El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció este viernes 15 de mayo de 2026 que se iniciarán fiscalizaciones e investigaciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país. Esta decisión surge tras denuncias de algunos legisladores sobre el uso de fondos extranjeros para financiar protestas y medidas de presión con fines desestabilizadores.

Acciones desestabilizadoras y fuentes de financiamiento

Aramayo manifestó que diversas fuentes financian acciones desestabilizadoras en contra del Gobierno, incluyendo ONG, fundaciones e incluso el crimen organizado. En este sentido, destacó la necesidad de implementar acciones de fiscalización mediante los mecanismos necesarios.

Responsabilidades del Gobierno

El canciller explicó que el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Planificación y la Cancillería tienen diferentes responsabilidades en cuanto al registro y seguimiento de estos organismos. Además, enfatizó que el poder judicial también debe intervenir, ya que todo está en fase investigativa en varias dimensiones.

Respeto al Estado de Derecho

Aramayo subrayó la importancia del respeto no solo hacia la figura del Presidente, sino también hacia la vigencia plena del Estado de Derecho en Bolivia. Afirmó que no es aceptable que las ONG y otros organismos actúen con libertad para llevar a cabo acciones desestabilizadoras en territorio boliviano.

Marco legal y recuperación de la institucionalidad

Finalmente, el canciller precisó que todas las acciones deben realizarse dentro del marco legal. Además, consideró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben promover investigaciones y sanciones ante cualquier acción desestabilizadora.

Denuncias sobre engaños a comunidades indígenas

La supuesta injerencia de las ONG en el país ha sido denunciada desde la controversia por la Ley 1720 de Conversión de Tierras.

Algunos legisladores aseguraron que estos organismos “engañaron” a los indígenas haciéndoles creer que sus tierras serían arrebatadas. Asimismo, se denunció que financiaron la marcha desde Pando hasta la sede del Gobierno exigiendo la abrogación de esta normativa.

Investigaciones sobre financiamiento europeo

Tras la abrogación, el senador Leonardo Roca denunció que organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información–Bolivia (Cedib) y Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) utilizaron fondos europeos para financiar estas acciones. En una conferencia de prensa, mostró balances financieros que aparentemente no cuadraban y fotografías de trabajadores presentes en la organización de la marcha indígena.

Roca aseguró que el primer objetivo de las ONG era la abrogación de la Ley 1720 y ahora buscan la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.

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Hace unos días, el Presidente Rodrigo Paz anunció que uno de los principios de su gobierno será “cimentar una cultura de confianza entre los bolivianos”. Lejos de una consigna circunstancial, este objetivo debería asumirse como una prioridad nacional si se quiere recomponer el tejido social y asegurar la gobernabilidad democrática, el desarrollo económico y la cohesión social, más aún en un país que ha construido buena parte de su identidad colectiva alrededor del escepticismo.

Según la Encuesta Mundial de Valores (2018), apenas el 9% de los bolivianos cree que se puede confiar en los demás. En la misma línea, el Latinobarómetro 2024 muestra niveles alarmantemente bajos de confianza en las principales instituciones del Estado: el 12% confía en el gobierno, el 13% en el Órgano Judicial, el 10% en los partidos políticos, el 16% en la Policía, el 20% en el Parlamento y el 24% en los sindicatos. Estas cifras nos sitúan en los últimos lugares entre los países del continente.

La confianza puede definirse como la expectativa compartida de que las personas y las instituciones procederán de manera previsible, honesta y conforme a reglas pre establecidas. En el ámbito público, implica creer que el Estado ejercerá el poder dentro de límites, que respetará derechos, cumplirá compromisos y actuará en función del interés general.

En Bolivia, la desconfianza se ha convertido en un principio tácito de organización social. El Estado diseña políticas suponiendo el incumplimiento del ciudadano, y el ciudadano actúa suponiendo el abuso del Estado. En ese contexto, las normas pierden legitimidad, las instituciones se vacían de sentido, la cooperación social se encarece y el conflicto se vuelve permanente. Las consecuencias son evidentes: autoridad erosionada, apatía política, informalidad económica, evasión fiscal, conflictividad social y, en casos extremos, la tendencia a imponer salidas violentas.

Desde el Estado, la exigencia de múltiples requisitos, certificaciones redundantes, legalizaciones y duplicaciones de trámites, reflejan una baja confianza institucional que parte del supuesto implícito de que el ciudadano no cumple o a actúa de mala fe.  La política tributaria –por ejemplo– se apoya de manera predominante en mecanismos de sobre fiscalización, acoso, sanción y multa, especialmente hacia pequeños y medianos contribuyentes, revelando una desconfianza estructural del Estado hacia el ciudadano como sujeto económico.

En el ámbito empresarial, la situación no es distinta. Controles de precios, restricciones administrativas, autorizaciones previas y marcos regulatorios, además de entidades como la Autoridad de Empresas, el SEPREC o de inequitativas normas laborales, parten de la premisa de que los empresarios abusarán del consumidor o del trabajador si no son estrictamente vigilados. El resultado es un Estado policial y un sector privado precarizado, con menores incentivos para invertir, innovar y generar empleo.

Décadas de desconfianza han generado profecías autocumplidas. Los ciudadanos asumen que los impuestos serán irremediablemente dilapidados, que los gobiernos no cumplirán sus promesas y se corromperán, y que la aplicación de la ley es siempre selectiva y dependiente del poder político o económico.  Estas creencias alimentan un sistema en el que la mayoría de la gente no cree que el cambio sea posible, no paga impuestos, no participa en la vida pública y confirma su escepticismo ante cada fracaso. Así se consolida un círculo vicioso donde el Estado controla más porque no confía, el ciudadano evade porque no cree, la informalidad se expande y la legitimidad institucional se deteriora.

En un país construido sobre decepciones, frustraciones y mentiras, recuperar la fe y certidumbre no es tarea fácil.  La confianza no se impone ni surge de la retórica; se construye de manera gradual, y necesita coherencia y consistencia en el tiempo, instituciones creíbles, reglas estables y ciudadanos responsables y, sobre todo una visión de largo plazo que trascienda gobiernos y ciclos electorales. No basta con reformar leyes si las prácticas informales permanecen intactas. La confianza solo emerge cuando existe coherencia entre normas, discursos y comportamientos.

