A pesar de que el autor de los delitos falleció antes de ser juzgado y los abusos han prescrito, la resolución fue dada a conocer en la audiencia final del juicio. En esta audiencia se escucharon los alegatos finales de las partes involucradas, así como de las víctimas que denunciaron los hechos.

Reacciones de las víctimas

Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), expresó su satisfacción: “Celebramos, porque para nosotros es el inicio: se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon”.

El caso de Alfonso Pedrajas, también conocido como “padre Pica”, ha generado una gran indignación a nivel nacional. Esto se debe a que se reveló, a través de su diario personal, que en vida cometió múltiples abusos sexuales contra niños y adolescentes indígenas de comunidades aymaras, quechuas y guaraníes. También abusó de estudiantes del internado Juan XXIII en Cochabamba, donde trabajó durante años como educador. Esto motivó el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía contra quienes fueron mencionados en el libro de Pedrajas.

Conocimiento de los abusos

Según indicios, Ramón Alaix y Marcos Recolons tenían conocimiento de los abusos sexuales que cometió Pedrajas en las décadas de 1970 y 1980 en el país. Ambos sacerdotes fueron citados por el extinto jesuita en su diario como encubridores. La defensa de los acusados presentó un recurso de extinción de la acción por prescripción; sin embargo, este fue rechazado y se decidió que el caso continuara hasta dictarse una sentencia.

Edwin Alvarado, secretario de relaciones internacionales de la CBS, agradeció a las víctimas por su valentía al brindar testimonios durante el proceso para lograr justicia contra quienes no actuaron pese a conocer los delitos que cometía Pedrajas. “Aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas”, aseguró.

Un primer paso hacia la justicia

El fallo fue considerado un “primer paso” hacia una justicia que ha sido postergada. Flores también criticó la postura institucional asumida por la Compañía de Jesús durante el proceso. “Ahora alardean su predisposición de colaboración a la justicia, pero durante todo el proceso vimos a sus abogados tratando de obstruir la justicia y negar la verdad. Pedimos a la población ser vigilante. Esto apenas empieza”, señaló Flores.

La CBS anunció que dará seguimiento al caso contra el fallecido jesuita Alejandro Mestre (1912-1988), quien tiene una denuncia por abuso sexual contra un alumno del Colegio San Calixto de La Paz en 1961. Por este caso, los jesuitas Osvaldo C., Ignacio S. y Bernardo M. están implicados como presuntos encubridores.

Trayectoria de los jesuitas condenados

Recolons, de 81 años, fue provincial de los jesuitas en Bolivia entre 1993 y 1999 y llegó a ser el número dos de la orden en Roma entre 2004 y 2012. Alaix, de 83 años, ocupó el cargo de provincial entre 1999 y 2007.

El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando El País publicó fragmentos del diario personal de Pedrajas. En ese documento, el sacerdote reconocía haber abusado de al menos 85 menores en colegios jesuitas de Bolivia entre 1972 y principios de los años 2000.

El expediente judicial de 855 páginas incorporó 18 testimonios de víctimas, acompañados de informes psicológicos que confirmaron las secuelas de los abusos. También incluyó otras 21 evidencias materiales y 52 pruebas testificales. Una de las denuncias recogidas en el proceso describe: “Sentí que me estaban manoseando y empiezo a sentir mis labios mojados. Era el Pica (apodo de Pedrajas) que estaba besándome. Me desperté y le empujé. Él me dijo: ‘Pero ¿qué pasa? Solamente estamos jugando. Yo te amo’”.

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Ambos enfrentan acusaciones por el presunto delito de encubrimiento en el caso que investiga a Alfonso Pedrajas Moreno. Este último está acusado de violación a niños, niñas y adolescentes, así como de abuso sexual, además de otros autores y encubridores que también están siendo investigados.

El caso de pederastia en Bolivia

El diario del padre Pedrajas Moreno reveló múltiples casos de pederastia en Bolivia. Este proceso judicial fue iniciado de oficio por el Ministerio Público y también incluye los casos acumulados que fueron presentados por la Procuraduría General, el Provincial Jesuita Bernardo Mercado Vargas, el Ministerio de Educación y la ampliación solicitada por el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas.

