Declaraciones del rector

El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, ha aclarado que, a pesar de la magnitud de la investigación que está llevando a cabo la policía y la fiscalía, no existen denuncias específicas que vinculen directamente a los títulos emitidos por la universidad con actos de falsificación.

“En la UTO específicamente no hemos tenido un caso de este tipo, no hay denuncias. Las instituciones públicas nos piden habitualmente la certificación de todos sus técnicos y los atendemos de forma ordenada”, afirmó Medinaceli.

Irregularidades anteriores

El rector también recordó que en la gestión pasada, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) detectó una irregularidad en un título en provisión nacional. En este caso, la empresa estatal inició el proceso legal correspondiente. Sin embargo, Medinaceli subrayó que este incidente no involucró a la universidad como responsable de la falsificación, sino que se trató del uso indebido del documento por parte de un particular.

Investigación en curso

La declaración del rector se produce en el contexto de una investigación que ha revelado una compleja operación de falsificación. Durante esta investigación, se han secuestrado sellos de instituciones tanto públicas como privadas, así como computadoras, impresoras y folios reales originales que fueron desviados desde el Órgano Judicial, entre otros elementos.

Compromiso con la transparencia

Ante la creciente preocupación de la ciudadanía, el rector Medinaceli ha reiterado que la universidad está abierta a recibir consultas, denuncias o incluso solicitudes para certificar la autenticidad de documentos académicos. Este procedimiento, según aseguró, es algo que las entidades públicas y privadas suelen solicitar de manera habitual.

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Inicio de la investigación

El coronel Martin Arequipa, director de la Felcc, explicó que la investigación comenzó el 20 de octubre de 2025. Esto ocurrió tras la denuncia de un ciudadano que, al intentar realizar un trámite de reconocimiento de firmas ante Derechos Reales, notó que los datos del documento no coincidían. Al verificarlo en la misma institución, se enteró de que el documento era falso.

La persona afectada descubrió que la fecha de emisión del documento era el 16 de octubre del presente año. Sin embargo, Derechos Reales no estaba operando en esa fecha, ya que estaban realizando modificaciones en su sistema de emisión de certificados.

Detalles de la operación

Patricia Araoz, la fiscal que lidera la investigación, comentó que, tras varias semanas de trabajo, se identificaron múltiples domicilios donde se producían los folios reales falsos, así como planos modificados, títulos académicos y sellos de diversas instituciones públicas y privadas, incluidos los de abogados.

“Hemos encontrado sellos de toda naturaleza. Se encuentra de la Alcaldía, de la Gobernación, de Derechos Reales, de la Policía, de abogados, de notarios y de muchas instituciones donde se ha podido establecer que se fabricaba todo tipo de documentación. Los bancos han sido, como quien dice, el punto clave de esto. Estas personas falsificaban para que otros pudieran obtener créditos en estos bancos, haciendo creer que tenían propiedades, negocios, NIT, etc.”, explicó la fiscal.

Allanamientos y secuestro de evidencia

Ayer, a las 08:00 horas, se realizó un primer allanamiento en la intersección de la 6 de Octubre y la avenida Sargento Flores. En este operativo se secuestraron 140 sellos de diferentes instituciones, entre ellos los del Consejo de la Magistratura, Derechos Reales y notarios. También se incautaron 2 computadoras y una impresora. Durante esta acción, se aprehendió a un varón y se arrestó a su hermano.

El segundo operativo se llevó a cabo en la calle Ayacucho y 6 de Octubre, donde se confiscó una computadora, 3 impresoras, fotocopias de planos y hojas técnicas. En este lugar también se aprehendió a un varón.

“En este domicilio se encontró dentro de la computadora un formato de documento que se utilizaba para cambiar el nombre de hojas técnicas y otros documentos que no estaban autorizados, ya que se estaba falsificando mucha documentación importante”, precisó el jefe policial.

Funcionaria involucrada

Las investigaciones permitieron identificar a una funcionaria judicial del DAF como parte de esta red de falsificación de documentos. Se estableció que esta funcionaria vendía hojas de folio real. “Estamos hablando de esos formularios de folio real que emite Derechos Reales. Estos formularios en blanco, que sí son originales, los sacaba dicha funcionaria junto con las carpetas respectivas”, reveló Arequipa.

El encargado Distrital del Consejo de la Magistratura, Erick Aguila Aranibar, indicó que la funcionaria trabaja como cajera en la DAF del Órgano Judicial. Además, no descartó la participación de más personas en este caso. Hasta ahora, se han registrado al menos 3 denuncias similares en lo que va del año, que podrían estar relacionadas entre sí.

