrepancia podría constituir un fraude impositivo.

La Fiscalía admitió la denuncia el 20 de mayo de 2024, pero el caso fue cerrado en un plazo de 25 días. Ante esta situación, el diputado Arce volvió a presentar este año una solicitud de reapertura, aportando nuevos elementos. Entre estos se encuentran movimientos financieros que considera irregulares y que no coinciden con los ingresos declarados por Rafael Arce durante los últimos 6 años como funcionario público.

Detalles financieros cuestionables

De acuerdo con el legislador, el hijo del mandatario habría realizado un anticipo de 280 mil dólares, que equivale a aproximadamente 2 millones de bolivianos. Sin embargo, sus ingresos en el sector público no superarían los 700 mil bolivianos en total. Además, el diputado Arce destacó que tanto Rafael como su hermana Camila accedieron a préstamos del Banco Ganadero por cerca de 63 millones de bolivianos cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente, sin contar con experiencia previa en actividades productivas.

Involucramiento de la ABT

Otro aspecto que el diputado ha señalado es la supuesta participación de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Esta entidad habría favorecido a la familia del presidente con un trámite “exprés” relacionado con la propiedad en cuestión. Por esta razón, la investigación también se ha ampliado al director de la ABT, Luis Roberto Flores.

Desconfianza en el proceso

A pesar del avance formal del proceso, el diputado Arce ha expresado su desconfianza en las intenciones del Ministerio Público. Afirmó que la reapertura podría ser una estrategia para cerrar de forma definitiva el caso, lo que impediría futuras investigaciones sobre los mismos hechos, amparados en el principio de cosa juzgada.

“No quisiera pensar que esta reapertura tiene por objetivo disimular estos 3, 4 meses que le quedan al gobierno de Lucho Arce y volverlo a cerrar. Porque si lo cierran, sabemos muy bien que una denuncia por el mismo tipo penal no se puede volver a investigar”, declaró el parlamentario en contacto con Erbol. También manifestó su falta de confianza en el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por un supuesto pacto de “no agresión” con el Ejecutivo.

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El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, informó que los aprehendidos son dos ciudadanos de nacionalidad brasileña, identificados como Ananias A.A. y Tiarles A.R., además de un boliviano de nombre Gabriel N.I. Estos individuos están siendo investigados por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Se realizó el pesaje de la sustancia incautada, que dio un total de 258 kilos con 650 gramos de marihuana. Por su parte, el fiscal del caso, Stevens Andrei Herrera, detalló que el operativo se llevó a cabo tras observar el ingreso y salida de varios hombres con actitud sospechosa.

Estos hombres manipulaban bolsas de yute que eran trasladadas hacia una habitación. En las inmediaciones del inmueble se encontraron dos motocicletas, lo que despertó aún más la atención de las autoridades.

Hallazgos en el lugar

En el interior del ambiente se hallaron nueve bolsas que contenían paquetes en forma de ladrillo, envueltos en cinta adhesiva. Al interior de los paquetes se encontró una sustancia verdosa con un olor característico a marihuana.

Luego de realizar las pruebas pertinentes, se confirmaron las sustancias ilícitas y se aprehendió a los involucrados en este caso de tráfico de drogas.

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Este miércoles, el personal de la División Económica de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción realizó un registro en las oficinas de la ALD. Durante esta diligencia, se procedió al precintado y secuestro del servidor que debía albergar el sistema adquirido.

El fiscal Gomer Padilla, quien está a cargo del caso, explicó que esta acción se llevó a cabo con el objetivo de recolectar pruebas que ayuden a esclarecer la situación que se está investigando. “Es un registro del lugar del hecho que se ha realizado con la finalidad de colectar elementos que nos ayuden a esclarecer la verdad del hecho que se está investigando”, indicó Padilla.

Detalles de la investigación

El fiscal aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de una diligencia dentro de los primeros pasos investigativos iniciados tras la denuncia del presidente de la Asamblea. “Ya estamos en un acto de investigación acerca de un software que se ha contratado en el año 2022, del cual, a la fecha, no se tiene constancia de su implementación”, explicó Padilla.

El fiscal también mencionó que se está indagando sobre la existencia del software dentro de la Asamblea Legislativa. Al ser consultado sobre la posibilidad de un sobreprecio en la compra, Padilla afirmó que este aspecto aún está en análisis. Los resultados de las pericias técnicas e informáticas que se realicen sobre el equipo secuestrado serán determinantes.

Responsabilidades en el caso

“Estamos en los primeros actos investigativos, que se vienen realizando, y de acuerdo con eso se va a ir valorando todos los elementos que se vayan colectando para determinar responsabilidades”, añadió el fiscal.

Padilla dejó claro que el proceso penal no está dirigido contra Matkovic, sino contra la exfuncionaria, quien firmó la contratación del software bajo la modalidad de consultoría por producto. Hasta el momento, no hay evidencia de que el producto haya sido entregado o utilizado.

Etapa preliminar de la investigación

El caso se encuentra en etapa preliminar, y la Fiscalía ha anunciado que podría ampliar las investigaciones si aparecen nuevos elementos que involucren a otros funcionarios o exfuncionarios de la institución legislativa.

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El caso se conoció el 14 de julio, cuando los familiares de la víctima alertaron a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo, que fue encontrado colgado de un árbol en la comunidad San José de Pery, en Coripata.

Las primeras indagaciones sugieren que la joven tomó la decisión por conflictos sentimentales con su pareja, quien presuntamente ejercía violencia en su contra. Esta sospecha fue respaldada por mensajes recuperados de su teléfono celular.

Para asegurar la presencia del sospechoso durante el proceso, la Fiscalía solicitará la detención preventiva de Miguel A.F.C. en la audiencia de medidas cautelares.

La investigación se basa en diversas pruebas recolectadas, como el acta de intervención policial, fotografías del lugar, el acta de levantamiento del cuerpo y la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

De acuerdo con el informe médico legal, la causa de la muerte fue anoxia anóxica, edema pulmonar e intoxicación por una sustancia aún por determinar. Además, se identificaron indicios de violencia constante hacia la víctima, quien no presentó denuncias previas.

Tras la inspección del cuerpo, la Fiscalía y la Policía trasladaron el cadáver a Coroico para realizar la autopsia correspondiente. Las primeras diligencias confirmaron que se trata de un caso de homicidio-suicidio, por lo que el hombre fue detenido para continuar con las investigaciones.

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El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que se ha desplegado al Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida hasta el municipio de Puerto Villarroel. En el lugar se realizaron actos investigativos, que incluyeron el levantamiento legal del cadáver y la recolección de evidencias. También se llevará a cabo una autopsia médico legal para determinar la causa de la muerte.

Detalles del hallazgo

La fiscal asignada a la investigación, María Marca, comunicó que el hecho se conoció en la mañana del 12 de julio, cuando funcionarios municipales alertaron sobre una persona fallecida en las inmediaciones del río de Ivirgarzama. La víctima estaba atada y se encontraba cerca de un motorizado que había sido quemado.

