De acuerdo con los funcionarios de Epsas, este tanque se encuentra actualmente en mantenimiento y no está suministrando agua a la ciudad de La Paz. El tanque está situado en el barrio Chuquiaguillo de la urbe.

Tovar explicó que, debido a que el tanque estaba en esta condición, no se estaba controlando diariamente. Aproximadamente a las 20:00 horas de la noche del lunes, el personal de seguridad fue notificado sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el lugar.

Recuperación del cuerpo

Los bomberos acudieron al sitio para recuperar el cuerpo, el cual fue entregado a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para realizar la autopsia correspondiente y las investigaciones necesarias.

Según el jefe de los Bomberos, la víctima es un hombre de entre 35 y 40 años, y se observó que ya presentaba signos de haber estado un tiempo considerable dentro del agua.

Condiciones del cuerpo

Además, se reveló que el cuerpo tenía algunas laceraciones. Tovar indicó que se presume que estas heridas podrían ser el resultado de la maquinaria que opera en el lugar.

Investigaciones en curso

A pesar de esto, el director de Bomberos puntualizó que, en este momento, no se cuenta con ninguna hipótesis sobre las circunstancias que rodean este caso, aunque las investigaciones están avanzando.

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Abastecimiento garantizado

El gerente de Epsas, Édgar Landivar, mencionó que los volúmenes de agua almacenada en este momento son suficientes para satisfacer la demanda en el corto y mediano plazo. Esto incluye el periodo previo al inicio completo de la temporada de lluvias, con el fin de ofrecer tranquilidad a los ciudadanos.

Niveles de almacenamiento

Juan Pablo Palma, secretario municipal de Resiliencia, indicó que la mayoría de los embalses tiene niveles de almacenamiento que se encuentran dentro de los parámetros esperados. Según las proyecciones técnicas, se espera que entre finales de enero y febrero se logre alcanzar el 100% de acumulación en las principales represas.

Problemas con la minería ilegal

En relación con las actividades extractivas, Juan Pablo Saavedra, secretario de Medio Ambiente, comunicó que se ha iniciado un proceso administrativo contra la minería ilegal. Esta actividad puede representar un riesgo para los embalses y las fuentes de agua.

Desde la Alcaldía de La Paz, se anunció que se presentarán las denuncias pertinentes y se solicitó el apoyo de las instancias competentes para controlar estas actividades extractivas. “Pedimos al AJAM, pedimos a la gobernación que combata esas actividades mineras ilegales y, además, la extracción de áridos. Nosotros como alcaldía presentaremos las denuncias”, afirmó el alcalde Iván Arias.

Prevención de contingencias

Las autoridades también aseguraron que se están tomando medidas preventivas ante posibles contingencias, como eventuales rebalses. Esto se hace con el objetivo de prevenir afectaciones y garantizar la seguridad del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad.

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El investigador y consultor José María Herbas ha señalado al exinterventor de Epsas, Marcel Humberto Claure Quezada, como el principal responsable de este perjuicio económico. Herbas afirma que Claure Quezada tomó la decisión de retirar el bono sin contar con un respaldo legal y por motivos políticos. Esta acción provocó un conflicto laboral que culminó con un fallo judicial desfavorable para la empresa.

Las denuncias previas que realizó Herbas ante el Viceministerio de Transparencia fueron ignoradas por las autoridades ministeriales y los directores de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS).

Situación financiera crítica

Herbas califica la situación financiera de Epsas como una “virtual quiebra técnica”. Además de la deuda acumulada de Bs 150 millones, el fallo judicial también obliga a la empresa a reponer el pago del bono a los trabajadores actuales, lo que generará una pérdida adicional de Bs 25 millones anuales. A esta cantidad se suman “otra decena de procesos penales y laborales perdidos” que ponen en riesgo la solvencia de la empresa.

Herbas también destaca que, a pesar de que Epsas reportó una ganancia de Bs 380 millones, solo Bs 100 millones están destinados al pago salarial de sus 820 empleados. Esto pone de manifiesto la precariedad financiera de la empresa.

Auditoría y hallazgos

La auditoría jurídica externa, realizada por la “Consultora Navarro & Asociados”, fue ordenada por el último ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, tras un proceso de licitación. Esta auditoría no se limita al caso del Sutas, sino que fue contratada para auditar más de 80 procesos judiciales en el ámbito laboral. Herbas estima que estos procesos representan una cantidad significativa de “millones de bolivianos en pérdidas” debido a la mala administración y a una defensa técnica deficiente.