Para avanzar hacia el objetivo que ha planteado el Presidente Paz será imprescindible el fortalecimiento del Estado de derecho, la independencia de los órganos de control, la transparencia en la gestión pública, la profesionalización del servicio civil y la práctica y la participación ciudadana efectiva. La lucha contra la corrupción y la desburocratización, así como la libertad económica deben convertirse en políticas de Estado y restablecerse los espacios de fiscalización pública y control social, incluyendo la eliminación de la Ley 351.

Construir confianza es una tarea compleja, gradual y nunca concluida, pero absolutamente necesaria. En última instancia, no es solo un resultado deseable, sino una condición para que la vida en común sea posible y sostenible.

Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Bolivia ha sido retratada con una crudeza pocas veces vista. El reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) no solo ubica al país entre los peores del mundo en ausencia de corrupción, justicia civil y penal; lo desnuda. Lo muestra tal como lo viven millones de ciudadanos a diario: un Estado donde la ley ha sido capturada, donde la justicia no existe para quien no ostenta poder, y donde el sistema judicial, lejos de ofrecer garantías, es fuente de temor, desigualdad y manipulación política. En el ranking global, Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países en ausencia de corrupción, el 139 en justicia civil y nuevamente el 141 en justicia penal. En América Latina, apenas supera a un par de naciones sumidas en crisis abiertas. Es un retrato estremecedor, pero tristemente previsible.

Frente a esta evidencia, el gobierno boliviano optó por la negación más burda: desacreditar el informe por provenir de una “ONG”. Como si el origen del documento bastara para invalidar lo que ya es evidente en las calles, en los juzgados y en las cárceles. Como si el hecho de que millones de bolivianos enfrenten sobornos, extorsiones, sentencias vendidas y un acceso desigual a la justicia pudiera ocultarse con una frase defensiva. La ministra de Justicia no ofreció cifras que desmientan el informe, ni propuso un plan de acción para enfrentar esta debacle. Solo desconfianza, arrogancia y evasión. Y eso, precisamente, es parte del problema.

La corrupción en Bolivia no es esporádica, es estructural. Está incrustada en el corazón del Estado. El sistema ha sido diseñado para proteger a quienes controlan las instituciones, no para defender al ciudadano. Desde los niveles más altos del Ejecutivo hasta los juzgados de provincias, el soborno, el clientelismo y la impunidad se han vuelto prácticas normales. No se trata de errores aislados ni de manzanas podridas: se trata de una lógica de funcionamiento, una cultura de poder deformada, naturalizada por años de gobiernos distintos, pero con la misma adicción al control.

La justicia civil ha dejado de ser un recurso imparcial para resolver disputas. Bolivia se ubica en el puesto 139 de 142 en este ámbito. En otras palabras, para el ciudadano común, obtener una sentencia justa, oportuna y accesible es casi una utopía. Los procesos se eternizan, los costos legales son prohibitivos, y la influencia política o económica suele pesar más que la ley. Esto no solo es una tragedia jurídica: es un obstáculo estructural al desarrollo. En un país donde más del 60 % de la economía es informal, donde los contratos no se respetan y la seguridad jurídica es apenas un mito, los emprendedores desisten, los inversionistas se alejan y el progreso se disuelve.

Pero el drama mayor se revela en la justicia penal, donde Bolivia también ocupa el penúltimo lugar mundial. Este puesto no es una simple estadística: representa un sistema que ha sido pervertido. La justicia penal se ha vuelto una herramienta de represión antes que un instrumento de equilibrio. Opositores son procesados con pruebas endebles, mientras casos de corrupción de funcionarios cercanos al poder XXIII se archivan o se diluyen. La prisión preventiva se ha transformado en castigo anticipado, el debido proceso en una formalidad hueca, y las cárceles, hacinadas y olvidadas, son depósitos de pobreza y desesperanza. La justicia penal no protege a los ciudadanos: los amenaza.

El caso “Consorcio de Abogados” ejemplifica esta podredumbre judicial. Una red de jueces, fiscales y abogados, liderada por el exministro César Siles, intentó destituir a la magistrada Fanny Coaquira del Tribunal Supremo de Justicia mediante un fallo irregular en Coroico. Audios y chats revelan cómo se coordinaron para manipular el sistema, buscando controlar cargos clave. Los implicados, incluyendo a Claudia Castro y Fernando Lea Plaza, enfrentan prisión por prevaricato y tráfico de influencias, evidenciando una justicia al servicio del poder.

Las consecuencias de esta erosión son profundas y persistentes. Un país sin justicia no tiene democracia. La separación de poderes, la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales se desvanecen cuando el aparato judicial se manipula desde el poder. Y cuando la corrupción se convierte en normalidad, no hay política pública ni inversión extranjera que sostenga al país. La confianza en las instituciones es el pilar de la convivencia civilizada. Cuando se quiebra, lo que queda es arbitrariedad, miedo y resignación.

Bolivia no está mal posicionada por casualidad. Está atrapada en una espiral de decadencia institucional que amenaza su existencia como república democrática. Lo más alarmante no es el deterioro en sí, sino la pasividad con que se tolera. La negación oficial, la falta de autocrítica, el uso de la justicia como escudo de poder: todo indica que el gobierno está más interesado en controlar que en reformar.

Pero aún hay tiempo. La reforma judicial no puede seguir siendo una promesa electoral. Es una urgencia nacional. Se necesita una transformación profunda: jueces y fiscales seleccionados por mérito, independencia real del Órgano Judicial, fiscalización efectiva y consecuencias reales para los corruptos, sin importar su rango o afiliación política. La transparencia no puede seguir siendo un eslogan vacío. Debe ser una política de Estado, una práctica cotidiana, una exigencia ciudadana.

El informe del WJP no es una condena irreversible, pero sí un espejo implacable. Bolivia puede elegir romperlo, ignorarlo o desacreditarlo. O puede mirarse en él con honestidad y asumir el desafío de cambiar. No se trata solo de escalar posiciones en una tabla internacional, sino de recuperar la confianza perdida, de restaurar la justicia como un bien público, de reconstruir el pacto democrático.

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Ante esta situación, Morales utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. En su mensaje, denunció lo que considera una falta de Estado de Derecho en Bolivia bajo el gobierno actual.