Presunta turba agresora

Según las primeras investigaciones, se presume que la víctima fue interceptada por una turba mientras estaba a bordo de su motorizado. Este grupo lo acusó de estar vinculado al robo de vehículos, lo que llevó a que procedieran a agredirlo físicamente. Posteriormente, lo trasladaron hacia el río, donde finalmente perdió la vida.

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Detalles de la acusación

La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal de La Paz. “Estamos a la espera para que la autoridad de sentencia penal pueda convocarnos a audiencia de juicio oral público y contradictorio”, dijo el fiscal René Portales, citado por Erbol.

En febrero de 2015, la Contraloría General del Estado (CGE) denunció que 153 proyectos del Fondo Indígena no habían sido concluidos, a pesar de haber recibido financiamiento. Este caso ha generado gran polémica, ya que se implicó a dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes habrían recibido depósitos en sus cuentas, pero no cumplieron con las obras para sus regiones.

Proyectos denunciados

“Son 153 proyectos que se denunciaron por haber desembolsado montos de dinero y así mismo denotar un incumplimiento y falta de ejecución de los mismos (proyectos); por esta razón, se ha ejecutado la denuncia contra varias altas autoridades”, explicó el fiscal.

El expresidente del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Marco Antonio Aramayo, fue el primer denunciante. Sin embargo, fue sometido a una investigación bajo detención preventiva y murió en abril de 2022, luego de permanecer 7 años en prisión, a pesar de que él fue quien, en su calidad de director de la entidad, denunció la corrupción.

Acusaciones contra Achacollo

“Se ha emitido esta resolución para 15 ciudadanos, de los cuales cursa la señora Nemesia Achacollo; son máximas autoridades y ejecutivas de ese entonces del Ministerio de Desarrollo Rural, Fondo de Desarrollo Indígena y otros dirigentes procesados”, explicó el fiscal.

En cuanto a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “En cuanto a la pena, para algunos sindicados va variando desde 4 a 8 años de cárcel”.

Impacto económico del caso

El daño económico varía, ya que se han desembolsado sumas de dinero que oscilan entre 200,000 bolivianos hasta 500,000 bolivianos en los diferentes proyectos observados.

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Denuncia de vulneración

Zúñiga ha enviado una carta manuscrita al Fiscal General en la que afirma que, a pesar de haber sido convocado formalmente en tres oportunidades por la Fiscalía para ampliar su declaración informativa, la diligencia ha sido “sistemáticamente impedida por la misma autoridad y el Régimen Penitenciario”.

En su misiva, el exjefe militar menciona: “La dilación intencional no solo me perjudica legalmente, sino que además revela una actuación incompatible con el principio de objetividad y legalidad que debe guiar la labor del Ministerio Público”.

Cuestionamiento a la Fiscalía

Además, Zúñiga recuerda que el propio Fiscal General, en declaraciones públicas, habría autorizado la toma de su declaración ampliatoria. Cuestiona por qué no se ha cumplido esa instrucción. Asegura que, con el cierre del plazo de la fase investigativa sin haber podido ejercer plenamente su derecho a la defensa, “se configura una vulneración directa al debido proceso y las garantías mínimas de todo ciudadano”.

Solicitud de audiencia

Por esta razón, ha solicitado a Mariaca que “ordene de forma inmediata que se me tome la declaración ampliatoria conforme al Derecho”. También ha pedido una audiencia personal con el Fiscal General, ya sea en su celda o en otro espacio autorizado.

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En la actualidad, Córdova se encuentra bajo detención domiciliaria debido al caso consorcio. Sin embargo, también enfrenta un segundo proceso en el que se le acusa de haber sido sorprendido en estado de ebriedad en su oficina.

Detalles de la citación

El fiscal a cargo del caso mencionó que Córdova había sido convocado para comparecer este viernes. No obstante, no pudo obtener la salida judicial porque el caso consorcio está en medio de un conflicto por la recusación de un juez. Para evitar retrasar aún más la investigación, se decidió que la Fiscalía visitara su hogar.

Delitos en investigación

Este segundo caso en el que está involucrado Córdova se centra en los delitos de uso indebido de bienes del Estado y obstrucción a la justicia. Tanto el exvocal como el policía que era su edecán están sindicados en esta investigación.

Renuncia y antecedentes

Córdova ocupó el cargo de presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, pero presentó su renuncia tras verse implicado en el caso consorcio. Su situación legal ha generado un gran interés público debido a la gravedad de las acusaciones en su contra.

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Mariaca detalló que entre enero y junio de este año se registraron 42 feminicidios y 12 infanticidios en el país. De ese total, el 97,61% de los feminicidios y el 90,90% de los infanticidios ya tienen a los responsables plenamente identificados y formalmente imputados.

En el caso de los feminicidios, 11 procesos concluyeron con sentencia, 26 se encuentran en etapa preparatoria, tres fueron cerrados por la muerte del autor y dos permanecen en fase preliminar. Respecto a los infanticidios, tres casos ya cuentan con sentencia, cinco están en etapa preparatoria, uno en fase preliminar y uno fue extinguido.

Modelo de investigación estratégica

El fiscal general explicó que estos avances son resultado de la aplicación del nuevo modelo de investigación estratégica. Este enfoque ha permitido agilizar los procedimientos y facilitar la identificación temprana de los autores.

Mariaca también remarcó que cada uno de estos casos representa más que un proceso legal. A su juicio, se trata de una alerta urgente que refleja la violencia estructural aún presente en los hogares, las relaciones personales y la sociedad. “Cada uno no es solo un expediente; es un grito urgente que nos recuerda cuánto trabajo queda por hacer para erradicar la violencia”, afirmó.

Distribución geográfica de los casos

En cuanto a la distribución geográfica, el informe indica que La Paz encabeza la lista con la mayor cantidad de feminicidios, registrando 20 víctimas. Le siguen Santa Cruz con 11, Cochabamba con seis, Oruro con tres, Potosí con uno y Tarija con uno. Durante este periodo, los departamentos de Pando, Beni y Chuquisaca no reportaron feminicidios.

Respecto a los infanticidios, nuevamente La Paz lidera con cinco casos. Santa Cruz reportó tres, Cochabamba dos, Oruro uno y Chuquisaca uno.

Compromiso con la justicia

Finalmente, la Fiscalía aseguró que continuará fortaleciendo el modelo de investigación estratégica. Además, anunció que se incrementarán las capacidades periciales y se mantendrá una coordinación constante con la Policía Boliviana. El objetivo principal es evitar la impunidad y garantizar justicia a los sectores más vulnerables, como las mujeres y los niños.

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Según el informe del fiscal, las víctimas acudieron inicialmente a un centro médico local para recibir atención. Luego de ese encuentro, el sujeto comenzó a enviarles mensajes con contenido inapropiado, en los que les pedía imágenes de sus partes íntimas. Para lograr su propósito, les ofreció pagarles con dinero o con la compra de objetos de su interés.