Futuro incierto para Epsas

A pesar de la crisis que enfrenta, el actual interventor de Epsas, Pedro Flores, designado por el Gobierno del MAS y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se ha negado a responder preguntas sobre la situación. Epsas ha estado intervenida desde 2013 y actualmente administra aproximadamente 500,000 conexiones de agua y alcantarillado en ocho municipios clave del departamento de La Paz. La incertidumbre financiera que rodea a la empresa amenaza la continuidad de sus operaciones.

La auditoría revela que las pérdidas acumuladas no solo son resultado del caso del Sutas, sino también de otros procesos judiciales que han sido mal gestionados. La falta de respuesta ante las advertencias sobre estas irregularidades ha contribuido a agravar la situación económica y legal que enfrenta Epsas.

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Las tuberías estaban destinadas a reemplazar la red de emergencia que se instaló hace 14 años tras el megadeslizamiento de 2011 en las zonas de Valle de Las Flores y Callapa. Sin embargo, actualmente se encuentran abandonadas en depósitos de Epsas. El problema principal es que estas tuberías no cumplen con las especificaciones técnicas, ya que no tienen el recubrimiento anticorrosivo necesario.

Importancia de las tuberías

Las 252 tuberías, que tienen un diámetro de 60 cm, son esenciales para la red de alta presión que suministra agua potable a aproximadamente 300 mil personas en 120 barrios de la Zona Sur de La Paz. El experto en saneamiento, José María Herbas, advierte que estos sistemas deben ser reemplazados cada 5 años para garantizar la calidad del agua. Sin embargo, las conexiones de emergencia de 2011 nunca han sido cambiadas.

Detalles de la auditoría

El informe de auditoría, solicitado por el exministro Álvaro Ruiz y emitido el 16 de septiembre de 2025, concluye que se incumplió el Manual de Contrataciones de Epsas y las especificaciones técnicas. Esto ha generado un “posible daño económico a EPSAS, por Bs 6.250.953”, cifra neta después de ejecutar las boletas de garantía. No obstante, al sumar los pagos realizados y el monto pendiente a la empresa proveedora, la peruana Sociedad Comercial La Llave S. A., el perjuicio total asciende a Bs 15.163.702.

La auditoría también detalla que el contrato fue adjudicado por excepción a “La Llave” después de que Epsas declarara desiertas dos convocatorias previas. Este proceso incurrió en un total de 22 irregularidades.

Funcionarios implicados

Entre los 26 funcionarios que han sido señalados con indicios de responsabilidad por “incumplimiento de deberes” se encuentran Gonzalo Iraízos, exinterventor, quien supuestamente inició y direccionó la contratación. También está Jaime Gutiérrez, su sucesor, a quien se le atribuye haber ignorado los informes sobre el incumplimiento técnico de las tuberías.

El experto José María Herbas, cuyas denuncias documentadas desde 2024 llevaron a la auditoría, calificó la conclusión como “muy básica y simple”. Herbas señaló que el informe carece de elementos cruciales como el sobreprecio y el direccionamiento, dado que la cotización de “La Llave” se incrementó de 7 a más de Bs 14 millones sin justificación.

Recomendaciones y acciones

Herbas ha solicitado la intervención directa del vicepresidente Edmand Lara y una auditoría externa, advirtiendo que estos casos están llevando a Epsas al borde de la “quiebra técnica”. La auditoría recomienda que el Departamento Legal de Epsas remita un informe para la tipificación de los delitos y asuma acciones legales contra la proveedora “La Llave” por incumplimiento de contrato.

En medio de este escándalo, el actual interventor, Pedro Flores, junto a otros funcionarios clave de Epsas, se han negado a responder a las consultas de la prensa.

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La denuncia fue presentada por el ambientalista Francisco Prada, quien constató que la mina está ubicada a solo 50 metros de la represa. La cooperativa minera involucrada en esta actividad es la Cooperativa Progreso.

Antonio Mamani, dirigente de la cooperativa, aseguró que las operaciones de la empresa no impactan la calidad del agua. Según él, su trabajo se limita a la extracción de minerales y no incluye procesos de concentración. Vicente Choque, otro miembro de la cooperativa, también destacó que cuentan con todos los permisos necesarios y análisis de laboratorio que respaldan su actividad.

“De ninguna manera se hace la contaminación. Hay minería legal en el sector, pero solo se trabaja en la extracción”, afirmó Mamani. Por su parte, Luis Quispe, jefe de laboratorio de Epsas, informó que se realizan controles semestrales en la represa y análisis diarios en la planta de tratamiento de Chuquiaguillo.

