Las elecciones del 17 de Agosto dieron al próximo gobierno el mandato de desmontar el aparato jurídico, político y financiero que sostiene al modelo económico que nos condujo a la peor crisis del siglo.  Aunque este objetivo tiene muchos componentes, una de las tareas urgentes es definir el destino de las empresas públicas.

El modelo del MAS se fundó sobre cuatro promesas: recuperar la soberanía económica, industrializar el país, dinamizar la demanda interna y redistribuir los excedentes para reducir la pobreza. Para cumplirlas, el gobierno decidió desplazar al sector privado creando empresas públicas en todos los sectores e imponiendo monopolio, privilegios y respaldo financiero ilimitado.  La expectativa era que generaran utilidades suficientes para garantizar la subvención de los programas sociales.

La realidad fue muy distinta. Según investigaciones de Julio Linares, MILENIO, del Centro de Estudios Populi, y del diputado Aldo Terrazas, desde 2006 se crearon 56 empresas que hoy son administradas por el gobierno central, al margen de las estratégicas como YPFB, ENDE, ENTEL y COMIBOL.

Entregadas a militantes del partido, abarcaron áreas como transporte aéreo, administración de puertos, banca, seguros, pensiones, supermercados, imprenta, servicios portuarios, minería, energía, comercialización de carburantes, producción de alimentos, industria azucarera, ensamblaje de computadoras, textiles, producción de papel, cartón, cemento, hormigón, ladrillos, química básica, vidrio, entre otras.  Adicionalmente, durante el gobierno de Luis Arce se impulsó la creación de 202 plantas industriales, con una lógica política más que productiva. Para coordinarlas, el gobierno creó más entidades burocráticas como el Servicio de Desarrollo, el Consejo Superior Estratégico y la Oficina Técnica, que incrementaron el gasto y la ineficiencia. 

El costo de este experimento fue enorme. En 19 años de masismo, el Estado erogó 260 mil millones de Bs (unos 37 mil millones de dólares) para la construcción de estas empresas. Según POPULI, entre 2006 y 2023, las estatales registraron ingresos por 799 mil millones de Bs y egresos por 826 mil millones, acumulando un déficit de casi 29 mil millones.  En términos de eficiencia el modelo fue un fracaso, y distorsionó el sistema financiero debido a que el Banco Central, de manera irregular, otorgó créditos por más de 27 mil millones de Bs para sostenerlas. Después de los subsidios a los combustibles, el gasto en empresas públicas es la segunda causa estructural del déficit fiscal; no aportaron a la industrialización ni incrementaron el empleo.

Las razones de estos resultados son múltiples y previsibles.  La gestión política de las empresas, la falta de estudios de factibilidad, la designación partidaria de directivos, las compras y contrataciones discrecionales, la corrupción generalizada, la ausencia de control y fiscalización, la sobreposición institucional, la ausencia de coordinación y la dependencia casi exclusiva del financiamiento fiscal, las condujeron al colapso.

Las consecuencias han sido aún más críticas. Más allá de las pérdidas recurrentes, generaron despilfarro de recursos públicos, ineficiencia, competencia desleal con el sector privado, ventajas injustas, freno a la inversión privada, incertidumbre jurídica, distorsión de precios y limitaciones a la innovación y la productividad.

Desarmar este esquema no será una tarea fácil.  Inicialmente es necesario derogar la Ley 466, una norma regresiva que determinó el control estatal sobre la mayoría accionaria, aseguró la dirección política de las empresas, y garantizó el modelo estatista e intervencionista en la economía. De igual manera, debemos eliminar las transferencias del TGE, cerrar el grifo de los créditos del Banco Central a empresas públicas y realizar una auditoría profunda y transparente a cada una de ellas que determine cuáles empresas pueden sostenerse por sí mismas y cuáles deben cerrarse. No por razones ideológicas, sino por rigor técnico y responsabilidad fiscal.

La salida no pasa necesariamente por una privatización inmediata y radical, sino por un ajuste racional y responsable. Algunas empresas podrían transferirse a gobernaciones o municipios que demuestren capacidad de gestión; otras podrían transformarse en sociedades público-privadas sin límites accionarios o ceder parte de sus operaciones a empresas privadas especializadas.