Denuncias de Evo Morales

Morales afirmó: “Desde hace tiempo voy denunciando que en Bolivia, con el gobierno actual, no hay Estado de Derecho”. En su publicación, agregó que “aquí rige el terrorismo de estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente”.

El exmandatario también criticó las acciones del gobierno, indicando que “no buscan justicia sino venganza brutal”. Esta declaración resuena con fuerza entre sus seguidores y aquellos que comparten su perspectiva sobre la situación política del país.

Operaciones policiales y derechos humanos

Morales mencionó que se están llevando a cabo “operaciones policiales, ilegales y abusivas, propias de las dictaduras”. Además, destacó que “el gobierno ni siquiera respeta a jueces de Garantías Constitucionales que solo buscan el respeto al Debido Proceso”.

El exmandatario hizo un llamado a organismos internacionales para que actúen ante lo que considera un irrespeto a los derechos humanos y constitucionales por parte del gobierno. Esta situación ha generado preocupación entre diversos sectores de la población y organismos defensores de derechos humanos.

Tensiones políticas en Bolivia

La aprehensión de la jueza y las declaraciones de Morales se producen en un contexto donde las tensiones políticas han aumentado en Bolivia. Esto ha afectado la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema judicial en el país.

Las declaraciones de Morales reflejan una creciente polarización en Bolivia. La crítica hacia las acciones del gobierno resuena especialmente entre aquellos que consideran que se están vulnerando derechos fundamentales.

La comunidad internacional está observando atentamente estos acontecimientos, dado su posible impacto en la estabilidad política y social del país. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del Estado de Derecho en Bolivia y la protección de los derechos humanos.

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En cualquier sociedad civilizada, la base de toda relación que implique intercambio de valores ha sido la confianza entre las personas, es decir la mayor certeza posible de que lo que se afirma con la palabra o se establece en un pacto escrito, va a ser respetado por las partes.  La confianza disminuye la incertidumbre sobre el futuro, aumenta la fe en los semejantes y nos permite hacer planes y proyectos, convivir en paz y enfrentar el azar con un mayor grado de certeza.

Este valor social, que es importante para los individuos, resulta vital para los Estados modernos. Hoy en día, un país puede ser estimado por sus riquezas, su poder militar o su tecnología, pero un pueblo solo tendrá valor por su respeto al Estado de Derecho, su fiabilidad y su coherencia, tres factores que en nuestro caso parecen haberse perdido.

En efecto, en los últimos años Bolivia se ha convertido en uno de los países menos confiables de la región, no porque carezca de recursos, sea belicoso o esté cooptado por el terrorismo internacional, sino simplemente porque al no respetar sus propias normas, se vuelve imprevisible y errático, demuestra poca seriedad y, como resultado, enfrenta una serie de efectos negativos en su economía y en su imagen internacional.

Recientemente, JP Morgan y Fitch Ratings nos ratificaron como el segundo país con mayor riesgo crediticio de Sudamérica, y aunque Bolivia está cumpliendo con el pago de los servicios de la deuda, primó la desconfianza de estas entidades por las decisiones que el gobierno tomará en el futuro para enfrentar la caída de las RIN.  Otra señal muy clara de la aprensión de los vecinos hacia nuestro país ha sido el acuerdo entre Paraguay, Brasil, Argentina y Chile para construir el corredor bioceánico, y recientemente de Paraguay y Brasil, para instalar un gasoducto desde Vaca Muerta hasta San Pablo, excluyendo en ambos casos a Bolivia.

La desconfianza hacia Bolivia no es nueva y no se genera arbitrariamente.  De hecho, medidas como la nacionalización unilateral de las empresas petroleras y la política de Hidrocarburos, generaron un desincentivo para la inversión en este sector, especialmente en el área de exploración, que en el periodo 2021 – 2025 alcanzó la ínfima suma de $us 171 millones.

Pero también por esa causa, estamos soportando caídas significativas en la Inversión Extranjera Directa (IED), una fuente de recursos que en 2023 reportó 74 millones de $us negativos, mientras que ese mismo año, Perú, en medio de una grave crisis política, recibió 1.918 en IED, Colombia; con problemas de guerrillas, narcotráfico y polarización, 17.144 millones; Nicaragua, gobernada por una dictadura, 1.230 millones; Líbano, sin presidente y en inestabilidad monetaria, 655 millones; y Serbia, azotada por crisis política y económica, 4.891 millones.

Las consecuencias de la pérdida de confianza, alcanzan también a las empresas nacionales. Hace unas semanas, autoridades del gobierno decidieron suspender indefinidamente las exportaciones de carne y de soya, pese a que unos meses antes, suscribieron compromisos públicos para fortalecer a los mismos sectores que hoy afectan. Estas contradicciones generan incertidumbre, desincentivan la expansión de negocios, generan fuga de capitales y son la causa para que haya menos inversión, menos producción y menos oportunidades laborales, y; que sectores estratégicos como energía, minería, turismo o tecnología estén prácticamente paralizados por falta de capital.

Mientras esto ocurre, la Asamblea Legislativa ha congelado el tratamiento de los contratos para explotar el litio, pese a que éstos ya fueron suscritos con empresas internacionales. Es probable que los contratos con la rusa Uranium One y la china Hong Kong CBCsean rechazados por esta instancia como lo fueron con la americana Lithco en 1993 y con la alemana ACI Systems en 2019, lo que confirmaría una vez más la poca confiabilidad de nuestro Estado para garantizar la inversión extranjera.

El problema no solo tiene que ver con la economía o la imagen internacional.  De hecho, según los últimos estudios de opinión, ocho de cada diez bolivianos desconfiamos del sistema político, y nueve de cada diez del sistema de justicia. Hay sobradas razones para ello.

La pérdida de confianza hacia nuestro país y hacia las instituciones tiene que ver con muchos factores como la debacle de la institucionalidad y del Estado de Derecho, las erráticas políticas públicas, la crisis de valores, la extrema debilidad del Estado, la impunidad de los políticos y una cultura corporativista donde grupos ilegítimos pero organizados pueden imponer o eliminar Leyes según sus intereses coyunturales.

Este problema es estructural y pone en riesgo la viabilidad del desarrollo, la estabilidad y la propia democracia.  Mientras no lo solucionemos, seguiremos siendo un país condenado al ostracismo y el fracaso, donde la fe del Estado y los compromisos públicos son simples enunciados sujetos a los cambios políticos y al capricho de los líderes de turno.

