En los últimos años, las extensas floraciones de sargazo se han convertido en una fuerza cada vez más disruptiva en el Gran Caribe. Antaño símbolo de la biodiversidad marina en alta mar, esta macroalga ahora cubre playas desde Barbados hasta México, amenazando el turismo, los medios de vida, los ecosistemas y, fundamentalmente, la salud pública.

A medida que el cambio climático calienta los océanos y modifica los flujos de nutrientes de ríos como el Amazonas, el sargazo prospera. Pero cuando llega a la costa y comienza a descomponerse, emite gases tóxicos, sobre todo sulfuro de hidrógeno y amoníaco, lo que supone riesgos crecientes para la salud humana, además del enorme impacto que implica para el turismo en la región.

En los últimos años, las comunidades de toda la región reportan picos de enfermedades respiratorias, especialmente entre grupos vulnerables como ancianos, niños y personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En Martinica y Guadalupe, estudios han vinculado la exposición crónica a las emisiones de sargazo con dolores de cabeza, náuseas, irritación ocular e incluso complicaciones del embarazo como preeclampsia e hipertensión gestacional. La carga recae desproporcionadamente sobre las comunidades costeras, que a menudo carecen de acceso a servicios de salud adecuados y dependen del mar para obtener ingresos.

A pesar de la magnitud y la gravedad del problema, los impactos del sargazo en la salud siguen siendo un tema desatendido en la agenda global sobre clima y salud. La mayoría de los debates se centran en el estrés térmico, las enfermedades transmitidas por vectores o la inseguridad alimentaria; sin embargo, las implicaciones toxicológicas y ambientales del sargazo están, en gran medida, poco investigadas.

La historia del sargazo, sin embargo, no se trata solo de un peligro emergente, sino también de una oportunidad. En lugar de esperar a que el sargazo se pudra en las costas y contamine el aire, varios estados del Caribe están explorando técnicas sostenibles de recolección y procesamiento previo. Cuando se cosecha antes de su descomposición, el sargazo puede transformarse en productos de alto valor: bioplásticos, fertilizantes, alimento para animales, cosméticos e incluso biocombustibles.

Empresas de República Dominicana, México y Barbados ya están implementando estas innovaciones de forma piloto. La cosecha temprana también ayuda a preservar los compuestos bioactivos de las algas, que muestran potencial para su uso en productos farmacéuticos naturales e ingredientes funcionales, abriendo nuevas puertas para la innovación en salud y el descubrimiento de fármacos.

Este enfoque se alinea plenamente con la visión de una economía azul justa: aquella que aprovecha los recursos marinos sin comprometer los ecosistemas ni las comunidades que dependen de ellos. Si se aborda con cuidado, la recolección de sargazo podría impulsar el empleo costero, apoyar el emprendimiento local e introducir nuevas industrias en biotecnología y manufactura ecológica.

Tenemos la oportunidad de fomentar la alfabetización ambiental y la resiliencia climática en toda la región. Los programas escolares, los centros de capacitación y las campañas de educación pública pueden utilizar el problema del sargazo para enseñar sobre la biodiversidad marina, los impactos del calentamiento de los mares y la urgente necesidad de cooperación regional.

Igualmente importante, puede ayudar a las personas a comenzar a establecer conexiones más profundas entre el clima y la salud humana, una relación que a menudo se pasa por alto. Cuando las personas ven cómo el aumento de las temperaturas oceánicas y la perturbación ecológica pueden traducirse en enfermedades respiratorias, complicaciones en el embarazo y angustia mental, el cambio climático se convierte en un problema personal y tangible. Al fomentar esta conciencia, el Caribe puede ayudar a liderar un cambio hacia soluciones políticas climáticas y sanitarias más integradas.

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) desempeña un papel fundamental en el avance de la cooperación regional en la gestión del sargazo a través de su programa SARGCOOP II, que promueve el monitoreo compartido y las estrategias de reutilización sostenible. Si bien la integración de la salud ha estado en gran medida ausente de estos esfuerzos, la AEC ha comenzado a abordar esta deficiencia apoyando las conversaciones sobre la implementación de una Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del Caribe para abordar los impactos asociados en la salud. Las recientes reuniones de coordinación en Guadalupe podrían servir de plataforma para ampliar este enfoque multisectorial e incluir a los ministerios de salud y a expertos en salud pública. En un discurso virtual, la Secretaria General de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, enfatizó en la urgente necesidad de cooperación regional en materia de sargazo y reafirmó el compromiso de la organización con la colaboración transfronteriza.