“Aquí estamos dejando el informe donde podemos evidenciar que no hay contaminación”, aseguró Quispe. “No hay contaminación de la represa Incachaca. Además, el agua pasa a la planta de Chuquiaguillo, donde se eliminan cualquier tipo de contaminación”, agregó.

Preocupación en comunidades cercanas

Francisco Prada ha advertido sobre el riesgo potencial que esta situación representa para las comunidades cercanas, como Villa Copacabana, Miraflores, Calacoto y Obrajes. Para tener una evaluación más precisa, envió una muestra de agua a laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y espera recibir los resultados en un plazo de 10 días.

La situación ha generado inquietud entre los residentes sobre el acceso al agua potable, un recurso esencial para su bienestar diario.

Defensa de la cooperativa

A pesar de las preocupaciones expresadas por Prada y los residentes, la cooperativa sostiene que su actividad es legal y cumple con todas las normativas ambientales vigentes. Sin embargo, Prada ha anunciado que tomará acciones dependiendo de los resultados del análisis del agua que se encuentra en proceso.

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La razón detrás de esta interrupción es una fuga inesperada en una tubería de acero DN 400 mm del Sistema Pampahasi. Esta tubería se encuentra ubicada en la calle Desaguadero, en la zona de Callapa, según el comunicado oficial emitido por la empresa.

Zonas afectadas

Las áreas que se verán afectadas por el corte de agua incluyen Achumani, Alto Auquisamaña, Alto Florida, Alto Huayrapata, Alto Kupini, Alto Ovejuyo, Alto Pedregal, Auquisamaña, Calacoto Alto, Callapa y Casegural Municipal.

Asimismo, se afectarán las zonas de Chasquipampa, Ciudad del Niño, Villa Salomé, Urbanización Las Dalias, Ciudadela Stronguista, Codavisa, Coqueni, Cota Cota, Gramadal, El Pedregal, Entel 24, Facile, Flor de Irpavi, Huacollo, Urbanización Francia, Huancane, Huayllani, Irpavi II, Jokoni, Kupini y La Florida.

Más áreas afectadas

Además de las zonas mencionadas, el corte también impactará a La Glorieta, Wilacota, Llau Llau, Lomas de Irpavi, Kupillani, Los Pinos, Los Rosales, Colinas del Sur, El Porvenir, El Vergel, Urbanización Las Flores, Las Kantutas, Urbanización Libertad, Lomas de Chuamaya y Lomas del Sur.

El servicio de agua también se verá interrumpido en Los Almendros, Los Rosales, Peña Azul, Urbanización Progreso, Urbanización Remedios, Urbanización Rosas de Calacalani, Urbanización San José Obrero, Urbanización Tres Fuerzas, Villa Concepción, Virgen de la Merced, Virgen de las Nieves y zonas adyacentes.

Restablecimiento del servicio

Epsas ha indicado que el suministro de agua será restablecido de manera gradual a partir de las 03:00 del jueves 17 de octubre. Se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las precauciones necesarias para enfrentar esta interrupción en el servicio.

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“En atención a los recientes conflictos sociales en el departamento de La Paz, y con el objetivo de salvaguardar tanto a nuestros usuarios como al valioso capital humano de Epsas S.A., informamos que las siguientes sucursales se encontrarán cerradas el día lunes 23 de septiembre de 2024”, se lee en un comunicado emitido por la empresa.

Sucursales afectadas

Las sucursales de Epsas que suspendieron la atención son las siguientes: la de la zona San Roque, ubicada en la avenida Panamericana, carretera a Copacabana; la de la zona Bautista Saavedra, instalada en la avenida Luis Rodríguez Pardo, también en la vía a Copacabana. Además, se encuentran cerradas las sucursales de la zona Senkata, en la avenida Pichu Pichu, entre las avenidas Aconcagua y Socompa; y la de la zona 12 de Octubre, ubicada entre la calle Jorge Carrasco, entre las calles 10 y 11.

Disculpas y comprensión

“Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos su comprensión”, manifestó Epsas en su comunicado. La marcha liderada por Evo Morales arribará este lunes a la ciudad de El Alto. El dirigente cocalero afirmó que la manifestación es pacífica; sin embargo, durante el trayecto, la situación se tornó violenta, resultando en varios heridos.