Más allá de los datos, es evidente que las empresas públicas en Bolivia son un lastre estructural para la economía. Su ineficiencia, opacidad y uso político distorsionan la competencia, encarecen el gasto público y desalientan la inversión privada.

Mientras no se elimine el rol del Estado empresario, Bolivia seguirá atrapada en un modelo de bajo crecimiento, alta dependencia fiscal y escasa productividad. Transformar o cerrar las empresas públicas no es solo una necesidad económica: es una condición para reconstruir la confianza, liberar recursos y devolver dinamismo a la iniciativa privada.

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Arce destacó que este año la feria presenta una novedad importante: el Pabellón de la Industrialización. Este espacio tiene como objetivo mostrar los avances alcanzados a través de nuevas empresas públicas productivas que han sido creadas durante su gestión.

“Este año, la feria tiene una particularidad, como ser el Pabellón de la Industrialización, un espacio que nos da la oportunidad de mostrar al país los avances logrados con nuevas empresas públicas productivas creadas en nuestra gestión”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Nuevas empresas públicas productivas

El presidente resaltó que estas nuevas empresas públicas son fundamentales para la industrialización y la sustitución de importaciones. También se refirió a las iniciativas privadas que están presentes en la feria, las cuales exhiben su potencial productivo y empresarial.

Como parte de la colaboración entre el sector público y privado, Arce inauguró esta octava versión de la feria. “Es una feria que durante todos estos años se ha ido consolidando como un espacio clave para impulsar la producción nacional, fomentar alianzas estratégicas y visibilizar el potencial económico de nuestro querido departamento de La Paz”, afirmó.

Organización y actividades de la feria

La feria es organizada por la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este año se habilitaron los bloques Rojo y Amarillo, además de las plazas Akapana y Kalasasaya. El evento no solo ofrecerá producción, sino también una variada cartelera de shows en vivo y opciones gastronómicas hasta el 13 de julio.

Horarios de la feria

El horario del evento es de lunes a viernes desde las 17:00 hasta las 22:30, y los sábados y domingos desde las 11:00 hasta las 23:00. Esta es una gran oportunidad para disfrutar de lo mejor de la producción local y de las actividades culturales que se presentan en la feria.

/KMMN

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Según el legislador, el Gobierno ha invertido desde 2021 cerca de 29,000 millones de bolivianos en estas 202 nuevas empresas.

Construcción de fábricas innecesarias

Entre las empresas mencionadas, Terrazas citó la construcción de 12 fábricas de papas fritas, distribuidas en varios departamentos. De estas, cuatro se encuentran en La Paz y cinco en Cochabamba. El diputado consideró estas plantas innecesarias y redundantes.

Además, el parlamentario se refirió a la existencia de al menos 5 industrias cárnicas en regiones donde ya operaban mataderos municipales y privados. Según Terrazas, esto genera una competencia improductiva.

Plantas inconclusas y abandonadas

Terrazas advirtió que muchas de las plantas construidas están inconclusas o abandonadas. Las instalaciones están limitadas a estructuras básicas como paredes de ladrillo y tinglados. Indicó que algunas de estas obras se encuentran en municipios como Guayaramerín, Villamontes y Yacuiba.

“Hay 46 empresas aquí en La Paz, 45 en Cochabamba, 21 en Santa Cruz, y así en todos los departamentos del país, y ninguna funciona. Económicamente, ninguna es rentable”, dijo el legislador.

Costos de producción elevados

Terrazas mencionó que el Gobierno ha construido una planta de biodiésel en Santa Cruz, precisamente en la refinería de Palmasola. En este lugar, el costo del litro de diésel está a 16 bolivianos. “Se imagina aquí en El Alto cuánto irá a costar cuando acaben de instalar la planta de biodiésel”, agregó.

Comparación con gestiones anteriores

El diputado recordó que durante los 14 años de gestión de Evo Morales se crearon 53 plantas industriales con una inversión mayor a 35,000 millones de dólares. De estas, 16 son generadoras eléctricas, pero actualmente solo 8 funcionan.

“Son 255 empresas en total: 53 creó Evo Morales y 202 Luis Arce”, puntualizó Terrazas.