Expectativas de justicia

Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, expresó su esperanza de que la justicia boliviana envíe señales claras tanto al país como al mundo. Afirmó que, aunque las instituciones eclesiales implicadas en estos delitos sean multinacionales, en Bolivia no quedarán impunes los crímenes de lesa humanidad.

Modus operandi de los jesuitas

Pedro Lima, vocero de la organización de sobrevivientes, destacó que el modus operandi de los provinciales jesuitas consistía en reubicar a los perpetradores y ocultar los escándalos generados por las repetidas denuncias. Esto permitió que los abusadores continuaran afectando a cientos de niños.

Detalles del juicio

El juicio contará con 18 víctimas denunciantes y 50 pruebas documentales diversas. Además, se presentarán 18 informes psicológicos, 33 otros elementos y múltiples declaraciones. Habrá más de 50 pruebas testificales, 25 evidencias materiales y una prueba psicológica a una víctima denunciante, así como una pericia antropológica con perspectiva de género.

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La audiencia estaba prevista para este jueves en un juzgado de Cochabamba. Recolons, de 81 años, participó de manera virtual, mientras que Alaix, de 83 años, presentó una receta médica para justificar su ausencia en el tribunal.

Detalles del caso

Este caso salió a la luz hace 2 años. Ambos procesados ocuparon el cargo de provincial, que es el máximo puesto dentro de la Compañía de Jesús. Según las denuncias, estos sacerdotes tenían conocimiento de las acusaciones sobre las vejaciones cometidas por Pedrajas, quien falleció en 2009. De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, “Pica” abusó sexualmente de 85 menores de edad, la mayoría de ellos del colegio Juan XIII de Cochabamba, donde él era director.

Pedrajas dejó un diario en el que documentó los vejámenes que cometió. Este documento fue revelado en abril de 2023 por el diario español El País. En los escritos del agresor se menciona a Recolons y Alaix, indicando que ellos y otros sacerdotes ayudaron a “Pica” a evadir las denuncias de sus víctimas.

Conocimiento de las agresiones

Se ha informado que tanto Recolons como Alaix llegaron a conocer sobre las agresiones, tanto por las declaraciones del mismo Pedrajas como por las de algunas de sus víctimas. Sin embargo, no denunciaron los hechos y, además, promovieron el silencio entre los denunciantes.

El 28 de marzo de 2024, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los acusados, basándose en los indicios presentados por la Fiscalía y en las denuncias de aproximadamente 15 víctimas.

Declaraciones de las víctimas

Una de las víctimas declaró: “El padre Alfonso Pedrajas me ha tocado todo. Ha sido una de las experiencias más traumáticas que he tenido en mi vida”. Parte de las denuncias se fundamentan en informes psicológicos elaborados por especialistas.

Una conclusión general sobre estas declaraciones es que, a pesar del tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos de agresión sexual, las víctimas presentan inestabilidad emocional. Esto afecta sus actividades cotidianas y genera desgaste mental, así como sentimientos de soledad, culpa y remordimiento.

Reprogramación de la audiencia

La audiencia fue reprogramada tras la presentación del justificativo médico por parte del acusado Alaix. Pedro Lima, exjesuita y promotor de la demanda, expresó su sorpresa ante esta suspensión: “Nos sorprende que se haya suspendido. Con una receta médica han suspendido la audiencia”.

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El padre del niño, Juan Carlos Q. H., denunció el caso el 3 de septiembre, luego de que le informaran sobre la muerte de su hijo y le solicitaran firmar la autorización para el Certificado de Defunción.

El Certificado de Defunción, emitido por la Oficialía de Registro Cívico, indicaba que la causa de la muerte era un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, al ver el cuerpo de su hijo, el padre notó signos de violencia en el cuello, lo que lo llevó a presentar una denuncia ante la policía.

Las autoridades acudieron al domicilio de la madre del niño, donde ya se había instalado un velorio. Fue necesario abrir el ataúd para verificar los signos de violencia en el cuello del niño, así como una laceración en el mentón.

Engaños y encubrimiento

La madre inicialmente alegó que el niño había caído del techo, pero luego cambió su versión, afirmando que había sufrido un accidente durante un juego. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que la madre le propinó una golpiza en la espalda y que el niño golpeó su quijada contra el suelo. Además, se encontraron pruebas de asfixia mecánica con un objeto encontrado en la casa.