Más operativos y situación actual

En otro operativo, se ingresó a un domicilio en las calles 1 de Noviembre y 6 de Octubre, donde se secuestraron 29 folios reales en blanco, formularios de Derechos Reales y un DVR. En esta vivienda también se arrestó a otro varón.

Los operativos fueron coordinados entre la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y Escena del Crimen de la Felcc. Los delitos que se investigan incluyen falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de sellos.

Continuación de las investigaciones

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, destacó el operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía para desmantelar esta red criminal que falsificaba folios reales y documentos oficiales. Sin embargo, enfatizó que las investigaciones apenas comienzan y no se descartan más aprehensiones.

“No se descarta que existan más aprehensiones, ya que no solo actuaban las personas que se encuentran en celdas, sino también otras que trabajan en instituciones públicas y que podrían ser parte de esta organización criminal”, expuso.

Las investigaciones determinarán la cantidad de víctimas en este caso, así como el precio al que se vendía la documentación falsa y el tiempo que llevaba operando esta red. Se estima que hoy se llevará a cabo la audiencia cautelar para definir la situación jurídica de los 3 aprehendidos.

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El jueves 25 de septiembre de 2025, un juez tomó la decisión de que Angulo permanezca en prisión durante 3 meses mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Denuncia de propietarios

El fiscal Eddy Durán explicó que la denuncia contra Angulo fue presentada por 4 propietarios de terrenos en la zona de Bajo Milluni. Estos propietarios lo acusan de haber falsificado documentos en su notaría, supuestamente en complicidad con otras personas.

Según la investigación preliminar, se ha determinado que Angulo habría participado en la creación de documentos fraudulentos con el objetivo de alterar la titularidad de los terrenos en cuestión.

Falta a la citación

El fiscal también indicó que el exdiputado no se presentó a declarar cuando fue citado por el Ministerio Público. Esta inasistencia fue la razón por la que se ordenó su aprehensión.

Carrera política de Angulo

Juanito Angulo fue elegido como diputado suplente en 2020 por el MAS, pero decidió renunciar a su curul en 2023 para dedicarse a su labor como notario. Ahora, deberá enfrentar el proceso judicial desde la cárcel mientras se recogen más pruebas y declaraciones en este caso.

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Recientemente, el concejal Iván Quispe hizo públicas las irregularidades que se estarían produciendo en los trámites municipales de Oruro. Según su denuncia, se habrían falsificado documentos para facilitar transferencias y pagos de impuestos. Entre las irregularidades mencionadas, se encuentran firmas falsas, poderes caducos y transferencias que habrían sido avaladas utilizando la identidad de personas fallecidas.

Investigación del Ministerio Público

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, ha indicado que el Ministerio Público está revisando la denuncia presentada. En caso de que la parte denunciante no formalice la denuncia, se prevé abrir un proceso de oficio. Morales ha señalado que los hechos descritos podrían constituir delitos como falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho. Esto se debe a que, presuntamente, funcionarios municipales estarían involucrados y habrían actuado como tramitadores.

Seguimiento a casos anteriores

Quispe también recordó que en la gestión pasada se realizaron denuncias similares. En ese momento, la unidad de Transparencia determinó la existencia de irregularidades y recomendó iniciar procesos administrativos y penales contra los responsables. “Estamos haciendo seguimiento a los nuevos casos y vamos a remitir la información necesaria para que se proceda conforme a ley”, afirmó Quispe.

Posibles consecuencias de las denuncias

Si se confirman las denuncias, la Fiscalía ha anunciado que continuará con las investigaciones para establecer la responsabilidad administrativa y penal de los implicados. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad en los trámites municipales de Oruro.

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Ellefsen afirmó que Huaytari no ha asistido a las sesiones durante los últimos 7 meses. En algunas ocasiones, el expresidente ha llegado en estado de ebriedad y solo se ha quedado durante la toma de asistencia. Luego, sale del hemiciclo y no regresa. “Estas licencias claramente falsificadas han sido aceptadas por la Primera Secretaría y el actual directorio, lo que está generando un daño económico al Estado y a Diputados”, señaló Ellefsen.

