Investigación por trata de personas en Bolivia

El Ministerio Público de Bolivia investiga tres casos de presunta trata de personas con la finalidad de reclutamiento y participación en conflictos bélicos. Estos casos involucran a 16 víctimas de nacionalidad boliviana.

Detalles de la investigación

En conferencia de prensa, la fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, precisó que los esfuerzos se enfocan en alcanzar la verdad material de los hechos, identificar y ubicar a los afectados, y dar con los responsables de estas captaciones.

Dada la naturaleza transnacional de este delito, el Ministerio Público, mediante la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General, ha remitido requerimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se solicita información formal a la Embajada de Rusia en Bolivia sobre el paradero y las condiciones de traslado de los ciudadanos bolivianos.

Cooperación internacional

Asimismo, se han activado canales de cooperación con Perú, Colombia y Venezuela a través de la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (Redtram), instancia que articula a las fiscalías de América Latina. El propósito de estas acciones coordinadas es determinar si las organizaciones criminales implicadas aplican un patrón operativo o modus operandi similar con ciudadanos de otros países de la región.

Causas penales abiertas

De acuerdo con el reporte oficial, las tres causas penales se encuentran abiertas en el departamento de Santa Cruz y se desglosan de la siguiente manera:

• Primer caso: Registrado en el mes de mayo, cuenta con una víctima identificada.
• Segundo caso: Corresponde a una denuncia presentada en julio e involucra a seis víctimas.
• Tercer caso: Registra nueve víctimas y las acciones investigativas se concentran en la comunidad de Rincón de Palometas. Allí ya se ha procedido a tomar entrevistas informativas a los familiares de los afectados para colocar la causa bajo control jurisdiccional.

Víctimas y reclutadores

Los bolivianos que habrían fallecido en la guerra son José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes partieron a Rusia en abril pasado con promesas de recibir pagos por 16.000 dólares, según medios locales. Los familiares afirmaron que los reclutadores buscan principalmente a jóvenes de escasos recursos, ofreciendo contratos militares con un salario mensual por firmar el acuerdo al llegar a territorio ruso.

Coordinación nacional

En el ámbito nacional, la Fiscalía coordina estrechamente con la Policía Boliviana. Como resultado de las diligencias del tercer caso en la comunidad de Rincón de Palometas, los investigadores lograron identificar a una persona que presuntamente se desempeñaba como intermediario o reclutador para captar a las víctimas en Santa Cruz. Las indagaciones penales se iniciaron formalmente a partir de las denuncias y la documentación presentadas por los propios familiares de las víctimas.

Atención a nuevas denuncias

Finalmente, la fiscal Superior aclaró que, aunque hasta el momento no se han recibido denuncias en otros departamentos del país, las plataformas de atención de la Fiscalía permanecen habilitadas para procesar cualquier información sobre posibles nuevos casos.

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Billetes falsificados en Achocalla

El Ministerio Público confirmó la imputación de tres personas por su presunta participación en la operación de una fábrica de billetes falsificados, recientemente desmantelada en el municipio de Achocalla, La Paz. La Fiscalía informó que solicitará la detención preventiva de los tres investigados en el penal de San Pedro o en otro recinto que determine la autoridad judicial.

Detalles de la investigación

De acuerdo con la investigación preliminar, en el inmueble intervenido se encontraron billetes falsificados de:

• Bs 10
• Bs 20
• Bs 50
• Bs 200

Estos billetes presuntamente ya fueron distribuidos para su circulación, principalmente en provincias. Ante este escenario, el Ministerio Público anunció que coordinará acciones con el Banco Central de Bolivia (BCB) para informar a la población sobre las características de los billetes falsificados y facilitar su identificación.

Operativo y hallazgos

Durante el operativo también fueron secuestradas maquinarias que presuntamente se utilizaban para imprimir el dinero falsificado. Según las primeras investigaciones, la organización operaba desde hace aproximadamente ocho meses y estaría integrada por un clan familiar. La Fiscalía no descarta que la red sea más amplia y confirmó que al menos otras 20 personas son investigadas por posible participación en el caso.

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La Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas ha pedido que Arce sea recluido en el Centro de Reinserción Qalauma de La Paz mientras se lleva a cabo la investigación preliminar.

Arce fue aprehendido el pasado miércoles y se le investiga por su presunta responsabilidad en manejos irregulares dentro del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc). Este caso es conocido como el “Fondo Indígena”, uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década.