Frente a esta situación, ambas menores presentaron una denuncia por acoso sexual ante el Ministerio Público. Posteriormente, se les realizaron las evaluaciones psicológicas correspondientes, en las que ambas confirmaron y ratificaron la versión de los hechos denunciados.

En respuesta, la Fiscalía ha emitido un mandamiento de aprehensión contra el sospechoso. El fiscal Morales señaló que el sujeto será aprehendido e imputado formalmente y posteriormente se solicitará su detención preventiva en el penal de San Pedro.

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Detalles del caso

Según los datos preliminares, una de las víctimas fatales había identificado a otro presunto implicado en robos antes de su muerte. Tras este señalamiento, varios comunarios se dirigieron al domicilio del señalado, lo sacaron por la fuerza y desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero.

“Se toma conocimiento de que habría una tercera persona, la cual habría sobrevivido inicialmente, pero se encuentra desaparecida”, indicó Tejerina.

Hipótesis de la investigación

Aunque no se ha confirmado su fallecimiento, las autoridades están manejando la hipótesis de que también pudo ser víctima de violencia comunitaria. Por esta razón, se están analizando videos y otros elementos que han sido recolectados en la zona. Además, se investiga si algunos pobladores están encubriendo información que podría ser relevante para el caso.

Las víctimas del linchamiento

En cuanto a las dos personas que fueron linchadas, se les acusó por los comunarios de haber robado vehículos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado evidencia que respalde esta versión de los hechos.

Continuación de las indagaciones

La Fiscalía sigue adelante con las indagaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades están comprometidas en resolver este caso que ha conmocionado a la comunidad.

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La víctima de este caso es su sobrina, quien tiene solo siete años. El ataque ocurrió entre 2020 y 2023, y el acusado grabó el momento del delito. El fiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas Arteaga, comunicó que se presentaron pruebas suficientes para sustentar la acusación en su contra.

Pruebas presentadas en juicio

Durante la audiencia, la Fiscalía mostró diversas evidencias que apoyan la acusación. Entre estas se incluyen un reporte con las imágenes grabadas por el acusado, un informe policial, registros del lugar donde ocurrieron los hechos y actas de declaración que permitieron reconocer las prendas que utilizó la víctima.

El papel del fiscal

El fiscal del caso, Paulo Paes Melgas, explicó que los delitos se cometieron en una vivienda ubicada en la ciudad de Trinidad. El agresor es el tío político de la niña, quien además grabó los abusos.

Investigaciones del Ministerio Público

Los archivos que contenían las grabaciones fueron almacenados en el dispositivo móvil del acusado. Posteriormente, estos archivos fueron identificados y reportados, lo que permitió al Ministerio Público iniciar las investigaciones pertinentes.

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La autoridad departamental de Chuquisaca fue internada de emergencia en el Hospital de Tercer Nivel de Sucre. Actualmente, se encuentra en terapia intensiva con un diagnóstico reservado.

Inicio de la investigación

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, confirmó este sábado 21 de junio el inicio del proceso. Indicó que esta decisión fue tomada por la Unidad de Análisis tras conocer las condiciones de salud del gobernador. El objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

“Conforme a procedimiento, se ha dispuesto por parte de la Unidad de Análisis, la apertura de una investigación preliminar de oficio para el esclarecimiento de este lamentable hecho en el cual se encuentra el gobernador de Chuquisaca con un diagnóstico reservado en un hospital”, dijo.

Detalles del incidente

El fiscal asignado al caso, Javier Gorena, informó que se ha conformado una comisión especial para profundizar en las investigaciones. Según reportes preliminares de la Policía, Condori cayó desde el segundo piso de su vivienda en horas de la madrugada del jueves. Esta caída le provocó politraumatismos, un traumatismo craneoencefálico y deterioro neurológico agudo.

Estado de salud del gobernador

El director del hospital, Jorge Sánchez, señaló que el gobernador fue sometido a una intervención quirúrgica debido a complicaciones médicas. Tras la operación, presentó una leve mejoría. Sin embargo, su estado de salud sigue siendo delicado y permanece en cuidados intensivos.

Objetivo de la investigación

La investigación busca establecer con precisión las circunstancias del hecho y si hubo algún elemento externo que contribuyó al accidente. Las autoridades del Ministerio Público no han descartado tomar declaraciones en los próximos días para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Entre los principales acuerdos alcanzados, se destaca la lucha contra el avasallamiento, el abigeato, los incendios forestales provocados y los procesos legales iniciados contra gremiales y comerciantes por el presunto delito de agio.

El fiscal general, Roger Mariaca, subrayó la importancia de escuchar a los productores, ya que ellos son los encargados de garantizar que cada boliviano tenga acceso a los alimentos básicos necesarios para sustentar a sus familias. “Está la obligación del Ministerio Público de escucharlos”, afirmó Mariaca.

Delitos y competencias

Mariaca también aclaró que los delitos relacionados con el tráfico de tierras y los avasallamientos son competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, en última instancia, del Tribunal Agroambiental. “No es facultad del Ministerio Público ir y aprehender a las personas porque no está establecido eso dentro del código procesal penal”, explicó.

A pesar de esto, el fiscal general aseguró que se coordinará con la Policía Boliviana para abordar los casos en los que sea necesario desalojar a los avasalladores. Según los productores, estos individuos a menudo toman posesión de las tierras utilizando armas de fuego.

Responsabilidad de los gremiales

Durante la reunión, Mariaca también se dirigió a los gremiales presentes, representados por Edgar Álvarez. Les recordó que tienen la responsabilidad de asegurar que los alimentos de los productores lleguen a las familias bolivianas. En este contexto, solicitó al dirigente que sus bases presenten ante la Fiscalía los procesos que se les haya iniciado por el presunto delito de agio y especulación.

“Queremos que se investigue. Yo le pido que se pueda hacer llegar a través de una nota todos los procesos penales que hay en el departamento de Santa Cruz y así también lo voy a trabajar a nivel nacional”, indicó el fiscal.

Acciones concretas

Finalmente, Mariaca enfatizó que la reunión no se quedará en promesas, sino que se traducirá en acciones concretas. Sin embargo, también aclaró que las investigaciones no se dirigirán a favor de los productores, sino que se llevarán a cabo con objetividad.

/KMMN

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El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el joven fue aprehendido en flagrancia en el nivel 150 de la EMH. Se le encontró en posesión de una quepirina que contenía una sustancia característica de mineral.

Tras ser capturado por el personal de seguridad, el adolescente fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Allí, se dispuso su aprehensión y la Fiscalía inició un proceso penal por el presunto delito de hurto de mineral. Durante la cuantificación de la carga, se determinó que pesaba un total de 16 kilos de estaño.

