La diputada de Alianza Libre, Adriana Jiménez, denunció este jueves 15 de octubre que más de 2.000 funcionarios de empresas estratégicas del Estado perciben salarios superiores a Bs 20.000. Además, indicó que 470 de estos funcionarios reciben remuneraciones que oscilan entre Bs 30.000 y Bs 88.000, según planillas oficiales que fueron remitidas a través de los ministerios de Minería e Hidrocarburos y Energía.

Cuestionamientos sobre la crisis económica

La legisladora cuestionó la existencia de estos altos niveles salariales en medio de una crisis económica, mientras el Gobierno enfrenta dificultades para sostener las subvenciones a los hidrocarburos y otros servicios.

Jiménez manifestó: “No hay dinero para subvencionar los hidrocarburos, no hay dinero para subvencionar todos los servicios básicos, pero sí hay dinero para pagar a personas que son básicamente funcionarios públicos sueldos de casi 90.000 bolivianos”.

Ejemplos de salarios elevados

Jiménez mencionó como ejemplos a ENDE Andina, ENDE Corporación y ENDE Transmisión, donde existen remuneraciones superiores a Bs 42.000 y Bs 46.000, según afirmó.

En ese sentido, cuestionó la aplicación de mecanismos de indexación de tarifas de servicios básicos al tipo de cambio del dólar o a las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), mientras que los salarios de los trabajadores no se ajustan bajo esos mismos parámetros.

Propuesta legislativa para limitar salarios

La diputada recordó que a inicios de este año presentó un proyecto de ley para establecer que ningún funcionario de una empresa estratégica en la que el Estado tenga mayoría accionaria perciba un salario superior al del Presidente del Estado.

Según explicó, esta iniciativa busca limitar las remuneraciones que, en algunos casos, podrían llegar a duplicar, triplicar o incluso quintuplicar los ingresos de autoridades nacionales.

Falta de respuesta del Ejecutivo

Jiménez acusó al Ejecutivo de no responder a las consultas relacionadas con su propuesta legislativa y sostuvo que esta demora impide avanzar en la regulación de estos salarios. La diputada atribuyó la permanencia de las remuneraciones elevadas a posibles favores políticos, aunque no presentó pruebas específicas que respalden esa acusación.

Finalmente, la legisladora pidió al Gobierno revisar las políticas salariales de las empresas estratégicas y priorizar las necesidades de la población en el actual contexto económico.

A su juicio, mantener estas remuneraciones mientras se reducen o eliminan subvenciones evidencia una falta de coherencia en las decisiones económicas del Ejecutivo.

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La diputada Adriana Jiménez solicitó este jueves 30 de julio una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, para iniciar acciones contra tres “elefantes blancos” en Cochabamba. Estas obras causan un daño económico al Estado superior a mil millones de bolivianos, según aseguró.

Obras observadas

Jiménez precisó que las obras en cuestión son:

• La Villa Sudamericana, construida para los XI Juegos Suramericanos 2018.
• La sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
• Los condominios Pirwa, ubicados en la localidad de Tolata.

Demandas a la autoridad competente

“Lamentablemente, el ministro de Obras Públicas solo está realizando visitas y no ha iniciado las acciones legales que corresponden, ya que tiene toda la documentación”, declaró la legisladora. Jiménez pidió la conformación de una comisión y auditorías forenses para que un equipo multidisciplinario evalúe estas infraestructuras.

Irregularidades en la construcción

La parlamentaria añadió que estas obras, construidas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), no tienen ningún uso, pero siguen siendo refaccionadas. En este sentido, le solicitó al ministro Zamora no solo aparecer en cámaras, sino también iniciar acciones legales para que las personas involucradas resarzan el daño económico provocado.

Auditoría forense y futuro de las infraestructuras

Jiménez propuso que, mediante la auditoría forense planteada, se obtenga la documentación necesaria para remitirla al Ministerio Público e iniciar los procesos legales correspondientes. Esto es especialmente relevante porque todas estas obras fueron realizadas por invitación directa y no tuvieron un proceso de licitación pública, según aseguró.

Finalmente, la diputada consideró que estas infraestructuras podrían ser readecuadas para funcionar como hospitales, beneficiando así a la población y evitando mayores pérdidas económicas, por lo que pidió que las acciones comiencen lo antes posible.

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Falta de respuesta del Ejecutivo

El procedimiento habitual indica que, una vez que las peticiones de informe son despachadas desde la Cámara de Diputados, se canalizan al Viceministerio de Coordinación Legislativa. Luego, estas solicitudes son enviadas al Presidente del Estado y, posteriormente, a los ministerios correspondientes. Sin embargo, Jiménez ha afirmado que desde noviembre de 2022 no ha recibido respuesta a ninguna de sus solicitudes.

Denuncias de corrupción

“Creo que se está tratando de encubrir a funcionarios del Movimiento Al Socialismo que aún siguen trabajando. Es bien sabido que se han cortado las cabezas, pero no se han cortado las raíces podridas que han generado hechos de corrupción comprobados en empresas estratégicas. Estas empresas todavía funcionan como caja chica de funcionarios puestos a dedo”, declaró la diputada en una reciente conferencia de prensa.

Diferencias salariales inaceptables

Jiménez considera que las diferencias salariales son una falta de respeto, especialmente en un contexto de crisis económica. Muchas familias sobreviven con ingresos de alrededor de 3,300 bolivianos mensuales. En este sentido, cuestionó que el Estado continúe pagando salarios elevados a funcionarios designados de manera discrecional. “Todos debemos ajustarnos el cinturón, sobre todo quienes gozan de jugosos salarios en cargos puestos a dedo: el mejor amigo, el cuñado, el primo o el compadre”, afirmó.

Propuesta de ley de austeridad

La legisladora ha expresado que le resulta sorprendente que el Ejecutivo oculte información con el aparente objetivo de proteger a funcionarios vinculados al MAS. Según su denuncia, estos funcionarios siguen lucrando con recursos públicos sin generar beneficios para el país. Como consecuencia de esta situación, Jiménez, de la alianza Libre, ha presentado un Proyecto de Ley de Austeridad y Racionalización Salarial. Este proyecto busca garantizar un uso responsable de los recursos públicos.

Regulación salarial para funcionarios

La propuesta tiene como objetivo reforzar el cumplimiento del Decreto Supremo N.º 28609, que establece que ningún funcionario público debe recibir un salario superior al del presidente del Estado. Jiménez ha denunciado que existen directores, jefes y gerentes que perciben sueldos de entre 40,000 y 50,000 bolivianos mensuales. Además, hay consultorías que alcanzan los 250,000 bolivianos al mes, como en el caso de la Planta de Urea y Amoniaco.

El proyecto de ley deberá ser tratado en comisión, donde se analizará su viabilidad. Sin embargo, su tratamiento dependerá de la mayoría oficialista, que controla las comisiones económicas clave de la Cámara de Diputados.

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