Impacto en la economía

El parlamentario sostuvo que el mal manejo de recursos en estas industrias ha contribuido a la actual crisis económica, caracterizada por escasez de divisas y alza de precios.

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Por otro lado, las empresas privadas han logrado obtener una valoración positiva del 66%. Esta encuesta se llevó a cabo entre enero y marzo de 2025 en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, abarcando una muestra de 1.200 casos y un margen de error de 2,83%.

Valoración de actores sociales

Los sindicatos han registrado una opinión positiva de solo 16%, en contraste con las empresas públicas, que alcanzan un 24% en valoración positiva. Es importante destacar que la tendencia de tener una valoración negativa superior a la positiva para estos actores se ha mantenido desde al menos 2023. En cuanto a las empresas privadas, su opinión negativa se sitúa en 17%.

Los medios de comunicación, por su parte, han obtenido una valoración positiva del 48% y una negativa del 34%. En el caso de los bancos, se ha observado una disminución en su opinión positiva, que pasó del 57% en el primer trimestre de 2024 a un 43% en el mismo periodo de 2025.

Opiniones sobre otros actores

Entre otros actores evaluados en la encuesta, la Iglesia tiene una opinión positiva del 61%, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) alcanzan un 43% y los maestros cuentan con una valoración positiva del 57%. La encuesta se realizó de manera online en tres periodos entre enero y marzo.

Ipsos Ciesmori es reconocida como una empresa líder en investigación de mercados en Bolivia. Su enfoque se centra en ofrecer análisis profundos sobre la sociedad y los mercados, utilizando metodologías innovadoras adaptadas al contexto boliviano.

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Además de criticar la falta de medidas gubernamentales, Morales también alertó sobre el retorno del paramilitarismo en el país. Manifestó su preocupación por la presencia creciente de grupos paramilitares en algunas regiones, mencionando casos específicos como los supuestos atropellos a militantes del MAS en la plaza Abaroa y las agresiones contra dirigentes como Gastón Ledezma y Rodolfo Machaca.

Acusaciones de desmantelamiento de empresas públicas y obstaculización política

El expresidente Morales denunció que el gobierno actual está desmantelando las empresas públicas con el propósito de favorecer intereses privados. Además, acusó a las autoridades de estar más enfocadas en obstaculizar su participación política que en buscar soluciones para el país. Expresó sus sospechas de que se esté destrozando a las empresas públicas para justificar la derechización o el retorno de las transnacionales.

Advertencia sobre un supuesto retorno a un Estado colonial

Morales advirtió sobre una supuesta intención del gobierno de retornar a un Estado colonial y eliminar el Estado plurinacional. Esta situación podría abrir paso a un regreso de la derecha con políticas similares a las de 1985. El expresidente expresó su preocupación por este panorama político y sus posibles consecuencias.

Preocupación por la seguridad de los líderes políticos

Por último, Morales lamentó que dirigentes que apoyaron al actual presidente estén siendo procesados y manifestó su preocupación por la seguridad de los líderes políticos en el país. Estas declaraciones reflejan la tensión política y social que se vive actualmente en Bolivia.

/ APC

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Fallos deliberados y sistemáticos

La SEC ha señalado que BF Borgers cometió “fallos deliberados y sistemáticos”, que incluyeron la “fabricación” de documentación de auditoría y la realización de declaraciones falsas a los clientes, como Trump Media, sobre el cumplimiento de las normas. Los acusados acordaron pagar un total de 14 millones de dólares en sanciones, sin admitir ni negar las acusaciones.

Impacto en empresas públicas

Los informes presentados ante la SEC son fundamentales para los inversores y analistas en los mercados públicos. La agencia gubernamental estima que el fraude afectó a más de 500 empresas públicas entre enero de 2021 y junio de 2023, lo que obligará a estas compañías a buscar nuevos servicios contables después de la inhabilitación permanente de BF Borgers CPA.

Trump Media busca nueva empresa auditora

Trump Media, fundada en enero de 2021 por Donald Trump, planea contratar una nueva empresa auditora tras este escándalo. La compañía incluye Truth Social, la red social creada por el expresidente. La SEC ha clausurado permanentemente a Borgers y su simulacro de auditoría.