Ronald Nostas Ardaya es un empresario relacionado con diversos rubros industriales en el país. Es Licenciado en Administración de Empresas con estudios superiores en economía. Fue presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia entre 2015 y 2019 y Primer Vicepresidente de 2010 a 2015, además fue Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana, Presidente de INFOCAL Bolivia y Director de varias Instituciones empresariales del país. En 2018, la Revista América Economía lo incluyó en la lista de los 120 personajes más influyentes en Latinoamérica.

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En las últimas décadas, gobiernos con tendencias autocráticas, en países con instituciones debilitadas, han implementado un modelo de instrumentación del sistema judicial para perseguir, hostigar y neutralizar a sus adversarios. Este mecanismo, conocido como “lawfare” o guerra jurídica, opera en distintos niveles y puede alcanzar a líderes políticos y sociales, empresarios y periodistas críticos, que son acusados y enjuiciados por delitos de corrupción, terrorismo, sedición o traición a la patria.

El lawfare es una estrategia de sostenimiento del poder que busca debilitar el pluralismo político y neutralizar o eliminar adversarios sin recurrir a la violencia armada. Utilizando procedimientos jurídicos, este ignominioso instrumento crea una sensación de legalidad para justificar la persecución política y, al mismo tiempo, genera miedo y autocensura en la población, comprometiendo gravemente la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, dañando la estabilidad institucional y la cohesión social.

Una de las prácticas más viles de la guerra jurídica consiste en mantener a los opositores encarcelados, sin pruebas concluyentes ni juicios justos, vulnerando el principio de presunción de inocencia y convirtiendo la prisión en una forma de castigo anticipado, sometiéndolos a aislamiento prolongado, tratos degradantes y presiones inhumanas para obtener confesiones forzadas y sentencias condenatorias basadas en juicios con pruebas fabricadas, jueces presionados o cooptados, y procesos amañados.

La estrategia no solo utiliza el sistema jurídico, también se fortalece con campañas de desinformación y acciones sostenidas desde las fiscalías, el Ejecutivo, organizaciones sociales funcionales y parlamentarios, que suman recursos judiciales, argumentos falaces y eslogan propagandísticos para denigrar a los adversarios, impedir su participación electoral e intimidar a otros actores políticos, asegurándose que los aliados del régimen gocen de impunidad mientras los opositores son perseguidos.

Actualmente, varios países de la región mantienen presos políticos en cantidades que varían según el régimen y la coyuntura, siendo Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia algunos de los casos más representativos. Pese a la negativa de las autoridades, nuestro Estado ha sido denunciado por incurrir en esta práctica, por entidades como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que en 2022 informaron de la existencia de casi 200 personas en esta situación; la Global Human Rights League ha identificado a 296 prisioneros por razones políticas en nuestro país.

Uno de los casos más emblemáticos del lawfare es el de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y uno de los más relevantes opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) que, en diciembre de 2022, fue detenido irregularmente y encarcelado en la penitenciaría de Chonchocoro bajo la figura de detención preventiva, que ya dura 26 meses.

Actualmente, Camacho enfrenta ocho procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, faltas a la Constitución, racismo y uso indebido de bienes y servicios públicos, con acusaciones que se han ido sumando en la medida en que los casos de verdadero interés para el gobierno, relacionados con los sucesos de 2019, no han podido ser suficientemente “armados” y adolecen de vicios procesales, vacíos y contradicciones.

Hasta ahora todos los recursos para que el gobernador se defienda en libertad y se garantice el debido proceso han sido rechazados por los jueces. Según los abogados defensores, la Fiscalía basa sus argumentos en recortes de periódicos, portales web, fotocopias simples, e incluso notas de opinión. Las acusaciones son tan inconsistentes que incluso un exministro de Justicia del actual régimen planteó recientemente que se aplicara indulto o amnistía en favor de Camacho, además del líder cívico Marco Pumari y la expresidente Jeanine Añez.

Pese a que este tema ha sido desplazado del interés público, es indudable que debilitamiento extremo de la institucionalidad, causado por la debacle del sistema judicial, tiene profundas implicaciones sobre el Estado de Derecho, la estabilidad social, la legitimidad del gobierno e incluso la economía. Basta recordar que el riesgo país tiene que ver también con el cumplimiento de las normas de la democracia y los Derechos Humanos, y que la adhesión plena de nuestro país al Mercosur aún tiene pendiente el cumplimiento de la cláusula democrática que estipula que no debe haber presos políticos en los países miembros.

Mientras no se resuelva este problema y no se erradique el lawfare; mientras no se revisen los casos de presos políticos y no se les permita defenderse en libertad, nuestro país no tendrá paz, y por lo tanto, no podrá encarar seriamente ningún proceso de desarrollo con reconciliación, justicia e igualdad.

Ronald Nostas Ardaya es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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La seguridad jurídica es uno de los principios esenciales del derecho que otorga a las personas y las organizaciones –de manera permanente– la certeza y previsibilidad en la vigencia de las normas, la garantía de que las leyes serán aplicadas sin discriminación ni privilegios, y que no habrá protección ni impunidad cuando éstas sean vulneradas.

Para que exista la seguridad jurídica son indispensables la estabilidad legislativa, la imparcialidad en la aplicación de la justicia, la protección de los derechos de propiedad, la capacidad de resolver disputas de manera justa y eficaz, y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Esto implica la seguridad de que no habrá cambios inesperados en las leyes; que las personas, sus bienes y sus derechos no serán objeto de abusos, despojos o arbitrariedades, que los jueces y tribunales actuarán con imparcialidad y que existirán mecanismos de control constitucional y administrativo que prevengan la corrupción.

En el caso de Bolivia, desde hace varias décadas, pero sobre todo en los últimos años, hay un constante debilitamiento de la seguridad jurídica debido a la desinstitucionalización, la crisis del sistema judicial, la sobreabundancia y la mala calidad de las normas, la discrecionalidad de las autoridades y la pérdida de legitimidad de las entidades responsables de su aplicación.

