En este proceso, la Abogacía del Estado será responsable de definir la estrategia procesal y defender los intereses del Estado, presentando incidentes, excepciones y pruebas, así como formulando los alegatos previos a la sentencia final.

Es importante destacar que este trámite internacional fue iniciado por un grupo de peticionarios contra el Estado Plurinacional de Bolivia en general, y no contra ninguna persona o autoridad específica. Por lo tanto, el fallo que se emita también involucrará al Estado en su conjunto, cuya defensa ha sido encomendada a la Procuraduría General del Estado.

Compromiso de defensa técnica y patriótica

La Procuraduría se compromete a llevar a cabo una defensa técnica sólida y en honor a los más altos sentimientos de patriotismo. Su objetivo es garantizar que los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia sean debidamente representados y protegidos en este caso.

Rechazo de solicitud de prórroga

La CIDH ha rechazado la solicitud del Gobierno boliviano para una prórroga en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el caso 13.546 relacionado con los hechos registrados en el Hotel Las Américas en 2009. Esto significa que el Estado deberá enfrentar el juicio sin una prórroga otorgada.

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La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que se menciona que la conformación de esta comisión permitirá continuar con los actos necesarios para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes, respetando el debido proceso y las reglas de competencia establecidas en la legislación nacional.

El caso Hotel Las Américas y el asalto policial de 2009

El caso Hotel Las Américas, también conocido como “caso terrorismo”, se refiere al asalto policial que tuvo lugar el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, ubicado en el departamento de Santa Cruz. Durante este incidente, perdieron la vida Eduardo Rózsa, de nacionalidad boliviano-húngara, Michael Dwyer, de nacionalidad irlandesa, y Arpad Magyarosi, de nacionalidad rumana.

En aquel entonces, el Gobierno acusó a los fallecidos de pertenecer a una célula terrorista, planear la separación de Santa Cruz mediante enfrentamientos armados y conspirar para asesinar al entonces presidente Evo Morales.

Anulación del proceso y nuevas investigaciones

Después de casi una década, en 2020, el proceso fue anulado. Sin embargo, durante el período comprendido entre 2009 y 2020, varios de los 40 acusados se sometieron a juicios abreviados, manteniendo siempre su inocencia.

Recientemente, el caso ha vuelto a la opinión pública luego de que los sobrevivientes del asalto policial, Elod Toaso y Mario Tadic, revelaran que se están llevando a cabo nuevas investigaciones en Santa Cruz.

Seguimiento de una denuncia y recomendaciones de organismos internacionales

La fiscal Elizabeth Viveros ha aclarado que las investigaciones actuales no constituyen un nuevo proceso, sino el seguimiento de una denuncia presentada por el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret).

En 2020, se emitió una resolución de rechazo en el caso, pero en marzo de 2023 se revocó esa decisión, lo que permitió que el proceso continuara. Además, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado investigar las violaciones a los derechos humanos y compensar económicamente a las víctimas. Se espera que este año la CIDH emita un informe de fondo que será remitido a la Corte Interamericana.

Compromiso del Ministerio Público contra la impunidad

El Ministerio Público reafirma su compromiso constante en la lucha contra la impunidad, especialmente en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. La conformación de la comisión de fiscales especializados demuestra el interés por esclarecer los hechos y garantizar la justicia en este caso.

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“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, declaró la mandataria junto a su gabinete ministerial.

El informe de la CIDH sobre los hechos acontecidos en el Perú, tras la subida de Boluarte al poder, afirmó que el Estado empleó un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, tras el autogolpe fallido del expresidente, Pedro Castillo.

En el caso específico de Ayacucho, estipularon que las características del hecho podían hacer que se califiquen como ejecuciones extrajudiciales, e incluso una masacre, resultando en graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la Presidente explicó que las muertes ocurridas en las protestas todavía se están investigando en organismos judiciales, por lo que es importante que las pesquisas avancen rápidamente para encontrar a los responsables.

Además, defendió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP), argumentando que siempre estarán al servicio de la sociedad y para proteger su integridad, informó DW.

“El informe general usa siempre las condicionales, los de la Comisión estuvieron dos y tres días, en cinco días no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional”, manifestó Boluarte.

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