Preocupación en el ámbito financiero

Este caso ha generado preocupación en el ámbito financiero estadounidense debido al impacto directo en las empresas afectadas y a la necesidad urgente de encontrar nuevas firmas contables confiables. Los fallos cometidos por BF Borgers, como la fabricación de documentos clave para las auditorías y las declaraciones falsas a los clientes sobre el cumplimiento de las normas, han puesto en evidencia la importancia de contar con prácticas contables transparentes y confiables.

Fuente: EFE

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Aunque algunas empresas necesitan ser saneadas, no implica que se vayan a privatizar todas las mencionadas en el proyecto de ley. Así lo puntualizó Adorni durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Diversidad en las corporaciones públicas

El primer anexo del proyecto de ley incluye empresas públicas de diferentes sectores, dimensiones, ingresos y rubros mercantiles. Entre las empresas mencionadas se encuentran el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas, ambas propiedad íntegra del Estado.

Perspectivas para Aerolíneas Argentinas

Mientras tanto, el presidente Milei ha expresado su interés en entregarle la titularidad de Aerolíneas Argentinas a los empleados.

Situación particular de YPF

YPF es una petrolera clave en Argentina. El Estado argentino y las provincias productoras poseen un 51% de sus acciones mientras que el 49% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

Historia polémica de YPF

En 2013, el Estado adquirió YPF durante el Gobierno de Cristina Fernández en una operación que generó controversia y llevó a Argentina a los tribunales estadounidenses, donde fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares.

Pago de la deuda de YPF

Milei anunció recientemente que se pagará la deuda mediante un impuesto anual llamado “tasa Kicillof”, en referencia al exministro de Economía Axel Kicillof.

Tranquilidad para los empleados públicos

Ante las preocupaciones de los empleados públicos sobre posibles privatizaciones, Adorni les pidió que estén tranquilos y aseguró que si la actividad esencial no se ve afectada, no deberían perder sus puestos de trabajo.

Fuente: EFE.

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Gobierno busca controlar empresas públicas

Según el asambleísta, el gobierno pretende tomar el control de las empresas públicas a través de la ley del PGE 2024, otorgando poder de decisión a las Máximas Autoridades Ejecutivas. Roca afirmó que esto resultará en un incremento del 12% en los servicios de las empresas estatales y un aumento del 11% en la recaudación tributaria para lograr un equilibrio presupuestario.

PGE contempla 266.000 millones de bolivianos

Roca mencionó que el Presupuesto General del Estado contemplará una cifra total de 266.000 millones de bolivianos. Sin embargo, expresó su preocupación debido a que más de la mitad del presupuesto se destinará a la política de sustitución de importaciones, calificándola como deficitaria.

Artículos fuera de tema generan controversia

El legislador también señaló que existen “artículos fuera de tema” dentro de la normativa, los cuales no guardan relación con el tema principal. Uno de ellos establece políticas relacionadas al expresidente Gonzalo Sánchez. Además, se menciona que las empresas estatales tendrán la facultad de realizar alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras.

Taller de socialización con autoridades municipales

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, anunció que este jueves se llevará a cabo un taller de socialización con las autoridades municipales para discutir sobre el Presupuesto General del Estado y sus implicaciones.

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Representantes de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y el expresidente de la federación estudiantil secundaria explicaron que esta iniciativa surgió como respuesta a las críticas. Busca brindar una verdadera ayuda a los jóvenes que necesitan empleo pero se encuentran con puertas cerradas.

Propuesta enfocada en obligar a empresas públicas a contratar jóvenes

La propuesta presentada por el senador Morón se enfoca en obligar a las empresas públicas a tener un 40% de jóvenes en sus plantillas. Esto incluye tanto formación laboral, formación profesional o cualquier tipo de contrato.

“Hoy presentamos esta propuesta escuchando las sugerencias de varias plataformas. Esperamos ser escuchados y que se apruebe lo más pronto posible porque esto beneficiará a los nueve departamentos”, declaró una representante de la FUL.