Estos factores han generado una condición estructural de desconfianza sostenida con graves implicaciones económicas y han puesto en cuestión la vigencia del Estado de Derecho,

La fuga de capitales, la reducción de la inversión extranjera directa, el incremento en los costos de transacción, el aumento de la informalidad y de los conflictos sociales, los avasallamientos, el incumplimiento de las leyes, el crecimiento del delito y la pérdida de competitividad internacional, son consecuencias inequívocas de una inseguridad jurídica creciente.

Un factor muy complejo tiene que ver con la definición de la seguridad jurídica como un principio y no como un derecho exigible, lo que genera indefensión en los agentes económicos que sufren avasallamientos y bloqueos por grupos organizados, mientras que el Estado los afecta con expropiaciones, cambios arbitrarios de la normativa, amenazas, acoso y presión impositiva. Las entidades encargadas de reponer el derecho vulnerado, actúan con parcialidad, intereses políticos o bajo criterios subjetivos, dejando en la impunidad delitos flagrantes e incluso revictimizando a quienes los han padecido.

La posibilidad de protección y restitución de derechos es prácticamente inexistente. La Ley de Conciliación y Arbitraje no garantiza ecuanimidad ni justicia y excluye temas fundamentales de su alcance, pero además la decisión del gobierno en 2008 de retirar a Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dejó en indefensión y ahuyentó a los inversionistas. Para completar el panorama de inseguridad, los operadores de justicia, el Ministerio Publico, la Defensoría del Pueblo y todas las instancias que debieran velar por los derechos ciudadanos, responden a instrucciones e intereses políticos antes que al cumplimiento de la Ley.

Aunque la inseguridad jurídica se ha naturalizado como parte de la cultura política boliviana, sus efectos son devastadores en nuestra reputación internacional, donde los indicadores que califican la calidad institucional nos colocan a nivel de Estados fallidos o de democracias imperfectas. Así, por ejemplo, el Índice Global de Estado de Derecho 2023 nos sitúa en el puesto 131 de 142 países analizados; el Índice de Libertad Económica 2024 en el puesto 165 de 176 países, y las últimas calificaciones de riesgo país nos consideran en el último lugar en América, después de Venezuela.  A nivel interno, los ejemplos son gráficos: recientemente la Cámara Nacional de Industria reveló que en los últimos 14 años se produjeron 2.400 bloqueos de vías; tan solo en 2024 las protestas sociales impidieron el tránsito por 170 días, generando perjuicios que podrían haber superado los 2.000 millones de dólares en pérdidas. Ningún gobierno se anima a hacer cumplir la ley que sanciona estos delitos.

Es evidente que la inseguridad jurídica es uno de los problemas más importantes que debemos resolver como sociedad si pretendemos enfrentar la crisis e iniciar la reactivación económica. Aquí nos enfrentamos a la necesidad de hacer ajustes normativos e institucionales en el sistema judicial y en el Ministerio Público, pero fundamentalmente eliminar la concentración de poder en el gobierno, disminuir la corrupción e impulsar la participación ciudadana. En un año electoral, la última palabra la tienen nuevamente los candidatos que deben dar una respuesta clara a este tema, de cuya solución depende la estabilidad y la viabilidad de cualquier plan de desarrollo y programa de bienestar.

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El senador Leonardo Loza afirmó que el discurso del Presidente Luis Arce no ha logrado convencer a nadie de que lo sucedido fue un intento de golpe de Estado. Por el contrario, considera que la insistencia en esta versión ha empeorado la imagen del país. Ante esta situación, Loza enfatizó la importancia de una investigación seria llevada a cabo por organismos internacionales para esclarecer los hechos y evitar jugar con la democracia y la ciudadanía boliviana.

Debilitamiento del Ejecutivo y falta de estado de derecho

El senador Luis Adolfo Flores, también del MAS, señaló que la versión del “autogolpe” ha debilitado considerablemente al Ejecutivo y ha dejado en evidencia la falta de estado de derecho en Bolivia, ya que el Gobierno controla los órganos del Estado. Flores considera que esta situación ha generado indignación entre la población y ha minado la confianza en las instituciones.

Respaldo internacional y desactivación del supuesto golpe

Por otro lado, el diputado Juan José Huanca afirmó que la comunidad internacional ha respaldado al Gobierno boliviano y ha constatado que hubo un intento real de golpe de Estado. Huanca destacó la rápida reacción del Presidente Luis Arce y sus ministros para desactivar esta supuesta amenaza. Además, solicitó una investigación exhaustiva para identificar a todos los implicados en estos hechos.

En conclusión, mientras algunos legisladores del MAS niegan la existencia de un intento de golpe de Estado y denuncian una debilitación del Ejecutivo y falta de estado de derecho, otros sostienen que hubo un intento real respaldado por la comunidad internacional. La situación sigue generando controversia y se espera que una investigación imparcial arroje luz sobre los hechos ocurridos en Bolivia.

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Omar Michel formaba parte del grupo de autoridades judiciales cuyo mandato terminaba el 31 de diciembre, pero fueron prorrogados por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Renuncia irrevocable

La nota de renuncia irrevocable fue difundida casi al mediodía de hoy; en ella, la exautoridad manifestó que el país necesita reencontrarse con su esencia democrática, prevaleciendo el bienestar social, político y económico de las personas y avanzando hacia la consolidación de la institucionalidad judicial y el estado de derecho.

Anuncio previo sin cumplir

El mismo consejero ya había anunciado su renuncia en 2019 después de haber sido involucrado en hechos irregulares. Esto ocurrió cuando su hermano fue grabado presuntamente hablando sobre cuoteo para cargos judiciales. Sin embargo, no cumplió con ese anuncio en aquel entonces.

Autoridades judiciales que han renunciado

Con la renuncia de Michel suman cinco autoridades judiciales que han dejado sus cargos en medio de la polémica por la prórroga: Elva Terceros y Ángela Sánchez del Tribunal Agroambiental, Carlos Calderón del Constitucional y Esteban Miranda del Tribunal Supremo de Justicia, según reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

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Boluarte exige respuesta clara y precisa

Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa, por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general como líder de una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

Denuncia constitucional contra Boluarte

La jefa de Estado respondió así a la denuncia constitucional presentada por Benavides en su contra por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales a finales del 2022 y principios del 2023, junto al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y tres exministros del Interior.

Sospechas sobre timing e investigaciones

Boluarte señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia en su contra haya sido presentada después de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscalía nacional por presuntos actos corruptos.