Proceso judicial para el menor

Morales detalló que, debido a su edad, el adolescente será remitido ante un Juez de la Niñez y Adolescencia. Este juez se encargará de definir su situación jurídica en el marco de la ley.

Incentivos para el ingreso al Posokoni

Por otro lado, el fiscal alertó que hay menores de edad que ingresan al Posokoni. Esto ocurre porque son incentivados por “rescatiris”, quienes les pagan una suma módica de dinero por el mineral. Posteriormente, estos rescatiris venden el mineral a un precio más alto a las comercializadoras.

“Se está utilizando a menores de edad que ingresan en grupo y luego venden ese mineral a los llamados rescatiris. Estos, a su vez, lo venden a comercializadoras. El Ministerio Público, junto a la Policía, está trabajando para desbaratar estos grupos que fomentan el robo de mineral entre la niñez”, puntualizó Morales.

Coordinación para evitar el robo

El fiscal acentuó que serán importantes las labores de coordinación y control entre militares y policías. Esto es crucial para evitar el robo de mineral en el Posokoni, ya que afecta los ingresos económicos del país.

Otros casos recientes

La captura del adolescente no es el primer caso registrado en la semana. Distintos operativos realizados entre el sábado y domingo llevaron a la aprehensión de 13 “jucus”.

De este total, 3 fueron capturados con mineral en su poder, por lo que se les inició una causa penal por robo de mineral. Los otros 10 fueron sorprendidos en instalaciones de la estatal sin cargamento y están siendo investigados por allanamiento de domicilio y sus dependencias.

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La instrucción fue dada por el fiscal departamental Osvaldo Tejerina y cuenta con el respaldo del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. Esta medida se implementa en un contexto de hostilidad hacia los servidores públicos que se ha intensificado desde noviembre de 2024.

Medidas de seguridad para fiscales

Tejerina ha solicitado a los funcionarios que se trasladen con lo “esencial” y que eviten portar “credenciales o distintivos institucionales”. Esta recomendación se hace como medida preventiva mientras se busca estabilizar la situación en la región.

El Fiscal General, Roger Mariaca, ha explicado que esta decisión tiene como objetivo preservar la integridad física de los servidores públicos. “Se les ha instruido considerar el repliegue a un lugar más cercano y que se considere seguro para ellos”, afirmó en una conferencia de prensa.

Coordinación con la Policía

La Fiscalía General también ha solicitado al Comando Departamental de la Policía de Cochabamba y a las Estaciones Policiales Integrales (EPIs) que implementen medidas de seguridad más estrictas. Esto es para proteger al personal fiscal, judicial y policial que aún se encuentra en las localidades del trópico.

A pesar de las amenazas y los riesgos, Mariaca ha subrayado que el Ministerio Público mantendrá su presencia en la zona. Esto es para garantizar el procesamiento de posibles delitos en coordinación con la Policía Boliviana y el Órgano Judicial.

Aumento de la tensión social

La situación actual refleja un aumento en la tensión social en la región del trópico de Cochabamba. En este contexto, se han intensificado las acciones por parte de grupos afines a Evo Morales.

Hasta la fecha, según Mariaca, más de 20 personas han sido cauteladas. Algunas de estas personas están bajo detención preventiva, mientras que otras se encuentran bajo medidas sustitutivas.

Identificación de implicados

Las autoridades tienen la intención de continuar trabajando en conjunto con las fuerzas del orden. Esto es para identificar y procesar a quienes estén implicados, ya sea de manera intelectual o material, en actos que atenten contra derechos fundamentales y el orden público.

Las autoridades buscan asegurar tanto la operatividad del sistema judicial como la protección del personal involucrado. Esto se realiza ante un panorama complejo marcado por bloqueos y amenazas directas.

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Detalles de la investigación

“La Fiscalía ha recolectado elementos de convicción, que incluyen declaraciones de personal militar, soldados, familiares y del personal médico que atendió a la víctima. También se realizaron tomas de muestras para llevar a cabo la pericia en el área de química forense, específicamente para la absorción atómica. Además, se han secuestrado cinco armas de fuego y celulares, con el fin de probar o descartar ciertas hipótesis que se están manejando en la investigación y así llegar a la verdad histórica de este hecho”, explicó Zeballos.

El incidente fatal

Por su parte, el fiscal de materia asignado al caso, Alberto la Fuente, informó que la noche del 30 de mayo de 2025, a las 00:50 horas, aproximadamente, el Comandante Juan J.S.C. sufrió un accidente. Este incidente ocurrió cuando, presuntamente, fue impactado por un proyectil de arma de fuego al llegar a su vivienda a bordo de una motocicleta, dentro de su regimiento militar.

Resultados de la autopsia

Según el informe de autopsia médico forense, la causa de muerte se determinó como trauma cráneo encefálico grave, causado por un proyectil de arma de fuego. Este hallazgo es crucial para entender las circunstancias que rodearon el trágico suceso.

/KMMN

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El incidente ocurrió durante una reunión en una unidad educativa de la Villa Imperial. Según los antecedentes, varios padres de familia hicieron comentarios racistas hacia el docente.

En la actualidad, el fiscal asignado al caso está analizando dos denuncias relacionadas. Una de estas denuncias se refiere a un acto de racismo, mientras que la otra se relaciona con agresiones verbales dirigidas al mismo educador.

Contexto del caso

Este proceso se da pocos días después de conmemorar el 24 de mayo como el Día Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. En este contexto, se dio a conocer que Potosí es el segundo departamento con más denuncias por actos de discriminación entre 2013 y 2025.

Durante este periodo, la Defensoría del Pueblo registró 4,288 casos de vulneraciones a los derechos humanos con contenido racista o discriminatorio. De estos reportes, 472 ocurrieron en el departamento de Potosí.

Exhortación del Ministerio Público

El Ministerio Público hace un llamado a la ciudadanía para que no guarde silencio ante situaciones de esta índole y presente las denuncias correspondientes. A pesar de este llamado, en los últimos 3 años se han registrado menos de 10 denuncias formales.

Esta baja cifra ha llamado la atención de las autoridades, quienes consideran que estos hechos ocurren con frecuencia. Es fundamental que la población esté informada y actúe ante cualquier acto de discriminación.

LDVY

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Yolanda fue capturada mientras conducía una vagoneta de la marca Toyota, color plata, con placa de control 2830-EYU. La Policía se percató de su vehículo porque evitó los puestos de control fronterizo, lo que despertó sospechas.

Agentes de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontraron en poder de Yolanda una suma de 70.830,50 bolivianos, 2.300 pesos chilenos, sellos oficiales de la Dirección General de Migración y el vehículo que supuestamente se utilizó para el transporte irregular de personas hacia territorio chileno, según un reporte de la Fiscalía.

Declaraciones de la detenida

Se ha informado que Yolanda solo se limitó a declarar que el dinero encontrado pertenece a uno de los pasajeros que había transportado.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, comunicó el martes 27 de mayo de 2025 que se han abierto dos procesos investigativos. El primer caso está relacionado con el hecho que llevó a la aprehensión de la mujer, mientras que el segundo busca esclarecer su posible conexión con Migración.