En el transcurso de las investigaciones, la policía descubrió que el Certificado de Defunción fue emitido por un falso médico que se hacía pasar por internista y cirujano. Este individuo, identificado como Celso Prudencio Mayta Condori, tiene antecedentes por trata de personas y se sospecha que podría estar involucrado en otros casos similares.

Además, se determinó que la funeraria encargada del proceso facilitó el certificado médico único de defunción. Varias personas relacionadas con la funeraria fueron detenidas, incluyendo a Guzmán M. P., Jimena Raquel M. L. y Lizeth M. L.

Implicados en el infanticidio

Las autoridades lograron la aprehensión de al menos siete personas involucradas en el infanticidio y su encubrimiento. Entre los detenidos se encuentran la madre del niño, el padrastro, las tres personas de la funeraria, el falso médico naturista y la Oficial de Registro Civil que emitió el certificado.

El ministro de Gobierno destacó que, en lo que va del año 2024, se han registrado 61 feminicidios y 22 infanticidios a nivel nacional.

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En un principio, la investigación sobre el caso del sacerdote catalán, Luis Roma Pedrosa, quien falleció en 2019, fue cerrada debido a la falta de pruebas. Sin embargo, nuevos elementos de convicción han surgido, lo que ha llevado a la reapertura del caso.

Unidad especial para prevenir casos similares

El Fiscal General instó a las autoridades a crear una unidad especial encargada de prevenir y combatir este tipo de situaciones, con el objetivo de proteger a los niños de posibles abusos por parte de personas como el Padre Roma. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para que denuncie cualquier caso de abuso que haya ocurrido.

El Fiscal Lanchipa aseguró que se cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación sobre el sacerdote jesuita fallecido. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz será la encargada de llevar adelante esta tarea, con la posibilidad de contar con testigos que puedan brindar información relevante.

En busca de los encubridores

La investigación se centrará en identificar y procesar a aquellos que encubrieron los abusos cometidos por el Padre Roma, considerando que el principal autor de estos actos ya falleció en 2019. Los elementos probatorios recopilados permitirán a la Fiscalía avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades de los encubridores.

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El caso se relaciona con la agresión sexual de un niño en una unidad educativa de La Paz, en la cual el arzobispo Mestre Descals estaba implicado. Según las investigaciones, el arzobispo habría abusado del estudiante en dos ocasiones durante su responsabilidad en la unidad educativa en 1961.

Medidas cautelares solicitadas

En la imputación presentada, se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares personales para los tres sacerdotes imputados. Estas medidas incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse ante la autoridad designada por el juez, la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y la detención domiciliaria, entre otras. La determinación de estas medidas se llevará a cabo en la audiencia de medidas cautelares.

Encubrimiento y falta de denuncia

De acuerdo a los antecedentes recopilados, se ha establecido que los tres acusados tenían conocimiento del delito cometido por el arzobispo Mestre Descals, pero no remitieron el caso a las autoridades pertinentes de la justicia boliviana. Esto sugiere un intento de encubrir las agresiones sexuales perpetradas por el arzobispo.

En noviembre de 2021, el encargado de ambientes sanos de la curia provincial, Osvaldo A. C. P., tuvo conocimiento del hecho y lo remitió al Jefe Provincial de la Curia de esa gestión, Ignacio S. E. Este último ordenó la apertura de una investigación en el marco del derecho canónico que rige a la Iglesia Católica. Sin embargo, la investigación fue cerrada por decisión de Osvaldo A. C. P., quien informó al actual Provincial Bernardo L. M. V., y este último también decidió cerrar el caso tras revisar los antecedentes.

Denuncia formalizada en mayo de 2023

La denuncia formal contra los sacerdotes fue realizada el 8 de mayo de 2023, cuando salió a la luz otro caso de pederastia y el Ministerio Público anunció la investigación de oficio contra los jesuitas agresores de menores.