Exigencia de un informe

El legislador exigió un informe sobre la situación y encontró evidencia de que existen documentos y sellos falsificados. Ellefsen solicitó que se revisen las licencias que solicitó Huaytari. En dicho informe se evidencia la falsificación de documentos, el uso de instrumentos falsificados y la alteración de firmas de la gobernación de Potosí y de otras instituciones. “No es una, sino son varias irregularidades”, precisó.

Advertencia de acciones legales

Ellefsen cuestionó la inacción del cuerpo legislativo y advirtió que presentará una demanda penal contra Huaytari, el primer secretario de Diputados, Delfor Burgos, y el titular de esa instancia, Omar Yujra. Huaytari asumió la presidencia de la Cámara Baja el 3 de noviembre de 2023 y su gestión fue cuestionada por hechos relacionados con corrupción.

Sesión del pleno

El miércoles se llevó a cabo una sesión del pleno para tratar al menos 9 puntos, incluyendo la aprobación de créditos externos y el tratamiento del informe final del caso Botrading. Sin embargo, Huaytari no asistió porque solicitó permiso, al igual que otros 21 parlamentarios.

Respuesta de Huaytari

Este medio se comunicó con el diputado Israel Huaytari para conocer su versión sobre la denuncia en su contra. Huaytari indicó que no podía conversar porque estaba en pleno viaje. “Ahora estoy en carretera, el lunes por la tarde le puedo atender”, dijo.

Funciones de la Primera Secretaría

La Primera Secretaría de la Cámara de Diputados, ocupada por Delfor Burgos del Movimiento Al Socialismo (MAS), es la encargada de verificar la asistencia y evaluar las solicitudes de permiso debidamente respaldadas.

Modificación al reglamento

Por otra parte, Ellefsen anunció que están preparando una modificación al reglamento para presentar en la próxima sesión. En caso de solicitar licencias, los diputados deberán habilitar a sus suplentes y darles parte de su sueldo.

El inciso b) del artículo 24 del Reglamento de Diputados señala que los legisladores titulares podrán gozar de licencia hasta por 4 días, debiendo ser solicitada a la Primera Secretaría debidamente fundamentada. Este miércoles también se produjo una discusión en la Cámara de Senadores por las reiteradas licencias de los candidatos en carrera electoral para la primera vuelta.

/KMMN

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“Nos hemos apersonado a la Fiscalía cuando se ha encontrado una documentación falsa que hubiese presentado la empresa (en el proceso de adjudicación), inmediatamente anoticiados nos hemos apersonado a la Fiscalía para denunciar este documento que hubiese fraguado la empresa (“Engelbert Burgos Tejerina”), la Fiscalía ya está realizando la investigación correspondiente”, dijo el alcalde.

Explicó que dichos documentos falsos eran adicionales al proceso de adjudicación y no correspondía su presentación; pero la denuncia ya está en la Fiscalía para su investigación.

El concejal Ivan Quispe solicitó la Contraloría que realice una auditoría al proceso de adquisición de las butacas por presuntas irregularidades, esta instancia hizo llegar un informe a dicha autoridad el 3 de junio, en el que se señala que el 27 de marzo, el alcalde Adhemar Wilcarani instruyó efectuar una auditoria sobre el proceso de contratación “Adquisición de 490 butacas para el Teatro Casa Municipal de Cultura”.

El informe preliminar de la Unidad de Auditoría Interna salió el 7 de abril de esta gestión, señalando los indicios de falsedad y el 11 de abril, por instrucción del alcalde, se presenta una querella en contra del representante legal de la empresa unipersonal “Engelbert Burgos Tejerina” ante la Fiscalía, por el presunto delito de uso de instrumento falsificado, encontrándose a la fecha en la etapa preliminar de la investigación, detalla dicho informe de la Contraloría.

La empresa unipersonal “Engelbert Burgos Tejerina”, con representante legal del mismo nombre, fue contratada de forma excepcional por el GAMO en noviembre del 2024, luego de que en dos ocasiones las licitaciones nacionales fracasaran; el objetivo era la adquisición de 490 butacas con un costo de 1.689.400 bolivianos, para el Teatro Municipal de Cultura.

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Detalles del operativo

El operativo se realizó después de una denuncia sobre la carga de carne. Las autoridades implementaron medidas de seguridad y convocaron a la prensa para dar visibilidad al trabajo coordinado contra el tráfico ilegal de productos. Tras la inspección, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, confirmó: “Es madera, no carne”.

Silva agregó que este caso es un claro ejemplo de cómo los contrabandistas falsifican documentos para engañar a las autoridades. El camión contaba con una guía de movimiento que parecía estar legalizada, permitiendo su transporte bajo la premisa de ser una carga destinada al mercado argentino.