Responsabilidad del Estado garantizar inserción laboral de los jóvenes

El exrepresentante estudiantil secundario explicó que no se trata simplemente de pedir un favor, ya que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que es responsabilidad del Estado garantizar la inserción laboral de los jóvenes en todo el mercado nacional. Es crucial dejar de utilizarlos únicamente para campañas políticas y brindarles verdaderas oportunidades de trabajo.

Incentivos fiscales para empresas privadas que cumplan con disposiciones

Aunque el proyecto de ley está dirigido a las empresas públicas, el senador Morón explicó que las iniciativas privadas que cumplan con estas disposiciones recibirán incentivos fiscales en materia tributaria.

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En medio del escenario de conflictos políticos y sociales que se viven en el país, la Gestora continúa con el traslado de datos, que lleva un 95% de avance.

El presidente de la Gestora Publica, Jaime Durán explicó que, existen tres fechas claves para que la Gestora administre los más de 23 mil millones de dólares de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

A partir de este martes 2 de mayo, todas las empresas aportantes al sistema de pensiones, deben realizar sus aportes a través de la oficina virtual de la Gestora, pues las transferencias se realizarán mediante QR.

Desde el 15 de mayo, la estatal empezará a recibir los trámites correspondientes de la jubilación, invalidez, trámite de derechohabientes entre otros.

Y comenzando el 1 de junio, la Gestora pagará a todos los jubilado, las planillas correspondientes a mayo, con la eliminación de la comisión.

/WBMC

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En enero de este año, el Ministerio de Desarrollo Productivo informó que las empresas a cargo de la cartera de Estado, generaron 1.300 millones de bolivianos de ingresos por ventas en el 2021, por lo cual aportaron 65 millones de bolivianos a programas sociales, como el Bono Juancito Pinto.

“Se ha mostrado que las empresas públicas otra vez están generando réditos, utilidades importantes y las empresas que tenían pérdidas están disminuyendo”, dijo la autoridad.

Asimismo, indicó que el Mescp, tiene como motor a la inversión pública que permitió a Bolivia alcanzar una tasa de crecimiento del seis por ciento en la gestión 2021, año de la “reactivación económica”.

Para consolidar la reactivación económica del país, el Gobierno implementó el plan nacional de vacunación y lucha contra la pandemia del Covid-19, mediante el cual gestionó la dotación de pruebas rápidas, vacunas, medicamentos e ítems para médicos en hospitales de tercer y segundo nivel.

“Se ha hecho un contraste de lo que ha significado los más de 4.600 millones de bolivianos destinados a la lucha contra el coronavirus”, explicó el Ministro, según reportó la agencia de información ABI.

Montenegro brindó esas declaraciones tras ser interpelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la tarde de este miércoles sobre la implementación del Mescp, las políticas de redistribución de los recursos, índices de pobreza, reactivación de las empresas públicas, entre otros temas.

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“Nos hemos sorprendido con ese anuncio que se ha hecho (…) Vamos a ir estudiando esto, porque amerita un estudio de cuáles son las empresas que realmente no están aportando en Oruro, las razones y por qué, hay que ir viendo e ir estudiando”, apuntó el presidente del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez.

Empresas

En el departamento de Oruro existen 85 empresas “grandes contribuyentes” de las cuales apenas cuatro son de carácter público: Distribuidora de Electricidad Ende DeOruro S.A., la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia (Cartonbol), Empresa Pública Departamental de Oruro (Epdeor), y la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO).

“Es una llamada de atención para todos los orureños que evidentemente pocas son las instituciones o empresas públicas que estén aportando”, añadió.

Este dato también causó sorpresa y preocupación en el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Orlando Valdez, quien además observó que la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) no esté registrada en el departamento pese a que opera desde el municipio de Caracollo.

“Hemos visitado Ecebol, eso es cierto que a Oruro no está tributando, las explicaciones que hemos tenido es que las empresas nacionales que se han creado recién están aportando a nivel nacional y esto estaría siendo redistribuido, pero queremos que se vea”, mencionó Pérez.

Privadas

En Oruro además existen 81 empresas de carácter privado: una pertenece al rubro de agroindustriales, 31 al comercio mayorista, dos al comercio minorista, 13 a la construcción, 10 a la industria, 12 de carácter minero, y 12 son de servicios.

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