Investigaciones en Chuquisaca

En relación con otro caso de pederastia en Chuquisaca, el Fiscal General del Estado informó que la Secretaría de la Santa Sede, Sección de Asuntos Generales – Oficina de Protocolo del Vaticano, respondió que no existen documentos sobre denuncias previas contra sacerdotes por abusos sexuales en Bolivia. La Fiscalía continúa con las investigaciones y acumulación de pruebas para esclarecer los hechos denunciados en esa región.

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El Ministerio Público ha anunciado el inicio de diligencias contra Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por supuesto encubrimiento de Nicanor. Se les acusa de desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su pariente. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos contra la administración pública, incluyendo encubrimiento personal y abuso de autoridad.

A pesar de estas acusaciones, el vocero reiteró que la renuncia de la mandataria no es una posibilidad. Hinojosa también enfatizó que desde su posición no le corresponde referirse a aspectos técnicos jurídicos de la defensa legal de Boluarte o de cualquier otro ciudadano.

El vocero aseguró que el Gobierno garantiza la división de poderes, el imperio de la Constitución y las leyes, así como el ejercicio de la autonomía de las diferentes instituciones públicas. Además, afirmó que el Gobierno no pretende interferir en las funciones judiciales y del Ministerio Público, y que no existe ningún tipo de entorpecimiento a la labor judicial.

Reunión con el jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía

El vocero confirmó que la presidente se reunió con el jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), el coronel Franco Moreno, el martes en el Palacio de Gobierno de Lima. Sin embargo, aclaró que esta fue una visita pública en una institución del Estado durante horario hábil, y pidió que se evite cualquier suspicacia, ya que no se trató de una reunión clandestina.

En resumen, Boluarte no tiene planes de renunciar a pesar de la detención de su hermano por presunto tráfico de influencias. El Ministerio Público ha iniciado diligencias contra la mandataria y el ministro del Interior por supuesto encubrimiento. A pesar de estas acusaciones, el Gobierno asegura que no interferirá en las funciones judiciales y que garantiza la división de poderes y el imperio de la Constitución y las leyes.

Fuente: EFE

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Un paso importante hacia la justicia

El abogado de las víctimas, Nelson Cox, expresó su satisfacción con la decisión tomada por la justicia, afirmando que esto allanará el camino para que otros encubridores también sean responsabilizados. Durante más de 30 años, ha reinado un velo de impunidad en relación a estos abusos, y esta medida permitirá que se desvele la verdad y se haga justicia.

Acusaciones de encubrimiento

Marcos R. y Ramón A., quienes en el pasado fueron provinciales de la Compañía de Jesús, son acusados de encubrir los vejámenes cometidos por el fallecido jesuita Pedrajas entre los años 1972 y 1987. Según el diario de Pedrajas, estos dos religiosos, junto a otros siete curas de la Compañía de Jesús, fueron mencionados como encubridores de los delitos que cometió en vida. Se estima que Pedrajas abusó de al menos 85 menores de edad, la mayoría de ellos pertenecientes al colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Un paso importante para las víctimas

El exnovicio Pedro Lima resaltó la importancia de esta medida para el pueblo boliviano, ya que las víctimas son de todo el país y fueron niñas y niños de 7, 8, 10 y 11 años en aquel entonces. Este avance en el proceso judicial representa un paso significativo hacia la justicia y el reconocimiento de los derechos de las víctimas de abuso sexual.

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Ambas exautoridades podrían ser citadas a declarar en el marco de la denuncia presentada por Oros contra los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Obras Públicas, Edgar Montaño. La denuncia se presentó por supuestamente ocultar un proceso administrativo de investigación desde España hacia Bolivia.

Del Castillo y Montaño pueden estar implicados

Dado que Del Castillo maneja la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) asignada al aeropuerto Viru Viru, y que Montaño es responsable del control en los aeropuertos; ambas autoridades pueden estar implicadas en el traslado ilegal de 478 kilos desde Santa Cruz hasta Barjas, España.

Romero será llamado como testigo clave

En ese sentido, explicó que Romero sería llamado como testigo clave debido a sus constantes denuncias sobre presunto encubrimiento del Gobierno al narcotráfico. Además aseguró que hay muchos testigos que no se toman en cuenta como Boris Villanueva quien afirmó tener conocimiento del hecho desde el 17 de febrero.