Investigación sobre la madera

La madera encontrada también parece provenir de contrabando y estaba en un camión frigorífico. Esto ha generado interrogantes sobre las tácticas utilizadas para ocultar la ilegalidad de la carga. Las autoridades han indicado que se procederá con el decomiso del vehículo y el inicio de investigaciones por falsificación de documentos y contrabando.

El conductor del camión fue puesto a disposición de las autoridades para aplicar las sanciones correspondientes según la Ley. Este hecho refleja la sofisticación de las redes de contrabando en la región, que buscan burlar los controles fronterizos y manipular la documentación.

Prioridad del contrabando de carne

El contrabando de carne en Bolivia continúa siendo una prioridad para las autoridades. Estas han identificado un flujo constante de carne ilícita ingresando al país, específicamente en Tarija. El incidente resalta las falencias en los protocolos de control y verificación de la documentación en los puntos de salida.

Las autoridades continúan trabajando para mejorar estos procesos y evitar futuros intentos de contrabando. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles para proteger la legalidad del comercio en la región.

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Murguía afirmó que no tiene relación con el exmandatario y que tanto su firma como su sello han sido falsificados. “Este documento que está circulando es falso, no corresponde a la matrícula que yo tengo, al sello que tengo y a la firma respectiva mía”, declaró el médico. Además, expresó que desconoce las intenciones detrás de esta falsificación y reiteró que nunca ha atendido ni revisado al expresidente.

El certificado falso

En las redes sociales, se publicó el supuesto certificado que la defensa de Evo Morales habría presentado durante su audiencia del pasado martes. Sin embargo, el documento que se ha difundido es completamente falso.

Denuncia de falsificación

El médico Murguía denunció que su sello fue escaneado y utilizado sin su autorización. Este tipo de acciones pueden tener un impacto negativo en la percepción pública sobre la veracidad de los informes médicos, así como en la confianza que la gente tiene en los profesionales de la salud.

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Según la información oficial, el exteniente se dirigió el martes 18 de julio al Segip para actualizar su documento de identidad original y, al día siguiente, con el aspecto cambiado, intentó burlar los controles al querer renovar su nombre falsificado, que correspondía a Sebastián Áñez Ruiz.

Cuando se realizaba el trámite, el equipo biométrico, la huella dactilar y cámara facial saltaron de inmediato para señalar que la identidad era incorrecta, ya que la huella arrojaba que se trataba de Julio Navia.

Alpacino Mojica, director regional del Segip, informó que tras detectarse este movimiento, fue alertado por los funcionarios y se procedió a llamar a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para sentar la denuncia. Estos, al conocer del hecho, acudieron a las dependencias del Segip para arrestar al sujeto.

Esta institución del Estado sentó la denuncia en contra del exteniente por el presunto delito de falsedad material e ideológica, y uso de instrumento falsificado, lo cual fue aceptado por la Fiscalía, al hallarse en flagrancia.

Mojica pidió que el acusado sea enviado, de manera preventiva, a la cárcel de Palmasola, por los delitos mencionados. Se prevé que la audiencia se instale este viernes.

En 2022, Navia junto a otras cinco personas fueron procesados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, vinculados al narcotráfico. El expolicía fue detenido en 2010, cuando fue desbaratado el denominado “clan Navia” en el que estaban involucrados narcotraficantes miembros del cártel colombiano Norte del Valle, sicarios y expolicías.

En  2010, Julio René Navia y su padre, Arturo Navia, fueron apresados por el supuesto tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito. En 2014 recobraron su libertad a través de medidas sustitutivas.

En ese tiempo, y con solo 26 años, Navia Gorena reportó movimientos exorbitantes de dinero en sus cuentas bancarias, de hasta un millón y medio de dólares. Este monto no pudo justificar solo con sus ingresos. En la investigación se supo que, en su corta carrera policial, ocupó el cargo de jefe de aeropuerto de la Felcn en Viru Viru.

En enero de 2011, Julio René Navia se vio salpicado por el doble crimen, en plena vía pública, que afectó a los esposos Soria-Añez, quienes eran sus suegros y fueron acribillados por sicarios, que circulaban en moto, en el cuarto anillo de la carretera a Cotoca.

En abril de 2020 fue arrestado con una credencial de policía, pese a ser dado de baja en la institución “verde olivo” y con un pase de circulación falso durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Mientras que, en 2021, fue aprehendido por Diprove por tener bajo su posesión un vehículo reportado como robado.