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En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de El Alto, Flores enfatizó que no ha habido ningún incremento ni alza en las tarifas y que es importante disipar los rumores que generan preocupación entre los usuarios. “Estén tranquilos porque las tarifas se mantienen y se mantendrán”, aseguró.

322 mil usuarios se benefician de tarifas solidarias

Epsas administra la distribución del recurso hídrico en Pucarani, Laja, Viacha, Achocalla y El Alto, contando con un total de 322 mil usuarios. El 84% de ellos se benefician de una tarifa solidaria, que aplica para aquellos con un consumo mensual de 0 a 15 metros cúbicos, con un costo fijo de Bs 1,78 por metro cúbico.

Garantizando el acceso equitativo al agua potable

La gerencia de Epsas ha destacado que están trabajando en medidas para garantizar el acceso equitativo al agua potable en la región y continuar brindando un servicio eficiente a todos los usuarios. Su objetivo es asegurar que todos los habitantes de El Alto y las áreas circundantes tengan acceso a este recurso vital de manera justa y sostenible.

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De acuerdo con el reporte diario de Epsas, ocho de los diez embalses que abastecen de agua potable a La Paz y El Alto están al 100% de su capacidad. Tuni reporta un caudal del 95% y Ajuankhota del 92%. Estos volúmenes aseguran el suministro a la población hasta enero de 2025.

Importancia de la Eficiencia Hídrica

Gutiérrez resaltó que, además de la “cosecha” de agua, es crucial el uso eficiente de este recurso, especialmente en tiempos de crisis climática. Los habitantes de El Alto se abastecen de represas y pozos, coordinando con la Alcaldía para garantizar el suministro.

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Se trata de las represas Incachaca, Hampaturi, Milluni, Hampaturi Alto, Jankokhota, Pampalarama, Chacaltaya y Alpaquita que están rebalsando debido a que llegaron al 100% de su capacidad.

Advertencia sobre coordinación para evitar desastres

Este reporte fue confirmado por el interventor de Epsas, Jaime Gutiérrez, quien advirtió en una entrevista con Unitel a los municipios trabajar coordinadamente para evitar desastres por la liberación de los caudales excedentarios.

Aclaración sobre origen natural del rebalse

“Hacer conocer que ya ocho represas están a su nivel total; ya llegaron a su capacidad. Por lo mismo, hacer conocer que estos rebalses que se presentan son de forma natural y los mismos están bajando por sus compuertas”, indicó Gutiérrez al tiempo que aclaraba que la entidad no está liberando agua de las represas.

Epsas controla volúmenes en las represas

“Epsas está controlando en la parte superior los volúmenes que se tienen en las represas y las mismas están desembocando o saliendo por su compuerta que se tiene”, sostuvo.

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La represa ya ha colmado su capacidad de cinco millones de metros cúbicos y, según las autoridades, ahora tiene un rebalse de dos metros cúbicos por segundo.

El ministro Méndez señaló que mediante Epsas se envió una nota al Gobierno Municipal de La Paz confirmando el rebalse, por lo que deberían tomar previsiones del caso.

El gerente de Epsas, Jaime Gutiérrez, afirmó que están controlando la situación en la cuenca alta para evitar que se desparrame el agua; mientras tanto, en la cuenca baja, la Alcaldía debería realizar los encauces correspondientes en los ríos.

Respecto a la situación del agua, la empresa reportó que cinco de las diez represas han llegado al 100% de su capacidad. El ministro Méndez indicó que actualmente se tiene colmado el 84% de la capacidad total de las represas, más que el año pasado cuando se tenía un 64%.

En ese sentido, señaló que en 2023 se pudo superar la sequía y esta gestión se podrá hacer “tranquilamente” tomando en cuenta la mayor cantidad de agua almacenada en los embalses.

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Tras verificar las represas, el alcalde destacó la preocupante situación en Milluni y mencionó que el nivel en Pampalarama no es aceptable, lo que ha llevado a una reducción del abastecimiento en Incachaca.

Baja reserva hídrica preocupa a autoridades municipales

La secretaria municipal, María del Carmen Rocabado, informó que actualmente solo se cuenta con 25 millones de metros cúbicos de reserva, menos del 40% de los 60 millones disponibles para abastecer a La Paz y El Alto.

Propuesta del alcalde para evitar racionamientos severos

Arias manifestó su deseo de evitar situaciones extremas que requieran racionamientos más severos y propuso utilizar las noches como momento adecuado para reducir la presión del agua y evitar desperdicios. Además, señaló que zonas como Buenos Aires, Max Paredes, Cotahuma y Sopocachi podrían verse afectadas.