Abordar la crisis del sargazo requiere un enfoque transdisciplinario que reúna a oceanógrafos, climatólogos, expertos en salud pública, economistas, médicos, actores del sector turístico, líderes comunitarios, legisladores e innovadores para desarrollar conjuntamente soluciones integrales que protejan los ecosistemas, reduzcan los riesgos para la salud, sustenten las economías locales y preserven la vital industria turística del Caribe. El Gran Caribe se encuentra en una posición privilegiada para liderar en este frente. Ha enfrentado lo peor de la crisis del sargazo y ahora cuenta con las herramientas para revertir la situación, si priorizamos la salud, la equidad y la sostenibilidad ecológica.

Imaginemos un futuro donde las mismas algas que una vez ahogaron nuestras costas se conviertan en un símbolo de innovación y renovación. Para lograrlo, debemos actuar juntos, guiados por la ciencia transdisciplinaria, la solidaridad y un profundo compromiso con el bienestar de nuestra gente y los océanos.

Avriel Díaz es Director Ejecutivo del Consejo Global para la Ciencia y el Medio Ambiente

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Apertura del foro

Durante el acto de apertura, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, resaltó la importancia de crear alianzas entre los diferentes niveles de gobierno, la cooperación internacional y la sociedad para avanzar hacia una economía sostenible.

“El cambio climático es un desafío global que requiere acciones conjuntas. Por eso, como país, debemos acceder a mecanismos de financiamiento que nos permitan cuidar nuestro medio ambiente”, afirmó Ruiz.

Programa estatal de sostenibilidad

Este foro se enmarca en el programa estatal “Bolivia, nuestra Gran Casa Verde”, que promueve la prevención de incendios, la reforestación de áreas afectadas y el fortalecimiento institucional.

En 2024, se registraron 12.6 millones de hectáreas quemadas, de las cuales el 58% corresponde a bosques. Esta afectación se debe a los incendios forestales que impactaron al oriente boliviano en la recta final del año.

Registro Nacional de Programas

Ruiz también destacó la relevancia del Registro Nacional de Programas y Proyectos (Renapp). Esta herramienta está diseñada para canalizar financiamiento climático de manera organizada y transparente. Fue presentada en marzo ante el Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS).

Participación en el evento

El evento, que se llevará a cabo hasta el martes 29 de julio, reúne a representantes del Gobierno central y subnacional, organismos de cooperación, pueblos indígenas, sociedad civil y el sector privado.

Se espera que las conclusiones del foro fortalezcan la búsqueda de instrumentos financieros innovadores para avanzar hacia una economía resiliente y respetuosa con la Madre Tierra.

Crecimiento sostenible

En opinión de Ruiz, Bolivia es uno de los pocos países que mantiene una profunda relación con la naturaleza. Por ello, considera que se debe plantear un crecimiento sostenible y lograr el desarrollo sin afectar al medio ambiente.

El ministro también se refirió a las declaraciones de algunos candidatos a la Presidencia, como Samuel Doria Medina, quien dijo que si debe elegir entre el medio ambiente y la producción, optará por la producción.

Ruiz opina que primero se debe hablar del medio ambiente y ser más responsables con la Madre Tierra de cara al futuro.

/KMMN

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Para 2025, el Tesoro Público proyecta un gasto de más de 3.043 millones de dólares en subsidios: aproximadamente 2.000 millones en carburantes, 936 millones en bonos sociales, y 107 millones en alimentos. Aunque el gasto más elevado corresponde a la subvención a la gasolina y el diésel, los montos destinados a: los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, Personas con Discapacidad y Subsidio Prenatal; a la compra de trigo, harina, arroz, azúcar y maíz; al consumo de electricidad y agua potable para ciertos sectores; así como ciertos beneficios adicionales como los bonos de frontera, natalidad, lactancia, sepelio y vivienda, son significativos.

Desde una perspectiva social, y bajo el argumento de que era necesario disminuir la pobreza y compensar desigualdades históricas, los subsidios se concibieron como una herramienta redistributiva que permite al Estado transferir recursos públicos hacia los sectores con mayores carencias, asegurando un piso mínimo de acceso a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, es evidente que también fueron utilizados como prebenda, y como estrategia política para justificar el rol del Estado como “protector” de los ciudadanos más vulnerables.

Esta política –que tuvo efectos positivos en sus inicios—se sostuvo por el auge económico impulsado por las exportaciones de hidrocarburos, y por las utilidades de empresas públicas como el Banco Unión, ENTEL, UNIVIDA, BOA, YPFB y otras, que fueron favorecidas por normas cuestionables que les permitieron crear monopolios a costa del sector privado, y lograr ingresos extraordinarios con los que financiaban los bonos.