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En una entrevista con Unitel, Mojica, quien denunció el caso por falsificación de documentos, explicó que tres funcionarias de la oficina del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Yapacaní están implicadas en las investigaciones por emitir un certificado de nacimiento falso. Este documento fue utilizado por la ciudadana extranjera para intentar obtener su cédula de identidad.

Medidas judiciales para las funcionarias involucradas

Dos funcionarias fueron puestas en libertad: una con libertad irrestricta y la segunda deberá firmar un registro semanal en la Fiscalía Departamental. Mientras tanto, a la tercera funcionaria se le impusieron medidas sustitutivas.

Solicitaron mayor tiempo de detención preventiva

Durante la entrevista, Mojica mencionó que solicitaron 180 días de detención preventiva para la ciudadana extranjera, pero solo se otorgaron 30 días. Además, destacó la importancia de sentar precedente ante esta situación y no descartó que existan casos similares. Las investigaciones continúan en curso.

Diputado del MAS involucrado en el caso

Uno de los implicados en este caso es Daniel Rojas, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya esposa trabaja como cajera en el Sereci de Yapacaní y está involucrada en las irregularidades detectadas. Rojas considera que su esposa no debería recibir medidas sustitutivas y cree que la investigación debería extenderse a los responsables de esta institución.

Además, expresó su preocupación por sentir que su familia está siendo atacada debido a las denuncias realizadas contra ministros y las irregularidades en la entidad pública.

/WBMC

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El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Rolando Rojas, señaló que la empresa aseguradora fue la que realizó la denuncia, luego de detectar documentos fraguados de informes de la División Homicidios de la Policía.

De acuerdo al reporte, se aprehendió a los dueños de ambos funerarias, uno de 48 años y otro de 69; además se procedió con el arresto de tres trabajadores.

Rojas sostuvo que existen dos casos denunciados, en los cuales aparentemente se pagó Bs. 120 mil por seguros de vida, reportó la red Erbol.

Detalles de las intervenciones

En las intervenciones, se secuestraron documentos, en que figuran nombres erróneos del personal de la División Homicidios, así como las identidades de investigadores inexistentes.

Asimismo, se verificó que los documentos hacen referencia a personas cuyos casos no fueron registrados en la División Homicidios.

Por otro lado, encontraron sellos que no tienen relación con los oficiales que se usan en trámites.

/JDLF/

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“Conforme a las disposiciones se realizarán los aspectos para coadyuvar a que estos se lleven de mejor manera, evitar que haya falsificaciones, fraguado de este tipo de documentos, mala utilización, remisión ilegal de otros ámbitos”, declaró a ANF el subdirector de la Felcc, Juan José Donaire.

Personal de la institución del “verde olivo” realizará esa labor después que el Gobierno dispuso que a partir del 1 de enero de 2022 entrará en vigencia la portación del carnet de vacunación contra el coronavirus, se constituirá en un “documento oficial” en el territorio nacional.

El subdirector de la Felcc precisó que la Policía forma parte del Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicios de Salud (Comarpre) y del Comité Interinstitucional de Lucha contra los Medicamentos Ilícitos.

En ese contexto ejercerá sus funciones para realizar todas las acciones en el cumplimiento del Decreto Supremo que prevé la vigencia del carnet de vacunación, específicamente para evitar la falsificación de dicho documento.

Decreto Supremo

Mediante un Decreto Supremo, el Gobierno de Luis Arce estableció que el carnet de vacunación anticovid será un requisito para acceder a lugares de aglomeración y transporte interdepartamental. La medida ingresará en vigencia desde el 1 de enero de 2022 para personas mayores de 15 años.

Esta medida regirá para instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, según señala el documento.

En mencionadas entidades, se debe presentar el carnet de vacunación con esquema completo, es decir, primera y segunda dosis de la Sputnik-V, o Pfizer, o Sinopharm, o AstraZeneca u otra, o una dosis de la Johnson & Johnson u otra, según el Decreto 4640.

El carnet de vacunación de la primera dosis se aceptará para aquellas personas que a la publicación del Decreto Supremo no se encuentren vacunadas, debiendo posteriormente según el intervalo de tiempo, contar con el esquema completo de vacunación.

Para las personas que decidan no vacunarse, el Decreto dispone que deben presentar la prueba PCR negativa emitida hasta 48 horas antes de su ingreso a los establecimientos.

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DVVQ.

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