Convocatoria a reunión extraordinaria para abordar la situación

Ante esta situación, la Alcaldía paceña convocará a una reunión extraordinaria del directorio de Epsas con el fin de informarse sobre la situación actual y establecer un plan correspondiente.

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Según el viceministro Jorge Silva, este comité surge como respuesta a las denuncias sobre posibles contaminaciones mineras en las represas que abastecen a La Paz. Con el objetivo de brindar tranquilidad a los consumidores, se llevarán a cabo estudios e inspecciones correspondientes.

Vigilancia exhaustiva para proteger calidad del agua en La Paz

Por su parte, el rector de la UMSA, Oscar Heredia, destacó que dentro del comité se realizará una vigilancia exhaustiva para proteger la calidad del agua. Además, anunció que se llevará a cabo una profunda investigación para determinar si existe contaminación en el agua consumida en La Paz. Se espera tener resultados disponibles hacia mediados o finales de agosto.

Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como EPSAS se comprometieron a colaborar en los trabajos necesarios para garantizar certeza a la población.

Estudios previos no detectaron contaminación en el agua de La Paz

Cabe mencionar que semanas atrás, el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor junto con Inlasa realizaron análisis en diferentes zonas de la ciudad para verificar la calidad del agua. Según estos estudios, los parámetros establecidos fueron cumplidos.

Además, durante una visita a la represa Hampaturi se constató que no existen focos de contaminación que puedan afectar a las represas que suministran agua a los municipios cercanos, afirmó Silva.

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Gutiérrez asumió el cargo en mayo y realizó un informe que reveló prácticas de prebendalismo, contrataciones sin justificación y negligencia jurídica por su antecesor.

El exceso de personal contratado también será evaluado durante la reestructuración, incluyendo consultores y profesionales que trabajan para Epsas.

“El primer punto que vamos a tomar dentro de la nueva corporación va a ser una reestructuración dentro de la entidad, una reestructuración tanto desde la cabeza hasta el último funcionario, a la vez los aspectos administrativos que se vienen desarrollando en la entidad”, manifestó Gutiérrez a la red ERBOL.

/NVY

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“Una vez admitida (la denuncia) está radicada en el Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción, entonces, se está procediendo de forma inmediata a la investigación toda vez que tenemos plazos que cumplir”, confirmó el jurista.

El caso abierto es debido a que el director jurídico de Epsas, Raúl Rivas, pretendía entregar 20.000 bolivianos al marca mallku del Ayllu Hamparturi La Cumbre, Ramiro Choque, con el objetivo de frenar las movilizaciones en contra del Interventor de Epsas, quien incumplió compromisos en la dotación de agua para su comunidad.

El abogado Marco Ramos informó que existen pruebas para sustentar la denuncia en contra del Interventor de Epsas como los mensajes de texto y las llamadas recurrentes que hizo Rivas al dirigente del Ayllu Hamparturi La Cumbre, reportó la red Erbol.

Mediante la Fiscalía, informó que se solicitará que el investigador que recoja los 20.000 bolivianos que están en calidad de custodia con las autoridades originarias de Hampaturi para que sirvan como parte de la investigación.

La entrada Fiscalía admite denuncia contra interventor de Epsas por presunto soborno a un mallku se publicó primero en La Patria Bolivia | Periódico digital.

Por este caso, Iraizos fue suspendido mientras se realizan las investigaciones, pese a que ya negó el soborno.

“Jamás en la vida al Ramiro Choque pueden comprar”, exclamó el dirigente mientras sostenía en sus manos el dinero.

El supuesto soborno era de 20 mil bolivianos, según indicó el dirigente, y le habría sido entregado por un abogado intermediario a nombre de Iraizos.

Choque reveló que, el abogado intermediario insistió para reunirse con él y, cuando se encontraron, le entregó el dinero.

Señaló que el soborno venía con dos condiciones: primero que se suspendan las movilizaciones que exigían la renuncia del Interventor y, segundo, que se suspenda un ampliado que realizarían los comunarios.

El abogado de Choque explicó que en el ampliado del 23 de abril pasado, el dirigente denunció públicamente el intento de soborno y entregó el dinero a los mallkus, según informó Erbol.

Por su parte, el interventor denunció a Choque por difamación, sin embargo, el abogado del dirigente consideró que se trata de un amedrentamiento.