Investigaciones en curso

La segunda causa se ha abierto “en contra de un funcionario de la Dirección General de Migración por presunto incumplimiento de deberes, ya que este reportó la pérdida de una suma de dinero similar a la hallada en el vehículo de Yolanda C. A.”, señala la información proporcionada por la Fiscalía.

Además, la Fiscalía ha indicado que “la Dirección General de Migración presentó un memorial solicitando la devolución del dinero, argumentando que, junto con los billetes, se hallaron sellos institucionales”.

Posibles conexiones y análisis

En este momento, “el caso está siendo analizado en conjunto, ya que podría tratarse de hechos relacionados entre sí. Se están realizando pericias a los celulares incautados para identificar posibles vínculos con funcionarios públicos o redes dedicadas al tráfico de migrantes”, afirmó el fiscal Morales.

El Ministerio Público no descarta la participación de más personas en este caso y continúa buscando más indicios que puedan esclarecer la situación.

La audiencia de medidas cautelares de Yolanda se llevó a cabo el sábado 24 de mayo de 2025, y posteriormente obtuvo medidas sustitutivas a la detención preventiva.

/KMMN

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“Dentro de un informe policial, porque aquí no vamos a suponer, si dentro de los 3 procesos que yo les he mencionado aparece el nombre de esta persona y aparece el indicio de que se le pueda tomar la declaración, tenga la seguridad (que se lo va a citar)”, afirmó Mariaca en una conferencia de prensa.

Detención del líder criminal

El jefe del PCC fue arrestado en Bolivia mientras intentaba renovar su cédula de identidad de manera irregular. Este hecho ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que existan vínculos locales con redes criminales internacionales.

Críticas a la coordinación gubernamental

El fiscal general también expresó su descontento con la actuación del Ministerio de Gobierno en este caso. Insinuó que no hubo la coordinación esperada con el Ministerio Público durante el operativo y en la fase inicial de la investigación.

Consecuencias para Mario Cronenbold

En medio de este escándalo, Mario Cronenbold ha sido apartado de su cargo como jefe de campaña del Movimiento Tercer Sistema, que forma parte de la Alianza Popular. Este movimiento tiene como candidato presidencial a Andrónico Rodríguez.

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Este exfuncionario fue llevado a declarar ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) después de haber sido declarado en rebeldía. El caso que lo involucra comenzó a fines de diciembre de 2021, cuando se destapó un presunto desvío de más de 1 millón de dólares mediante el pago a funcionarios ficticios.

Desvío de recursos públicos

El desvío de fondos se realizaba a través del pago de salarios a una nómina de supuestos funcionarios que, en realidad, no estaban realizando ningún trabajo para el municipio cruceño. Esta situación ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos sobre el uso indebido de recursos públicos y la corrupción en las instituciones gubernamentales.

Posibles penas y medidas cautelares

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, ha indicado que Parada Vaca se enfrenta a una posible condena de entre cinco y diez años de cárcel. La Fiscalía tiene la intención de solicitar la pena máxima debido a los delitos que se le imputan. Además, se prevé que se dicten medidas cautelares que incluyan la detención preventiva, considerando los riesgos de que el exfuncionario obstaculice el proceso judicial.

Continuidad de la investigación

La Fiscalía sigue trabajando en este caso con el objetivo de esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. La situación actual refleja la necesidad de combatir la corrupción y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.

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“Se han hecho presentes otras 2 víctimas, 2 padres de familia que indican que sus hijas también habrían sido acosadas por el profesor”, manifestó el fiscal Morales.

Además, detalló que hubo denuncias sobre el mal comportamiento del educador, quien supuestamente llegaba en estado de ebriedad a la escuela.

Investigación en curso

“Se está verificando si la dirección del colegio ha remitido los informes a la Dirección Distrital para algún tipo de sanción respecto a este mal comportamiento. En caso de que no se hayan enviado dichos informes, la Fiscalía dispondrá una ampliación de la investigación contra las personas que hayan sido cómplices o que hayan encubierto estos hechos, perjudicando la salud psicológica de las niñas”, precisó.

Audiencia cautelar programada

Se tiene programado que hoy, desde las 08:00 horas, se instale la audiencia de medidas cautelares que definirá la situación jurídica del profesor Segundino C.A., de 40 años, quien está imputado por el delito de acoso sexual.

Desde la Fiscalía informaron que se ha solicitado 30 días de detención mientras concluyen otras diligencias investigativas y continúan con la etapa de juicio oral en busca de una sentencia.

Antecedentes del caso

El educador fue capturado por agentes del Departamento de Inteligencia Criminal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tras el proceso de oficio que inició el Ministerio Público por los mensajes amorosos e inapropiados que envió a su alumna de 12 años a través de Whatsapp en marzo de este año.

Después de la denuncia de la madre, el extitular de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Boris Delgado, hizo público el caso ante diversos medios de comunicación. Sin embargo, la denuncia no prosperó y se supo que supuestamente intentaba cobrar un monto económico al profesor para evitar que el caso fuera remitido a la Fiscalía.

Operativo anticorrupción

Durante un operativo anticorrupción, el exdirector fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Tras ser imputado por el presunto delito de concusión, fue enviado a la cárcel de La Merced con detención preventiva, medida que fue ratificada por una Sala Penal.

Por su parte, la directora interina de la DIO, Karina Gutiérrez, detalló que están realizando el acompañamiento a la víctima y brindarán la atención psicológica que requiera.

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Agentes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) han aprehendido al profesor Segundino C.A., quien está acusado de enviar mensajes de contenido amoroso a su alumna de 12 años. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, ha informado que se solicitará su detención preventiva.

La tarde de ayer, la Felcv llevó a cabo la orden de aprehensión contra el profesor de 40 años. Este caso está siendo investigado por el presunto delito de acoso sexual, el cual se remonta a marzo de este año. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima en abril.

Investigación en curso

“De oficio, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones con relación a este hecho, ya que el profesor habría enviado mensajes de contenido sexual a su alumna de 12 años”, explicó Morales.

El profesor fue trasladado el miércoles por la tarde a las instalaciones de la Fiscalía para ofrecer su declaración informativa ante el fiscal Jhon Montaño, quien está a cargo de la investigación.

Imputación por acoso sexual

“Él será imputado por acoso sexual. Se solicitará la detención preventiva”, indicó Morales, quien también subrayó que el Ministerio Público será “implacable” en la investigación de crímenes sexuales contra menores de edad.

Denuncia del educador

El profesor aprehendido es quien denunció al exdirector de la DIO, Boris Delgado, por supuestamente cobrarle una coima para evitar que la denuncia llegara a la Fiscalía.

El exdirector fue aprehendido en flagrancia y está siendo investigado por el presunto delito de concusión. Actualmente, se encuentra en detención preventiva en la cárcel de La Merced.