La política de subsidios fue un mecanismo social creado con fines políticos, por lo que su implementación fue improvisada, ineficiente e irresponsable, pero sobre todo sin ninguna vinculación con una estrategia de desarrollo económico sostenible. Actualmente, su financiamiento depende en gran medida del endeudamiento y del creciente déficit fiscal, lo que genera una presión estructural sobre las cuentas públicas.

Otro factor cuestionable ha sido su poca efectividad en el largo plazo. La condicionalidad de muchos bonos es débil o inexistente, lo que impide generar mejoras sostenidas en indicadores sociales. Esto ha contribuido a una percepción generalizada de dependencia, donde los subsidios se consideran derechos adquiridos incondicionalmente, sin relación clara con la disminución sostenible de la pobreza ni con una transición hacia la autonomía económica.

Además, la falta de focalización hace que muchos subsidios beneficien a personas que no los necesitan, lo que no solo reduce su eficacia redistributiva, sino que también puede perpetuar situaciones de vulnerabilidad. En contextos como el boliviano —con bases tributarias limitadas y alta informalidad laboral—, el sostenimiento de subsidios universales tiende a generar desequilibrios fiscales crónicos, distorsiones de mercado, corrupción, clientelismo político, conformismo social y debilitamiento institucional.

Un ejemplo crítico es el subsidio a los carburantes. No obstante que ya no es sostenible mantenerlo, su eliminación abrupta generaría un aumento inmediato en los precios del diésel y la gasolina, lo cual afectaría el transporte, los alimentos y los servicios, provocando inflación, mayor pobreza y conflictividad social. Por ello, lo adecuado sería aplicar una estrategia progresiva que incluya: eliminar el subsidio para vehículos privados o de alto consumo; mantenerlo para el transporte público, agrícola y de carga menor; subir los precios de forma escalonada; incentivar la conversión energética; controlar el contrabando; y aplicar compensaciones focalizadas.

En cuanto a los bonos condicionados, es crucial reconocer que, en un escenario de estancamiento económico, inflación creciente y escasez de divisas, sostener transferencias sin fortalecer las capacidades productivas del país no solo es ineficiente, sino regresivo. Sin embargo, una suspensión radical tampoco es viable y no sería justa, especialmente en un contexto de aumento de la pobreza.
El camino no es la eliminación, sino la transformación. Se necesita un nuevo modelo económico que vaya más allá de la redistribución y se centre en políticas públicas focalizadas, eficaces y sostenibles. Estas deben garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, al tiempo que fomentan la capacitación, el emprendimiento y la inserción laboral formal.

La clave está en rediseñar el subsidio como una herramienta de justicia social, no como un instrumento universal que favorece al sector informal o se usa con fines propagandísticos. La sostenibilidad no puede lograrse a costa de la paz social, pero tampoco se puede construir solidaridad social con una economía al borde del colapso.

Bolivia no puede renunciar al subsidio como principio, sino al subsidio como dogma. Convertir estas políticas en un verdadero puente hacia la equidad es el gran desafío de los próximos años.

Ronald Nostas Ardaya es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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Industrial y ex Presidente de la Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia

Para 2025, el Tesoro Público proyecta un gasto de más de 3.043 millones de dólares en subsidios: aproximadamente 2.000 millones en carburantes, 936 millones en bonos sociales, y 107 millones en alimentos. Aunque el gasto más elevado corresponde a la subvención a la gasolina y el diésel, los montos destinados a: los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, Personas con Discapacidad y Subsidio Prenatal; a la compra de trigo, harina, arroz, azúcar y maíz; al consumo de electricidad y agua potable para ciertos sectores; así como ciertos beneficios adicionales como los bonos de frontera, natalidad, lactancia, sepelio y vivienda, son significativos.

Desde una perspectiva social, y bajo el argumento de que era necesario disminuir la pobreza y compensar desigualdades históricas, los subsidios se concibieron como una herramienta redistributiva que permite al Estado transferir recursos públicos hacia los sectores con mayores carencias, asegurando un piso mínimo de acceso a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, es evidente que también fueron utilizados como prebenda, y como estrategia política para justificar el rol del Estado como “protector” de los ciudadanos más vulnerables.

Esta política –que tuvo efectos positivos en sus inicios—se sostuvo por el auge económico impulsado por las exportaciones de hidrocarburos, y por las utilidades de empresas públicas como el Banco Unión, ENTEL, UNIVIDA, BOA, YPFB y otras, que fueron favorecidas por normas cuestionables que les permitieron crear monopolios a costa del sector privado, y lograr ingresos extraordinarios con los que financiaban los bonos.