Imputación y cargos

La imputación formal acusa a Arce de incumplimiento de deberes, según el Artículo 154 del Código Penal, y de conducta antieconómica, de acuerdo con el Artículo 224 del mismo código.

La Fiscalía argumenta que existen suficientes elementos de convicción que apuntan a una probable responsabilidad penal del expresidente. La medida cautelar solicitada se basa en la existencia de riesgos procesales específicos.

Conocimiento de irregularidades

Según el Ministerio Público, Arce tenía conocimiento de la “ilicitud” de su conducta, lo cual se demostraría con la documentación que forma parte del cuaderno de investigaciones.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de fondos y la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Indígena entre 2010 y 2011.

Reunión clave en 2009

De acuerdo con la imputación, el 23 de noviembre de 2009, durante una reunión del Directorio del Fondo en Tarija, el entonces ministro de Economía, Luis Arce, habría manifestado la existencia de aproximadamente 925.000.000 Bs en fondos. Además, sugirió la necesidad de una Resolución Biministerial para el uso de esos recursos acumulados.

A pesar de que la Ley Financiera no contemplaba las transferencias público-privadas, se podrían elaborar proyectos para transferir los recursos en enero, bajo la nueva Ley Financiera.

Esta declaración es señalada por la Fiscalía como el hecho que permitió la presentación de proyectos sin los debidos mecanismos de control, lo que originó las presuntas irregularidades.

Próximos pasos en la investigación

Mientras el exministro espera su audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía también ha solicitado la toma de declaraciones de una larga lista de exautoridades y otras personas relacionadas con el caso.

Entre los nombres destacados se encuentran Julia Ramos, exministra; Diego Faldin; Sergio Hinojosa; Herminia Colque; Luisa Villca; Jorge Quispe; Eliseo Camiño; Epifanio Pacheco; Sandra Paredes; Ramiro Burgos; Victor Quintanilla; Nemecia Achacollo; Gloria Zamorano; Felipa Huanca; Rodolfo Machaca; Hilarion Mamani; Ever Choquehuanca; Melva Hurtado; Julian Jala; Juanita Ancieta; Carlos Fuentes y Julia Ramos.

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Esta decisión fue tomada por la fiscal analista de Chuquisaca, quien analizó la Constitución boliviana y la Ley Procesal que regula el juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial. Así lo explicó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público.

Mariaca destacó que esta determinación se apoya en un “auto de vista” que fue emitido por una Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Esta es la región donde se presentó la denuncia y el auto determinó que la vía ordinaria no era competente para procesar a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por esta razón, el Ministerio Público decidió remitir la denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En concreto, se envió a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se evalúe la situación jurídica de los magistrados denunciados, según lo indicado por el fiscal general.

El fiscal Mariaca también mencionó que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca revisó todos los antecedentes del caso dentro de los plazos legales establecidos. Además, se tomaron en cuenta decisiones jurisdiccionales previas para asegurar que la determinación no infrinja el procedimiento legal.

El Ministerio Público no tiene la autoridad para procesar ni destituir a autoridades electas, de acuerdo con el mandato constitucional. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como órgano competente, la que debe analizar y decidir sobre la situación jurídica de los magistrados denunciados, manifestó el fiscal.

“Si la Asamblea emite un informe que permita al Ministerio Público actuar, lo haremos, siempre dentro del marco de la legalidad”, agregó el funcionario.

Demanda penal contra magistrados

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, presentó el martes una demanda penal contra los magistrados del TCP: Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karen Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo. Esto se debe a los presuntos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes” y “usurpación de funciones”.

Saucedo expresó en sus redes sociales que el Tribunal Constitucional es “una de las instituciones que más daño ha causado al país y a su democracia” a través de los magistrados que se han autoprorrogado. También manifestó que no se puede permitir que “un puñado de personas destruyan la institucionalidad”.

Elecciones judiciales en Bolivia

Las elecciones judiciales en Bolivia se llevaron a cabo en diciembre de 2024, un año después de lo previsto debido a problemas en el Legislativo y a numerosas causas judiciales que retrasaron el proceso en varias ocasiones.

Por un fallo constitucional, estos comicios se realizaron únicamente en 4 departamentos, mientras que en 5 no se pudo elegir a los jueces del TCP. En 2 de esos departamentos tampoco se eligieron a los magistrados del TSJ.