Morales será llamado porque aseguró conocer sobre pagos millonarios

Por otro lado, Morales sería llamado porque aseguró conocer sobre pagos millonarios para permitir que ese vuelo llegara sin problemas a España. Oros manifestó que los hechos son claros y hay muchos testigos que no se toman en cuenta.

El Colegio de Abogados exige garantías

“Esto no podemos dejar pasar, y tenemos que pedir que estos dos funcionarios (Del Castillo y Montaño) sean retirados del cargo porque obstaculizarían la investigación central y la búsqueda de los culpables del narcotráfico”, declaró el jurista a Erbol.

Además, denunció intimidación a quienes saben algo y amedrentamiento a jueces; como ejemplo se refirió a Manuel Baptista en Santa Cruz, quien fue esposado en una audiencia tras disponer la detención preventiva de dos personas y dar libertad a otra por este caso.

El Colegio de Abogados exigirá garantías y una investigación clara contra los ministros Del Castillo y Montaño. A quienes sindicó por no denunciar el “narcovuelo” en febrero, cuando España solicitó información de inteligencia al Estado boliviano.

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Investigación sigue en marcha

“Si bien hay muchas personas que han fallecido, el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal establece la extinción por fallecimiento; es decir, la extinción penal, pero el hecho sigue investigándose”, declaró Alave.

La autoridad explicó que hay gente que encubrió el hecho de pederastia en Bolivia y actualmente el proceso de investigación avanza contra esas personas porque todavía tienen responsabilidades.

Responsabilidades pendientes

“Hay gente que encubría este hecho, hay gente que ha protegido. Entendemos que nuestra fiscal que está a cargo, la doctora Verónica Miranda, ayer (miércoles) imputó a otras dos personas (…) que están relacionadas con el clero por el delito de encubrimiento; entonces estamos investigando”, subrayó Alave.

El sacerdote español Alfonso Pedrajas -conocido como padre Pica- es el principal investigado porque en su diario habría mencionado haber abusado sexualmente de menores durante su misión en Bolivia; sin embargo, murió en 2009 debido al cáncer a los 66 años.

Jesuitas suspendidos colaboran con la justicia

Se sabe también que Pedrajas se instaló en Bolivia en 1971 y realizó labores educativas en varios centros del país hasta meses antes de morir. Tras conocerse el hecho, la Compañía de Jesús en Bolivia suspendió a ocho jesuitas que -según las denuncias- presuntamente conocían de esos abusos, pero callaron para encubrir a Pedrajas. Ahora colaboran con la justicia para que se establezcan las responsabilidades.

Ampliación de investigaciones por encubrimiento

El pasado miércoles 31 de mayo, la Fiscalía de La Paz amplió las investigaciones por el presunto delito de encubrimiento contra el Provincial Bernardo Mercado y los exprovinciales y sacerdotes Osvaldo Chirveches e Ignacio Suñol.

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La fiscal Verónica Miranda confirmó que existen dos procesos abiertos en contra del sacerdote jesuita Alejandro Mestre y otro en contra del cura Alfonso Pedrajas (ambos ya fallecidos). Dentro de estos dos casos, se ha ampliado la investigación por el delito de encubrimiento en contra de dos personas. En ese sentido, se está tomando su declaración de manera paralela en ambos casos.

Allanamientos realizados

En días pasados, se realizaron allanamientos en predios pertenecientes a los jesuitas en La Paz. En dicho acto se encontraron cuatro palancas. Dentro de estas palancas existirían denuncias ya registradas; una en contra del sacerdote Mestre y dos más en contra del cura Pedrajas. Sin embargo, las mismas no fueron puestas a conocimiento de la autoridad competente como es el Ministerio Público o la Policía.

Procedimiento interno vs Código Penal

Los sacerdotes acusados argumentaron que tienen un procedimiento interno para tratar estos casos. Pero la fiscal explicó que rige el Código Penal boliviano y ante el conocimiento de un hecho delictivo lo que corresponde es ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente.

Delito de encubrimiento

La fiscal aclaró que el delito de encubrimiento sólo tiene una pena máxima de dos años de cárcel, lo cual no permite una aprehensión en contra de los religiosos. Sin embargo, indicó que la investigación y la toma de declaraciones ayudarán en ese aspecto.