Cuando Choque fue consultado sobre por qué recibió el dinero, indicó que es la prueba para realizar la denuncia.

/NVY

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Un mallku de la comunidad de Hampaturi, del departamento de La Paz denunció que Iraizos, mediante un abogado, intentó sobornarlo con 20 mil bolivianos para que los originarios de la zona no pidan su renuncia como interventor.

El hecho ocurrió después de las movilizaciones de los comunarios de Hampaturi, quienes demandan el cumplimiento de compromisos de Epsas.

Iraizos negó las acusaciones e incluso señaló que sus hijos sufrían bullying a causa de las mismas. Indicó que estaba tomando acciones legales por difamación.

La directora de la AAPS señaló tomar en cuenta, parte y contraparte, por lo cual, determinaron la suspensión de Iraizos mientras se emita una resolución.
No descartó que se determine una destitución, de acuerdo a los resultados de la investigación, reportó la red Erbol.

Señaló además, que el caso es referido a la Fiscalía y al Viceministerio de Transparencia. Asimismo, llamó a la tranquilidad a la población e informó que se precautela el servicio de agua.

La entrada Suspenden a interventor de Epsas por supuesto soborno a una autoridad originaria se publicó primero en La Patria Bolivia | Periódico digital.

La medida de presión, se instaló en puertas de Epsas, exigiendo que se dote del líquido elemento a esta región, principalmente para su consumo, actividad pecuaria y riego de cultivos.

“Nosotros no tenemos agua potable, no tenemos agua para nuestro riego. Estamos privados de acceso a nuestras vertientes. Entonces esa es la molestia, por eso nos hemos visto obligados a salir a las calles”, manifestó uno de los dirigentes.

Los movilizados también reclamaron que enviaron varias notas a Epsas para solucionar la situación, pero no obtuvieron ninguna respuesta; de igual forma, acusaron también al interventor, Vladimir Iraizos, de no querer dialogar con ellos, según informó la red de noticias Erbol.

En ese sentido, pidieron que se forme una comisión para atender las demandas de los comunarios de Hampaturi, además de la renuncia del interventor, caso contrario, radicalizarán las medidas de presión.

Por su parte, Iraizos manifestó su compromiso para atender estas demandas de proyectos de agua, no obstante, aclaró que algunos de los pedidos no son de su competencia.

/ LMPT

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“Yo (Arce) he hablado con el ministro de Aguas, para que cambie (inaudible) que era pitita y por supuesto cambiar al interventor, las dos cosas tenían que hacer el ministro esta mañana hermano”, se escucha en el audio del video publicado por la ANF.

En tanto el dirigente campesino le agradeció y le recalcó que los funcionarios eran “pititas”.

“Los dos eran pititas, el de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y el interventor, conjuntamente estaba articulando todo este despelote en Epsas, por lo tanto hermano, con esto (las destituciones) ya debería estar resuelto. Porque yo ya le dije todo esto para que lo haga, déjame averiguar para confirmarte, hermano pero esa era la instrucción que yo le di al Ministro de Agua”, confirmó y remarcó Arce.

Consultado por la agencia de noticias, un funcionario de Epsas que prefirió mantener en reserva su identidad para evitar represalias, relató que el video fue grabado el viernes en la madrugada en las instalaciones de Villa Fátima, lugar donde un grupo de trabajadores instaló una vigilia en rechazo al “manoseo político” por parte de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El trabajador relató que el pasado viernes entre las 00:30 y 01:00 horas, la Policía Boliviana llegó hasta la zona de Villa Fátima y amenazó con reprimirlos con gases lacrimógenos y fue en ese momento, cuando el dirigente del Conamaq se comunicó con el Presidente, Luis Arce para informarle sobre la situación tensa que se vivía en esos ambientes.

Arce a lo largo del video no nombra a los funcionarios, el trabajador de Epsas aseguró que se refiere al exinterventor de la empresa el abogado Miguel Gonzales y que duró en el cargo alrededor de 50 días y que en ese tiempo realizó despidos de más de 20 personas y trajo a más de 40 “sin experiencia”, e identificados como militantes del MAS, a la empresa. El segundo sería el ingeniero Sibila de la AAPS.

“Las pititas serían el ingeniero Sibila de la AAPS y el abogado Gonzales, exinterventor. Lo que es extraño es la situación del ingeniero Quisbert (que fue interventor por dos días), pareciera que lo han utilizado porque lo nombran y dos días después anulan su nombramiento, por eso se genera todo este problema”, agregó el funcionario en contacto con ANF.

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