El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía concluir a principios del año pasado. Sin embargo, en diciembre de 2023, el TCP decidió extenderlo, argumentando que era necesario evitar un “vacío de poder”.

Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aún más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales, lo cual debe hacerse mediante una ley.

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La aprehensión se llevó a cabo en colaboración con la Policía de España, que logró identificar cuentas en internet que compartían este tipo de contenidos. El fiscal Javier Huanca, encargado del caso, informó que las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

Detalles del detenido

El detenido es de nacionalidad boliviana y fue arrestado en las cercanías de su hogar. Según los avances de la investigación, se le ha identificado como una fuente de los videos que contienen material de abuso infantil, donde hay víctimas extranjeras y al menos una menor boliviana.

Identificación de víctimas

El fiscal del caso mencionó que, hasta el momento, no se ha logrado identificar a la menor boliviana que aparece en los videos. Esto resalta la complejidad de la investigación y la necesidad de seguir trabajando para proteger a las víctimas.

Imputación y medidas legales

La Fiscalía tiene la intención de imputar al aprehendido por el delito de pornografía. Además, solicitará su detención preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer todos los detalles del caso.

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La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien está a cargo del caso, expresó a los medios: “Nosotros también vamos a tomar las precauciones correspondientes porque no puede ser que lo digan con tanta certeza. Eso es lo que a nosotros como Ministerio Público nos preocupa, que digan con tanta certeza que la víctima no existe”.

Posición de Evo Morales

Morales reiteró el domingo durante un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca que “si no hay víctima, no hay delito”. En este proceso, afirmó que “no hay víctima”, insistiendo en que el caso se abrió por una “persecución” para evitar que él sea candidato en las elecciones generales programadas para agosto.

La fiscal Gutiérrez recordó que en un caso “mucho más grave aún” en 2023, se logró una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, que es la pena máxima en la legislación boliviana, para un feminicida confeso, a pesar de no haber encontrado el cuerpo de la víctima.

Gutiérrez también mencionó un audio, cuya veracidad no ha sido confirmada, en el que “la víctima se declaró en la clandestinidad”.

Investigación en curso

Además, indicó que se investiga el caso de presunta trata de personas, en el que las víctimas son la joven con la que Morales supuestamente tuvo una relación cuando ella era menor de edad y la hija que tuvieron, cuyo paradero es desconocido desde el 2 de octubre.

La fiscal expresó: “Nos preocupa que salgan alegremente a decir, no solo Evo Morales, sino también sus abogados y asambleístas, que la víctima no existe. Eso les dejo para ustedes (los periodistas), ¿por qué aseguran con tanta certeza que la víctima no existe?”. Gutiérrez aseguró que la joven tiene “todas las garantías” para ser parte del caso.

Situación legal de Morales

Un tribunal declaró en rebeldía a Morales el 17 de enero, después de que el político no se presentó en dos ocasiones a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas, alegando enfermedad.

La justicia también le prohibió salir del país, ordenó la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emita un mandamiento de aprehensión contra el exlíder del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde octubre, Morales no ha salido del trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político, donde cuenta con la protección de centenares de cocaleros y campesinos.

Los medios de las federaciones de cocaleros de la zona han difundido imágenes de algunas acciones que realizan los seguidores del exmandatario en su defensa. Estas incluyen la excavación de pozos para evitar el aterrizaje de aviones o helicópteros en la zona, así como el levantamiento de barricadas con palos de madera y sacos de arena.

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La decisión se hizo conocer mediante un documento enviado por la comisión de fiscales al Juez 2do de Instrucción Anticorrupción en lo Penal, donde está el caso, y se busca establecer una presunta red de corrupción que operaba dentro de la comuna cruceña.

Sosa enfrenta el delito de enriquecimiento ilícito además de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Actualmente, la exburgomaestre esta con detención preventiva en la cárcel de Palmasola desde el 24 de diciembre de 2021.

Entre los principales implicados en el caso están: Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, en la gestión de Percy Fernández, quien está detenido en una cárcel de Brasil.

También su hermano, Guillermo Parada, es otro de los implicados. En días recientes Panamá concedió a Bolivia su extradición y dio un plazo de 30 días para concretar ese pedido.

/ABH

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La defensa de la exmandataria tendrá una hora para poder presentar sus alegatos, con argumentos para liberar de culpa a su defendida en relación a los delitos que le acusan.