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Según la fiscal Patricia Landaeta, el caso fue denunciado por un juez de la Niñez y Adolescencia que tuvo conocimiento del crimen sexual, no obstante, se desconocía quién era el autor de la vejación a la víctima, quien se rehusó a confesar la identidad del culpable.

“De acuerdo a las investigaciones realizadas, se ha podido determinar que el autor de este hecho vendría a ser un pariente cercano de la víctima, en este caso el hermanastro”, puntualizó la fiscal.
Según las pesquisas, al momento de la comisión del delito, al agresor tenía 13 años, la misma edad que la víctima por lo que, según las normas bolivianas, es inimputable.

“Se están realizando los actuados pertinentes y requerimientos necesarios a efecto de poner en conocimiento del juez para que él pueda realizar la resolución respectiva a efecto de que decida la situación jurídica de este menor”, sostuvo.

Respecto a las circunstancias que rodearon la vejación sexual, la autoridad fiscal explicó que se desconoce cómo se suscitó, sin embargo, aguardan el informe de la psicóloga de la Fiscalía tras realizar una valoración a la víctima en Cámara Gesell.

Durante los actuados de la Fiscalía, la víctima estuvo acompañada de su padre y de su hijo de aproximadamente cuatro meses de vida. “Se encuentra en un estado emocional estable”, aseguro la fiscal.

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El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que se están investigando varios delitos, entre ellos lesiones graves y leves, privación de libertad, instigación pública a delinquir e impedir el ejercicio de funciones.

Tejerina también mencionó que, hasta este miércoles 7 de mayo de 2025, la Alcaldía de Cercado no había presentado ninguna denuncia formal, lo que llevó a la Fiscalía a actuar de oficio.

Detalles de los hechos

“Funcionarios de la Alcaldía, las imágenes muestran a cinco personas sufriendo vejámenes, torturas, privación de libertad, actos inhumanos y degradantes por otro grupo de personas”, afirmó Tejerina.

Los enfrentamientos se desataron cuando vehículos que transportaban basura de Cercado intentaban ingresar al botadero de Cotapachi. En este contexto, se produjo una confrontación entre quienes se oponen al ingreso de basura y quienes lo apoyan. Tejerina también subrayó que los hechos ocurridos “constituyen ilícitos penales”.

Clima tenso en la comunidad

Estos incidentes han generado un ambiente de tensión en la comunidad y han puesto de manifiesto las divisiones existentes sobre la gestión del manejo de residuos en la región. Las autoridades están en proceso de recopilar información para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Las pericias se están llevando a cabo tanto en el lugar donde se halló el cuerpo como en otros lugares que el menor pudo haber visitado antes de su muerte.

Consternación en la población

Este caso ha generado gran consternación entre los habitantes de la zona y ha abierto diversas líneas de investigación. Para esclarecer los hechos, peritos forenses y expertos en criminalística de Cochabamba y Chuquisaca están realizando las pericias necesarias.

Desaparición del adolescente

El adolescente había desaparecido el 22 de marzo de 2025, después de asistir a un desfile de teas. Según la denuncia presentada por su madre, un amigo le comentó que ambos habían consumido bebidas alcohólicas y que el menor fue enviado solo en un taxi hacia su hogar. Desde ese momento, no se supo más de él.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo fue encontrado 41 días después de su desaparición, en una zona de difícil acceso. Inicialmente, el caso se abrió por el delito de privación de libertad, pero posteriormente se amplió a homicidio. La tipificación penal podría cambiar a medida que avancen las investigaciones.

Resultados de la autopsia

La autopsia realizada por el IDIF determinó que la causa de la muerte fue una fractura en la bóveda craneal, resultando en traumatismo cráneo encefálico. Según el informe, el fallecimiento ocurrió aproximadamente un mes antes de que se encontrara el cuerpo.

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El fiscal del Supremo, Fidel Cadena, argumenta que el TSJC ha malinterpretado una prueba biológica al indicar que la denunciante tenía restos de semen, específicamente esmegma, de Alves en la boca. Esta afirmación contradice lo que la joven declaró, quien afirmó que no realizó ninguna felación al futbolista.

Conclusiones del Ministerio Público

Para el Ministerio Público, la conclusión del TSJC es errónea. Según ellos, los informes periciales “dejan claro” que la presencia de ADN del acusado en la boca de la joven “puede deberse a besos, bebida compartida o contacto con células epiteliales distintas del pene”.

Valoración de la prueba

El fiscal sostiene que “la valoración de la prueba pericial, la anulación de la fiabilidad del testigo” y la introducción de la hipótesis de la felación “contra cualquier principio científico” es “completamente arbitraria y cruel para la joven”. Esto, según el fiscal, condena moralmente a la denunciante y la convierte en una persona no fiable.

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El trágico suceso ocurrió el lunes 28 de abril, cuando dos menores, de 4 y 3 años, desaparecieron mientras regresaban del pastoreo junto a su hermana de 19 años. Los cuerpos de los pequeños fueron encontrados el jueves 1 de mayo en una zona despoblada, a varios kilómetros de distancia uno del otro, según el informe preliminar del Ministerio Público.

Investigación inicial y ampliación

Ventura explicó que inicialmente se había abierto un proceso por trata de personas debido a la desaparición de los menores. Sin embargo, tras confirmarse que fallecieron por hipotermia, se decidió ampliar la investigación. “Se ha iniciado una investigación dentro de este hecho en contra de la hermana por el delito de homicidio culposo”, indicó el fiscal.

Hasta el momento, la hermana no ha sido aprehendida, pero en la etapa preliminar de la investigación se establecerá su responsabilidad en este caso.

Contexto de la desaparición

De acuerdo con el informe, la joven se adelantó hacia su vivienda mientras los niños quedaron atrás. Al darse cuenta de su ausencia, intentó buscarlos, pero las condiciones de la zona, que carecía de electricidad y comunicación, dificultaron la posibilidad de avisar a los padres, quienes se encontraban en otra comunidad.

Los padres se enteraron de la desaparición el martes 29 de abril y llegaron al lugar ese mismo día por la tarde. La denuncia oficial de desaparición fue presentada recién el miércoles 30 de abril por un comunario.

Búsqueda intensificada

Según detalló el jefe provincial de Huanuni, mayor Raúl Orozco Villafán, tras el reporte de desaparición, todo el personal de la Policía de Huanuni, así como efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Oruro, uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y Tránsito, intensificaron la búsqueda en dos grupos.

Orozco señaló que los menores presuntamente fallecieron el martes por la noche, a aproximadamente 5 kilómetros de la comunidad de Bombo. “Los menores se extraviaron porque se desorientaron de retorno a su casa”, indicó el uniformado.

Traslado de los cuerpos

Por su parte, el coronel de la Felcc, Martin Arequipa, informó que los cuerpos de los menores ya fueron trasladados a la morgue del Cementerio General de la ciudad de Oruro para la valoración médico-legal, a pesar de la resistencia inicial de la familia.