Llamado a defender el Estado de derecho

En ese sentido, convocó a las autoridades políticas y jurisdiccionales del país a “defender el Estado de derecho, la estabilidad económica y los derechos fundamentales de 33 millones de peruanos”.

Respeto por la institucionalidad democrática

Igualmente, hizo un llamado a la calma y tranquilidad, acompañada por el gabinete de ministros en un salón del Palacio de Gobierno. La gobernante expresó “pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, la independencia del Ministerio Público y los procesos que se resuelven en sus fueros internos”.

Pedido por transparencia y debido proceso legal

Asimismo, agregó que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal nacional y su equipo “deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal”.

Operación “Valquiria V” contra Benavides

Este lunes se llevó a cabo la operación “Valquiria V”, a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que considera que Benavides es líder una red criminal de tráfico influencias. Como parte de este operativo, detuvo al hasta ayer gerente central del Despacho Fiscalía Jaime Villanueva.

Benavides denuncia ataque premeditado

Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es “un ataque premeditado” por parte quienes se oponen a su labor.

Denuncia constitucional contra Boluarte y Otárola

Horas antes, la fiscal general había anunciado denuncia constitucional ante el Congreso contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales entre diciembre y febrero pasados. “Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola”, dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra “tiene como propósito” amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”. También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por presunta comisión del delito de homicidio calificado.

Fuente EFE

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“Convocamos a todas las fuerzas democráticas del país a unirnos para exigir al Gobierno que cumpla la Constitución, las leyes, los Derechos Humanos y libere a todos los presos y perseguidos políticos; ante su incumplimiento, no descartamos promover un referéndum revocatorio del Presidente”, advirtieron en un pronunciamiento conjunto.

La presente jornada, las Plataformas Ciudadanas del 21F celebraron su octavo congreso nacional en la Sede de Gobierno, en el que se nombraron la verdadera oposición del Movimiento Al Socialismo (MAS); además, advirtieron con que no descansarían en su lucha contra el Gobierno, en la calle o en las urnas.

De igual forma, declararon el 22 de enero como luto nacional, cuando se recuerda el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que consideran que no hay nada que celebrar, informó Correo del Sur.

Ante la coyuntura, convocaron a las fuerzas y organizaciones democráticas a unirse para defender el Estado de derecho y los Derechos Humanos, también promover y participar en la transformación del sistema Judicial, para que proteja efectivamente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, según informó el portal oxigeno.bo

Finalmente, se declararon en estado de apronte y confirmaron su participación en el cabildo nacional del 25 de enero; en ese sentido, tampoco descartaron una marcha en La Paz como medida de presión.

/ LMPT

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Las resoluciones que salieron de la reunión de cívicos en Santa Cruz, fue dado a conocer mediante un documento, en el que se especifica nueve puntos, mismos que fueron entregados al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Entre las resoluciones, se da a conocer la consolidación del Comité Permanente de Defensa de la Ciudadanía Boliviana, que buscará la restauración del estado de derecho y la liberación de los más de 180 presos políticos.

También se denunciará a la comunidad internacional que el Gobierno, bajo la administración de Luis Arce, “ha instaurado un régimen de terrorismo de Estado”. Además de condenar los abusos, actos atentatorios contra la vida y los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos, usando a la Policía Boliviana como brazo opresor.

Asimismo, pedirán a los partidos políticos de oposición a unirse a la lucha contra el régimen totalitario que se tiene en el país.

“Respaldamos el derecho de la ciudadanía boliviana en general que, dentro del marco legal, pacífico y democrático, puedan realizar las acciones de protesta que consideren convenientes para hacer respetar los derechos de la institucionalidad, de las autoridades democráticamente electas y la restauración del Estado de Derecho”, se indica en el documento.

Además, convocaron a la ciudadanía en general, a realizar el resguardo pacífico, responsable y permanente de todas las oficinas de las instituciones públicas nacionales en los diferentes departamentos del País, con el fin de expresar nuestro repudio al secuestro de nuestra democracia y libertad.

Con estas determinaciones y otras que se reflejan en el documento, anunciaron una nueva unión de fuerzas opositoras, hasta lograr que Bolivia retorne a una verdadera pacificación.

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“Estamos trabajando en un cabildo, siempre lo dije y lo digo, no por despertar más temprano va a amanecer. Estamos trabajando con todas las instituciones, con todos los pueblos, con todas nuestras provincias, porque ahora el cabildo tiene que ser nacional”, adelantó.
 
Además, también declaró que Santa Cruz ya trabaja en su relación con el Estado boliviano, por lo que afirmó que en septiembre se presentará una ruta a los demás departamentos, para que puedan evaluarla y sumarse si es que lo quieren.
 
Finalmente, Calvo acusó al Gobierno de querer imponer la narrativa del golpe de Estado en 2019 cuando en realidad, según su criterio, lo que de verdad ocurrió fue un fraude electoral que desencadenó en las movilizaciones que resultaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

/ LMPT

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A tiempo de afirmar que en la región cruceña está supuestamente el ala dura de la extrema derecha, resaltó que estos días arremetieron contra varias instituciones, señalando que cada día van asediando al Comando Departamental de la Policía.

Resaltó que la institución “verde olivo” fue puesta de acuerdo a la Constitución Política del Estado para guardar el orden, respeto y protección de los ciudadanos.

“Piden que se respete el estado de derecho este grupo de violentos, ellos mismos no están respetando su Estatuto Autonómico, entonces, ¿de qué estado de derecho estamos hablando?”, manifestó en contacto con LA PATRIA.

Abastecimiento de alimentos

Señaló que deben admitir que son irresponsables, mencionando las declaraciones de supuestamente no enviar comida al resto del país.

“El resto del país no tiene ninguna responsabilidad o culpa para sufrir este atentado”, subrayó.

Indicó que fueron identificadas las personas que dieron esas declaraciones y en su criterio, deben ser enjuiciados.

Pese a la situación, afirmó que hubo un falso discurso que señalaba que Santa Cruz es proveedor de alimentos al país, por lo que explicó que el país se autosustenta y aparentemente cada región se autosostiene alimentariamente.

“Hay una falsa política del cruceño de decir: nosotros somos la despensa del país”, añadió.