La política de subsidios fue un mecanismo social creado con fines políticos, por lo que su implementación fue improvisada, ineficiente e irresponsable, pero sobre todo sin ninguna vinculación con una estrategia de desarrollo económico sostenible. Actualmente, su financiamiento depende en gran medida del endeudamiento y del creciente déficit fiscal, lo que genera una presión estructural sobre las cuentas públicas.

Otro factor cuestionable ha sido su poca efectividad en el largo plazo. La condicionalidad de muchos bonos es débil o inexistente, lo que impide generar mejoras sostenidas en indicadores sociales. Esto ha contribuido a una percepción generalizada de dependencia, donde los subsidios se consideran derechos adquiridos incondicionalmente, sin relación clara con la disminución sostenible de la pobreza ni con una transición hacia la autonomía económica.

Además, la falta de focalización hace que muchos subsidios beneficien a personas que no los necesitan, lo que no solo reduce su eficacia redistributiva, sino que también puede perpetuar situaciones de vulnerabilidad. En contextos como el boliviano —con bases tributarias limitadas y alta informalidad laboral—, el sostenimiento de subsidios universales tiende a generar desequilibrios fiscales crónicos, distorsiones de mercado, corrupción, clientelismo político, conformismo social y debilitamiento institucional.

Un ejemplo crítico es el subsidio a los carburantes. No obstante que ya no es sostenible mantenerlo, su eliminación abrupta generaría un aumento inmediato en los precios del diésel y la gasolina, lo cual afectaría el transporte, los alimentos y los servicios, provocando inflación, mayor pobreza y conflictividad social. Por ello, lo adecuado sería aplicar una estrategia progresiva que incluya: eliminar el subsidio para vehículos privados o de alto consumo; mantenerlo para el transporte público, agrícola y de carga menor; subir los precios de forma escalonada; incentivar la conversión energética; controlar el contrabando; y aplicar compensaciones focalizadas.

En cuanto a los bonos condicionados, es crucial reconocer que, en un escenario de estancamiento económico, inflación creciente y escasez de divisas, sostener transferencias sin fortalecer las capacidades productivas del país no solo es ineficiente, sino regresivo. Sin embargo, una suspensión radical tampoco es viable y no sería justa, especialmente en un contexto de aumento de la pobreza.
El camino no es la eliminación, sino la transformación. Se necesita un nuevo modelo económico que vaya más allá de la redistribución y se centre en políticas públicas focalizadas, eficaces y sostenibles. Estas deben garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, al tiempo que fomentan la capacitación, el emprendimiento y la inserción laboral formal.

La clave está en rediseñar el subsidio como una herramienta de justicia social, no como un instrumento universal que favorece al sector informal o se usa con fines propagandísticos. La sostenibilidad no puede lograrse a costa de la paz social, pero tampoco se puede construir solidaridad social con una economía al borde del colapso.

Bolivia no puede renunciar al subsidio como principio, sino al subsidio como dogma. Convertir estas políticas en un verdadero puente hacia la equidad es el gran desafío de los próximos años.

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El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, destacó el avance favorable de la obra durante su visita de inspección. Además, resaltó que este nuevo Centro de Acopio beneficiará a más de 79.000 familias productoras de papa en la región.

Capacidad de acopio y producción

La Planta de Transformación y Centro de Acopio de Papa tendrá la capacidad de acopiar 3.360 toneladas métricas de papa provenientes de diferentes provincias de La Paz, como Omasuyos, Aroma, Manco Kapac y Murillo. Además, se proyectan cuatro silos con una capacidad de 840 toneladas métricas cada uno.

En cuanto a la producción, la planta contará con una línea de producción que generará aproximadamente 1.027 toneladas métricas de puré de papa al año, 478 toneladas de hojuelas de papa anuales y 312 toneladas de almidón de papa al año para el mercado interno.

Impulso a la economía sostenible

Esta obra forma parte de la planificación del Gobierno de Luis Arce, que tiene como objetivo la construcción de 150 plantas industriales con sustitución de exportaciones. Con una inversión estimada en 29.000 millones de bolivianos, se busca fortalecer la cadena productiva y promover el desarrollo económico en diferentes regiones del país.

Modernización y competitividad

La Planta de Transformación y Centro de Acopio de Papa también contempla la implementación de tecnología avanzada para optimizar los procesos productivos y garantizar estándares de calidad superiores en los productos derivados de la papa. Esta modernización contribuirá a mejorar la competitividad del sector agrícola y a diversificar las opciones comerciales para los agricultores locales.</p

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