Sacerdotes jesuitas convocados a declarar

La abogada de la Compañía de Jesús, Audalia Zurita, precisó que Osvaldo Chirveches y Bernardo Mercado son los sacerdotes jesuitas que fueron convocados a declarar en calidad de sindicados. Chirveches y Mercado presentaron sus respectivas denuncias después del escándalo por abusos sexuales en la Iglesia Católica. Esto fue a partir de la revelación del diario del cura pederasta Pedrajas, el reconocimiento de sus múltiples delitos y los relatos sobre el encubrimiento de sus actos.

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Se trata de Iván L.I., quien ya estaba sindicado de encubrimiento a su hijo y ahora fue aprehendido en calidad de presunto coautor.

El caso se hizo público cuando la activista María Galindo con la familia de la víctima fue a buscar al militar, reportó la red Erbol.

El delito se cometió el 18 de febrero. De acuerdo a los datos preliminares, el presunto autor, Vladimir I.V., señaló que la víctima falleció por ingerir una sustancia tóxica; sin embargo, se evidenció que fue estrangulada.

Coautor del crimen

La fiscal Nilda Calle, explicó que el militar fue acusado de encubrir a su hijo, pero ahora de ser coautor del crimen, considerando que tenía conocimiento de los sucesos, acompañó a su hijo a declarar y presuntamente lo ayudó a escapar.

Asimismo, resaltó que la fiscal Jordán fue apartada del caso; además tiene que presentar informes al respecto.

Jordán culpó a la Policía por no aprehender al presunto feminicida, a lo que la institución “verde olivo” expresó su molestia, resaltando que la fiscal tiene reclamos de maltrato y discriminación hacia policías.

/JDLF/

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“Al acoger a supuestos refugiados en su domicilio particular o en la institución cívica, Camacho está cometiendo el delito de encubrimiento. Solamente, un Estado puede dar refugio”, dijo Arce.

Asimismo, señaló que Camacho comete un delito al acoger en su casa a delincuentes, actores políticos, cívicos que generaron terror, llanto, luto, muerte y dolor en el país.

El lunes 15 de marzo Camacho en un cabildo organizado en Santa Cruz, ofreció su casa para que se refugien cuantos perseguidos quieran, y puedan evitar la justicia ante los procesos y reclamos de las víctimas de los hechos, informó el diputado del MAS.

También indicó que esa situación implica un desafío frontal a la justicia, a los administradores de justicia; pero además, una clara vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE) y a todo el ordenamiento jurídico”.

/RXVCH/

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Rivas fue conducido este jueves a la Fiscalía para brindar declaraciones, luego de ser identificado por un efectivo de la Policía, en la vía pública.

A su vez, el fiscal Coordinador, Sergio Bustillos, afirmó que se encontraron irregularidades y por eso se investiga al expersonero por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por dilatar el recibimiento de la alerta migratoria contra Murillo y López.

El hecho se realizó luego que el fiscal Fernando Atanacio señaló que la investigación contra Rivas surgió porque existían incoherencas en los informes migratorios de Murillo, donde reflejaba que el exministro no registra salidas recientes, cuando existen datos que la exautoridad abandonó el país.

“Me estoy yendo a presentar a la Fiscalía. Vamos a aclarar cualquier duda que tenga la Fiscalía al respecto”, afirmó Rivas, explicando que existía un memorando de desvinculación de su cargo el 4 de noviembre, antes que ambos exministros salieran del país.

/MDCB

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El fiscal, Fernando Atanacio, reveló que la investigación contra Rivas surge por incongruencias en el informe migratorio de Murillo, que no registra salidas  recientes, cuando existen datos que la exautoridad gubernamental habría dejado el país.

“Aparentemente el señor Murillo estaría fuera del Estado boliviano, sin embargo, contradictoriamente se emite un informe donde se hace referencia que no habría salido o que su último última salida del país sería semanas antes de las elecciones, entonces son esas contradicciones pues me van a presumir que tal vez pudo haber existido algún tipo de ayuda”, explicó Atanacio a la red Erbol.

El Fiscal, aseveró que se investiga a Rivas por los tipos penales de uso indebido de influencias, encubrimiento e incumplimiento de deberes.

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