/JDLF/

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Debía comparecer ante el Tribunal de Sentencia No. 4 del Tribunal Departamental de Justicia por el proceso en su contra de la represa Quecoma, construida cuando era prefecto entre 2006 y 2008.

“Lo que tenemos que pedir no solo a Cochabamba sino a Bolivia es que ya tiene que restablecerse el Estado de Derecho y que tenemos que despenalizar la política. Es así que le agradezco a toda la población cochabambina y cuanto a más juicios me llamen, más se va unir el pueblo (…). Aquí, el que tiene la voz y el poder es el pueblo”, indicó el Burgomaestre a sus seguidores, frente a la Alcaldía.

Cuando Manfred salió del juzgado pasadas las 15:00 horas, varios de sus seguidores comenzaron a gritar: “Manfred no se toca, c…”. A su paso por las calles 25 de mayo, Sucre y hasta su arribo a la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, recibió el apoyo de comerciantes y ciudadanos de a pie.

El nuevo llamado para que asista Manfred a la audiencia es el 6 de septiembre, a las 15:30 horas y según el secretario de Finanzas del municipio, Mauricio Muñoz, esta será mixta, es decir, presencial y virtual.

El Alcalde es acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la construcción de la represa Quecoma. Una obra que fue construida entre 2006 y 2008 en el municipio de Sacabamba, cuando Reyes Villa ejercía como prefecto.

/ABH

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“Se da inicio a una desembozada dictadura gubernativa judicial a la cabeza de Luis Arce con un golpe al Legislativo y quebrantamiento al Estado de derecho”, señaló el comunicado de la alianza política CC y fue difundido por el expresidente, Carlos Mesa.

En tanto el presidente de Diputados, Freddy Mamani del Movimiento Al Socialismo (MAS) instó a no “magnificar” el fallo.

“La elección del Defensor del Pueblo es tuición plena de la Asamblea Legislativa, en ese sentido, creemos que la decisión tomada por el Tribunal de la Sala Constitucional, lo único que hace es exhortar; asumimos eso sí está en función a la Constitución”, señaló el asambleísta durante una rueda de prensa.

Por su parte, la diputada por Creemos, María René Álvarez aseveró que la resolución no es otra cosa que la pretensión del MAS de tener bajo su control las instituciones del Estado al servicio partidario.

“De consolidarse, sería un antecedente nefasto para la elección de las próximas autoridades”, enfatizó la diputada.

ANTECEDENTES

En junio, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) dirigida por Franklin Gutiérrez presentó una Acción de Cumplimiento ante la falta de consenso en el Legislativo para designar un nuevo titular en la Defensoría del Pueblo.

La elección del Defensor fue suspendida sin fecha en la ALP, ya que las fuerzas políticas no lograron los dos tercios de voto para elegir a la nueva autoridad. Ahora está en proceso la elección del Contralor y se avizora otro empantanamiento.

/SVL

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“Me dirijo a usted en relación con mi visita a Bolivia. Me complace en confirmar mi disponibilidad para llevar a cabo dicha visita del 15 al 22 de febrero de 2022”, establece parte de la misiva enviada a la Embajada de Bolivia en la ONU con sede en Ginebra.

El Relator señaló que, a su debido tiempo, proporcionará una lista detallada de las reuniones oficiales que desea realizar durante su visita, para preparar el programa oficial, reportó la red Erbol.

Preocupación del Relator

A mediados de 2021, García-Sayán se pronunció respecto a la remoción de vocales electorales departamentales en Bolivia, la cual se realizó por Decreto de Luis Arce.

En aquel entonces, señaló que se trata de una situación “muy grave” para el Estado de Derecho.

“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, aseveró.

Asimismo, durante el Gobierno de Jeanine Añez, García-Sayán también expresó su preocupación por lo que consideró “uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se garantizará su “absoluta independencia y acceso a la información”, además de abrirle las puertas y facilitar que todos sean escuchados.

/JDLF/

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El político recordó que el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestaron que el sistema judicial en Bolivia “no es independiente” y exige una reforma.

“Comité de las NNUU y el GIEI, afirman en que el sistema judicial en Bolivia no es independiente. Jueces y fiscales masistas ponen en riesgo el Estado de Derecho y la propia democracia, y el partido del fraude sigue engañando con una reforma con los mismos operadores obsecuentes”, publicó Mesa mediante su cuenta de Twitter.

Asimismo, el informe del Comité de la ONU elaborado por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Contra la Tortura, señala la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos.

De la misma manera, los expertos del GIEI advirtieron que en Bolivia no existe un sistema judicial independiente tampoco el Ministerio Público, por lo que urge trabajar en la reforma de todo el sistema.

Por tal motivo, el ministro de Justicia, Iván Lima planteó en enero una “ruta crítica” de seis pilares para concretar la reforma judicial, según reporte de ANF.

En ese entonces, el titular de esa cartera de Estado, indicó que el plan consta de una etapa preparatoria, un periodo de presentación de propuestas y mesas de trabajo, sistematización y conclusiones, para luego poner “fechas y presupuestos” a la reforma. Este plan se podría implementar en 90 días.

Finalmente, la administración de justicia por los actuales operadores de justicia y el Ministerio Público son objeto de críticas y observaciones, siendo acusados por la oposición, de haberse convertido en instrumentos de persecución política.

/MDCB

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Barrientos protestó que la exautoridad emita una amenaza a los operadores de justicia por no avanzar en los procesos que a Morales “le da la gana”, con realizar nuevamente una marcha a la ciudad Capital del país, en protesta contra la justicia.

“Las declaraciones de Evo Morales son una amenaza al estado de derecho y a la democracia. Evo Morales se cree dueño de Bolivia, dueño de la justicia… quiere hacer encarcelar a todos los que no comparten el abuso de poder”, declaró la legisladora, según reporte del portal ANF.

La representante de CC declaró que es reprochable que un exmandatario se preste a este tipo de manifestaciones que no contribuyen al fortalecimiento de la democracia.

“Nuevamente atenta contra la democracia, contra la libertad de expresión, atenta la independencia de poderes, el Estado de derecho y los derechos humanos. Evo Morales es un personaje nefasto para el país”, afirmó.

Morales cuestionó la retardación de justicia, aunque también cree que se trate de “infiltrados”, porque en su criterio existen suficientes pruebas para sentenciar a quienes considera “golpistas” a su gobierno durante los conflictos y la crisis política del 2019.