Las autoridades ahora esperan los resultados oficiales de la autopsia para esclarecer responsabilidades y avanzar con las investigaciones. El Ministerio Público determinará en los próximos días si se formaliza la imputación penal contra la hermana.

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Según la investigación, Coico salió de su hogar en El Alto el 13 de abril de 2025. Al día siguiente, el 14 de abril, fue ingresado a un centro de salud. El diagnóstico médico indicó que presentaba golpes en la cabeza, según lo informado por el fiscal Carlos Cortez.

En ese momento, la identidad del cónsul era desconocida. Coico falleció el 17 de abril de 2025, y fue reconocido por sus familiares el 25 de abril de 2025.

Causa de muerte

El fiscal Cortez explicó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneal cerrado, resultado de múltiples golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo de Coico. “La hipótesis inicial es que esta persona pudo haber sido víctima de un asalto o algo similar”, agregó. Es importante señalar que esta versión está sujeta a la investigación en curso.

Negligencia médica

En relación a la posible negligencia médica, el fiscal mencionó que no hay sospechas sobre este aspecto, ya que la causa de la muerte está claramente establecida. Sin embargo, no se descarta ninguna posibilidad dentro del marco de las pesquisas.

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El principal acusado en este caso es Alejandro Z., quien supuestamente apuñaló a tres jóvenes durante el incidente. Este hecho ha generado gran preocupación en la comunidad y ha llevado a las autoridades a actuar de manera rápida.

Acciones de la Fiscalía

El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, ha informado que se ha realizado un registro exhaustivo del lugar tras la circulación de información sobre el consumo de sustancias en la discoteca. En este contexto, se ha abierto un caso paralelo bajo la Ley 1008, lo que implica que se han tomado acciones de oficio. “La discoteca Forum ha sido precintada con fines investigativos”, declaró el fiscal.

Resultados de la investigación

Se espera que hasta el fin de semana se elabore un informe que confirme si efectivamente se registran sustancias controladas en el local. En el marco del caso “Joker”, se está investigando una pelea que tuvo como consecuencia una persona fallecida y al menos dos heridas. La defensa del principal acusado argumenta que su cliente actuó en defensa propia.

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El fiscal Iván Ortiz imputó a la mujer por el delito de infanticidio en grado de tentativa. Según la investigación, la madre llegó a su hogar en estado de ebriedad, donde su pareja intentaba calmar a la bebé que estaba llorando. En medio de una discusión, la mujer tomó un cuchillo con la intención de atacar al hombre, pero accidentalmente terminó provocando un corte en el rostro de la menor.

“Es un hecho grave que no puede quedar impune. La madre atacó mientras la bebé estaba en brazos de su padre”, afirmó el fiscal Ortiz. Este presentó la imputación ante el juez cautelar Helver Cabrera. Tras la agresión, la mujer huyó del lugar, pero fue aprehendida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Estado de la bebé

La bebé fue trasladada primero al hospital municipal de la Pampa de la Isla y luego fue llevada al hospital Japonés, donde recibió atención médica especializada. Un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la niña tiene una herida en el rostro que le generó 16 días de incapacidad. A pesar de lo ocurrido, los médicos confirmaron que la bebé está fuera de peligro y continúa en proceso de recuperación.

Próximas acciones legales

La audiencia cautelar se llevará a cabo en las próximas horas. La Fiscalía ha pedido la reclusión de la madre en Palmasola, a pesar de que aún da de lactar a su hija.

/KMMN

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En respuesta a la citación, Rojas ha afirmado que se trata de una persecución política que está siendo orquestada por el Gobierno. Aseguró que no teme someterse a la investigación. “Nosotros estamos sujetos a cualquier investigación. No le tenemos miedo a este gobierno. Si vamos a ir presos (…) lo vamos a hacer”, manifestó Rojas.

Hechos violentos en Mairana

El caso está vinculado a los incidentes violentos que se registraron en octubre de 2024 en Mairana. Durante estas protestas, bloqueadores afines al expresidente Evo Morales tomaron como rehenes a policías y periodistas durante un operativo de desbloqueo. Las manifestaciones de los “evistas” se extendieron por más de 2 semanas y exigían, entre otras cosas, el fin de los procesos judiciales contra Morales.

Estos incidentes dejaron al menos 31 policías heridos y varios periodistas agredidos. La Fiscalía está investigando estos hechos bajo delitos como terrorismo, tentativa de homicidio y robo agravado.

Cuestionamientos de Rojas

En este contexto, Rojas cuestionó que el citatorio le fue entregado justo después de su negativa a aprobar un crédito de 100 millones de dólares solicitado por el Ejecutivo. “Qué casualidad que me citan justo luego de rechazar un contrato del Gobierno”, dijo el diputado.

Apoyo de otros diputados

Otro diputado “evista”, Patricio Mendoza, ha respaldado a su colega denunciando un intento sistemático del Gobierno para silenciar a los legisladores que critican al Ejecutivo. “El objetivo es callarnos. Pero no lo van a lograr. Vamos a seguir defendiendo la economía y a los más humildes, desde adentro o desde afuera”, expresó Mendoza.

Detenciones relacionadas

Las investigaciones por los hechos en Mairana ya han llevado a la detención de al menos 18 personas, entre ellas un concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estas personas han sido trasladadas a La Paz y enfrentan cargos por terrorismo y otros delitos.

Desde el “evismo”, también han anticipado que desarrollarán acciones legales a nivel nacional e internacional para denunciar “una violación de los derechos fundamentales y un uso político del sistema judicial”.

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El proceso legal se origina por el incumplimiento de una orden judicial que prohibía a Cuéllar divulgar información personal y familiar del exfiscal departamental Roger Mariaca Montenegro.

Detalles de la acusación

Según un reporte emitido el viernes 4 de abril de 2025, la acusación fue presentada por la fiscal Yolanda Aguilera ante el Juzgado de Instrucción Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 12 de la Capital. Según el artículo 179 bis del Código Penal, el legislador podría enfrentar una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Conflictos previos entre Cuéllar y Mariaca

Hace más de 1 año, Cuéllar tuvo varias diferencias y conflictos con Mariaca, buscando su destitución por supuestas denuncias en su contra. En 2023, Cuéllar acusó a Mariaca de haber recibido dinero de la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa.

En agosto de 2024, el ahora Fiscal General denunció a Cuéllar por difundir información falsa, intentando involucrarlo en presuntos delitos. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia falló a favor de Mariaca, ordenando al parlamentario cesar con estas publicaciones, una disposición que no fue acatada por Cuéllar.

Aprehensión del diputado

El 13 de agosto de 2024, Cuéllar fue aprehendido en el garaje del Palacio de Justicia por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, después de que evitara comparecer ante la justicia. Posteriormente, fue trasladado al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción en la zona del Plan Tres Mil, donde pasó la noche en celdas policiales, aunque luego fue liberado.