Durante el desarrollo del juicio que comenzó este lunes a las 14:00 horas, Añez y sus abogados solicitaron a los jueces autorizar su salida de la cárcel para que participe de forma física y presencial en el juicio, sin embargo, la petición fue negada.

Por su parte, el abogado Alaín de Canedo tildó de “ilegal y arbitraria” la decisión del tribunal de reinstalar el juicio contra la expresidente y afirmó que se forzará una sentencia, reportó la agencia de noticias ANF.

“Se está forzando una sentencia, no sé el día de hoy, pero hasta mañana esto termina. Es parte de lo que se pretende un juicio y una sentencia exprés”, aseveró.

En horas precedentes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló que el Ministerio Público pedirá una condena de 15 años de cárcel para la exmandataria, por asumir de manera supuestamente ilegal la Presidencia del Estado en 2019.

Descompensación de salud de Añez

El asesor jurídico del recinto penitenciario, Brayan Ticona, señaló que Añez se retiró a “reposar al área de salud” del penal, reportó la red Erbol.

La exmandataria presentó problemas de “cansancio de espalda” y tuvo que recibir atención médica.

“Está recibiendo una fricción en su espalda, estamos esperando respuestas del área médica”, afirmó Ticona.

Ante la situación, el presidente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, Germán Ramos, decidió declarar en receso la audiencia por la descompensación en la salud de Añez.

“Por intermedio de usted, al personal del penal de Miraflores estamos disponiendo a efectuar un receso hasta el día de mañana (martes) a las 14.00 para que la señora (Jeanine) Añez pueda conectarse y ustedes puedan continuar con la revisión médica de la misma”, indicó el juez al asesor jurídico de la cárcel.

/JDLF/

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Los delitos de los que se acusa a Rivas son: Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias y Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos.

Es investigado porque supuestamente instruyó la activación de alertas migratorias denominadas “informativas” sin cumplir el procedimiento de acuerdo a la normativa.

El fiscal Gustavo Balderrama explicó que la exautoridad presuntamente ordenó la activación de 455 alertas migratorias de manera directa mediante un instructivo a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos, pero “no adjuntó ninguna documentación” o antecedentes de respaldo para su registro.

Activación de alertas “irregularmente”

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio Público, se activó de manera irregular “alertas informativas” para personas relacionadas al ámbito político como exautoridades de Gobierno.

Asimismo, Balderrama sostuvo que las alertas migratorias se emiten por orden judicial o requerimiento fiscal, cuando existe una resolución de aprehensión o por unidades específicas de la Policía, como Trata y Tráfico de Personas o de Régimen Penitenciario.

Rivas presuntamente emitió alertas migratorias sin ninguna de estas solicitudes del 19 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

Denuncia de Ministro de Gobierno

En noviembre de 2020, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció la emisión irregular de alertas migratorias de parte de Rivas, que según su criterio tenían el propósito de una persecución política contra exfuncionarios, periodistas, diplomáticos e incluso empresarios.

Actualmente, Rivas se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

/JDLF/

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“Como hemos denunciado, el MAS decide y el sistema judicial obedece: me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”, señala el tuit de Añez.

La expresidente manifestó que no se la puede tildar de “golpista”, debido a que durante su gobierno funcionaba la Asamblea Legislativa.

La Fiscalía había pedido seis meses de detención preventiva, pero la jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz consideró que ese tiempo era excesivo para investigar, por lo cual decidió que sólo sean cuatro.

La audiencia se realizó el domingo 14 de marzo, y duró más de nueve horas de forma virtual, mientras que los imputados estaban en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Las tres exautoridades fueron aprehendidas en el Beni y trasladadas a la ciudad de La Paz, luego de haber sido acusadas de los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Añez como Presidente.

La Fiscalía pidió cárcel para Añez y sus exministros bajo el argumento que podrían escapar del país o influir en las personas que faltan por declarar.

La jueza consideró que los imputados tienen domicilio y trabajo de arraigo natural, pero en el caso de Añez, señaló que existe el riesgo de fuga porque al detenerla se encontró evidencia de que pretendía escapar.

La expresidente Jeanine Añez luego de pasar dos días en celdas policiales fue trasladada la mañana de este lunes al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, a cumplir cuatro meses de detención preventiva, la exautoridad ingresó al recinto penitenciario en horas de la mañana.

/MDCB

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