“Muchos de los policías tienen una estrategia mafiosa y es una estrategia donde se vulneran derechos fundamentales”, declaró el diputado del MAS, Renán Cabezas, al referirse a la naturalización de la tortura.

Asimismo, señaló que el paraíso de los torturadores refleja que a pesar de existir centenares de denuncias, ninguna llegó a sentencia, lo que demuestra la impunidad y el fomento a la tortura, reportó la agencia de noticias Fides.

De enero de 2013 a mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo registró 1.033 denuncias de tortura, de las cuales el 72% es contra la Policía, 12% contra las Fuerzas Armadas y el 4% contra Régimen Penitenciario y el Ministerio Público.

Cabezas manifestó que la tortura es un delito que está penado de acuerdo a la Constitución y al Código Penal, sin embargo, reconoce que falta aplicar que los fiscales y jueces cumplan la ley.

En la misma línea, Alejandro Reyes coincidió en que en el país no se cumplen las leyes.

“Las normativas existen, pero no existe cumplimiento de la ley”, lo que genera un escenario de impunidad.

Además, señaló que no debería existir ni una denuncia de tortura y atribuyó a la falta de institucionalidad que ninguna denuncia llegue a una investigación seria con sanción.

“No prosperan por la falta de instituciones creíbles e independientes, falta de justicia en el país, es parte de la crisis institucional”, manifestó el Reyes.

Lamentó que estas conductas de tortura, generalmente para obtener información o para inculpar a las personas, se estén normalizando, no obstante, están penadas a nivel internacional por tratados internacionales de los que Bolivia es suscriptor.

Este año se conoció que la Fiscalía General del Estado tramitó desde 2019 hasta abril de este año 110 denuncias por tortura. Ninguna llegó a sentencia.

El diputado Cabezas cree que se están vulnerando derechos, además de no cumplirse la norma, observó los nexos de la Policía con la Fiscalía y la Justicia.

Comprometió una investigación, anunció que solicitará una petición de informe a la Defensoría del Pueblo porque no prosperan los casos en los que se han identificado a policías y militares como los más denunciados.

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