Justificación de Mariaca

Mariaca justificó su acción legal argumentando que su familia fue afectada por las publicaciones del parlamentario. Aseguró que continuará con el proceso legal respaldado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.

Declaraciones de Cuéllar

Cuéllar, por su parte, reiteró que no será silenciado y que seguirá denunciando presuntas irregularidades. Sin embargo, no ha presentado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones.

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Gerardo Balderas, el Fiscal Departamental de Beni, ha señalado que se presentaron todas las pruebas recopiladas durante la investigación. Entre estas pruebas se incluyen el formulario de denuncia y un informe psicológico. Estos elementos fueron fundamentales para que el juez decidiera la detención preventiva del acusado.

Contexto del caso

El fiscal encargado del caso, Jorge Sansuste, ha explicado que el abuso se registró en 2017, cuando la menor tenía 6 años y vivía con sus padres y hermanos. Durante ese tiempo, Juan llegó desde Riberalta para convivir con la familia mientras continuaba sus estudios universitarios. Aprovechando esta situación, se acercó a la niña y realizó toques impúdicos en varias ocasiones, especialmente cuando los padres no estaban en casa.

Último hecho de abuso

El último incidente de abuso sexual ocurrió cuando la niña cumplió 9 años. Después de este evento, el caso fue presentado ante las autoridades correspondientes para que se inicie el proceso legal contra el acusado.

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Nuevas víctimas se presentan

Las dos acusadas lograron obtener de tres personas cerca de 500.000 bolivianos, prometiéndoles la entrega de dólares, pero no cumplieron con lo acordado. Según la principal autoridad del Ministerio Público de Oruro, tres personas se acercaron al fiscal encargado del caso para informarse sobre la causa penal, mientras que otras ocho se presentaron ante el fiscal departamental para comunicar que también fueron estafadas por la madre y la hija.

“En horas recientes, han visitado la Fiscalía Departamental ocho personas, nuevas víctimas que indican que también les habrían estafado utilizando el mismo modus operandi, con el fin de venderles dólares a un precio inferior al del mercado paralelo, aproximadamente Bs 10 menos”, explicó Morales.

El fiscal añadió que en las próximas horas, las otras víctimas planean presentar su querella ante el Ministerio Público para unirse al expediente penal por estafa agravada. “Se está verificando qué hicieron con tanto dinero en relación a lo captado. A medida que avancen las investigaciones, podremos recuperar el dinero”, enfatizó.

Detalles del modus operandi

De acuerdo con la investigación realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, madre e hija recolectaron casi 500.000 bolivianos de tres personas, prometiéndoles la entrega de dólares que supuestamente serían traídos de Perú. Sin embargo, a tres meses del hecho, no cumplieron con la entrega prometida.

El Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3 de la ciudad de Oruro ha dictado la detención preventiva de madre e hija en el penal La Merced de la ciudad de Oruro por un periodo estimado de tres meses, mientras se avanza en la investigación correspondiente.

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El incidente ocurrió en la madrugada del 22 de marzo de 2025. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, se puede observar que uno de los atracadores atacó a la joven por la espalda mientras intentaba ingresar a su hogar. Posteriormente, su cómplice llegó para despojarla de sus pertenencias y agredirla.

Reacción de la comunidad

La información sobre el atraco provocó una respuesta significativa por parte de la comunidad. Los vecinos se movilizaron el 27 de marzo en demanda de justicia y para exigir acciones concretas que mejoren la seguridad en la zona. Además, solicitaron a la Alcaldía que finalice el proyecto del puente distribuidor, que consideran esencial para facilitar el tránsito y reducir situaciones de riesgo.

Investigación en curso

Las autoridades han comenzado las diligencias necesarias para identificar a los responsables del delito. La fiscal Abigail Cruz indicó que se están tomando las medidas pertinentes para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.

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“Una vez que se conoció el hecho, la Fiscalía procedió a la recolección de varios elementos de convicción, mismos que sustentan la imputación formal que fue presentada horas atrás en contra de uno de los presuntos coautores. Asimismo, en coordinación con la policía, se continúan realizando las investigaciones necesarias para dar con los otros implicados”, sostuvo Aparicio.

Detalles del robo

El fiscal especializado en delitos patrimoniales, José Quiroga, informó que el robo se produjo en la ciudad de Potosí. Un grupo de personas encapuchadas ingresó al domicilio de una familia que se dedica a la comercialización de mineral. En el lugar, los delincuentes sustrajeron una caja fuerte que contenía aproximadamente 1.500.000 bolivianos, además de una mochila con dinero y un vehículo que fue abandonado posteriormente por los antisociales.

Investigaciones en curso

La Fiscalía continúa trabajando en la investigación para identificar a todos los implicados en este caso. Se espera que las acciones legales avancen conforme se obtengan más pruebas y testimonios relacionados con el hecho delictivo.

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La Fiscalía ha estado trabajando arduamente en la recolección de pruebas para garantizar que este caso no quede sin justicia. El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, ha subrayado el compromiso de la Fiscalía con la justicia y la verdad.

“La Fiscalía, al estar comprometida con la justicia y la verdad, ha trabajado en la recolección de todos los elementos de prueba para emitir la acusación formal. Este caso, al igual que otros que involucran a funcionarios públicos, no debe quedar en la impunidad”, afirmó Aparicio.

Detalles del caso

El fiscal asignado al caso, Mijael Agudo, ha indicado que, según la denuncia, el incidente ocurrió durante la gestión del año 2020. La joven ha relatado que se encontró con su exprofesor, quien supuestamente se aprovechó de su necesidad de conseguir un empleo para cometer el delito.

En ese momento, Emilio E.A. estaba en campaña para las elecciones del 2021 y aún no había sido electo como autoridad. En este contexto, se espera que se establezca una fecha para la apertura del juicio oral.

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En este momento, el imputado se encuentra detenido de manera preventiva en la cárcel de Cantumarca. Mientras tanto, la víctima está recibiendo apoyo psicológico y asesoramiento legal para ayudarla a enfrentar esta difícil situación.

Detalles de la investigación

Gonzalo Aparicio, el Fiscal Departamental de Potosí, ha declarado que “dentro de este caso, la Fiscalía de Potosí está realizando las investigaciones necesarias y se están recopilando pruebas para esclarecer los hechos”. En este momento, se está a la espera de la fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares.

Información sobre el caso

El Fiscal asignado al caso, Mijael Agudo, ha indicado que los hechos delictivos se registraron en varias ocasiones desde el año 2022 hasta el año 2023. La víctima conoció a su agresor, quien la citaba en diferentes lugares para cometer el delito.

Apoyo a la víctima

Actualmente, la joven y su familia están recibiendo apoyo psicológico y asesoramiento legal para poder enfrentar el proceso judicial. Este caso está radicado en el Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Sexto de Potosí.

/KMMN

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