La exautoridad señaló que en medio de la marcha conversaron y “dijeron vámonos a Sucre, vamos para que nos haga justicia”, en relación al caso del supuesto “golpe de Estado”.

“Cuidado que los compañeros decidan irse a Sucre finalmente hasta que metan a la cárcel a los golpistas”, amenazó el líder del MAS, al señalar que ese periodo del Gobierno de transición fue irresponsable con la vida, la Patria y la economía.

/MDCB

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Asimismo, lanzó recomendaciones tanto a los generales como a las bases de la Policía, en alusión a los conflictos que se viven en el país y a la crisis de 2019.

A los flamantes generales, Del Castillo indicó que están ante “grandes retos” por lo que les pidió “estar a la altura”.

“El pueblo boliviano está pidiendo reconciliación con justicia, defensa del estado de derecho y defensa de la democracia”, afirmó la autoridad gubernamental.

Luego de que el Senado aprobó los nuevos ascensos, en la pasada jornada el Presidente del Estado, Luis Arce impuso los símbolos de mando al general primero y comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, y a los generales Álvaro Álvarez y Orlando Ponce.

“Un grupo de políticos decía que la ley de ascensos iba a hacer daño a la institución, algo totalmente falso, porque vemos cómo esta ley está recogiendo las necesidades de la Policía, la está institucionalizando y convirtiendo en una institución digna”, añadió el Ministro de Gobierno, según reportó La Razón.

Del Castillo, informó en la posesión que los tres generales provienen de una evaluación “muy rigurosa” en excelencia académica, capacidad de liderazgo, ética, disciplina y su desempeño en labores policiales, según una evaluación de la población.

La Policía Boliviana celebra este jueves un acto de reconocimiento a los nuevos generales, entre ellos Jhonny Aguilera, comandante general interino, en la Academia Nacional de la Policía (Anapol), en La Paz.

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García aseguró que es preocupante la situación de la integridad de los tribunales electorales en el país, poniendo en riesgo el Estado de Derecho.

“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió en su Twitter.

El relator de la ONU mencionó que las garantías jurídicas y democráticas están siendo afectadas por la remoción abrupta de vocales de tribunales electorales.

“Los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales”, aseveró.

Señaló que a los integrantes de los tribunales electorales del país se les debe garantizar un buen desarrollo de su labor.

En la misma línea, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco aseguró que la remoción de vocales viola las garantías de ley.

“Bolivia: Me preocupa la remoción por decreto de vocales electorales departamentales. Los vocales habían sido nombrados por Añez de acuerdo con el mandato unánime de la Asamblea para renovar autoridades electorales. Su remoción viola garantías previstas por ley”, escribió en Twitter Vivanco.

El actual Gobierno de Luis Arce Catacora designó a nuevos vocales electorales en ocho departamentos del país.

El 30 de junio, el Presidente Luis Arce designó a ocho vocales de los tribunales departamentales electorales, en reemplazo de los que venían desempeñándose en sus cargos, pese a que sus periodos de funciones estaban vigentes, reportó el diario Correo del Sur.

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Señaló que vivir en democracia es respetar la vigencia de la carta magna y hacer todos los esfuerzos para que se respete el estado de derecho, en beneficio de todos los ciudadanos.

“Que se vuelva al discurso inicial, cuando asumieron la responsabilidad de acompañar la vida de Bolivia, invitaron a una reconciliación, a curar heridas y caminar juntos. Creo que ese debe ser el espíritu que nos acompañe en Bolivia y no para ahondar las divisiones y confrontaciones sino para que se trate de solucionar en el marco de la justicia y el diálogo”, indicó.

Centellas, además, refirió que un gran problema que se viene arrastrando es la forma en que se comprende la democracia, pues esta va más allá de la realización de comicios electorales cada cierto tiempo.

“En los últimos 17 años lo único que en democracia hemos tenido son las elecciones. Eso nomás no es democracia”, comunicó.

Sin embargo, recalcó que las detenciones que realizaron en los pasados días terminen.

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“No te preocupes. En estado de derecho, tú tendrás acceso a la salud, a ti te darán auxilio en una emergencia. Podrás acceder a duchas, a alimentarte el momento en que sientas hambre y muchas otras cosas más que a mí me negaron. Dios es justo”, publicó Hermosa.

Añadió que también estuvo detenida en ese penal, por al menos seis meses en el 2020, tras ser procesada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, por haber sostenido llamadas con Evo Morales, en más de 15 oportunidades antes, durante y después de su renuncia.

Durante su estadía en ese penal, varias instituciones exigieron su liberación, alegando que era “víctima de una aprehensión ilegal y persecución política y que sufre violencia de género”. Incluso se supo que perdió un embarazo en la cárcel.

Asimismo, su mensaje desató una “ola” de cuestionamientos, entre ellos uno de la expresidente de Diputados y exintegrante del MAS, Rebeca Delgado.

“Aprendí que el mal se debe responder con el bien. En Bolivia urge el respeto al estado de derecho. Fui también víctima del Gobierno de @evoespueblo, pendiente de la reparación de mis derechos por Dictamen ONU”, dijo Delgado.

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“Ante esta señal de retorno al estado de derecho, podré defenderme en libertad, como corresponde, de estas acusaciones falaces y sin asidero, porque sencillamente, soy el más interesado en que los hechos se esclarezcan y se haga justicia, lo cual lo haré, fuera del asilo, al que me acogí y que el Estado mexicano me lo concedió en una muestra de solidaridad, respecto al derecho internacional y en apego a su larga tradición de asilo político”, escribió Zabaleta mediante una publicación en su blog oficial.

Asimismo, el exministro y colaborar del exmandatario Evo Morales, recordó que a 12 meses de un encierro obligado en el asilo diplomático, del alejamiento de mi familia y privado de contar con una fuente laboral, finalmente la justicia obró como corresponde”.

Zabaleta considera “irregular e ilegal”, la forma en que se emitió orden a aprehensión en su contra por los delitos de terrorismo, sedición, financiamiento al terrorismo e instigación a delinquir.

“Ahora, mediante una acción de libertad, se restablecieron mis derechos, tanto, a la presunción de inocencia; como al debido proceso”, señala parte del mensaje del exministro.

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